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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-03963-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-03963-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 19 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto. Tercero: Aceptar la renuncia al poder otorgado por la parte demandada, a la abogada Maria Nidya Salazar de Medina, identificada con cédula de ciudadanía número 34.531.982 y tarjeta profesional 1116.154 del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto acreditó haber informado a la entidad su renuncia a la representación encomendada24. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-03963-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03963-01 (6014-2018)
Demandante: JORGE ELIECER RAMÍREZ ORTIZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.

Tema: Reconocimiento pensión gracia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 19 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112 formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP 017329 del 28
de noviembre de 2012, por medio de la cual la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación; y ii) RDP 007805
del 20 de febrero de 2013, a través de la cual la entidad demandada, al
resolver un recurso de apelación, confirmó lo decidido en la Resolución
RDP 017329 del 28 de noviembre de 2012.

2. A título de restablecimiento del derecho condenar a la UGPP a: i) reconocer
y pagar a favor del señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz la pensión gracia, a
partir del 30 de abril de 2007, fecha en la que cumplió los requisitos
previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933; ii) liquidar

1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3
Folios 74 y 75.

el monto de la pensión solicitada con inclusión de los salarios, auxilios y
primas de toda especie percibidos durante el último año de servicio, dentro
del cual completó los requisitos de edad y tiempo, de conformidad con la
Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de 1966; iii) indexar la suma
correspondiente desde el momento en que cumplió con las exigencias de
ley y hasta cuando le sea notificado el fallo; iv) reajustar los valores
pensionales dejados de pagar y, por tratarse de prestaciones periódicas se
deberá hacer mes a mes; v) pagar los intereses moratorios desde la fecha
en que debió reconocerse el pago y hasta cuando se verifique el mismo;
vi) pagar las costas y agencias en derecho en los términos del artículo 188
del CPACA; y vii) dar cumplimiento a la sentencia de acuerdo al artículo
192 ibídem.

Fundamentos fácticos relevantes4

1. El señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz nació el 8 de marzo de 1949 y ha
prestado sus servicios como docente oficial hasta el momento de
radicación de la demanda, con una vinculación de carácter territorial.

2. De conformidad con la designación realizada por la Alcaldía Mayor de
Bogotá, Secretaría de Educación, la primera vinculación del demandante
data del 31 de julio de 1979 hasta el 10 de septiembre de la misma
anualidad, como docente interino en el Colegio Distrital Nuevo Kennedy en
Bogotá D.C., por lo que cumple con el requisito contemplado en el artículo
15, numeral 2 de la Ley 91 de 1989.

3. Mediante la Resolución 1495 del 9 de julio de 1993, expedida por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, se nombró al señor Ramírez Ortiz en la planta
de personal docente del Distrito Capital, prestando sus servicios
personales desde el 15 de julio de 1993 a la fecha.

4. Por medio de la Resolución 1683 del 9 de julio de 1993 proferida por la
misma entidad, se ubicó al demandante como docente en el
establecimiento educativo distrital Próspero Pinzón.

5. El señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz presentó reclamación administrativa
el 4 de enero de 2012, encaminada a obtener el reconocimiento y pago de
la pensión gracia de jubilación.

6. La UGPP, a través de la Resolución RDP 017329 del 28 de noviembre de
2012 negó la anterior solicitud, y contra dicha decisión, el convocante
presentó recurso de apelación el 18 de diciembre de 2012.

7. Mediante la Resolución RDP 007805 del 20 de febrero de 2012, la
demandada resolvió el recurso interpuesto y confirmó en todas y cada una
de sus partes la Resolución RDP 017329 del 28 de noviembre de 2012.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

4
Folios 75 a 79.

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas6:

«El Magistrado señaló que el apoderado de la UGPP contestó la demanda a
través de escrito visible de folios 88 a 94 del expediente, en el que propuso las
excepciones de:

1- “Ausencia de vicios en el acto administrativo demandado”.
2- “Inexistencia de la obligación de conceder una pensión gracia”.
3- “Prescripción”.
4- “Cobro de lo no debido”.
5- “Indebido cobro de los intereses”.
6- “Imposibilidad de condena en costas”.
7- “Indebida pretensión de reconocimiento e inexistencia de la obligación de
indexar”.

Al respecto el señor Magistrado manifestó que en esta etapa del proceso no
había lugar al estudio y decisión de las excepciones antes referidas, por cuanto
se orientan a cuestionar el derecho reclamado, por lo que sobre las mismas se
hará pronunciamiento en la decisión que ponga fin a la controversia. […].»

Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos7:

«[…], la definición de la controversia implica resolver los siguientes problemas
jurídicos: (i) ¿Cuáles son las disposiciones que gobiernan el reconocimiento de
la denominada pensión gracia, quiénes son sus destinatarios y, en concreto,
cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder a esta prestación? (ii)
De ser procedente el reconocimiento de la pensión gracia al demandante ¿en
qué fecha cumplió con los requisitos de edad y tiempo de servicio?. […].»

La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.

5
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
6
Folios 172 y 173.
7
Folio 173.

SENTENCIA APELADA8

Mediante sentencia del 19 de agosto de 2016, el tribunal de primera instancia
accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la razón
por la cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia al señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz había tenido como base el hecho
de que el demandante no acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial
de carácter territorial o nacionalizado; que no era procedente computar
tiempos de servicio de orden nacional; que no aportó los documentos que
permitieran determinar los periodos y el tipo de vinculación; y que el lapso de
servicio prestado entre el 4 de abril de 1983 y el 30 de noviembre de 1987 no
puede ser tenido en cuenta para reconocimiento de la pensión gracia, toda vez
que ingresó al servicio a través de órdenes de trabajo.

Al respecto, el a quo señaló que en el expediente se encuentra demostrado
que el interesado se vinculó al servicio docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980; que cumplió 50 años de edad el 8 de marzo de 1999; que
ha desempeñado la labor docente con honradez, idoneidad, consagración y
buena conducta, por lo cual acreditó los requisitos previstos en la Ley 114 de
1913 que reglamenta el reconocimiento de la prestación reclamada. Así
mismo, refirió que en el proceso se comprobó que el demandante no laboró
como docente nacional, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación
Nacional informó que revisados sus archivos no se encontró registro que
indicara que hubiera trabajado para dicho ministerio.

Igualmente, y para solventar el argumento expuesto por la entidad demandada
sobre el cómputo de los tiempos en que el señor Ramírez Ortiz laboró por
órdenes de trabajo, el tribunal precisó que, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha situación no tiene incidencia en el
reconocimiento de la pensión gracia y, en ese orden de ideas, se encuentra
demostrado que el demandante completó 20 años de servicio como docente
el 27 de junio de 2010, fecha en la cual adquirió el estatus jurídico de
pensionado.

En punto a la prescripción indicó que, toda vez que la parte interesada adquirió
el estatus pensional el 27 de junio de 2010, radicó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia el 4 de enero de 2012 y presentó
demanda el 3 de julio de 2013, no se encuentra configurado el fenómeno
jurídico en mención.

RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia, al
considerar que aunque el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989
utilice solo la palabra docentes, no puede olvidarse que se refiere a quienes
tuviesen o llegasen a tener derecho a la pensión gracia, y estos son solo los
que hubiesen laborado en el orden territorial; así, en el presente caso, el
demandante ingresó como docente con tipo de vinculación distrital – territorial
desde el año 1982 según consta en la certificación expedida por la Secretaría
de Educación.

8
Folios 253 a 269.
9
Folios 278 a 280.

Aunado a lo anterior, la vinculación del señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz de
fecha 31 de julio de 1979, se dio en calidad de docente interino y bajo orden
de trabajo, sin que de la certificación expedida por la Secretaría de Educación
se pueda extraer que tuvo vinculación territorial.

En ese sentido se tiene que, al 31 de diciembre de 1980, el demandante no se
encontraba vinculado a la docencia oficial dado que se acreditó su ingreso
después del 1.º de enero de 1981.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada10 reiteró los argumentos del recurso de apelación, y
enfatizó que la tesis planteada por la UGPP se centra en exponer que la
vinculación oficial del demandante se llevó a cabo en el año 1982 y no el 31
de julio de 1979.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa, de conformidad con lo dispuesto en la constancia secretarial visible a
folio 334 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problemas jurídicos

En ese orden, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen
en las siguientes preguntas:

1. ¿La vinculación del señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz como docente en
interinidad, puede ser tenida en cuenta para el reconocimiento de la
pensión gracia?

2. ¿El señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia de jubilación?

Primer problema jurídico

¿La vinculación del señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz como docente en
interinidad, puede ser tenida en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: El tiempo de vinculación
laboral como docente en condición de interinidad es válido para efectos de
10
Folios 330 a 333.

acreditar los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada,
conforme se explica a continuación.

De los servicios prestados como docente interino.

Esta Corporación reiteradamente ha sostenido que los servicios prestados por
los docentes vinculados de forma interina o por vinculación temporal, para
efectos de la pensión gracia, deben ser tenidos en cuenta para el cómputo de
los 20 años de ejercicio de la docencia. Así, por ejemplo, esta Sección del
Consejo de Estado en sentencia de 13 de febrero de 2014, con radicado 2022-
2013, M.P. Alfonso Vargas Rincón, sostuvo que:

« [...] En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la
entidad demanda al señalar que los tiempos que la demandante pretende
hacer valer, en los que laboró por los periodos arriba mencionados como
docente interina para cubrir licencias de otros docentes, no pueden ser
tenidos en cuenta como quiera que no se generó relación laboral alguna y
ningún tipo de vinculación, [lo anterior toda vez que] como lo ha señalado
la jurisprudencia, en ningún caso, los parámetros de [nombramiento] son
imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser
vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en
consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación
y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias
instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes [interinos] ocasionales y hora cátedra, a percibir
las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción
al tiempo laborado. [...]». (Subraya la Sala)

En otra oportunidad, en sentencia del 30 de julio de 2015, con radicado 25000-
23-42-000-2012-01275-01 (0951-14) se señaló:
« [...] En este punto, y frente al argumento de la Caja Nacional de Previsión
Social[5] según el cual la vinculación de la demandante como docente interina no
resultaba apta para acreditar el tiempo de servicio exigido para el reconocimiento
de una pensión gracia de jubilación, dirá la Sala que las Leyes 114 de 1913 y 116
de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o
recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel
territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la
jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de
reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio
de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que
esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación
ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el
cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración,
en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la

toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la
configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo […]
Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente, esto, verbi gratia con ocasión de cualquiera de las situaciones
administrativas previstas en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones,
la administración cuenta con la posibilidad de proveer dicho empleo en forma
transitoria, a través de un nombramiento interino con el fin, como quedó dicho en
precedencia, de evitar cualquier tipo de traumatismo en la prestación normal del
servicio educativo oficial.
Una interpretación en contrario, como la propone la Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL, en el acto acusado, prohijaría un trato abiertamente
discriminatorio y, en consecuencia, violatorio del principio a la igualdad, frente a
quienes, como la demandante, prestaron sus servicios como docente en virtud a
un nombramiento en interinidad, sin tener en cuenta que estos, en desarrollo de
dicha actividad, cumplen idénticas funciones a los designados en propiedad. [...]».
(Subrayas fuera del texto original)

De lo anterior se sigue entonces que, para reconocer la pensión gracia de
jubilación solo es exigible, en materia de vinculación laboral, la acreditación de
20 años de servicio docente en el orden territorial o nacionalizado, sin que para
ello sea relevante la forma en la que fue provisto el empleo, es decir si lo fue
en carrera o en forma interina o temporal, pues no existe diferencia en la forma
en que dichos servidores desarrollan la actividad docente con aquellos que
han sido nombrados en propiedad.

Segundo problema jurídico

¿El señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia de jubilación?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte
demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, como se
explica a continuación:

Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.

Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de ésta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de

diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta;
ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional;
y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige
que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1981.

Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»

Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201812 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60,
inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12
Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys
Amanda Hernández Triana contra la UGPP.

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202213 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

13
Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia
Jiménez Lozano contra la UGPP.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que el o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por
la Ley 114 de 1913.

La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación

En el presente caso se observa que el señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz nació
el 8 de marzo de 194914, de modo que cumplió los 50 años el 8 de marzo de
1999.

Así mismo, obra certificado de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación en el que se indicó por la autoridad competente que la
parte demandante, a la fecha de su expedición15 no registraba sanciones o
inhabilidades. Además, se advierte que este ítem no fue objeto de discusión
en sede administrativa o en la primera instancia, por lo que se presume la
buena fe del interesado en cuanto al cumplimiento del requisito de honradez,
consagración y buena conducta.

De conformidad con los Formatos Únicos para Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedidos por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de
Bogotá D.C. el 29 de marzo de 201216 y el 10 de septiembre de 201517, el
demandante acreditó las siguientes vinculaciones al servicio docente:

Como docente interino nombrado a través de resoluciones y órdenes de
trabajo:
• Entre el 31 de julio de 1979 y el 10 de septiembre de 1979.
• Entre el 1.º de septiembre de 1982 y el 29 de septiembre de 1982.
• Entre el 1.º de octubre de 1982 y el 29 de octubre de 1982.
• Entre el 2 de noviembre de 1982 y el 26 de noviembre de 1982.
• Entre el 4 de abril de 1983 y el 31 de mayo de 1983.
• Entre el 18 de julio de 1983 y el 31 de octubre de 1983.

Como docente por horas nombrado a través de resoluciones, oficios y órdenes
de trabajo:
• Entre el 2 de abril de 1984 y el 30 de noviembre de 1984.
• Entre el 25 de febrero de 1985 y el 30 de noviembre de 1985.
• Entre el 28 de abril de 1986 y el 30 de noviembre de 1986.
• Entre el 26 de febrero de 1987 y el 30 de noviembre de 1987.
• Entre el 8 de marzo de 1988 y el 30 de noviembre de 1988.
• Entre 10 de marzo de 1989 y el 30 de noviembre de 1989.
14
De conformidad con la copia del registro civil de nacimiento (fl. 2).
15
18 de octubre de 2011 (fl. 46).
16
Folios 52 a 54.
17
Folios 191 a 193.

• Entre el 20 de abril de 1990 y el 30 de noviembre de 1990.
• Entre el 25 de abril de 1991 y el 30 de noviembre de 1991.

Como docente en propiedad:
• Entre el 15 de julio de 1993 y el 1.º de julio de 2014.

Consta además, que el señor Ramírez estuvo vinculado como docente
territorial y que el último establecimiento educativo en donde prestó su servicio
es la Institución Educativa Distrital Próspero Pinzón18.

Es importante anotar que, de conformidad con los planteamientos del recurso
de apelación, el objeto de la presente controversia surge, de un lado, frente al
periodo en que el demandante estuvo vinculado como docente interino, en
tanto que el tiempo en que laboró en dicha calidad no puede computarse para
efectos de la pensión reclamada, pues las actividades fueron desarrolladas
mediante órdenes de trabajo; y, de otro, frente al carácter de la plaza docente
ocupada por el convocante con anterioridad al año 1982, en tanto que se
aduce que el demandante ingresó como docente territorial - distrital después
de dicho año.

Al respecto, sea lo primero indicar que, tal y como se expuso en acápite
precedente, el tiempo en que el señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz laboró como
docente interino y por órdenes de trabajo debe ser tenido en cuenta para
acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos en el artículo 1.°
de la Ley 114 de 1913 y ser beneficiario del derecho pensional reclamado,
pues en el ejercicio de su actividad como educador desempeñó las mismas
funciones que los docentes vinculados en propiedad.

Ahora, se sigue del recurso de apelación, que el mismo no cuestiona que el
interesado haya cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio
necesarios para acceder a la pensión gracia de jubilación, por lo que no son
objeto de debate, y al no haber sido cuestionados por las partes con
posterioridad a la sentencia de primera instancia, el estudio que a continuación
se desarrolla se restringirá a la determinación de la naturaleza territorial,
nacionalizada o nacional del cargo desempeñado por el señor Ramírez Ortiz
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y de este modo, definir si satisface
la exigencia legal para acceder a la prestación que reclama.

Sobre este aspecto, evidencia la Sala que la Oficina de Personal de la
Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. certificó el 6 de
septiembre de 2011, que el señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz laboró como
docente interino en el colegio Nuevo Kennedy desde el 31 de julio de 1979 y
hasta el 10 de septiembre del mismo año19.

Así mismo, consta oficio emitido por la Secretaría de Educación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, de fecha 31 de julio de 1979, por medio del cual se le informó
al demandante que «[…] ha sido designado para reemplazar a ELSA CECILIA
CORTES ROBLES durante su licencia de maternidad a partir del 16 de julio al 9 de
septiembre de 1979, área sociales, jornada de la noche, Colegio Nuevo Kennedy.»20

18
Folio 52.
19
Folio 3.
20
Folio 4.

Obra oficio a través del cual el Rector del Colegio Distrital Nocturno Nuevo
Kennedy indicó al Coordinador de Educación Media de la Secretaría de
Educación de Bogotá, que el señor Ramírez Ortiz se había hecho presente en
la institución el 31 de julio de 1979 y había asumido sus funciones21.

De conformidad con la Resolución RDP 017329 del 28 de noviembre de 2012,
expedida por la UGPP el convocante prestó sus servicios al Distrito Capital de
Bogotá desde el 31 de julio de 1979 y hasta el 30 de diciembre de 2007 en el
cargo de docente con vinculación distrital, modalidad secundaria.

Se advierte también que la Asesora de la Secretaría General, Unidad de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, informó el 21 de
septiembre de 2015 que «[…] revisada la documentación que reposa en los
archivos del Ministerio de Educación Nacional, no se ha encontrado registro a nombre
del señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No.
12.575.115, que indique que laboró para el Ministerio de Educación Nacional.»22

Tales pruebas documentales permiten concluir válidamente que el señor Jorge
Eliecer Ramírez Ortiz se desempeñó como docente al servicio de la Secretaría
Distrital de Educación de Bogotá desde el 31 de julio de 1979, y que incluso,
la UGPP encontró acreditada tal situación al referir en el acto administrativo
demandado que el convocante tuvo una vinculación distrital para el periodo
cuestionado.

En ese orden de ideas, se encuentra debidamente demostrado que el señor
Ramírez Ortiz ostentó la calidad de docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1981 y, por tanto, satisface el requisito legal de encontrarse
vinculado al servicio docente territorial o nacionalizado previo al 31 de
diciembre de 1981.

Así las cosas, y no siendo otro el objeto del recurso de apelación debe
confirmarse la sentencia de primera instancia, en tanto el demandante cumplió
con las exigencias de ley para obtener el reconocimiento y pago de la pensión
gracia de jubilación, pues se reitera los demás elementos de juicio que
comportan la consolidación del derecho a la prestación, no fueron discutidos
por la UGPP.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 19 de agosto de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B que accedió a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201623, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la decisión adoptada en esta instancia
21
Folio 5.
22
Folio 189.
23
Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso,
razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 19 de agosto de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Jorge Eliecer Ramírez Ortiz contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.

Tercero: Aceptar la renuncia al poder otorgado por la parte demandada, a la
abogada Maria Nidya Salazar de Medina, identificada con cédula de
ciudadanía número 34.531.982 y tarjeta profesional 1116.154 del Consejo
Superior de la Judicatura, en tanto acreditó haber informado a la entidad su
renuncia a la representación encomendada24.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

24
Folios 335 a 340

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