Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04528-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04528-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04528-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2017 04528 01 (2800-2019)
Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ꟷUGPPꟷ.
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 6 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Nubia Elsy Rodríguez Lozada, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: (i) RDP 30225 del 18 de agosto de 2016, que negó el
reconocimiento de una pensión gracia; (ii) RDP 36100 del 27 de septiembre de 2016,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000 23 42 000 2017 04528 01 (2800-2019)
Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó; y (iii) RDP 37995 del 10 de octubre de 2016, que desató el recurso de
apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración; y (iv) el auto ADP 2915 del 20 de abril de 2017, en el que se ratificó
el no reconocimiento del derecho pensional pretendido. Los mencionados actos
fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: (i) reconocer y pagar la
pensión gracia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio mensual
percibido al momento de la adquisición del estatus pensional, esto es, el 4 de febrero
de 2016; ii) cancelar el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los
correspondientes reajustes de ley desde la fecha de acreditación de requisitos de
pensionada; iii) reconocer los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993; iv) cumplir la sentencia al tenor de lo dispuesto en los artículos
192 y 195 del CPACA; y v) condenar en costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Nubia Elsy Rodríguez Lozada nació el 18 de diciembre de 1958, luego
cumplió 50 años de edad, el 18 de diciembre de 2008.
ii) Prestó servicios como docente por más de 20 años de la siguiente manera:
• Al magisterio del departamento de Cundinamarca, como maestra interina, en
los períodos comprendidos entre el 11 de abril y el 9 de junio y el 17 de
septiembre y el 5 de noviembre de 1980, nombrada por medio de los Decretos
1780 del 29 de abril y 4559 del 4 de noviembre de ese año, respectivamente.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
• Al magisterio del distrito de Bogotá, como docente en propiedad desde el 23
de mayo de 1996, hasta la fecha de radicación de la presente demanda,
nombrada por medio de la Resolución 335 del 23 de abril de 1996.
iii) Los nombramientos fueron hechos por entidades del orden departamental y
territorial, respectivamente.
iv) El 16 de marzo de 2016, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3
del Decreto Ley 2277 de 1979; y el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley
91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) Los actos administrativos demandados transgredieron las disposiciones citadas,
por cuanto se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas y, en
consecuencia, adolecen de falsa motivación.
ii) La vinculación laboral de la demandante antes del 31 de diciembre de 1980 es de
carácter territorial (nacionalizada), pues los nombramientos en interinidad fueron
efectuados por el departamento de Cundinamarca, para cumplir sus funciones es
escuelas de carácter rural; por su parte, la relación laboral con el distrito de Bogotá,
que tuvo lugar a partir del 23 de marzo de 1996, no puede catalogarse como del
nivel nacional pues no es una designación emanada del Ministerio de Educación,
sino de la citada autoridad territorial.
iii) La señora Nubia Rodríguez cumple con todos los requisitos previstos en las
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, tales como contar con 50 años de
edad, más de 20 años de servicio en sectores distintos al nacional, haber ejercido
la labor docente en el nivel territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y haber
desempeñado la labor con honradez, por lo que existe razón legalmente valida que
impida el reconocimiento del derecho pretendido.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso1 que
la demandante no cumple con las exigencias necesarias para la concesión de una
pensión gracia de jubilación, pues no es posible tener en cuenta el servicio docente
prestado en interinidad antes del 31 de diciembre de 1980, debido a que los decretos
de nombramiento aportados en sede administrativa fueron suministrados en copia
simple, al paso que no se allegaron las actas de posesión.
Propuso como excepción previa la «inexistencia del requisito de procedibilidad para
acudir a la jurisdicción administrativa» y como excepciones de fondo: ausencia de
vicios en el acto administrativo, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales, prescripción, imposibilidad de
intereses moratorios e imposibilidad de condena en costas.
1.3. La sentencia apelada
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, mediante sentencia escrita proferida el 6 de marzo de 2019, accedió a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2
i) Sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al derecho a la
pensión gracia de jubilación, se advierte que la señora Rodríguez Lozada satisface
el relativo a la edad, pues de acuerdo con el registro civil de nacimiento aportado al
1 Folios 108 al 115.
2 Folios 146 al 158 reverso. Con ponencia de la magistrada Amparo Oviedo Pinto.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
proceso se encuentra que nació el 18 de diciembre de 1958, por lo que tal exigencia
se satisfizo el 18 de diciembre de 2008.
ii) A partir de los certificados allegados al plenario se encontró que la accionante
prestó sus servicios como docente en plazas del departamento de Cundinamarca,
específicamente de la Secretaría de Educación del municipio de Gachetá entre el
11 de abril y el 9 de junio de 1980, del 17 de septiembre al 5 de noviembre de ese
mismo año y entre el 14 de julio y el 7 de septiembre de 1982. Lo anterior quiere
decir que laboró como docente oficial con nombramiento territorial durante 5 meses
y 13 días.
De acuerdo con lo anterior, se encuentra cumplido el requisito de haberse vinculado
al sector oficial como docente antes del 31 de diciembre de 1980. Es cierto que en
un certificado inicial, el director de personal de Instituciones Educativas del
departamento de Cundinamarca informó que en sus archivos no reposaban
documentos que dieran cuenta de vinculación laboral alguna de la señor Nubia Elsy
Rodríguez Lozada con esa entidad territorial, dicho documento fue corregido en el
sentido de indicar que la mencionada afirmación obedeció a que la accionante
laboró en calidad de docente interina, por lo que no existían datos sobre
nombramientos en propiedad.
iii) Al expediente se aportó certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Bogotá del 30 de agosto de 2017, en donde se da cuenta que la actora tiene la
condición de docente territorial «del subtipo distrital», financiada con recursos
propios de esa entidad y nombrada en propiedad desde el 23 de mayo de 1993,
para un total, hasta el momento de elaboración de la certificación, de 21 años, 3
meses y 7 días, que sumado a los periodos antes citados, da un total de 21 años, 8
meses y 20 días computables para la pensión gracia.
iv) No hay prueba alguna de que la señora Nubia Rodríguez haya sido sancionada
disciplinariamente o de cualquier otra circunstancia que desvirtúe su buena
conducta. En ese sentido, se encuentran satisfechos todos los requisitos necesarios
para el reconocimiento de la mesada pensional gracia de la accionante, derecho
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
que adquirió el 10 de diciembre de 2015, momento en el que cumplió los 20 años
de servicio y ya acreditaba los 50 años de edad.
v) El monto de la mesada debe concederse en cuantía del 75 % del salario promedio
mensual devengado en el año anterior a la adquisición del derecho, con inclusión
de los factores de sueldo, bonificación Decreto, y 1/12 de las primas de servicios,
vacaciones y navidad.
1.3.2. La aclaración de voto3
El magistrado Samuel José Ramírez Poveda aclaró su voto en el sentido de indicar
que la pensión gracia de jubilación tiene el propósito de zanjar desigualdades
salariales entre los docentes territoriales y los nacionales; sin embargo, en el
presente proceso no se señaló ni demostró que existiera algún tipo de desnivelación
salarial o prestacional en razón de su tipo de vinculación.
Del mismo modo, señaló que «no puede hablarse de la existencia de un sistema de
transición en materia de pensión gracia, que implique que, por una vinculación de
un día, un mes o tres meses anteriores a 1981, se genere el derecho ya que su
carácter es de dádiva o de retribución que se adquiere sin efectuar aportes,
constituyéndose en una carga para el sistema pensional».
Finalmente señaló que tampoco está demostrado que el no reconocimiento de una
pensión gracia de jubilación afecte los derechos fundamentales, pues por el mismo
tiempo laborado tienen derecho a recibir una pensión ordinaria de jubilación como
cualquier otro trabajador del Estado.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
al considerar que la accionante no cumple con el requisito de 20 años de servicio
3 Folios 159 al 160.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
en el sector docente departamental, distrital, municipal o nacionalizado, toda vez
que no es posible computar los tiempos como docente nacional ni en el desempeño
de actividades administrativas. Adicionalmente, tampoco hay lugar a tener en
cuenta los tiempos previos a 1980 debido a que no fue posible «identificar la labor».4
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en las oportunidades
procesales. La parte demandante guardó silencio5
1.6. El Ministerio Público
El Ministerio público guardó silencio.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
4 Folios 165 al 169.
5 Memorial en el índice 22 del portal Samai.
6 Constancia secretarial en folio 239.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 04528 01 (2800-2019)
Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
i) Conforme al registro civil de nacimiento, la señora Nubia Elsy Rodríguez Lozada
nació el 18 de diciembre de 1958, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 18 de
diciembre de 2008.19
ii) El 29 de abril de 1980, mediante Decreto 1708 «por la cual se conceden unas
licencias sin remuneración y se dictan otras disposiciones en la división de
educación elemental», el gobernador y el secretario de educación del
departamento de Cundinamarca, en uso de sus atribuciones legales, nombró en
interinidad a la demandante como profesora en la Escuela Rural El Chircal del
municipio de Gachetá, en remplazo de otro educador al que se le concedió licencia
por 60 días a partir del 11 de abril de 1980.20 La accionante tomó posesión del cargo
el 31 de mayo de 1980.21
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 2.
20 Folios 7 al 9.
21 Acta de posesión en folio 11.
13
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
iii) El 4 de noviembre de 1980, mediante Decreto 4559 «por la cual se hacen unos
nombramientos interinos en Educación Media del Departamento», el gobernador y
el secretario de educación del departamento de Cundinamarca, en uso de sus
atribuciones legales, nombró en interinidad a la demandante como profesora en la
Normal Departamental de Gachetá, en remplazo de otra educadora a la que se le
concedió licencia de maternidad por 50 días a partir del 17 de septiembre de 1980.22
La accionante tomó posesión del cargo, pero la fecha es ilegible.23
iv) Mediante el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá hizo constar que la maestra se
vinculó, en propiedad, a través de la Resolución 335 del 23 de abril de 1996 y prestó
sus servicios desde el 23 de mayo de ese año en el Centro Educativo Distrital
Rómulo Gallegos, en calidad de docente territorial financiada con recursos propios
del ente territorial.24
v) Según el certificado de salarios emitido el 30 de agosto de 2017 por la Secretaría
de Educación del distrito de Bogotá, la señora Nubia Elsy Rodríguez devengó entre
junio de 2014 y diciembre de 2016, los factores salariales de sueldo, prima especial,
bonificación decreto [sic], prima de vacaciones y prima de navidad.25
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 18 de agosto de 2016, la UGPP profirió la Resolución RDP 030225 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 16 de marzo de 2016, al argumentar que los
tiempos servidos con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no pueden ser tenidos
en cuenta porque los decretos de nombramiento fueron aportados en copia simple,
no se aportaron las actas de posesión y la información suministrada por el FOMAG
señala que la vinculación en propiedad solo ocurrió hasta el 23 de mayo de 1996.26
22 Folios 4 al 6.
23 Acta de posesión en folio 10.
24 Folio 12.
25 Folio 13.
26 Folios 17 al 19.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
ii) Los días 27 de septiembre y 10 de octubre de 2016, la UGPP expidió las
Resoluciones RDP 036100 y RDP 037995, por las cuales resolvió los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.27
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante al observar las siguientes circunstancias.
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período, previo al 31 de diciembre de 1980.
Antes del 31 de diciembre de 1980, la señora Nubia Elsy Rodríguez acreditó dos
vinculaciones en el servicio docente oficial en interinidad; el primero por medio del
Decreto 1708 de 198028 por un periodo de 60 días comprendido entre el 11 de abril
y el 9 de junio de 1980, en la Escuela Rural El Chircal del municipio de Gachetá, y
el segundo a través del Decreto 455929 del 4 de noviembre de 1980, por un lapso
de 50 días, surtido del 17 de septiembre al 5 de noviembre de ese año, en la Normal
Departamental de Gachetá.
Bajo este escenario, tal como lo determinó el a quo, se encuentra acreditado que la
demandante tuvo una vinculación como docente nacionalizada, teniendo en
cuenta que el nombramiento fue efectuado por el gobernador y el secretario de
27 Folios 20 al 27.
28 Decreto 1708 del 29 de abril de 1980.
29 Decreto 4559 del 4 de noviembre de 1980
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
educación del departamento de Cundinamarca atendiendo a sus atribuciones
legales y por el término de duración de dos licencias otorgadas a otros educadores.
Esta Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado que la vinculación en
interinidad «es plenamente computable para efectos del reconocimiento y pago de
la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó como un mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos».30
En efecto, la Sala ha sostenido que los servicios prestados por docentes vinculados
en interinidad o en forma temporal, deben ser tenidos en cuenta para el cómputo
de los 20 años exigidos en la norma. En tal sentido se pronunció la Subsección en
sentencia del 13 de febrero de 2014, al señalar lo siguiente:31
En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic)
al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró
por los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de
otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó
relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional32 ha
venido sosteniendo, lo siguiente:
“…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple
funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan
para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
[Resalta la Sala].
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
32 Sentencia C-517 de 1999
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 04528 01 (2800-2019)
Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
En consecuencia, esta Sala encuentra que la vinculación de la señora Nubia Elsy
Rodríguez como docente en interinidad puede ser tenida en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, «sin que para ello sea relevante la forma en la
que fue provisto el empleo, es decir, si lo fue en carrera o en forma interina o
temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores desarrollan
la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en propiedad».33
Así las cosas, la actora fue nombrada docente en enseñanza básica y media por el
gobernador y el secretario de educación del departamento, acto en el cual no se
especifica que la plaza sea nacional, al paso que no obran elementos que permitan
afirmar que la designación provenía directamente o por autorización del Ministerio
de Educación Nacional.
Corolario a ello, esta Sala ha precisado que «la afirmación de que dicha nominación
tiene carácter nacionalizado también encuentra respaldo en lo dispuesto en el
artículo 1° de la ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 43 de 1975».
De suerte que carezcan de fundamento las aseveraciones plasmadas en el escrito
de apelación, pues en efecto obran los medios de prueba a partir de los cuales se
logra advertir de manera inequívoca que la accionante sí estuvo vinculada a la
docencia antes del 31 de diciembre de 1980 a través de una designación de carácter
nacionalizada.
Así las cosas, los mencionados periodos sí resultan computables para determinar
el derecho a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 3 meses y 20 días,
y adicionalmente acredita el requisito de haber ostentado una vinculación territorial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
2.4.2. Segundo período. Desde el 23 de mayo de 1996 hasta el 10 de diciembre
de 201534
Este segundo período está determinado por la Resolución 335 del 23 de abril de
1996,35 mediante la cual se nombró a la accionante como maestra en propiedad de
básica primaria, en condición de docente territorial y cuyos emolumentos son
pagados con recursos propios del distrito de Bogotá.
Bajo este escenario, se trata sin duda de una vinculación de carácter
nacionalizado, por cuanto el nombramiento provino de una autoridad de orden
distrital, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, en el acto
no se especifica que la plaza sea nacional y no proviene directamente o por
autorización del Ministerio de Educación Nacional.
La anterior afirmación se soporta, además, en el hecho de que la Ley 91 de 1989
únicamente definió como docentes nacionales a los nombrados por la mencionada
cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la expectativa de quienes se
habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 como educadores territoriales
o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.
Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter nacionalizado
también encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone
que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975».
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente fue
nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976, con
ocasión de la nacionalización, y de las certificaciones obrantes en el dosier, es dable
34 Fecha de adquisición del estatus pensional delimitada en la sentencia de primera instancia.
35 Certificado Resolución 335 de 1996.pdf
18
Radicación: 25000 23 42 000 2017 04528 01 (2800-2019)
Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la demandante es
nacionalizada.
En este orden de ideas, este segundo período analizado, equivalente a 19 años, 6
meses y 17 días, también resulta válido para estudiar las pretensiones de la
demandante, y en ese orden, le asiste razón al a quo al acceder al reconocimiento
pretendido.
Ahora, en cuanto a la fecha de adquisición del derecho, de las pruebas obrantes en
el plenario se acredita que la señora Nubia Elsy Rodríguez cumplió 50 años de edad
el 18 de diciembre de 2008, mientras que el requisito de los 20 años de servicio se
satisfizo, de acuerdo con los tiempos de servicio certificados, el 10 de diciembre de
2015, momento en el que coincidió el cumplimiento de ambas exigencias, es decir,
edad y tiempo de servicio, por lo que es a partir de la mencionada fecha que debe
operar el reconocimiento del derecho a la pensión gracia, tal como lo determinó el
a quo.
Del mismo modo, la Sala no encuentra configurado el fenómeno de la prescripción
trienal de mesadas, toda vez que la reclamación administrativa se elevó el 18 de
agosto de 2016, es decir, menos de 1 año después de la causación de la mesada;
además, los actos administrativos datan de los meses de septiembre y octubre de
2016, al paso que la presente demanda fue radicada el 15 de septiembre del año
2017,36 esto es, menos de 3 años desde la causación del derecho o la reclamación
administrativa.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
36 De acuerdo con la información consignada en el acta de reparto visible en el folio 49.
19
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Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, pues
se acreditaron los requisitos previstos en la norma para acceder a la pensión gracia
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 04528 01 (2800-2019)
Demandante: Nubia Elsy Rodríguez Lozada
reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 6 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió a
las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MLBC
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
21
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