RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-05327-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05327-01

Fecha
30 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05327-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 7 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió a las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05327-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-2018)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María del Carmen Cárdenas Díaz,
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
de las siguientes Resoluciones: i) RDP033411 del 31 de octubre de 2014, que le
negó el reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP038348 del 18 de diciembre de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
la confirmó; y iii) RDP038893 del 23 de diciembre de 2014, que desató el recurso de
apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio mensual percibido al
momento de la adquisición del estatus pensional, esto es, el 10 de mayo de 2001;
ii) cancelar el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los
correspondientes reajustes de ley desde la fecha de acreditación de requisitos de
pensionada; iii) reconocer los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993; iv) cumplir la sentencia al tenor de lo dispuesto en los artículos
192 y 195 del CPACA; y v) condenar en costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora María del Carmen Cárdenas Díaz nació el 4 de diciembre de 1947,
luego cumplió 50 años de edad, el 4 de diciembre de 1997.

ii) Prestó servicios como docente por más de 20 años de la siguiente manera:

• Al magisterio del departamento de Boyacá, como maestra con vinculación
nacionalizada, en el período comprendido entre el 14 de abril y el 11 de junio de
1980, en el Colegio Departamental Pio Alberto Ferro Peña de Chiquinquirá.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

• Al magisterio del distrito de Bogotá, como docente con vinculación
nacionalizada, entre el 9 de julio de 1981 y el 19 de febrero de 2013, fecha de
retiro definitivo del servicio.

iii) Los nombramientos fueron hechos por entidades del orden departamental y
territorial, respectivamente.

iv) El 18 de julio de 2014, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3
del Decreto Ley 2277 de 1979; y el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley
91 de 1989.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) Los actos administrativos demandados transgredieron las disposiciones
citadas, por cuanto se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas y, en
consecuencia, adolecen de falsa motivación.

ii) Con la reclamación administrativa se allegó copia de la Resolución 0782 de
1980, acto mediante el cual se hizo el nombramiento de la accionante por el período
comprendido entre el 14 de abril y el 11 de julio de 1980, por parte del secretario de
educación de Boyacá, lo que permite colegir sin dubitación alguna que la
designación ostentó el carácter de nacionalizado y por ende es tiempo válido para
el reconocimiento y pago de la prestación deprecada.

iii) No existe ningún fundamento fáctico o jurídico para afirmar que sus

3

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

nombramientos antes o después del 31 de diciembre de 1980 fueron nacionales, ya
que no fue designada por el Ministerio de Educación Nacional en ningún momento.

iv) No cabe duda entonces de que la UGPP estaba en la obligación de reconocer
la prestación gracia al haberse demostrado que la señora Cárdenas Díaz sumó más
de 20 años de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden
departamentales y/o nacionalizadas, y 50 años de edad.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso1 que
respecto de los tiempos de servicio acreditados con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, se advierte que estos fueron prestados con nombramiento del orden
nacional, en consecuencia, no habría lugar al reconocimiento y pago de la pensión
gracia solicitada.

Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y
compensación.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia escrita proferida el 7 de diciembre de 2016, accedió a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2

i) La negativa de la entidad para tener en cuenta el tiempo de servicio prestado
por la accionante como docente oficial del Colegio Pio Alberto Ferro Peña de
Chiquinquirá entre el 14 de abril y el 11 de junio de 1980 no es de recibo, comoquiera
que con los documentos allegados por la Secretaría de Educación del departamento
de Boyacá se demostró que la vinculación fue nacionalizada, por lo tanto, debe

1 Folios 58 al 63.
2 Folios 166 al 177. Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

computarse para efectos del reconocimiento pensional. Además, resulta
desacertado considerar que el vínculo debía estar vigente a 31 de diciembre de
1980, pues esa exigencia no se deriva del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989.

ii) Asimismo, la actora también tuvo una relación laboral de carácter
nacionalizado con la Secretaría de Educación de Bogotá entre el 9 de junio de 1981
y el 19 de febrero de 2013.

iii) Así pues, revisados los demás elementos o requisitos exigidos para
beneficiarse de la prestación en comento, la señora Cárdenas Díaz cumplió con los
presupuestos para obtenerla, en atención a que acumuló 31 años, 9 meses y 7 días
de labor nacionalizada hasta la fecha de retiro definitiva del servicio y cumplió 50
años de edad en 1997.

iv) En cuanto a la prescripción, como la demandante consolidó su derecho
pensional el 10 de mayo de 2001, formuló la petición de reconocimiento prestacional
el 18 de julio de 2013, y presentó demanda el 29 de octubre de 2015, se tiene que
se configuró el referido fenómeno respecto de las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 18 de julio de 2011.

v) La petición de la demandante de que se reconozcan y paguen los intereses
moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no puede
prosperar, toda vez que al ordenar el reconocimiento pensional de manera indexado
se busca prevenir la devaluación monetaria y, por consiguiente, obtener el valor real
de las sumas reconocidas.

vi) En suma, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
probada la excepción de prescripción propuesta con relación a las sumas causadas
con anterioridad al 18 de julio de 2011; ordenó a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia a la actora en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los
factores salariales devengados durante su último año de servicios anterior a la

5

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

causación del derecho pensional, con los reajustes de ley, y condenó en costas a la
parte vencida.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
al considerar que no pueden computarse como años de servicio para acceder a la
pensión gracia los tiempos laborados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
por cuanto provienen de una vinculación de carácter nacional, lo que impide acceder
al reconocimiento pretendido.3

Tampoco se comparte la determinación de condenar en costas a la entidad en tanto
la oposición ejercida no fue temeraria, pues la actuación se acomodó a un adecuado
ejercicio del derecho de defensa y contradicción y sin abuso del derecho.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en las oportunidades
procesales. La parte demandante guardó silencio4

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar
parcialmente la sentencia en tanto quedó demostrado que la parte actora reunió el
total de los requisitos contemplados en la ley para efectos del reconocimiento de la
prestación deprecada, y cumplió 20 años de servicio con nombramientos en el orden
departamental, distrital, municipal o nacionalizado.

Sin embargo, señaló que para determinar la procedencia o no de la condena en
costas se debía examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su

3 Folios 183 al 189.
4 Folios 222 al 229 y 238.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

causación, no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe,
por lo que, al no predicarse tal proceder de la accionante, no era viable la condena
en costas.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en

5 Folios 230 al 237.
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción

Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de

carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de

8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de

16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

9

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos

11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

10

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia

14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

11

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de

la sentencia transcrita.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17

2.3. Hechos probados

2.3.1. Edad y tiempo de servicios

i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora María del Carmen Cárdenas Díaz
nació el 4 de diciembre de 1947, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 4 de
diciembre de 1997.18

ii) El 9 de mayo de 1980, mediante la Resolución 0782, «por la cual se hacen
nombramientos interinos en secundaria», el secretario de educación del
departamento de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, nombró en interinidad
a la demandante como profesora en el municipio de Chiquinquirá, en remplazo de
otro educador al que se le concedió licencia por 60 días a partir del 14 de abril de
1980.19

iii) Mediante el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá hizo constar que la maestra se
vinculó a través de la Resolución 811 del 13 de abril de 1981, al servicio de la
Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla — Panamericana y prestó
servicios desde el 9 de julio de 1981 hasta el 19 de febrero de 2013, por retiro
forzoso.20 En dicho documento se dejó constancia de que el tipo de vinculación de
la demandante fue nacionalizado.21

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Folio 2.
19 Folios 4 al 6.
20 Folio 9.
21 Constancia reiterada el 31 de octubre de 2016, folios 159 y160.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

iv) Según el certificado de salarios emitido el 25 de junio de 2014 por la Secretaría
de Educación del distrito de Bogotá, la señora Cárdenas Díaz devengó entre 2010
y 2012, los factores salariales de asignación básica, prima de especial, prima de
alimentación, prima de navidad y prima de vacaciones.22

2.3.2. Actuación administrativa

i) El 31 de octubre de 2014, la UGPP profirió la Resolución RDP033411 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 18 de julio de 2014, al argumentar que los
tiempos servidos con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 fueron prestados con
nombramiento de orden nacional y por ende no resultan computables para efectos
del reconocimiento prestacional.23

ii) Los días 18 y 23 de diciembre de 2014, la UGPP expidió las Resoluciones
RDP038348 Y RDP038893, por las cuales resolvió los recursos de reposición y

apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.24

2.3.3. De las pruebas de oficio

En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 24 de enero de 2024, mediante el cual
se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, fueron aportadas al
expediente, entre otras, las siguientes documentales:

• Copia del Decreto 811 del 13 de abril de 1981 y el acto de comunicación, por
medio de los cuales se nombró en propiedad a la accionante en el distrito capital
de Bogotá.25

22 Folio 10.
23 Folios 11 al 15.
24 Folios 17 al 27.
25 Índices 35 de la plataforma Samai.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

• Certificado del 13 de marzo de 2024, expedido por el profesional
especializado del Grupo Certificaciones Laborales de la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá en el que hizo constar que «La señora en
mención fua nombrada como nacionalizada La procedencia de los recursos con los que
se le pagaron los salarios; Situado Fiscal hasta la expedición de la LEY 715 DE 2001,
Y Sistema General de Participación a partir de la entrada en vigor de la Ley mencionada
anteriormente».26

• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral de la
Secretaría de Educación del distrito de Bogotá del 13 de marzo de 2024. 27

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante al observar las siguientes circunstancias.

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

2.4.1. Primer período. Del 14 de abril al 11 de junio de 1980

En este lapso la señora María del Carmen Cárdenas Díaz laboró como maestra en
el Colegio Técnico Pio Alberto Ferro Peña del municipio de Chiquinquirá, en virtud
de la designación efectuada con la Resolución 0782 del 9 de mayo de 1980.

26 Índices 31 al 33 de la plataforma Samai.
27
Índices 34 de la plataforma Samai.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

Bajo este escenario, tal como lo determinó el a quo, se encuentra acreditado que la
demandante tuvo una vinculación como docente nacionalizada, teniendo en
cuenta que el nombramiento fue efectuado por el secretario de educación del
departamento de Boyacá atendiendo a sus atribuciones legales y por el término de
duración de una licencia otorgada a otro educador.

Esta Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado que la vinculación en
interinidad «es plenamente computable para efectos del reconocimiento y pago de
la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó como un mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos».28

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,

radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

En efecto, la Sala ha sostenido que los servicios prestados por docentes vinculados
en interinidad o en forma temporal, deben ser tenidos en cuenta para el cómputo
de los 20 años exigidos en la norma. En tal sentido se pronunció la Subsección en
sentencia del 13 de febrero de 2014, al señalar lo siguiente:29

En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic)
al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró
por los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de
otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó
relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional30 ha
venido sosteniendo, lo siguiente:
“…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple
funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan
para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
[Resalta la Sala].

En consecuencia, esta Sala encuentra que la vinculación de la señora Cárdenas
Díaz como docente en interinidad puede ser tenida en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, «sin que para ello sea relevante la forma en la
que fue provisto el empleo, es decir, si lo fue en carrera o en forma interina o
temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores desarrollan
la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en propiedad».31

Así las cosas, la actora fue nombrada docente en enseñanza secundaria por el
secretario de educación del departamento, acto en el cual no se especifica que la
plaza sea nacional, al paso que no obran elementos que permitan afirmar que la

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
30 Sentencia C-517 de 1999
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

designación provenía directamente o por autorización del Ministerio de Educación
Nacional.

Corolario a ello, esta Sala ha precisado que «la afirmación de que dicha nominación
tiene carácter nacionalizado también encuentra respaldo en lo dispuesto en el
artículo 1° de la ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 43 de 1975».

De suerte que carezcan de fundamento las aseveraciones plasmadas en el escrito
de apelación, pues en efecto obran los medios de prueba a partir de los cuales se
logra advertir de manera inequívoca que la accionante sí estuvo vinculada a la
docencia antes del 31 de diciembre de 1980 a través de una designación de carácter
nacionalizada. En gracia de discusión, el hecho de que el nombramiento efectuado
por el secretario de educación con la Resolución 0782 del 9 de mayo de 1980,
hubiera sido revisado y firmado por el delegado regional Boyacá ante el Ministerio
de Educación Nacional, no es óbice para que la vinculación resulte válida para
obtener la pensión gracia objeto de controversia, ya que ello, per se, no significa
que este actuara por directriz del Gobierno nacional.

La anterior afirmación se soporta en que el nominador del ente territorial actuó
acorde con los parámetros del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 con la que se
nacionalizó la educación, pues en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018
se señaló claramente que «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su
vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la
junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal [...]»,
argumentación que se ampliará a continuación.

18

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 mes y 29 días, y
adicionalmente acredita el requisito de haber ostentado una vinculación territorial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

2.4.2. Segundo período. Del 9 de julio de 1981 al 10 de mayo de 200132

Este segundo período está determinado por el Decreto 0811 del 13 de abril de 1981,
proferido por el alcalde mayor del distrito capital de Bogotá, mediante el cual se
nombró a la accionante como maestra de tiempo completo en el área de idiomas
dependiente de la división de educación básica secundaria y media vocacional. Este
acto se fundó en las siguientes consideraciones:

32 Fecha de adquisición del estatus pensional delimitada en la sentencia de primera instancia.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

Bajo este escenario, se trata sin duda de una vinculación de carácter
nacionalizado, por cuanto el nombramiento provino de una autoridad de orden
distrital; con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, en el acto
no se especifica que la plaza sea nacional y no proviene directamente o por
autorización del Ministerio de Educación Nacional.

Resalta la Sala que aunque el acto de nombramiento fue ratificado por el alcalde
como presidente del FER y por el delegado ante Bogotá del Ministerio de Educación
Nacional, ello no significa que aquellos actuaran por directriz del Gobierno nacional.

La anterior afirmación se soporta en que para la época en que se produjo en
nombramiento, esta Corporación ha sostenido que los FER «eran financiados con
bienes o recursos aportados tanto por la Nación como por las entidades territoriales,
de cuya administración se responsabilizó a las “autoridades” de los referidos entes,
bajo la supervisión de un delegado del Ministerio de Educación Nacional».33

Así pues, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición de nacionales
por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante los fondos
educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos del situado
fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en calidad de
presidentes de las Juntas Administradoras de los FER.34

Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su
criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
34 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23

de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de
2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–2019).

20

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas endógenas y exógenas».35

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».

Además, la Ley 91 de 1989 únicamente definió como docentes nacionales a los
nombrados por la mencionada cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la
expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.

Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter nacionalizado
también encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone
que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975».

De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto la docente fue nombrada por
una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976, con ocasión de la
nacionalización, junto con el análisis del acto de nombramiento y de las
certificaciones obrantes en el dosier, es dable concluir que la naturaleza jurídica de
la vinculación de la demandante fue nacionalizada.

En este orden de ideas, este segundo período analizado, equivalente a 19 años, 10
meses y 1 día, también resulta válido para estudiar las pretensiones de la
demandante, y en ese orden, le asiste razón al a quo al acceder al reconocimiento

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

21

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

pretendido.

Finalmente, respecto del motivo de inconformidad de la entidad apelante frente a la
condena en costas de primera instancia se tiene que por mandato del artículo 188
del CPACA la imposición de estas obedecía a un criterio objetivo, sin que para ello
debiera evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le correspondía
efectuar una valoración objetiva-valorativa para comprobar su causación conforme
con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiriera un examen
de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de los sujetos procesales.

En ese orden de ideas, la decisión de condenar o no en costas a la parte vencida
del proceso correspondía a un análisis discrecional del fallador de instancia. En
efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debía haber una
disposición o decisión acerca de aquella, bien sea imponiéndola o absteniéndose
de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en costas a la parte
vencida en el medio de control.

Así las cosas, en virtud del criterio anotado era necesario que el juez revisara si las
costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de acuerdo con la
actividad que efectivamente se hubiera desplegado en ejercicio de la defensa de los
intereses de las partes, como en efecto ocurrió.

De suerte que la decisión de condenar en costas tomada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no desatendió los postulados del artículo 188 del
CPACA para el momento en que fue proferida la decisión,36 razón por la cual se

encuentra ajustada a derecho.

No obstante, aprovecha la Sala para precisar que a partir de la promulgación de la
Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo 47 adicionó un inciso al artículo 188 del

36
De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía hacerse una
valoración objetivo - valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme
con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de
una actuación temeraria o de mala fe de las partes.

22

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

CPACA para señalar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal», se debió ajustar el mencionado criterio objetivo.

De esta manera, debe entenderse que a partir de la anterior modificación el juez
está llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente
o no imponer costas a cargo de alguna de ellas. Sin embargo, se insiste, para la
fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (7 de diciembre de 2016),
no habían comenzado a regir las previsiones de la mentada norma, cuya publicación
data del 25 de enero de 2021, luego su decisión no desatendió los postulados del
artículo 188 del CPACA vigentes al momento de su promulgación.

En suma, una vez fueron estudiados uno a uno los argumentos esbozados en el
recurso de apelación impetrado, la Sala advierte que ninguno tiene vocación de
prosperidad y, en tal sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

23

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, pues
se acreditaron los requisitos previstos en la norma para acceder a la pensión gracia
reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

24

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05327-01 (5103-18)
Demandante: María del Carmen Cárdenas Díaz

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 7 de diciembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
accedió a las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

25

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.