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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01268-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01268-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez en contra de la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel, el cual queda así: «A título de restablecimiento del derecho, condenar a la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel a reconocer y pagar a la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 1.º de julio de 2009 y el 31 de julio de 2013, tiempo durante el cual prestó su servicio como nutricionista al referido Hospital de manera directa. Para ello se tomará como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de prestación de servicios. Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los 31 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los que entre estos, hubo interrupciones. Condenar a la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel a realizar las cotizaciones a pensión a favor de la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez, por el periodo durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es, entre el 1.º de julio de 2009 y el 31 de julio de 2013, observando para ello, el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-01268-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

7 de julio de 2022

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01268-01 (0385-2019)
Demandante: NIDIA SOLEDAD QUEVEDO GUTIÉRREZ
Demandada: HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL E.S.E.

Tema: Reconocimiento de relación laboral encubierta o
subyacente. Nutricionista.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de
abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 100-1294-
2013 del 5 de septiembre de 2013, por medio del cual el Gerente de la
E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel negó la solicitud de declarar la
existencia de una relación laboral entre la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez y dicha entidad.

2. Que los contratos suscritos entre las partes no se tengan como prueba de
una relación contractual sino como una inequívoca situación legal y
reglamentaria, por la naturaleza de la función encomendada y por haberse
presentado todos los elementos de una relación laboral, de manera que se
declare que la señora Quevedo Gutiérrez gozó del estatus de empleada
pública.

1
Folios 59 a 65.

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2

3. Declarar, en consecuencia, que la vinculación de la demandante era de
carácter indefinido, sin fecha previa de retiro, y terminó por despido sin
causa legal.

4. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad demandada
a reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento del despido o a uno
de superior categoría; y, para todos los efectos prestacionales y salariales
declarar que no ha existido solución de continuidad.

5. Condenar a la E.S.E. a pagar a la convocante, a título de indemnización,
los valores correspondientes a salarios, auxilio de cesantías, intereses a
las cesantías, primas de servicios, primas de navidad, primas de
vacaciones, vacaciones, retención en la fuente, aportes a salud y pensión,
bonificaciones, recargos, indexación, la sanción por mora contemplada en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación oportuna de las
cesantías correspondientes a los años 2009 a 2013, liquidados a la fecha
de presentación de la demanda, y causados durante el tiempo de la
relación laboral hasta cuando se produzca el reintegro efectivo al cargo.

6. Condenar a la entidad cuestionada a pagar los perjuicios morales causados
a la interesada.

7. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos y condiciones de
los artículos 192 y 195 del CPACA.

Pretensiones subsidiarias

1. En caso de no ser procedente el reintegro al cargo, ordenar a la E.S.E.
Hospital de Meissen II Nivel el pago de los conceptos relacionados en los
numerales 5 y 6, liquidados a la fecha de presentación de la demanda

Fundamentos fácticos relevantes2

1. La señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez laboró para la la E.S.E.
Hospital de Meissen II Nivel en el cargo de nutricionista, dietista, mediante
órdenes y/o contratos de prestación de servicios, desde el 1.º de abril de
2009 y hasta el 31 de julio de 2013.

2. La demandante fue desvinculada del cargo que se encontraba
desempeñando de forma unilateral y sin que hubiera existido causa legal
para ello.

3. Durante la vigencia del vínculo laboral, la señora Quevedo Gutiérrez
cumplió un horario de trabajo de 180 horas mensuales, asignado por el jefe
inmediato.

4. Los salarios devengados por los nutricionistas de la planta de la entidad,
era superior y contaban con todas las prestaciones y beneficios de los
empleados públicos.

5. La interesada no tenía autonomía en la realización de sus labores, le fue
consignado un salario mensual, y debió cancelar sus aportes a pensión,
salud y ARP.

2
Folios 66 a 68.

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3

6. Mediante escrito del 22 de agosto de 2013, la demandante solicitó a la
E.S.E. el reintegro y pago de las prestaciones sociales reclamadas en el
presente medio de control.

7. Por medio de Oficio 100-1294-2013, del 5 de setiembre de 2013, el Gerente
de la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel negó lo peticionado.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones3:

«La entidad pública demandada hizo contestación de la demanda, concretamente
referida a la conciliación ante la procuraduría; propuso medios exceptivos los
cuales por atacar la prosperidad de las pretensiones serán resueltos con el fondo
del asunto.»

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos4:

«Acto seguido se procede a fijar el litigio haciendo un recuento de los hechos y
pretensiones expuestas en el escrito de demanda. Se le pregunta al demandante
si está conforme con la fijación del litigio. Sin recursos.»

SENTENCIA APELADA5

El tribunal dictó sentencia escrita el 26 de abril de 2018, a través de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

Tras desarrollar la normatividad aplicable, el a quo abordó el análisis
probatorio de los elementos recaudados en el proceso y estimó que en el sub
lite se encuentran demostrados los aspectos constitutivos de la relación de
trabajo, por cuanto, además de verificarse la prestación personal del servicio
y la remuneración y contraprestación por el mismo, se evidenció que la señora
Quevedo Gutiérrez estuvo bajo la subordinación de la entidad, pues la
independencia en la ejecución del contrato se desvirtuó con ocasión de la
naturaleza de las funciones desarrolladas por la demandante, labores que no

3
Folio 218.
4
Folio 218.
5
Folios 234 a 250.

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4

solo se sujetaban a un horario específico propio de los empleados de planta
de la demandada sino que, además, no fueron ejercidas de manera
excepcional por razón de una prestación ocasional, comprobándose que el
vínculo se mantuvo por más de cuatro años.

En punto a la prescripción señaló la postura asumida por el Consejo de Estado
en sentencia del 25 de agosto de 2016, con base en la cual indicó que la
demandante elevó reclamación administrativa el 22 de agosto de 2013, y que
siendo la fecha de su última vinculación el 31 de julio de 2013, no hay lugar a
declarar la existencia de este fenómeno jurídico.

Al referirse al reintegró, el tribunal precisó que el mismo no era procedente en
tanto la declaratoria de la existencia de una relación laboral no implica que la
persona adquiera la calidad de empleado público, pues para ello es necesario
que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente
posesión.

Igualmente negó la indemnización por despido sin justa causa, pues aquella
solo es aplicable para los contratos de trabajo y, en cuanto a la sanción por
mora, señaló que la misma no tenía asidero, por tratarse este pronunciamiento
en una sentencia de carácter constitutivo a partir de la cual, nace a la vida
jurídica el derecho laboral reclamado a título de restablecimiento.

Con sustento en la sentencia dictada por esta Corporación el 13 de agosto de
2015, numero interno 1230-2014, el juez de primer grado negó la devolución
de las retenciones efectuadas a la convocante y el pago de pólizas.

Corolario de lo expuesto, declaró la nulidad parcial del acto administrativo
demandado; y a título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad
demandada a reconocer y pagar a favor de la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez todas las prestaciones sociales y demás emolumentos legales
dejados de percibir por aquella en los periodos en los cuales se demostró la
existencia de la relación laboral, esto es, del 1.º de julio de 2009 al 31 de julio
de 2013, teniendo en cuenta para su liquidación el valor pactado en los
contratos de prestación de servicios; pagar a la demandante los porcentajes
de cotización que le correspondía al empleador efectuar a pensión y salud; y
trasladar a los fondos de pensión y salud el valor que surja después de realizar
la liquidación de lo cotizado y lo que se debió cotizar durante el periodo en que
estuvo vinculada la convocante, es decir, entre el 1.º de julio de 2009 y el 31
de julio de 2013, sin prescripción alguna.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada6 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:

El hecho de que la contratista haya tenido que rendir informes deviene de la
obligación del supervisor del contrato de procurar la efectiva prestación del
servicio contratado, y no constituye el reconocimiento de una relación laboral
ni implica subordinación.

6
Folios 255 a 262.

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5

Sostuvo que debe tenerse en cuenta que la labor encomendada debía
ejecutarse en turnos establecidos de común acuerdo con los supervisores,
pues comprende una actividad que no puede desarrollarse de forma
desordenada si se tiene en cuenta que los servicios buscan el cumplimiento
de un objetivo misional propio de la entidad, requiriendo entonces que el
supervisor satisficiera la meta institucional.

Argumentó que la demandante tiene formación profesional y que, por tanto,
conocía las obligaciones y derechos de los contratos que firmaba aceptando
las condiciones allí previstas, y sin proponer, por varios periodos, cambios a la
relación contractual.

Manifestó entonces que la E.S.E. tiene una cantidad limitada de cargos para
contratar personal a través de contratos de trabajo o de asignación por
concurso público, por lo que con el fin de atender la alta demanda del servicio
de salud se requiere de esta modalidad de contratación, para solventar las
necesidades del servicio público esencial.

Sobre el cumplimiento de horarios, la entidad refirió que dicha circunstancia
no quedó demostrada en tanto los mismos testigos precisaron que en el evento
de no poder acudir al compromiso contractual, la demandante podía delegar
su actividad a otra persona, actividad que era remunerada por ella misma,
demostrándose así la autonomía de la voluntad de la señora Quevedo
Gutiérrez al realizar las funciones contratadas.

Resaltó que, de conformidad con el fallo recurrido, lo que se evidencia es la
coordinación de funciones, pues el contrato de prestación de servicios era de
naturaleza asistencial y, por tanto, debía prestarse de forma organizada y
personal para garantizar el cumplimiento tanto del objeto del contrato como el
objeto social de la entidad.

Señaló que no existe dentro del proceso pruebas que permitan dilucidar que
la demandante recibió órdenes de superiores.

Por último, Indicó también que en caso de que el fallo que reconoce la
existencia de la relación laboral se mantenga incólume, se debe dar aplicación
al fenómeno prescriptivo del derecho que no fue reclamado en tiempo; en tal
sentido, solo es posible acceder a las súplicas de la demanda en lo que trata
a los últimos 3 años antes de la solicitud de reconocimiento de las prestaciones
sociales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada7, señaló ratificar las manifestaciones efectuadas en el
escrito de apelación y, en tal sentido solicitó dar alcance al mencionado
documentos y que sean estudiadas las consideraciones de hecho y de
derecho allí expuestas.

La parte demandante, el ministerio público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa del proceso,
de conformidad con la constancia secretarial expedida el 22 de noviembre de
2019, visible a folio 285 del expediente.

7
Folio 284.

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6

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problemas jurídicos

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y del recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a:

1. ¿La señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez demostró la configuración de
los elementos de la relación laboral durante el tiempo en que estuvo
vinculada con la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel a través de contratos
de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad?

En caso afirmativo,

2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?

3. ¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión?

Marco normativo y jurisprudencial

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,8 constituye, junto con otros principios
convencionales,9 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento

8
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
9
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San

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7

jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:

Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».

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8

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.10

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente

10
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

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9

indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de
un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,11 según la cual, en caso de encontrarse
acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,12 por lo que de no
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.13

En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

11
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
12
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
13
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.

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10

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.

Primer problema jurídico

¿La señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo en que estuvo vinculada con
la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel a través de contratos de prestación de
servicios suscritos directamente con la entidad?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso de la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su
existencia.

Sobre el asunto sometido a discusión

Advierte la Sala que, en el presente asunto, la demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre ella y la E.S.E.
Hospital de Meissen II Nivel, por el periodo comprendido entre el 1.º de abril
de 2009 y el 31 de julio de 2013, sin solución de continuidad; y, en
consecuencia, que se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de ley y demás acreencias laborales que surjan con ocasión de dicha
declaratoria.

El tribunal de primera instancia encontró acreditado el vínculo laboral aducido
por la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez al considerar que, con el
material probatorio recaudado, se acreditaron los elementos que configuran la
relación de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continua subordinación y dependencia; lo anterior, aunado
a haberse demostrado la permanente ejecución de actividades que
desnaturalizan el carácter temporal del contrato de prestación de servicios.

No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
entidad demandada, en el presente asunto no hay lugar a declarar la
existencia de una relación laboral encubierta entre las partes y, por lo tanto,
no es procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
reclamadas por la demandante.

Lo anterior, por cuanto la señora Quevedo Gutiérrez no acreditó la
configuración de los elementos esenciales de la relación laboral subyacente;
estuvo vinculada con el Hospital cuestionado, a través de contratos de
prestación de servicio por virtud de los cuales no puede predicarse la
existencia de una relación de trabajo; no estuvo sometida al cumplimiento de
un horario mínimo laboral como el de los empleados de planta de la entidad; y
su vinculación tuvo sustento en la necesidad que tiene la E.S.E. de cumplir
con los fines del estado.

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11

De acuerdo con lo indicado, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.

Así las cosas, y conforme a la documentación obrante en el expediente, se
observa que la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez prestó sus servicios
a la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel, de la siguiente manera:

Vinculación contractual directa con la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel:
N.º DE PERIODO VALOR OBJETO FOLIO
CONTRATO U
ORDEN

6-663-2009 01/07/09 $9.528.410 Nutricionista dietista. 9 a 12
30/09/09
ADICIÓN 3 01/10/09 $122.683 Ibídem. 13
6-663-2009 03/01/10
6-173-2010 04/01/10 $9.078.572 Ibídem. 14 y 15
31/03/10
ADICIÓN 1 01/04/10 $8.056.210 Ibídem. 16
6-173-2010 30/06/10
ADICIÓN 2 01/07/10 $2.527.278 Ibídem. 17
6-173-2010 31/07/10
ADICIÓN 01/08/10 $1.263.639 Ibídem. 18
6-173-2010 30/09/10
ADICIÓN 4 01/10/10 $2.611.521 Ibídem. 20
6-173-2010 31/10/10
PRÓRROGA 01/11/10 Ibídem. 21
6-173-2010 03/01/11
6-175-2011 04/01/11 $9.013.958 Ibídem. 23 y 24
31/03/11
6-493-2011 01/04/11 $7.581.834 Ibídem. 25 y 26
30/06/11
6-830-2011 01/07/11 $2.527.278 Ibídem. 27 y 28
31/07/11
PRÓRROGA 1 01/08/11 Ibídem. 29
6-830-2011 31/08/11
ADICIÓN 01/09/11 $2.527.278 Ibídem. 30
6-830-2011 30/09/11
ADICIÓN 01/10/11 $3.790.917 Ibídem. 31
6-830-2011 31/10/11
ADICIÓN 01/11/11 $1.263.639 Ibídem. 32
6-830-2011 30/11/11
PRÓRROGA 01/12/11 Ibídem. 33
6-830-2011 15/12/11
ADICIÓN 16/12/11 $2.443.035 Ibídem. 34
6-830-2011 03/01/12
6-172-2012 04/01/12 $11.456.994 Ibídem. 35 y 36
30/04/12
A-231 02/05/12 $2.527.278 Prestar servicios profesionales al Hospital 37 a 39
30/05/12 Meissen II Nivel Empresa Social el Estado, en
la ejecución de actividades como Nutricionista,
de acuerdo con las normas higiénico
normativas, fijando directrices en cuanto a los
contenidos nutricionales de conformidad con la
normatividad vigente, procedimientos y
protocolos establecidos por la ESE.
ADICIÓN 01/06/12 $2.527.278 Ibídem. 40
A-231 30/06/12
ADICIÓN 01/07/12 $5.054.556 Ibídem. 41
A-231 30/09/12
A-909/2012 01/10/12 $2.350.000 Ibídem. 42 y 43
31/10/12
1423/2012 01/11/12 $2.350.000 Ibídem. 44 y 45
30/11/12
A-1828/2012 03/12/12 $2.350.000 Ibídem. 46 y 47
31/12/12
312/2013 02/01/13 $2.350.000 Ibídem. 48 y 49
31/01/13
690/2013 01/02/13 $7.050.000 Ibídem. 50 y 51
30/04/13
1307/2013 01/05/13 $2.350.000 Ibídem. 52 y 53
31/05/13

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12

1710/2013 01/06/13 $4.700.000 Ibídem. 54 y 55
31/07/13

La anterior relación probatoria permite colegir que, entre el 1 de julio de 2009
y el 31 de julio de 2013, la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez prestó sus
servicios profesionales como nutricionista a la E.S.E. Hospital de Meissen II
Nivel, mediante vinculación contractual directa con dicha entidad y sin solución
de continuidad.

Con fundamento en lo precisado, y de conformidad con las condiciones en que
fueron ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a
verificar si la demandante acreditó la prestación personal del servicio,
remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio.

Definido lo anterior, y según se desprende de los objetos contractuales citados
en precedencia, la demandante se desempeñó entre los años 2009 a 2013
como nutricionista, dietista al servicio de la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel,
de lo cual se infiere que la prestación de servicios fue personal, pues, de
acuerdo con las reglas de la experiencia, dicha actividad debe ser prestada
por sujetos cualificados, es decir, por personal que hubiese acreditado las
condiciones profesionales requeridas para la labor. En tal sentido, y dados los
requisitos de ejecución de los contratos de prestación de servicios, se observa
que se trata de actividades que no podían ser delegadas o encomendadas a
un tercero por parte de quien las ejecutaba.

b) Remuneración por el servicio prestado.

Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que a la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez se le cancelaban
periódicamente las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes
contratos de prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las
cláusulas relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago
en la cual se estipulaban los montos mensuales que recibiría la demandante
por los servicios prestados.

c) Subordinación y dependencia continuada

La parte demandada sustentó su recurso de apelación sobre la base de que,
entre otros, en el plenario no obran los elementos de juicio suficientes para la
determinación de los elementos que configuran la relación laboral; y que, de
otro lado, la interesada desarrolló actividades en el marco de contratos de
prestación de servicios avalados por la ley, usados por las entidades para el
cumplimiento de los fines estatales.

En ese sentido, y toda vez que para esta Sala los elementos de prestación
personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios de la
relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub examine,
se procede entonces a realizar el análisis correspondiente al elemento de la
subordinación y dependencia continuada, para lo cual se estudiará, en primer
término, los testimonios recibidos por el tribunal, en audiencia de pruebas
celebrada el 24 de abril de 201814.

14
Folios 231 a 233.

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13

En primer lugar, se tiene que la parte demandante solicitó la recepción de los
testimonios de los señores Nohemy Martínez Vargas, Juan Castaño, Nancy
Yolima Sicacha, Fabio Quiñonez, Visitación Cubillos, Diana Cárdenas y Diana
Marcela Cárdenas15.

A efectos de adelantar el estudio probatorio correspondiente, encuentra la Sala
que el juez de conocimiento limitó las declaraciones a dos personas, por lo
cual a continuación se relaciona de manera sucinta lo que sobre los hechos
en los que se fundamenta la reclamación del libelo, informaron los señores
Visitación Cubillos de Martínez y Nancy Yolima Sicacha:

La señora Visitación Cubillos de Martínez señaló que conoció a la señora Nidia
Soledad Quevedo Gutiérrez al haber coincidido durante el tiempo que laboraron
para el Hospital de Meissen; sostuvo que la demandante trabajó para dicha
entidad desde el año 2009 y hasta el año 2013; que la interesada era nutricionista
y se encargaba de todos los programas de nutrición; que trabajaba de domingo
a domingo teniendo que cumplir un horario, y debiendo firmar hora de entrada y
de salida. Respuesta a las preguntas formuladas por el apoderado de la
parte demandante. Indicó que la convocante, debía acudir al hospital, recoger
la lista de los pacientes, estar atenta de los planes alimenticios de los pacientes,
entre otros. Precisó que la señora Quevedo Gutiérrez dependía de los jefes del
Hospital, el Gerente, la Subdirectora y la Jefe de Nutrición. Refirió que las labores
de la demandante le constaban por cuanto ella estuvo todo el tiempo en el que
laboró la interesada, y sus actividades de cocina dependían del área de nutrición.
Sostuvo que los elementos con los que la demandante ejecutaba su labor eran
del hospital; y que para que aquella pudiese retirarse de las instalaciones debía
solicitar permiso al superior. Mencionó que las actividades desarrolladas por la
convocante no eran ejecutadas en su casa. Respuesta a las preguntas
formuladas por el apoderado de la parte demandada. Informó que formuló
demanda por circunstancias similares a las debatidas en el presente proceso.
Manifestó que las personas del área de cocina estaban supeditadas a las
recomendaciones de las dietistas como la señora Nidia Soledad Quevedo.

A su turno la señora Nancy Yolima Sicacha declaró haber laborado en el
Hospital de Meissen desde 2009 y hasta 2016 ejerciendo el cargo de supervisora
en el servicio alimenticio de la entidad. Relacionó que actualmente se encuentra
adelantando trámite judicial en contra de la E.S.E. Argumentó que la señora Nidia
Soledad ejercía el cargo de nutricionista. Respuesta a las preguntas
formuladas por el apoderado de la parte demandante. Recordó que la
demandante manejaba la parte nutricional clínica, y de soporte nutricional, así
como consulta externa, circunstancias que le constan porque trabajaba en la
misma área; referenció que la interesada debía visitar a los pacientes y de
acuerdo a la patología, indicaba el tipo de dieta que ellos debían recibir. Dijo
además que los implementos usados por la convocante para su actividad eran
suministrados por el hospital. Expuso que, las labores ejecutadas eran
permanentes, que la demandante cumplía horario, y que habían días en los que
entraba a las 7:00 am y salía sobre las 2:00 pm. Testificó que la demandante no
podía llevarse trabajo para su casa; que las agendas horarias eran asignadas por
la coordinadora del servicio de nutrición en conjunto con el área de facturación.
Depuso que el trabajo desempeñado por la señora Nidia Soledad Quevedo fue
de carácter permanente. Confesó que no conocía que hubiera personal de planta
que cumpliera las mismas funciones que la demandante. Respuesta a las
preguntas formuladas por el apoderado de la parte demandada. Puntualizó
que los elementos usados en el servicio por la señora Quevedo Gutiérrez eran
aquellos usados en el puesto de oficina; que los supervisores de los contratos

15
Folio 219, Audiencia inicial.

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14

eran del área de supervisión administrativa, específicamente la coordinadora del
servicio de nutrición, quien era la que estaba pendiente del contrato. Aludió que
la demandante no podía ausentarse del servicio del hospital, de manera que si
debía retirarse debía informar a la coordinadora del servicio. Evidenció que le
daban instrucciones desde la coordinación del servicio, en las agendas, y las
listas de los pacientes.

Análisis probatorio

A efectos de atender los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
de la parte demandada, procede la Sala a realizar el análisis de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el curso del proceso.

Se advierte en primer lugar, que la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez
ejerció funciones como nutricionista contratista al servicio de la E.S.E. Hospital
de Meissen II Nivel, en el marco del siguiente alcance al objeto contractual:

«En el desarrollo del presente contrato – el CONTRATISTA se compromete para
con el HOSPITAL a realizar las siguientes actividades: 1- Nutricionista dietista,
encargada de valoración y seguimiento de niños nacidos con bajo peso y talla,
pertenecientes al plan canguro. 2- Valoración y seguimiento a pacientes con
alguna alteración metabólica que requieran de un plan nutricional específico para
cada patología. 3- Asesoría y seguimiento al servicio de nutrición. 4- Seguimiento
a pacientes hospitalizados con dietas especiales. 5- Valoración y seguimiento de
consulta externa adulto, madre gestante y pediatría. 6- Asesoría y seguimiento
de procesos del lactario. 7- Capacitar y ordenar actividades para el buen
funcionamiento del lactario. 8- Realizar las demás actividades que le sean
asignadas por quien ejerce el control del contrato acorde con el objeto».

«participar activamente en la planeación y organización de actividades tendientes
al mejoramiento continuo de las actividades en las nuevas instalaciones del
Hospital Meiseen.

Participar activamente en el proyecto del premio Distrital de salud.»

«[…] Ejecución de actividades como Nutricionista, de acuerdo con las normas
higiénico sanitarias, fijando directrices en cuanto a los contenidos nutricionales
de conformidad con las normatividad vigente, procedimientos y protocolos
establecidos por la ESE. Comprometerse a aprender, comprender, apreciar e
identificarse con la naturaleza, características, requisitos y fundamentos de las
actividades asignadas en razón del contrato suscrito. Asistir a los cursos y
eventos educativos relacionados con su capacitación para mejora el desempeño
o con los requisitos establecidos por la normatividad vigente; así como cumplir
con lo establecido en los manuales, planes, programas, procedimientos,
protocolos y en general con las normas definidas por el Hospital de Meissen».

Igualmente, del clausulado se desprenden las obligaciones que a continuación
se citan:

«[…] e) Participar activamente en las actividades que le sean asignadas para la
implementación y el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad
basado en la NTC ISO : 9001 : 2000. […]»

«[…]. 5. Responder por los bienes a su cargo […]»

«1) Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas
señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e
independiente y guardando la confidencialidad de la información que se ponga a

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15

su disposición, de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad u
de acuerdo con los protocolos de servicio de EL HOSPITAL. 2) Responder y velar
por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por EL
HOSPITAL. […] 8) Cumplir con la política del Hospital en cuanto a productividad,
calidad y servicios. 9) Asistir a las reuniones y/o convocatorias efectuadas por EL
HOSPITAL. 10) La responsabilidad del manejo de equipos o claves asignadas
por EL HOSPITAL a EL CONTRATISTA con el fin de realiza las funciones propias
del objeto contractual, será exclusiva de EL CONTRATISTA, quien deberá
responder por cualquier tipo de manipulación de los mismos por parte de
terceros, ya que estas son personales e intransferibles. 11) En caso de
presentarse pérdida del o de los elementos asignados, la novedad deberá
reportarse de forma escrita al interventor o supervisor del contrato dentro de los
dos días (02) hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos. 12) Impartir
capacitación, adiestramiento, inducción e instrucción al personal relacionado con
el área a la cual se encuentra adscrito cuando haya lugar a ello.»

Del alcance al objeto contractual y del componente obligacional previamente
reseñados, se evidencia la extensión de las actividades a desarrollar por la
demandante, más allá de la simple atención del servicio de nutrición, del
Hospital de Meissen II Nivel, por cuanto se inscribe dentro de sus
responsabilidades la asistencia y apoyo a la E.S.E. en trámites de carácter
administrativo y de soporte a programas institucionales propios de la misión
de la entidad.

Como parte de las actividades a ejecutar a la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez no solo se le exigía atender capacitaciones y cursos relacionados
con su quehacer profesional, a efectos de mejorar el desempeño de sus
labores dentro de la función pública desarrollada por la demandada, sino que,
además, debía gestionar la instrucción y adiestramiento del personal que se
relacionaba con la actividad contratada, que podría entenderse como el
personal o el equipo de trabajo que le hubiese sido asignado con ocasión del
contrato de prestación de servicios.

Al respecto se tiene que, la testigo Visitación Cubillos de Martínez refirió en su
declaración ser parte del equipo encargado de la alimentación en la cocina del
Hospital, y que para efectuar las labores de su resorte, debía acatar las
directrices que le fueran impartidas por las nutricionistas o dietistas de la
entidad, dentro de las que se encontraba la demandante.

Igualmente, consta en los contratos suscritos por las partes, la participación
de la señora Quevedo Gutiérrez en los programas ejecutados por el Hospital
de Meissen, como son aquellos relacionados con la capacitación para el buen
funcionamiento del lactario; plan canguro; la asistencia activa en la planeación
y organización de actividades para la adecuada prestación del servicio de
salud en las instalaciones de la E.S.E.; y la participación en proyectos
adelantados por la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá.

Tales funciones institucionales demuestran la necesidad de involucrar a la
demandante en los procesos activos de la entidad, que son requeridos para el
ejercicio de la función pública que le fue asignada por virtud del ordenamiento
jurídico, cual es la prestación del servicio público esencial de salud, al punto
en que debió hacerse parte de la acreditación en gestión de calidad, al serle
exigido estar al tanto e incorporar las actividades asignadas para la
implementación del Sistema de Gestión basado en la NTC ISO : 9001 : 2000.

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16

Igualmente, deviene de las obligaciones el sometimiento a directrices
institucionales al referir que la convocante debía cumplir con lo previsto en los
manuales, planes, programas, procedimientos, protocolos y, en general, con
las normas definidas por el Hospital de Meissen.

Lo anterior, encuentra sustento en lo manifestado por los testigos al señalar,
que la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez debía acatar las instrucciones
definidas por la coordinadora del servicio de nutrición, quien además, era la
persona encargada de establecer las agendas para la atención de pacientes,
bien de hospitalización o de consulta externa, así como los horarios de la
prestación del servicio, que, por cierto, refirieron era de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
aproximadamente.

Dicha circunstancia impacta directamente el cumplimiento de las obligaciones
de «8) Cumplir con la política del Hospital en cuanto a productividad, calidad y
servicios.» y «9) Asistir a las reuniones y/o convocatorias efectuadas por EL
HOSPITAL.», pues no de otro modo hubiese sido posible que la entidad
satisficiera su deber misional en la prestación del servicio.

Obra en el expediente oficio del 2 de julio de 201316, suscrito por la Referente
de Nutrición y dirigida a la Subdirectora Administrativa del Hospital de Meissen
II Nivel, en el que informó circunstancias de incumplimiento al objeto
contractual por parte de la señora Quevedo Gutiérrez, para lo cual indicó que
«[…] cuando ha estado de turno como una única responsable (turno fin de semana)
se le ha dado instrucción de colaborar verificando la entrega del mercado, actividad a
la cual se ha negado realizar […]» y precisó que «No hay sentido de pertenencia
cuando se trata de dar soluciones simples a inconvenientes sencillos de resolver
[…]».

Lo que resulta relevante al denotar, que la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez se encontraba bajo la observancia y subordinación para el
cumplimiento de ciertas actividades por parte de la denominada Referente de
Nutrición, quien además parece exigirle cuestiones por fuera del objeto
contratado, y un sentido de pertenencia por la entidad.

Ahora, en punto al uso de implementos asignados por la E.S.E. a la
demandante, en el desempeño de sus funciones, se tiene que dentro del
acuerdo bilateral se previó la responsabilidad que le acarrea a la misma en su
buen uso y mantenimiento, definiendo además el procedimiento que la
interesada debía observar en caso de pérdida o deterioro de los mismos.
Aunado a ello, se resalta la obligación de responder por los equipos y claves
que le fueran encomendadas para la ejecución del objeto contractual,
debiendo precaver la manipulación de tales elementos por parte de terceros.

Ello, comprende necesariamente que el lugar de ejecución de las actividades
se viera restringido a las instalaciones de la entidad y, por obvias razones, con
ocasión de la inmediación que debe existir con los pacientes en el
cumplimiento de un servicio médico de nutrición.

No se desprende de lo depuesto por los declarantes que al deber ausentarse
de las labores encomendadas, la señora Quevedo Gutiérrez gestionara y
pagara el reemplazo que debía atender su objeto contractual, como lo
manifiesta el Hospital en su recurso de apelación, pues de ellos solo se

16
Folios 146 y 147.

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17

evidencia el requerimiento que se le exigía de solicitar los permisos a quien
ostentaba su condición de superior, que para el caso corresponde a la
coordinadora del servicio de nutrición.

En cuanto a la continuidad en la suscripción de los acuerdos bilaterales,
suficiente ilustración la trae la relación efectuada por esta Corporación en
cuadro que antecede, misma que encuentra soporte en las declaración
recibidas por el juez de primera instancia, que dan cuenta de la prestación
ininterrumpida del servicio de nutrición por parte de la demandante a favor del
Hospital. Dicha continuidad, no muestra cosa distinta a la imperiosa necesidad
que tenía la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel de contar con profesionales de
las calidades de la demandante, para la materialización y debido ejercicio de
su función pública, pues no solo vinculó a la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez por aproximadamente 4 años, sino que no era la única dietista
contratada para la prestación del servicio, resultando insuficiente para la
entidad, abarcar el servicio de salud demandado por los pacientes y usuarios
con una sola profesional.

Observa la Sala que dentro de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, la entidad demandada refirió que la vinculación contractual de la
demandante se debió a la falta de personal para hacer frente a los
requerimientos del servicio de salud de la E.S.E., lo que reitera la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, pues las laboradas
por ella desarrolladas son misionales a la institución y corresponden a aquellas
que difícilmente pueden ser consideradas como actividades esporádicas, en
tanto que son necesarias para la prestación eficiente del servicio público
esencial de salud17.

Para concluir, no sobra indicar que la subordinación comprende entonces un
conjunto de situaciones que permiten eliminar de la relación contractual, la
independencia propia de este tipo de vinculación, como lo es el sometimiento
a instrucciones para la ejecución de las actividades objeto del contrato, más
allá de una simple coordinación para el cumplimiento obligacional; el
acatamiento de horarios y turnos; la restricción al uso de implementos de
oficina o puesto de trabajo; la limitación para la ejecución de las actividades a
las instalaciones de la entidad o a las designadas por ella; la imposibilidad de
gestionar documentación por fuera de la misma; y la necesidad de tramitar
permisos o solicitudes para ausentarse, ante autoridades administrativas o
superiores, entre otras.

En ese orden de ideas, para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo
aducido por la entidad demandada, las pruebas allegadas en el curso del
proceso permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por la
señora Quevedo Gutiérrez se encontraban enmarcadas dentro del alcance de
los objetos de los contratos de prestación de servicio que suscribió con la
E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel de manera directa, debió cumplir y acatar
instrucciones y directrices a instancias de la misma, por superiores que
determinaban su desempeño, el cumplimiento de horarios, y el sometimiento
a trámites administrativos, eliminando el carácter autónomo e independiente
de los contratos de esta naturaleza.

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado:23001-23-33-000-2013-00300-01(2396-16). Demandante:
Yadira Morales Morelo. Demandado: E.S.E. Camú Iris López Durán, Coosalud Ltda y Copsalusinú S.A.S.
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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18

Por otra parte, en sentencia C-171 de 2012, respecto a la potestad de las
Empresas Sociales del Estado para contratar la prestación de servicios por
fuera de la planta de personal de la entidad, reiteró los límites constitucionales
trazados sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de que
se contraten mediante prestación de servicios funciones permanentes o
propias de la entidad, que se puedan desarrollar con personal de planta o que
no requieran de conocimientos especializados, principios que constituyen el
marco constitucional para la celebración de contratos de prestación de
servicios por estas entidades, así:

«(viii) En cuanto a los límites fijados a la contratación estatal en pro de la defensa
del derecho al trabajo, de los derechos de los servidores públicos y de los
principios que informan la administración pública, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que los contratos de prestación de servicios son válidos
constitucionalmente, siempre y cuando (a) no se trate de funciones propias y
permanentes de la entidad; (b) no puedan ser realizadas por el personal de
planta, y que (c) requieran de conocimientos especializados.

(ix) Respecto de la determinación de lo que constituye función permanente en
una entidad, la Corte ha fijado para su reconocimiento los criterios (a) funcional,
(b) temporal o de habitualidad, (c) de excepcionalidad, y (d) de continuidad.

(x) La jurisprudencia ha insistido en la regla según la cual, para el ejercicio de
funciones de carácter permanente en la administración pública, no pueden
celebrarse contratos de prestación de servicios, porque para ese efecto deben
crearse los empleos requeridos. Por tanto, la Sala reitera la prohibición de
vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas para
desempeñar funciones propias o permanentes de las entidades de la
administración pública, regla que se deriva directamente de los artículos 25, 53,
122 y 125 de la Constitución.

(xi) La prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios cuando se
trata de desempeñar funciones permanentes en la administración, tiene como
finalidad, la protección del derecho al trabajo, la garantía de los derechos de los
trabajadores y de los servidores públicos, y el impedir que los nominadores
desconozcan los principios que rigen la función pública. En armonía con lo
anterior, la regla general es que el ejercicio de funciones permanentes en la
administración pública debe realizarse con el personal de planta, que
corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el
concurso de méritos.

(xii) En armonía con lo expuesto, la Corte ha reiterado la inconstitucionalidad de
todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar
de que puedan utilizar figuras legalmente válidas, como el contrato de prestación
de servicios, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación
contractual o falsear la verdadera relación de trabajo (…)»

De acuerdo con lo anterior, la facultad de contratación otorgada a las
Empresas Sociales del Estado para prestar servicios de salud mediante la
contratación de terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando: i) no
se trate de funciones permanentes o propias de la entidad; ii) cuando estas
funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o; iii)
cuando se requieran conocimientos especializados, toda vez que para prestar
los servicios inherentes a su responsabilidad, las Empresas Sociales del
Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y
suficiente que les permita atender y desarrollar sus funciones.

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19

En ese orden de ideas, no puede el Hospital demandado justificar la
vinculación permanente de personal bajo la modalidad de contratos por
prestacion de servicios, al amparo del cumplimiento de su deber consitucional
en la prestación del servicio de salud, o de su situacion financiera que, de otro
lado, debe ser estructurada y planeada de conformidad con los lineamientos
legales, sin que se transgredan prerrogativas de rango superior, como lo son
las garantías laborales.

En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran un contrato de trabajo, debe declararse la existencia
de una relación laboral encubierta entre la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel
y la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez, por el periodo arriba
referenciado.

Segundo problema jurídico.

¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso no se encuentra
configurada el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho la demandante, toda vez que
entre los diferentes contratos de prestación de servicios no se verificaron
interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, y no transcurrieron
tres años entre la terminación del último vínculo y la reclamación
administrativa.

Prescripción aplicada a las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes

En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196818 y 102 del Decreto 1848 de 196919 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.

Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,

18
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
19
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»

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20

estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad20:

«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)

Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
20
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).

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21

contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)

Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción el vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.

En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202121, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).

En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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22

para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contar como una única
relación.

Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de aseverar que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.

Conforme a lo anotado en el primer problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación contractual directa de la demandante con
la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel, entre el 1.º de julio de 2009 y el 31 de
julio de 2013.

Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez
prestó sus servicios como Nutricionista al Hospital demandado, durante el
lapso comprendido entre el 1.º de abril de 2009 y el 31 de julio de 2013.

Así, de conformidad con lo señalado en la multicitada sentencia de unificación,
el estudio de la prescripción deberá efectuarse siempre que se aborde y
compruebe la existencia de la relación laboral reclamada, pues el hecho de
que esté contenido el derecho pensional, que se recuerda, es imprescriptible
no implica que esa imprescriptibilidad se haga extensiva a los demás derechos
laborales que derivan del contrato de trabajo subyacente.

Por su parte, el recurso de apelación incluyó dentro de sus peticiones la de
revisar la procedencia del fenómeno de prescripción extintiva del derecho, en
caso de no serle favorables las consideraciones del presente pronunciamiento.

En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se tiene que la
última fecha en la que el demandante estuvo vinculado contractualmente con
la entidad demandada, corresponde al 31 de julio de 2013.

Conforme la revisión efectuada en el plenario, se encuentra probado que la
solicitud administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales, fue radicada ante el Gerente de la E.S.E. Hospital de
Meissen II Nivel el 22 de agosto de 201322.

A su turno, se tiene que el escrito petitorio fue presentado ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo el 31 de marzo de 201423.

22
Folios 3 a 5.
23
Folio 88.

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23

En tal sentido, por tratarse de una vinculación ininterrumpida al servicio
público, el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a
partir de la finalización del periodo laborado, lo que quiere decir que, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la vinculación laboral
(que como se indicó, corresponde a un único lapso comprendido entre el 1.º
de julio de 2009 y el 31 de julio de 2013), corrió hasta el 31 de julio de 2016;
luego, no se evidencia la prescripción de las prestaciones causadas, por virtud
de la relación laboral comprobada.

En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno prescriptivo sobre las prestaciones a que hay lugar a
reconocer, por virtud de la comprobación de la relación laboral entre las partes.

Tercer problema jurídico

¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión?

Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron
haber sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante
el tiempo en que se acreditó la relación laboral.

Sea lo primero indicar que en el caso concreto la orden de cancelación de
aportes a seguridad social en pensión y salud no fue objeto de apelación por
parte de la demandada, pues sobre este punto sus argumentos se encuentran
dirigidos de manera general a la improcedencia del reconocimiento y pago de
prestaciones sociales a favor de la demandante. Sin embargo, extender el
argumento del recurso a la orden impartida por el juez de primera instancia,
no comprende para esta Sala vulneración al principio de la no reformatio in
peius en tanto la providencia bajo analisis ordenó el pago a la demadnante de
las cotizaciones a pensión y salud que debió trasladar la demandada a los
fondos respectivos durante el periodo acreditado en que ésta prestó sus
servicios, desconociendo la naturaleza y finalidad de dichos aportes a
seguridad social, conforme pasa a explicarse.

Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto
de 2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los
cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad,
aunque no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las
cotizaciones adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.

Dicha circunstancia conlleva a que, con fundamento en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, también se verifiquen los aspectos
relacionados con la orden impartida por el tribunal de primera instancia de
cancelar al interesado los aportes que debieron efectuarse al Sistema de
Seguridad Social en Salud, por razón de su naturaleza y finalidad.

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24

En ese sentido, la mencionada providencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021, sostuvo en materia de devolución y retorno de aportes a salud y
pensión lo siguiente:

«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se
adopta, merece especial consideración lo señalado por la misma Corte
Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección
constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica
de los aportes a salud y pensión, expuso, de manera concreta, lo siguiente:

Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden
ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la
seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance
del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente:

“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad
social que se encuentren depositados en entidades financieras en
liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y
utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad
social.

Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de
los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en
pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos
recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y
iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos
parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las
indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de
las enfermedades de alto costo”.

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-
577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97),
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos,
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen,
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones
y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].

162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en
armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella»,24 […].

24
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.

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25

163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y
empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no
gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y
utilización para fines distintos a los consagrados en ella.

164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección25 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,26 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer».27

165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,28 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera,
de contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.

166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Así, si bien la providencia en cita, refiere de manera específica las
circunstancias que demarcan la improcedencia de la devolución de aportes en
salud y pensión, la misma resulta extensible a la disposición que se efectúe de
pago o cancelación de cotizaciones directamente al beneficiario, por cuanto se
reitera, el concepto de aportes comprende la salvaguarda de ciertas
contingencias que tienen amparo constitucional y que por su misionalidad
ostentan la calidad de ser parafiscales, no destinados a hacer parte del
patrimonio de la persona titular.

25
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23
33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273
de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago
y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo»

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26

De lo que se sigue entonces que, en este caso, también resulta inadmisible
considerar el traslado de montos reconocidos por concepto de salud, a favor
de la persona beneficiaria de una relación laboral encubierta o subyacente.

En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad
social en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración
de la existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad
de los derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de
unificación del 26 de agosto de 2016.

Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
como tampoco el reconocimiento directo a éste, de montos dejados de cotizar
por parte del empleador, sino las cotizaciones adeudadas que podrían afectar
la liquidación del valor pensional, y que se derivan de la relación de trabajo
comprobada, que comprende la obligación, a cargo del empleador/contratante,
de efectuar los correspondientes aportes al sistema.

De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los aportes
efectuados por este concepto por parte del contratista, o de la cancelación a
favor de éste de los dejados de efectuar por el empleador, sino al efectivo pago
del porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al
contratante por virtud de la mencionada relación de trabajo.

En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización
que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en
consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por la demandante por
concepto de salud y pensión o la cancelación a la interesada de los montos
dejados de aportar por el empleador; y, en esa medida, el reconocimiento al
que hay lugar es solo en materia pensional, y comprende el traslado de los
aportes al fondo respectivo, en el porcentaje que le correspondía al
contratante, conforme quedó suficientemente aclarado en líneas que
anteceden, por lo que habrá de modificarse en lo pertinente la sentencia de
primera instancia.

Decisión de segunda instancia

Por las razones expuestas la Subsección modificará el ordinal segundo de la
sentencia impugnada, la cual quedará de la siguiente manera:

«A título de restablecimiento del derecho, condenar a la E.S.E. Hospital de
Meissen II Nivel a reconocer y pagar a la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho,
causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 1.º de julio de 2009 y
el 31 de julio de 2013, tiempo durante el cual prestó su servicio como nutricionista
al referido Hospital de manera directa. Para ello se tomará como base de

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27

liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.

Condenar a la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel a realizar las cotizaciones a
pensión a favor de la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez, por el periodo
durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es, entre el 1.º de julio de
2009 y el 31 de julio de 2013, observando para ello, el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional29
del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora
Quevedo Gutiérrez como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos
de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.»

Finalmente, confirmará en todo lo demás la providencia recurrida.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201630 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente

29
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a
los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
30
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

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realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP31, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En consecuencia, en el presente caso no hay lugar a condenar en costas de
segunda instancia a ninguna de las partes, toda vez que, si bien el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada no tuvo vocación de
prosperidad, no se observó actuación procesal por parte de la demandante en
sede de segunda instancia que demostrara su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de abril de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, interpuso la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez en contra de la
E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel, el cual queda así:

«A título de restablecimiento del derecho, condenar a la E.S.E. Hospital de
Meissen II Nivel a reconocer y pagar a la señora Nidia Soledad Quevedo
Gutiérrez las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho,
causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 1.º de julio de 2009 y
el 31 de julio de 2013, tiempo durante el cual prestó su servicio como nutricionista
al referido Hospital de manera directa. Para ello se tomará como base de
liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los

31
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.

Condenar a la E.S.E. Hospital de Meissen II Nivel a realizar las cotizaciones a
pensión a favor de la señora Nidia Soledad Quevedo Gutiérrez, por el periodo
durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es, entre el 1.º de julio de
2009 y el 31 de julio de 2013, observando para ello, el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional32
del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora
Quevedo Gutiérrez como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos
de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.»

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida.

Cuarto: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

32
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a
los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

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