Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01601-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01601-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01601-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2014-01601-02 (3112-2024)
Demandante: Aidé Rincón García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01601-02 (3112-2024)
Demandante: Aidé Rincón García
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución – caducidad - intereses moratorios
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia del 9
de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual declaró no probadas las excepciones de caducidad y
prescripción, y ordenó seguir adelante con la ejecución en favor de Aidé Rincón
García.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. La señora Aidé Rincón García formuló demanda ejecutiva con el fin de lograr
el cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 2 de marzo de 2006, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 04-1559 instaurado contra la Caja
Nacional de Previsión Social.
1 Folio 51 del expediente.
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Demandante: Aidé Rincón García
3. En esa decisión se ordenó a la autoridad administrativa reliquidar la pensión
de jubilación de la interesada con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicios. Igualmente, se reconoció el
pago de las diferencias de mesadas pensionales causadas con los reajustes
autorizados por la Ley 100 de 1993.
4.La ejecutante consideró que el cumplimiento del fallo se realizó de forma
parcial, dado que no se efectuó el pago de los intereses moratorios contenidos
en el inciso 5° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, ordenados
en la sentencia judicial y reconocidos en el acto administrativo de cumplimiento.
5. Por lo anterior, solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de la
UGPP por la suma de $48.056.257 por dicho concepto con su correspondiente
indexación.
1.2. Mandamiento de pago
6. El tribunal, por auto de 9 de febrero de 20212, libró mandamiento ejecutivo
contra la UGPP y a favor de Aidé Rincón García por las siguientes sumas: i)
$18.842.133, correspondientes a los intereses moratorios causados desde el 11
de julio de 2006 (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia judicial – título
ejecutivo) hasta el 25 de agosto de 2007 (fecha del primer pago); ii) $6.579.074,
correspondientes a intereses moratorios desde el 11 de julio de 2006 hasta el 25
de agosto de 2010 (fecha del segundo pago).
7. Indicó que, aunque el fallo que constituye el título ejecutivo no determinó en
su parte resolutiva una liquidación detallada de las sumas adeudadas a la
ejecutante, la condena sí se produjo de manera concreta, pues de su lectura era
posible efectuar la liquidación mediante simples operaciones aritméticas.
8. Precisó que para la liquidación del mandamiento de pago se tendrían en
cuenta los documentos allegados junto con la demanda, es decir, la sentencia y
las resoluciones 00961 de 5 de junio de 2007 y 00138 de 8 de enero de 2009,
por medio de las cuales CAJANAL dio cumplimiento al fallo judicial.
9. Añadió que el mandamiento de pago se libraría de la forma considerada legal
por el juez y no conforme a lo solicitado, atendiendo las facultades que este tiene
conforme el artículo 430 del CGP3. Ello, debido a que no era procedente ordenar
el pago por $48.056.257, como se solicitó, ya que a la ejecutante le fueron
realizados dos pagos: el primero por la suma de $70.069.523 el 25 de agosto de
2007 y el segundo por $5.712.242 el 25 de agosto de 2010, ambos por conceptos
2 Folios 120 y siguientes del expediente.
3 En particular se citó el siguiente apartado: «ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la
demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando
al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere
legal (…)».
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de reliquidación de la pensión, con los cuales se le canceló la totalidad de la
obligación.
10. En consecuencia, lo procedente era librar mandamiento de pago por concepto
de intereses moratorios, por las sumas de $18.842.133 (causados entre el 11 de
julio de 2006 y el 25 de agosto de 2007) y $6.579.074 (causados entre el 11 de
julio de 2006 y el 25 de agosto de 2010).
1.3. Contestación de la demanda
11. La UGPP presentó escrito de defensa4 con las siguientes excepciones:
12. Caducidad de la acción: Aseguró que la demanda ejecutiva fue presentada
por fuera del término legal previsto, conforme a lo establecido en la norma
procesal aplicable al caso.
13. Prescripción: Señaló que, conforme el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969,
las prestaciones sociales prescriben a los tres años contados a partir de la
petición. Al respecto, la jurisprudencia ha precisado que, si bien el derecho a la
pensión de jubilación y su reajuste no prescribe, las mesadas pensionales sí lo
hacen. Por lo tanto, en el caso bajo estudio se configuró la prescripción de todas
las obligaciones pensionales, así como de los intereses corrientes, moratorios y
de la indexación, causados con anterioridad a los tres años anteriores a la
presentación de la demanda.
14. Genérica: Solicitó que, en virtud de los poderes oficiosos del juez, se
declararan probadas las excepciones que encuentre probadas.
II. SENTENCIA APELADA
15. El tribunal dictó sentencia el 9 de diciembre de 20215, en la que ordenó seguir
adelante con la ejecución contra la UGPP, declaró no probadas las excepciones
propuestas y no condenó en costas.
16. Indicó
que el mandamiento de pago se libró por concepto de intereses
moratorios así: i) desde el 11 de julio de 2006 hasta el 25 de agosto de 2007, por
la suma de $18.842.133, y ii) desde el 11 de julio de 2006 hasta el 25 de agosto
de 2010, por $6.579.074.
17. Sobre la excepción de caducidad, señaló que era la misma prescripción y
rememoró que se había declarado mediante auto del 10 de julio de 2014. No
obstante, el Consejo de Estado revocó esa decisión en proveído del 21 de junio
de 2018, por considerar que la demanda se había interpuesto en término. Razón
4 Folios 128 y siguientes del expediente.
5
Folios 162 y siguientes del expediente.
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por la cual, expresó que no era posible pronunciarse al respecto, en tanto debía
estarse a lo resuelto.
18. Explicó que los documentos objeto del recaudo cumplen con los requisitos
generales y especiales para predicar que de ellos emana un título ejecutivo, por
lo que dictó la sentencia de seguir adelante con la ejecución.
1.6. Recurso de apelación
19. Laparte ejecutada6 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, en el que solicitó su revocatoria y expuso los siguientes
argumentos:
20. Censuró la orden de pago de intereses moratorios, toda vez que la entidad,
mediante la Resolución RDP 21676 del 24 de agosto de 2021, resolvió la solicitud
presentada por ese concepto, reconociendo la suma de $2.821.086.
21. Expuso que la extinta CAJANAL mediante resolución 0961 de 5 de junio de
2007 dio cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, reliquidando los nuevos factores salariales de la pensión de vejez
en favor de la ejecutante. En consecuencia, elevó la cuantía de la pensión a la
suma de $710.027, efectiva a partir del 1 de enero de 1998 y con efectos fiscales
desde el 1 de octubre de 1999.
22. Posteriormente, mediante Resolución 0138 del 8 de enero de 2009, CAJANAL
modificó la parte motiva del acto administrativo anterior y realizó una nueva
reliquidación de la pensión. En consecuencia, el retroactivo fue pagado en la
nómina de agosto de 2010.
23. Con base en lo anterior, explicó que los intereses moratorios se calculan sobre
las mesadas indexadas causadas desde la fecha de ejecutoria de la sentencia
declarativa hasta el pago efectivo del retroactivo, con salvedad de las
interrupciones en su causación por los periodos muertos, en los cuales no se
calculan intereses.
24. En ese sentido, teniendo en cuenta que la fecha de ejecutoria de la sentencia
declarativa fue el 10 de julio de 2006 y la presentación de la demanda ejecutiva
fue el 10 de julio de 2014, se evidencia que se superaron los términos para
presentar la acción ejecutiva.
25. Además, atendiendo que era competencia de CAJANAL tramitar la solicitud
de cumplimiento, no se deben reconocer y liquidar intereses moratorios desde el
12 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de 2013.
6 Folios 170 y siguientes del expediente.
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1.7 Trámite de segunda instancia
26. El 5 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación7 y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, y 322 del CGP.
28. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.
2.2. Problema jurídico
29. Le corresponde a la Sala resolver ¿si en este caso se presentó la caducidad
de la acción ejecutiva? y ¿si por el proceso de liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social, ¿cesó para la administración la obligación de pagar los
intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo derivados de la sentencia objeto de ejecución?
2.3. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo
30. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»9.
7 Índice 04 aplicativo SAMAI segunda instancia.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000
2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
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31. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».10 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 11 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
32. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.12 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió13.
33. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
10 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
11 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
12 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
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cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido14.
34. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 15,
antes 497 del CPC16.
35. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP17, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
15«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste
mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
16 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el
juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
17 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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2.4. Intereses moratorios
36. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.
37. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto
con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en
consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.
2.5. Cuestión previa – caducidad de la acción ejecutiva
38. Tal y como lo advirtió el Tribunal de primera instancia, no es posible abrir el
debate de sí se configuró o no la caducidad en el caso concreto, ya que, a través
de la providencia con fecha de 21 de junio de 2018, proferida en segunda
instancia por el Consejo de Estado en el caso de la referencia, se concluyó que
la demanda ejecutiva había sido presentada oportunamente.
39. En gracia de discusión, por ser una excepción propuesta luego de trabada
la litis, se advierte que en el escrito por el cual la recurrente descorrió el traslado
otorgado en el auto que libró el mandamiento de pago, se propuso entre otras, la
excepción de caducidad, fundada en que la acción fue ejercida por fuera del
término legal.
40. Sin embargo, la Sala reitera que en este caso no se produjo el fenómeno
de la caducidad de la acción ejecutiva, dado que esta se suspendió mientras
perduró el proceso de liquidación de CAJANAL, esto es, entre el 12 de junio de
2009 y el 11 de junio de 2013. Por lo tanto, como la sentencia que se ejecuta
quedó ejecutoriada el 10 de julio de 2006, su exigibilidad ocurrió el 10 de enero
de 2008; tenía la parte ejecutante hasta el 10 de enero de 2013 para presentar
la demanda, fecha para la cual estaba suspendido el término de caducidad.
41. Así las cosas, desde la exigibilidad de la obligación 10 de enero de 2008
hasta el inicio del proceso de liquidación de CAJANAL (12 de junio de 2009),
había transcurrido un lapso de 1 año, 5 meses y 2 días; y como esta se suspendió
hasta el 11 de junio de 2013, a partir del 12 de los mismos se reiniciaba su conteo
por el tiempo que faltaba para cumplir los cinco años, esto es, 3 años, 6 meses y
28 días, los cuales se cumplieron el 8 de enero de 2017, fecha hasta la cual podía
presentarse la demanda ejecutiva; la cual fue interpuesta el 22 de abril de 2014,
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razón por la que en este caso no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, de
ahí que, este reparo no tiene vocación de prosperidad.
2.6. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
39. A pesar de que el Consejo de Estado en múltiples decisiones ha interpretado
que la toma de posesión con el propósito de liquidar una sociedad «constituye
fuerza mayor a la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma, y esta
circunstancia tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de
intereses moratorios»33, el debate giró en torno a la liquidación de sociedades
como consecuencia de procesos de liquidación forzosa administrativa, cuya
naturaleza es divergente al procedimiento que finalizó con la extinción de
CAJANAL.
40. Debido a ello, no le asiste la razón a la UGPP en su reproche, puesto que la
liquidación de la referida institución se originó en una decisión del presidente de
la República por razones político-administrativas, cuyos riesgos y en atención al
principio de responsabilidad del Estado, no pueden ser asumidos por el acreedor
particular, pues se afectaría el equilibrio de las cargas públicas, generándose un
daño antijurídico.
41. La corporación,20 en los casos en los que la ejecutada ha efectuado reparos
frente a los intereses moratorios que se reconocen por el no pago de
obligaciones, a pesar del proceso liquidatorio que afrontó CAJANAL, ha
señalado lo siguiente:
«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza
pública, cuyas condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena
de poner en riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».
42. En consecuencia, el procedimiento de liquidación de la entidad ejecutada no
es razón legal para impedir la causación de intereses moratorios, frente a la no
satisfacción completa u oportuna de la obligación reclamada; conforme a la línea
jurisprudencial de esta Subsección y lo dispuesto en el artículo 177 del CCA. Por
consiguiente, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada, pues en el
período comprendido entre el 11 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013, sí
hubo causación de intereses a favor de la ejecutante18.
43. Por otra parte, el órgano de previsión social señaló que el período de
liquidación de los intereses sería a partir de la ejecutoria del fallo objeto de
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 23 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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Demandante: Aidé Rincón García
ejecución y hasta la fecha efectiva de pago, pero por una suma menor a la
liquidada en el mandamiento de pago, es decir, por $2.821.086, según la
resolución RDP 21676 del 24 de agosto de 2021 que aporta en segunda
instancia.
44. Sin embargo, para la Sala el argumento no está llamado a prosperar, pues no
refutó la liquidación efectuada por el juez de primer grado ni dio argumentos con
relación a ello; tampoco especificó información concreta que replicara lo
determinado en primera instancia, es decir, no controvirtió ni allegó algún
elemento probatorio que permita llegar a una conclusión distinta a la del Tribunal,
razón por la cual no hay lugar a variar lo resuelto.
45. Y sin perjuicio de lo anterior, tal y como sentenció el a quo, la etapa pertinente
para la determinación definitiva de lo adeudado es la liquidación del crédito,
conforme el artículo 446 del CGP. De modo que será en dicha etapa en que las
partes, si a bien lo tienen, presenten la liquidación correspondiente con la
finalidad de determinar el monto adeudado.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
46. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
47. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no
se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se ordenó
seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Edwin
Hernando Hernández Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.823.073
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Demandante: Aidé Rincón García
del San Vicente del Caguán y tarjeta profesional 347.660 del C.S de la J., como
apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del poder otorgado.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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