Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01809-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01809-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01809-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2014 01809 01 (0358-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Teobaldo Enrique Urbina Ospino
Tema: Lesividad. Fraude global. Devolución de dineros obtenidos de
mala fe. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revocar parcialmente la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderada judicial,
acudiendo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 5774
de 19 de febrero de 2014 y RDP 9909 de 25 de marzo del mismo año, por medio
de la cual se reconoció una pensión gracia a favor de Teobaldo Enrique Urbina
Ospino. Y como restablecimiento del derecho, condenar al demandado a restituir
las sumas pagadas por concepto de pensión gracia, debidamente indexadas.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. Relató la parte actora que, en el trámite administrativo adelantado por el docente,
la entonces Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL negó mediante
Resolución 4988 de 28 de enero de 2005, el reconocimiento de la pensión gracia,
por no cumplir las exigencias de ley.
4. Inconforme con lo anterior, el interesado interpuso acción de tutela que fue
1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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resuelta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué -
Bolívar con fallo de 6 de octubre de 2006 ordenando el reconocimiento y pago de
una pensión gracia a favor del señor Teobaldo Enrique Urbina Ospino, teniendo en
cuenta todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior a
adquirir el estatus pensional, pagando retroactivamente los valores adeudados
debidamente reajustados.
5. Con Resoluciones RDP 5774 de 19 de febrero de 2014 y RDP 9909 de 25 de
marzo del mismo año, se atendió a lo dispuesto en el fallo de tutela del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué y se reconoció la pensión gracia.
Finalmente, con la demanda se solicitó la suspensión provisional de este último acto
administrativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
6. Indicó que con el reconocimiento pensional se infringieron los artículos 1, 2, 6,
121, 128 y 209 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 24 de
1947, 4° de 1966, 33 de 1985 y 71 de 1988. El Decreto - Ley 1743 de 1966 y 224
de 1972.
7. Argumentó que el señor Urbina Ospino no tendría derecho al reconocimiento
pensional por cuanto no cumplió con los requisitos establecidos por la ley,
principalmente 20 años de servicio como docente con vinculación territorial o
nacionalizada, pues, la prestación del servicio fue como docente nacional, lo cual
contraría abiertamente las disposiciones aplicables, circunstancia que no fue tenida
en cuenta por el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, al ordenar el
reconocimiento de la prestación del demandado.
1.4. Contestación de la demanda2
8. Con auto de 26 de mayo de 2014, se admitió la demanda; luego, con proveído
de 27 de septiembre de 2016, el tribunal negó la suspensión provisional de las
Resoluciones RDP 5774 de 19 de febrero de 2014 y RDP 9909 de 25 de marzo del
mismo año, que en cumplimiento del fallo de tutela reconoció la pensión gracia.
9. El señor Teobaldo Enrique Urbina Ospino a través de apoderado se opuso a
la prosperidad de las pretensiones alegando que el acto fue expedido en
cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, dentro de una acción de tutela que amparó sus derechos
fundamentales y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia, providencia que
hizo tránsito a cosa juzgada al no haber sido impugnada ni seleccionada para
revisión por la Corte Constitucional. En consecuencia, afirmó que se trata de un acto
de ejecución que no es susceptible de control jurisdiccional, salvo que se modifique
la orden judicial que le dio origen.
10. Asimismo, sostuvo que sí tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
en la medida en que se encontraba posesionado como docente antes del 31 de
2 Folios 346 al 449 del cuaderno 2 del expediente físico
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diciembre de 1980, lo que, a su juicio, lo ubicaba dentro del régimen
de transición aplicable. Que, si bien su vinculación se produjo mediante
nombramiento del Ministerio de Educación Nacional, dicha circunstancia no
desvirtuaba su derecho a la prestación, por tratarse de un docente nacionalizado y
por no ser exigible una vinculación territorial exclusiva ni una continuidad
ininterrumpida del servicio, siempre que se cumplieran los requisitos previstos en
las Leyes 114 de 1913 y 37 de 1933. Se opuso a la restitución de las mesadas
percibidas y a la condena en costas; y propuso como excepciones de fondo el cobro
de lo no debido y la buena fe.
1.5. Sentencia de primera instancia3
11. Con fallo de 29 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Señaló que el docente no
acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia,
ya que la mayor parte de su tiempo de servicio fue prestado como docente del orden
nacional, particularmente en el INEM Ciudad Kennedy de Bogotá, cuando dicho
beneficio está previsto únicamente para quienes hubieren laborado como docentes
territoriales o nacionalizados durante más de veinte (20) años.
12. En relación con el restablecimiento del derecho solicitado consistente en la
devolución de los valores cancelados al demandado por concepto de pensión
gracia, el tribunal indicó que no existía prueba que demostrara que el docente
conociera las irregularidades atribuidas al juez constitucional y al abogado que
promovió la acción de tutela mediante la cual se obtuvo el reconocimiento.
13. En ese sentido, consideró que el docente se encontraba amparado por la
presunción de buena fe, pues resulta razonable que una persona que otorga poder
a un abogado confíe en su actuación profesional y en la legalidad de los trámites
adelantados, sin que pudiera presumirse que participó en maniobras fraudulentas o
que conocía la eventual irregularidad del reconocimiento pensional, razón por la cual
no procedía ordenar la devolución de las sumas percibidas.
1.6. Recursos de apelación4
14. El demandado a través de apoderado, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia; sobre el particular, indicó que sí cumplió los requisitos para el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, que si bien fue nombrado como
docente nacional, ello no lo imposibilitaba para ser beneficiario de la prestación
reclamada, principalmente porque se encontraba sujeto a la planta de personal del
Distrito de Bogotá como docente, acatando órdenes y cumpliendo horarios, que el
pago de salarios provenía de la entidad territorial, por lo que no se trataba de una
docente nacional.
15. Mencionó que el fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
3 Folios 776 a 783 del expediente físico
4
Recurso de la parte demandada visible en los folios 792 a 823 del expediente físico
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circunstancia declarada por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia5, y, por tanto, el acto administrativo expedido en cumplimiento de dicha
orden judicial no puede ser objeto de estudio por otro juez, ya que ello afectaría el
debido proceso del docente.
16. Adicionalmente, solicitó oficiar al Ministerio de Educación Nacional y a la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Educación, con el fin de que certificaran
aspectos relacionados con su vinculación, pagos salariales y prestacionales,
subordinación, cumplimiento de horarios y la eventual existencia de una relación
laboral de carácter territorial.
17. De otro lado, la parte actora –UGPP- presentó recurso de apelación; sostuvo
que sí procede el reintegro de los valores cancelados, en tanto la prestación fue
reconocida sin que el beneficiario cumpliera los requisitos legales, particularmente
el relativo a acreditar más de veinte (20) años de servicio como docente territorial o
nacionalizado.
18. Señaló que, pese a que CAJANAL había negado previamente el reconocimiento
por no cumplirse dichas condiciones, el docente acudió a la acción de tutela en lugar
de utilizar la vía ordinaria ante la jurisdicción contencioso administrativa para
obtener el reconocimiento de la prestación, incluso ante un despacho judicial
ubicado en un lugar distinto a su domicilio y al sitio donde prestó sus servicios, lo
que, a su juicio, evidencia el desconocimiento de las reglas de procedibilidad y
competencia de dicho mecanismo constitucional.
19. Añadió que tales circunstancias desvirtúan la presunción de buena fe y que,
conforme a la jurisprudencia de las altas Cortes, resulta procedente ordenar la
devolución de las sumas pagadas con ocasión de una decisión judicial irregular en
sede de tutela.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Con proveído de 10 de febrero de 2020, se admitieron los recursos de apelación
presentados por las partes.
21. En esta instancia la parte demandada promovió incidente de nulidad contra la
sentencia del 29 de agosto de 2019, al considerar vulnerado el debido proceso, por
cuanto, la decisión se habría fundado en pruebas obtenidas y valoradas
irregularmente, con desconocimiento del derecho de contradicción y del artículo 122
de la Constitución Política, además de incurrir en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, razón por la cual solicitó, adicionalmente, el decreto de
pruebas de oficio. Del mismo se dio traslado a través de auto de fecha 13 de
noviembre de 2020.
22. A su turno, la UGPP solicitó negar el incidente de nulidad por improcedente, al
5
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Radicado: 13001-22-13-000-2012-00192-01. Sentencia de 31 de julio
de 2012.
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estimar que no se configuró ninguna de las causales taxativas
previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso y que la petición
buscaba reabrir el debate de fondo y solicitar pruebas extemporáneamente.
23. Mediante auto interlocutorio del 29 de agosto de 2025, se rechazó el incidente,
al concluir que los argumentos expuestos no se enmarcaban en ninguna de las
causales taxativas de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del CPACA, pues la inconformidad planteada se
dirigía a controvertir el mérito probatorio y la legalidad de la sentencia, y no a
irregularidades procesales relacionadas con la obtención, decreto, práctica o
contradicción de las pruebas; asimismo, negó la solicitud de pruebas de oficio por
no cumplirse los supuestos previstos en los artículos 212 y 213 del CPACA.6
24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
25. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto.
2.2 Del problema jurídico
26. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente: ¿Se encuentra viciado de nulidad
el acto acusado, o por el contrario el docente cumplía con todos los requisitos para
que le fuera reconocida y pagada la pensión gracia? ¿Se encuentra acreditada la
mala fe del señor Teobaldo Enrique Urbina Ospino, para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, y en consecuencia hay lugar a ordenar la devolución de las
sumas percibidas por tal concepto?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La pensión gracia
27. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales y exige además de los
20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 1 de enero de 1981.
6
También se negó la solicitud de pruebas mediante auto interlocutorio del 05 de diciembre de 2025.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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28. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989
se regularon distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación
a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
29. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales.8
30. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20189 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.
31. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se destacan:
8 Al respecto se refirió la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas
de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
32. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que: «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».10
33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. El principio de la buena fe
34. La Constitución Política en su artículo 83 estableció que « Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.». Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C–840 de 2001, se pronunció de la
siguiente manera:
«La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con
trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los sujetos
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en
tanto se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos
en sus relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la
esfera de los deberes y obligaciones. Por ello mismo, todo comportamiento
deshonesto, desleal o que acuse falta de colaboración, de parte de uno de los extremos
de la relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda
la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el
fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.»
35. De igual forma, esta Corporación ya se ha referido frente a la aplicación del
principio de la buena fe en el derecho administrativo así:
«El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes públicos
no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente
en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la Administración y a su
vez ésta puede confiar en aquel; confianza que en todo caso, debe desprenderse de
signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan racionalmente al administrado a
confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede
deducirse de manera subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no
objetivas.»11
36. Para casos como el que hoy nos ocupa, en cuanto a la solicitud de recuperación
de dineros como consecuencia del pago de prestaciones sociales pagadas a
particulares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en el artículo 164, establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo y recalca que «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
2.3.3. El fraude global
37. La jurisprudencia, en coherencia con los postulados constitucionales y legales
antes descritos, ha protegido a los particulares a los que, por error de la
administración, se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas, no
obstante, esta protección no ocurre cuando se presentan actuaciones dudosas de
tipo global que tienen como objetivo el reconocimiento de una pensión.
38. Así, esta Sección en la sentencia de 1º de septiembre de 2014 estudió la
legalidad de un reconocimiento pensional en cumplimiento de una orden de tutela,
aplicando como precedente la sentencia T-218 de 2012 en la cual la Corte
Constitucional se pronunció sobre el fraude procesal en la obtención del
reconocimiento y pago de una pensión gracia, al respecto, la sentencia de nulidad
y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, indicó lo siguiente:
«[…], en un caso similar en sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012, pues en su
entender se configuran para el sub lite elementos de identidad frente a las condiciones
de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un fraude como es: instaurarla
en un lugar apartado de: (i) el domicilio del actor, (ii) el último lugar de prestación de
servicios, (iii) o del lugar de expedición de los actos administrativos previos, situaciones
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicado: 25000-23-
25-000-2002-13188-01 (0807 –2008).
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que ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»12
39. Al resolver el problema jurídico planteado en el mencionado proceso
contencioso, la Sala de decisión tuvo en cuenta las circunstancias que llevaron al
reconocimiento de una pensión gracia a favor de una docente que no cumplía con
los 20 años de servicio docente en el orden territorial, esto es, haber recibido una
negativa de la administración para el reconocimiento y, posterior a ello, acudir junto
con un grupo de personas, ante un juez diferente al de su circunscripción territorial
quien con orden de tutela le concedió la prestación.
40. El anterior análisis ha sido desarrollado de manera reiterada para poder
establecer si en los diferentes casos se presentan hechos o situaciones que ponen
en entredicho la buena fe al momento de definir el estatus pensional. En sentencia
de 26 de noviembre de 2011 esta Sala indicó:
«De acuerdo a lo expuesto, es dable predicar que se presenta un fraude global en los
siguientes eventos: i) cuando la entidad de previsión social haya negado el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto cuando luego de la negativa prestacional
por parte de la entidad de previsión social, el docente acuda a través del ejercicio de la
acción de tutela en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar de prestación de
servicios, o ii) del lugar de expedición de los actos administrativos previos, pues tales
situaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»13
41. Cabe destacar que recientemente esta Subsección ha resuelto asuntos con
similares fundamentos fácticos y jurídicos, entre otros, con la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, expediente con radicado 25000 23 42 000 2014 01635 03
(3617– 2023).
2.4. Caso concreto
42. Previo a analizar el cumplimiento de requisitos, y en cuanto al argumento del
demandado, de que en el caso particular se configuró la cosa juzgada constitucional
respecto del fallo de tutela expedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, por medio del cual se otorgó el derecho discutido, la Sala estima que no
tiene vocación de prosperidad, toda vez que no existe identidad de objeto, en tanto
con la acción constitucional se persigue la protección de derechos fundamentales
de manera inmediata, y con el medio de control ante la jurisdicción contenciosa se
persigue el control de la legalidad de los actos administrativos, del cual puede
desprenderse un restablecimiento del derecho de llegar a ser el caso.
43. Adicional a lo anterior, vale la pena resaltar que el juez de tutela no puede
reemplazar al juez natural de la causa, además, las ordenes impartidas por aquel
son de manera transitoria, en tanto que el juez natural tome la decisión respecto de
los actos que otorgan o niegan el derecho pretendido. Así, es claro que en el asunto
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-23-25-000-
2011-00609-02 (3130-2013).
13 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Radicado:
68001-23-33-000-2013-00231-03 (1024-2016). / Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Radicado: 50001 23
33 000 2013 00060 01 (3336-2018) / Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Radicado: 52001-23-33-000-2014-
00202-02 (4818-2019).
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 01809 01 (0358-2020)
bajo examen no prospera el argumento expuesto por el recurrente
en el escrito de alzada.
2.4.1. Del cumplimiento de los requisitos
44. De acuerdo con lo observado en el expediente, la Sala encuentra acreditado
que Teobaldo Enrique Urbina Ospino nació el 29 de abril de 1939, cumpliendo 50
años de edad el 29 de abril de 198914; de igual manera, prestó servicio docente tras
nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, que, si bien no se
allegó copia del acto de nombramiento, es una circunstancia que no se encuentra
en discusión y que es aceptada por las partes.
45. En certificado de tiempo de servicio expedido el 18 de julio de 2013 por la
secretaría de educación del Distrito de Bogotá15 y en constancia emitida el 02 de
mayo de 2003 por el jefe de grupo de hojas de vida16, se indicó que aquel se vinculó
como docente en propiedad desde el 03 de febrero de 1976 hasta el 1° de enero de
2003, en el INEM Ciudad de Kennedy, ubicado en Bogotá, con un vínculo de
carácter nacional.
46. Así entonces, el material probatorio da cuenta que el demandado prestó
servicios como docente nacional, este último que conforme a lo establecido en el
artículo 1° de la Ley 91 de 1989, corresponde a los docentes que fueron vinculados
por nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió.
Adicionalmente, la Sala advierte que la vinculación del demandado se produjo para
proveer una plaza docente de carácter nacional, adscrita a un establecimiento
educativo creado y organizado por la Nación, como lo es el Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada –INEM– “Ciudad de Kennedy” de Bogotá.
47. En ese sentido, aun cuando la prestación del servicio se hubiera desarrollado
en el ámbito territorial, ello no muta la naturaleza del vínculo, pues la plaza provista
no correspondía a la planta territorial ni fue creada, financiada o administrada
autónomamente por la entidad territorial, sino que hacía parte de la planta nacional
del servicio educativo.
48. Bajo ese entendido, conforme a las reglas fijadas por la Sala Plena de la Sección
Segunda en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, lo determinante
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia es la naturaleza de la plaza
ocupada, y no el lugar físico de prestación del servicio ni la forma de ejecución
administrativa del mismo, razón por la cual el tiempo laborado por el demandado
conserva su carácter nacional y, por ende, no es computable para acreditar los
veinte (20) años de servicios exigidos para acceder a dicha prestación.
49. Así entonces, dado que la naturaleza del nombramiento en mención fue del
orden nacional, es claro que el tiempo de servicio docente desde 03 de febrero de
1976 hasta el 1° de enero de 2003, no resulta válido para ser tenido en cuenta para
14 Fotocopia del registro civil de nacimiento visible a folio 534 del cuaderno No. 1
15 Folio 158
16 Folio 535
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la pensión gracia. En consecuencia, el señor Urbina Ospino no tenía
derecho al reconocimiento y pago de la prestación reclamada, por lo
que la declaratoria de nulidad de la Resoluciones RDP 5774 de 19 de febrero de
2014 y RDP 9909 de 25 de marzo del mismo año dispuesta por el a quo, se
encuentra ajustada a derecho; y no prospera en este sentido el recurso de apelación
de la parte demandada.
2.4.2. De la buena fe
50. Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho deprecado, vale la pena
resaltar que el reconocimiento de la pensión gracia se produjo en cumplimiento del
fallo de tutela dictado el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, Bolívar, que accedió a las pretensiones de un grupo
significativo de docentes, entre ellos Teobaldo Enrique Urbina Ospino, y se ordenó
a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cada uno de los
accionantes.
51. En cumplimiento del fallo de tutela, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP expidió la
Resolución RDP 5774 del 19 de febrero de 2014, mediante la cual reconoció y
ordenó el pago de la pensión gracia a favor del señor Urbina Ospino, con efectividad
a partir del 2 de febrero de 1996, fecha en la que se consideró que había adquirido
el estatus pensional. No obstante, dicho acto administrativo fue posteriormente
modificado mediante la Resolución 009909 del 25 de marzo de 2014, al advertirse
un error en la fecha de efectividad de la prestación, pues, si bien inicialmente se fijó
el 2 de febrero de 1996, al consolidarse el derecho por cumplimiento del tiempo de
servicio la efectividad debía corresponder al día siguiente, esto es, el 3 de febrero
de 1996.
52. Sobre el reconocimiento antes mencionado, se resalta que, el docente
demandado en anterior ocasión solicitó el reconocimiento pensional y ello le fue
negado por contar únicamente con tiempos de servicio docente de naturaleza
nacional, como así dan cuenta la Resolución 4988 de 28 de enero de 2005.
53. Atendiendo lo descrito, para la Sala si le asiste razón a la entidad recurrente,
por cuanto es claro que se estructura la mala fe del señor Teobaldo Enrique Urbina
Ospino bajo la figura del fraude global, toda vez que habiendo obtenido la negativa
de la administración en una oportunidad respecto del reconocimiento de la pensión
gracia, presentó, a través de apoderado, una acción de tutela, junto con otras 79
personas, en el municipio de Magangué (Bolívar), es decir, en un distrito judicial que
no coincidía con su lugar de residencia (Bogotá), tampoco con el último lugar de
prestación del servicio (Bogotá), ni con el lugar en donde se expidieron los actos
que previamente le habían negado el derecho (Bogotá). Elementos que ha tenido
en cuenta la jurisprudencia para arribar a la conclusión del fraude global, y que tal
como se ilustró, se configuran en el presente asunto.
54. De manera que, contrario a lo decidido por el tribunal de instancia, las
actuaciones que rodearon el reconocimiento de la pensión gracia llevan a demostrar
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que los dineros se percibieron de mala fe por parte del docente, en
la medida que conociendo las razones que llevaron inicialmente a CAJANAL a negar
lo pedido, presentó acción de tutela, por intermedio de abogado, en un municipio
distante a su domicilio, con el fin de obtener, sin el lleno de requisitos legales, una
sentencia judicial favorable, como finalmente ocurrió; circunstancia que, en casos
similares17, ya ha sido analizada y definida de la siguiente manera:
«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del
circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado18 asumir el conocimiento de este
mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la
subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no residía
ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento de
Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello
ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la
pensión gracia había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo
determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en
que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener
decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la
que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar
que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y que le
fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento de
efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó19»20.
55. En ese orden, el hecho de que el docente no haya actuado de manera directa
sino a través de apoderado, no desvirtúa la mala fe en los términos antes reseñados.
Así, al advertirse la ocurrencia de las situaciones fácticas que dan paso al fraude
global, tiene vocación de prosperidad el recurso de la parte actora –UGPP-, siendo
necesario revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, en
cuanto negó la devolución de sumas.
17 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-
03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-
2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-00371-02 (6522-2022) Sentencia
de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de
octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de
2024. Sentencias de 19 de febrero de 2026, expedientes 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004-2024) y 41001
23 33 000 2014 00270 02 (3749– 2018)
18 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la
presentación de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus
efectos…»
19 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación:
3130-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien
figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron
acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en
estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes
de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso,
que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás
situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución
de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que
deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como se pidió en la
demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia
de 22 de febrero de 2018.
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56. En su lugar se dispondrá la devolución de los dineros
devengados por concepto de la pensión gracia reconocida, debidamente indexadas,
a favor de la UGPP. Los valores adeudados serán actualizados de acuerdo con la
siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
57. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en
que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma
señalada en el último inciso del artículo 192 del C.P.A.C.A. Por tratarse de pagos
de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada
mesada prestacional.
2.5. Condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En consecuencia, se impondrán costas al demandado -parte vencida-, por
haber resultado vencido en la alzada. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia de 29 de agosto de
2019, en cuanto negó la devolución de las sumas percibidas por concepto de
pensión gracia.
En su lugar, ordenar al señor Teobaldo Enrique Urbina Ospino devolver a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ꟷUGPPꟷ las sumas pagadas por concepto de la pensión gracia
reconocida a través de las Resoluciones RDP 5774 de 19 de febrero de 2014 y RDP
9909 de 25 de marzo del mismo año, por medio de las cuales reconoció y ordenó el
pago a su favor a partir del 03 de febrero de 1996; actos declarados nulos.
Las sumas resultantes a favor de la entidad demandante se ajustarán en su valor,
en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente
decisión.
SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia apelada
TERCERO. Condenar en costas al demandado–parte vencida- en esta instancia
de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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