Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00153-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2014-00153-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00153-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2014-00153-03
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Balmes Hernández Santana
Tema: Lesividad. Fraude global. Devolución de dineros obtenidos de
mala fe. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revocar parcialmente la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 13 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial,
acudiendo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad, solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 045252
de 30 de septiembre de 2013, por medio de la cual se reconoció una pensión gracia
a favor de Balmes Hernández Santana. Y como restablecimiento del derecho,
condenar al demandado a restituir las sumas pagadas por concepto de pensión
gracia, así mismo, que los valores correspondientes sean ajustados e indexados en
forma retroactiva; y se condene en costas al demandado.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. Relató la parte actora que el señor Hernández Santana laboró como docente del
orden nacional desde el 26 de febrero de 1975 hasta el 06 de agosto de 2003.
4. En el trámite administrativo adelantado por el docente, la entonces Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL negó de manera reiterada el reconocimiento de la
pensión gracia, por no cumplir las exigencias de ley, como así dan cuenta las
1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
Resoluciones No. 43624 del 14 de diciembre de 2005 y No. 24454 del 29 de mayo
de 2007.
5. Más adelante, mediante la Resolución No. 20961 del 15 de mayo de 2008, la
entidad resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa, y finalmente, por
medio de la Resolución No. 63293 del 31 de diciembre de 2008, se decidieron los
recursos de reposición y apelación interpuestos.
6. Inconforme con lo anterior, el interesado interpuso acción de tutela que fue
resuelta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar con fallo
de 6 de octubre de 2006 ordenando el reconocimiento y pago de una pensión gracia
a favor del señor Balmes Hernández Santana, teniendo en cuenta todos los factores
salariales causados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus
pensional, pagando retroactivamente los valores adeudados debidamente
reajustados.
7. Con Resolución RDP 045252 de 30 de septiembre de 2013 se atendió a lo
dispuesto en el fallo de tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
y se reconoció la pensión gracia efectiva a partir del 01 de septiembre de 1999.
Finalmente, con la demanda se solicitó la suspensión provisional de este último acto
administrativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Indicó que con el reconocimiento pensional se infringieron los artículos 128 de
la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989; y el Decreto 2277 de 1979.
9. Argumentó que el señor Hernández Santana no tendría derecho al
reconocimiento pensional por cuanto no cumplió con los requisitos establecidos por
la ley, principalmente 20 años de servicio como docente con vinculación territorial o
nacionalizada, pues, la prestación del servicio fue como docente nacional, lo cual
contraría abiertamente las disposiciones aplicables, circunstancia que no fue tenida
en cuenta por el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, al ordenar el
reconocimiento de la prestación del demandado y un grupo significativo de
personas.
1.4. Contestación de la demanda2
10. Con auto de 26 de mayo de 2014, se admitió la demanda; luego, con proveído
de 06 de octubre de 2014, el tribunal decretó la suspensión provisional de la
Resolución 045252 de 30 de septiembre de 2013, que en cumplimiento del fallo de
tutela reconoció la pensión gracia, y ordenó a la entidad tomar las medidas
administrativas para que no pudiera ejecutarse dicho acto; decisión que fue
recurrida, y confirmada por el Consejo de Estado con auto de 27 de abril de 2017.
2 Folios 197 al 265 del cuaderno principal del expediente físico
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
11. El señor Balmes Hernández Santana a través de apoderado se opuso a la
prosperidad de las pretensiones alegando que el acto fue expedido en cumplimiento
de una orden judicial proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, dentro de una acción de tutela que amparó sus derechos fundamentales
y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia, providencia que hizo tránsito a
cosa juzgada al no haber sido impugnada ni seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional. En consecuencia, afirmó que se trata de un acto de ejecución que
no es susceptible de control jurisdiccional, salvo que se modifique la orden judicial
que le dio origen.
12. Asimismo, sostuvo que sí tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
en la medida en que se encontraba posesionado como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, lo que, a su juicio, lo ubicaba dentro del régimen de transición
aplicable. Que, si bien su vinculación se produjo mediante nombramiento del
Ministerio de Educación Nacional, dicha circunstancia no desvirtuaba su derecho a
la prestación, por tratarse de un docente nacionalizado y por no ser exigible una
vinculación territorial exclusiva ni una continuidad ininterrumpida del servicio,
siempre que se cumplieran los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913 y 37
de 1933. Se opuso a la restitución de las mesadas percibidas y a la condena en
costas; y propuso como excepciones de fondo el cobro de lo no debido y la buena
fe.
1.5. Sentencia de primera instancia3
13. Con fallo de 13 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
14. Expuso que el docente no acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser
beneficiario de una pensión gracia, en la medida que el tiempo de servicio fue del
orden nacional desde el 26 de febrero de 1975 hasta el 06 de agosto de 2003, esto
es, por más de 20 años; por lo tanto, el acto de reconocimiento pensional objeto de
demanda, no es propiamente un acto de ejecución, dado que no cuenta con una
actuación administrativa previa y fue expedido en cumplimiento de un fallo emanado
de un juez constitucional y no de un juez ordinario, por lo que procede su nulidad en
cuanto creó una situación jurídica respecto del hoy demandado.
15. Asimismo, el tribunal descartó los argumentos de la defensa relativos a la
aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, a su condición de docente
nacionalizado y a la existencia de cosa juzgada derivada del fallo de tutela, al
considerar que dicha transición no resulta aplicable a la pensión gracia, que el
establecimiento donde laboró era de carácter nacional y que la acción de tutela no
definió la legalidad del acto administrativo acusado.
16. Respecto al restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro de los
valores cancelados a favor del demandado por concepto de pensión gracia, el
3 Visible en el archivo 058SalidaSentenc_20140015300UGPPvsBAL.pdf del expediente digital que
reposa en el aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
tribunal indicó que la UGPP no logró probar que el accionado hubiera actuado de
mala fe, por lo que no resulta procedente dicha pretensión.
17. Finalmente dispuso el levantamiento de la suspensión provisional de la
Resolución RDP 045252 del 30 de septiembre de 2013.
1.6. Recursos de apelación4
18. El demandado a través de apoderado, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia; sobre el particular, indicó que sí cumplió los requisitos para el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, que si bien fue nombrado como
docente nacional, ello no la imposibilitaba para ser beneficiario de la prestación
reclamada, principalmente porque se encontraba sujeto a la planta de personal del
departamento del Huila como docente, acatando órdenes y cumpliendo horarios,
que el pago de salarios provenía de la entidad territorial, por lo que no se trataba de
una docente nacional.
19. Mencionó que el fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
circunstancia declarada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia5, y, por
tanto, el acto administrativo expedido en cumplimiento de dicha orden judicial no
puede ser objeto de estudio por otro juez, ya que ello afectaría el debido proceso
del docente.
20. Adicionalmente, solicitó oficiar al Ministerio de Educación Nacional, a la
Secretaría de Educación del Departamento del Huila y a la Secretaría de Educación
del Municipio de Neiva, con el fin de que certificaran aspectos relacionados con su
vinculación, pagos salariales y prestacionales, subordinación, cumplimiento de
horarios y la eventual existencia de una relación laboral de carácter territorial.
21. De otro lado, la parte actora –UGPP- presentó recurso de apelación; expresó
su inconformidad con la decisión de no acceder a la pretensión de restablecimiento
del derecho, ya que considera que procede la devolución de dineros al encontrarse
demostrado que existe una afectación patrimonial de los recursos del sistema
general de pensiones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del mismo, generando a
su vez un enriquecimiento injustificado a favor del ciudadano.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
22. Con proveído de 9 de diciembre de 2024, se admitieron los recursos de
apelación presentados por las partes.
23. Mediante auto interlocutorio del 21 de noviembre de 2025, el despacho negó la
solicitud de pruebas formulada por el demandado en el recurso de apelación.
4
Recurso de la parte demandada visible en el archivo 061_MemorialWeb_Recurso-RecursodeApelacion.pdf. El recurso de la
parte actora se encuentra visible en el archivo 066_RecursoApelacionPorAdhesión.pdf del expediente digital
5
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Radicado: 13001-22-13-000-2012-00192-01. Sentencia de 31 de julio
de 2012.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
24. En esta instancia el Ministerio Público conceptuó que debe revocarse la
sentencia de primera instancia, al considerar que el acto administrativo demandado
—expedido por la UGPP en cumplimiento de una sentencia de tutela que reconoció
pensión gracia— constituye un acto de mera ejecución no susceptible de control
judicial, pues no creó, modificó ni excedió la orden impartida por el juez
constitucional. Argumentó que no se acreditan excepciones constitucionales,
legales ni jurisprudenciales que habiliten el control jurisdiccional de dicho acto, ya
que admitirlo implicaría desconocer la cosa juzgada constitucional, generar un
indebido choque de competencias entre la jurisdicción constitucional y la
contencioso-administrativa, y desnaturalizar la figura del juez natural.
25. A su turno, la entidad demandante y el demandado guardaron silencio.
26. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
27. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto.
2.2 Del problema jurídico
28. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente: ¿Se encuentra viciado de nulidad
el acto acusado, o por el contrario la docente cumplía con todos los requisitos para
que le fuera reconocida y pagada la pensión gracia? ¿Se encuentra acreditada la
mala fe del señor Balmes Hernández Santana, para obtener el reconocimiento de
la pensión gracia, y en consecuencia hay lugar a ordenar la devolución de las sumas
percibidas por tal concepto?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La pensión gracia
29. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales y exige además de los
20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 1 de enero de 1981.
30. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales.7
32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.
7 Al respecto se refirió la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
33. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas
de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
34. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que: «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».9
35. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. El principio de la buena fe
36. La Constitución Política en su artículo 83 estableció que « Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.». Al
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C–840 de 2001, se pronunció de la
siguiente manera:
«La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con
trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los sujetos
de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto se toma
como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus relaciones jurídicas,
esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de los deberes y
obligaciones. Por ello mismo, todo comportamiento deshonesto, desleal o que acuse
falta de colaboración, de parte de uno de los extremos de la relación jurídica, constituye
infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda la confianza puesta por el
interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el fundamento del tráfico
jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.»
37. De igual forma, esta Corporación ya se ha referido frente a la aplicación del
principio de la buena fe en el derecho administrativo así:
«El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes públicos
no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente
en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la Administración y a su
vez ésta puede confiar en aquel; confianza que en todo caso, debe desprenderse de
signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan racionalmente al administrado a
confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede
deducirse de manera subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no
objetivas.»10
38. Para casos como el que hoy nos ocupa, en cuanto a la solicitud de recuperación
de dineros como consecuencia del pago de prestaciones sociales pagadas a
particulares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en el artículo 164, establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo y recalca que «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
2.3.3. El fraude global
39. La jurisprudencia, en coherencia con los postulados constitucionales y legales
antes descritos, ha protegido a los particulares a los que, por error de la
administración, se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas, no
obstante, esta protección no ocurre cuando se presentan actuaciones dudosas de
tipo global que tienen como objetivo el reconocimiento de una pensión.
40. Así, esta Sección en la sentencia de 1º de septiembre de 2014 estudió la
legalidad de un reconocimiento pensional en cumplimiento de una orden de tutela,
aplicando como precedente la sentencia T-218 de 2012 en la cual la Corte
Constitucional se pronunció sobre el fraude procesal en la obtención del
reconocimiento y pago de una pensión gracia, al respecto, la sentencia de nulidad
y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, indicó lo siguiente:
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicado: 25000-23-
25-000-2002-13188-01 (0807 –2008).
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
«[…], en un caso similar en sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012, pues en su
entender se configuran para el sub lite elementos de identidad frente a las condiciones
de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un fraude como es: instaurarla
en un lugar apartado de: (i) el domicilio del actor, (ii) el último lugar de prestación de
servicios, (iii) o del lugar de expedición de los actos administrativos previos, situaciones
que ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»11
41. Al resolver el problema jurídico planteado en el mencionado proceso
contencioso, la Sala de decisión tuvo en cuenta las circunstancias que llevaron al
reconocimiento de una pensión gracia a favor de una docente que no cumplía con
los 20 años de servicio docente en el orden territorial, esto es, haber recibido una
negativa de la administración para el reconocimiento y, posterior a ello, acudir junto
con un grupo de personas, ante un juez diferente al de su circunscripción territorial
quien con orden de tutela le concedió la prestación.
42. El anterior análisis ha sido desarrollado de manera reiterada para poder
establecer si en los diferentes casos se presentan hechos o situaciones que ponen
en entredicho la buena fe al momento de definir el estatus pensional. En sentencia
de 26 de noviembre de 2011 esta Sala indicó:
«De acuerdo a lo expuesto, es dable predicar que se presenta un fraude global en los
siguientes eventos: i) cuando la entidad de previsión social haya negado el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto cuando luego de la negativa prestacional
por parte de la entidad de previsión social, el docente acuda a través del ejercicio de la
acción de tutela en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar de prestación de
servicios, o ii) del lugar de expedición de los actos administrativos previos, pues tales
situaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»12
43. Cabe destacar que recientemente esta Subsección ha resuelto asuntos con
similares fundamentos fácticos y jurídicos, entre otros, con la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, expediente con radicado 25000 23 42 000 2014 01635 03
(3617– 2023).
2.4. Caso concreto
44. Previo a analizar el cumplimiento de requisitos, y en cuanto al argumento de
que en el caso particular se configuró la cosa juzgada constitucional respecto del
fallo de tutela expedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, por
medio del cual se otorgó el derecho discutido, la Sala estima que no tiene vocación
de prosperidad, toda vez que no existe identidad de objeto, pues con la acción
constitucional se persigue la protección de derechos fundamentales de manera
inmediata, y con el medio de control ante la jurisdicción contenciosa se persigue el
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013).
12 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de noviembre de
2020. Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03 (1024-2016). / Sentencia de 25 de noviembre de
2021. Radicado: 50001 23 33 000 2013 00060 01 (3336-2018) / Sentencia de 25 de noviembre de
2021. Radicado: 52001-23-33-000-2014-00202-02 (4818-2019).
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
control de la legalidad de los actos administrativos, del cual puede desprenderse un
restablecimiento del derecho de llegar a ser el caso.
45. Adicional a lo anterior, vale la pena resaltar que el juez de tutela no puede
reemplazar al juez natural de la causa, además, las ordenes impartidas por aquel
son de manera transitoria, en tanto que el juez natural tome la decisión respecto de
los actos que otorgan o niegan el derecho pretendido. Así, es claro que en el asunto
bajo examen no prospera el argumento expuesto por el recurrente en el escrito de
alzada.
2.4.1. Del cumplimiento de los requisitos
46. De acuerdo con lo observado en el expediente, la Sala encuentra acreditado
que Balmes Hernández Santana nació el 1° de septiembre de 1949, cumpliendo 50
años de edad el 1° de septiembre de 199913; de igual manera, prestó servicio
docente tras nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, que,
si bien no se allegó copia del acto de nombramiento, es una circunstancia que no
se encuentra en discusión y que es aceptada por las partes.
47. En certificado de tiempo de servicio expedido el 06 de agosto de 2003 por la
secretaría de educación del departamento del Huila14, se indicó que el aquel se
vinculó como docente en propiedad desde el 26 de febrero de 1975 hasta por lo
menos la fecha de expedición del mismo, en el INEM Julián Motta Salas, ubicado
en Neiva, vínculo de carácter nacional.
48. Así entonces, no existe controversia frente al hecho de que el demandado
prestó servicios como docente nacional, este último que conforme a lo establecido
en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, corresponde a los docentes que fueron
vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió.
Adicionalmente, la Sala advierte que la vinculación del demandado se produjo para
proveer una plaza docente de carácter nacional, adscrita a un establecimiento
educativo creado y organizado por la Nación, como lo es el Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada –INEM– “Julián Mottas Salas” de Neiva.
49. En ese sentido, aun cuando la prestación del servicio se hubiera desarrollado
en el ámbito territorial, ello no muta la naturaleza del vínculo, pues la plaza provista
no correspondía a la planta territorial ni fue creada, financiada o administrada
autónomamente por la entidad territorial, sino que hacía parte de la planta nacional
del servicio educativo.
50. Bajo ese entendido, conforme a las reglas fijadas por la Sala Plena de la Sección
Segunda en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, lo determinante
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia es la naturaleza de la plaza
ocupada, y no el lugar físico de prestación del servicio ni la forma de ejecución
13 Fotocopia del registro civil de nacimiento visible a folio 31 del cuaderno No. 1
14 Folio 32 del cuaderno No. 1
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
administrativa del mismo, razón por la cual el tiempo laborado por el demandado
conserva su carácter nacional y, por ende, no es computable para acreditar los
veinte (20) años de servicios exigidos para acceder a dicha prestación.
51. De otro lado, el apoderado del demandado argumentó que, como consecuencia
de las situaciones administrativas de las que fue objeto y el haber estado vinculado
a la planta de personal del departamento del Huila y el municipio de Neiva, pasó a
ser del orden territorial; frente a esto la Sala advierte que dentro del material
probatorio allegado al proceso se incorporó un decreto expedido en el año 2004 15,
mediante el cual se dispuso un nombramiento de personal docente para prestar
servicios en el municipio de Neiva. No obstante, dicho acto no da cuenta de la
creación de una nueva situación administrativa ni de una modificación en la
naturaleza del vínculo, pues, se limita a regular aspectos operativos del servicio
educativo en el nivel territorial, sin alterar la adscripción nacional de la plaza provista
ni el régimen jurídico aplicable al cargo. En consecuencia, dicho decreto no tiene la
virtualidad de transformar la vinculación del demandado en una de carácter territorial
o nacionalizado.
52. Así entonces, dado que la naturaleza del nombramiento en mención fue del
orden nacional, es claro que el tiempo de servicio docente desde el 26 de febrero
de 1975 hasta el 06 de agosto de 2003, no resulta válido para ser tenido en cuenta
para la pensión gracia. En consecuencia, el señor Hernández Santana no tenía
derecho al reconocimiento y pago de la prestación reclamada, por lo que la
declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 045252 de 30 de septiembre de 2013
dispuesta por el a quo, se encuentra ajustada a derecho.
2.4.2. De la buena fe
53. Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho deprecado, vale la pena
resaltar que el reconocimiento de la pensión gracia se produjo en cumplimiento del
fallo de tutela dictado el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, Bolívar, que accedió a las pretensiones de un grupo
significativo de docentes, entre ellos Balmes Hernández Santana, y se ordenó a
CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cada uno de los
accionantes.
54. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela,
expidió la Resolución RDP 045252 de 30 de septiembre de 2013, por medio de la
cual reconoció y ordenó pagar a favor del señor Hernández Santana una pensión
gracia efectiva a partir del 1° de septiembre de 1999 -fecha en que se determinó
que había alcanzado el estatus pensional-.
55. Sobre el reconocimiento antes mencionado, se resalta que, el docente
demandado en varias oportunidades solicitó el reconocimiento pensional y ello le
15 Folio 95 a 101 del cuaderno principal No. 1
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
fue negado por contar únicamente con tiempos de servicio docente de naturaleza
nacional, como así dan cuenta las Resoluciones 43624 del 14 de diciembre de 2005,
24454 del 29 de mayo de 2007, 20961 del 15 de mayo de 2008, 63293 del 31 de
diciembre de 2008.
56. Atendiendo lo descrito, para la Sala es claro que se estructura la mala fe del
señor Balmes Hernández Santana bajo la figura del fraude global, toda vez que
habiendo obtenido la negativa de la administración en más de una oportunidad
respecto del reconocimiento de la pensión gracia, presentó, a través de apoderado,
una acción de tutela, junto con otras 79 personas, en el municipio de Magangué
(Bolívar), es decir, en un distrito judicial que no coincidía con su lugar de residencia
(Neiva), tampoco con el último lugar de prestación del servicio (Neiva), ni con el
lugar en donde se expidieron los actos que previamente le habían negado el
derecho (Bogotá). Elementos que ha tenido en cuenta la jurisprudencia para arribar
a la conclusión del fraude global, y que tal como se ilustró, se configuran en el
presente asunto.
57. De manera que, las actuaciones que rodearon el reconocimiento de la pensión
gracia llevan a demostrar que los dineros se percibieron de mala fe por parte del
docente, en la medida que conociendo las razones que llevaron inicialmente a
CAJANAL a negar en varias oportunidades lo pedido, presentó acción de tutela, por
intermedio de abogado, en un municipio distante a su domicilio, con el fin de obtener,
sin el lleno de requisitos legales, una sentencia judicial favorable, como finalmente
ocurrió; circunstancia que, en casos similares16, ya ha sido analizada y definida de
la siguiente manera:
«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del
circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado17 asumir el conocimiento de este
mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la
subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no residía
ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento de
Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello
ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la
pensión gracia había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo
determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en
que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener
decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la
16 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-
03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-
2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-00371-02 (6522-2022) Sentencia
de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de
octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de
2024.
17 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la
presentación de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus
efectos…»
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar
que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y que le
fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento de
efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó18»19
58. Así, al advertirse la ocurrencia de las situaciones fácticas que dan paso al fraude
global, tiene vocación de prosperidad el recurso de la parte actora –UGPP-, siendo
necesario revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, dado
que no se estructura la excepción de buena fe; y revocar parcialmente el numeral
cuarto de la sentencia, concretamente en cuanto negó la devolución de sumas.
59. En su lugar se dispondrá la devolución de los dineros devengados por concepto
de la pensión gracia reconocida, debidamente indexadas, a favor de la UGPP. Los
valores adeudados serán actualizados de acuerdo con la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
60. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en
que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma
señalada en el último inciso del artículo 192 del C.P.A.C.A. Por tratarse de pagos
de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada
mesada prestacional.
2.5. Condena en costas
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
18 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación:
3130-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien
figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron
acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en
estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes
de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso,
que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás
situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución
de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que
deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como se pidió en la
demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia
de 22 de febrero de 2018.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, se impondrán costas al demandado -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Huila.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia de 13 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, y en su lugar declarar no probada
la excepción de buena fe propuesta por el demandado.
SEGUNDO. Revocar parcialmente el numeral cuarto de la sentencia de 13 de
agosto de 2024, únicamente en cuanto negó la devolución de las sumas percibidas
por concepto de pensión gracia.
TERCERO. En su lugar, ordenar a el señor Balmes Hernández Santana devolver
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social ꟷUGPPꟷ las sumas pagadas por concepto de
la pensión gracia reconocida a través de la Resolución RDP 045252 de 30 de
septiembre de 2013, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago a su favor a
partir del 1° de septiembre de 1999; acto declarado nulo.
Las sumas resultantes a favor de la entidad demandante se ajustarán en su valor,
en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente
decisión.
CUARTO. Confirmar en lo demás la sentencia apelada
www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 03 (6004– 2024)
QUINTO. Condenar en costas al demandado–parte vencida- en esta instancia de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.