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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02527-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02527-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 8 de junio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone: Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011, dictada por el director de la Cámara de Representantes que reconoció y ordenó el pago de una prima técnica a la señora Luz Dary Segura Cordón. Tercero: Declarar la nulidad de la Resolución 2377 del 23 de agosto de 2011, que reajustó la prima técnica. Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto: Sin condena en costas en las dos instancias. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02527-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-02527-01 (2761-2024)
Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandada: Luz Dary Segura Cordón

Tema: prima técnica. Subtema 1: el reconocimiento requiere que el nombramiento
sea en propiedad. Subtema 2: Decreto Ley 1661 de 1991 y Decreto Reglamentario
2164 de 1991. Subtema 3: el Decreto 1724 de 1997 restringió los beneficiarios de la
prima técnica.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 8 de junio de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Cámara de Representantes solicita la nulidad de los actos administrativos que le
reconocieron a la demandada la prima técnica y la reajustaron hasta el valor del 50 %
del salario, con sustento en que no ejercía un cargo del nivel directivo, ejecutivo o
asesor como lo exige el Decreto 1724 de 1997. El Tribunal negó las pretensiones de
la demanda al considerar que la accionada tenía un derecho adquirido consolidado
antes del referido Decreto 1724 de 1997. Inconforme con esta decisión, la parte actora
interpuso recurso de apelación al indicar que el funcionario nombrado en encargo no
tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-02527-01 (2761-2024)
Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandada: Luz Dary Segura Cordón

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La Cámara de Representantes, mediante apoderado, presentó demanda el 16
de junio de 2014, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la señora Luz Dary Segura Cordón con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad de la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011, expedida por
la Cámara de Representantes, que le reconoció una prima técnica a la señora Luz
Dary Segura Cordón.

3. Declarar la nulidad de la Resolución 2377 del 23 de agosto de 2011 que reajustó
la prima técnica.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la señora Luz
Dary Segura Cordón la devolución de los dineros pagados por concepto de la prima
técnica, desde el 1° de junio de 2011. Asimismo, pidió que los valores sean indexados1.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Luz Dary Segura Cordón fue vinculada a la Cámara de
Representantes, en el cargo de mecanógrafa grado 03, mediante la Resolución MD
0203 del 13 de febrero de 1996.

7. La Resolución 1351 del 1° de junio de 2011 ordenó el reconocimiento de la
prima técnica equivalente al 50 % de la asignación básica mensual del empleo de
mecanógrafa, grado 03. No obstante, desde el 2006 la demandada desempeñaba el
cargo de transcriptora, nombrada en encargo por la Resolución 2229 del 5 de
septiembre de 2006.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La entidad demandante citó las siguientes normas vulneradas:

De la Ley 60 de 1990, los artículos 1°, 2, 3 y 6.
Del Decreto 2164 de 1991, el artículo 5.
Decreto 1661 de 1991.
Decreto 2174 de 1991.
Decreto 1724 de 1997.

1 Folios 31 a 44 del expediente físico.

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Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandada: Luz Dary Segura Cordón

9. Al explicar el concepto de violación, la entidad señaló que el cargo de
mecanógrafa no corresponde a los niveles directivo, jefe de oficina o asesor, de modo
que no cumple con los requisitos exigidos por los decretos 1661 de 1991, 2164 de
1991, 1724 de 1997, 1336 de 2003 y 2177 de 2006.

10. La Cámara de Representantes señaló que la demandada fue vinculada a través
de la Resolución MD 0203 del 13 de febrero de 1996, en el empleo de mecanógrafa
grado 03, «cargo que actualmente no ocupa y que conforme la ley no es susceptible
de reconocimiento de prima técnica, como quiera que dicho cargo no lo ejercía al
momento de otorgarla, [ya que] estaba ejerciendo era el de transcriptora grado 4».

11. Señaló que el Decreto 1724 de 1997 excluyó del reconocimiento de la prima
técnica a los empleados de los niveles técnico, auxiliar y profesional. En el mismo
sentido, el Decreto 1336 de 2003 se aplica a los empleados de la Cámara de
Representantes, de modo que la prima técnica solamente puede ser reconocida a los
empleados de los niveles directivo y asesor. Por consiguiente, la accionada en el
empleo de mecanógrafa grado 03 no es beneficiaria de la prima técnica.

12. Agregó que la demandada tampoco tendría derecho a la prima por el criterio
de evaluación de desempeño, «pues cómo se va a evaluar el desempeño en un cargo
que no ejerce, pues está realizando las actividades de un cargo que tiene en encargo,
en este caso transcriptora grado 4».

2.2. Contestación de la demanda

13. La señora Luz Dary Segura Cordón se opuso a las pretensiones de la demanda
al estimar que tiene un derecho adquirido al reconocimiento de la prima técnica desde
la vinculación en el año 1996, toda vez que es una empleada en carrera administrativa
que debe ser calificada periódicamente por sus superiores y consolidó el derecho
según las leyes 25 de 1973 y 52 de 1978. Igualmente, sostuvo que percibió los valores
pagados por concepto de la prima técnica amparada por la presunción de buena fe 2.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 8 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas.

15. Como fundamento de la decisión explicó que la señora Luz Dary Segura Cordón
fue nombrada en propiedad en el cargo de mecanógrafa grado 03, mediante la
Resolución MD 203 de 1996 y estaba inscrita en carrera administrativa. Expuso que la

2 Folios 263 a 281 del expediente físico.

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Resolución 1351 del 1.º de junio de 2011 le reconoció una prima técnica equivalente
al 50% del sueldo básico y luego fue encargada como transcriptora grado 4, cargo con
base en el cual se efectuó «el reconocimiento y reajuste de la prima técnica, teniendo
en cuenta el salario del cargo de transcriptora, generando una diferencia de
$165.786».

16. Por consiguiente, el Tribunal consideró que, aunque el Decreto 1724 de 1997
limitó el reconocimiento de la prima técnica, dejó a salvo los derechos de quienes ya
la venían percibiendo, aun cuando ocuparan cargos no incluidos en la nueva
regulación. Por tanto, estimó que la señora Luz Dary Segura Cordón tenía un derecho
adquirido a continuar recibiendo dicha prestación, así como a los reajustes
correspondientes, sin que normas posteriores pudieran desconocerlo. Dijo el Tribunal:

Para el caso en concreto se debe precisar que para la entrada en vigencia del Decreto
1724 de 1997, se limitó el reconocimiento de la prima técnica, no obstante, se estableció
que aquellos empleados a quienes le venía reconocida (sic) y que desempeñaban
cargos diferentes a los determinados en el decreto ibidem, seguirían percibiéndola, como
sucede en el presente caso.

17. Asimismo, precisó que en los eventos de nombramientos en encargo, la prima
técnica debe reconocerse, liquidarse y pagarse con base en el sueldo mensual del
cargo que perciba el empleado, ya sea el cargo inicial, el de ascenso o el de encargo,
según corresponda. Por último, no impuso condena en costas, al no advertir que no
existieron conductas dilatorias, fraudulentas o de mala fe en las actuaciones en el
proceso3.

2.4. Recurso de apelación

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación para que se revoque el fallo
y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda4.

19. En criterio de la entidad recurrente, el Decreto 1661 de 1991 reguló el régimen
de reconocimiento de la prima técnica, el cual fue modificado por el Decreto 1724 de
1997, norma que «eliminó la posibilidad de su reconocimiento en los niveles
profesional, técnico, administrativo y operativo»; no obstante, estableció un régimen
de transición en su artículo 4.

20. Posteriormente, el artículo 1.º del Decreto 1336 de 2003 dispuso que «la Prima
Técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por
cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter
permanente en los cargos de nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de
Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes

3 Folios 334 a 345 del expediente físico.
4 Samai, índice 72, proceso en el Tribunal 25000234200020140252700.

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funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo Especial
o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público».

21. En este orden de ideas, la entidad expuso que, mediante la Resolución MD 0203
de 1996, la señora Luz Dary Segura Cordón fue nombrada en el cargo de mecanógrafa
grado 03. Sin embargo, hizo énfasis en que solo hasta el 1.º de junio de 2011 solicitó
la prima técnica, prestación que le fue reconocida pese a que no ejercía un empleo de
los previstos en el Decreto 1724 de 1997, esto es, de los niveles directivo, asesor o
ejecutivo. Además, señaló que para esa fecha la demandada se encontraba nombrada
en encargo en el cargo de transcriptora grado 4, el cual venía desempeñando desde
el 5 de septiembre de 2006.

22. En relación con el nombramiento en encargo, adujo que la prima técnica
únicamente puede reconocerse a los empleados públicos designados en propiedad,
de manera que están excluidos quienes se encuentran nombrados en provisionalidad
o en encargo, conforme la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 27 de agosto de 20246, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y se prescindió del periodo de correr
traslado a las partes. El Ministerio Público no se pronunció y las partes guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

25. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

26. ¿La accionada tiene o no un derecho adquirido al reconocimiento y reajuste de la
prima técnica reconocida por la Cámara de Representantes, toda vez que fue

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2014-02004-01

(0350-2018), sentencia del 13 de febrero de 2020 y proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-05566-01 (712-
2021), sentencia del 22 de septiembre de 2022.
6 Samai, índice 5.

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nombrada en encargo, y para ser beneficiaria de la prima la designación debe ser en
propiedad?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

27. La prima técnica es un reconocimiento económico orientado a atraer o mantener
en el servicio del Estado a funcionarios altamente calificados. Desde el Decreto Ley
1661 de 1991, expedido por el presidente de la República quedó estructurada sobre
los siguientes criterios: i) formación avanzada y experiencia altamente calificada y ii)
evaluación del desempeño.

28. En lo que respecta a la reglamentación interna, el artículo 9 del referido Decreto
Ley 1661 de 1991 reguló el otorgamiento de la prima técnica precisando que «dentro
de los límites consagrados en el presente Decreto, las entidades y organismos
descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus juntas,
consejos directivos o consejos superiores, tomarán las medidas pertinentes para
aplicar el régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la
política de personal que adopten».

29. El Decreto 2164 de 19917, que reglamentó el Decreto Ley 1661 de 1991, reguló
que la prima técnica por evaluación de desempeño sería reconocida a los empleados
que ejercieran, en propiedad, cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo,
profesional, técnico, administrativo y operativo; cuya cuantía se determinaría por el jefe
del organismo y en las entidades descentralizadas por las Juntas o Consejos
Directivos o Superiores, según el caso. Además, precisó los elementos centrales, a
saber, la exigencia de que el servidor desempeñe el cargo en propiedad, la evaluación
mínima del 90% para la modalidad por desempeño, y las causales de pérdida del
beneficio, entre ellas el retiro del servicio, la sanción disciplinaria y la calificación
inferior al umbral exigido.

30. Más adelante, el Gobierno nacional en el Decreto 1724 de 1997 limitó el
reconocimiento de la prima técnica a los cargos directivo, asesor y ejecutivo, o sus
equivalentes en los diferentes órganos y ramas del Poder Público. De modo que
excluyó a los empleados de los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo.

31. Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de julio de 2000, consideró
que la exclusión de los niveles profesional y técnico no desconoció el derecho a la
igualdad, porque el presidente de la República podía variar el régimen de prima
técnica, cuya finalidad era mantener en el servicio a personas con conocimientos

7 ARTICULO 5º De la prima técnica por evaluación del desempeño. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica

los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente Decreto, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo,
profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales, y que obtuvieren un
porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90 %), como mínimo, del total de puntos de cada una de las
calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento.
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altamente especializados, lo que no condicionaba la facultad del Gobierno nacional
para determinar los niveles beneficiarios según las necesidades del servicio 8.

32. Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 previó un régimen de transición,
para «aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto,
continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las
condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su
otorgamiento»9.

33. Posteriormente, el Decreto 1336 de 200310 modificó los cargos susceptibles del
reconocimiento de la prima técnica. Luego, el Decreto 2177 del 29 de junio de 200611
aumentó la exigencia para efectos de obtener la prima técnica por formación avanzada
a cinco años de experiencia altamente calificada, con lo cual modificó el artículo 3 del
Decreto 2164 de 1991. Por último, el presidente de la República expidió el Decreto
1164 de 201212 que modificó el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991 en lo pertinente a
la prima técnica por evaluación de desempeño y señaló que solo tendrían derecho a
ella los empleados que ejercieran en propiedad, los cargos del nivel Directivo, Jefes
de Oficina Asesora y de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los Despachos
de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento
Administrativo, Subdirector de Departamento Administrativo, Superintendente,
Director de Establecimiento Público, Director de Agencia Estatal y Director de Unidad
Administrativa Especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del
Poder Público, y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento
(90%), como mínimo, del total de la última evaluación del desempeño, correspondiente
a un periodo no inferior a tres (3) meses en el ejercicio del cargo en propiedad.

34. En el caso del Congreso de la República, el artículo 9 de la Ley 52 de 1978 autorizó
el reconocimiento de la prima técnica hasta por el 40% de la asignación básica
mensual para determinados funcionarios del Congreso, con ponderación de estudios,
títulos y experiencia, al respecto señaló que:

Artículo 9º. Las Comisiones de la Mesa del Senado y de la Cámara de Representantes
podrán reconocer prima técnica hasta por un valor equivalente al cuarenta por ciento
(40 %) de la asignación básica mensual a los funcionarios elegidos por las plenarias
de ambas corporaciones; y los Directores Administrativos, a los Secretarios de las
Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes y a aquellos empleados cuyas
funciones sean de carácter técnico definido por la ley.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de julio de 2000, proceso con radicado CE-SEC2-
EXP2000-N0216-98, M.P. Alberto Arango Mantilla.
9 Este decreto fue derogado por el Decreto 1336 de 2003 “por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para

los empleados públicos del Estado”.
10 «Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado».
11 «Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras

disposiciones sobre prima técnica».
12 «Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del desempeño».

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La asignación de prima técnica se hará por resolución motivada e individual, previa
valoración de las calidades profesionales y personales que se relacionen directamente
con las funciones inherentes al cargo, mediante una ponderación de factores
correspondientes a los títulos, experiencia y calidad. Asignada la prima técnica, cesará
en su disfrute por cambio de cargo; sin embargo, si el nuevo empleo fuere susceptible
de su asignación, podrá decretarse.
El reconocimiento de prima técnica se hará con base en la siguiente proporción:
estudios y títulos, hasta un veinte por ciento (20 %) y, experiencia, hasta el veinte por
ciento (20 %) complementario.

35. Luego, la Ley 5 de 199213, en el artículo 386, determinó que los empleados
vinculados al Congreso antes de la expedición de la referida ley, y que fueron
nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirían disfrutando de las prestaciones
sociales «en los términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición
de esta Ley».

36.Ahora bien, la Comisión de la Mesa de la Cámara de Representantes, mediante la
Resolución 413 del 16 de julio de 1993 reglamentó la prima técnica para sus
empleados, en los siguientes términos:

Artículo primero: Reconócese Prima Técnica a los empleados de Planta y Unidad de
Trabajo Legislativo, de la Honorable Cámara de Representantes en los términos
establecidos por el Decreto Ley 1661 de 1991, Decreto 2164 de septiembre 17 de 1991
y Ley 52 de 1978.

[…]

Artículo cuarto: Para asignación de Prima Técnica se valorarán los factores
correspondientes, teniéndose en cuenta la asignación básica mensual de conformidad
con los siguientes niveles, dentro de los cuales se aplicarán los respectivos criterios de
evaluación de los requisitos:

1.- Ejecutivo.
2.- Asesor.
3.- Profesional.
4.- Técnico.
5.- Administrativo.
6.- Operativo.

Artículo quinto: Criterios.– Para evaluar en cada caso el otorgamiento de la Prima
Técnica, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

A.– Para los niveles Ejecutivo, Asesor y Profesional.
1.– Título de estudios de formación avanzada y tres años de experiencia calificada.
2.– Terminación de estudios de formación avanzada y seis años de experiencia
calificada.

13 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes».

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3.– Por evaluación del desempeño.
4.– Por otros estudios.
B.– Para los empleados que ocupen cargos en los niveles técnico, administrativo y
operativo, con base en el criterio de evaluación del desempeño.

37. Por su parte, esta corporación en un proceso de simple nulidad consideró que
desde la expedición del Decreto Reglamentario 2164 de 1991, se estableció el
requisito según el cual el empleado debía estar nombrado en propiedad para tener
derecho al reconocimiento de la prima técnica, en los criterios de formación avanzada
y experiencia, así como por evaluación de desempeño. En este orden de ideas, la
Sección Segunda, Subsección B concluyó que dicho decreto excluyó a quienes
estuvieran nombrados en provisionalidad o en encargo, así14:

Sobre el particular anota la Sala, que a partir del Decreto Reglamentario 2164 de 1991,
artículos 4º, 5º y 9º, por primera vez se incluye el requisito de estar nombrado en
propiedad, para que un servidor pueda serle reconocida la prima técnica […].

En ese sentido, de acuerdo con el marco normativo fijado por el Gobierno Nacional
para regular lo relacionado con el régimen de prima técnica en todas las entidades
públicas del orden nacional, dicha prestación sólo se otorgará a los servidores
indicados en los referidos decretos, siempre que estén designados con carácter
permanente o en propiedad, lo cual excluye, en virtud del principio de identidad, a
quienes estén designados en calidad de provisionales o en encargo.

38. Dicho criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado en el sentido que la prima técnica solamente se puede otorgar a los
empleados designados en propiedad. Se ha indicado que el encargo es un derecho
preferencial consistente en una situación administrativa que se concreta en una
designación temporal para que un servidor nombrado en carrera administrativa pueda
ejercer las funciones de otro empleo debido a la ausencia del titular, la cual no
interrumpe la continuidad en el servicio, pero no tiene la virtualidad de generar el
derecho al pago de la prima técnica, en tanto, no se ejerce el cargo en propiedad15.

3.4. Hechos probados relevantes

39. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Nombramientos

40. La Cámara de Representantes en la Resolución MD 0203 del 13 de febrero de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, proceso con radicado

11001-03-25-000-2013-00171-00 (0415-13), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, proceso con radicado

25000-23-42-000-2014-01728-01 (1589-19), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo sentido, consultar la
sentencia del 9 de febrero de 2023, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2019-00509-01 (2635-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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1996 ordenó el nombramiento en periodo de prueba de la señora Luz Dary Segura
Cordón para desempeñar el cargo de mecanógrafa grado 0316.

41. Mediante la Resolución MD 0807 del 3 de julio de 1996, la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, de acuerdo con la Resolución 001 de 1992, inscribió e
incorporó en carrera administrativa a algunos servidores públicos, entre ellos a la
señora Luz Dary Segura Cordón en el empleo de mecanógrafa grado 0317.

42.A través de la Resolución 0991 del 29 de mayo de 2001, la Cámara de
Representantes nombró en encargo a la señora Luz Dary Segura Cordón en el cargo
de secretaria ejecutiva grado 05, por el término de 84 días de la licencia de
maternidad18. Posteriormente, en la Resolución 2817 del 20 de noviembre de 2003, la
Cámara de Representantes nombró en encargo por 84 días a la demandada, en el
empleo de secretaria ejecutiva grado 0519.

43. La Cámara de Representantes, mediante la Resolución 2229 del 5 de septiembre
de 2006, designó en encargo a la señora Luz Dary Segura Cordón en el empleo de
transcriptor grado 0420.

• Reconocimiento y reajuste de la prima técnica

44. En el proceso obra la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011, dictada por el
director de la Cámara de Representantes que reconoció y ordenó el pago de una prima
técnica a la señora Luz Dary Segura Cordón. Consideró que tenía derechos de carrera
administrativa en el cargo de mecanógrafa grado 03 en el que se posesionó el 23 de
febrero de 1996 y había sido evaluada con calificación satisfactoria. Por ello, estimó
que había consolidado el derecho al reconocimiento de la prima técnica antes de la
entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997. El valor reconocido correspondió al 50
% sobre la asignación básica mensual del cargo de mecanógrafa grado 0321.

45. A través de la Resolución 2377 del 23 de agosto de 2011, el director administrativo
de la Cámara de Representantes afirmó que procedía reajustar la prima técnica para
los funcionarios nombrados en encargo; por consiguiente, ordenó el incremento de la
prima en el 50 % de la asignación básica mensual en el empleo de transcriptor grado
04, a favor de la demandada22.

16 Folio 21 del expediente físico.
17 Folios 13 a 15 del expediente físico.
18 Folios 17 a 18 del expediente físico.

19 Folios 19 a 20 del expediente físico.
20 Folios 27 a 28 del expediente físico.
21 Folios 22 a 23 del expediente físico.
22 Folios 24 a 26 del expediente físico.

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3.5. Caso concreto

46. En el asunto bajo análisis, la Cámara de Representantes solicita la nulidad de
las resoluciones 1351 del 1° de junio de 2011, por la cual le reconoció una prima
técnica a la señora Luz Dary Segura Cordón y 2377 del 23 de agosto de 2011 que
reajustó la prima técnica. La demanda indicó que la accionada no tiene derecho al
reconocimiento de la prima técnica porque el Decreto 1724 de 1997 excluyó los niveles
técnico, auxiliar y profesional. Agregó que el nombramiento en encargo tampoco da
lugar a otorgar la citada prima.

47. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que los empleados a quienes ya se les había reconocido la
prima técnica antes del Decreto 1724 de 1997 tenían derecho a seguir percibiéndola.

48. La Cámara de Representantes interpuso recurso de apelación para insistir en
que la demandada no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica, porque el
empleo de mecanógrafa no hace parte de los niveles directivo, asesor o ejecutivo.
Asimismo, señaló que el nombramiento en encargo como transcriptora, tampoco
conlleva el reconocimiento de la prima técnica.

49. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación, se destaca que
dentro del proceso está acreditado que la señora Luz Dary Segura Cordón fue inscrita
e incorporada en carrera administrativa en el empleo de mecanógrafa grado 03, a
través de la Resolución MD 0807 del 3 de julio de 199623. Posteriormente, fue
nombrada en encargo en el empleo de transcriptora grado 04, por disposición de la
Resolución 2229 del 5 de septiembre de 200624. La Cámara de Representantes le
reconoció la prima técnica en la Resolución 1351 del 1° de junio de 201125 al estimar
que tenía derechos de carrera administrativa en el cargo de mecanógrafa grado 03 y
luego la reajustó en el 50 % de la asignación básica del empleo de transcriptor grado
04, en el cual la demandada había sido nombrada en encargo26.

50. Así pues, para poder determinar si la accionada tenía derecho al reconocimiento
de la prima técnica, se establece que el Decreto Ley 1661 de 1991, en el artículo 3,
dispuso que para tener derecho a la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada se requería desempeñar un cargo de los «niveles
profesional, ejecutivo, asesor o directivo» y que «la Prima Técnica con base en la
evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles».

51. Ahora bien, el Decreto Reglamentario 2164 de 1991 estableció que para tener
derecho al reconocimiento de la prima técnica por cualquiera de los dos criterios

23 Folios 13 a 15 del expediente físico.
24 Folios 27 a 28 del expediente físico.
25 Folios 22 a 23 del expediente físico.
26 Folios 24 a 26 del expediente físico.

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(formación avanzada y experiencia altamente calificada, y evaluación de desempeño)
los empleados de los niveles destinatarios debían ejercer el cargo en propiedad.

52. Por consiguiente, para tener derecho al reconocimiento de la prima técnica la
señora Luz Dary Segura Cordón debía estar nombrada en propiedad. Sin embargo, en
el proceso se acreditó que para el año 2011 cuando la Cámara de Representantes le
reconoció la prima técnica, la demandada ejercía el empleo de transcriptor grado 04
nombrada en encargo a través de la Resolución 2229 del 5 de septiembre de 2006.
De donde se colige que no cumplía el requisito previsto por el Decreto Reglamentario
2164 de 1991.

53. Ahora bien, la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011 concedió la prima técnica
por evaluación de desempeño correspondiente al 50 % de la asignación básica del
cargo sobre el cual la demandada tenía derechos de carrera administrativa, esto es, el
empleo de mecanógrafa grado 03. No obstante, lo cierto es que para el 2011, la
demandada no ejercía en propiedad el cargo de mecanógrafa grado 03, sino que
estaba designada en encargo.

54. Adicionalmente, es relevante destacar que esta Subsección declaró la nulidad
de la Resolución 001 de 1992, con fundamento en la cual la Resolución MD 0807 del
3 de julio de 1996 inscribió e incorporó en carrera administrativa a la señora Luz Dary
Segura Cordón en el empleo de mecanógrafa grado 03. La sentencia del 25 de
septiembre de 1997 motivó la declaratoria de nulidad, así27:

En efecto, al referirse al régimen que habría de gobernar los cargos de carrera la
Constitución dispuso en el artículo 125:
[…]

Obsérvese cómo esta norma, preservando la preeminencia de la Carta, defiere
expresamente a la ley la competencia para regular los temas propios de la carrera
administrativa. Obviamente, al decir ley se refirió primeramente al Congreso de la
República como órgano legislativo, y sólo de manera subsidiaria y temporal autorizó al
presidente para los mismos efectos, según voces del artículo transitorio 21 […].

Ahora bien, en relación con la regulación de los cargos de carrera la Constitución no
facultó al Congreso para delegar su potestad legislativa en dependencias o instancias
de su propia estructura orgánica, pues de veras, en tratándose de la necesidad
institucional de proveer a una preceptiva legal el Congreso no tiene opción diferente a
la de actuar como un solo cuerpo, esto es, a través de las dos cámaras legislativas.
Apodíctica resulta entonces la expresión del artículo 50 de la Carta cuando prescribe
que:

“Corresponde al congreso hacer las leyes.”

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de septiembre de 1997, CE-SEC2-
EXP1997-N13397, expediente 13397, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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Además, en materia de facultades extraordinarias emanadas del Congreso como
órgano legislativo el numeral 10 del citado artículo 150 establece una cláusula general
de competencia, conforme a la cual únicamente el Presidente de la República puede
ser destinatario de las mismas, previendo incluso los casos que en tales facultades son
improcedentes. De suerte que en manera alguna podría admitirse la posibilidad de que
el Congreso le difiera a una autoridad diferente facultades extraordinarias para dictar
actos con fuerza de ley.

Empero, desoyendo el claro mandato de las normas superiores se dispuso en el
segundo inciso del artículo 92 Transitorio de la ley 5 de 1992:

"Hasta el 20 de julio de 1992, las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de
Representantes, mediante Resolución establecerán las funciones y requisitos de los
cargos y los procedimientos administrativos básicos. En el mismo término, las Mesas
Directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, por una sola vez expedirán
por Resolución conjunta el Estatuto de la Carrera Administrativa de la Rama
Legislativa."

Desde luego que esta norma es manifiestamente inconstitucional, motivo por el cual
debe predicarse su inaplicabilidad a la luz del control excepcional estipulado en el
artículo 4 de la Carta Política.

Bajo este espectro constitucional precisa preguntarse ahora, ¿cuál habrá de ser la
suerte del acto acusado?; sencillamente la de la nulidad. Y es que a decir verdad no
existe otra alternativa jurídicamente posible ante la evidente incompetencia de las
susodichas Mesas Directivas para emitir actos con fuerza de ley.

56. Por consiguiente, el criterio de la corporación ha consistido en que es
improcedente el reconocimiento de la prima técnica, cuando la incorporación en
carrera administrativa se basó en la Resolución 001 de 1992, porque las mesas
directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes no tenían
competencia para regular el procedimiento de selección para el ingreso a la carrera
administrativa28.

57. En este orden de ideas, la Subsección considera que la demandada no tenía
derecho al reconocimiento de la prima técnica en vigencia del Decreto Ley 1661 de
1991. Así pues, la accionada no detentaba un derecho adquirido bajo esta normativa,
por ello, tampoco es beneficiaria de la transición regulada en el artículo 4 del Decreto
1724 de 1997, para quienes ya tenían reconocida la prima técnica en los niveles
diferentes a los directivo, asesor o ejecutivo.

58. En consecuencia, para dar respuesta al problema jurídico, se determina que la
señora Luz Dary Segura Cordón no tiene derecho al reconocimiento de la prima

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2023, proceso con radicado

25000-23-42-000-2017-05589-01 (1648-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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técnica otorgada mediante la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011, toda vez que
no gozaba de un derecho adquirido y consolidado en vigencia del Decreto Ley 1661
de 1991, porque no estaba nombrada en propiedad. Además, la incorporación
efectuada con fundamento en la Resolución 001 de 1992 tampoco le otorgó derechos
de carrera administrativa.

59. Entonces se debe revocar el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución
1351 del 1° de junio de 2011 que reconoció la prima técnica a la señora Luz Dary
Segura Cordón y de la Resolución 2377 del 23 de agosto de 2011 que la reajustó.

60. Frente a la pretensión de la devolución de las sumas de dinero pagadas por
concepto del reconocimiento de la prima técnica, la Sala debe decir que el artículo 164
numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que cuando la demanda «se dirija contra actos que reconozcan
o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar
las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

61. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados29. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»30.

62. El artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe relacionada
con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades, la cual se presume»31 , así32:

Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”33. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada.’34”35

29 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
30 Ídem.
31 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

32 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
33 Ver Sentencia T-475 de 1992.
34 Ibidem.
35 Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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63. En el caso concreto y a la luz del mandato constitucional se presume la buena
fe de la señora Luz Dary Segura Cordón en la actuación de solicitar el reconocimiento
y reajuste de la prima técnica; no obstante, dicha presunción admite prueba en
contrario, lo cual obliga a remitirse al artículo 167 del Código General del Proceso
según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
prevén el efecto jurídico que ellas persiguen.

64. Entonces, la entidad actora tiene la carga de la prueba de demostrar los hechos
con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que la conducta de la
accionada fue contraria a los postulados de la buena fe, en su actuación ante la
administración pública. Sin embargo, a partir del análisis de la prueba documental
recaudada en el proceso no se infiere que la funcionaria haya inducido en error a la
Cámara de Representantes, mediante la utilización de documentos falsos.

65.En este orden de ideas, no hay lugar a ordenar que la accionada devuelva las
sumas pagadas por concepto de la prima técnica.

4. Costas

66. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

67. La demandada no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica
concedida mediante la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011, ni a los reajustes, por

36 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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cuanto no acreditó la existencia de un derecho adquirido y consolidado bajo la vigencia
del Decreto Ley 1661 de 1991, en la medida en que no se encontraba nombrada en
propiedad. Adicionalmente, la incorporación efectuada con fundamento en la
Resolución 001 de 1992 no le confirió derechos de carrera administrativa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 8 de junio de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 1351 del 1° de junio de 2011, dictada
por el director de la Cámara de Representantes que reconoció y ordenó el pago de
una prima técnica a la señora Luz Dary Segura Cordón.

Tercero: Declarar la nulidad de la Resolución 2377 del 23 de agosto de 2011, que
reajustó la prima técnica.

Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: Sin condena en costas en las dos instancias.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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