Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02569-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02569-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02569-02
Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
8 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Bogotá D. C. ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Expediente N° 25000-23-42-000-2014-02562-02
Número interno: 6602-2019
Demandante: Gilberto Álvarez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS y BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN
Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el día 15 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en la cual se resolvió de forma
desfavorable las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
Gilberto Álvarez Ramírez en contra de la Nación – Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, presentada el día 19 de junio de 20141,
tendiente a (1) declarar la nulidad de las Resoluciones 3891 del 24 de junio de 2013,
3572 del 1 de agosto de 2013, 4682 del 9 de septiembre de 2013, 6043 de 6 de
noviembre de 2013, expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca, y la Resolución No. 0163 del 31 de
enero de 2014, suscrita por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que
negaron tener en cuenta el 100% del salario básico mensual del accionante,
incluyendo la prima especial de servicios y la bonificación por compensación.
1 Folio 123.
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Número Interno: 6602-2019
Demandante: Gilberto Álvarez Ramírez
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Y, a título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó (2) ordenar
a la demandada a tener como factor salarial la prima especial de servicios y la
bonificación por compensación, y se proceda a reliquidar y pagar con los respectivos
intereses moratorios todas sus prestaciones, es decir que se proceda a pagar el
mayor valor de la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado ya como carga
prestacional y, para el caso de la bonificación por compensación lo que debía
haberse pagado en vigencia del Decreto 610 de 1998 al actor como magistrado de
la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, desde el 25 de octubre de 1999 al 15 de enero de 2002, como abogado
asistente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia , desde el 16 de enero
de 2002 al 8 de marzo de 2005 y como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de casación Laboral desde el 9 de marzo de 2005 hasta el 27 de
octubre de 2012 y hasta el momento en que se profiera la sentencia. Así mismo,
señaló que dicha reliquidación debe hacerse teniendo en cuenta el 100% de su
salario, sin descontar lo correspondiente a prima especial de servicios y bonificación
por compensación; (3) condenar a pagar las sanciones por mora contempladas en
el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995; (4) reconocer los intereses en los
términos del artículo 195 del CPACA; (5) actualizar la condenan desde la fecha en
que se hizo exigible el derecho hasta la ejecutoria de la sentencia; (6) solicitó
inaplicar las expresiones contenidas en los decretos que establecen que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial; (7) solicitó inaplicar las expresiones
de los decretos que establecen que la bonificación por compensación solo
constituye factor salarial para efecto del IBC del Sistema General de Pensiones y
de Salud; y (8) condenar en costas y agencias en derecho2.
1.2. La contestación de la demanda
La entidad Nación- Rama judicial contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones de la misma. Fundamentó su defensa en el argumento según el cual
la Ley 4 de 1992, establecido en su artículo 14, dicha prima no tiene carácter salarial,
situación reiterada en los distintos decretos salariales aplicables a los servidores de
la Rama Judicial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario
para la liquidación y pago de las primas de servicio, navidad, vacaciones, auxilio de
cesantía y bonificación por servicios prestados.
En cuanto a la bonificación por compensación hizo alusión a las normas que regulan
dicha prestación, y estableció que es indiscutible que tanto la bonificación por
compensación creada por el Decreto 610 de 1998, así como la que actualmente se
cancela, establecida en el Decreto 1102 de 2012, constituyen salario, pero no por
ello puede desconocer que esas mismas disposiciones limitan el carácter salarial
de dicho concepto, de donde es dable concluir que no constituye factor de salario
para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.
2 Folios 102-104 del expediente.
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Agregó que, conforme a los precedentes jurisprudenciales, ésta previsión que
aparece consagrada en los citados decretos, tiene fundamento en la facultad que la
propia Constitución le otorga al ejecutivo, para regular el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, de ahí que tengan la libertad para establecer
que determinadas prestaciones se liquiden sin consideración al monto total de la
remuneración, es decir, que cierta parte del ingreso del funcionario no constituya
factor para ciertos eventos, como es el caso de la bonificación por compensación.
Finalmente, indicó que la solicitud del demandante se encuentra encaminada a
conseguir el reconocimiento de la reliquidación y pago retroactivo de todas sus
prestaciones sociales, desde el 25 de octubre de 1999 al 15 de enero de 2002 y
desde el 9 de marzo de 2005 hasta el 27 de octubre de 2012, y la solicitud de
reconocimiento la presentó en mayo de 2013, por lo cual ha operado el fenómeno
prescriptivo trienal del pago de los derechos laborales3.
1.3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, a
través de sentencia del 15 de agosto de 2019, decidió negar las pretensiones de la
demanda, bajo los siguientes argumentos:
“(…)
De tal manera que, esta Sala Transitoria, siguiendo el derrotero de la ley
y las líneas jurisprudenciales antes referidas, reitera, que los artículos 14
y 15 de la Ley 4 de 1992 que la crearon, le quitaron expresamente el
carácter de salarial, y como se anotó, lo anterior fu reafirmado por la
Corte Constitucional al declarar exequibles las frases “sin carácter
salarial” del artículo décimo cuarto de la Ley 4 de 1992 y del artículo
décimo quinto de la Ley 4 de 1992. Esto es, que la prima especial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la bonificación por
compensación, consagrada en el artículo 15 ejusdem, no tiene carácter
de factor salarial a efectos de la liquidación y pago de las prestaciones
sociales y sólo tendrán el carácter de salarial para efectos de determinar
el valor de las pensiones de cualquier naturaleza, postura que se
mantendrá en virtud del necesario respeto a los principios de legalidad,
seguridad judicial e igualdad.
Para la Sala no hay duda, que el legislador tiene la facultad constitucional
de delimitar el marco en el que el gobierno nacional ha de establecer el
régimen salarial y prestacional de los servidores del estado, atributo que
es un desarrollo del principio democrático, siempre y cuando se emitan
3 Folios 178-187 del expediente.
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dentro de las específicas competencias funcionales que el constituyente
consagró a cada una de las ramas del poder público. (…).
(…)
Para la Sala está claro, al tenor de todo lo expuesto en el acápite del
marco normativo, que los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992 que
crearon la prima especial de servicios, le quitaron expresamente el
carácter salarial, lo cual fue ratificado por la Corte Constitucional al
declarar exequibles la expresión “sin carácter salarial” contenida en los
referidos artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992. De igual modo, y de
conformidad con lo expuesto en este proveído, ha de concluirse que la
bonificación por compensación tampoco tiene el carácter salarial aludido
por a parte actora, por la cual estos emolumentos no pueden ser incluidos
ni excluidos para determinar la base sobre la cual se van a liquidar las
prestaciones sociales del aquí demandante, ya que al no tener estas
prestaciones carácter salarial, se tiene a todas luces que, no han de tener
incidencia alguna para liquidar las prestaciones sociales reclamadas
(…)”4.
1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
La parte actora formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia para lo cual afirmó que por un error en la regulación de la prima especial
hizo con que se desmejorara salarialmente a los funcionarios que tiene derecho a
percibirla en la Rama Judicial y en la Procuraduría General de la Nación, como es
el caso de la demandante, pues fruto de ese error se despojó el 30% del salario y a
éste se le denominó prima especial. De tal suerte que al quitarle del salario el 30%
y este porcentaje no ser tenido en cuenta para el pago todas de las prestaciones,
se desmejoró no solamente en lo que respecta al salario en sí, pues lo despojó del
mencionado 30%, sino que, además, no se tuvo en cuenta dicho porcentaje para la
liquidación y pago las prestaciones sociales distintas de los aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Labores.
Por otro lado, señaló que es claro concluir de manera diáfana que el Consejo de
Estado define la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 como
salario. Por lo tanto, sostuvo que no se puede dejar de lado tal emolumento para
determinar y pagar las demás prestaciones sociales del actor, tales como
vacaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías y demás prestaciones a
que tiene derecho en las que no se incluyen para su determinación y pago la
bonificación por compensación como se hizo con la prima especial.
4 Folios 287-296 del expediente.
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Indicó que la sentencia apelada no atendió las disposiciones que, sobre los
derechos fundamentales de carácter laboral, han garantizado el principio de no
regresividad, siendo, en consecuencia un fallo regresivo y vulnerador de los
derechos del actor, al no atender lo consagrado en el bloque de constitucionalidad
y en el presente jurisprudencial del Consejo de Estado, el cual ha reconocido el
carácter de salario o factor salarial de la prima especial de servicios (Art. 14 de la
Ley 4 de 1992) y de la bonificación por compensación.
Así las cosas, solicitó que se ordene reconocer y pagar todas las prestaciones
sociales, teniendo en cuenta el 100% del salario mensual del demandante,
incluyendo además de la prima especial y la bonificación por compensación como
factor salarial5.
1.1. Alegatos de conclusión de segunda instancia
La parte demandante6 alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en
el recurso de apelación.
La parte demandada7 alegó de conclusión e insistió en las argumentaciones de la
contestación de la demanda y solicitó se aplique la prescripción trienal.
El Ministerio Público no intervino en el proceso.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA8
2.1. Nota preliminar
El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso9, el cual fue aceptado10. Luego, agotado
el respectivo sorteo de Conjueces11, le ha correspondido a esta Sala conocer en
5 Folios 304-314 del expediente.
6 Índice 36 de Samai.
7 Índice 37 de Samai.
8 La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el
libro de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y
evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en cuenta el “Manual de
Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
9 Folio 348 del expediente.
10 Folio 350-352 del expediente.
11 Folio 353 del expediente.
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segunda instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal
de nulidad que invalide lo actuado, procede de conformidad.
2.2. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en el
presente asunto se debe establecer si es procedente la reliquidación de las
prestaciones sociales del demandante, teniendo en cuenta, para tal efecto, como
base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, más la prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición al
salario de los servidores públicos beneficiarios de dicha prima o si la mencionada
prima no constituye una adición sino que hace parte de la remuneración básica
mensual, y así mismo si dicha prima constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales. Igualmente debe definirse lo relacionado con la prescripción
trienal de las prestaciones sociales.
En lo que atañe a la bonificación por compensación debe definirse si esta constituye
factor salarial.
2.3. La argumentación de la Sala
La argumentación de la Sala de Conjueces, que será breve porque reitera la
jurisprudencia, seguirá este orden: en primer lugar, se presentará la jurisprudencia
unificada vigente y obligatoria y en segundo lugar se abordará el caso concreto.
2.3.1. El marco normativo y la jurisprudencia vigente
La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye
una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma.
En desarrollo de la atribución constitucional prevista en el artículo 150 de la
Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, en el
artículo 4 de esta Ley, se creó una prima especial de servicios.
Dijo el artículo 14:
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los
que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.
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Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo,
los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil,
los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de
remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la
base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”
La expresión, según el cual, la mencionada prima no tiene carácter salarial, fue
declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de
1996.
Por otro lado, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril
de 2009, Exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00, consejero ponente Dr. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, preciso que el concepto de prima, siempre significará
una adición al ingreso del servidor público.
Dijo la sentencia mencionada:
“(…) la noción de prima como concepto genérico emerge a título de
reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de
expresar cualidades o características particulares del mismo, que con
todo, implica un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima
técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras,
representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer
un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en
la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter
salarial, prestacional o simplemente bonificatorio”.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz,
Exp. No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad parcial de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante
los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo
de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley.
La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, profirió el 2 de septiembre de
2019, sentencia de UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL12 y definió las siguientes
reglas respecto de la “prima especial”:
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre de 2019,
Conjuez Ponente Dra. CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02
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“La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial
consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama
Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que
se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la
Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título
de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no
estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto
a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las
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cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación
debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80%
señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el
5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la
regla general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en que si la
persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que
antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción
conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá del 4 de
diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa
interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre
de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004.Esta excepción, como toda
excepción, es de aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los
servidores beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo 14
de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la
medida en que en ningún caso se superan los porcentajes máximos o
topes fijados por el Gobierno Nacional.”
Queda así definido conforme a la sentencia de unificación ya mencionada, que la
prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta y que la prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2.3.2. El caso concreto
Probado está en el expediente, respecto del demandante lo siguiente:
• Que el actor tuvo la siguiente vinculación con la entidad demanda, según
consta en el expediente13, así: magistrado de la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, desde el
25 de octubre de 1999 al 15 de enero de 2002; abogado asistente de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el 16 de enero de 2002 al 8
de marzo de 2005; y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral desde el 9 de marzo de 2005 hasta el 27 de octubre
de 2012.
• La entidad demandada ha venido liquidando y pagando al actor el 70% de la
remuneración fijada en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en
forma anual, a título de asignación básica y el 30% restante, a título de prima
13 Ref. Folio 21 y 27 y folio 207 del expediente.
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especial, es decir, disminuyó la remuneración en un 30%. Así mismo, se
advierte que devengan la bonificación por compensación14.
• Que el día 6 de mayo de 201315 la parte demandante realizó la petición a la
entidad demandada.
• Por Resolución No. 3891 de 24 de junio de 2013 la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial negó lo pretendido por el actor16.
• Igualmente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá-
Cundinamarca negó lo solicitado por el actor el por Resolución 3572 del 01
de agosto de 2013, la cual fue aclarada mediante Resolución No. 4682 del 9
de septiembre de 201317
• La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior
decisión18.
• Mediante la Resolución No. 0163 del 31 de enero de 201419, se resolvió el
recurso de apelación presentado el actor y se confirmó el anterior acto
administrativo.
A la luz de la argumentación arriba expuesta, se concluye lo siguiente:
Como bien puede advertirse, el caso que se controvierte en el presente proceso
tiene los mismos supuestos jurídicos y fácticos que originaron la sentencia de
unificación, proferida por la Sala de Conjueces el pasado 2 de septiembre de 2019.
La posición jurisprudencial que en precedencia se ha dejado reseñada, ha permitido
que esta jurisdicción en sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,
haya verificado que a los funcionarios de la Rama Judicial, Procuraduría General de
la Nación, entre otros, desde el año 1993 se les ha disminuido la asignación básica,
lo cual no se compadece con los principios constitucionales e internacionales del
derecho al trabajo que demandan entre otros, la progresividad del ingreso y la
nivelación del mismo.
Resulta pertinente reiterar en este punto, lo dicho por la Sala Plena de Conjueces
en la sentencia de unificación antes referida:
“Para la Sala demostrado está que a partir de la expedición de los
Decretos 51, 54 y 57 de 1993, 104, 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35
y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy,
14 Folios 209 y s.s del expediente.
15 Folio 3-9 del expediente.
16 Folios 11-20 del expediente.
17 Folios 21-22;27 del expediente.
18 Folios 24-26 del expediente.
19 Folios 31-39 del expediente.
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al establecer el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial,
ha dado la denominación de prima especial establecida en el artículo 14
de la ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30% del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la
posibilidad de que ese 30% que, se reitera, es parte de su salario básico
y/o asignación básica, sea tenido en cuenta para la liquidación de sus
prestaciones sociales; no más cabe que restablecer este derecho.”
En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, esta Sala comparte la posición
asumida por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de Unificación del pasado
2 de septiembre de 2019, sentencia de unificación que por supuesto rectificó la
posición de la Sección Segunda expuesta en las sentencias de la Subsección A de
4 de marzo de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y Sección
Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010 Rad. No. 25000-23-25000-2005-
05159.
De otro lado, se anota a título de complementación, que el fundamento jurídico de
la institución de la prescripción trienal, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado a más de los dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
artículos 41 y 102, tal como lo reseña la sentencia de unificación, por vía de
analogía, también sirve de fundamente a dicha institución el artículo 151 del Código
Procesal Laboral.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, hay que concluir, que existe en el
ordenamiento legal, la institución de la prescripción trienal de las prestaciones
sociales, que en el régimen de los empleados públicos, la norma que prevé ese
régimen prescriptivo es el Decreto 3135 de 1968 y por vía de analogía también sirve
de fundamento jurídico a dicha institución, el artículo 151 del Código Procesal
Laboral en aplicación del principio de equidad, por lo que la parte demandante
Gilberto Álvarez Ramírez tiene derecho a que se le pague las diferencias entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 6 de mayo de 2010 o
sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones
sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante
hasta el día en que hayan ejercido el cargo de magistrado de tribunal o magistrado
auxiliar de Alta Corte, según sea el caso. Recuérdese que la petición de la prima
especial de servicios no vino a hacerla sino hasta el 6 de mayo de 2013; y a partir de
esta fecha se cuentan los tres años hacia atrás para efectos de la prescripción. Así
mismo, se advierte que la demanda fue radicada el 19 de junio de 2014, dentro del
término de la interrupción de la prescripción. Lo anterior de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y con la sentencia de unificación
citada.
Por otro lado, es de aclarar que la prescripción no opera en relación con la obligación
de la demandada de realizar, en favor de los accionantes, las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de
un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 6602-2019
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servidor público que presta sus servicios laborales al Estado20, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el porcentaje
que se tomaba como prima especial.
En consecuencia, la Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la
prima especial:
I.- Al demandante se le desmejoró su salario, dándole a una parte del salario el
carácter de prima especial, decisión que repercutió en la liquidación de sus
prestaciones sociales, la cuales no se liquidaron sobre el 100% de su remuneración,
razón por la cual, se restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones
sociales se liquiden sobre el 100% de su remuneración.
II.- El restablecimiento del derecho se traduce en el pago que el demandante no
recibió a título de prima especial y en el pago de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración, sin
restarle ni sumarle a éste el porcentaje de la prima especial, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para
liquidar las prestaciones sociales, punto frente al cual le asiste razón al a quo.
Igualmente, se deberá ordenar el pago de las diferencias correspondientes a las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
teniendo en cuenta la prima especial referida.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia será revocada y el
restablecimiento del derecho se hará efectivo desde el 6 de mayo de 2010, y desde
ese día en adelante hasta que se desempeñe en el cargo de magistrado de Tribunal
o magistrado de alta corte, según sea el caso.
-De la bonificación por compensación.
En lo pertinente a la solicitud de la parte demandante para que la bonificación por
compensación que hace parte de la remuneración mensual que percibe, sea
considerada como factor salarial para efectos prestacionales y frente a la cual la
Administración Judicial sostiene que dicha bonificación sólo constituye factor
salarial para efectos pensionales y no prestacionales.
Al respecto, se advierte que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y
en su artículo 1° creó la llamada bonificación por compensación, el cual dispuso:
“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo
2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con
carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios
y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
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(60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial
para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de
servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.
…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
El Decreto 610 de 1998, definió y así lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala
que la bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, razón por la cual no
le asiste razón al apelante.
En lo que hace a la manifestación de la entidad en la contestación de la demanda
en el sentido de advertir que acceder a las pretensiones de la demanda se podrían
superar el máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo del
demandante, en relación con la remuneración de la asignación de un magistrado de
Alta Corte, basta con reiterar lo definido en la sentencia de Unificación del 2 de
septiembre de 2019 que en este aspecto dijo lo siguiente:
“6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto
a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las
cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación
debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80%
señalado.
En consecuencia, la entidad demandada deberá verificar que para el demandante,
efectuada la liquidación de sus prestaciones como se ordena en esta sentencia, y
tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, el total de la Bonificación
por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial
de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, iguales al ochenta por
ciento (80%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, no devengue suma superior a
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ese 80%, pues como lo anotó la sentencia de unificación de 2 de septiembre de
2019, ese 80% es un piso y un techo21.
Precisado lo anterior, se encuentra que el actor tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de
1998, o sea al 80% de lo que por todo concepto salarial recibe un magistrado de
Alta Corte, en su calidad de magistrada de tribunal, a su vez, los magistrados de
alta de Alta Corte tienen derecho a recibir el 100% de la remuneración y
prestaciones sociales que recibe un congresista de la República por todo concepto,
incluido el auxilio de cesantía.
En cuanto a la prescripción en lo que tiene que ver con la bonificación por
compensación, se advierte que como bien lo definió la jurisprudencia de unificación
antes referida, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es
posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que
reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir,
no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo
cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.
En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de
1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 y ese momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso
concreto.
Al respecto, se advierte que Gilberto Álvarez Ramírez tiene derecho en
consecuencia a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo
dejado de percibir por el reajuste de la bonificación por compensación, desde el día
3 de diciembre de 2004, fecha en que empezó a regir el Decreto 4040 de 2004, y
en la cual no corría la prescripción trienal por la ausencia de exigibilidad del
21
Ver sentencias en las que se adoptaron una decisión similar:
-Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - consejera ponente: Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez), dos (2) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-
23-25-000-2011-00668-02(2919-18) Actor: Manuel Alfonso Zamudio Mora.
• Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Sala De Conjueces- Conjuez
Ponente: Nubia González Cerón- siete (7) de junio de dos mil veintidós (2022) - radicación: 25000-23-42-000-
2017-00598-02 (6111-2019), demandante: Diana Lucía Sánchez Serna.
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derecho22, y de ahí en adelante hasta que ocupe los cargos de magistrado de
Tribunal o magistrado auxiliar de Alta Corte.
Lo anterior, por cuanto dicha petición fue presentada el 6 de mayo de 2013, dentro
de los tres años siguientes de que el derecho se hizo exigible con la ejecutoria de
la sentencia que decretó la nulidad del Decreto 4040, esto es el 28 de enero de
2012, razón por la cual, no ocurrió el fenómeno jurídico de la prescripción.
Ahora, es de aclarar que si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción; también
lo es que, entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 1998, y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, sí
procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o dualidad de normas,
esto es, del 05 de octubre de 2001 al 02 de diciembre de 2004, por lo que dicho
lapso si se encuentra prescrito, (en el presente caso no obra prueba alguna que
permita inferir que el demandante se encuentra dentro de las excepciones
señaladas en la Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019), y solo
procedería su reconocimiento por los periodos correspondientes: del 3 de diciembre
de 2004, y de ahí en adelante hasta que ocupe los cargos de magistrado de Tribunal
o magistrado auxiliar de Alta Corte.
Por otro lado, es de aclarar nuevamente que la prescripción no opera en relación
con la obligación de la demandada de realizar, en favor de la accionante, las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se
reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al
Estado23.
Cosa distinta es que si la Nación – Rama Judicial, acredita haber pagado sumas de
dinero por concepto de reajuste o reliquidación de la bonificación por compensación
a favor del demandante, con base en transacción, conciliación, pago de la diferencia
por orden de tutela o equivalentes, pueda legítimamente descontarlas de la
liquidación que resulte por el cumplimiento de una providencia posterior que
imponga dichos pagos.
De conformidad con lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera
instancia, se ordenará estarse a lo resuelto por las sentencias de unificación
22 Si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004,
se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto
610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción; también lo es que, entre el
período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, sí procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o
dualidad de normas, esto es del 5 de octubre de 2001 al 3 de diciembre de 2004.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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jurisprudencial citadas, se declarará la nulidad de los actos administrativos
demandados, y se declarará el restablecimiento del derecho conforme lo señalado.
Esta Sala se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho, porque no
se aprecia una mala fe o una deslealtad procesal de la demandada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 15 de agosto de 2019, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
presentada por Gilberto Álvarez Ramírez en contra de la Nación- Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones y con las precisiones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia, y en su lugar se dispone:
SEGUNDO.- ESTARSE a lo dispuesto en la sentencia de Unificación
Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
proferida dentro del expediente No. 250002325000201000246-02 (0845-15) de 18
de mayo de 2016, siendo demandante Jorge Luis Quiroz Alemán y otros y Conjuez
Ponente el doctor Jorge Iván Acuña Arrieta, respecto de la regla de prescripción del
derecho al reajuste o reliquidación de la bonificación por compensación, con las
precisiones efectuadas por Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante sentencia de 23 de mayo de 2018; y a lo
dispuesto por la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019
(Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18)CE-SUJ-016-S2-19, Actor: JOAQUÍN VEGA PÉREZ)
[entiéndase incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de octubre de
2019 que la aclaró parcialmente y la corrigió], de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.
TERCERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 3891 del 24 de junio de
2013; 3572 del 01 de agosto de 2013, aclarada mediante Resolución No. 4682 del
9 de septiembre de 2013 que negaron lo pretendido el actor; y la Resolución No.
0163 del 31 de enero de 2014, que resolvió el recurso de apelación presentado por
el demandante, por las razones expuestas en el presente proveído.
CUARTO.- DECLARAR probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN trienal frente
a la prima especial de servicios a partir del 6 de mayo de 2010 de todas aquellas
acreencias laborales, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar
las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
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pensiones, por las razones expuestas en el presente proveído.
QUINTO.- DECLARAR probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN frente a la
bonificación por compensación de las prestaciones causadas anteriores al día 3 de
diciembre de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por las razones expuestas en el presente proveído.
SEXTO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a:
i) reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los salarios liquidados sobre
la base del 100% del salario básico, sin que se descuente lo que corresponde a la
prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii)
reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor, liquidadas sobre la
base de todo el salario básico, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 6 de mayo de 2010
y de ahí en adelante hasta que ocupe los cargos de magistrado de Tribunal o
magistrado auxiliar de Alta Corte, según sea el caso, ya que operó la prescripción
trienal.
Igualmente, la entidad demandada deberá reconocer y pagar al actor, el derecho
adquirido a recibir una bonificación por compensación equivalente al ochenta por
ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga un Magistrado de Alta
Corte, conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, con la inclusión de todos
los factores que devengan los Congresistas, el que debe contener la cesantía de
dichos dignatarios, sin que de manera alguna sobrepase el límite porcentual fijado
en el Decreto referido, a partir del 3 de diciembre de 2004 (por la prescripción
decretada), y desde ese día en adelante hasta que ocupe los cargos de magistrado
de Tribunal o magistrado auxiliar de Alta Corte.
De la liquidación que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se podrán
descontar las sumas de dinero que la entidad condenada hubiese cancelado al
demandante en caso de haber efectuado transacción, conciliación, pago de la
diferencia por orden de tutela o equivalentes.
Lo anterior condicionado a que la entidad demandada verifique que efectuada la
liquidación de las prestaciones del demandante como se ordena en esta sentencia,
y tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, el total de la
Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguales
al ochenta por ciento (80%) de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, no devengue suma
superior a ese 80%, pues como lo anoto la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 2019, ese 80% es un piso y un techo.
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Se precisa que la bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
SÉPTIMO.- ORDENAR el pago de las diferencias correspondientes a las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
teniendo en cuenta la prima especial y la bonificación por compensación referidas,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
OCTAVO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO.- NO CONDENAR en costas.
DÈCIMO.- ORDENAR que una vez ejecutoriado este fallo se expidan las copias
previstas en el artículo 114 del Código General del Proceso.
DÉCIMOPRIMERO.- RECONOCER personería a la abogada Diana Maritza Olaya
Ríos, como apoderada de la entidad demandada, conforme al poder obrante en el
índice 37 de Samai.
DÉCIMOSEGUNDO.- Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma
SAMAI y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente
Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez
Firmado electrónicamente
YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez
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Demandado: Nación – Rama Judicial
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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