Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02957-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., dos (02) de junio de dos mil veintidós (2022).
Radicado : 25000-23-42-000-2014-02957-01
Nº Interno : 1292-2018
Demandante : Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Demandado : María Cristina Ocampo de Herrán
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley 1437
de 2011
Tema : Lesividad. Homologación tiempo de servicio por
producción de literaria.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 21 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en adelante Fonprecon.
ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, mediante apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de la Resolución núm. 1045 del 5 de agosto de 2003, por medio de la cual le reconoció a la señora María Cristina Ocampo de Herrán una pensión mensual vitalicia de jubilación.
A su vez, pidió que se declare que los libros “metodología de la evaluación de servicios de salud” y “liderazgo de mujer” no cumplen con los requisitos previstos en el literal a) del Decreto núm. 753 de 1974, para ser homologados como tiempo de servicio para efectos pensionales.
A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó que: (i) se excluya a la señora María Cristina Ocampo de Herrán de la nómina de pensionados de la entidad; (ii) se ordene el reintegro de las sumas de dinero que la accionada percibió por concepto de la pensión de jubilación reconocida en el acto acusado.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
La señora María Cristina Ocampo de Herrán nació el 23 de diciembre de 1948 y prestó sus servicios a entidades de derecho privado y a la Nación por un total de 16 años, 11 meses y 20 días.
El 8 de febrero de 2000 la accionada solicitó ante Fonprecon el reconocimiento de una pensión de jubilación y para acreditar el tiempo de servicio que le faltaba allegó dos libros titulados “metodología de la evaluación de servicios de salud” y “liderazgo de mujer”, para su homologación por cuatro años de servicio.
Mediante Resolución núm. 1045 del 5 de agosto de 2003, Fonprecon reconoció a favor de la señora María Cristina Ocampo de Herrán una pensión mensual vitalicia de jubilación, por la suma de $8.507.201,98, efectiva a partir del 2 de febrero de 2000, homologando para tales efectos las obras literarias.
1.2 Normas violadas y concepto de violación
La Ley 50 de 1886.
El Decreto 753 de 1974.
La Ley 4 de 1992.
El Decreto 1359 de 1993.
El Decreto 1293 de 1994.
La Ley 100 de 1993.
Señaló que las obras literarias “metodología de la evaluación de servicios de salud” y “liderazgo de mujer”, de autoría de la señora María Cristina Ocampo de Herrán fueron registradas como propiedad intelectual el 2 de agosto de 1999, fecha posterior al 19 de julio de 1994, máxima calenda para consolidar su situación jurídica; razón por la cual, los textos no cumplieron con el requisito exigido en el literal a) del Decreto núm. 753 de 1974, que reglamentó la Ley 50 de 1886, para ser homologados con efectos pensionales.
Afirmó que la accionada es beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que en principio le sería aplicable lo dispuesto en el Decreto 1359 de 1993; sin embargo, como no acredita 20 años de servicio al 19 de julio de 1994, perdió el beneficio del régimen especial de los congresistas. Lo anterior, en cuanto la homologación de las obras literarias por cuatro años de servicio se dispuso de forma ilegal y no puede ser tenida en cuenta para homologar cuatro años de servicios.
2. Contestación de la demanda
La señora María Cristina Ocampo de Herrán, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.
Expuso que las obras literarias de su autoría cumplen con las exigencias contenidas en el literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de 1974, por cuanto fueron debidamente editadas y publicadas, como se acreditó con el registro de propiedad intelectual y con el depósito ante la entidad demandante.
Explicó que, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, lo que otorga la propiedad intelectual de un libro es su publicación y no su registro. Así entonces, señaló que para la fecha en que se retiró del servicio ya había publicado las obras de su autoría, en los años 1983 y 1989.
Como excepciones, propuso las que denominó: caducidad, falta de competencia, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y temeridad.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; en consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución núm. 1045 del 5 de agosto de 2003 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó la exclusión de la señora María Cristina Ocampo de Herrán de la nómina de pensionados de Fonprecon.
Explicó que, si bien, la accionante era, en principio, beneficiaria del régimen de transición del Decreto 1293 de 1994, lo cierto es que perdió el derecho a mantener dicho régimen, pues se desvinculó del Congreso de la República sin el tiempo mínimo requerido para obtener la prestación, en tanto solo acreditó 16 años, 11 meses y 20 días de servicio.
Precisó que la Ley 50 de 1886 permite la homologación de tiempo por libros escritos y publicados solo para los funcionarios que ejerzan la docencia en instituciones públicas o privadas, por lo que tal disposición no puede ser aplicada a funcionarios que no acrediten dicha condición.
5. El recurso de apelación
Parte demandada
El apoderado de la demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia.
Alegó que la señora María Cristina Ocampo de Herrán fue notificada del presente proceso como tercero interviniente, lo que trae como consecuencia que no exista parte demandante y ni se instauró la litis, por lo que debe dictarse una sentencia inhibitoria.
Expresó que no existen pruebas tendientes a demostrar que existió una ilegalidad en relación con la autoría y propiedad intelectual de los libros publicados y sus respectivos registros ante la Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y explicó que el régimen de transición es un derecho adquirido que no puede ser modificado o desconocido por una norma posterior, dado que este es imprescriptible e irrenunciable.
Agregó que, de acuerdo con la certificación emitida por la Universidad del Rosario, se desempeñó como docente de posgrado de Mercadeo en Servicios de Salud y, en tal virtud, tiene derecho a que los textos publicados sean homologados.
Adujo que se configuró el fenómeno de la caducidad, pues transcurrieron más de cuatro meses desde que se expidió la Resolución núm. 1045 del 5 de agosto de 2003, por medio de la cual se le reconoció una pensión de jubilación.
6. Alegatos de conclusión
La parte demandante reiteró que, en este caso, los dos textos de enseñanza homologados para efectos pensionales, no reunían los requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886 y su Decreto Reglamentario núm. 753 de 1974, pues el registro de propiedad intelectual no se realizó antes del 19 de julio de 1994, fecha máxima en la que debió consolidarse su situación jurídica. Por tanto, como el registro se efectuó el 2 de agosto de 1999, los textos no podían ser objeto de convalidación.
La parte demandada guardó silencio.
7. La procuradora segunda delegada para el Consejo de Estado, en representación del Ministerio Público, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Afirmó que la homologación de los textos publicados fue un error de la administración, pues si bien la autora afirma que la aludida publicación data de los años 1983 y 1989, no se aportó prueba de ello, como tampoco se evidencia la fecha en que la accionada fungió como docente.
Por su parte, se demostró que la fecha de registro de los libros, esto es, el 2 de agosto de 1999, ocurrió después del retiro del servicio de la accionada como congresista, así como la adopción de éstos como textos de enseñanza.
Destacó que, aunque la demandada era beneficiaria del régimen de transición, lo cierto es que no logró acreditar encontrarse cobijada por el régimen pensional anterior que, a su criterio, le es aplicable, pues no cumplió con los 20 años de servicio requeridos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte accionada, la Sala deberá decidir si revoca la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará si la ex congresista, señora María Cristina Ocampo de Herrán, podía homologar 4 años de servicios con dos obras literarias, conforme a la Ley 50 de 1886 y en el Decreto 753 de 1994, para así acreditar los 20 años de servicio requeridos para ser beneficiara de la pensión del régimen especial de congresistas.
2.1. Régimen especial de congresistas que se aplica en virtud de la transición establecida en la Ley 100 de 1993
El artículo 17 de la Ley 4 de 1992 dispone:
“El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores.
Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.
Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.
La Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, al estudiar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión “por todo concepto”, de su parágrafo; y la exequibilidad condicionada de las restantes expresiones de la norma, bajo el entendido que:
“i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo.
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013”.
El Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 1359 de 1993 “por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara”, reglamentación de carácter especial para quienes tuviesen la calidad de senadores o representantes (art. 18), y fijó en sus artículos 1 y 6, el ámbito de aplicación y el porcentaje mínimo de liquidación pensional:
“ARTÍCULO 1° Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara”.
A su vez, el artículo 4 del Decreto 1359 de 1993 establece los requisitos para acceder al régimen especial de los congresistas, así:
“ARTÍCULO 4° Requisitos para acceder a este régimen pensional. Para que un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen especial, deberá cumplir en debida forma con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse afiliado a la Entidad Pensional del Congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma.
b) Haber tomado posesión de su cargo.
PARÁGRAFO. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1°, inciso 2° de la Ley 19 de 1987.”
Visto lo anterior, se advierte que el régimen especial de congresistas solo resulta aplicable a quienes tuvieran la calidad de Representante a la Cámara o Senador para la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 (18 de mayo de 1992).
Por otra parte, se observa que la Ley 100 de 1993 se creó con el fin de unificar los requisitos para acceder al reconocimiento de pensiones de jubilación. En el artículo 273 de dicha ley se estableció que el Gobierno Nacional podía incorporar a los congresistas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así:
“Artículo. 273.-Régimen aplicable a los servidores públicos. El Gobierno Nacional, sujetándose a los objetivos, criterios y contenido que se expresan en la presente ley y en particular a lo establecido en los artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar, respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aun a los congresistas, al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.
La seguridad social procurará ser universal para toda la población colombiana.”
En efecto, el Decreto 691 de 1994 incorporó a los servidores públicos del Congreso al Sistema General de Pensiones, y el Decreto 1293 de 1994 indicó en el artículo 1 que dicho sistema contenido en la Ley HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0100_1993.htm" \l "1" \h 100 de 1993 se aplica a los Senadores, Representantes y empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso con excepción de quienes cumplieran los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1993, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 2º. Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994 hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Haber cumplido (40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres;
b. Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.
Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para aquellas personas que hubieran sido senadores o representantes con anterioridad al 1º de abril de 1994, sean o no elegidos para legislaturas posteriores, siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales a) o b) de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable diferente, en cuyo caso este último será el que conservarán.”
De lo hasta aquí expuesto, se resalta entonces que el régimen especial de los congresistas previsto en el Decreto 1359 de 1993, solo se aplica a los beneficiarios del régimen de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994, en consonancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.2. La homologación del tiempo de servicio por la publicación de obras literarias, con efectos pensionales
La Ley 50 de 1886 “que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación” estableció que la producción de un texto de enseñanza se contabilizaría a efectos de sumar dos años de servicios al Estado. El artículo 13 de dicha ley estableció lo siguiente:
“Art. 13. Las tareas del Magisterio privado quedan asimiladas a los servicios prestados a la Instrucción Pública, y serán estimadas para los efectos legales en los términos del artículo anterior.
La producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos Institutores o Profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del Tesoro Público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la Instrucción Pública.
Los periódicos de amena literatura no tienen el carácter de didácticos.”
A su vez el Decreto 753 de 1974 reglamentó el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886. En esta norma se indicaron quienes son los competentes para certificar el texto tendiente a la homologación del tiempo de servicios para efectos pensionales. Los artículos 1 y 3 del referido decreto prevén:
“Artículo 1º.- Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de enseñanza, según el inciso 2 del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren, el establecimiento o los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado aprobación o para recomendarlos.
Artículo 2º.- La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente”.
3. Hechos probados relevantes
Fecha de nacimiento
-La señora María Cristina Ocampo de Herrán nació el 23 de diciembre de 1948.
Tiempos de servicios
-En el expediente administrativo obran las siguientes constancias de tiempos públicos y privados servicios de la accionada, así:
Entidad
Periodo
Años
Meses
Días
Profamilia Rural
• Desde el 15 de enero de 1973 hasta el 11 de julio de 1973
-
5
26
Comité Departamental Cafetero de Risaralda
-Del 01 de agosto de 1973 a 21 de diciembre de 1973
-
4
20
Asoc Col Est Cient de Pob
-Desde el 07 de enero de 1974 hasta el 31 de julio de 1974
-
6
24
Ministerio de Salud
• Desde el 21 de marzo de 1975 hasta el 30 de abril de 1978
3
1
9
Corporación Centro Reg de Pobl
-Desde el 4 de septiembre de 1978 a 01 de marzo de 1980
1
5
27
Asoc Nal Inst Financieras
-Del 3 de marzo de 1980 hasta el 01 de marzo de 1982
1
11
28
Cámara de Representantes
-Del 15 al 31 de octubre de 1986
-
-
16
-Del 13 de abril de 1987 a 2 de septiembre de 1987
-
4
19
-Del 4 de septiembre de 1987 a 8 de noviembre de 1988
1
2
4
-Del 10 de noviembre de 1988 a 30 de enero de 1989
-
2
20
-Del 5 de febrero de 1989 al 01 de noviembre de 1989
-
8
26
-Del 20 de julio de 1990 hasta hasta 19 de julio de 1994
4
-
-
ICBF
-Del 10 de agosto de 1994 hasta el 24 de enero de 1996
1
5
14
Reconocimiento pensional
El Fondo de Previsión del Congreso de la República, mediante Resolución núm. 1045 del 5 de agosto de 2003, reconoció a favor de la señora María Cristina Ocampo de Herrán una pensión mensual de jubilación en cuantía de $8.507.201,98, efectiva a partir del 2 de febrero de 2000, bajo los siguientes supuestos:
• La señora María Cristina Ocampo de Herrán nació el 23 de diciembre de 1948 y es beneficiaria del régimen de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994 que remite al contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
• Su situación pensional se rige por el régimen especial para los congresistas dispuesto en la Ley 4 de 1992 y los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994.
• Acreditó 16 años, 11 meses y 20 días de servicio a entidades públicas y empresas privadas.
• Para completar el tiempo de servicios requerido, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886 y en el Decreto reglamentario 753 de 1974. Por tanto, se homologaron las obras “Metodología de evaluación de servicios de salud” y “Liderazgo de mujer”, cada una por dos años de servicio, para un tiempo total de 20 años, 11 meses y 20 días.
• Obra copia del certificado de inscripción expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la obra literaria “Metodología de evaluación de servicios de salud” con fecha de primera publicación de 1983 y radicación del 27 de julio de 1999.
• Obra copia del certificado de inscripción expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la obra literaria “Liderazgo de mujer” con fecha de primera publicación de junio de 1989 y radicación del 27 de julio de 1999.
2.2 Caso concreto
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República demandó la nulidad del acto administrativo a través del cual le reconoció una pensión de jubilación a la señora María Cristina Ocampo de Herrán, con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y del régimen especial previsto para los congresistas en el Decreto 1293 de 1994. Lo anterior, pues consideró que la aludida prestación fue reconocida sin el cumplimiento de los requisitos legales, habida cuenta de que la accionada no acreditó 20 años de servicio antes del 20 de julio de 1994.
Fonprecon explicó que la señora Ocampo de Herrán solo acreditó 16 años, 11 meses y 22 días de servicio, tiempo que completó con la homologación de dos obras literarias de su autoría. Sin embargo, según indica, dichos textos no eran susceptibles de ser homologados como tiempo de servicio, pues su propiedad intelectual fue registrada después del 20 de julio de 1994, fecha máxima en que la recurrente podía consolidar su situación jurídica.
El Tribunal consideró que, en efecto, el Decreto 1293 de 1994 exige el cumplimiento, en su literalidad, de la edad y el tiempo de servicio, sin que haya lugar a realizar homologación alguna sobre tal requisito. Además, señaló que la homologación de obras literarias, de acuerdo con la Ley 50 de 1886, solo está prevista para los docentes, condición que no acreditó la señora Ocampo de Herrán.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la parte accionada, en el recurso de apelación, solicita que se revoque del fallo de primera instancia, y funda su petición bajo los siguientes argumentos: (i) alegó que fue notificada como tercero interviniente, lo que hizo que la parte demandada desapareciera del proceso y, dado que no se instauró la Litis, se debe dictar una sentencia inhibitoria; (ii) señaló que no se allegaron pruebas tendientes a demostrar que existió una ilegalidad en relación con la autoría y la propiedad intelectual de los textos homologados, por lo que no es posible anular el acto administrativo de reconocimiento pensional; (iii) aclaró que sí acreditó la calidad de docente y que la facultad de beneficiarse del régimen de transición es un derecho adquirido que no puede ser modificado por normas posteriores; (iv) arguyó que se configuró el fenómeno de la caducidad.
Sobre la indebida notificación
En primer lugar, la Sala encuentra necesario precisar que, sobre la indebida notificación alegada por la recurrente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el incidente de nulidad interpuesto por la parte accionada bajo el mismo argumento, señaló que “no es improcedente considerar al administrado como un tercero a quien afectará el resultado del proceso y por eso se le notifica desde el admisorio como persona determinada (…) tal denominación no tendría consecuencias, porque al ser notificado el tercero puede legítimamente ejercer su defensa. Y así ocurrió en este proceso cuando la señora OCAMPO DE HERRÁN al ser notificada concurrió a través de apoderado judicial quien ha asumido su defensa interviniendo en todas las etapas procesales y más aún, apelando la sentencia de primera instancia (…)”
Así entonces, en procesos como el presente, en modalidad de lesividad, es la administración quien demanda su propio acto administrativo, pues fue este quien lo expidió. De suerte que, la parte demandada no puede ser la misma entidad accionante, sino las personas que eventualmente pudieren verse afectadas con la decisión a adoptar y, en ese sentido, si se trata del medio de control por acto administrativo expedido en interés particular, el demandado será la persona o personas a quienes este cobija.
Ahora, no obstante las alegaciones efectuadas por la parte accionada, nótese que, en ejercicio de su derecho de defensa, concurrió al proceso a través de apoderado, contestó la demanda, se notificó de la sentencia de primera instancia e interpuso recurso de apelación, actuaciones que permiten a la Sala dar por convalidada la situación procesal alegada, pese a que la notificación se le hubiere efectuado como tercera interesada.
Además, en sentido estricto, bien puede considerarse que la señora Ocampo de Herrán tiene un interés directo en las resultas del proceso en dicha calidad, a tal punto que cada una de las actuaciones le fueron debidamente notificadas y dadas a conocer, así como se garantizó su concurrencia al proceso en cada una de las etapas.
En vista de lo anterior, para la Sala no son de recibo tales argumentos, pues, como se dijo, la accionada ejerció su derecho de defensa y contradicción durante el transcurso del proceso sin que este se haya visto mermado o disminuido en razón a la calidad imputada en la notificación, y por tanto, dichos alegatos deben ser desestimados.
Sobre el régimen de transición especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 y la homologación de obras literarias y su registro de propiedad intelectual
Sea lo primero precisar, que esta Corporación, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020, fijó una serie de reglas jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial de asuntos como el presente, de obligatoria observancia, así:
“PRIMERO: REGLAS DE UNIFICACIÓN de lo expuesto con anterioridad se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en el tema puesto a consideración:
Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite obtener el derecho a la aplicación del régimen especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 son los siguientes:
Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:
Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha ley, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen especial que son:
El ejercicio de la actividad legislativa entre el 18 de mayo de 1992 y que dicha situación no varié hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994.
Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2 del parágrafo 2 del art. 1 de la Ley 33 de 1985.
Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
Haber tomado posesión del cargo de congresista;
Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –Fonprecon-.
Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante dicha entidad pensional.
Los excongresistas que durante la legislatura que termina el 20 de junio de 1994:
Hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad, con derecho a obtener el reconocimiento, en este caso en particular, a la edad de 50 años.
El reconocimiento de la pensión de jubilación de congresistas y su reliquidación, para los beneficiarios del régimen de transición, está a cargo de Fonprecon y se concede de acuerdo con las modificaciones que se imprimieron a los artículos 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993, por cuenta del Acto Legislativo 01 de 2005 (…)”
La Corporación otorgó a la referida sentencia de unificación efectos retrospectivos, que se extienden a todas las situaciones pendientes de definición jurídica que no hubieren sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada.
Descendiendo al caso concreto, se tiene que la Señora María Cristina Ocampo de Herrán acreditó los siguientes hechos ante el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República:
(i) A la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 01 de abril de 1994, contaba con más de 35 años de edad.
(ii) Ejerció la calidad de congresista elegida como representante a la cámara por el periodo 1992-1994.
(iii) Acreditó 16 años, 11 meses y 20 días de labor en entidades públicas y privadas.
(iv) Como quiera que debía acreditar 20 años de servicio, aportó dos obras literarias, que fueron homologadas por 4 años de servicio, con que lo completó el tiempo requerido.
(v) Según los certificados de registro expedidos por la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la obra “metodología de evaluación de servicios de salud” fue publicada por primera vez en 1983 y registrada el 27 de julio de 1999; y la obra “liderazgo de mujer” fue publicada por primera vez en junio de 1989 y registrada el 27 de julio de 1999.
Del material probatorio aportado, se tiene entonces que si bien la accionante cumplió con los requisitos de (i) tener más de 35 años de edad al 1 de abril de 1994; (ii) ejercer la actividad legislativa por el periodo 1992-1994, lo cierto es que para el 20 de julio de 1994 no acreditaba 20 años de cotizaciones, pues no resultaba procedente homologar cuatro de esos años a través de las obras literarias de su autoría, por las siguientes consideraciones:
En cuanto a la homologación de obras literarias publicadas, la Sala precisa que el Decreto Reglamentario 753 de 1994, en su artículo 3º, literal a) exige “Que el libro o los libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada”, requisito que debía estar cumplido antes del 20 de junio de 1994 para que la situación jurídica hubiera quedado consolidada, conforme lo determina el artículo 3º del Decreto 1293 de 1994.
Sin embargo, como se reseñó en los hechos probados, las obras literarias de autoría de la accionada fueron registradas el 27 de julio de 1999, por lo cual no cumplió con los requisitos previstos en la norma y la jurisprudencia para mantener el régimen de transición especial para congresistas, en la medida en que los cuatro años imputados no pueden ser considerados a efectos pensionales como tiempo de servicio.
En sendos casos análogos al presente, esta Sala se pronunció sobre el requisito de registro de propiedad intelectual para efectos de homologar obras literarias como tiempo de servicio, en los siguientes términos:
“(…)Sobre este aspecto, resulta necesario precisar que si bien el registro de propiedad intelectual no es requisito indispensable para efectos de obtener los derechos derivados de la propiedad intelectual del autor, conforme lo establecido en el artículo 9° de la Ley 23 de 1982; no sucede lo mismo para efectos de consolidar tiempo de servicios con propósito de reconocimiento pensional, pues en este escenario es una exigencia sine–qua non que se haya efectuado el referido registro, circunstancia sobre la cual gravita el asunto que se presentó en esta sede judicial.
El requisito del registro de la propiedad intelectual del texto de autoría del demandado para convalidar tiempo de servicios con efectos estrictamente pensionales, de conformidad con la Ley 50 de 1996 y el Decreto Reglamentario 753 de 30 de abril de 1994, debía estar cumplido antes del 20 de junio de 1994, circunstancia que, como se estableció, no se verificó en el caso estudiado, además, para esa época el accionado no cumplía con los 20 años de servicio”.
En sentencia del 21 de mayo de 2020, esta Sala se pronunció en el mismo sentido, asunto en el que también se declaró la nulidad del acto administrativo acusado, pues el demandado no reunió los requisitos legales antes del 20 de julio de 1994.
“57. El requisito del registro de la propiedad intelectual de los textos de autoría del demandado para convalidar tiempo de servicios con efectos estrictamente pensionales, de conformidad con la Ley 50 de 1886 y el Decreto Reglamentario 753 de 30 de abril de 1974, debía estar cumplido antes del 20 de junio de 1994, circunstancia que, como se estableció, no se verificó en el caso estudiado, además, para esa época el accionado no cumplía con los 20 años de servicio.
58. En conclusión, el acto demandado está incurso en causal de anulación consistente en violación directa de la ley porque el demandante no reunió los requisitos legales para ser beneficiario de la prestación que le reconoció la entidad demandante.
59. Ahora, conforme al análisis que hasta aquí ha hecho la Sala y tal como lo ha reiterado en casos similares, se concluye al igual que el a quo, que es ilegal la decisión contenida dentro del acto enjuiciado, de manera que procede la declaración de nulidad dispuesta en la sentencia apelada, al no acreditar el demandado señor Jorge Alberto Perico Cárdenas los requisitos para ser beneficiario del Régimen Especial de Congresistas, de manera que las inconformidades planteadas por él no encuentran asidero o respaldo probatorio en las documentales que obran en el proceso, en consecuencia deberá confirmarse la sentencia apelada sin consideración adicional (…)”.
Para abundar en argumentos, esta Sala en sentencia del 23 de noviembre de 2020 precisó que es requisito sine qua non acreditar el registro de propiedad intelectual al momento del cumplimiento de los requisitos pensionales, así:
(…) el ejecutivo al reglamentar los requisitos para acreditar la homologación de dos años de tiempo de servicios para fines pensionales con libros de enseñanza, en particular con la exigencia del registro de su propiedad, no hizo otra cosa que garantizar la comprobación de la autenticidad de la obra al momento de su reconocimiento, pues la correspondiente entidad de previsión social debe tener certeza de la propiedad intelectual del servidor estatal respecto del texto para así hacer efectiva la equivalencia de esta por tiempo laborado, máxime cuando constituye una dádiva prevista por el legislador para fomentar la producción intelectual en pro de la enseñanza, que tiene repercusiones en el patrimonio estatal.
Por lo tanto, el registro de la propiedad intelectual del texto de enseñanza comporta una exigencia que expresamente prevé el artículo 3° del Decreto 753 de 1974 para determinar la procedencia de su equivalencia con dos años de servicio público, por lo que su finalidad es diferente a la de la Ley 23 de 1982, que consiste en proteger la creación intelectual”.
Por su parte, de acuerdo con el literal i) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no podrán sustituirse semanas de cotización con el cumplimiento de requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados, condición que es aplicable a los beneficiarios del régimen de transición, en virtud del artículo 36 Ibídem. Este asunto fue analizado por la Sala en los siguientes términos:
“(…) No obstante, no puede olvidarse la regla legal establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (letra i), según el cual «en ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión […]», norma que resulta aplicable al accionado, en la medida en que, si bien su régimen es el previsto en la Ley 33 de 1985 (por cumplir los requisitos de transición), lo cierto es que el inciso segundo del artículo 36 de dicha Ley 100 es claro al disponer que «[l]as demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley» y, por ende, no puede desconocerse lo contemplado en la primera de esas disposiciones. A más de ello, recuérdese, tal como lo expuso el a quo, que el trámite y presentación de la obra literaria se realizó con posterioridad al retiro del servicio del demandado, lo que evidencia que para ese momento no cumplía requisitos para acceder a la pensión.
Así las cosas, en este punto se precisa que no es posible convalidar los libros de autoría de la demandada por cuatro años de servicios prestados, porque el registro de los textos fue posterior al 20 de julio de 1994 y posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que lleva a la ineludible conclusión de que no acreditó 20 años de servicio.
Además, se le aclara a la parte demandada que no es posible hacer referencia a que el régimen de transición especial de los congresistas constituía para ella un derecho adquirido, en la medida en que, como se advirtió, no consolidó su situación jurídica según las normas que presuntamente le eran aplicables.
Por último, la Sala no pasa por alto que la recurrente se refirió a la configuración del fenómeno la caducidad en el caso concreto. Al respecto, la Sala debe decir que, de acuerdo con el literal c) del numeral 1°. del artículo 164 del CPACA, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando “se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas”, situación que aquí ocurre, razón por la que este argumento no tiene vocación de prosperidad.
En vista de lo expuesto, para la Sala se impone la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que accedió a declarar la nulidad del acto administrativo acusado, por las razones que se expusieron.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia.
III. DECISIÓN
Vistas las consideraciones que anteceden, se confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte considerativa.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 21 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Reconocer personería al abogado Alberto García Cifuentes, como apoderado de la parte demandante, conforme al poder allegado el 24 de febrero de 2022 en la plataforma electrónica SAMAI.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(En comisión de servicios) (Firmada electrónicamente)
Folios 35 a 61.
Folios 74 a 87.
Folios 94 a 101.
Memorial electrónico radicado en la Plataforma SAMAI.
Memorial electrónico radicado en la Plataforma SAMAI.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”
C-258 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
“ARTICULO. 1º—Incorporación de servidores públicos. Incorporase al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos: (…) b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República”.
“Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”
El parágrafo del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 fue anulado mediante sentencia del 27 de octubre de 2005 por el Consejo de Estado. Expediente 5677. C.P. Ana Margarita Olaya Forero, bajo el argumento que en la reglamentación del régimen de transición no podían protegerse expectativas de quienes no tuvieran la calidad de Congresista entre el 18 de mayo de 1992 y el 1 de abril de 1994, o no fueran reincorporados como parlamentarios en periodos posteriores.
Folio 3 del expediente administrativo.
Folios 6 a 20 del expediente administrativo.
Folios 5 a 11.
Folio 12.
Folio 13.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-05893-01(0815-15).
“SEGUNDO: El efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo y, por ende, las reglas jurisprudenciales fijadas son vinculantes para los casos pendientes de decisión tanto en vía administrativa como en sede judicial, en la forma dispuesta en la parte motiva. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos, esto es, amparados por la cosa juzgada, resultan inmodificables”.
Sobre el particular, ver la siguientes sentencias de esta Sala en el mismo sentido: Radicación: 25000-23-42-000-2013-06526-01 (N.I. 3839-2018); Radicación: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (N.I. 3699-2018); Radicación:25000-23-42-000-2015-02313-01 (N.I. 1037-2019)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de julio de 2018, Radicación número: 2500-23-42-000-2014-02486-01(0932-17), Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicación: 25000-23-42-000-2015-02313-01 (N.I. 1037-2019), con ponencia de la magistrada Sadra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 5 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. No.: 25000-23-42-000-2014-02486-01 (0932-17); Sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. César Palomino Cortés, Rad. No.: 25000-23-42-000-2014-02370-01 (0514-2016).
Con radicado núm. 25000-23-42-000-2015-04654-01 (2480-2018) y ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
Ibídem
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Nº Interno: 1292-18
Demandante: Fonprecon
Demandado: María Cristina Ocampo de Herrán
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