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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04787-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04787-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 2 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en contra de Yarledis María Garavito Gaibo y Josefina Uribe Díaz de Callejas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- Adicionar la sentencia de primera instancia en lo relacionado con el momento a partir del cual se debe pagar la nueva mesada pensional que resulte del cálculo que debe hacer el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República al aplicar la Ley 71 de 1988 y, en consecuencia, se ordena pagar la pensión a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. Tercero. - Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. – Reconocer personería jurídica al abogado Julio Mauricio Londoño Hidalgo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 32.709.95780.089.744 y tarjeta profesional No. 171.204 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado sustituto de Josefina Uribe Díaz de Callejas, con las facultades y 31 Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018) Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso para los fines establecidos en la sustitución que se encuentran visible en el folio 959. Quinto. - Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04787-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Demandado: YARLEDIS MARIA GARAVITO GAIBO Y JOSEFINA URIBE
DIAZ DE CALLEJAS
Temas: PENSIÓN DE EXCONGRESISTA y SUSTITUCIÓN.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2018 por la Sección
Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República presentó
una demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones:

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

• 00092 del 6 de marzo de 19972, por medio de la cual reconoció una pensión de
jubilación a favor de Manuel Apolinar Díaz;

• 0906 del 13 de noviembre de 20123, por la cual se reconoció, en cumplimiento de
una orden judicial, la sustitución de la pensión referida en beneficio de Yarledis
María Garavito Gaibo y Josefina Uribe Díaz de Callejas, en un 50% para cada una;

• 00991 del 5 de diciembre de 20124 que dispuso el pago del retroactivo pensional.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordenara: i) al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
excluir de la nómina de pensionados a Yarledis María Garavito Gaibo y Josefina
Uribe Díaz de Callejas o, en caso de negarse esta pretensión; ii) a la reliquidación
de la prestación social de acuerdo con el salario devengado por el causante entre
el 20 de julio de 1977 y el 19 de julio de 1978 y; iii) a las demandadas a reintegrar
el dinero recibido por la mesada pensional.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes5:

• Manuel Apolinar Díaz Callejas nació el 22 de junio de 1921.

• Laboró un total de 14 años, 3 meses y 14 días. Las entidades en las que prestó
sus servicios fueron la gobernación de Bolívar, el Instituto de Mercadeo
Agropecuario, el departamento de Sucre, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Senado de la República. Este último por varios periodos hasta el 19 de
julio de 1978.

• El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a través de la
Resolución 0092 del 6 de marzo de 1997, le reconoció la pensión de jubilación de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Para ello tuvo en cuenta su tiempo
de servicios y homologó el restante con tres libros denominados «Nuestro reto»,
«Contadora: Desafío al Imperio» y «De la Constituyente y otros temas».

• Manuel Apolinar Díaz Callejas falleció el 12 de agosto de 2010.

2 Folios 79 a 86 del expediente.
3 Folios 404 a 410.
4 Folios 437 a 440.
5 Folios 612 a 626 de expediente.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

• El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por virtud de la
Resolución 1458 de 2010, dejó en suspenso la sustitución pensional por existir
controversia entre Yarledis María Garavito Gaibo y Josefina Uribe Díaz de Callejas.
Estas últimas demandaron tal acto ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 19 de septiembre
de 2012 y dentro del proceso 2011-1119, aprobó el acuerdo conciliatorio al que
llegaron las demandadas, en el sentido de repartirse la prestación social en un 50%
para cada una.

• El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República expidió la Resolución
906 del 13 de noviembre de 2012, con fundamento en la conciliación aprobada, y
les reconoció la sustitución pensional en los términos acordados por las
beneficiarias. Así mismo, con la Resolución 00991 del 5 de diciembre de 2012
dispuso el pago del retroactivo pensional.

• La entidad adelantó el procedimiento de verificación de legalidad de la pensión
reconocida, en cuyo trámite la Universidad Javeriana no ratificó la certificación de
que los textos de autoría de Manuel Apolinar Díaz Callejas fueran de enseñanza en
dicha institución.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13 y 48 de la Constitución Política; y 17 de la
Ley 4.ª de 1992; la Ley 50 de 1886; y los Decretos 1359 de 1993, 1293 de 1994 y
753 de 1974.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos6:

• A Manuel Apolinar Díaz Callejas no le era aplicable el régimen pensional
regulado en el Decreto 1359 de 1993, por cuanto no tenía la calidad de
congresista al 18 de mayo de 1992, fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992. Si bien a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con
más de 40 años, esta sola circunstancia no le otorgaba el derecho a regirse por
el régimen aludido ni le era aplicable el de transición reglado en el Decreto 1293
de 1994.

6 Ibidem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

• Ninguno de los libros aportados por Manuel Apolinar Díaz Callejas cumple con
las condiciones que exige el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753
de 1974, esto es, no son textos de enseñanza certificados por dos centros
educativos, se registraron en el año 1996 solo para completar los requisitos para
obtener la pensión y, uno de ellos, el libro «De la Constituyente y otros temas»,
se financió con recursos del erario.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Yarledis María Garavito Gaibo: contestó la demanda7 y se opuso a las
pretensiones, con sustento en los siguientes argumentos:

i) Frente a los hechos:

• El fondo demandante no reconoció los tiempos laborados por Manuel Apolinar
Díaz Callejas en la Universidad Libre, Moliarroz, la Sociedad de Agricultores de
Colombia e Induarroz, pese a que las certificaciones que lo prueban obran en el
expediente administrativo.

• Los libros que sirvieron para homologar el tiempo de servicio cumplen con los
requisitos de la Ley 50 de 1886, incluido el registro que exigía el literal a) del artículo
3 del Decreto 753 de 1974, aun cuando este fue anulado por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.

• La Universidad Javeriana ratificó con anterioridad la certificación de que los textos
de autoría de Manuel Apolinar Díaz eran de enseñanza, por lo que ese primer
documento es el que debe tenerse en cuenta.

ii) Propuso las siguientes excepciones:

• Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales: la revisión que se hizo de
la pensión en sede administrativa es irregular, habida cuenta de que solo procede
respecto de pensiones reconocidas de manera ilegal o con fraude a la ley en los
términos de la sentencia C-258 de 2013. Se vulneró el derecho de defensa por no
vincularse al trámite a la demandada y porque obvió el principio non bis in ídem al
revisarse dos veces la pensión, la primera vez en virtud de la sentencia C-835 de
2003.

7 Folios 674 a 728 del expediente.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

• Ausencia de tramitación de la revocatoria directa: este trámite debió agotarse de
manera obligatoria y con la citación de los afectados por tratarse de asuntos
conciliables (aquí se refiere a la validez de las obras literarias) que repercuten en la
pensión.

• Ausencia del trámite de conciliación prejudicial: por tratarse de un asunto
conciliable, era obligatorio agotar ese requisito de procedibilidad regulado en el
artículo 161 del CPACA.

• Caducidad excepcional de la facultad de revisión de la pensión: de acuerdo con la
sentencia C-258 de 2013 la entidad podía revisar la pensión hasta el 31 de
diciembre de 2013. Por tanto, como se hizo el año 2014, ha había caducado tal
posibilidad.

• Ausencia de juramento estimatorio en la demanda y/o de la estimación de la
cuantía: por encontrarse ante un eventual restablecimiento del derecho se debió
cumplir con lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del proceso sobre el
juramento aludido.

• Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones: tal como fue
planteada la pretensión subsidiaria, de prosperar, no deriva en una consecuencia
concreta, por lo que daría lugar a un fallo inhibitorio.

• Cobro de lo no debido: es improcedente solicitar la devolución de los dineros
recibidos por concepto de la mesada pensional, puesto que fueron obtenidos de
buena fe y constituyen un derecho adquirido en los términos del artículo 58 de la
Constitución Política.

• Ausencia de causa petendi: las normas que sustentan la demanda no están
vigentes. Así, los literales a), b) y c) del artículo 3.º del Decreto 753 de 1974 fueron
anulados por el Consejo de Estado en el año 1970 y la Ley 50 de 1886 fue derogada
por la Ley 797 de 2003, por lo que no pueden invocarse para revisar la pensión. De
igual forma, el causante registró los libros, pese a que la norma que lo obligaba (el
literal a. del decreto referido) ya se estaba retirado del ordenamiento jurídico.

• Cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión: el
causante cumplió todas las condiciones exigidas en la Ley 50 de 1886 y en el
Decreto 753 de 1974. Además, completó más de 20 años de servicios, lo cual se
probó con las certificaciones que el fondo demandante no tuvo en cuenta.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

iii) En el capítulo denominado «Fundamentos de derecho» indicó que la demanda
no explicó el concepto de violación tal como lo exige el numeral 4.º del artículo 162
de CPACA. Reiteró lo expuesto en las excepciones de «Ausencia de causa petendi»
«Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales» y «Cumplimiento de los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión». Por último, señaló que
FONPRECON no aportó la prueba de las publicaciones de los libros; no obstante,
estar en su poder.

1.2.2. Josefina Uribe Díaz de Callejas: contestó la demanda8 y se opuso a las
pretensiones con fundamento en lo siguiente:

i) En cuanto a los hechos manifestó que:

• El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no tuvo en cuenta el
tiempo laborado por Manuel Apolinar Díaz Callejas en la Universidad Libre,
Moliarroz, la Sociedad de Agricultores de Colombia e Induarroz que completan más
de 20 años de servicio.

• Los libros presentados acatan los requisitos de la Ley 50 de 1886, incluido el
registro que exigía el literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de 1974. Además, la
entidad no puede exigir este último, pues la norma fue declarada nula por el Consejo
de Estado.

ii) Excepciones propuestas:

• Caducidad de la acción de revisión: la entidad revisó la pensión en el año 2014 y
solo podía hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2013, por así disponerlo la sentencia
C-258 de 2013, por lo que lo hizo fuera de término. Además, no procedía tal
actuación, dado que la prestación no fue reconocida con violación de la ley o abuso
del derecho.

• Inexistencia del trámite de conciliación prejudicial: no se cumplió con el trámite
previsto en el artículo 161 del CPACA obligatorio para presentar la demanda.

• Inexistencia del procedimiento de revocatoria directa: el fondo demandante, antes
de radicar la demanda, debió agotar el trámite previsto en los artículos 93 a 97 del
CPACA, porque lo discutido es la validez de los libros presentados por Manuel
Apolinar Díaz Callejas para completar los requisitos.

8 Folios 770 a 790 del expediente.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

• Cobro de lo no debido por ausencia de causa y buena fe: es improcedente solicitar
la devolución del dinero recibido, por cuanto ya no son exigibles las condiciones del
artículo 3 del Decreto 753 de 1974 al ser declarado nulo y, porque la solicitud de la
pensión se hizo de buena fe y sin ninguna actuación fraudulenta.

• Grave afectación de los derechos fundamentales de la demandada: su edad (90
años) y su estado de salud (padece de ceguera bilateral, sordera, diabetes, entre
otras patologías) la obligan a tener acompañamiento de una enfermera todos los
días. Por tanto, depende de lo que recibe por pensión, por lo que dejarla sin esta la
ubica en una condición de debilidad manifiesta.

Por último, indicó que el fondo no aportó las pruebas de las publicaciones de los
libros, tal como lo ordena el artículo 162 del CPACA.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 22 de marzo de 20189, declaró la nulidad de la Resolución 00092 del
06 de marzo de 1997 por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República reconoció una pensión de jubilación en favor de Manuel Apolinar
Díaz. Cabe precisar que el tribunal solo admitió la demanda respecto de este acto
administrativo y la rechazó en relación con las Resoluciones 0906 del 13 de
noviembre de 2012 y 00991 del 5 de diciembre de 201210.

A título de restablecimiento del derecho, ordenó al fondo a reconocer en favor de
Manuel Apolinar Díaz Callejas la pensión de jubilación por aportes a partir de la
vigencia de la Ley 71 de 1988 y en cuantía equivalente al 75% del salario que sirvió
de base para las cotizaciones durante el último año de servicios (20 de julio de 1977
a 19 de julio de 1978).

Así mismo, dispuso sustituir el derecho pensional, sin solución de continuidad, en
beneficio de Yarledis María Garavito Gaibo y Josefina Uribe Díaz de Callejas, en las
proporciones establecidas en la Resolución 0906 del 13 de noviembre de 2012.
Negó las demás pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos11:

i) Los libros aportados por Manuel Apolinar Díaz no cumplían con los requisitos

9 Folios 904 a 931.
10 Auto visible en los folios 630 a 634.
11 Folios 910 a 931.

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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

establecidos en la Ley 50 de 1886 y el artículo 3 del Decreto 753 de 1974 y, en
consecuencia, no servían para homologar los tiempos de servicio. Ello, por lo
siguiente:

• El libro titulado «De la Constituyente y otros temas» de autoría de Manuel Apolinar
Díaz sí fue registrado el 28 de noviembre de 1996. Sin embargo, no cumplió con la
condición de ser certificado como libro de enseñanza por dos directores de
establecimientos educativos. Tampoco es un libro de tal tipo, dado que es una
recopilación de intervenciones políticas en el Congreso de la República. Además,
fue financiado por el Ministerio del Interior y editado por el Senado de la República
y no se produjo como resultado del ejercicio docente.

• El libro «Contadora: Desafío al Imperio» cumple con los requisitos, salvo porque i)
faltó la certificación suscrita por dos directores de centros educativos y ii) no fue
producto de la actividad docente.

• El libro «Nuestro Reto», aunque fue registrado y se financió con recursos privados,
no es un texto de enseñanza, sino un texto de doctrina dirigido a los jóvenes del
liberalismo colombiano sin rigor científico o académico. Así mismo, no fue certificado
por dos directores de centros de enseñanza y tampoco se publicó como resultado
del trabajo docente.

ii) Manuel Apolinar Díaz no era beneficiario del régimen de transición previsto en el
Decreto 1293 de 1994, puesto que no ostentaba la calidad de congresista para el
18 de mayo de 1992, fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992.

iii) Se demostró que él, además de los 14 años, 3 meses y 14 días laborados y
señalados en el acto enjuiciado, trabajó otros 5 años, 11 meses y 10 días en la
Universidad Libre, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz, la Sociedad de
Agricultores de Colombia e INDUARROZ. Así, completó 20 años, 2 meses y 24 días
de servicios, por lo que tiene derecho al reconocimiento pensional en virtud de lo
regulado en la Ley 71 de 1988. Ello, dado que es beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al contar con 40 años para el 1.º
de abril de 1994.

iv) Si bien la Ley 71 de 1988 fue expedida con posterioridad al retiro del servicio de
Manuel Apolinar Díaz (19 de julio de 1978) y al cumplimiento de sus 60 años (22 de
junio de 1981), es aplicable en virtud de la «retrospectividad de la ley». Ello, puesto
que cuando llegó a tal edad a) no tenía el tiempo de servicio exclusivo en el sector
público para recibir una pensión con fundamento en el Decreto 3135 de 1968; b)
tampoco completó el requerido en el régimen privado y; c) no existía una norma que

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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

permitiera la acumulación de ambos tiempos. Por tanto, la medida procede para
garantizar derechos fundamentales ligados a la pensión de jubilación.

v) Es improcedente ordenar el reintegro de las mesadas pensionales pagadas,
porque fueron recibidas de buena fe.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República interpuso recurso
de apelación12 y expuso como argumentos para la revocatoria de la sentencia, los
siguientes:

• La sentencia vulnera el principio de «congruencia» al ser extra petita. En las
pretensiones de la demanda no se solicitó el reconocimiento de la pensión con
fundamento en la Ley 71 de 1988, razón por la que se desconoció el artículo 281
del Código General del Proceso.

• El a quo reconoció unos tiempos adicionales prestados por Manuel Apolinar Díaz
en la Universidad Libre, Moliarroz, la Sociedad de Agricultores de Colombia e
Induarroz, pese a que no están acreditados. Ello, porque no fueron confirmados por
el fondo, ni por el perito que contrató la demandada y tampoco se decretó prueba
de oficio para tal efecto.

• El tribunal reconoció la pensión sin tener en cuenta su financiación, toda vez que
la Ley 71 de 1988 regula la pensión de jubilación por aportes y en este caso estos
no se acreditaron, luego aquella no está garantizada. Esta situación va en contravía
del mandato de los artículos 48 de la Constitución Política y 33 de la Ley 100 de
1993 que ordena que los empleadores trasladen el bono pensional con base en el
cálculo actuarial.

1.4.1 Josefina Uribe Díaz de Callejas presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y lo sustentó en lo siguiente13:

• El tribunal desconoció el artículo 167 del Código General del Proceso al afirmar
que no se probó que los literales a y b del artículo 3.º de Decreto 753 de 1974 habían
sido anulados por el Consejo de Estado, puesto que tal suceso es un hecho notorio
que no requiere prueba.

12 Folios 936 a 937 del expediente.
13Folios 939 a 942.

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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

• Los libros son válidos para la convalidación del tiempo de servicios, pues cumplen
con los requisitos del artículo 3 del Decreto 753 de 1974.

Así, el texto «De la Constituyente y otros temas» sí es un libro de enseñanza, dado
que por tratarse de una recopilación de intervenciones en el Congreso no significa
que no hubiese contribuido al análisis sociopolítico del país dentro de las
instituciones educativas que se dedican a los estudios políticos. Afirmar lo contrario
conlleva desconocer la importancia de los textos históricos.

El libro «Nuestro Reto» también es un texto de enseñanza, puesto que se dedica al
análisis y estudio de una postura política y pensamiento especifico como el liberal.

Además, no puede exigirse, ni para los libros mencionados ni para el denominado
«Contadora: Desafío al Imperio» que debían ser producidos dentro del ejercicio de la
actividad docente, por cuanto no hay norma que así lo ordene y no pueden crearse
requisitos adicionales a los fijados por el legislador.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

El Fondo de Previsión Social del Congreso14 manifestó que el recurso de apelación
presentado por Josefina Uribe Díaz de Callejas no debe prosperar, por cuanto no
demostró que los textos aportados para el reconocimiento pensional cumplieran con
los requisitos de la Ley 50 de 1886.

1.5.2. Parte demandada

1.5.2.1. Josefina Uribe de Díaz Callejas: no se pronunció en esta etapa procesal.

1.5.2.2. Yarledis María Garavito Gaibo:15 en su escrito manifestó que no le es
exigible para la validez de los textos aportados y de autoría de Manuel Apolinar Díaz
el contenido de los literales a y b del artículo 3.º del Decreto 753 de 1974, porque
fueron anulados por el Consejo de Estado. De igual manera, señaló que se probó
con las certificaciones allegadas al proceso que el mencionado laboró por un tiempo
total de 21 años, 9 meses y 7 días.

14 Folios 976 y 977.
15 Folios 978 a 988.

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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

1.6. El Ministerio Público

El Ministerio Púbico guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

i) ¿Manuel Apolinar Díaz acreditó, con los libros aportados, los requisitos previstos
en la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974 para la homologación del tiempo de
servicio necesario para adquirir la pensión de jubilación?

ii) ¿El tribunal vulneró el principio de congruencia de la sentencia al reconocer en
favor de Manuel Apolinar Díaz la pensión de jubilación regulada en la Ley 71 de
1988?

iii) ¿La sentencia de primera instancia desconoció los artículos 48 de la Constitución
Política y 33 de la Ley 100 de 1993, al reconocer a Manuel Apolinar Díaz la pensión
de la Ley 71 de 1988 y su sustitución por no tener en cuenta su financiación y sumar
tiempos de servicio que no fueron probados?

2.2. Homologación de tiempos de servicio pensionales por la publicación de
libros de enseñanza

La Ley 50 de 188616, al regular las pensiones de los maestros de instituciones
públicas o privadas, en su artículo 13 dispuso que «La producción de un texto de
enseñanza que tenga la aprobación de dos Institutores o Profesores, lo mismo que la
publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre
que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del
Tesoro Público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la
Instrucción Pública». (Se subraya).

De acuerdo con esa norma, quien elabore un texto de enseñanza con el
cumplimiento de las exigencias en ella anotadas y resaltadas, le asiste el derecho
a que por cada producción intelectual se considere que prestó el servicio por dos
años.

16 «Que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación».

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

El Decreto 753 de 1974 reglamentó el artículo aludido ante la necesidad de lograr
su aplicación uniforme «para el reconocimiento igualitario de la prestación a que se
refiere». Al hacerlo, en primer lugar, fijó los requisitos para la validez de las
certificaciones que avalan el texto y su contenido; y, en segunda medida, estableció
las exigencias a cumplirse para poder considerar los tiempos homologados para el
reconocimiento pensional.

Lo primero lo regló en su artículo 1, al que en la certificación de aprobación debe
constar i) el contenido de las obras de enseñanza; ii) los establecimientos
educativos en donde se hayan adoptado; iii) el tiempo que ha sido destinado para
educar; iv) el número de páginas; y v) las razones de su aprobación como textos de
enseñanza.17

En el artículo 2 reguló que «[l]a aprobación o recomendación pueden estar a cargo de
dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización
o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con
el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente».

Lo segundo lo reglamentó en su artículo 3, el que prescribió que cada libro o texto
de enseñanza que cumpla los requisitos previstos en los artículos antes referidos
«equivaldrán a dos años de servicio público, para los efectos exclusivos de la pensión de
jubilación a que tiene derecho el autor». La norma determinó las condiciones que se
deben cumplir para que la entidad de previsión acepte la homologación. Así,
precisó: «a) Que el libro o libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada» y,
«b) Que expresen el nombre del autor, el pie de imprenta y el año en edición»18.

Ahora bien, el Consejo de Estado, para efectos de la aplicación de las normas
analizadas, definió el concepto de «texto de enseñanza» y determinó que debe
comprenderse como tal « un libro científico o didáctico que sirva para estudiar y
comprender una materia propia del pensum de los colegios o universidades en los

17 Dice el texto de la norma: « En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que

se refieren, el establecimiento a los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el
tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del libro o de los
libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado aprobación o para
recomendarlos».
18 La normativa también exigía que «c) Que en el caso de ser varios tomos de una misma obra, cada

uno de ellos no tenga menos de doscientas páginas, con dimensión no menor de 20 x 15 cms. d)
Que si se trata de obra escrita y publicada en un solo tomo, éste no tenga menos de 200 páginas de
la dimensión mínima precedente». No obstante fue declarada nula mediante la siguiente sentencia
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicación: 1344.
Actor: Hugo Rocha Riaño. Demandado: Gobierno Nacional. Consejero ponente: Álvaro Orejuela
Gómez. Bogotá, D. E., 15 de diciembre de 1979.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

programas de pregrado y posgrado» 19. De esta manera, se descartan como tales
aquellos que no se relacionen con la enseñanza de un saber especifico en un centro
académico y los que sean «una compilación de artículos de prensa o revistas o un
ensayo sobre un tema abstracto o teórico»20, en la medida en que su fin debe ser la
instrucción de forma didáctica.

Además de los requisitos antedichos, la jurisprudencia, al interpretar el artículo 13
de la Ley 50 de 1886, precisó que para la procedencia de la homologación de
tiempos es necesario que los textos de enseñanza se hubieran creado en ejercicio
de la docencia. Se ha dicho esto, dado que la normativa reguló este beneficio en
normas que se referían al ejercicio de la instrucción pública, luego es la naturaleza
de la labor la que lo concede. Al respecto esta corporación manifestó lo siguiente:

“Por remisión legal, cuando se trataba del empleado en la instrucción pública, siempre
que acreditara los requisitos exigidos por la norma, se hacía acreedor a la jubilación,
pero, si ejercía dicha labor por el lapso indicado, es decir, por 20 años.

Y en la misma dirección, las tareas del magisterio privado fueron asimiladas por la ley
a los servicios prestados en la instrucción pública, lo que significa que se debían
desempeñar por el término de 20 años, para así hacerse merecedor al mismo efecto
legal, que no es otro, que el reconocimiento pensional.

De ahí que en un avance jurisprudencial en aras de precisar el objeto al que se
circunscribe la ley que regula la materia, es menester entender, que para la
obtención de la equivalencia de un texto de enseñanza por tiempo de servicio,
se requiere que esa producción intelectual tenga lugar dentro del marco del
ejercicio de la docencia, porque es el adelantamiento de la labor misma al
servicio del Estado, el elemento determinante para la obtención de la pensión.

En otras palabras, la producción aislada de los libros, es decir, despojada de la
prestación del servicio de instrucción o magisterio, no se puede predicar como labor
válida en los términos de esta ley para efecto pensional, si se tiene en cuenta, que la
pensión jubilatoria en nuestro ordenamiento se constituye a través de las décadas, en
esa recompensa a la que se hace merecedor su destinatario con ocasión de los
servicios que por largo tiempo prestó al Estado21. (Negrilla fuera de texto)

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 22 de abril de 1998, consejero

ponente César Hoyos Salazar. En la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 28 de abril
de 2011, expediente 25000-23-25-000-2006-08508-01(0052-10) se señaló que «la producción de un
texto de enseñanza hace referencia a la creación y aporte ideológico e intelectual del autor de la
obra de forma tal que a través de una secuencia lógica de argumentos y conceptos pongan en
conocimiento de sus receptores un tema determinado».
20 Ibidem.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00574-01(0768-14). Actor: Betty Lizcano de Carvajalino.
Demandado: Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica – FONPRECON. Consejero
ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., 6 de mayo de 2015.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al
interpretar la Ley 50 de 1886 indicó que «el ámbito personal de la norma en mención,
comprende el sector perteneciente al magisterio privado como a la instrucción pública y,
más concretamente, las tareas prestadas en cumplimiento de esas actividades, lo que, sin
duda, sugiere una relación inevitable entre la labor desempeñada y el hecho de que las
publicaciones se profieran en ejercicio de tal actividad»22.

2.3. El alcance del principio de congruencia

El artículo 281 del Código General del Proceso dispuso que las sentencias deben
guardar consonancia con los hechos, las pretensiones de la demanda y las
excepciones propuestas y probadas, de modo que exista identidad jurídica entre lo
decidido y lo alegado. Así mismo, en su inciso segundo prescribió que «[n]o podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta».

De esta manera, se reguló la congruencia de la sentencia como un principio y un
deber legal que los funcionarios judiciales deben respetar al emitir sus decisiones.23
En virtud de este les está prohibido en sus fallos reconocer un derecho mayor al
pedido (ultrapetita), otorgar un derecho no pedido o que el reclamado se concedió
por razones distintas de las invocadas (extrapetita) y omitir el pronunciamiento sobre
las pretensiones (minuspetita)24.

Acatar ese principio conlleva a que la sentencia mantenga una coherencia tanto
interna como externa: «[l]a primera se refiere a la consonancia que debe existir entre su
parte motiva y resolutiva. La segunda, a que haya concordancia entre la decisión que
contiene, lo que se pidió en la demanda, así como con la contestación y las excepciones»25.

El incumplimiento de los presupuestos anotados implica la vulneración del debido
proceso de las partes, puesto que el principio de congruencia garantiza que el juez

22 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión 1. SL4320-2019.

Radicación 65475. Acta 35. Magistrada ponente Dolly Amparo Caguasango Villota. Bogotá, D. C., 9
de octubre de 2019.
23 Al respeto ver las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de abril de 2015, Radicado: 11001-
03-15-000-2013-00358-00 consejero ponente Alberto Yepes Barreiro.
24 Sentencia Consejo del Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia

de 16 de agosto de 2002. Número único de radicación: 76001232400019970434501 (12668),
consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 19 de agosto de 2010. Expediente: 76001233100020000250101 (1146-05). Actor:
Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejera ponente Bertha
Lucía Ramírez de Páez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
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solo se pronunciará respecto de lo discutido dentro del proceso e «impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en
lo que en él se pidió, debatió, o probó».26 En esa medida, una sentencia emitida sin
atender los parámetros antedichos desborda la competencia del juez para decidir
sobre asuntos respecto de los cuales no se podía pronunciar27, actuación que puede
dar lugar, incluso, a que se configure la causal de revisión de la nulidad originada
en la sentencia prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA28.

En concordancia con el principio analizado se encuentra el deber regulado en el
numeral 4 del artículo 162 del CAPCA que establece como requisito para presentar
la demanda el indicar «[l]os fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se
trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación», ya que este presupuesto procesal fija los
límites bajo los cuales el juez debe estudiar la legalidad del acto administrativo y le
permite conocer la acusación que se presenta contra él. A su vez, garantiza el
derecho de defensa del demandado al señalar el marco dentro del cual debe
ejercerlo29.

No obstante, la jurisprudencia ha manifestado que el juez puede pronunciarse más
allá de lo planteado en el concepto de violación, siempre que advierta que el acto
acusado vulnera derechos fundamentales. Al respecto, la sentencia C-197 de 1999
al examinar la constitucionalidad del ordinal 4.° del artículo 137 del CCA (que
concuerda con el actual numeral 4 del artículo 162 del CPCA), indicó, en virtud del

26 Sentencia T-455 de 2016 magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación: 08001-

33-33-001-2013-00006-01(REV). Actor: Contraloría General de la República. Demandado: Tribunal
Administrativo del Atlántico. Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión. Consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón. Bogotá, D.C. 15 de noviembre de 2019. En la providencia se citó
Sentencia de la Sala Especial de Decisión núm. 22 de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado que del 2 de febrero de 2016; sin embargo, no se indicó el radicado.
28 Así lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al indicar que «La falta de

congruencia de la sentencia puede configurar la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, pues, como se explicó, puede comportar la violación del debido proceso, en los casos en
que el juez decide sobre cuestiones ajenas a su competencia». Consejo de Estado. Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Radicación: 11001-03-15-000-
2018-01235-00(REV). Actor: Dismacor S.A. Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión.
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez. Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2019.
29 Sobre el concepto de violación la jurisprudencia ha dicho que tiene una doble connotación, por

cuanto «primero, dota de aptitud formal a la demanda teniendo en cuenta que constituye un
presupuesto procesal que debe ser analizado en la etapa inicial para la correspondiente admisión; y
segundo, permite materializar el debido proceso, toda vez que asegura el derecho de defensa de la
parte pasiva de la litis, lo que finalmente limita el estudio de fondo que se realizará en la sentencia».
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicación: 52001-23-33-000-2013-00423-01(4617-17). Actor: David Efrén Ruiz Portilla.
Demandado: Departamento de Nariño. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D.C.
29 de agosto de 2019.

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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

principio de la prevalencia del derecho sustancial, que «cuando el juez administrativo
advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata,
deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido
con el requisito tantas veces mencionado, y que cuando dicho juez advierte incompatibilidad
entre la Constitución y una norma jurídica deberá aplicar el art. 4 de la Constitución». De
no ser así, le está vedado pronunciarse sobre cargos no formulados en la demanda
o más allá de las pretensiones presentadas30.

Así mismo, el juez puede, en virtud de lo regulado en el inciso 2.º del artículo 187
del CPACA, para efectos de decidir sobre el restablecimiento del derecho, «estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas».
Facultad que tiene como fin lograr una correcta administración de justicia,
materializar la equidad y cumplir la finalidad del derecho.31

2.4. Deber de los empleadores de provisionar los recursos para el pago de las
pensiones antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993

En cuanto a la financiación de las pensiones, en principio, la Ley 6 de 194532, al
prever la pensión de jubilación para los empleados públicos y privados, ordenó al
gobierno nacional la creación de la Caja de Previsión Social de los Empleados y
Obrero Nacionales33 para que se encargara de su reconocimiento y pago con
recursos del presupuesto nacional y aportes del 3% de los empleados y otro del 2%
de los jornales.34 Con posterioridad, el artículo 2.° de la Ley 4 de 196635 fijó una
cotización obligatoria del 5% correspondiente al salario mensual para sus afiliados.

Luego, la Ley 90 de 1946 estableció el seguro social obligatorio y creó el Instituto
de los Seguros Sociales. Así, el pago de las pensiones fue asumido por esta entidad
y ya no dependía del empleador y de su solvencia económica. Surgió entonces la
relación tripartita o de «triple contribución forzosa»36 en la que aportaban para la

30 Así se indicó en la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Radicado: 08001-23-31-000-2011-00290-01(22691). Actor: Rodrigo
Pombo Cajiao. Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Consejero
ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez. Bogotá, D. C. 4 de diciembre de 2019.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”
Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00598-02(1710-03). Bogotá, D.C., siete (7) de abril
de dos mil cinco (2005). Aplicable al presente caso, por cuanto el inciso 2 del artículo 170 de
CCA coincide en su redacción con el actual 187 del CPACA.
32 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
33 Artículo 18.
34 Artículo 20.
35 «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las

pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
36 Artículo 16 de la Ley 90 de 1946.

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financiación de la prestación social el trabajador, el empleador y el seguro social. El
Estado se liberó de este compromiso con la expedición de los decretos 433 de
197137 y 1935 de 197338, de forma tal que los aportes quedaron a cargo de los dos
primeros.

La ley referida, en su artículo 67, dispuso como sanción para el empleador que
incumpliera con la obligación antedicha y que no descontara el aporte al empleado,
asumir una serie de multas por el incumplimiento «sin perjuicio de pagar las sumas
retenidas». A su vez, el artículo 33 del Decreto 433 de 1971 ordenó que «El patrono
queda obligado a entregar la totalidad de la cotización, es decir, tanto su propio aporte como
el de sus empleados». De este modo, las normas le endilgaron la responsabilidad
ante la falta de entrega de los aportes para pensión. Máxime cuando el artículo 76
de la Ley 90 de 1946 determinó que «para que el instituto pueda asumir el riesgo de
vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley el patrono
deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes».

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que, en relación con
los trabajadores desvinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, era deber del empleador provisionar sus aportes y los de aquellos, para
trasladarlos a la entidad de previsión social cuando se examinara el reconocimiento
de la pensión de jubilación.

En efecto, al respecto se ha dicho que «[c]omo la introducción de esas instituciones de
previsión y el seguro social obligatorio sería futuro y progresivo, en virtud de la Ley 6 de
1945, los empleadores –tanto privados como públicos cobijados por la ley- mantuvieron el
deber de realizar el aprovisionamiento de los fondos necesarios para el pago de las
pensiones de jubilación de sus trabajadores, con el fin de que tales recursos luego fueran
trasladados a las nuevas entidades cuando asumieran el cubrimiento de los riesgos de sus
trabajadores»39.

En otra providencia, en la que se analizó la obligación de una entidad de trasladar
los aportes que debía por sus empleados antes de la Ley 100 de 1993, se indicó
que «… la posición más reciente sigue en la construcción de la línea jurisprudencial sobre
el deber de los empleadores de aprovisionar los recursos necesarios para efectos
pensionales. En efecto, desde el año 2012 en adelante esta Corporación tiene una posición
unificada en torno a la obligación de aprovisionamiento desde 1945 cuando en la Ley 6ª y
la Ley 90 de 1946 se estableció como tal. En ese mismo sentido, se ha considerado la
posibilidad de acumular los tiempos de servicios prestados por los trabajadores, así el

37 «Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».
38 Artículo 2.°. «Por el cual se sustituye el texto del Decreto 687 y se modifican algunas normas del

Decreto número 433 de 1971 y se dictan otras disposiciones».
39 Corte Constitucional. Sentencia T-518 de 2013, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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contrato de trabajo hubiese finiquitado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993»40.

El Consejo de Estado en tal línea argumentativa también manifestó que desde la
expedición de la Ley 6 de 1945 «…en aquellos casos en que el trabajador esté afiliado
al Instituto de Seguros Sociales pero no alcance a completar el número mínimo de semanas
de cotización que le da el derecho a la pensión mínima de vejez, o bien porque dicho
Instituto no hubiera ampliado su cobertura en la zona respectiva o por omisión del
empleador, desde el inicio o durante la relación laboral, el empleador pagará el valor de
la[s] cotizaciones por vinculaciones anteriores a la afiliación y por las cotizaciones
que faltaren al Instituto de Seguros Sociales para que el trabajador adquiera el
derecho a la pensión de vejez»41. (Se resalta).

De conformidad con lo expuesto, desde la expedición de la Ley 6 de 1946 y en
virtud de las normas posteriores proferidas que la complementaron o modificaron
(Ley 4 de 1966, Ley 90 de 1946 y Decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973) se
prescribió como deber de los empleadores y de los trabajadores realizar los
aportes para la financiación de la pensión de jubilación. Y, además, que
corresponde a los primeros su traslado a la entidad de previsión social o, en caso
de no hacerlo, de su aprovisionamiento para efectuarlo a esta una vez se reclame
el derecho prestacional.

Cabe precisar que si bien el artículo 33, parágrafo 1.° literal c) de la Ley 100 de
1993 reguló que para el cómputo de las semanas cotizadas se tendría en cuenta
el tiempo de servicio antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 «siempre y cuando
la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993», la Corte Constitucional42 consideró el requisito

40 Corte Constitucional. T-194 de 2017 Magistrado ponente encargado: Iván Humberto Escrucería

Mayolo.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Radicación: 25000-23-41-000-2016-02294-01(AC). Actor: Jorge Enrique Bermeo Alfonso y otros.
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia – Fiduprevisora S.A. – Asesores en Derecho S.A.S. Consejera ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Bogotá, D.C. 15 de febrero de 2017.
En otra providencia de la Subsección A del Consejo de Estado se concluyó lo siguiente: «Así la
cosas, desde la vigencia de la Ley 6 de 1945 y la Ley 90 de 1946 los empleadores públicos y
privados, tenían la obligación de provisionar los recursos necesarios para el pago de las pensiones
de jubilación de sus trabajadores para efectuar el correspondiente traslado de estos a la entidad de
previsión social respectiva de modo que esta se hiciera cargo del pago de la prestación social».
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 73001-23-33-000-2014-00572-01
(4809-2015). Bogotá, D.C. veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020).
42 T-194 de 2017 Magistrado ponente encargado: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Si bien la Corte

Constitucional en la sentencia C-506 de 2001declaró exequible tal mandato, la propia corporación
consideró que en dicho pronunciamiento solo se analizó la vulneración del derecho a la igualdad de
quienes afectaba la norma, pero que nada se dijo sobre el derecho a la seguridad social, el tiempo

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04787-01 (3699-2018)
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contrario a la Constitución, puesto que «…contraviene los derechos a la Seguridad
Social y el derecho adquirido a computar para pensión el tiempo de servicios prestados,
así como los principios constitucionales de efectividad de los aportes y tiempos servidos,
como el de eficiencia de la seguridad social, los cuales se encuentran protegidos por los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política…». De igual modo, porque desconoce
«…que el deber de aprovisionamiento fue establecido por las Leyes 6 de 1945 (art. 14),
90 de 1946 (art. 72) y Código Sustantivo del Trabajo (art. 259 y 160), más no con la Ley
100 de 1993, la cual estableció el mecanismo o medio para cumplir con el deber de
aprovisionar».

Por último, la Sala debe decir que la entidad de previsión social para efectos de
calcular los aportes que debió entregar el empleador cuenta con el método
matemático denominado «cálculo actuarial» para proyectar los pagos debidos a
valor presente e incorporarlos a la historia laboral del trabajador. En efecto, la
jurisprudencia ha dicho que hecho el cálculo «debe ser incorporado a la historia
laboral del trabajador, información que luego se ve reflejada en el bono pensional y,
finalmente, incide en la liquidación de la pensión».43

El cálculo actuarial tiene como fin «… computar el valor total de las semanas que
debieron ser cotizadas para obtener el derecho a la pensión, de modo que “las semanas
laboradas y no cotizadas deben ingresar a la historia laboral para que, con ese capital,
se garantice la cantidad de semanas exigidas por la ley que permitan configurar el
respectivo estatus pensional del cotizante”».44 En esa medida, corresponde a la
entidad de previsión social, con la información laboral del trabajador efectuar el
cálculo actuarial y solicitar a los empleadores el pago de los aportes
correspondientes, cuando no se hicieron, de suerte que se garantice el derecho
a la seguridad social de aquel.

2.4. Análisis del caso concreto

efectivo trabajado, las cotizaciones y los derechos adquiridos, conceptos constitucionalizados con la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Por tanto, estimó que la constitucionalidad de
la norma era relativa.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Radicación: 25000-23-41-000-2016-02294-01(AC). Actor: Jorge Enrique Bermeo Alfonso y otros.
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia – Fiduprevisora S.A. – Asesores en Derecho S.A.S. Consejera ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Bogotá, D.C. 15 de febrero de 2017.
44 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del

Derecho. Radicación: 73001-23-33-000-2014-00572-01 (4809-2015). Bogotá, D.C. veintitrés (23) de
julio de dos mil veinte (2020).
En igual sentido: Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación: 11001-03-06-000-2017-00081-00(C).
Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, FONPRECON. Consejero ponente:
Édgar González López. Bogotá, D.C. 01 de agosto de 2017.

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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso

La Sala, previo a solucionar los tres problemas jurídicos planteados en esta
providencia, aclara que en esta instancia no se discute si a Manuel Apolinar Díaz le
era aplicable el Decreto 1359 de 1993, toda vez que ello fue resuelto en primera
instancia de manera negativa y tal decisión no fue objeto de apelación. Por tanto, el
estudio se centrará en dilucidar si el causante acreditó el tiempo de servicios para
obtener la pensión de la Ley 71 de 1988 y si procedía o no su reconocimiento.

2.4.1. Análisis del primer problema jurídico

Para resolver el recurso de apelación, corresponde determinar si Manuel Apolinar
Díaz con los libros aportados acreditó las condiciones previstas en la Ley 50 de
1886 y los artículos 2 y 3 del Decreto 753 de 1974 para la homologación del tiempo
de servicio necesario para adquirir la pensión de jubilación. Por ende, se pasará a
analizar cada uno de los requisitos.

Antes de entrar en tal estudio, la Sala da por probado que Manuel Apolinar Díaz fue
autor de los siguientes libros: «Contadora: Desafío al Imperio», «Nuestro Reto» y «De
la Constituyente y otros temas»45, pues así consta en el certificado de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior46.

Dicho esto, se procederá con el examen del cumplimiento de las condiciones
reguladas en los artículos atrás referenciados.

i) Que sean textos de enseñanza:

En relación con los textos «Nuestro Reto» y «De la Constituyente y otros temas», se
advierte que no cumplen con este presupuesto, al no ser obras didácticas que sirvan
para estudiar un tema determinado de un programa de educación.

El primero, porque según su propia síntesis «[e]l propósito central de este libro es
formular unas propuestas políticas a los sectores populares, trabajadores, medios y de la
juventud, que militan en el liberalismo colombiano». Así mismo, su contenido hace
alusión a propuestas ideológicas sobre el manejo económico y político que debe
tener el país desde el punto de vista del pensamiento del partido Liberal. Por ende,
no se advierte un sentido académico del texto o su relación con alguna materia
propia de una carrera o estudio formal.

El segundo, puesto que es un compilado, según su propia presentación, «de

45 Los libros fueron aportados en físico y se encuentran anexos al expediente.
46 Folio 516.

20

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intervenciones política en el Senado de la República y otros foros, desconocidas totalmente
de la ciudadanía». En su interior se encuentran los discursos dados por Manuel
Apolinar Díaz mientras fue senador de la República. En la introducción se afirma
«[e]ste libro permite que algunas personas sepan qué he dicho y hecho últimamente en el
Senado de la República, respecto de la materia de las intervenciones». Por tanto, la Sala
no encuentra que sea un texto pedagógico que pueda ser utilizado a modo de guía
de estudio por alguna institución educativa.

Por su parte, el libro «Contadora: Desafío al Imperio» sí cumple este requisito, por
cuanto su contenido representa una investigación académica en la que se analiza
la geopolítica de américa latina a través del escrutinio de documentos del gobierno
de los Estados Unidos y de otras organizaciones relacionados con las políticas
internacionales de la Casa Blanca desde la llegada al poder del presidente Ronald
Reagan. Este texto, según lo asevera el secretario general de la Corporación
Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, es estudiado en la facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Economía47.

ii) Sobre la aprobación de los textos por dos rectores de instituciones educativas o
decanos.

El secretario general de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón
Bolívar certificó que los textos «Nuestro Reto» y «Contadora: Desafío al Imperio son
textos de consulta «por los estudiantes de los programas de Derecho, Trabajo Social,
Economía y Sociología…».48 Explicó que recomiendan los libros porque a través de
su museo bibliográfico pretende «promover la cultura y exaltar el talento y los aportes de
los escritores e intelectuales del Caribe Colombiano» y, añadió que están en la colección
«para conocer y profundizar de los principales hechos históricos de nuestra Nación y
continente».49

No obstante, la Sala no encuentra probado el cumplimiento de este requisito, puesto
que, aunque existe la certificación, los artículos 13 de la Ley 50 de 1886 y 2 del
Decreto 753 de 1974 exigen dos que sean emitidas por los directores o decanos de
las instituciones educativas y solo hay una.

En lo que respecta al libro «De la Constituyente y otros temas» tampoco se acreditó
esta condición. En efecto, si bien el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana certificó el 14 de noviembre

47 Folios 24 y 544.
48 Folios 24 y 544.
49 Ibidem.

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de 1996 que era utilizado como texto de consulta por sus docentes y estudiantes, la
certificación no reúne los requerimientos del artículo 1 Decreto 753 de 1974, pues
se limita a hacer tal aseveración50. Además, en el año 2014, al ser consultado por
FONPRECON sobre las razones del porqué usa dicho libro, la universidad indicó
que no lo recomienda de forma obligatoria para ninguna asignatura.51

iii) Que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio
del Tesoro Público.

Los libros «Nuestro Reto» y «Contadora: Desafío al Imperio» fueron editados por
las editoriales CLAC y Oveja Negra en su orden, por lo que no se advierte que
hubiesen sido financiados con recursos del erario. Por el contrario, el texto «De la
Constituyente y otros temas» fue editado por la Imprenta Nacional, lo que permite
inferir que sí se utilizaron recursos púbicos en su elaboración, por lo que este libro
en particular no cumple el requisito.

iv) Que los textos de enseñanza se hubieran creado en ejercicio de la docencia.

Dentro del proceso no está demostrado que Manuel Apolinar Díaz para la fecha de
publicación de los libros 1977 y 1986 ejerciera la docencia. Por tanto, tampoco se
acató este presupuesto.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que ninguno de los textos cumplió
con los requisitos regulados en los artículos 13 de la Ley 50 de 1886 y 2 de Decreto
753 de 1974. Ello se puede resumir así:

Texto ¿Es un texto ¿Fue aprobado ¿Se financió ¿Se produjo en
de por dos rectores con el erario? ejercicio de la
enseñanza? de instituciones docencia?
educativas o
decanos?
«Nuestro Reto» No No No No
«De la Constituyente No No Sí No
y otros temas»
«Contadora: Desafío Sí No No No
al Imperio»

Por lo anterior, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no podía
homologar los libros citados como tiempo de servicios para reconocer la pensión de
jubilación a Manuel Apolinar Díaz y, en consecuencia, la Resolución 00092 del 6 de
marzo de 1997 está viciada de nulidad por falsa motivación.

50 Folio 39.
51 Folio 542.

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Por último, la Sala precisa que, si bien la demandada en la apelación alegó que no
se podían aplicar los requisitos de los literales a y b del artículo 3.º del Decreto 753
de 1974 por haberse anulado, no se emitirá pronunciamiento sobre este tema, en la
medida en que solo cuando los textos de enseñanza superan las condiciones
señaladas en los artículos 13 de la Ley 50 de 1886 y 2 del Decreto 753 de 1974,
analizados, es procedente examinar si se aplican o no los del artículo 3.º de esta
última norma para el reconocimiento pensional. Al no haberse superado estas
condiciones en el presente caso, no hay lugar a tal análisis.

Además, se aclara que la sentencia de primera instancia no desconoció en ninguna
de sus partes que los libros objeto de debate hubiesen sido registrados. De hecho,
tal situación está probada en el expediente, pues se aportó el certificado de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior que así lo señala52.
Por tanto, el argumento del recurso carece de objeto, puesto que la decisión de
primera instancia no se fundamentó en tal asunto.

Dicho esto, la Sala concluye que la sentencia de primera instancia debe ser
confirmada en lo que se refiere a la declaratoria de nulidad de la Resolución 00092
del 6 de marzo de 1997.

2.4.2. Análisis del segundo problema jurídico

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República manifestó en su
apelación que el tribunal vulneró el principio de congruencia de la sentencia por
reconocer la pensión de jubilación regulada en la Ley 71 de 1988, ya que esto no
fue pedido en la demanda.

Pues bien, la Sala pudo constatar, una vez revisadas las pretensiones, que el fondo
aludido pidió la nulidad del acto administrativo de reconocimiento pensional y, como
restablecimiento del derecho, solicitó i) excluir a las demandadas de la nómina
pensional o, en caso de negarse ello, ii) que se ordenara «reliquidar la pensión con
base en el salario devengado por el señor Manuel Apolinar Díaz Calleja individualmente
considerado en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 1977 y el 19 de julio de 1978
como senador de la República».53 Todas las pretensiones se sustentaron en que al
mencionado no le era aplicable el régimen pensional regulado en el Decreto 1359
de 1993. La segunda no tuvo una sustentación adicional.

52 Folio 516. El certificado indica que los libros fueron registrados el 9 de septiembre de 1996 y el

tercero el 29 de noviembre de igual año.
53 Folio 614.

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El tribunal declaró la nulidad del acto administrativo pedido y, al determinar el
restablecimiento del derecho, optó por negar la primera pretensión y, en cambio,
decidió reconocer en favor de Manuel Apolinar Díaz Callejas la pensión de jubilación
por aportes a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente al
75% del salario que sirvió de base para las cotizaciones durante el último año de
servicios (20 de julio de 1977 a 19 de julio de 1978).

Para la Sala, la anterior decisión del a quo no es contraria al principio de congruencia
por cuanto:

• Actuó dentro del marco de las pretensiones, pues debía resolver entre dos
peticiones de restablecimiento del derecho solicitadas en la demanda y optó por la
segunda.

• Fundamentó lo anterior en los hechos probados, ya que la decisión la emitió porque
encontró acreditado que Manuel Apolinar Díaz consolidó el derecho pensional antes
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 al completar más de 20 años de servicios
y cumplir con la edad requerida en vigencia de la Ley 71 de 1988 y porque además
era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Lo primero, lo dio por probado al constatar que Manuel Apolinar Díaz nació el 22 de
junio de 1922, lo que se corrobora con la partida de bautismo emitida por la Diócesis
de Sincelejo y la copia de la cédula de ciudadanía allegada al proceso54. Por lo que
al 22 de junio de 1982 contaba con 60 años de edad y al 1 de abril de 1994 contaba
con 71 años y 11 meses.

Lo segundo, con las certificaciones emitidas por INDUARROZ, la Sociedad de
Agricultores de Colombia, la Universidad Libre y la Asociación Nacional de
Molineros de Arroz, en las que se indican que el causante prestó su servicios en
esas entidades.55

• Ante lo probado le correspondía dilucidar el régimen aplicable. En efecto, para
estudiar el restablecimiento del derecho debía hacer tal análisis, porque ya había
definido que a Manuel Apolinar Díaz no le era aplicable el Decreto 1359 de 1993,
en la medida en que para el 18 de mayo de 1992 no tenía la calidad de congresista.

Y, aunque el numeral 4 del artículo 162 del CPACA regló que el juez al examinar la
legalidad del acto administrativo debe limitarse a lo planteado en el concepto de
violación, en el presente caso el Fondo no sustentó la segunda pretensión de

54 Folios 28 y 102 del expediente.
55 Los certificados se encuentran en los folios 62 a 65 del expediente.

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restablecimiento y su argumentación solo buscó negar el derecho a las
demandadas. En esa medida, al tribunal le correspondía ampliar su marco de
estudio para resolverla, porque se trataba de una prestación pensional de una
persona que ya se había consolidado y la sustitución de este para dos beneficiarias
que, de negarse, podría afectar derechos fundamentales.

Por lo anterior, la Sala encuentra justificado que el tribunal analizara la aplicación
de la Ley 71 de 1988. Ciertamente, cuando entró a regir la citada ley, Manuel
Apolinar Díaz contaba con más de 60 años de edad y 20 años de servicio y su
situación pensional no se había consolidado, habida cuenta de que antes de la
vigencia de tal norma no se podían acumular tiempos privados y públicos, como era
su caso. En consecuencia, la nueva ley podía entrar a regular su situación sin que
ello significara la vulneración del «principio de irretroactividad», pues este conlleva
«…la imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la
entrada en vigencia de una disposición nueva»56, lo que no era el caso del causante.

• La resolución del caso tuvo en cuenta lo alegado en las contestaciones a la
demanda: tanto Josefina Uribe de Díaz Callejas como Yarledis María Garavito
Gaibo en su defensa alegaron que Manuel Apolinar Díaz cumplió los requisitos
pensionales, puesto que completó más de 20 años de servicio con tiempos no
tenidos en cuenta por el fondo demandante. La primera lo planteó como respuesta
a los hechos de la demanda y la segunda en la excepción que denominó
«Cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión». Por ende,
el tribunal debía analizar la veracidad de este argumento y definir si procedía como
restablecimiento del derecho la exclusión de las demandadas de la nómina de
pensionados o la reliquidación pensional.

Dicho lo anterior, para la Sala es claro que la sentencia de primera instancia guardó
consonancia con los hechos, las pretensiones de la demanda y las excepciones
propuestas y probadas, por lo que existe identidad jurídica entre lo decidido y lo
alegado. De igual modo, que no condenó al fondo demandante por objeto distinto
del pedido en la demanda, pues en esta se solicitó de forma expresa que en caso
de no accederse a negar el derecho pensional se dispusiera la liquidación con lo
recibido en el último año de servicio, lo que realizó el tribunal con fundamento en la
Ley 71 de 1988, norma bajo la cual Manuel Apolinar Díaz consolidó su derecho
pensional.

Así mismo, la Sala advierte que el a quo al decretar el restablecimiento del derecho
también actuó dentro de la competencia que le otorgó el artículo 187 del CPACA,
que lo autorizaba para establecer órdenes nuevas para garantizar la efectividad de

56
Sentencia SU-309 de 2019.

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los derechos debatidos. Por tanto, tampoco actuó por fuera de las facultades que le
otorgó el legislador.

Por lo anterior, la Sala no encuentra acreditado la vulneración del principio de
congruencia, por lo que desestimará el cargo de la apelación.

2.4.3. Análisis del tercer problema jurídico

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en el recurso afirmó que
la sentencia de primera instancia vulneró los artículos 48 de la Constitución Política
y 33 de la Ley 100 de 1993 al reconocer a Manuel Apolinar Díaz la pensión de
jubilación regulada en la Ley 71 de 1988 y su sustitución, por cuanto no tuvo en
cuenta que esta se financia con aportes y que el señor Manuel Apolinar Díaz no los
hizo.

Pues bien, revisadas las pruebas allegadas al proceso, la Sala encontró acreditado
lo siguiente en relación con los servicios prestados por el causante:

• Manuel Apolinar Díaz ocupó los siguientes empleos (solo estos tiempos de servicio
fueron tenidos en cuenta por FONPRECON para el reconocimiento pensional más
la equivalencia por las publicaciones de los libros ya analizados57):

Entidad Periodo Años Meses Días
• 6 de julio de 1939 al 4 de febrero de 1 6 28
1941.

Gobernación de - 6 de noviembre de 1942 al 21 de 2 15
Bolívar58 enero de 1943
• 3 de julio de 1943 al 12 de julio de 3 9
1946
Instituto de 8 7
Mercado 4 de septiembre de 1964 al 11 de mayo
Agropecuario59 de 1965
Departamento 6 de octubre de 1967 al 28 de 11 20
60
de Sucre septiembre de 1968
Ministerio de 1 de octubre de 1968 al 1 de marzo de 5
Agricultura y 1969
Desarrollo

57 En el folio 42 se relacionan los tiempos de servicios que aceptó la entidad. Así también en la

Resolución 00092 de 1997 demandada. Folio 79.
58 Estos periodos se encuentran en certificados emitidos por la entidad en los folios 11 y 12.
59 Certificado visible en el folio 18.
60 Certificado expedido por el jefe de personal de la Gobernación de Sucre. Folio 19.

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Rural61
Senado de la 20 de julio de 1970 al 19 de julio de 4 44 100
República62 1977
Total parcial 8 76 179
(equivale (equivale
a 6,33 a 5,96
años) meses)
Total tiempos 14 años y 6 meses

• Además de los tiempos referidos, Manuel Apolinar Díaz también prestó los
servicios en otras entidades por los siguientes periodos:

Entidad Periodo Años Meses Días
Periodo académico comprendido entre 9
febrero y noviembre de 1954
9
Universidad Periodo académico comprendido entre
Libre63 febrero y noviembre de 1955
8 7
64
INDUARROZ Julio de 1965 a abril de 1966
Sociedad de Del 29 de enero al 9 de septiembre de 7 11
Agricultores de 1964
Colombia65 Del 6 de junio de 1966 al 10 de mayo de 11 4
1967
Asociación Del 3 de febrero de 1961 al 26 de octubre 2 8 23
Nacional de de 1963
Molineros de
Arroz «
MOLIARROZ» 66

Total parcial 2 52 45 ( 1
(equivale mes y
a 4.33 15
años) días)
Total 6 años, 1 mes y 15 días

El gerente de INDUARROZ y el secretario general de la Sociedad de Agricultores
de Colombia informaron que los aportes para pensión los hicieron al Instituto de los
Seguros Sociales.67 Por su parte, la Universidad Libre y la Asociación Nacional de
Molineros de Arroz indicaron que asumían directamente «los servicios de salud».68

61 Certificado proferido por el jefe de la División de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura.

Folio 20.
62 Certificado emitido por el secretario general del Senado de la república, folios 21 y 22.
63 Certificado emitido por el secretario general de dicha universidad. Folio 64.
64 Certificado suscrito por el gerente de tal entidad. Folio 67.
65 Certificado firmado por su secretario general. Folio 68.
66 Certificado firmado por su gerente general. Folio 66.
67 Certificados en los folios 69 y 71.
68 Certificados firmados por el secretario general de la universidad y el gerente de la entidad. Folios

70 y 72.

27

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Nada dijeron sobre los aportes a pensión. Estos tiempos no fueron tenidos en
cuenta por FONPRECON, pese a que en el expediente administrativo reposaban
las certificaciones respectivas. No se advierte la razón del porqué no fueron
incluidos en el cómputo del tiempo laborado.

Por lo anterior, para la Sala, contrario a lo afirmado por el fondo, los tiempos de
servicio que reconoció el tribunal como prestados en la Universidad Libre, Moliarroz,
la Sociedad de Agricultores de Colombia e Induarroz sí están probados dentro del
proceso, pues los certificados aportados fueron expedidos de manera directa por
tales entidades, sin que exista motivo para dudar de la veracidad de la información
que contienen. Correspondía entonces al fondo demostrar su falsedad, ya que se
presumen auténticos de acuerdo con lo regulado en el artículo 244 del Código
General del Proceso, lo que no ocurrió en el sub examine.

Si bien el apoderado de FONPRECON interrogó en la audiencia de pruebas al perito
que emitió el dictamen en el que se hizo el cálculo de los tiempos laborados por
Manuel Apolinar Díaz, de tal interrogatorio no puede deducirse que el contenido de
los certificados aludidos es falso, pues las preguntas se limitaron a que el perito
explicara de cuáles documentos extrajo las fechas para hacer la cuenta, a lo que
respondió que de los aportados por la entidad demandante.69 En consecuencia,
FONPRECON no demostró que los certificados emitidos por las entidades antes
mencionadas faltaran a la verdad.

Además, la Sala advierte que tales certificados fueron aportados por la entidad
demandante y, también, que estaban en su poder desde antes del reconocimiento
pensional, pues fueron expedidas el 21 y 31 de enero y el 13 y 27 de febrero de
1996 e hicieron parte del trámite administrativo previo a la expedición del acto
administrativo que reconoció la pensión. Luego, no se entiende la razón de la
omisión de cómputo en sede administrativa, hecho que tampoco fue explicado en
sede judicial. Por tanto, dada la prueba de su existencia el tribunal no podía obviarla
y dejar de contar tales periodos para verificar los requisitos pensionales del
causante de la pensión, máxime cuando en ambas contestaciones de la demanda
ello fue alegado.

En lo que se refiere al argumento, según el cual, el reconocimiento de la pensión
desconoció los artículos 48 de la Constitución Política y 33 de la Ley 100 de 1993
porque se fundamentó en la Ley 71 de 1988 que reguló la pensión de jubilación por
aportes y en este caso estos no se acreditaron y, por ende, la prestación social está
desfinanciada, la Sala debe indicar que esta no puede ser razón para negar la

69 Audiencia de pruebas. Folio 860 a 867.

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prestación social, pues desde la expedición de la Ley 6 de 1945 y las normas que
la modificaron y complementaron70 era obligación de los empleadores aprovisionar
los aportes para pensión a su cargo y de sus trabajadores para trasladarlos a la
entidad de previsión social.

En consecuencia, FONPRECON debe solicitar el pago de los aportes faltantes por
el tiempo de servicio acreditado a INDUARROZ, a la Sociedad de Agricultores de
Colombia, a la Universidad Libre y a la Asociación Nacional de Molineros de Arroz
o a la entidad de previsión social a la que estas entidades depositaron los aportes
para efectos del traslado del bono pensional respectivo. Cabe precisar que los dos
primeros empleadores indicaron que los aportes a su cargo fueron entregados al
Instituto de los Seguros Sociales, luego, al fondo demandante le corresponde hacer
el trámite respectivo para obtener los recursos para el pago de la pensión.

Para la Sala, si las entidades atrás referidas faltaron a su deber de aprovisionar y
trasladar los aportes pensionales que correspondían a Manuel Apolinar Díaz, la
consecuencia de ello no puede trasladarse a los beneficiarios de la pensión, pues
las Leyes 6 de 1945 y 90 de 1946 establecieron que si el empleador faltó a este
deber le corresponde asumir el pago de los aportes que faltan. Por tanto,
FONPRECON cuenta con la posibilidad de exigir tal pago y utilizar el cálculo
actuarial para saber el monto y traer el valor a tiempo presente en caso de que no
se haya hecho la cotización a una entidad de previsión social.

Así las cosas, la Sala desestimará también este cargo formulado por el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República.

2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

70 Leyes 4 de 1966 y90 de 1946 y los Decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973.

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Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.71

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Manuel Apolinar Díaz con
los libros de su autoría aportados no acreditó los requisitos previstos en los artículos
13 de la Ley 50 de 1886 y 2 del Decreto 753 de 1974 para la homologación del
tiempo de servicio necesarios para adquirir la pensión de jubilación, puesto que
ninguno cumplió con todas las condiciones que exigen tales normas, esto es, que
fueran libros de enseñanza aprobados por dos directores de distintas instituciones
educativas y producidos en ejercicio de la docencia.

Así mismo, el tribunal al reconocer a favor de Manuel Apolinar Díaz la pensión de
jubilación regulada en la Ley 71 de 1988 no vulneró el principio de congruencia, ya
que la sentencia de primera instancia guardó consonancia con los hechos, las
pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas y probadas. Y, además,
porque al decretar el restablecimiento del derecho actuó dentro de la competencia
que le otorga el artículo 187 del CPACA.

Por último, se concluye que la sentencia de primera instancia, con el reconocimiento
pensional, no desconoció los artículos 48 de la Constitución Política y 33 de la Ley
100 de 1993, por cuanto se demostró que Manuel Apolinar Díaz laboró un tiempo
superior a los 20 años de servicio, periodo por el cual sus empleadores debieron

71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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realizar la provisión de los aportes. En tal sentido, no se reconoció una pensión sin
financiación, toda vez que FONPRECON puede exigirles a estos el traslado de
aquellos con fundamento en lo ordenado por las Leyes 6 de 1946 y 90 de 1946 y
con aplicación del cálculo actuarial.

En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 2 de marzo de 2018
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

No obstante, la Sala advierte que el a quo en la sentencia de primera instancia,
aunque ordenó el reconocimiento pensional a partir de la vigencia de la Ley 71 de
1988, no señaló desde cuándo debía pagarse la nueva mesada pensional que
resulte del cálculo que debe hacer el fondo pensional. Por tanto, la Sala dispone
que este procede a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, por cuanto las
beneficiarias han seguido recibiendo el pago de la mesada inicialmente otorgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 2 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República en contra de Yarledis María Garavito
Gaibo y Josefina Uribe Díaz de Callejas, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo.- Adicionar la sentencia de primera instancia en lo relacionado con el
momento a partir del cual se debe pagar la nueva mesada pensional que resulte del
cálculo que debe hacer el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
al aplicar la Ley 71 de 1988 y, en consecuencia, se ordena pagar la pensión a partir
de la ejecutoria de la presente sentencia.

Tercero. - Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. – Reconocer personería jurídica al abogado Julio Mauricio Londoño
Hidalgo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 32.709.95780.089.744 y
tarjeta profesional No. 171.204 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderado sustituto de Josefina Uribe Díaz de Callejas, con las facultades y

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para los fines establecidos en la sustitución que se encuentran visible en el folio
959.

Quinto. - Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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