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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03009-02

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03009-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, que ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en el proceso ejecutivo promovido por la señora LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03009-02

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 250002342000201403009 02
No. Interno : 3517 - 2019
Demandante : LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA
Demandado : Unidad Administrativo Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social
Tema : Ejecutivo Laboral

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia proferida el siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por medio
de la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dispuso seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Lucy Amparo Ardila Pedraza, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda
ejecutiva con el fin de lograr el cumplimiento a la sentencia proferida el 7 de
septiembre de 2006 por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, confirmada mediante providencia del 6 de
diciembre de 2007 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a fin
de que se le reconozcan las pretensiones en los siguientes términos:

“Se libre a favor de la señora LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA, y en contra
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUICIOES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
Representada legalmente por la Doctora GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, o
a quien haga sus veces o este designe, mandamiento ejecutivo de pago, por
las siguientes sumas de dinero y por los valores relacionados a continuación:

1) Por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA (sic) Y CUATRO PESOS
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($68.329.654.59) MCTE, por

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No. Interno: 3517 – 2019
Demandante: Lucy Amparo Ardila Pedraza
Demandado: UGPP
Ejecutivo Laboral

concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A” y el Honorable Consejo de Estado, debidamente ejecutoriada
con fecha 15 de febrero de 2008, los cuales se causaron en el periodo del 16
de febrero de 2008 al 25 de agosto de 2011, de conformidad con el inciso 5 del
artículo 177 del C.C.A., suma que deberá ser actualizada hasta que se verifique
el pago total de la misma.”

1.1. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 1 – 6), son los
siguientes:

“1. Mediante sentencia judicial de fecha 7 de septiembre de 2006, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección segunda – Subsección
“A”, se condenó a la extinta Caja Nacional de Previsión social EICE; y en
consecuencia se le ordenó reliquidar la pensión de jubilación a favor de la
señora LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA.

2. El Honorable Consejo de Estado, en sentencia judicial de segunda instancia
de fecha 6 de diciembre de 2007, confirmo la providencia anterior, quedando
debidamente ejecutoriados los fallos el 15 de febrero de 2008.

3. Dentro de las sentencias judiciales, se le ordenó a la extinta Caja Nacional
de Previsión Social EICE, dar cumplimiento a las dentro del término de los
artículos 176 y 177 del C.C.A.

4. La extinta Caja Nacional de Previsión social EICE, mediante la Resolución
Nro. 49425 del 29 de septiembre de 2008, dio cumplimiento parcial a los fallos
judiciales proferidos por Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “A” y el Honorable Consejo de Estado, reliquidando
parcialmente la pensión de la señora LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA,
parcialmente.

5. Mediante Resolución No. 04700 del 4 de febrero de 2009, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social EICE, modificó la Resolución NO. 49425/2008,
dando cumplimiento integral a lo ordenado en las sentencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”
y el Honorable Consejo de Estado.

6. En el mes de agosto de 2011, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
– UGPP, reportó la novedad de inclusión en nómina de la anterior resolución,
cancelando a favor de mi mandante la suma de $110.781.857,16, por concepto
de pago integral de diferencia de mesadas causadas y no pagadas.

7. Las sentencias judiciales quedaron debidamente ejecutoriadas con fecha 15
de febrero de 2008 y solo hasta el mes de agosto de 2011, se incluyó en nómina
la resolución que da “cumplimiento integral” a la sentencia, por tanto, y de
conformidad al inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., se causaron intereses
moratorios entre el 16 de febrero de 2008 al 24 de agosto de 2011.

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8. Dentro del pago realizado en el mes de agosto de 2011, (anexo relación
detallada de pagos expedida por la UGPP y desprendible de pagos) no se
incluyó lo correspondiente al pago de los intereses moratorios, los cuales
fueron ordenados en la sentencia judicial y reconocidos en el acto
administrativo de cumplimiento.

9. Teniendo en cuenta, que de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del
C.C.A., los intereses moratorios deben ser sido liquidados a partir de la
ejecutoria de las sentencias (15 de febrero de 2008) hasta el día en que se
verificó el pago integral de las sentencias judiciales (25 de agosto de 2011)
dicha liquidación asciende a la suma de $108.329.654.59, tal y como consta en
la liquidación detallada que me permito aportar.

10. El Gerente Liquidado de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante
Resolución NO. 4810 del 30 de abril de 2013, dentro del proceso liquidatorio
reconoció parcialmente a favor de la señora LUCY AMPARO ARDILA
PEDRAZA, una suma equivalente a $40.000.000.oo, por concepto de
intereses, desconociendo que la liquidación de los mismos debía efectuarse
desde el 16 de febrero de 2008 al 25 de agosto de 2011, para un total de
$108.329.654.59, quedando un saldo pendiente de $68.329.654.59.

11. Cabe resaltar, que la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, perdió
la competencia para responder por el pago de estos intereses ordenados
mediante la sentencia judicial ya mencionada, de conformidad con lo
establecido en los Decretos NO. 4107 y 4269 de Noviembre de 2011 y demás
normas concordantes, por tanto, la entidad obligada y hasta el momento en que
se efectúe el pago de los mismos, es la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP.

12. Finalmente, lo que se pretende con la presente acción es el pago de unas
acreencias ordenadas mediante las sentencias judiciales proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”
y el Honorable Consejo de Estado, como son los intereses moratorios de que
trata el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., reiteró, los cuales se encuentran
ordenados tanto en dicha sentencia, como reconocidos en la resolución de
cumplimiento.

13. Como la obligación en referencia procede del deudor UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESITÓ PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
ente encargado de las pensiones y prestaciones económicas de la extinta Caja
Nacional de Previsión Social EICE, es actualmente exigible, además es clara,
liquida y expresa, a tenor de lo dispuesto en numeral 1° del artículo 297 y ss
del C.P.A.C.A, en concordancia con los artículos 422 y siguientes del Código
General del Proceso.”

1.2. Normas violadas

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Como normas violadas se citan en la demanda los artículos 156, 164, 192 297, y 298
del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo; 306,
422 y siguientes del Código General del Proceso; 1653 del Código Civil.

2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, mediante apoderado judicial, en escrito visible a folios 113 a
122 del expediente, se opuso a las pretensiones de la demanda.

Señaló que la entidad, carece de competencia para el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios conforme al artículo 177 del C.C.A., a favor de la demandante,
ordenados mediante fallos judiciales debidamente ejecutoriados, en donde CAJANAL
fue la entidad condenada, razón por la cual, este tipo de reclamaciones debe ser
atendidas por el Patrimonio Autónomo de Remanente (PAR CAJANAL) o por parte de
la entidad que asuma dicho pasivo.

Solicitó no continuar con la ejecución del mandamiento ejecutivo y dar por terminado
el proceso, debido a que el título ejecutivo no cumple con el requisito de exigibilidad,
puesto que la entidad dio cumplimiento al fallo proferido por la jurisdicción
administrativa, y en relación al pago de intereses la encargada de reconocer dichas
sumas de dinero es la extinta CAJANAL, a través del Patrimonio Autónomo de
Remanentes y no la UGPP.

Propuso las excepciones de caducidad de la acción ejecutiva y prescripción.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia proferida el 7 de
marzo de 2019 (ff. 147 – 154), declaró no probadas las excepciones propuestas por
la ejecutada, ordenó seguir adelante con la ejecución contra la UGPP “por los
intereses moratorios causados entre el 16 de febrero de 2008 y el 25 de agosto de
2011”, y dispuso practicar la liquidación del crédito conforme a lo establecido en el
artículo 446 del Código General del Proceso.

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Señaló que la excepción de caducidad propuesta por la entidad, fue objeto de
pronunciamiento mediante auto del 28 de agosto de 2014, en la cual se declaró la
caducidad de la acción ejecutiva, decisión que fue revocada por el Consejo de estado,
mediante providencia del 4 de mayo de 2016.

Con relación a la prescripción, manifestó que no se están reclamado prestaciones
sociales, pues el derecho sustancial a la reliquidación pensional fue debatido y
decidido en la sentencia que se presenta como título ejecutivo y el término que opera
para la reclamación de lo adeudado es el de caducidad de la acción, el cual no operó.

Luego, sostuvo que es a la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, la entidad encargada de
asumir en adelante las obligaciones de tipo pensional del régimen de prima media, y
“teniendo en cuenta que los intereses moratorios que reclama la parte ejecutante, tienen como
génesis las sentencias proferidas por esta jurisdicción contra Cajanal, no puede desligarse a
la Unidad del cumplimiento total de la obligación, por cuanto como se analizó en párrafos
precedentes, ésta última asumió las obligaciones de la administradora de pensiones
liquidada.”

Señaló que, los intereses moratorios son una cuestión accesoria a la condena, pues
los mismos se originan en el cumplimiento tardío de la sentencia, y por tal razón debe
asumir la UGPP, el pago de los mismos, al ser la entidad que asumiera las
obligaciones pensionales que estaban a cargo de Cajanal.

Consideró que la UGPP no discute la existencia de la obligación, y contrario a ello,
advirtió que aun cuando la sentencia cobró ejecutoria el 15 de febrero de 2008, solo
se liquidaron y pagaron las diferencias en las mesadas pensionales y la indexación
hasta la nómina de agosto de 2011, sin los correspondientes intereses moratorios a
pensar del pago tardío de la obligación.

Conforme con lo anterior, concluyó que corresponde seguir con la ejecución por los
intereses de mora causados entre el 16 de febrero de 2008 y el 25 de agosto de 2011,
liquidados en los términos del artículo 177 del C.C.A., haciendo claridad respecto a
que el capital sobre el cual se liquidarán será el pagado tardíamente por la ejecutada,
luego de efectuar las respectivas deducciones con destino al sistema de salud,
cálculos que se realizarán al momento de liquidación del crédito.

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De la misma forma, ordenó que conforme al artículo 446 del Código General del
Proceso, se practique la liquidación del crédito, con las salvedades dispuestas
respecto a la forma de determinación del capital y se abstuvo de condenar en costas

4. Recurso de apelación

El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, formuló recurso de
apelación en contra de la sentencia referida (ff. 158 – 159), en la cual solicita se
revoque la decisión de primera instancia.

Señaló que no es posible atender las pretensiones de la ejecutante, respecto del
pago de intereses moratorios, por cuanto operó el fenómeno de caducidad de la
acción ejecutiva y por tanto la extinción del derecho de acción, por el paso del
tiempo, como quiera que se dejó transcurrir los plazos fijados por la ley en forma
objetiva, por lo que el derecho feneció, por no poderse reclamar en juicio.

Reiteró que se presentó el fenómeno de la caducidad, toda vez, que la demanda
ejecutiva fue radicada con posterioridad al 1 de julio de 2015, que establece un
término de 10 meses después de la ejecutoria de la sentencia.

Reiteró que el pago de los intereses moratorios, no corresponden a la UGPP, sino
al Patrimonio Autónomo de Remanente que se haya encargado de dichos pasivos,
en cuanto solo es competente para el pago de obligaciones, siempre que tenga que
modificar el derecho reconocido en el acto de cumplimiento.

5. Alegatos de conclusión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, mediante actuación registrada No. 16 de
SAMAI, presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos de
defensa de la contestación de la demanda, en los cuales señaló que no es viable
acceder a las pretensiones, teniendo en cuenta que no cumple con los requisitos
para el pago de los intereses moratorios del artículo 177 del CCA, al presentarse el

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fenómeno de la caducidad de la acción, en el entendido que el fallo del cual pretende
su ejecución quedó ejecutoriado el día 15 de febrero de 2008, y la accionante inició
la acción ejecutiva, el 17 de julio de 2014, por lo que para efectos de contabilizar la
caducidad de las acciones ejecutivas cuyo título valor es una sentencia judicial, es
necesario recurrir entre otros al contenido del inciso 4 del artículo 177 del CCA.

Señaló que, “el literal k del artículo 164 del CPACA establece que cuando se pretenda la
ejecución de una decisión judicial como en el caso que nos ocupa, el termino para superar
su ejecución será de cinco (5) años contados a partir que la obligación se hizo exigible.
Ahora si el Despacho llegase a considerar que el proceso liquidatorio de Cajanal suspendió
los términos de caducidad de la acción, es necesario que tenga en cuenta que la liquidación
de CAJANAL suspendió los términos de caducidad y prescripción, pero no el de los 18
meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., para que las condenas contra esa entidad
pudieran ser ejecutadas.”

Alegó que, si el juez de conocimiento considera que no hay lugar a la caducidad
porque durante el periodo en que CAJANAL EICE permaneció en liquidación, se
suspendieron los términos, es válido afirmar que, durante ese mismo periodo, no
pudo haberse generado intereses moratorios, pues al igual que la demandante la
entidad se encontraba en imposibilidad de cumplimiento.

La parte demandante y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Problema Jurídico

Se circunscribe a establecer i) si la acción ejecutiva está afectada por el fenómeno
de la caducidad; y, ii) si la UGPP no es la llamada a responder por el pago de toda
la obligación reconocida en la sentencia que se aduce como título ejecutivo en el
presente proceso y de los intereses moratorios establecidos en el artículo 177 del
CCA.

2.2. Análisis de la Sala

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2.2.1. Marco normativo

Sobre el proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

El proceso ejecutivo es el medio procesal para que un acreedor, de modo coercitivo,
haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular ante un deudor que se
rehúsa a su cumplimiento. Es decir, “es el medio para que el acreedor haga valer el
derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la
ejecución forzada1”.

En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya fue
reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del adeudado o fue
emitido en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo contiene la
obligación a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución judicial y, por tanto,
es el requisito procesal indispensable para que pueda adelantarse el proceso. Y es
así, porque es la prueba de la existencia de la obligación debida o del derecho y de
quién es el llamado a cumplirla y en qué términos.2

En efecto, por estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de una
obligación que consta en un documento que de plena fe de su existencia “el título
constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución”3 y, en consecuencia, “es el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo4”. Su definición y
requisitos se plasmaron en el artículo 422 del Código General del Proceso, en los
siguientes términos:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de
las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o
señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que
señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.
(Resalta la Sala).”
1
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 15 de noviembre de 2017, radicado 54001-23-33-000-2013-00140-01(22065),
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 12 de julio de 2018, radicado 81001-23-
33-003-2017-00042-01, M.P. María Elizabeth García González.
2
Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo III pág. 478. Editorial ABC,1973: «el documento o los
documentos auténticos que constituyen plena prueba, en el cual o de cuyo conjunto consta la existencia a favor del
demandante y a cargo del demandado, de una obligación expresa, clara y exigible…».
3
Sentencia T-111 de 2018 magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.

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La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales. Los
primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y exigen que el
título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una
providencia judicial.5 La autenticidad se refiere a la plena identificación del creador
del documento para que no haya duda del deudor y el juez tenga certeza de quién
lo suscribió.6

Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante una
obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada en el
título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación; clara si
sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con respecto
al objeto o sujetos de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y se entiende
en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del cumplimiento de un
plazo o condición o siempre que estos se hubiesen cumplido.7

Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados, de
modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación, su
claridad y que ya es exigible.

Una vez el juez verifica que el documento cumple con los requisitos enunciados,
debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el
artículo 430 del Código General del Proceso, el cual preceptúa que “Presentada la
demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si
fuere procedente, o en la que aquel considere legal”.

5
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera
ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «…que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen de autoridad
judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los
segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su
causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de
pagar una suma de dinero».Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03 15 000 2018
00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el documento debe
reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial
condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Radicación: 27001-23-31-000-2012-00086-01(47539). Actor: Otoniel Antonio
Varela Arias. Demandado: Instituto Nacional de Vías. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Referencia:
Apelación Sentencia - Medio de Control Proceso Ejecutivo. Bogotá, D.C. 8 de junio de 2016.
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 14 de mayo de
2014. Radicado: 33.586.
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), M.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 26 de julio de 2018
radicado 41001-23-31-000-2010-00139-01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.

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De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario para que
pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo dispone
el artículo 422 del Código General del Proceso i) es la prueba de la existencia de la
obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con certeza el
obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el adeudado, por
provenir de él o de su causante o de cualquiera de las providencias enunciadas en
dicha norma.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 297, indicó que constituyen títulos
ejecutivos i) las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de
suma de dinero; ii) las decisiones en firme derivadas de los mecanismos alternativos
de solución de conflictos si incluyen una obligación para el pago de sumas de dinero
clara, expresa y exigible; iii) los contratos estatales y los documentos de sus
garantías, los actos administrativos en los que conste su incumplimiento o el acta
de liquidación; y iii) los actos administrativos que reconozcan un derecho o la
existencia de una obligación.

2.2.2. Excepciones que proceden dentro del proceso ejecutivo cuando el título
ejecutivo es una sentencia judicial

Cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales
del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del Código General del Proceso,
le corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, tal
como dispone el 430 ibidem. Hecho esto y notificada dicha providencia, el ejecutado
puede, dentro de los 10 días siguientes, presentar las excepciones de mérito en
ejercicio legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442
ibidem.

La presentación de este tipo de excepciones tiene la finalidad de enervar la
pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obligación contenida en el título
ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como “medios de defensa que atacan la
obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su

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desconocimiento total o parcial”.8

En cuanto a las excepciones de mérito que pueden proponerse dentro del proceso
ejecutivo cuando el título sea una providencia judicial, el artículo 442 del Código
General del Proceso, especificó lo siguiente:

“Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las
siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento
ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá
expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y
acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia,
la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones
previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de
pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez
adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el
caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los
defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la
orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios”. (Resalta la Sala).

Conforme con la norma, en los eventos en que el título ejecutivo corresponda a una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, el demandado únicamente puede alegar las excepciones enlistadas
de manera taxativa en su numeral 2. En ese sentido, en caso de invocarse otras al
juez le está vedado pronunciarse. Esa ha sido la postura de la jurisprudencia de
esta Corporación que se ha expresado de la siguiente manera:

“Ahora bien, respecto de cuales excepciones pueden proponerse en el proceso
ejecutivo derivado de alguna disposición que contenga una obligación clara,

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 25000-23-26-000-2002-01920-
02(32666). Actor: Directorado de Carreteras de Dinamarca. Demandado: Instituto Nacional de Vía Invias. Referencia: proceso
ejecutivo. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá D.C. 11 de noviembre 2009. En la sentencia se citó el
siguiente texto para la definición transcrita: «Al respecto el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho
Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso
sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo
sobre el derecho cuestionado.”

12

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expresa y exigible en la actualidad, la normatividad es precisa al consagrar
taxativamente la procedencia de las mismas.

Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., hoy previsto en el
Numeral 2º del Artículo 442 del Nuevo Código General del Proceso prevé
que, si el título ejecutivo consiste en una sentencia de condena o cualquier
otra providencia que lleve consigo ejecución, “sólo podrán alegarse las
excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la
respectiva providencia…, la de “pérdida de la cosa debida…” y las nulidades
originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación
a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos
constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no
pueden proponerse “…ni aún por la vía de reposición.”. Al respecto esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:

“En conclusión, cualquiera otra excepción, diferente a las enlistadas en el
numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., que pretenda enderezarse contra el
título ejecutivo está llamada al fracaso si, como ya se dijo, el documento base
del recaudo es una sentencia de condena o cualquier otra providencia que
lleve consigo ejecución, tal como lo son los actos administrativos por
medio de los cuales se impone una multa a cargo de un contratista, se
declara la caducidad de un contrato y se hacen efectivas las garantías
constituidas en favor de la administración.” 9 (Resalta la Sala).

Así las cosas, el artículo 442 del Código General del Proceso desecha la posibilidad
de que se invoquen excepciones distintas a las que contiene en su numeral 2
cuando el título ejecutivo es una providencia judicial. En tal sentido, únicamente
pueden alegarse las de “pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción”; siempre que se basen en hechos posteriores a la
respectiva providencia; la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento; y la de pérdida de la cosa debida.

2.2.3. Caducidad del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el
ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de
control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. providencia de 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-36-000-2015-
00819-03(60499), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En otra providencia esta Corporación señaló lo siguiente: “De acuerdo con la norma transcrita, cuando el título ejecutivo esté
constituido por una sentencia, las únicas excepciones que pueden proponerse son las taxativamente previstas en el numeral
segundo, dentro de la cuales, no se incluye la planteada por el ente demandado, razón suficiente para desestimarla” Consejo
de Estado, Sección Cuarta, providencia de 12 de noviembre de 2015, radicado 25000-23-27-000-2005-00326-02 (19962)
M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias de
15 de octubre de 2015, Expedientes 56950 y 47764, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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corporación, “busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el
surgimiento del proceso (…)”10, y fue concebida para desarrollar el principio de la
seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la
ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en
que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo11 y reiterado en el literal K del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.12

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

El 7 de septiembre de 200613 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia accediendo a las pretensiones de la demanda, en proceso que en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 85 del CCA presentó la señora Lucy Amparo Ardila Pedraza, en orden a
que se declarara la nulidad parcial del acto administrativo y se ordenara la
reliquidación de la pensión gracia, en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual devengado durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que
adquirió el derecho a la pensión.

El 15 de febrero de 200814, quedó ejecutoriada la anterior decisión, según se
advierte de la constancia suscrita por el secretario de la Sección Segunda del

10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A. y otro,
radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.
11
Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…) 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la
señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
12
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes
términos, so pena de que opere la caducidad: (…) k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de
decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales
contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la
obligación en ellos contenida; (…).
13
Folio 8 - 20
14
Folio 21 reverso

14

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Consejo de Estado.15

El 20 de mayo de 200816, la demandante solicitó a Cajanal el cumplimiento de la
sentencia condenatoria.

Por Resolución 49425 del 29 de septiembre de 2008, la Caja Nacional de Previsión
Social EICE17, dio cumplimiento al fallo de 7 de septiembre de 2006, proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el Consejo de Estado,
a través de la decisión del 6 de diciembre de 2008.

Mediante la Resolución 04700 del 4 de febrero de 2009, Cajanal EICE, modificó la
decisión contenida en la Resolución 49425 del 29 de septiembre de 2008, “al
establecer la efectividad de la reliquidación a partir del 7 de septiembre de 2002, pero con
efectos fiscales a partir del 20 de mayo de 2005, por prescripción trienal, siendo lo correcto
establecer la efectividad a partir del 07 de septiembre de 2002, sin aplicar la prescripción
trienal.”

Obra a folios 40 a 42 del expediente, la liquidación realizada por la UGPP, con
ocasión a la reliquidación de la pensión ordenada mediante sentencia judicial.

El apoderado de la entidad demandada, allegó copia de la Resolución RDP 045611
del 29 de noviembre de 2018, expedida por el subdirector de determinación de
derechos pensionales de la UGPP (ff. 175 – 180), por medio de la cual modificó la
Resolución 49425 del 29 de septiembre de 2008, al considerar que no operó la
caducidad de la acción ejecutiva ni la extinción del derecho de acción por el paso
del tiempo. Conforme con ello, procedió a ordenar el pago de los intereses de que
trata el artículo 177 del C.C.A., a cargo de la UGPP, para ello, el Grupo de Nómina
debe efectuar las operaciones aritméticas a que haya lugar y liquidar las diferencias
que resulten entre la Resolución 4969 del 29 de junio de 2004 y lo ordenado por el
fallo al cual se da cumplimiento, teniendo especial cuidado de deducir las sumas
canceladas por vía ejecutiva y/o administrativa. El anterior acto administrativo, fue
dejado sin efectos a través de la Resolución RDP 013599 del 30 de abril de 2019.

15
Folio 31 vuelto.
16
Ver contenido de la Resolución 49425 de 29 de septiembre de 2008
17
Folio 32 - 36

15

No. Interno: 3517 – 2019
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Demandado: UGPP
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El apoderado de la entidad demandada, mediante memorial registrado en SAMAI
en la actuación No. 20, allega la Resolución RDP 010869 del 30 de abril de 2021, a
través de la cual “se determinan unos intereses moratorios”, ordenados mediante
sentencia judicial, para ello, estableció que “los intereses moratorios en los términos del
artículo 177 del C.C.A., estarán a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES UGPP por valor de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 33/100 ($41.709.193,33 M/CTE),
como remanente a lo ya pagado, relacionada en la parte motiva de la presente resolución
a favor de ARDILA PEDRAZA LUCY AMPARO, los cuales se reportarán por esta
Subdirección a la Subdirección Financiera, a fin de que se efectúe la ordenación del gasto
y el pago correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente.”

De la misma forma, en la actuación No. 22 de SAMAI, el apoderado de la UGPP
certificó que le canceló a la demandante, el 29 de octubre de 2021, la suma de
$41.709.193 por concepto de intereses, y que el pago realizado se aporta en la
orden de pago SIIF Nación No. 287879121

2.4. Caso concreto.

En el presente caso, mediante sentencia de 7 de marzo de 2019, el a quo declaró
no probadas las excepciones propuestas y dispuso seguir adelante con la ejecución
contra la UGPP, por intereses de mora causados entre el 16 de febrero de 2008 y
el 25 de agosto de 2011, derivados del pago tardío de la sentencia base de recaudo.

La entidad ejecutada en el recurso de apelación se opuso a la decisión del a quo, al
considerar que operó el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva y por tanto,
la extinción del derecho de acción.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario precisar
que la providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 15 de febrero
de 2008, es decir, en vigencia del Código Contencioso Administrativo; por lo tanto,
para contabilizar el término de caducidad del proceso ejecutivo es necesario recurrir
al contenido del inciso 4 del artículo 177 ibidem, según el cual las condenas
impuestas contra la Nación “serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18)
meses después de su ejecutoria”.

16

No. Interno: 3517 – 2019
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Demandado: UGPP
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Así las cosas, los cinco (5) años concedidos para la interposición oportuna de la
acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18 meses.18

Bajo este hilo argumentativo, se observa que la sentencia de segunda instancia,
que puso fin al proceso ordinario sobre el cual se edifica el sub lite, adquirió firmeza
el 15 de febrero de 2008, por tanto, los 18 meses para acudir en sede judicial
culminaron el 18 de agosto de 2009, de forma que los 5 años de caducidad
empezaron a correr a partir de esta última fecha, y culminarían el 18 de agosto 2014.

Teniendo en cuenta que se formuló demanda, el 17 de julio de 2014, la misma fue
presentada dentro del término de caducidad que la norma consagra, para
comparecer oportunamente ante la jurisdicción19 y, por lo tanto, contrario a lo
señalado por la entidad recurrente, no operó la caducidad del medio de control de
la referencia.

Llama la atención, que esta Corporación, mediante decisión del 4 de mayo de 2016
(ff. 89 – 96), al resolver el recurso de apelación en contra del auto de fecha 28 de
agosto de 2014 (ff. 48 – 53), por medio del cual rechazó la demanda ejecutiva,
analizó de manera extensa, el fenómeno de la caducidad para presentar la acción
ejecutiva, teniendo en cuenta que empezó a correr en vigencia del C.C.A.,
normatividad aplicable para el presente caso. Así las cosas, los argumentos
presentados por la entidad, no son de recibo, teniendo en cuenta las
consideraciones antes mencionadas.

La Sala precisar que la entidad obligada con el fallo objeto de ejecución fue Cajanal,
la cual fue liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009. Dicho proceso
liquidatorio, se sujetó al Decreto 254 de 2000,20 modificado por la Ley 1105 de 2006,
la cual, en su artículo 1, ordenó llenar los vacíos del régimen de liquidación con
normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Por su parte, el artículo 64

18
Posición asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014 04132 01, M. P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez; así como por esta Subsección en la providencia del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023
01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19
El conteo de la caducidad en los términos descritos, encuentra respaldo, entre otras, en las siguientes providencias de esta
Corporación: i) del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-2014), M.P. William Hernández Gómez;
ii) del 12 de julio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2014-01475-01 (3531-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; iii) del 30 de
agosto de 2018, radicación 05001-23-33-000-2018-00695-01 (61905), M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo (E); iv) del 3 de julio de
2019, radicación 11001-03-15-000-2019-00326-01, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; v) del 23 de agosto de 2019, Radicación 11001-
03-15-000-2019-00325-01, M.P. Martín Bermúdez Muñoz; y vi) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023
01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
«por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional».

17

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del Decreto 4107 de 201121 dispuso que Cajanal en liquidación, continuaría
realizando las funciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 2196 de 200922 hasta
tanto fueran asumidas por la UGPP, a más tardar el 1 de diciembre de 2012; sin
embargo, el proceso de liquidación culminó efectivamente el 11 de junio de 2013,
de conformidad con el Decreto 877 de 2013,23 por lo cual los procesos judiciales y
demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la
liquidación fueron asumidos por la UGPP.24

Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus
funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional.

Con fundamento en lo anterior, la Sala deberá confirmar la sentencia apelada por
cuanto la acción ejecutiva no está afectada por el fenómeno de la caducidad.

Finalmente, con relación a la condena en costas, es importante destacar que no
procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo
así, teniendo en cuenta que en el trámite del proceso no se observa su causación,
esta Sala no condenará en costas.

III. DECISIÓN

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada,

21
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector
Administrativo de Salud y Protección Social».
22
«por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y
se dictan otras disposiciones».
23
«por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan
otras disposiciones».
24
Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, rad. 25000-
23-42-000-2017-01281-01(1516-18).

18

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Demandante: Lucy Amparo Ardila Pedraza
Demandado: UGPP
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toda vez que, la acción ejecutiva no está afectada por el fenómeno de la caducidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2019 por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, que ordenó seguir adelante con la ejecución
en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en el
proceso ejecutivo promovido por la señora LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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