Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03121-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03121-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-03121-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
10 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Reliquidación pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la
sentencia proferida el 21 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Álvaro José Venegas González, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) GNR 156842 del 27 de junio de 2013, suscrita por el
gerente nacional de reconocimiento (E) de Colpensiones, por medio de la cual
reconoció y ordenó el pago a favor del demandante de la pensión de jubilación, en
cuanto no incluyó en el ingreso base de liquidación todos los factores de salario
devengados en el último año de servicio; y ii) el acto ficto o presunto negativo,
derivado de la omisión en dar respuesta a los recursos de reposición y apelación
contra el acto anterior, radicados el 9 de agosto de 2013.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, en específico la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, el auxilio de alimentación, los factores por
vacaciones y las primas de vacaciones, de servicios, de navidad, de coordinación
y de riesgo; ii) pagar las mesadas pensionales que resulten de la orden anterior;
iii) ajustar los valores reconocidos con el índice de precios al consumidor; y
iv) condenar al pago de intereses moratorios, costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera nació el 27 de febrero de 1971 y
laboró al servicio del DAS desde el 3 de febrero de 1992 hasta el 23 de julio de
2013. En consecuencia, completó 21 años y 5 meses al servicio del Estado.
ii) Durante su permanencia en la entidad, desempeño el cargo de detective en sus
diferentes grados y denominaciones. Esta circunstancia le otorgó la condición de
beneficiario del régimen previsto en el Decreto 1835 de 1994.
iii) En el último año de servicio, devengó los siguientes factores salariales:
asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados,
primas de navidad, de vacaciones, de servicios, de coordinación y de riesgo y
factores por vacaciones.
iv) Mediante la Resolución GNR 156842 del 27 de junio de 2013, Colpensiones le
reconoció al demandante una pensión vitalicia de jubilación; no obstante, solo tuvo
en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios prestados y tomó el
promedio salarial de los últimos 10 años.
v) El 9 de agosto de 2013, el señor Pardo Mosquera presentó recursos de
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reposición y apelación en contra del acto anterior; sin embargo, a la fecha no ha
obtenido respuesta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 3, 25, 48, 53, 58, 332, 336 de la
Constitución Política; 11 y 36 de la Ley 100 de 1993; 18 del Decreto 1933 de 1989;
la Ley 33 de 1985; y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 y 1045 de
1978, 1835 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) El actor cumplió con los requisitos legales y constitucionales para acceder al
derecho a devengar la pensión de jubilación, en las condiciones previstas en las
normas especiales vigentes a favor de los detectives del DAS; sin embargo, la
prestación no fue reconocida en debida forma, porque no se tuvieron en cuenta
para establecer el monto de la mesada pensional, todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, tal como lo ordenan las normas que
regulan la materia y que deben aplicarse en el asunto.
ii) Por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el Decreto 1835 de
1994, el señor Pardo Mosquera tiene derecho a que su pensión se liquide con
base en el promedio de los salarios devengados por en el último año de servicio,
con inclusión de la totalidad de los factores, especialmente: la asignación básica,
la bonificación por servicios prestados, las primas de navidad, de vacaciones, de
servicios, de coordinación y de riesgo y los factores por vacaciones.
1.2. Contestación de la demanda
Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
1 Folios 69 a 85.
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pretensiones,2 de conformidad con los siguientes argumentos:
i) El propósito primordial del legislador con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de
acuerdo con lo analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de
2013, fue el de establecer una regla de transición que favorecería a las personas
con la expectativa de pensionarse conforme a unas reglas de carácter especial
contenidas en los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionados con
los requisitos de tiempo de servicio y edad; sin embargo, el ingreso base de
liquidación, no fue un aspecto sometido a transición.
ii) En tal sentido, al accionante se le liquidó el derecho prestacional de acuerdo
con la normativa adecuada, toda vez que se tuvo en cuenta el promedio de lo
devengado o cotizado durante los últimos 10 años de servicios, actualizado con el
índice de precios al consumidor. Por lo tanto, los actos administrativos acusados
deben mantenerse incólumes.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 21 de agosto de 2018, declaró la nulidad del acto
demandado y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión del
actor, a partir del 23 de julio de 2012, «con el 75 % del promedio de los factores de
salario devengados en el año anterior al retiro del servicio, con inclusión de los
siguientes factores: asignación básica, bonificación por servicios y prima de
servicios, realizando los descuentos por aportes, sobre aquellos factores que se
ordenaron incluir y frente a los cuales no había efectuado el actor cotizaciones».
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:3
i) El demandante no es beneficiario de la transición prevista en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 porque para el 1.º de abril de 1994 no tenía más de 35 años de
edad ni acreditaba más de 15 años de servicios. No obstante, sí es beneficiario del
2 Folios 111 a 114.
3 Folios 184 a 197.
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régimen previsto en el artículo 4 del decreto 1835 de 1994 por cuanto se vinculó al
DAS con anterioridad al 3 de agosto de 1994 y, para la entrada en vigencia de la
Ley 860 de 2003 ya acreditaba un total de 1138 semanas de cotización. En
consecuencia, su pensión, en lo que respecta a la edad, tiempo de servicio y
monto está regida por las normas que se encontraban vigentes con anterioridad a
la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
ii) Se encuentra acreditado que el señor Pardo Mosquera, durante el último año de
servicio, comprendido entre el 1.º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013,
devengó los siguientes factores de salario: asignación básica, bonificación por
servicios, primas de servicios, de coordinación y de riesgo.
iii) Si bien el Decreto 1137 de 1994 determinó expresamente que la prima de
riesgo no constituía factor salarial, a partir del principio de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procedimental, se entendió por la jurisprudencia que el
salario debía comprender todo lo que el trabajador percibía en razón a la
prestación de sus servicios; «razón por la cual, la prima de riesgo que percibían
los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad en forma
permanente y mensual, era un factor salarial que debía incluirse necesariamente
en la base de liquidación de todas sus prestaciones». Sin embargo, sostuvo lo
siguiente:
No se incluirán en la base de liquidación pensional la prima de coordinación y la prima
de riesgo, por cuanto no se encuentran en el listado antes mencionado [los factores
establecidos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989]; además, en lo que tiene que
ver con la prima de coordinación, los Decretos 1034 de 2011, 581 de 2012,1028 de
2013 y 198 de 2014, por los cuales se fijó la escala de asignaciones básicas para los
empleados del das, establecieron que no constituye factor salarial para ningún efecto.
En cuanto a la prima de riesgo, esta Sala tiene como postura apartarse de la posición
jurisprudencial del Consejo de Estado que le reconoce carácter salarial, por cuanto las
disposiciones que crearon esta prima establecen puntualmente que no será factor
salarial para liquidar prestaciones.
iv) La entidad debió reconocer la pensión de actor con la inclusión de la totalidad
de los factores de salario devengados por el trabajador durante el último año de
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servicio y limitado hasta el 75 % de ellos, esto es, del 23 de julio de 2012 al 23 de
julio de 2013, para lo cual debió tener en cuenta la asignación básica, la
bonificación por servicios, y las primas de servicios y de coordinación.
v) Se deja constancia que la Sala mayoritaria ha dado aplicación a las Sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 a quienes resulten beneficiarios de la transición
de la Ley 100 de 1993, a quienes por tal circunstancia debe respetárseles los
regímenes especiales anteriores, cuya liquidación se realizará en la forma
establecida en el artículo 36 ibidem y los factores del Decreto 1158 de 1994; sin
embargo, el demandante no era beneficiario de tales prerrogativas.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación4 con el fin de que se revoque parcialmente la
sentencia de primera instancia. Como fundamento de su petición señaló lo
siguiente:
i) Aunque el Tribunal reconoció que el demandante es beneficiario del régimen de
transición que estableció el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 en favor de los
servidores que desarrollaron funciones de detective en el DAS, en forma
contradictoria, no ordenó la reliquidación con fundamento en los factores que allí
se determinan y yerra al no valorar en debida forma las pruebas que forman parte
del expediente, según los cuales, en el último año de servicio devengó los
siguientes factores de salario: asignación básica, bonificación por servicios
prestados, factores por vacaciones y primas de vacaciones, de servicios, de
navidad, de coordinación y de riesgo.
ii) El a quo desconoció la sentencia de unificación del Consejo de Estado en
cuanto a la inclusión de la prima de riesgo. Y en relación con la prima de
coordinación, todos los argumentos expuestos para justificar la inclusión de la de
4 Folios 202 a 209.
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riesgo, demuestran que esa también hace parte de la base salarial, en la medida
en que retribuye directamente el servicio que presta el trabajador y se le reconoce
de manera permanente, mientras ejerce la labor de coordinación.
iii) El Tribunal desconoció que Colpensiones profirió la Resolución VPB 4893 del 28
de enero de 2015, por la cual resolvió el recurso de apelación presentado en
contra de la Resolución 156842 del 27 de junio de 2013 (acto demandado), por el
cual modificó la cuantía de la pensión al incluir en la base salarial todos los
factores que devengó durante el último año de servicio, con excepción de la prima
de coordinación. «Este es un reconocimiento expreso de la demandada, frente al
derecho que [se] reclama […] mediante un acto administrativo que se encuentra
en firme y que además, no fue objeto de demanda en este proceso, razón por la
cual no es posible resolver sobre su eventual nulidad, mediante una providencia
que desmejore las condiciones pensionales que fueron reconocidas a través del
mismo».
1.4.2. Colpensiones, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación5
y lo sustentó así:
i) La decisión del a quo discrepa con el lineamiento jurisprudencial adoptado por la
corte Constitucional en las Sentencias SU-631 de 2017, SU-395 de 2017, SU-210
de 2017, SU-023 de 2018, según los cuales, el modo de promediar la base de
liquidación de la pensión no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en
atención a que el régimen de transición sólo comprende los conceptos de edad,
monto y semanas de cotización y excluye el ingreso base de liquidación.
ii) En tal sentido, se debió tener en cuenta que el Decreto 1835 de 1994 contempló
el régimen de transición especial de los detectives del DAS, pero en su artículo 4
precisó que solamente podían beneficiarse de las normas anteriores en cuanto a
la edad, el tiempo de servicios y el monto.
5 Folios 210 a 223.
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Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera, por conducto de apoderado, reafirmó
lo sostenido en el libelo introductorio y solicitó que se modificara la sentencia
apelada y se tuviera en cuenta el reconocimiento parcial que ya hizo la
demandada.6
1.5.2. La demandada
Colpensiones, mediante apoderado, solicitó que se revoque la sentencia apelada.7
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto, según se desprende de
la constancia secretarial del 26 de noviembre de 2020.8
1.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
El director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia intervino con fin de solicitar
que se nieguen las pretensiones de reliquidación, con fundamento en que el IBL es
un aspecto que se excluyó del régimen de transición contemplado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y que esta situación se desprende del análisis de la norma
y del criterio jurisprudencial de las altas cortes, en especial de la Sentencia de
Unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado, en cuyas reglas y subreglas se refirió al tiempo para calcular el IBL los
factores salariales que se deben incluir, frente a lo cual especificó que serían
6 Índice 12, aplicativo Samai.
7 Índice 13, aplicativo Samai.
8 Folio 249.
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Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones.9
El demandante, a través de su apoderada, se opuso a los argumentos expuestos
por la Agencia, por cuanto esta se fundamentó en lo previsto en el artículo 182 A
del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 y que en el sub
judice los recursos de apelación fueron interpuestos antes de la expedición y
vigencia de esta norma, motivo por el cual, su resolución debe regularse por las
leyes vigentes a la fecha en que fueron interpuestos.10 Además, mediante escrito
presentado el 18 de agosto de 2022, solicitó dar aplicación a la Sentencia de
unificación SUJ-028-CE-S2-2022.11
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera, quien
se desempeñó como detective del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978,12 el cual en su
9 Índice 29, aplicativo Samai.
10 Índice 24, aplicativo Samai
11 Índice 26, aplicativo Samai.
12 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
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Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
artículo 113 dispuso que los empleados que se desempeñaran como
dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran
aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente,
en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya
referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18
años continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir
50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 14 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen15 y, en el artículo 10,16 previó que los empleados del referido
departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación,
al tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, así como los detectives en sus
diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto
Ley 1047 de 1978.17
13 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de
las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el
curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho
Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
14 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
15 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad
tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración
pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de
1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las
que este decreto establece.»
16 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación
previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al
personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
17 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor
de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la
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Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
2.2.2. De las actividades de riesgo en el sector público en vigencia del
Sistema General de Seguridad Social
El artículo 14018 de la Ley 100 de 199319 previó, en un principio, lo siguiente:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en
cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización,
o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos
adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.
No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos, que circunscribió a las siguientes:
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Resaltado fuera del texto)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios
de ese Departamento.»
18 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
19 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados
de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de
criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y
II. […].
De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial20 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir,
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200321 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.
Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200322 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso
base de cotización.23
2.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el
régimen de transición. Postura unificada de la Sección
20 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
21 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
22 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.».
23 Artículo 2.º, parágrafo 4.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de
noviembre de 2000,24 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa
precedente. Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos
factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989.
No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199425 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que
tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de
noviembre de 199426 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la
hizo incompatible solamente con las prestaciones con la misma denominación
previstas en los Decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión
como factor salarial.
En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que
aquella prima de riesgo no constituye factor salarial.27 Sin embargo, más adelante
consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
25 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
26 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
27 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
del 4 de agosto de 2010,28 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas
sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. 29 Lo
anterior, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso
que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio de los
salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio, lo
cual sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.
Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,30 la
Sección Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la
prima de riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.
Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió31 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los
cuales se consideró que el cambio de criterio jurisprudencial que introdujo la
sentencia del 28 de agosto de 2018,32 que modificó el criterio interpretativo frente
al IBL en el régimen de transición y se alineó con el expuesto por la Corte
Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que
las reglas aplicables a la liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se
derivaban de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23
25 000 2006 07509 01 (0112-09).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42
000 2013 02380 01 (2656-2014).
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
se deben incluir son los taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio
de 1998.33
Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había
estimado que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable
como consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de
diciembre de 2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se
acrediten los aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho
concepto. De lo contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la
prestación.34
Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó las siguientes reglas:35
i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados
por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, esto es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
33 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»
34 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2021-02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo
de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-01(AC).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
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base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del
Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse
para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:
• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.
iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.
Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.
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Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se
fijaron se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante
Desde el 3 de febrero de 1992 hasta el 23 de julio de 2013,36 el señor Gilberto
Heraclio Pardo Mosquera trabajó al servicio del DAS y el último cargo
desempeñado fue el de detective profesional 207-10. Además, el coordinador del
Grupo de Administración de Personal de la entidad hizo constar que el trabajador
fue encargado y comisionado para ejercer los empleos de director y subdirector
general y seccional.37
2.3.2. Sobre los factores salariales y la cotización especial
De acuerdo con los certificados expedidos por el coordinador del Grupo de
Tesorería entre enero de 2003 y julio de 2013,38 el demandante percibió
asignación básica, bonificación por servicios, factores por vacaciones, y primas
técnica, de navidad, de servicios, de vacaciones, de clima, de coordinación y de
riesgo. En algunos de los aludidos documentos se indicó que el DAS «realizó los
aportes estipulados para pensión […] de la asignación básica y la bonificación por
servicios». Además, agregó que «el funcionario hizo un aporte especial para
pensión por exposición alto riesgo sobre el 50 % de la prima especial de riesgo,
36 Folio 18.
37 Folio 16.
38 Folios 18 a 32.
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así mismo, el Departamento Administrativo de Seguridad ha aportado durante este
tiempo el 10 % de Ingreso Base de Cotización en cumplimiento del parágrafo 3 y 4
del artículo 2 de la Ley 860 de 2003».
2.3.3. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio
El 27 de junio 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones expidió la
Resolución GNR 156842, por la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de
vejez al señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera, a partir del 1.º de julio de 2013.39
Al respecto tuvo en cuenta que este nació el 27 de febrero de 1971 y acreditó
1138 semanas. Además, advirtió que para efectos de establecer el ingreso base
de cotización se tendrían en cuenta los factores salariales establecidos en el
Decreto 1158 de 1994 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
El 9 de agosto de 2013, el demandante presentó recursos de reposición y en
subsidio de apelación en contra de la anterior decisión, con el fin de que se
acceda a la reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio.40
El 27 de mayo de 2014, mediante la Resolución GNR 188796, Colpensiones
confirmó la Resolución GNR 156842 del 27 de junio de 2013, con fundamento en
similares argumentos a los expuestos en aquella decisión.41
El 28 de enero de 2015, Colpensiones expidió la Resolución VPB 4893, por la cual
resolvió el recurso de apelación contra la Resolución GNR 156842 del 27 de junio
de 2013.42 En esta decisión, la entidad modificó el acto recurrido en tanto señaló
que procedía la reliquidación de la prestación con los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, de conformidad con lo establecido
en los artículos 18 del Decreto 1933 de 1989 y 4 del Decreto 2646 de 1994;
39 Folios 4 a 6.
40 Folios 8 a 14.
41 Folios 66 reverso a 68.
42 Folios 106 a 109.
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dispuso que la efectividad de la prestación sería desde el 1.º de agosto de 2013,
toda vez que el demandante se retiró a partir del 30 de julio de 2013. Como
consecuencia de lo anterior y en atención a que en el acto recurrido se reconoció
la prestación desde el 1.º de julio de 2013, ordenó la devolución de esas sumas de
dinero.
El 2 de marzo de 2015, el demandante informó sobre el acto anterior; sin
embargo, indicó que allí no se resolvió de manera favorable la totalidad de las
pretensiones formuladas porque no se incluyeron todos los factores de salario
devengados; se estableció un periodo diferente al real respecto del último año de
servicio.43
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Previo a pronunciarse sobre el juicio de derecho propuesto, corresponde precisar
que si bien el señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera demandó un acto ficto
producto de la omisión de respuesta por parte de Colpensiones a los recursos de
reposición y apelación presentados contra la Resolución GNR 156842 del 27 de
junio de 2013, lo cierto es que el 28 de enero de 2015, la entidad emitió la
Resolución VPB 4893 a la que se aludió en el acápite anterior y por la cual se
modificó el acto acusado. Esta decisión se expidió y notificó44 con posterioridad a
la notificación del auto admisorio de la demanda, que ocurrió el 18 de septiembre
de 2014.45
Al respecto se advierte que en virtud de lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 86
de la Ley 1437 de 2011,46 la ocurrencia del silencio administrativo negativo no
43 Folios 101 y 102.
44 Folio 110.
45 Folios 94 y 95.
46 «Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.
El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
exonera de responsabilidad a la administración de resolver los recursos, salvo que
el interesado hubiese demandado la nulidad del acto presunto y no se hubiese
notificado el auto admisorio de la demanda. Al respecto, esta Subsección ha
señalado que de materializarse este supuesto, la administración «pierde la
competencia para pronunciarse, caso en el cual le corresponde a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo definir la controversia».47
Así las cosas, y en consideración a que a partir de la notificación del auto
admisorio, «la administración pierde la competencia para pronunciarse respecto
de los medios de impugnación interpuestos por el interesado en sede
administrativa»,48 esta Corporación ha señalado que «las actuaciones surtidas con
posterioridad se consideran nulas49».50
Por lo expuesto la Sala encuentra que la Resolución VPB 4893 28 de enero de
2015, por la cual resolvió el recurso de apelación contra el acto demandado que
reconoció el derecho pensional del demandante, no puede producir efectos porque
se expidió sin competencia y corresponde, entonces, abordar el análisis del asunto
de cara a los argumentos planteados por la entidad en la Resolución GNR 156842
del 27 de junio de 2013.
En consecuencia, y a fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala
considera necesario señalar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de ordenar la reliquidación
de la pensión de jubilación con el 75 % del promedio de todo lo devengado en el
la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La no resolución oportuna de los recursos constituye falta
disciplinaria gravísima.» [Resalta la Sala].
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 26 de julio de 2018,
radicado 25000 23 42 000 2014 03722 01 (2036-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018,
radicado 08001 23 31 000 1998 00658 01 (37570), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo
49 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 21 de octubre de 2010, exp.17142, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; 6 de diciembre de 2017, exp.21308, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; 9 de agosto de 2018, exp.23724, C.P. Milton Chaves García
50 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 63001-23-
33-000-2018-00014-01 (24352), M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
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último año de servicio; sin embargo, ordenó la inclusión de la asignación básica, la
bonificación por servicios y la prima de servicios, efectivo a partir del 23 de julio de
2012.
No obstante, en aplicación de las reglas de unificación definidas por esta
corporación, en las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición solo
se mantienen las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, y en este caso, al Decreto 1835 de 1994, por lo
tanto, el IBL y los factores salariales que se deben computar, son los previstos en
esta última ley.
Valga recordar que en la aludida sentencia de unificación se advirtió que las reglas
que allí se fijaron en relación con el régimen especial de los servidores del DAS, en
particular la liquidación de las pensiones que se consolidaron en vigencia de la
Ley 100 de 1993 y la inclusión en ella de la prima de riesgo, son vinculantes, en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los
casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial.
En consecuencia, el período para calcular el ingreso base de liquidación es el
indicado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, los últimos 10
años de servicios o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho y los
factores salariales que se deben tener en cuenta son los devengados por el
servidor que de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y el artículo 2 de la Ley 860
de 2003, constituyen la base de cotización para pensión.
Así las cosas, la entidad reconoció que el señor Pardo Mosquera puede
beneficiarse del régimen especial de pensiones por haberse desempeñado como
detective del DAS por más de 20 años. Sin embargo, contrario a lo reclamado por
él, la prestación debía liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 años
anteriores a la adquisición del estatus, como efectivamente lo dispuso
Colpensiones en la resolución demandada, toda vez que a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, le hacían falta más de 10 años para cumplir el requisito de
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
los 20 años de servicios, si se tiene en cuenta que ingresó a la entidad del 3 de
febrero de 1992.
Asimismo, en cuanto a los factores salariales que debían tenerse en cuenta, tal y
como se expuso en el marco normativo de esta decisión, estos corresponden a los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 y a la prima de riesgo en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
Al respecto, si bien se pudo constatar que al demandante solo se le hicieron
descuentos para pensión por los conceptos de asignación básica y bonificación
por servicios prestados, y de los certificados expedidos por el coordinador del
Grupo de Tesorería del DAS se advierte que esta realizó la cotización especial por
alto riesgo, la que estaba totalmente a cargo del empleador, pero no efectuó las
correspondientes deducciones del salario del trabajador, lo cierto es que por virtud
de lo dispuesto en la aludida Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28
de julio de 2022, el empleador estaba en la obligación de girar a la administradora
de pensiones estas cotizaciones y su omisión no puede ser oponible al
pensionado para excluir de la liquidación un emolumento al que tenía derecho ni
corresponde imponer orden de descuento alguna.
Valga precisar que en Colpensiones recae la obligación de iniciar los mecanismos
o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes no realizados
por concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la entidad que
haya asumido tales obligaciones, luego de la supresión del DAS.
Finalmente, la Sala advierte que el señor Pardo Mosquera se retiró del servicio a
partir del 23 de julio de 2013, la solicitud de reliquidación la presentó el 9 de
agosto de 2013 y la demanda la radicó el 24 de julio de 2014,51 de modo que no
se configuró el fenómeno prescriptivo, toda vez que no transcurrieron más de 3
años desde que se hizo efectivo el derecho, la reclamación administrativa y la
radicación de la demanda.
51 Folio 59.
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Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
Como corolario de lo anterior, la Sala encuentra procedente ordenar la
reliquidación de la pensión del demandante, pero únicamente para incluir en el
ingreso base de liquidación los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la
prima de riesgo, en los términos señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la
Ley 860 de 2003, a partir del 24 de julio de 2013, en atención a la fecha en que
aquel se retiró en forma definitiva del servicio.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,52 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
23
Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,53 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia en atención a que la decisión obedece a un
cambio jurisprudencial que se produjo en el trámite del proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que no es procedente la reliquidación de la
pensión de jubilación de la demandante con el promedio de todo lo devengado en
el último año de servicio.
Lo anterior comoquiera que la liquidación de la prestación debe efectuarse sobre
el 75 %, del promedio de los salarios o rentas que debían ser base de cotización
durante los 10 años anteriores al disfrute efectivo de la pensión. Además, los
factores salariales que deben incluirse son los previstos el Decreto 1158 de 1994 y
la prima de riesgo, en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2
de la Ley 860 de 2003, con efectividad a partir del 24 de julio de 2013.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 21 de agosto de
2018, el cual quedará de la siguiente forma:
53 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
24
Radicado: 25000 23 42 000 2014 03121 01 (2188-2019)
Demandante: Gilberto Heraclio Pardo Mosquera
Tercero. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
reliquidar y pagar la pensión de vejez reconocida al señor Gilberto Heraclio
Pardo Mosquera, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los
10 años anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la prima de riesgo, esta última
en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003, con efectividad a partir del 24 de julio de 2013.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 21 de agosto de 2018,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por el señor Gilberto Heraclio Pardo Mosquera, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Sin costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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