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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03173-01

Fecha
12 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03173-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora María del Consuelo Arias Prieto contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Concejo de Bogotá. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03173-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

12 de septiembre de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandante: MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Demandados: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, CONCEJO DE
BOGOTÁ

Temas: Declaratoria de insubsistencia tácita del
nombramiento en el cargo de jefe de control interno
del Concejo de Bogotá. Falsa motivación. Artículo 8.º
de la Ley 1474 de 2011.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-160-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de septiembre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora María del Consuelo Arias Prieto en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la
Mesa Directiva del Concejo de Bogotá: i) Resolución 885 del 30 de
diciembre de 2013, por medio de la cual se dieron en encargo las funciones
del cargo de jefe de oficina, código 06, grado 01, y ii) Comunicación
2014EE553 del 23 de enero de 2014, que dio respuesta al oficio radicado
por la libelista el 7 de enero del citado año.

2. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a las autoridades
demandadas reintegrar a la señora María del Consuelo Arias Prieto al
cargo de jefe de oficina, código 06, grado 01, de la Oficina de Control
Interno del Concejo de Bogotá, o a otro cargo de igual o superior categoría
al que ocupaba la demandante al momento en que se produjo el retiro
mediante el acto administrativo acusado.

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
2
Folio 24 del cuaderno principal.

2
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

3. Que se abone a favor de la parte activa la suma de dinero equivalente a
los sueldos, primas, bonificaciones, subsidios, auxilios, vacaciones,
prestaciones sociales y todos los demás derechos remunerativos de
carácter laboral dejados de percibir desde el 31 de diciembre de 2013 y
hasta que se produzca el reintegro efectivo al servicio.

4. Que para todos los efectos salariales y prestacionales se considere que no
ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio.

5. La liquidación de las sumas deberán ser actualizadas al valor real teniendo
como base para ello el índice de precios al consumidor, en virtud de lo
consagrado en el artículo 187 del CPACA.

6. Que se condene al pago de los intereses comerciales y moratorios,
conforme al artículo 195 del CPACA.

Supuestos fácticos relevantes3

1. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá mediante Resolución 989 del 27
de diciembre de 2011 resolvió nombrar a la señora María del Consuelo
Arias Prieto en el cargo de asesor, código 105, grado 02 para el grupo de
Control Interno, a partir del 28 de diciembre de la referida anualidad.

2. De manera posterior, a través de la Resolución 1044 del 17 de octubre de
2012, fue incorporada en la plaza de jefe de oficina, código 06, grado 01,
el cual goza de una naturaleza de libre nombramiento y remoción.

3. El nombramiento de la demandante fue declarado insubsistente
tácitamente mediante el acto administrativo acusado que ordenó encargar
las funciones del empleo que aquella desempeñaba, a la directora jurídica
del Concejo de Bogotá, a partir del 1.º de enero de 2014, el cual aduce no
le fue notificado.

4. Manifestó que la insubsistencia se presentó en plena vigencia de las
restricciones impuestas por la denominada Ley de Garantías que
contempla el artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

5. Indicó que al no haber sido notificada del reemplazo en el cargo, continuó
con el ejercicio de sus funciones hasta el 23 de enero de 2014.

6. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá expidió la Comunicación
2014EE553 el 23 de enero de 2014, mediante la cual se ratificó la
terminación del nombramiento de la libelista.

7. En consecuencia, la señora Arias Prieto solicitó ante la entidad demandada
el pago del salario hasta el día en que hizo entrega del cargo. De ello que
mediante comunicación del 28 de febrero de 2014 se dio respuesta
negativa a dicho requerimiento, al considerar que no era procedente el
derecho instado por haber sido desvinculada desde el 1.º de enero del
mismo año.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que

3
Folios 24 a 26 del cuaderno principal.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

3
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las
partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 10 de febrero de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] “FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO PREVIO PARA ACUDIR A LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA”, argumentando que la conciliación es un
requisito previo para acudir a la jurisdicción y que en este caso no se incluyó la
Resolución No. 01044 del 17 de octubre de 2012, por medio de la cual fue
nombrada la accionante en el cargo de Jefe de Control Interno, pues su vínculo
desde el inicio tenía un tiempo de terminación definido.

Igualmente, la apoderada de la entidad propone la excepción de “INEPTA
DEMANDA POR FALTA DEL ACTO DE NOMBRAMIENTO”, toda vez que la parte
actora no presentó demanda contra la Resolución No. 1044 del 17 de octubre de
2012, por medio de la cual fue nombrada, ya que -afirma- que este acto es el que
da inicio a su relación laboral en el Concejo de Bogotá y señala su periodo fijo y
“CADUCIDAD” pues el término del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es de 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación del
acto administrativo y la resolución que la nombra se encuentra caducada.

Pues bien, estudiadas y analizadas las excepciones propuestas, consideró el
Despacho que las mismas no están llamadas a prosperar teniendo en cuenta lo
siguiente:

En primer lugar, respecto de la primera excepción, se tiene que la parte accionada
confunde dos situaciones, la falta de conciliación de determinadas pretensiones,
lo cual no ocurre en este caso, pues claramente se observa que lo que pidió ante
la Procuraduría General de la Nación, es lo mismo que pide en el presente proceso,
como es el reintegro a su cargo. […]

En segundo lugar, frente a la inepta demanda por falta del acto de nombramiento,
se cuestiona que la demandante dentro del libelo introductorio no atacó la
Resolución por medio de la cual fue nombrada en el cargo de Jefe de la Oficina de
Control Interno, sino designación en el cargo y encargan (sic) de sus funciones a
la Directora Jurídica de la entidad. Esta excepción que se analiza en conjunto con
argumentos de la que preceden, no prospera dado que los actos relevantes para
efectos de nulidad y restablecimiento del derecho, son los que crean o modifican
una situación jurídica. En este caso, los actos que se afectan son los que la
desvinculan. Si hubiese que demandar el acto de nombramiento, significa que se
quedaría sin piso la designación inicial y no habría lugar a demandar su retiro, lo
cual es absurdo.
En tercer lugar, la caducidad tampoco prospera por cuanto que sobre los actos
demandados no han recaído en este fenómeno. […]». (Folios 92 a 93 del
cuaderno principal y CD obrante a folio 90 ibidem).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

4
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«La presente controversia se contrae a determinar si la demandante tiene derecho
o no a que se le reintegre al cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno del
Concejo de Bogotá o a cargo similar o superior, y en caso afirmativo, que se le
reconozcan y paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde el 31 de diciembre de 2013.». (Folio 94 del cuaderno principal y CD que
reposa a folio 90 ibidem).

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 20 de septiembre de 2017 por medio de
la cual negó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente puntualizó que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 8.°, inciso 2.°
consagró que cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden
territorial, la designación del cargo del jefe de control interno debe hacerse por
la máxima autoridad administrativa del distrito, departamento o municipio
respectivo, y además, que el funcionario que se desempeñe como jefe de
control interno sería nombrado en la mitad del período del alcalde o
gobernador correspondiente para ejercer la labor por un período fijo
equivalente a 4 años.

Según este contexto, procedió a señalar la naturaleza jurídica de los concejos
municipales, a fin de exponer que en virtud del artículo 312 de la Constitución
Política, modificado por el canon 5.º del Acto Legislativo 01 de 2007, estos se
conforman como corporaciones público-administrativas elegidas
popularmente. Al respecto, citó sendas sentencias de la Corte Constitucional
para dilucidar que no existe claridad respecto a si estas autoridades hacen
parte del sector central o descentralizado del municipio, por cuanto cumplen
funciones no propias de la Rama Legislativa o Judicial, así como tampoco
pueden integrar la Rama Ejecutiva, debido al control político que ejercen sobre
la administración del municipio, lo cual requiere de plena independencia.

Sobre el asunto en particular, refirió frente al cargo de vicio del acto
administrativo por falsa motivación que, contrario a lo sostenido por la libelista,
los motivos determinantes que tuvo en cuenta la entidad para concluir que la
señora Arias Prieto había cumplido el período transitorio para el cual había
sido nombrada en el cargo de jefe de control interno estuvieron debidamente
probados dentro de la actuación administrativa, ya que existe fundamento
jurisprudencial y doctrinal que permite considerar que el artículo 8.º de la Ley
1474 de 2011 es aplicable a concejos municipales, como en efecto se
desarrolló en la sentencia C-699 de 2013.

Acto seguido, indicó que al margen de que la Ley 966 de 2005 haya prohibido
la modificación de la nómina estatal de los entes territoriales o entidades
descentralizadas del orden municipal durante los cuatro meses anteriores a
las elecciones populares, lo cierto es que previó una excepción y es cuando
se trate de provisión de cargos por faltas definitivas. Bajo esta intelección,
consideró que toda vez que el empleo de jefe de control interno expiró el 31
de diciembre de 2013, a partir del 1.º de enero de 2014 se presentó una falta
definitiva, de ello que el acto administrativo acusado se configuró dentro la
causal exceptiva consagrada por la citada norma para modificar la planta de
personal en época de elecciones.

Agregó que tampoco tenía vocación de prosperidad el cargo de falta de
competencia del funcionario u organismo que profirió el acto administrativo de

5
Folios 133 a 142 del cuaderno principal.

5
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

insubsistencia tácita, por cuanto no es viable que el alcalde municipal sea el
nominador de los respectivos jefes de control interno, pues generaría la
posibilidad de que a través de dichos funcionarios la administración territorial
intervenga indebidamente en la potestad de control político de los concejos
municipales; por lo que arguyó que resulta acertado que la Mesa Directiva del
Concejo de Bogotá haya designado a la persona que reemplazó a la
demandante en su empleo, sin que de ello se derive vicio alguno de nulidad.

El a quo continuó su razonamiento al considerar que dentro del plenario mucho
menos se había demostrado la falta de objetividad ni la alegada desviación del
poder, en el sentido de que no se aportó prueba alguna en la que se evidencie
que en la decisión cuestionada influyeron razones distintas al cumplimiento de
la ley y la adecuada prestación del servicio.

Finalmente, en punto al presunto desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, señaló que la señora Arias Prieto mediante escrito del 7 de enero de
2014 manifestó ante la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá su
inconformidad con la terminación de su nombramiento, lo cual permite colegir
que al haber revelado conocer el contenido de la Resolución 885 del 30 de
diciembre de 2013, se notificó por conducta concluyente de este acto
administrativo, tal como lo indica el artículo 72 del CPACA. Aunado el hecho
de que frente a esta decisión no había lugar a la interposición de recurso de
apelación, por cuanto fue proferida por los representantes legales del
organismo del orden territorial que no tienen superior jerárquico.

Bajo estas consideraciones, concluyó que no se presentó vicio alguno en la
expedición de los actos administrativos acusados que tenga la magnitud de
afectar su legalidad, por lo que denegó las súplicas de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas procesales.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada con el fin de que se
acceda a las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que contrario
a lo sostenido por el tribunal de primera instancia, los concejos municipales no
hacen parte de la Rama Ejecutiva del poder público, lo cual se puede verificar
con el contenido de los artículos 115 y 312 de la Constitución Política, así como
en la sentencia T-1039 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional
señaló que a estas corporaciones no se les ha definido como pertenecientes
a la administración central o descentralizada municipal.

Bajo esta intelección, precisó que al existir una laguna normativa en la materia,
no podía la administración llenarla dando aplicación a normas exclusivas del
Ejecutivo, como lo es la Ley 1474 de 2011, pues dicho evento a su vez
vulneraría el principio de in dubio pro operario en el sentido de legalizar la
motivación del retiro de un empleado bajo prerrogativas que no cobijan la
situación jurídica del mismo.

En este punto agregó que el Departamento Administrativo de la Función
Pública remitió con destino a este proceso un concepto a través del cual
comunicó que el Concejo de Bogotá no hace parte de la Rama Ejecutiva, lo
cual es muestra de que los actos administrativos demandados adolecen de
falsa motivación al haberse fundamentado en la normativa en cita para la
declaración tácita de insubsistencia del cargo de jefe de control interno que
ocupaba la señora Arias Prieto.

6
Folios 151 a 155 del cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante7: reprodujo los argumentos del recurso de alzada y agregó
que las decisiones administrativas acusadas se encuentran viciadas por i)
falsa motivación, ii) infracción de las normas en que debía fundarse, iii)
expedición por parte de un funcionario u organismo incompetente, iv)
desviación y abuso del poder, y v) desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa al no notificar debidamente el acto de declaratoria de insubsistencia
tácita. Por lo anterior, solicitó que se acogieran favorablemente las
pretensiones de la demanda, por cuanto, en su concepto, la presunción de
legalidad que ampara a los actos demandados quedó desvirtuada.

Alcaldía Mayor de Bogotá8: indicó que el cargo desempeñado por la parte
activa era de libre nombramiento y remoción, por lo cual no gozaba de la
estabilidad propia de los empleos de carrera administrativa, de ello que
pudiese ser retirada de la entidad sin que la decisión se encuentre
necesariamente viciada, más aún cuando esta se fundamentó en las normas
legales y vigentes para la época de los hechos.

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 193 del cuaderno principal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso solo lo formuló la parte
demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿La declaratoria de insubsistencia tácita del nombramiento de la señora María
del Consuelo Arias Prieto como jefe de control interno del Concejo de Bogotá,
mediante Resolución 885 del 30 de diciembre de 2013, desbordó la
proporcionalidad del ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la
Constitución y la ley a la administración al expedirse presuntamente bajo falsa
motivación, al haberse fundamentado la decisión en el marco de la Ley 1474
de 2011?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no se desbordó la facultad
discrecional de la administración con la expedición de la Resolución 885 del
30 de diciembre de 2013, en la medida en que no se acreditó la configuración
de la causal de ilegalidad de falsa motivación esgrimida en la apelación con la
que se habría habilitado la declaratoria de nulidad respectiva, ello a pesar del
marco de aplicación exclusiva de la Ley 1474 de 2011 para las entidades
territoriales pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público, tal como se
expone a continuación:

7
Folios 174 a 187 del cuaderno principal.
8
Folios 188 a 192 del cuaderno principal.

7
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

Ø Marco normativo y jurisprudencial sobre la naturaleza del empleo
de jefe de control interno de entidades públicas

En primer lugar, desde la perspectiva supralegal sobre la función
administrativa y el control interno concebido para el adecuado cumplimiento
de las metas y objetivos de las entidades estatales, así como de las actividades
a cargo de sus servidores en razón de aquellos presupuestos, se destaca que
el artículo 209 constitucional prevé lo siguiente:

«La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley.». (Negritas de la Sala).

Por su parte, el canon 269 superior consagra que las entidades públicas tienen
la obligación de diseñar procedimientos de control interno, a fin de consolidar
tal figura bajo los lineamientos que la ley desarrolle para lo propio. Al respecto
se consagró que:

«En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a
diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos
de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá
establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con
empresas privadas colombianas.»

En virtud de lo anterior, el Legislador abordó este concepto de origen
constitucional y lo definió para todos los efectos con base en el artículo 1.° de
la Ley 87 de 19939, según el cual:

«ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control interno el
sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a
las metas u objetivos previstos.

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad,
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que
su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos
existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan
responsabilidad del mando.

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas
por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se
cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y
aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones
administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de
información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.».

Sobre el particular, la norma ejusdem determinó las condiciones y
características de lo que con motivo de dicho alcance sería la oficina de control
interno de las autoridades públicas, así como las del funcionario que se haría

9
«Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones».

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

responsable de esa dependencia. Para esto, los artículos 9 a 11 de la mentada
ley consagran lo siguiente:

«[…] Artículo 9º.- Definición de la unidad u oficina de coordinación del control
interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel
gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y
economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del
proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u
objetivos previstos.

Parágrafo.- Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se
utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de
indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo
moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y
seguridad.

Artículo 10º.- Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Para
la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las
entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo
similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y
designado en los términos de la presente Ley.

Artículo 11º.- Designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación del
Control Interno. El asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces
será un funcionario del libre nombramiento y remoción, designado por el
representante legal o máximo directivo del organismo respectivo, según sea su
competencia y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones propias de cada
entidad. […]». (Subrayado fuera del texto).

Ahora bien, este último artículo fue modificado por el artículo 8.° de la Ley 1474
de 201110 (también conocida como el Estatuto Anticorrupción), en virtud del
cual se precisaron ciertas características en relación con el cargo de jefe de la
oficina de control interno, las cuales implicaron un cambio en la concepción y
naturaleza de dicho empleo, así:

«ARTÍCULO 8o. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO.
Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente
de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden
nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces,
quien será de libre nombramiento y remoción.

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva
entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.

PARÁGRAFO 1o. < Parágrafo derogado por el artículo 166 del Decreto Ley 403
de 2020 > Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno
se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años
en asuntos del control interno.

PARÁGRAFO 2o. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no
implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente.». (Destaca
la Subsección).

10
«Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.».

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

En atención a este contexto normativo, se advierte que la plaza de jefe de la
oficina de control interno de las entidades del orden territorial, mutó luego de
haber tenido la esencia propia de un empleo de libre nombramiento y
remoción, pues pasó a la de un cargo de período fijo.

Esta última condición se traduce necesariamente en un factor de estabilidad
temporal que limita los efectos y potestades de la administración frente a la
terminación del vínculo legal y reglamentario de quien ocupe o ejerza tal
función.

Ø De la naturaleza jurídica de los concejos municipales

En primer lugar, es importante abordar el contenido del artículo 113 de la
Constitución Política en lo que respecta a la conformación del poder público,
así:

«ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la
judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e
independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines.»

Ahora bien, el artículo 312 superior, modificado por el Acto Legislativo 01 de
2007, consagró lo siguiente a saber:

«ARTÍCULO 5. El Artículo 312 de la Constitución Política de Colombia quedará
así:

En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida
popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo
municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo
determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá
ejercer control político sobre la administración municipal.

La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los
concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no
tendrán la calidad de empleados públicos.

La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su
asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta
absoluta.».

De conformidad con la precitada norma constitucional, el concejo municipal es
una corporación político-administrativa de carácter colegiado, la cual se elige
popularmente para períodos de cuatro (4) años, integrado por no menos de 7,
ni más de 21 miembros, de acuerdo con la población respectiva.

Esta corporación se encuentra facultada para ejercer el control político sobre
la administración municipal y sus miembros; los concejales, no tienen calidad
de empleados públicos, razón por la cual no reciben salario sino honorarios
por su asistencia a las sesiones respectivas.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 dispuso lo siguiente en
cuanto a la integración de la administración pública:

«ARTÍCULO 39.- Integración de la Administración Pública. La Administración
Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder
Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza publica que
de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones
administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado Colombiano.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos
administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la
Administración.

Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las
superintendencias constituyen el Sector Central de la Administración Pública
Nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un
Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el Sector
Descentralizado de la Administración Pública Nacional y cumplen sus funciones en
los términos que señale la ley.

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarias de despacho y los departamentos
administrativos son los organismos principales de la Administración en el
correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados,
cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos
que señalen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, según el caso.

Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son
corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las
funciones que les señalan la Constitución Política y la ley.». (Negritas
intencionales).

Por lo esbozado anteriormente, es dable concluir que los concejos municipales
son organismos que ejercen funciones administrativas de manera
permanente, lo cual permite establecer que integran la Administración Pública;
sin embargo, y teniendo en cuenta lo desarrollado por el artículo en cita, estas
corporaciones no han sido catalogadas expresamente por la ley como parte
de la Rama Ejecutiva del poder público.

Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sentencia T-
1039 de 2006, en el sentido de reiterar la ausencia de definición en nuestro
ordenamiento jurídico respecto a la naturaleza de los concejos municipales,
así:

«[…] Sin duda los concejos municipales son corporaciones públicas del nivel
territorial municipal, pero ni constitucional ni legalmente se las ha definido como
pertenecientes a la administración central o descentralizada municipal. En esa
medida existe una laguna normativa en la materia que no puede ser colmado
interpretativamente, al menos en materia sancionatoria, con una postura que
amplíe una disposición legal que establece una inhabilidad, la cual a su vez sirve
como fundamento para configurar una falta disciplinaria porque acoge una
interpretación extensiva la cual como se ha sostenido de manera reiterada, resulta
constitucionalmente prohibida en estos casos. […]».

Ahora, en estos términos y en consideración de lo previsto en el artículo 8.º de
la Ley 1474 de 2011 ya relacionado en el acápite anterior, se infiere que las
prerrogativas allí contenidas se aplican exclusivamente a las entidades
estatales de la Rama Ejecutiva, razón por la cual es importante precisar que
estas no cobijan a otras ramas del poder y a los órganos constitucionalmente
autónomos.

En otras palabras, al ser los concejos municipales corporaciones político-
administrativas, los cuales, conforme bien se ha indicado líneas atrás, no han
sido catalogados de manera expresa por el legislador como parte de la Rama
Ejecutiva del poder público, se colige que las disposiciones de que trata la Ley
1474 de 2011, en punto a lo que nos atañe en esta oportunidad referente al
período de duración de cuatro años del cargo de jefe de control interno de las
entidades territoriales pertenecientes a esta rama, no resultan aplicables a
ellos.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

Ø Límites constitucionales y legales para ejercer la facultad
discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de
libre nombramiento y remoción

Como lo ha señalado el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia11, la
regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso
mediante el sistema de la carrera administrativa, como lo prevé el artículo 125
de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la
administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan
y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera
administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar
empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales
como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su
desempeño.

En virtud de lo anterior, resulta razonable que quienes ejerzan este tipo de
empleos no tengan que pasar todas y cada una de las etapas que integran un
proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor
determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica
directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación
institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de
confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le
permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que
sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.

En otras palabras, es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios
de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida
que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a
ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y
parágrafo 2, contempla la facultad discrecional de remover a los empleados
que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción, así:

«ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;

[…] PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política
y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»

Aunque de acuerdo con la norma, la remoción de empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe
precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como
la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad. En otras palabras, la

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 29 de febrero de 2016, número interno 3685-2013.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica
el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional indicó
que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado12
como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir
una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad
expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que
la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven
de causa.

Asimismo, la Subsección ha sostenido13 que la facultad de remoción de un
empleado de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida bajo los
parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que el acto de
insubsistencia al ser inmotivado, supone la existencia de una razón o medida
con miras al mejoramiento del servicio.

Por su parte, el artículo 44 del CPACA señala que en la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional,
debe ser «adecuada» a los fines de la norma que la autoriza, y «proporcional»
a los hechos que le sirven de causa. Lo anterior supone que debe existir una
razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad
de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la
discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad».

Ø Verificación de las condiciones particulares del nombramiento de
la demandante en el cargo de jefe de control interno del Concejo
de Bogotá

Bajo el entendido de que la discusión en este punto es eminentemente
probatoria en lo que respecta a la demostración de la falsa motivación por parte
del Concejo de Bogotá con la expedición de los actos administrativos
acusados, por haberse fundamentado en una normativa (Ley 1474 de 2011)
que no resultaba aplicable a esta corporación al no formar parte de la Rama
Ejecutiva del poder público, se torna pertinente traer a colación las pruebas
documentales que se relacionan con el mentado supuesto de hecho, así:

1. Mediante Resolución 988 de 2011 proferida por la Mesa Directiva del
Concejo de Bogotá (folio 10 del cuaderno principal), fue nombrada la
señora María del Consuelo Arias Prieto en el cargo de asesor, código 105,
grado 02, para el grupo de control interno, con una asignación básica de
$3.061.408, con el carácter de libre nombramiento y remoción, ello a partir
del 28 de diciembre de la citada anualidad.

2. A través de la Resolución 1044 del 17 de octubre de 2012 emitida por la
Mesa Directiva del Concejo de Bogotá (folios 11 a 12 ibidem), la
demandante fue designada a partir del 17 de octubre del mismo año en el
empleo de jefe de oficina, código 06, grado 01, con una asignación mensual
correspondiente a la suma de $5.185.082, el cual tendría la naturaleza de
libre nombramiento y remoción. Asimismo se indicó que el cargo sería
ocupado sin solución de continuidad en relación con el período establecido
por el artículo 8.º de la Ley 1474 de 2011.

De dicha plaza la libelista tomó posesión el 17 de octubre de 2012,
conforme se desprende de la respectiva acta 642 (folio 13 ibidem).

12
Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. Referencia: expediente T-3.215.182.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 15 de febrero de 2018, Expediente No. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16).

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

3. Con la expedición de la Resolución 885 del 30 de diciembre de 2013 por
parte de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá (folio 2 ibidem), fueron
encargadas las funciones del cargo de jefe de oficina, código 06, grado 01,
de la mentada corporación a la señora Nohemy Benavides Barbosa, quien
en aquel momento ocupaba el empleo de directora jurídica. Al respecto, el
acto administrativo se fundamentó de la siguiente forma:

«[…] Que mediante la Resolución No. 1044 del 17 de octubre de 2012 se designó
el Jefe de Oficina de Control Interno y se nombró con efectos fiscales desde el
momento de la posesión en el Cargo de Jefe de Oficina, Código 06, Grado Salarial
01, con una asignación mensual de $5.185.082 a la Doctora MARÍA DEL
CONSUELO ARIAS PRIETO, identificada con cédula de ciudadanía No.
51.596.476 con el carácter de libre nombramiento y remoción, sin solución de
continuidad en relación con el período establecido por el artículo 8º de la Ley 1474
de 2011.

Que el período de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 1474
de 2011, del Jefe de Oficina de Control Interno del Concejo de Bogotá D.C., se da
por terminado el 31 de diciembre de 2013.

Que por necesidad del servicio se debe dar continuidad con las funciones del Jefe
de Oficina de Control Interno del Concejo de Bogotá D.C., razón por la cual se
hace necesario encargar de las funciones a una persona que cumpla los requisitos
exigidos por el manual de funciones.

Que la Doctora NOHEMY BENAVIDES BARBOSA, identificada con la cédula de
ciudadanía no. 51.659.160, quien en la actualidad ocupa el cargo de Directora
Jurídica, Código 009, Grado Salarial 02, cumple con los requisitos para que ejerza
las funciones del encargo. […]».

4. La demandante radicó ante el Concejo de Bogotá escrito fechado del 7 de
enero de 2014 (folios 176 a 178 del anexo 2), por medio del cual manifestó
su inconformidad con la terminación de su nombramiento, en los siguientes
términos:

«[…] Una vez al reintegrarme al ejercicio de mis funciones después de hacer uso
del segundo turno de descanso compensado autorizado mediante Circular del 31
de octubre de 2013 por la Mesa Directiva de la Corporación, de manera atenta,
para su conocimiento y fines pertinentes, acuso recibo de la comunicación
2013EE13075 fechada el 27 de diciembre de 2013, suscrita por la Dra PAULA
MARCELA CASTRO RENDON, por medio de la cual me comunica, que “…de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, la
designación a usted efectuada como Jefe de Oficina de Control Interno de la
Corporación, mediante la Resolución No. 1044, de 12 de octubre de 2012, termina
el próximo 31 de diciembre de 2013…” sobre la cual entro a pronunciarme a
continuación, por encontrar que la misma es contraria al ordenamiento legal y
reglamentario vigente.
[…]

3. La posible confusión de la signataria de la comunicación 2013EE13075 fechada
el 27 de diciembre de 2013 radica en interponer motu propio que el Jefe de la
Oficina de Control Interno del Concejo de Bogotá está cobijado por el alcance de
la modificación introducida por el legislador mediante el artículo 8 de la Ley 1474
de 2011 al artículo 11 de la Ley 87 de 1993, lo cual es totalmente incorrecto desde
el punto de vista legal.

4. El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, en efecto modificó el artículo 11 de la Ley
87 de 1997 en cuanto a la DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL
INTERNO, señalando de manera taxativa y restrictiva el campo de aplicación, el
cual está circunscrito, a las entidades estatales que conforman e integran la rama
ejecutiva, tanto del nivel nacional como del territorial.
[…]

14
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

En consecuencia, al tener claridad jurídica que el cargo que vengo desempeñando
como Jefe de la Oficina de Control Interno del Concejo de Bogotá, es un cargo de
libre nombramiento y remoción que no está cobijado por el alcance de la
modificación introducida por el legislador mediante el artículo 8 y 9 de la Ley 1474
de 2011, es mi obligación permanecer en dicho cargo, hasta que se produzca la
vacancia definitiva, hecho que no se ha configurado, como lo pretende la Dra
PAULA MARCELA CASTRO RENDON, en su comunicación al afirmar que mi
designación culminó el 31 de diciembre pasado.

Finalmente debo recordar que también, por expreso mandato legal, las nóminas
de las entidades públicas no se podrán modificar dentro de los cuatro (4) meses
anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de
provisión de cargos por faltas definitivas, situación administrativa que como ha
quedado demostrado en mi caso particular no se ha producido.». (Cursiva y
subrayas del texto original).

5. El Oficio 2014EE553 del 23 de enero de 2014 (folios 3 a 9 del cuaderno
principal), dio respuesta al anterior escrito en el sentido de ratificar la
desvinculación del cargo de la demandante, conforme se cita:

«[…] En consecuencia y dada la existencia de la anterior manifestación positiva
jurisprudencial de la Corte Constitucional, en virtud de la jerarquía de la llamada
pirámide normativa, se constituye como fuente de derecho; más aún cuando al
ser emitida por la Corte Constitucional cuenta con carácter vinculante e
imperativo. En conclusión, se precisa asertivamente que el Concejo de Bogotá
D.C., sí pertenece a la Rama Ejecutiva del ente territorial.

[…]
Es de anotar que usted se posesionó el día 17 de octubre de 2012, en el cargo de
Jefe de Oficina de Control Interno, de conformidad con la designación efectuada
mediante Resolución 1044 de 2012, la cual expresa claramente, tanto en la parte
considerativa, como en la resolutiva que, el nombramiento se realiza con base en
lo normado por el artículo 8º de la Ley 1474 de 2011, sin embargo, después de
haber fungido en dicho cargo por más de un año, esgrime la inaplicabilidad del
mencionado artículo.
[…]

En cuanto a la interpretación que realiza en su escrito, respecto del artículo 8 de
la Ley 1474 de 2011, es cierto que el mismo modificó el artículo 11 de la Ley 87
de 1993, sin embargo la nueva no menciona ningún tipo de condicionamiento o
excepción, es aplicable al caso en concreto y al acto administrativo sub examine
goza de presunción de legalidad, por lo que se mantiene incólume. […]».

6. La Resolución 0122 del 17 de mayo de 2014 (folios 115 a 117 ibidem),
efectuó el nombramiento del señor Oscar Cárdenas Mora como jefe de
oficina de control interno del Concejo de Bogotá, por un período fijo de
cuatro años, de conformidad con lo establecido por el artículo 8.º de la Ley
1474 de 2011.

7. En atención al requerimiento efectuado por parte del tribunal de primera
instancia al Departamento Administrativo de la Función Pública (folio 99
ibidem), fueron allegados los siguientes conceptos con data del 23 y 28 de
enero de 2014, que suministraron la siguiente información solicitada:

«[…] De conformidad con la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" señala que,
los empleos o cargos de jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno que se
encuentren creados en la planta de personal de las entidades públicas de la rama
ejecutiva del orden nacional son de libre nombramiento y remoción, y las del nivel
territorial, se clasificaran como de periodo fijo de cuatro años, y serán designados
por el alcalde o gobernador, en la mitad de su respectivo periodo; para ello, en el
parágrafo transitorio del articulo 9 se estableció un periodo transitorio para

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quienes se encontraban ocupando el cargo al 31 de diciembre de 2011, que
permitía intercalar el periodo de los alcaldes y gobernadores con el empleo de
Jefe de Control Interno, para que a la mitad de su periodo realizaran dicha
designación.

Lo anterior quiere decir, en criterio de esta Dirección, que estamos ante un periodo
institucional y no personal, quien sea designado para ese cargo en reemplazo del
anterior titular lo hará para un período de cuatro años, y quien eventualmente
tuviere que remplazarlo lo hará para terminar lo que haga falta del mismo. […]».
(Folios 100 a 101 ibidem).

«[…] Debe resaltarse que tal como ha quedado indicado en el presente concepto,
el Concejo de Bogotá no hace parte de la rama ejecutiva del poder público y por
lo tanto, el empleo de jefe de control interno de dicha corporación se encuentra
clasificado como de libre nombramiento y remoción de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley 87 de 1993 y su designación corresponderá al
representante legal o máximo directivo de la misma.
[…]

Como quiera que los jefes de control interno de las entidades de la rama ejecutiva
del nivel territorial designados por el Gobernador o Alcalde respectivo, tienen la
calidad de empleados de periodo, es procedente que una vez finalizado el periodo
sean retirados del servicio y resultará procedente la designación en propiedad de
estos cargos a partir del 1 de enero de 2014, para un nuevo periodo de cuatro
años.
[…]

No ocurre lo mismo con los cargos de jefes de control interno de las entidades
que no hacen parte de la rama ejecutiva del nivel territorial, cuya designación
corresponde según el artículo 11 de la ley 87 al representante legal o máximo
directivo del organismo respectivo, el cual corresponde a un cargo de libre
nombramiento y remoción, como es el caso de Jefe de Control Interno del Concejo
de Bogotá.

Respecto al concepto de “libre nombramiento y remoción” se traduce en que la
persona que ha de ocupar un empleo de tal naturaleza, puede ser elegida y
también desvinculada por quien tiene la facultad de hacerlo, para el caso concreto
el representante legal o máximo directivo del organismo del Concejo de Bogotá,
es decir, el órgano o servidor público, a quien corresponda, puede disponer
libremente del cargo confirmando o removiendo a su titular, mediante el ejercicio
exclusivo de la facultad discrecional que, entre otras cosas, se justifica
precisamente porque en virtud de las funciones que le son propias al cargo de
libre nombramiento y remoción, (de dirección, manejo, conducción u orientación
institucional), se toman las decisiones de mayor trascendencia (adopción de
políticas o directrices fundamentales) para la entidad o la empresa de que se trate.
[…]». (Folios 102 a 104 ibidem).

El anterior criterio también fue reiterado en concepto del Departamento
Administrativo de la Función Pública, el 17 de julio de 201714, del cual se
resalta lo siguiente:

«[…] De conformidad con lo anterior, los Concejos Municipales son corporaciones
político-administrativas, los cuales no integran la Rama Ejecutiva del Poder
Público; por consiguiente, se considera que las disposiciones establecidas en la
ley 1474 de 2011, no son aplicables a los Concejos Municipales.

[…]
En consecuencia, las condiciones para el nombramiento establecidas en la Ley
1474 de 2011 en el orden territorial no le son aplicables, incluyendo el periodo al
cual hace referencia la norma, por ende, el cargo de Jefe de Control Interno
continúa siendo de libre nombramiento y remoción y su nominación se encuentra

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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88522

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en cabeza del Representante Legal de su entidad. En cuanto al tiempo de
permanencia de las personas que vienen ejerciendo dichos cargos estará sujeto a
la discrecionalidad del nominador, es decir del Representante Legal. […]»

Ahora bien, como primera medida, la Subsección resalta que el examen por
parte del juez frente a la decisión administrativa de declaratoria de
insubsistencia tácita del cargo ocupado por la demandante, así como aquella
que la ratificó, solo pueden verificarse conforme a los argumentos de censura
que formuló la parte activa en su recurso de alzada como causales de nulidad,
pues en todo caso, la presunción de legalidad que reviste al acto se mantiene
hasta el momento en que se demuestre lo contrario de acuerdo con los
elementos de reproche debidamente esgrimidos y no a través de un estudio
genérico y abstracto causado de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional.

Ahora bien, en el sub examine la demandante esgrimió que la Resolución 885
del 30 de diciembre de 2013 adolece de nulidad por la causal de falsa
motivación, fundada en que con la expedición de dicha decisión se desbordó
la facultad discrecional del Estado en lo que respecta a la posibilidad de
desvincular a sus funcionarios de libre nombramiento y remoción,
específicamente al haber motivado el acto administrativo en una norma (Ley
1474 de 2011) que no resulta aplicable a los concejos municipales por cuanto
no forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público.

Al respecto, sostuvo que el artículo 8.º de la Ley 1474 de 2011, disposición
que tomó como fundamento la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá para la
declaratoria de insubsistencia tácita del cargo de jefe de control interno, se
aparta del marco regulatorio que gobierna a las corporaciones político-
administrativas, como lo es el Concejo de Bogotá. Lo anterior justamente
porque dicha previsión fue consagrada exclusivamente para las entidades
territoriales de la Rama Ejecutiva del poder público para este tipo de empleos,
sin que precisamente cobije la naturaleza de la plaza ocupada por la libelista,
por cuanto esta hace parte de la nómina de empleos de un organismo de la
estructura del Estado que no pertenece a ninguna rama del poder.

Por ello, la señora Arias Prieto aseguró que de acuerdo con tal escenario, el
Concejo de Bogotá debió entender que el cargo que ella ocupaba no tenía un
límite temporal para su ejercicio, como lo consagró el mentado artículo al
disponer que el jefe de control interno de las entidades territoriales de la Rama
Ejecutiva tendría un período fijo de cuatro años.

Al verificar el acervo probatorio en contraste con estos planteamientos de
discusión frente al acto administrativo demandado se estima lo siguiente:

i) Para la Subsección no existe duda fáctica en la acreditación del hecho
atinente a que la señora María del Consuelo Arias Prieto ejerció funciones
propias del cargo de jefe de oficina de control interno del Concejo de Bogotá
durante el período comprendido entre el 17 de octubre de 2012 y el 30 de
diciembre de 2013, fecha última en la que se declaró insubsistente
tácitamente su nombramiento, al haber encargado las funciones del empleo
a otro funcionario, conforme la Resolución 885 de la citada fecha.

ii) Del contenido de la Resolución 885 del 30 de diciembre de 2013, se
desprende que la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá tuvo en cuenta las
previsiones normativas del artículo 8.º de la Ley 1474 de 2011 a fin de
exponer las razones por las cuales se realizaba la correspondiente
actuación administrativa. Ello puntualmente al período fijo de cuatro años
que ostenta el empleo de jefe de control interno el cual es de libre
nombramiento y remoción, conforme se desprende del artículo 11 de la Ley
87 de 1993 y de las directrices interpretativas antes expuesta en torno a los
concejos municipales.

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Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

iii) Pues bien, conforme a los postulados expuestos en precedencia los cuales
han permitido concluir que los concejos municipales y distritales son
corporaciones político-administrativas que no integran la Rama Ejecutiva
del poder público, también se entiende que el cargo de jefe de control
interno debe estar al más alto nivel jerárquico y su nominación se encuentra
en cabeza del representante legal de dichas corporaciones.

Una consecuencia lógica de ello es que las condiciones previstas en la Ley
1474 de 2011 para el nombramiento de dicho empleo en las entidades
territoriales, no le son aplicables a los concejos municipales, lo cual incluye
a su vez el período al que hace referencia la norma. Por ende, el cargo de
jefe de control interno de las aludidas corporaciones si bien continúa siendo
de libre nombramiento y remoción, la permanencia del funcionario que
ejerce dicho empleo estará sujeto a la discrecionalidad del nominador.

Por lo expuesto, resulta evidente que al tratarse de un cargo de libre
nombramiento y remoción, el cual se enmarca dentro de los eventos en los
que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
empleados en atención a la trascendencia de las funciones que
desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello, resulta
razonable que el nominador pueda disponer libremente su provisión y retiro,
incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar
una u otra decisión.

En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de
desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no
necesitan motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal
supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos
estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y
parágrafo 2.º, señala la facultad discrecional de remover libremente a los
empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción,
conforme se indicó que en el acápite de la precedencia.

iv) En estas condiciones, en el presente caso no está en discusión que el cargo
de jefe de control interno del Concejo de Bogotá que desempeñaba la
libelista es de libre nombramiento y remoción, toda vez que así se deriva de
los lineamientos esbozados por la Corte Constitucional y el DAFP, en
consonancia con el artículo 11 de la Ley 87 de 1993 que señala la
naturaleza del mismo así:

«Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o
quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción», lo que
implica que el acto de insubsistencia no debe contener una motivación
expresa pero que se presume fundamentado en el mejoramiento del
servicio y el interés general.

Ahora, del material probatorio de la referencia se advierte que la Resolución
885 del 30 de diciembre de 2013, por medio de la cual se declaró la
insubsistencia tácita del referido empleo, contiene una motivación
justificante en los ya citados supuestos de hecho y de derecho invocados
por la administración. Por lo anterior y dado que la demandante alegó que
dicho acto demandado fue expedido irregularmente por falsa motivación, se
procederá a efectuar el correspondiente estudio.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

Ø La falsa motivación alegada por la demandante

Para entender la causal de nulidad por falsa motivación, es necesario indicar
que los actos administrativos en su contenido se distinguen por sus elementos,
a saber: los sujetos, objeto, causa o motivo, finalidad, formalidad y mérito. En
relación con la motivación, la jurisprudencia constitucional, ha explicado en
detalle su significado, en los siguientes términos:

«[…] La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina
"los considerandos" del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias
de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o
presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica
con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad.
De la motivación sólo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allí no hay
siquiera una manifestación de voluntad; salvo en ese caso, ella es tan necesaria
en los actos escritos como en los actos verbales.

Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en
cuenta, constituye frente a ella un "medio de prueba en verdad de primer orden",
sirviendo además para la interpretación del acto […]»15.

Para verificar si se incurre en esta causal de nulidad del acto administrativo,
se hace necesario examinar los antecedentes fácticos y jurídicos del mismo,
para llegar a concluir que existe una incongruencia entre los motivos invocados
por el funcionario y la decisión final. Así, habrá falsa motivación cuando al
analizar el acto administrativo se evidencia la divergencia entre la realidad
fáctica y/o jurídica con los motivos esgrimidos en el acto administrativo.

Por su parte, esta Sección Segunda ha sostenido que la falsa motivación se
configura cuando las razones invocadas en la fundamentación de un acto
administrativo son contrarias a la realidad. Sobre el particular la jurisprudencia
de esta Subsección indicó16:

«[…] Los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son
los siguientes: (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o
parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y
jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y (c) la
efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado […]».

Por consiguiente, es válido afirmar que el vicio de nulidad en comento se
configura cuando se expresan los motivos de la decisión total o parcialmente,
pero los argumentos expuestos no están acordes con la realidad fáctica y
probatoria, lo que puede suceder en uno de tres eventos a saber: i) cuando los
motivos determinantes de la decisión adoptada por la administración se
basaron en hechos que no se encontraban debidamente acreditados; ii)
cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en
consideración, los que habrían podido llevar a que se tomara una decisión
sustancialmente distinta; iii) por apreciación errónea de los hechos, «de suerte
que los hechos aducidos efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos
o el alcance que les da el acto administrativo.

Adicionalmente la jurisprudencia, en lo relativo a la revisión judicial de la falsa
motivación de un acto administrativo, ha señalado que quien aduce que se ha

15
Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998, Magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de marzo de 2016. Radicación:
11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

presentado dicha causal «[…] tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la
falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto
administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se
hallan revestidos los actos administrativos […]»17.

Ahora, con la claridad de este postulado argumentativo, se infiere que para
que se configure la falsa motivación de un acto administrativo como causal de
nulidad, debe evidenciarse del contenido del mismo la existencia de
incongruencias entre los hechos que fundamentaron el nacimiento a la vida
jurídica de este, en punto a que desatiendan la realidad fáctica de la situación
en particular.

Pues bien, conforme se ha indicado en párrafos atrás, en primera medida se
entiende que no es posible desprender del artículo 8.º de la Ley 1474 de 2011,
al cual se refirió la Resolución 885 del 30 de diciembre de 2013, que el cargo
de jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno en el Concejo de Bogotá
es de periodo fijo de cuatro (4) años, por cuanto los concejos municipales no
hacen parte de la Rama Ejecutiva en el orden territorial. De ello que, se le debe
dar aplicación al artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el primer
canon en cita, el cual establece que dicho cargo de es de libre nombramiento
y remoción para los concejos municipales por las razones antes expuestas.

Lo anterior se acompasa con el concepto brindado y arrimado con destino a
este proceso por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública,
el 23 de enero de 2014 (folios 102 a 104 del cuaderno principal), en el cual
refirió textualmente que «[…] los cargos de jefes de control interno de las entidades
que no hacen parte de la rama ejecutiva del nivel territorial, cuya designación
corresponde según el artículo 11 de la ley 87 al representante legal o máximo directivo
del organismo respectivo, el cual corresponde a un cargo de libre nombramiento y
remoción, como es el caso de Jefe de Control Interno del Concejo de Bogotá. […]».

En ese orden de ideas, se itera que los cargos de libre nombramiento y
remoción están destinados a la dirección y conducción de las entidades
oficiales y, en tal contexto, los referentes que gobiernan la provisión y retiro no
pueden ser otros diferentes a la confianza y lealtad, enmarcada en la afinidad
funcional e ideológica que permita definir y ejecutar de manera mancomunada
las políticas de aquellas hacía el mismo propósito.

Es por ello que, al margen de que el acto administrativo que declaró la
insubsistencia tácita del cargo que desempeñaba la señora Arias Prieto como
jefe de control interno del Concejo de Bogotá se haya fundamentado en una
normativa que no cobija a este tipo de corporaciones territoriales, al no hacer
parte de la Rama Ejecutiva, tal como lo es la Ley 1474 de 2011, no puede
desconocerse que el empleo en mención goza de la naturaleza de ser de libre
nombramiento y remoción, lo cual es muestra de que, al pender su designación
y retiro de las facultades propias del nominador -basadas en el buen servicio
y el interés general-, no resultaba mucho menos necesario que dicha decisión
fuese motivada.

Al respecto, es pertinente resaltar que la administración pública no puede
actuar sin senderos orientadores que le permitan, con la claridad del derecho,
proferir los actos administrativos. En otros términos, debe observar el órgano
competente las circunstancias de hecho y de derecho que correspondan al
caso, en punto a distinguir las actividades regladas de las discrecionales, por
cuanto en las primeras, los mentados eventos están por lo general
determinados de antemano por las normas de obligatorio cumplimiento,
mientras que, en las últimas, la administración goza de un margen de acción
para decidir.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
octubre de 1999, expediente: 3.443.

20
Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

De acuerdo con ello, el hecho de que la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá
hubiere referido la Ley 1474 de 2011 como prerrogativa que señalaba el
supuesto período límite para el ejercicio del cargo de la libelista, norma la cual
conforme se ha visto no se ajusta a la realidad fáctica de aquella, no es posible
concluir fehacientemente que con la desvinculación de la demandante la
entidad se hubiese desmejorado el servicio, puesto que no se observan
medios de prueba que permitan encontrar probado que la referida autoridad
actuó desproporcionada e irrazonablemente a través de su facultad
discrecional para nombrar y remover funcionarios, puesto que constitucional y
legalmente estaba facultado para ello.

Asimismo, y en gracia de discusión, se indica que el límite temporal atendido
por el Concejo de Bogotá frente a la naturaleza y duración en el ejercicio del
cargo de jefe de control interno, pese a no estar obligado a tener en cuenta el
ya mencionado período fijo de cuatro años propio de las entidades territoriales
pertenecientes a la Rama Ejecutiva, puede entenderse como una
interpretación válida de sus competencias con miras a lograr la moralidad en
la función pública, en punto a tomar esta medida como forma de mantener la
transparencia del empleo, ello justamente al fijar los términos en los cuales
este será desempeñado.

Es así como estima la Sala que la declaratoria de insubsistencia tácita del
nombramiento de la demandante no se produjo por desconocimiento de la
naturaleza del mismo o mucho menos que hubiere tenido móviles distintos al
mejoramiento del servicio, como tampoco se avizora una intención precedida
de un interés personal o a favor de un tercero que nublara la facultad
discrecional en su expedición, pues para la provisión de su empleo, catalogado
como de libre nombramiento y remoción al 30 de diciembre de 2013 cuando
se profirió la Resolución 885, según la normativa estudiada, la autoridad
contaba con la discrecionalidad para nombrar a la persona de su confianza.

En este punto se agrega que el juzgador debe tener la plena convicción de que
la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y
la discrecionalidad se usó con fines distintos a los previstos por la norma, por
lo que una referencia normativa dentro de la decisión administrativa
cuestionada, como lo fue el artículo 8.º de la Ley 1474 de 2011, no es suficiente
para deducir que en la desvinculación del servicio la administración no actuó
conforme a derecho.

Asimismo, y a pesar de que la demandante logró demostrar que la Resolución
885 del 30 de diciembre de 2013 aludió en su parte considerativa y resolutiva
una disposición que no resultaba aplicable, como igual aconteció con el
contenido de la Comunicación 2014EE553 del 23 de enero de 2014 que ratificó
dicha decisión, ello no muta la naturaleza del cargo de jefe de control interno
en los concejos municipales, la cual es de libre nombramiento y remoción, cuya
designación y retiro podrá hacerse por parte del nominador en el momento que
lo considere pertinente, siempre regido por las exigencias de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la decisión discrecional.

De acuerdo con los razonamientos expuestos, se considera que, no obstante
el contenido del acto administrativo demandado invocó una normativa que no
cobija la naturaleza del Concejo de Bogotá y del empleo desempeñado por la
libelista en dicha corporación, podría argüirse que sí cumple las exigencias de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la decisión discrecional de
retiro del servicio, de suerte que la aludida decisión debe conservar su
legalidad y permanecer en el tránsito jurídico a diferencia de la estimación
hecha por la parte activa en la demanda y en su recurso de alzada.

En conclusión: la declaratoria de insubsistencia tácita del nombramiento de
la señora María del Consuelo Arias Prieto en el cargo de jefe de control interno

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

del Concejo de Bogotá no adoleció de nulidad por falsa motivación, pues aún
bajo el entendido de que el artículo 8.º de la Ley 1474 de 2011 que señaló un
período fijo de cuatro (4) años para el ejercicio del mismo no gobierna la
situación jurídica de este tipo de empleo de los concejos municipales, al
tratarse de corporaciones político-administrativas no pertenecientes a la Rama
Ejecutiva del poder público, dicha decisión administrativa no desbordó la
proporcionalidad del ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la
Constitución y la ley a la administración al tratarse de un cargo de libre
nombramiento y remoción.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, pero bajo las
consideraciones expuestas en el presente proveído, habida cuenta de que no
prosperan los argumentos del recurso de alzada interpuesto por la parte activa.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201618, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP19, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la

18 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
19
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03173-01 (0379-2018)
Demandantes: María del Consuelo Arias Prieto

sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público20.

Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la
parte demandante por haber resultado vencida en esta instancia, en atención
a que se observa su causación con la intervención de la Alcaldía Mayor de
Bogotá con la presentación de sus alegatos de conclusión, de conformidad
con el numeral 8.º del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2017 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
María del Consuelo Arias Prieto contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Concejo
de Bogotá.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y
a favor de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuales serán liquidadas por el a
quo.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

20
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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