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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04322-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04322-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 1 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-04322-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 1 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

1 Folios 69 a 94.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

las siguientes Resoluciones: i) RDP 021928 del 14 de mayo de 2013, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 036285 del 9 de agosto de 2013, que
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.
Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación, efectiva a partir del 25 de diciembre de 2008, fecha en que
adquirió el estatus pensional, con inclusión de todos los factores salariales
percibidos y los reajustes de ley; y ii) indemnizar los perjuicios morales originados
en la falta de reconocimiento oportuno de la prestación; iii) actualizar el valor de las
condenas con base en el IPC2 o al por mayor; iv) cumplir la sentencia que ponga fin
al proceso en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) reconocer los intereses
moratorios a que haya lugar, conforme lo prevé el artículo 195 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:3

i) La señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo nació el 25 de diciembre de 1958 y
prestó sus servicios al magisterio oficial en la Secretaría de Educación de Bogotá
de manera interrumpida desde el 1 de abril de 1978.

ii) La aludida dependencia ha certificado que la vinculación de la actora inició el 21
de julio de 1981, pero esta afirmación no se acompasa con la efectiva prestación
del servicio, que se encuentra acreditada con desprendibles de pago.

iii) En varias ocasiones la actora solicitó a la entidad empleadora la corrección de
su historia laboral, pero no obtuvo una respuesta favorable.

2 Índice de Precios al Consumidor.
3 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo cual se resumirán en dicho acápite.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

iv) La señora Cárdenas Riscanevo laboró como profesora durante más de 17 años
y fue retirada del servicio por invalidez. Esta particular situación le permite acceder
a la pensión gracia, conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado en su
jurisprudencia, ya que la docente acreditó las 2/3 partes del tiempo requerido para
obtener la pensión y no pudo seguir trabajando por una causa ajena a su voluntad.

v) La accionante solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada a través de las decisiones administrativas
enjuiciadas, en razón a que no acreditó la vinculación como docente territorial antes
del 31 de diciembre de 1980.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 23, 25, 29, 58 y 128 de la Constitución
Política; 10 del Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 a 5 de
la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 1, 2 y 15 de la Ley 91 de 1989; 19 de
la Ley 4 de 1992; 5 del Decreto 1743 de 1966; 178 del Decreto 1 de 1984; la Ley
71 de 1988 y los Decretos 378 de 1970, 224 de 1972, 088 de 1976, 2277 de 1979
y 428 de 1986.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:

i) La señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo cumple con todos los requisitos
previstos por el legislador para acceder a la pensión gracia, ya que cuenta con más
de 50 años de edad; prestó sus servicios como docente territorial por más de 17
años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.

ii) Para el reconocimiento de la referida prestación el interesado debe acreditar que
prestó sus servicios durante 20 años; sin embargo, el Consejo de Estado ha
expresado que cuando el educador debe retirarse por hallarse en estado de
invalidez, es posible reconocer la prestación siempre que se demuestre una
vinculación equivalente a las 2/3 partes, conforme ocurre en el presente caso.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

iii) Debe computarse el tiempo laborado por la demandante con antelación al 31 de
diciembre de 1980. Al respecto, la Secretaría de Educación de Bogotá certificó que
en esa época se hicieron pagos con cargo a recursos del fondo educativo regional
y de la Secretaría de Educación Distrital, lo cual es un indicio de la clase de
vinculación que tuvo la accionante.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:4

i) No existe certeza frente a la vinculación que tuvo la demandante, ya que los
certificados aportados no dan cuenta del cargo desempeñado, dedicación, clase y
naturaleza del plantel donde laboró y período trabajado.

ii) Como excepciones se proponen: 1) presunción de legalidad de los actos
acusados; 2) inexistencia de la obligación; 3) genérica o innominada; 4)
prescripción; y 5) compensación.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 1 de junio de 2017, negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:5

i) La pensión gracia únicamente puede reconocerse a los docentes territoriales que
hubieran prestado sus servicios antes del 31 de diciembre de 1980; sin embargo,
este requisito no fue acreditado por la accionante.

ii) La señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo aportó unos desprendibles que dan
cuenta de pagos que se le realizaron en los años 1978 y 1979; sin embargo, no

4 Folios 134 a 140.
5 Folios 193 a 203.

4

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

pudo determinarse el concepto al cual se imputaron dichas sumas y la actora no
cumplió con la carga probatoria para esclarecer tal situación. Inclusive, se destaca
que nunca identificó los establecimientos en que debió prestar los servicios ni
requirió a los rectores para que certificaran lo pertinente.

iii) Las declaraciones extraprocesales allegadas con la demanda no fueron
ratificadas en sede judicial y las afirmaciones allí contenidas son incompletas y no
ofrecen credibilidad.

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los argumentos que se resumen, a continuación:6

i) El a quo desconoció que la demandante fue docente interina en los años 1978 y
1979, conforme se demostró con los desprendibles de pago allegados al plenario,
los cuales se presumen auténticos y cuentan con los sellos del Distrito Capital y del
fondo educativo regional. Además, se acreditó que los salarios se sufragaron con
recursos del ente territorial empleador, esto es, Bogotá D.C.

ii) La entidad nominadora tenía la carga de certificar la vinculación laboral de la
actora, por lo que no se puede trasladar esta obligación a la interesada y mucho
menos negar las pretensiones de la demanda por la ausencia de dicha prueba.

iii) Debe otorgarse validez a la prueba extraprocesal, ya que no requiere ratificación.
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que en este caso se solicitó la prueba
testimonial para constatar los hechos de la demanda, pero esta petición fue negada
en primera instancia, decisión que fue recurrida y confirmada por el tribunal.

6 Folios 210 a 214.

5

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

iv) La señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo cumple con los requisitos para
acceder a la pensión gracia, ya que laboró como docente territorial, tuvo una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y se desempeñó con idoneidad.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante guardó silencio en esta etapa7 y la UGPP8 reiteró los argumentos
expuestos en el transcurso del proceso.

1.6. El Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
sentido de solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia o se dicte una
prueba de oficio, con fundamento en los siguientes razonamientos:9

i) Las pruebas allegadas al expediente impiden tener certeza respecto a la
naturaleza de la vinculación que pudo tener la actora antes del 31 de diciembre de
1980.

ii) La sentencia apelada es congruente con el ordenamiento superior, la carga de la
prueba que le asistía a la demandante y la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos; sin embargo, «si a bien lo tiene la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para mejor proveer solicitar a la SED, precisar la naturaleza de
los pagos reflejados en los comprobantes aportados al proceso».

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

7 Según constancia secretarial obrante en el folio 241.
8 Folios 194 a 197.
9 Folios 235 a 240.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».13

10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho

a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,

quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

7

Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».14

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que

15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:17

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».21

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora Ana Beatriz Cárdenas
Riscanevo nació el 25 de diciembre de 1958.22

• Al plenario se aportaron recibos bancarios por los años 1978, 1979, 1981 y 1984
a 1990. A continuación, se copiarán los comprobantes de los años 1978 y 1979 en
razón a que sobre estos documentos la actora edifica su vinculación como docente
con antelación al 31 de diciembre de 1980:23

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
22 Folio 63.
23 Folios 50 a 62.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

• El 6 de diciembre de 2012, los señores María Isabel Cortés y Luis Alberto Sanabria
Medina comparecieron ante la Notaría 67 del Círculo de Bogotá D.C. y rindieron la
siguiente declaración juramentada con fines extraprocesales:24

Conozco de vista, trato y comunicación desde hace treinta y cuatro (34) años25 a la
señora ANA BEATRIZ CÁRDENAS RISCANEVO, identificada […].- Del conocimiento que

24 Folios 66 a 67.
25 El señor Luis Alberto Sanabria Medina manifestó que conocía a la accionante desde hacía 37 años.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

tengo de ella me consta que siempre se desempeñó en el ejercicio de las tareas
docentes por espacio de veintisiete (27) años, desde el año 1978 hasta el año 2005.-
Igualmente me consta que la señora ANA BEATRIZ CÁRDENAS RISCANEVO, en los años
1978 y 1979 trabajó en las Escuelas REPÚBLICA DE COSTA RICA, EL CARMEN, REPÚBLICA
DE GUATEMALA y SANTA MARÍA DEL LAGO; como Docente Interina en Primaria.- Sé y me
consta que la señora ANA BEATRIZ CÁRDENAS RISCANEVO, dicha labor la cumplió, a
cabalidad con honradez, consagración, aptitud y buena conducta, en su condición
como docente.

• El 19 de febrero de 2013, por Oficio SED. No E-2013-17604, la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C. informó lo siguiente en torno a la historia laboral de la
accionante:26

Es de anotar que al revisar nuevamente la hoja de vida y nuestra base sistematizada,
tal y como se lo hemos manifestado, no se encontraron actos administrativos de
nombramiento ni certificaciones laborales que nos sirvan como prueba supletoria
donde se pueda constatar la vinculación que nos dé la certeza de la fecha de inicio
como de terminación, como docente interina para los años 1978 a 1986, documentos
legalmente válidos para la expedición del certificado solicitado.

De la misma forma también en reiteradas oportunidades la Oficina Jurídica ha
manifestado lo siguiente, en relación con la expedición de certificados:

➢ “Solo se puede certificar aquello respecto de lo cual la Administración, a través
de funcionario que suscriba el documento certificante, tenga certeza; por ello
debe agotar los recursos que conduzca a fuentes de información confiables.
Por tanto no es posible certificar el tiempo de servicio como docente interino
cuando no hay prueba que nos conduzca a inferir razonablemente los
extremos laborales de la relación laboral.
[…]

Igualmente, le aclaramos, que según Sentencia T-464/1996, no es procedente obligar
a lo imposible, puesto que agotadas todas las instancias no registra actos
administrativos ni documento alguno que nos dé la certeza más allá de toda duda
razonable, de las fechas precisas de inicio y terminación como docente interina para
los años 1979 a 1986, para su discernimiento le informo que esta es una oficina
certificante por lo tanto la información es tomada de las bases de datos y de los
archivos físicos (Historia Laboral), y nos es imposible proyectar o presumir los tiempos
laborados por la señora Cárdenas Riscanevo, si estos no reposan en los archivos y
bases de datos de la SED.

• El 4 de septiembre de 2014, mediante Oficio E-2014-43128, el jefe de la Oficina
de Nómina de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. negó la petición elevada por la
demandante tendiente a que se convalidara un tiempo de servicio como docente

26 Folios 45 a 46.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

con base en los comprobantes de pago referenciados anteriormente. Al respecto,
se explicó:27

Punto 1. Con el oficio 5130-S-35678 del 07/03/2013 se dio respuesta de fondo sobre
el punto 1, donde se manifiesta “que se efectuaron las indagaciones respectivas en
la hoja de vida, en el aplicativo de nómina y demás bases de datos que posee la
entidad y no se encontró prueba alguna de la vinculación de la señora ANA BEATRIZ
CÁRDENAS RISCANEVO, identificada […] dentro de las fechas de los recibos anexados”,
en consecuencia no se puede definir con exactitud los extremos de la presunta
relación laboral contraídos entre la Secretaría de Educación o Fondo Educativo
Regional con la peticionaria ni el tipo de vinculación.

Punto 3. Según las copias aportadas por usted, se puede observar que los recibos
fueron cancelados con recursos de las siguientes Entidades: FER (FONDO EDUCATIVO
REGIONAL – Situado Fiscal) y SED (Secretaría de Educación – Recursos Propios).
[…]

Sin embargo, no se encontró indicios que soportan dichos pagos, en cuanto al cargo,
tipo de vinculación y período laborado.

• El 28 de octubre de 2015, en cumplimiento de un requerimiento probatorio
efectuado por el a quo, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. certificó lo siguiente en
relación con la vinculación de la demandante, así como los recibos de pago y las
declaraciones extraprocesales relacionados con antelación:28

3. Revisada la historia laboral y el sistema de nómina de la Entidad, no registra que
haya laborado en los Planteles Educativos denominados República de Costa Rica, El
Carmen, República de Guatemala y Santa María del Lago.

4. En cuanto a las copias de los desprendibles de pago, allegados en su petición, vale
la pena mencionar que no fueron tomados en cuenta, pues nuestra Oficina Jurídica
ha conceptuado, en reiteradas oportunidades, que “…los desprendibles de pago
carecen de idoneidad legal, puesto que no nos aportan los elementos necesarios para
que la Entidad pueda certificar lo solicitado, es decir el tipo de vinculación entre la
entidad y el titular del desprendible, período laborado etc…”.

Y en relación con las Declaraciones Juramentadas, estas no pueden ser tenidas en
cuenda dado que el Parágrafo del Artículo 25 de la Ley 962 de julio 8 de 2005
preceptúa lo siguiente: “… Lo dispuesto en el presente artículo no regirá en los casos
en que la Administración Pública actúe como entidad de previsión o seguridad social
o como responsable en el reconocimiento o pago de pensiones, ni para los casos
previstos en materia del Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos
profesionales, ni para los relacionados con Protección Social que establezca el
Gobierno Nacional”.

27 Folios 29 a 30.
28 Folios 170 a 172.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

• La Secretaría de Educación de Bogotá aportó la siguiente la historia laboral de la
demandante, en virtud de la prueba de oficio decretada por esta Subsección:29

29 Auto del 22 de junio de 2023. La información aportada puede consultarse en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

La aludida dependencia también allegó nuevamente varias de las respuestas
emitidas en sede administrativa y en el trámite judicial de primera instancia.

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la accionante no registraba
antecedentes disciplinarios.30

➢ Actuación administrativa

30 Folio 64.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

• El 25 de enero de 2013, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia.31

• El 14 de mayo de 2013, por Resolución RDP 021928, la entidad negó la referida
solicitud, toda vez que la peticionaria no demostró una vinculación como docente
antes del 31 de diciembre de 1980.32

• El 9 de agosto de 2013, mediante la Resolución RDP 036285, la UGPP resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.33

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a analizar el caso concreto, es pertinente anotar que esta Subsección,
mediante auto del 22 de junio de 2023, decretó una prueba de oficio con el fin de
esclarecer algunos aspectos relacionados con la vinculación docente de la actora.

Una vez allegados los documentos requeridos, el apoderado de la interesada
manifestó que era necesario requerir nuevamente la información porque no estaba
completa; sin embargo, no identificó cuáles documentos echaba de menos.

Por su parte, la Sala estima que la información allegada es suficiente para emitir el
fallo de mérito. Además, la Secretaría de la Sección Segunda hizo múltiples
requerimientos al Secretaría de Educación de Bogotá para que suministrara los
documentos solicitados y cada uno de ellos fue respondido oportunamente.

Igualmente, la entidad empleadora, a través de su Secretaría de Educación, allegó
las certificaciones laborales de la accionante, situación que goza de plena validez,
pues aquella es la encargada de administrar la historia laboral de los docentes,
conforme lo prevé el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, al disponer que a dichas

31 Folios 2 a 5.
32 Folios 9 a 10.
33 Folios 15 a 16.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

dependencias les corresponde expedir «certificación de tiempo de servicio y
régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente».

A su turno, las certificaciones laborales aportadas contienen elementos suficientes
en torno al tipo de vinculación, tiempo de servicio y dan cuenta del funcionario que
las elaboró, por lo que la información allí reportada se presume veraz y serán
analizadas en conjunto con los demás elementos probatorios que obran en el
expediente.

Ahora bien, en el presente caso se encuentra en discusión el tiempo que la actora
alega haber laborado como docente antes del 31 de diciembre de 1980, el cual es
un requisito indispensable para acceder a la pensión gracia reclamada, conforme
se explicó en el acápite del marco normativo de la presente providencia.

El recuento de las pruebas aportadas al plenario permite concluir que debe
confirmarse la decisión del a quo, pues la demandante no logró demostrar que se
desempeñó como docente en una plaza territorial o nacionalizada antes de la
referida fecha.

Es así como la interesada ha alegado que tuvo la condición de docente del Distrito
de Bogotá durante los años 1978 y 1979, afirmación que considera probada con los
desprendibles de pago aportados al expediente; sin embargo, la Sala se aparta de
este entendimiento, ya que dichos documentos son insuficientes para sostener con
certeza que la señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo se desempeñó como
educadora en ese período y, en especial, que ocupó una plaza que le permita
acceder a la prestación especial en comento.

Por el contrario, los recibos de pago allegados únicamente permiten afirmar que con
recursos del FER y de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. se le efectuaron
unos pagos a la demandante; sin embargo, es imposible imputar dichas sumas a la
prestación del servicio docente y menos en una plaza territorial o nacionalizada,
toda vez que estos no otorgan elementos para identificar el establecimiento
educativo en que laboró y su naturaleza, fechas de iniciación y culminación de la

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

relación laboral, nivel de enseñanza que impartió, cargo y adscripción a la planta
docente territorial, nacional o nacionalizada.

Al respecto, es pertinente recordar que esta Sección, mediante sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018,34 hizo hincapié en la importancia de que las
pruebas arrimadas a esta clase de procesos dieran suficiente cuenta del carácter
de la plaza ocupada por el docente con miras a reconocerle la pensión gracia.

En tal sentido, se fijó la siguiente regla: «para acreditar la calidad de docente
territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en
los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

En este caso no obra ninguno de los documentos mencionados en la regla de
unificación; por el contrario, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. ha sostenido
que en sus archivos y bases de datos no existen soportes que le permita establecer
a qué concepto se imputaron los pagos efectuados mediante los comprobantes
arrimados por la demandante.

La apelante manifestó que solicitó una prueba testimonial con el fin de demostrar su
vinculación, pero que fue negada por el a quo, pese a que resultaba necesaria para
demostrar los hechos narrados en la demanda.

En cuanto al anterior argumento, es necesario resaltar que las etapas procesales
son preclusivas y, por ende, esta no es la oportunidad para debatir la corrección o
incorrección de la decisión del tribunal de primera instancia.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

Además, la referida autoridad judicial explicó por qué consideraba que los
testimonios resultaban inconducentes para demostrar la relación laboral y,
consecuente con ello, decretó una prueba de oficio con el fin de que la entidad
empleadora certificara el tiempo de servicio y la clase de la vinculación que tuvo la
señora Cárdenas Riscanevo y, de manera particular, solicitó que se indicara si la
interesada laboró en las escuelas República de Costa Rica, El Carmen, República
de Guatemala y Santa María del Lago.

En efecto, la prueba testimonial no era la única forma de demostrar la relación legal
y reglamentaria alegada por la accionante; inclusive, existían otras pruebas
documentales a las que la jurisprudencia ha hecho referencia como las
certificaciones de los rectores o directores de los establecimientos educativos en los
que el docente haya prestado sus servicios; sin embargo, la actora ni siquiera los
identificó en la demanda. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido:35

En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se
deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en
cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo
le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de
primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo
completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó
su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL
CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de
cuándo- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado
(año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es
fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión
y la Ley 91/89. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben
ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan
esta clase de pensión.
[…]

Se agrega que la expedición “incompleta” de estos certificados puede conducir a la
Justicia a decisiones no acordes con el régimen jurídico y comprometer la
responsabilidad de quienes los expidieron; por eso, en caso de tener información
incompleta, las autoridades pueden solicitar a los mismos interesados arrimar
certificaciones precisas expedidas por los mismos Directivos de los Centros
Educativos donde trabajaron, que enriquezcan sus archivos y sirvan para expedir
otras en forma correcta. Por eso son muy importantes los certificados expedidos por
los Rectores o Directores de los planteles donde trabajaron los educadores, ya que
en ellos se pueden precisar: la clase de plantel (primaria, secundaria, etc.), el nivel
del mismo (nacional, nacionalizado, departamental, etc.), el cargo desempeñado

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2006, radicado 25000-23-25-000-

2002-00528-01 (3710-05).

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

(maestro de primaria, etc.), la dedicación (tiempo completo, etc.), las fechas de
trabajo (iniciación, interrupciones y terminación); ellos deben ser reflejo de la realidad,
pues sus inexactitudes –se repite- pueden comprometer la responsabilidad de
quienes los suscriben; dichos certificados pueden ser anexados a las Hojas de
Vida del servidor en el Ministerio, Departamento, Distrito o Municipio, etc. y con los
demás datos que se posean pueden servir para la elaboración de un documento más
completo y preciso.

En el sub lite, la demandante no agotó los mecanismos probatorios referenciados
en la citada providencia y tampoco allegó otros que pudieran dar cuenta de las
funciones desempeñadas, carga escolar asignada, elaboración de boletines de
notas o informes, naturaleza de las instituciones educativas en las que trabajó, el
cargo desempeñado, actos de nombramiento y posesión, contratos de prestación
de servicios y demás aspectos que permitieran emitir un fallo favorable a sus
pretensiones.

Al respecto, se recuerda que es a los accionantes a quienes les corresponde probar
los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para
destruir la presunción de legalidad del acto acusado; 36 esta afirmación, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, está determinada por
la regla contenida en el Código General del Proceso de que «incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».37

En cuanto a las declaraciones extraprocesales a que alude la apelante, se observa
que estas no contienen elementos suficientes para demostrar el tiempo laborado, la
naturaleza de la plaza ocupada y el carácter territorial o nacionalizado de la
vinculación docente que tuvo la demandante, pues se trata de unas manifestaciones
genéricas y breves en relación con el ejercicio de dicha actividad.

También llama la atención de la Sala que los declarantes sostuvieron que la actora
se desempeñó durante más de 27 años como docente oficial, pero esta afirmación

36 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Jesús

María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
37 Artículo 167 del CGP.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

carece de soporte documental y contrasta con el dicho de la propia demandante,
quien afirmó que laboró por un lapso de 17 años.

Además, los declarantes expresaron que, durante los años 1978 y 1979, la señora
Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo ejerció la profesión docente en las escuelas
República de Costa Rica, El Carmen, República de Guatemala y Santa María del
Lago; sin embargo, en cumplimiento de la prueba de oficio decretada por el a quo,
la Secretaría de educación de Bogotá D.C. expresó que, luego de revisar la historia
laboral y el sistema de nómina de la entidad, no encontró registro alguno de que la
ciudadana hubiera laborado en esos planteles educativos.

Bajo este contexto, se concluye que los elementos de juicio allegados a este
proceso impiden establecer de manera cierta e inequívoca la manera en que se
prestó el servicio docente para las mencionadas anualidades, el carácter de la plaza
ocupada y la naturaleza del establecimiento educativo, por lo que no es posible
tener en cuenta ese tiempo para reconocer la pensión gracia reclamada, cuyo
carácter especialísimo y excepcional exige que el fallador tenga completa certeza
de dichos aspectos, conforme lo ha manifestado esta Subsección en casos
análogos al presente.38

Por lo tanto, la accionante no cumplió los requisitos necesarios para acceder a la
pensión gracia dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980, situación que impide continuar con el análisis de los
demás tiempos laborados y restantes requisitos contemplados en las normas que
regulan la materia.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento

38 Ver las siguientes sentencias: i) del 11 de mayo de 2023, radicado 23001 23 33 000 2015 00228 01 (1011–2018); y ii) del

22 de junio de 2023, radicado 50001 23 33 000 2015 00110 01 (3048-2019).

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-04322-01 (3799-2017)
Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,39 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la demandante.

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 1 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Ana Beatriz
Cárdenas Riscanevo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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