Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00064-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-00064-01 (1770-2018)
Demandante : Germán Rodríguez Pinto
Demandada : Bogotá, D. C. - secretaría de educación
Tema : Reintegro de dineros por indebido ascenso en el
escalafón docente
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 25 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda),
mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del
proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 31 a 34). El señor Germán Rodríguez Pinto, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra Bogotá, D. C. - secretaría
de educación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 13749 de 19 de
diciembre de 2013 y 8547 de 28 de mayo de 2014, proferidas por la secretaría
de educación de Bogotá, por las que «[…] se ordena el reintegro de un mayor
valor generado por nómina […]».
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada: (i) según se deduce, la exoneración de los dineros
respecto de los cuales la Administración declaró que fueron indebidamente
sufragados; (ii) el pago de «[…] Los perjuicios irrogados con los actos
administrativos demandados […]» y (iii) cancelar las costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que estuvo vinculado desde el
8 de febrero de 1993 con la entidad demandada, en el cargo de docente oficial.
Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá - secretaría de educación
Que ascendió en el escalafón docente, mediante Resoluciones 3944 de 23 de
julio de 1996 y 5208 de 5 de agosto de 1998. Estos ascensos fueron revocados
por Resoluciones 4317 de 17 de abril y 8144 de 30 de julio de 2012, emitidas
por la secretaría de educación de Bogotá.
Dice que la demandada, a través de Resolución 13749 de 19 de diciembre de
2013, le ordenó «[…] reintegrar la suma de CIENTO NUEVE MILLONES
NOVESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($109.909.398), por concepto de mayor valor pagado durante el periodo
comprendido entre el 25 de junio de 1996 y el 30 de agosto de 2012, con ocasión
de revocatoria de ascenso de la Secretaría de Educación Distrital como docente
oficial […]»
Agrega que contra la decisión anterior interpuso recurso de reposición, negado
por Resolución 8547 de 28 de mayo de 2014.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos censurados los artículos 1, 2, 25 y 29 de la Constitución
Política; 93 a 97 del CPACA; y el Decreto 101 de 2004.
Asevera que el acto administrativo demandado fue expedido con violación de
las normas en que debería fundarse. Que «[…] si bien la administración está
facultada para revocar directamente sus propios actos, la revocatoria sólo
tiene efectos hacia el futuro y no hacia el pasado, porque sólo jueces pueden
pronunciarse sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos
administrativos desde su expedición, y la administración no puede hacerlo en
razón a que actuaría como juez y parte a la vez […]» (sic).
Como fundamento del anterior aserto citó la sentencia de esta sección segunda,
subsección B, de 15 de agosto de 2013, radicación 25002325000200600464 01
(2166-07).
1.5 Contestación de la demanda. La accionada, a través de apoderado,
contestó de manera extemporánea la demanda (f.76).
1.6 La providencia apelada (ff. 106 a 128). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), mediante sentencia de 25
de octubre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (sin
condena en costas), al considerar que (i) «[…] la figura de revocatoria directa
permite a la administración excluir del mundo jurídico los efectos de una
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Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá - secretaría de educación
decisión que surgió a través de medios contrarios al ordenamiento jurídico,
pero únicamente con efectos ex nunc»; (ii) «[…] la Secretaría Distrital de
Educación de Bogotá al expedir los actos administrativos enjuiciados actuó con
el ánimo de proteger el patrimonio público, la jurisprudencia del Máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado en forma reiterativa
que ésta no es la vía adecuada para obtener el reembolso de lo pagado por
virtud de un ascenso ilegal en el escalafón docente, pues la administración
termina convirtiéndose en juez y parte al ordenar, al mismo tiempo, la
revocatoria directa de un acto y, en consecuencia, tasar a su favor las sumas
de dinero que deben reintegrarse por concepto de pago de lo no debido»; (iii)
«[…] las pretensiones de la demanda está llamadas a prosperar, en cuanto
tienen que ver con la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 13749
del 19 de diciembre de 2013 y 8547 del 28 de mayo de 2014, que ordenaron
reintegrar al señor Germán Rodríguez Pinto la suma de $ 109.909.398 por
concepto de mayor valor pagado durante el lapso comprendido entre el 25 de
junio de 1996 y el 30 de agosto de 2012, con ocasión de la revocatoria de
ascenso de la Secretaría de Educación Distrital, como docente oficial […]»; y
(iv) «[…] no hay dentro del plenario elemento alguno de prueba que tienda a
demostrar que los [perjuicios reclamados] existieron y se concretaron; y como
el perjuicio debe ser cierto y determinado o determinable no se puede acceder
a dicha condena».
1.7 El recurso de apelación (ff. 136 a 140). Inconforme con el fallo de primera
instancia, la demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que (i) «[…]
si en la expedición del acto administrativo, la voluntad de la administración se
vio afectada o viciada por la utilización de una información o documentos
ajenos a la verdad, y por ende no cumplía con los requisitos para lograr el
ascenso a que aspiraba el demandante, era claro que la Administración
Distrital, para el caso, la Secretaría de Educación Distrital, en aras de proteger
el patrimonio público cuando este ha sido apropiado por medios ilegales, está
facultada para con base en lo dispuesto en el artículo 73 dcl C.C.A., efectuarla
[sic] revocatoria directa de actos administrativos obtenidos fraudulentamente
o por medios ilegales, sin necesidad de consentimiento escrito del particular o
beneficiario»; (ii) «[…] los actos administrativos demandados se ajustan a
derecho, no puede predicarse de ellos ninguna ilegalidad, pues tal como se ha
señalado, se pagaron unas sumas superiores, a las que tenía derecho la
demandante, situación que se originó con el aporte de documentación
inconsistente que hizo incurrir en error a la administración» (sic); (iii) «[…]
[l]uego de la inscripción, el docente puede solicitar ascensos cumplidos los
requisitos de tiempo y capacitación, lo que implica, que se permite la
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acumulación de tiempos de trabajo y estudios lo que garantiza una mejor
remuneración. El salario va entonces acorde con el grado de calificación
logrado dentro del Escalafón»; (iv) «[…] En el anterior orden de ideas es
indiscutible que el hecho de no estar incluida en las resoluciones aprobatorias
de los cursos mencionados, en los certificados presentados por al demandante,
se tiene que NO REALIZO NI APROBO pues no existe evidencia de lo
contrario, lo cual significa que los documentos y aportados para lograr el
ascenso en el Escalafón Nacional Docente, no se ajustan a la realidad, lo cual
implicaba las revocatorias tanto del ascenso como de las sumas de dinero
recibidas irregularmente» (sic); y (v) «[…] dado que se demostró que el
demandante no cumplió con los requisitos para ascender en el escalafón
docente, tal como se expuso suficientemente en los actos administrativos que
revocaron el ascenso, pues se concluyó fehacientemente que la demandante no
realizó los cursos que fueron el soporte para el ascenso, claro resulta entonces,
que consecuentemente con dicha revocatoria, debe resarcir al erario […]
devolviendo las sumas de dinero que recibió pero a los cuales legalmente no
tenía derecho» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con audiencia de conciliación realizada
el 8 de marzo de 2018 (ff. 146 y 147) y admitido por esta Corporación a través
de proveído de 13 de noviembre de 2019 (f.177), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 186), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que
se guardó silencio (f. 187).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si la entidad demandada podía,
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mediante los actos acusados, obtener el reintegro o devolución de un mayor
valor pagado durante el período comprendido entre el 25 de junio de 1996 y el
30 de agosto de 2012, como consecuencia de la revocación parcial de los
ascensos obtenidos por el actor dentro del escalafón nacional docente.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
3.3.1 El artículo 93 del CPACA1 contempla la posibilidad de revocar
directamente los actos administrativos, así:
Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a
la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o
atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
En cuanto a la revocación de actos administrativos de contenido particular y
concreto, el mencionado Código previó como requisito la obtención del
consentimiento previo, escrito y expreso del titular del derecho, en los
siguientes términos:
Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto.
Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto
administrativo, bien sea expreso ficto, haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el
acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales
o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de
conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
Parágrafo.- En el trámite de la revocación directa se garantizarán los
derechos de audiencia y defensa.
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Estatuto que tenía vigor al momento en que fueron expedidos los actos administrativos demandados.
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Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá - secretaría de educación
La revocación directa ha sido creada con el propósito de que la Administración
en sede gubernativa tenga la posibilidad de enmendar no solo errores de tipo
formal, sino atañederos a una ilegalidad o inconstitucionalidad manifiestas o
contrariedad con el interés público y social, e incluso cuando se cause un
agravio injustificado a una persona, empero, si el acto comporta la naturaleza
de particular y concreto, en aras de la protección de los derechos adquiridos y
del debido proceso, se deberá obtener el consentimiento previo, expreso y
escrito del titular del derecho que se pudo haber reconocido en el mencionado
acto administrativo, y de no ser posible, aquella solo tendrá la opción de acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el fin de lograr su
anulación parcial o total, según sea el caso.
Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional2 ha precisado que «[l]a
prohibición de revocar actos administrativos de contenido particular y
concreto se ha justificado en la jurisprudencia, a partir de la garantía de los
principios de confianza legítima, seguridad jurídica y el respeto de los derechos
adquiridos que “avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los
derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto
administrativo3” y fortalecen la relación entre la Administración y los
particulares4».
No obstante, la regla prevista en el artículo 97 del CPACA admite como
excepción que el acto haya ocurrido por medios ilegales o fraudulentos, caso en
el cual la autoridad administrativa no está obligada a acudir directamente a esta
jurisdicción.
Frente a esta hipótesis resulta oportuno efectuar las siguientes consideraciones:
(i) la ilegalidad que busca enmendar la revocación de un acto administrativo sin
el consentimiento del interesado, no es la que surge de la oposición a la ley o a
la Constitución, sino la que genera un vicio en la voluntad de la
Administración5; (ii) la ilicitud del acto puede provenir de su destinatario, de la
Administración o de un tercero, siempre que sea su causa eficiente; y (iii) la
ilicitud no puede ser una mera intuición de la Administración, sino una situación
2
Sentencia SU-050 de 2017, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
3
Sentencias T-347 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell y T-355 de 1995 M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
4
Sentencia T-435 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz.
5
«Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin autorización escrita del
administrado, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de esta Corporación “que se trate de una abrupta
abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada...”. Entendida tal actuación
ilícita, como se dijo en párrafos antecedentes, como un vicio en la formación de la voluntad de la administración,
que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo», en sentencia de 16 de julio de 2002, radicado IJ-029, sala plena
de lo contencioso administrativo de esta Corporación.
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
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debidamente comprobada, la cual debe ser expuesta en el acto que ordene la
revocación; sin embargo, siempre con la garantía del derecho de defensa,
contradicción y debido proceso.
3.3.2 Por otro lado, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al
ocuparse de la caducidad de las acciones, dispone en su numeral 2 que «[…]
los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en
cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]»
(negrilla de la Sala).
Sobre el particular, en sentencia de 6 de mayo de 2015, el Consejo de Estado,
sección segunda, subsección A, señaló:
El criterio que se sigue en esta Corporación a efecto de ordenar
devolver sumas de dinero por parte de los particulares a las entidades
del Estado que se han pagado por conceptos de carácter laboral, es el
que está sujeto a la verificación del aspecto subjetivo con que actuó
el particular para recibir tales emolumentos; tal consideración está
intrínsecamente relacionada con la garantía prevista en el artículo 83
Constitucional en virtud de la cual la buena fe se presume en todas
las gestiones adelantadas tanto por los particulares como por las
autoridades en las actuaciones que ante estas últimas se adelanten
[…]6
Asimismo, en fallo de 15 de marzo de 2018, esta sección reiteró:
Con fundamento en esta norma, se ha considerado que las órdenes
impartidas por el Estado a los administrados a efectos de que
reintegren sumas de naturaleza laboral recibidas periódicamente
resulta procedente solo en aquellos eventos en que el análisis
conductual del sujeto permite desvirtuar la presunción de buena fe,
para concluir que este recibió el dinero en desconocimiento del citado
principio constitucional.
[…]
En ese orden de ideas, cabe señalar que el concepto de buena fe,
exigible tanto de los particulares como de las autoridades públicas,
se entiende como la necesidad de que toda conducta activa u omisiva
que pueda tener trascendencia jurídica se adelante con entera lealtad,
rectitud, honradez e integridad, «[…] conforme con las actuaciones
6
Sentencia de 6 de mayo de 2015, Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, radicación 25000-23-
25-000-2010-01098-01 (377-13).
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
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que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)” […]»7.
La buena fe, que ha trascendido de principio general del derecho a
postulado constitucional, se presume en las actuaciones de los
particulares ante las autoridades públicas, sin embargo, se trata de
una presunción simplemente legal como quiera que admite prueba en
contrario.8
También se debe tener en cuenta el principio del enriquecimiento injusto9, que
está unido con el de la buena fe, de manera que en estos asuntos en los que la
Administración pretende recuperar los dineros que se pagaron, el juzgador debe
realizar una valoración de la conducta para deducir si existió mala fe de quien
los recibió.
En otras palabras, como la percepción de buena fe10 no la ha definido el
legislador, para los efectos del presente asunto se debe examinar la conducta de
acuerdo con las pruebas aportadas al proceso y, por supuesto, tener en
consideración los aspectos objetivo11 y subjetivo12 de este principio general del
derecho.
Tampoco debe dejarse de lado el hecho de que existen actos revocatorios que
catalogaron y definieron que la fuente del derecho prestacional, en este caso los
ascensos, fueron obtenidos de manera ilícita, ilegal o sin justa causa.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
7
Sentencia C- 1194 del 3 de diciembre de 2008, Corte Constitucional, expediente D-7379.
8
Consejo de Estado, sección segunda subsección A, expediente 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14).
9
Definido por el diccionario panhispánico del español jurídico, así: «1. Gral. Principio general que prohíbe el
enriquecimiento a costa del empobrecimiento ajeno, aun cuando se haya respetado la legalidad, si no existe
justa causa para ello.
El «enriquecimiento injusto o sin causa no está recogido explícitamente en el Código civil pero se aplica como
principio general del derecho (sentencia de 8 mayo 2006) procedente de las Partidas (7.ª, 34, 17) que, a su vez,
recoge textos del Digesto. Se trata de hechos que provocan un enriquecimiento en una persona a costa del
empobrecimiento de otra, sin causa: en ese sentido, sentencias de 27 septiembre 2004, 27 octubre 2005, 18
noviembre 2005. El efecto del enriquecimiento injusto es el nacimiento de una obligación siendo deudor el
enriquecido y acreedor el empobrecido; obligación consistente en restituir o indemnizar su valor, de lo que se
enriqueció» (STS 807/2012, 1.ª, 27-XII-2012, rec. 1130/2010, ponente: O'Callaghan Muñoz).».
10
Definido por la misma obra citada en nota anterior: «1. Gral. Estándar de conducta ética que debe presidir
el ejercicio de los derechos subjetivos y los procedimientos y prácticas administrativas y procesales.».
11
Ob. Citada nota 9: «Civ. Actuación que se adecúa a la buena fe, con independencia del comportamiento
personal del sujeto.».
12
Ibidem, nota 9: «Sublema de buena fe. Civ. Intención con que obran o han de obrar las personas.».
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
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a) El demandante fue ascendido en el escalafón nacional docente de los grados
8 al 12 con fundamento en Resolución 3944 de 23 de julio de 1996 y al grado
13 por Resolución 5202 de 5 de agosto de 1998, emitidas por la junta seccional
de escalafón nacional ante Bogotá (ff. 18 y 19).
b) Resolución 4317 de 17 de abril de 2012, por la que la secretaría de educación
de Bogotá revocó las resoluciones mencionadas en la letra anterior, mediante
las cuales se decidió la inscripción y ascenso en el escalafón nacional docente
del hoy demandante. Decisión que fue confirmada por Resolución 8144 de 30
de julio de 2012, expedida por la misma dependencia (ff. 13 a 27).
c) Por medio de Resoluciones 13749 de 19 de diciembre de 2013 y 8547 de 28
de mayo de 2014, proferidas por la entidad demandada, se le ordenó al actor
reintegrar la suma de $109.909.398, «por concepto del mayor valor pagado
durante el periodo comprendido entre el 25 de junio de 1996 y el 30 de agosto
de 2012 con ocasión de [la] revocatoria de ascenso de la Secretaría de
Educación Distrital como docente oficial».
De las pruebas relacionadas se tiene que (i) al actor le fueron revocados sus
ascensos dentro del escalafón nacional docente del grado 8 al 13, por actos
administrativos diferentes a los demandados en este proceso; y (ii) mediante las
resoluciones censuradas en este expediente, se ordenó el recobro o recuperación
del mayor valor pagado como consecuencia de los ascensos obtenidos de
manera irregular.
Sea lo primero precisar que las Resoluciones 4317 de 17 de abril y 8144 de 30
de julio de 2012, expedidas por la secretaría de educación de Bogotá, por medio
de las cuales revocó los ascensos del grado 8 al 13 del demandante, no fueron
acusadas en este proceso y, además, no se alegó o discutió que aquellas hubiesen
sido suspendidas o anuladas por esta jurisdicción; de lo cual se colige que estos
actos administrativos gozan de presunción de legalidad.
En otras palabras, ante la vigencia y aplicabilidad de las resoluciones que
revocaron los ascensos del demandante, debe tenerse en cuenta como cierto y
válido el contenido y las razones explícitas de esos actos administrativos que
calificaron de ilegal el reconocimiento de los ascensos; máxime cuando el
accionante no se preocupó por tachar o redargüirlo de falsos o inexactos.
En esas condiciones, cabe anotar, como se deduce del contenido de las
Resoluciones 4317 de 17 de abril y 8144 de 30 de julio de 2012, el actor aportó
9
Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
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documentos en los que constaba que había realizado capacitaciones, cuando a
ellas no asistió ni se inscribió y, por ende, tampoco tiene notas o reportes de
calificaciones (ff. 14 y 15), es decir, que allegó certificaciones de cursos que no
adelantó.
Las anteriores circunstancias implican, sin duda, que su actuación no está dentro
de los parámetros de la buena fe, pues no es razonable que un servidor oficial
acceda a ascensos dentro del escalafón nacional docente mediante
capacitaciones que no realizó. Esta conducta defrauda las necesidades y
requerimientos del servicio, porque en cada grado del escalafón docente se
exige para su promoción cualidades y calidades que requieren méritos a los que
se les tasa su correspondiente compensación. No es justo que un empleado
obtenga incentivos inmerecidos a partir de estudios que no adelantó.
Empero, si bien la buena fe se presume, al demostrar por los actos
administrativos revocatorios que el demandante actuó de manera fraudulenta,
al aportar certificaciones sin soportes o cuyo contenido es falso, la presunción
se desvirtuó y, por consiguiente, la carga de la prueba se invirtió,
correspondiéndole al actor demostrar que realizó los cursos o que estos, por
alguna razón, son válidos.
Para la Sala, esta clase de conductas no pueden ser protegidas porque ello
implicaría hacer una apología al ejercicio indebido de mecanismos fraudulentos
para obtener y lograr prestaciones sin el merecimiento o esfuerzo que lleva
conseguir un ascenso, y como lo dijo esta sección, el ciudadano «[…] en sus
tratos con la administración debe actuar con intensiones rectas y honestas, lo
que excluye de tajo la posibilidad de amparar jurídicamente comportamientos
que se sustenten en engaños o faltas a la verdad en aras de obtener beneficios
del Estado, como en este caso de índole laboral».13
Por otro lado, conviene indicar que en este proceso no se discuten los efectos
jurídicos que comporta el ejercicio del mecanismo de la revocación directa de
los actos administrativos, en la medida en que las resoluciones censuradas
simplemente pretenden reivindicar, recobrar o recuperar los dineros de las
prestaciones periódicas (el salario, lato sensu, es una prestación periódica), que
podían ser recuperadas porque el beneficiario no las recibió de buena fe, es
decir, estamos ante situaciones irreductibles y disímiles, pues una cosa son los
efectos de la revocación y otra, muy distinta, es el deber de recuperar los dineros
pagados sin buena fe o con enriquecimiento injusto.
13
Sent. cit. Nota al pie 8.
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá - secretaría de educación
La secretaría de educación de Bogotá, en consecuencia, como ya lo ha sostenido
esta sección14, tenía plena competencia y podía exigir, con los actos acusados,
que el demandante reintegre la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo
que le hubiere correspondido entre el 25 de junio de 1996 y el 30 de agosto de
2012, cuando fue ascendido sin haber logrado los merecimientos que el cargo
requería dentro de los procedimientos de inscripción y ascensos en el escalafón
nacional docente.
3.5 Síntesis de la Sala. Con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, toda vez
que resulta viable que la entidad demandada ordene el reintegro de la diferencia
entre los salarios y prestaciones que efectivamente devengó y aquellos que se le
debieron pagar de acuerdo con el grado que le correspondía, porque la actuación
administrativa del actor al solicitar las respectivas inscripciones y ascensos están
alejados de la buena fe.
Por otra parte, frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin
aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre
de 201615, así:
14
Ibidem: «[…]De acuerdo con lo anterior, en criterio de la Sala, la Secretaría de Educación Distrital sí
gozaba de la facultad legal para dictar los actos administrativos demandados bajo el entendido de que los
mismos se profirieron dentro del marco de competencias que le fueron asignadas en el literal r) del artículo 3
del Decreto 330 de 2008 para administrar y controlar los recursos propios y los provenientes del Sistema
General de Participaciones.
Según el Diccionario de la Lengua Española administrar es «3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial
la hacienda o los bienes», mientras que controlar es «ejercer el control sobre alguien o algo. Comprobación,
inspección, fiscalización, intervención». Visto lo anterior, se estima que, por medio de las Resoluciones 374
del 11 de febrero de 2011 y 1352 del 3 de mayo del mismo año, la entidad estaba ejerciendo control sobre la
destinación de los recursos con los que pagó los salarios y prestaciones sociales del demandante en su calidad
de docente. Así, teniendo en cuenta que le fueron revocados los actos de inscripción y ascensos que había
obtenido en el escalafón nacional docente al establecerse que los mismos se habían basado en un documento
irregular, la administración distrital procedió a solicitar el reintegro de la diferencia entre lo efectivamente
percibido (grados 4, 9, 10, 11 y 12) y lo que le hubiere correspondido de no haber aportado el documento
irregular (bachiller).
En conclusión, la Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, tenía competencia para expedir
los actos administrativos demandados en virtud de la facultad de administración y control de recursos que le
concede expresamente el artículo 3, literal r), del Decreto 330 de 2008.».
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
11
Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá - secretaría de educación
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-00064 01 (1770-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá - secretaría de educación
Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrá tal condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 25 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por
el señor Germán Rodríguez Pinto contra Bogotá, D. C. - secretaría de
educación; en su lugar, niéganse tales pretensiones, de acuerdo con la parte
motiva.
2º. Sin condena en costas.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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