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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00827-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00827-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor José Miguel Rey Parra en contra de la Procuraduría General de la Nación SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-00827-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00827-01 (1944-2020)
Accionante: José Miguel Rey Parra
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación formulado
por la parte demandante contra la sentencia del 21 de noviembre de 2019, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes
decisiones: i) Resolución nro. 018 del 31 de julio de 2013, mediante la cual se
sancionó al accionante con suspensión de 1 mes en ejercicio del cargo,
restricción que se convirtió en 1 mes de salario y; ii) Resolución del 22 de
noviembre de 2013, que en sede de apelación confirmó la primigenia decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la demandada a
pagar 40 SMLMV por concepto de perjuicios morales, anular los registros de la
sanción impuesta, al pago de las costas del proceso, la indexación de las sumas
reconocidas y los intereses moratorios.

4. Hechos. El demandante fue elegido el 9 de enero de 2008 como personero
municipal de Zipaquirá para el período constitucional comprendido entre el 1.° de
marzo de 2008 y el 29 de febrero de 2012.

5. En ejercicio de dicho cargo, el 4 de septiembre de 2009, la doctora Elisa
Álvarez Prieto, profesional universitaria de la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, remitió el oficio nro. 72526,
mediante el cual lo comisionó para recaudar unas declaraciones dentro del
expediente disciplinario nro. 6734-2008, seguido contra el coordinador
académico de la IED Guillermo Quevedo Z., señor Álvaro Díaz Bohada.

6. Posteriormente, el 26 de octubre de 2009, la misma funcionaria reiteró dicha
solicitud a través del Oficio nro. 091105. Como respuesta, emitió el Oficio nro.

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Demandante: José Miguel Rey Parra

1455 del 28 de octubre de 2009, en el que informó que no podía avocar
conocimiento ni atender la comisión conferida, debido a la insuficiencia de
personal frente a la carga laboral derivada de las funciones asignadas por el
artículo 178 de la Ley 136 de 1994, en un municipio con más de 120.000
habitantes. Además, señaló que la personería no se encontraba subordinada
jerárquicamente a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la gobernación,
por lo que no era viable atender el aludido encargo.

7. La comisión no se practicó, tanto por la carga laboral existente como por la
falta de subordinación jerárquica, criterio sustentado en el artículo 11 de la Ley
489 de 1998 y en pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, que
prohíben la delegación de funciones que no se tienen legalmente asignadas. En
ese contexto, concluyó que no estaba obligado a atender la comisión impartida.

8. No obstante, con las solicitudes de la doctora Elisa Álvarez Prieto no se allegó
copia del auto del 10 de julio de 2009, mediante el cual la doctora Juana María
Sánchez Rubio, directora de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
gobernación de Cundinamarca ordenó la respectiva comisión.

9. Pese a la alta carga laboral, la personería siempre prestó colaboración y
atendió oportunamente las comisiones que fueron solicitadas en debida forma
por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la gobernación de
Cundinamarca. Esa dependencia no realizó la solicitud de auxilio de la comisión
conforme a la ley y su actuar culposo dio lugar a la imposición de una sanción
disciplinaria injustificada, sin que se hubiera puesto en peligro o afectado el
cumplimiento de los fines de dicha oficina, ni se demostrara perturbación alguna
del servicio.

10. El 25 de noviembre de 2009, la Oficina de Control Interno Disciplinario de
la gobernación de Cundinamarca puso en conocimiento de la Procuraduría
General de la Nación la presunta omisión del demandante. Como consecuencia,
la Procuraduría Provincial de Zipaquirá adelantó actuación disciplinaria, durante
la cual -según el demandante- se vulneraron el debido proceso y los términos
legales al expedir el auto de indagación preliminar el 4 de febrero de 2010, es
decir, 53 días después de la queja, el auto de apertura de investigación el 6 de
septiembre de 2010, siete meses y dos días después, y el auto de formulación
de cargos el 31 de mayo de 2011, ocho meses y veinticinco días después del
inicio de la investigación, excediendo los términos previstos en la Ley 734 de
2002.

11. Finalmente, mediante Resolución nro. 018 del 31 de julio de 2013, la
Procuraduría Provincial de Zipaquirá sancionó al demandante con suspensión de
un mes, convertida en el pago de un mes de salario equivalente a $5.119.223, al
hallarlo responsable de falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave,
por la infracción de los deberes contenidos en los numerales 1.° y 2.° del artículo
34 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con lo establecido en los artículos 133
ejusdem y 178 numeral 1.° de la Ley 136 de 1994.

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Demandante: José Miguel Rey Parra

12. Contra dicha decisión, el accionante interpuso oportunamente recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente por la Procuraduría Regional de
Cundinamarca, mediante resolución del 22 de noviembre de 2013.

13. Normas violadas y concepto de violación. Para el demandante, las
decisiones sometidas a juicio vulneraron los artículos 5.°, 21, 28, 43, 128, 129,
130, 140 del Código Disciplinario único y 11 de la Ley 489 de 1998.

14. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que el fallo sancionatorio
vulneró el ordenamiento jurídico por desconocer los principios de necesidad y
carga de la prueba (art. 128 del CDU), la ilicitud sustancial (art. 5 ib.), las causales
de exclusión de responsabilidad (art. 28 ib.) y el deber de imparcialidad en la
valoración probatoria (art. 129 ib.), al sancionar al demandante pese a que no se
acreditó la afectación del deber funcional ni la antijuridicidad de la conducta.

15. Refirió que existen múltiples pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso que no fueron valoradas por la procuraduría, las cuales evidencian
que la personería sí auxilió varias comisiones dentro del proceso disciplinario
adelantado contra ÁLVARO DÍAZ BOHADA, y que dichas actuaciones sirvieron
de fundamento para el archivo definitivo del proceso, al concluir que no había
mérito para continuar la investigación. En consecuencia, la comisión específica
cuya no práctica dio lugar a la sanción no era necesaria ni determinante para la
decisión de fondo, razón por la cual no se afectó el deber funcional, no se
perturbó el servicio ni se causó perjuicio alguno.

16. Indicó que acreditó que la comisión no se realizó por razones objetivas y
justificadas, derivadas de la insuficiencia de personal y la excesiva carga laboral
de la personería municipal, así como por la convicción razonable e invencible de
no estar jurídicamente obligado a atender una comisión impartida por una
funcionaria que no ostentaba competencia jerárquica para delegarla, lo que
configura una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

17. Manifestó, que la procuraduría incurrió en errores de apreciación
probatoria, al no demostrar que los requerimientos hubieran sido efectivamente
recibidos por la personería, ni valorar las explicaciones defensivas, la normativa
sobre delegación de funciones ni la abundante prueba sobre la carga funcional
real del despacho. Ello evidencia una actuación parcializada, orientada desde el
inicio a sancionar, sin investigar con igual rigor los hechos que exoneraban de
responsabilidad, en contravía del deber de búsqueda de la verdad real.

18. En consecuencia, el fallo sancionatorio constituye una aplicación indebida
de la ley sustancial, al sancionar una conducta carente de antijuridicidad material
y de reproche disciplinario, desconociendo que el derecho disciplinario protege
exclusivamente el deber funcional afectado de manera sustancial, lo cual no
ocurrió en el caso concreto.

19. El fallo disciplinario vulneró el ordenamiento jurídico al desconocer la

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Demandante: José Miguel Rey Parra

naturaleza y alcance del deber funcional del personero municipal, quien ejerce
una amplia y compleja gama de funciones constitucionales y legales -en materia
disciplinaria, judicial, administrativa, de derechos humanos y de defensa del
interés público- que implican una alta carga laboral. Pese a ello, se demostró que
la personería brindó colaboración efectiva y practicó las comisiones debidamente
solicitadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la gobernación de
Cundinamarca.

20. Expresó que el ente de control sancionó sin valorar criterios esenciales
como el grado de perturbación del servicio, la trascendencia social de la conducta
o el perjuicio causado, limitándose a encuadrar los hechos de forma abstracta y
formalista, sin demostrar antijuridicidad material. Ello configura una aplicación
indebida de la ley disciplinaria.

21. Adicionalmente, los actos sancionatorios vulneraron el debido proceso y
el derecho de defensa (art. 29 CP), al ser expedidos de manera irregular, con
desconocimiento de los términos legales, valoración incompleta de las pruebas y
apoyo en elementos probatorios obtenidos con violación de las garantías
procesales, en contravía de los artículos 128 y 140 del CDU, que imponen al
Estado la carga de la prueba y proscriben la prueba ilegal.

22. Concluyó que los actos administrativos demandados están falsamente
motivados, pues partieron de una premisa fáctica inexistente: que el demandante
incumplió injustificadamente una comisión. Por el contrario, se probó que sí se
habían practicado otras comisiones dentro del mismo expediente, y que no existe
prueba de que los requerimientos específicos alegados por la procuraduría
hubieran sido efectivamente notificados o conocidos por el personero. En
consecuencia, no se acreditaron los elementos normativos de la falta
disciplinaria, lo que torna nulos los actos sancionatorios por inexistencia de
incumplimiento del deber funcional.

23. Contestación de la demanda. Enterada de la existencia del presente
asunto la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda1. Con tales
fines indicó que la actuación disciplinaria estuvo ajustada al ordenamiento jurídico
y que no se causó ningún perjuicio, porque el demandante no pagó el valor
producto de la conversión de la suspensión en salarios y, además, porque la
restricción impuesta no genera inhabilidad para desempeñar otro cargo público.

24. Sentencia de primera instancia2. En sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Con tal
fin:

25. Concluyó que era irrelevante que al demandante se le hubiera remitido el

1 Folio 107-123 del cuaderno principal.
2 Folios 188-206 del cuaderno principal.

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auto que ordenó la comisión, pues las pruebas evidencian que oportunamente le
fue comunicado ese encargo. En efecto, en tal misiva se señaló la providencia
que lo decretó y la norma en que se sustentó, así como la autoridad que lo
expidió, esto es, la directora de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
gobernación de Cundinamarca. Por consiguiente, si requería tal proveído o tenía
alguna duda respecto de la comisión, lo racional era que exigiera la copia de esa
decisión y/o las aclaraciones pertinentes, antes que abstenerse de cumplir la
misión que le fue encomendada.

26. Descartó la causal de error invencible alegada, bajo la consideración que
dicho yerro pudo ser superado con una conducta diligente de parte del
accionante. Asimismo, precisó que el exceso de trabajo no es causa suficiente
para dejar de cumplir con los deberes legales pues, aunque las funciones pueden
ejecutarse tardíamente, no es jurídicamente válido sustraerse de ellas.

27. Resaltó que la comisión no revestía mayor complejidad, pues consistía en
citar y recibir la declaración de cuatro personas en relación con los hechos que
eran materia de investigación por parte del comitente. Además, adujo que la
respuesta negativa frente al requerimiento de cumplimiento de la aludida
comisión fue emitida ese mismo día, lo que evidenció la ausencia de un análisis
prudente y reflexivo por parte del actor sobre la competencia para cumplir ese
encargo.

28. Afirmó, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación -sentencia
de 4 de enero de 2019, expediente 2012-00256, C.P. Dr. Carmelo Perdomo
Cuéter-, que el vencimiento de los términos previstos en el trámite disciplinario
para adelantar cada una de las etapas que lo integran no supone un vicio que
conduzca a anular los actos demandados.

29. Aseguró que el reparo relacionado con la valoración de pruebas ilegales
se fundamentó en la enunciación de los contenidos de los artículos 128 y 140 de
la Ley 734 de 2002, sin indicar cuáles elementos probatorios tienen ese vicio.
Además, soportó esa censura en el incumplimiento de los plazos para el
adelantamiento de las diferentes etapas del proceso sancionatorio.

30. Reiteró que la superación de tales tiempos no provoca la nulidad de la
actuación y expresó que todas las evidencias que fundaron las decisiones
emitidas durante el proceso fueron recopiladas a instancias del ente de control y
del demandante, sin que se avizore alguna ilegalidad en su decreto y/o recaudo.
31. Manifestó que contrario a lo alegado por el accionante, la antijuridicidad
material se configuró por la omisión en el cumplimiento de la comisión que le fue
encomendada, lo cual afectó el normal desarrollo de la investigación disciplinaria
que se adelantaba contra Álvaro Díaz Bohada. Dicha ilicitud sustancial es
predicable de la omisión misma, con independencia del resultado final que haya
tenido aquel procedimiento; es decir, que la decisión de archivo proferida en
aquel proceso no desvirtúa la responsabilidad disciplinaria del demandante.

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32. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior determinación, la
parte actora la recurrió en apelación. Con tales fines:

33. Indicó que el tribunal incurrió en errores fácticos y jurídicos al confirmar la
sanción disciplinaria que le fue impuesta por no auxiliar una comisión,
desconociendo que sí se practicaron múltiples comisiones debidamente
conferidas y comunicadas dentro de los expedientes disciplinarios adelantados
por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la gobernación de
Cundinamarca, especialmente en los procesos seguidos contra el señor Álvaro
Díaz Bohada.

34. Refirió que demostró, con abundante prueba documental, que la
personería auxilió varias comisiones (recepción de declaraciones, notificaciones,
ratificación y ampliación de quejas), y que solo una no fue atendida, debido a
errores en su comunicación, a la excesiva carga laboral y a que el oficio fue
suscrito por una profesional universitaria, lo que llevó razonablemente a
considerar que se trataba de una subcomisión, frente a la cual no existía
subordinación jerárquica ni obligación legal de cumplimiento, más aún cuando no
se allegó el auto que decretó la comisión.

35. Sostuvo que el a quo omitió valorar pruebas determinantes que
acreditaron que la planta de personal estaba conformada únicamente por el
personero y su secretaria, lo cual hacía materialmente imposible asumir nuevas
comisiones sin afectar las funciones legales asignadas por el artículo 178 de la
Ley 136 de 1994.

36. Dijo que la omisión no fue producto de negligencia, capricho o
desconocimiento de la ley, sino de una convicción razonable e invencible de
actuar conforme a derecho, lo que configura una causal de exclusión de
responsabilidad disciplinaria conforme al artículo 28 del Código Disciplinario
Único.

37. Alegó la inexistencia de ilicitud sustancial, dado que la investigación
disciplinaria contra Álvaro Díaz Bohada fue archivada por falta de mérito, tras
valorar suficientes pruebas documentales y testimoniales, sin que la comisión no
practicada fuera determinante para la decisión de fondo. Por tanto, no se afectó
el deber funcional, no se perturbó el servicio ni se causó perjuicio alguno, como
lo exige el artículo 5.° del CDU para la configuración de la falta disciplinaria.

38. Denunció una violación grave del debido proceso, por el vencimiento de
los términos establecidos para emitir las decisiones de apertura de indagación
preliminar e investigación disciplinaria, así como la contentiva del pliego de
cargos.

39. Afirmó que tanto la procuraduría como el tribunal incurrieron en defecto

3 Folios 211-226 del cuaderno principal.

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Demandante: José Miguel Rey Parra

fáctico por omisión y por apreciación errónea de la prueba, desconocieron el
principio de imparcialidad en la búsqueda de la verdad y fundaron la sanción en
una premisa fáctica falsa, pues el demandante sí cumplió con otras comisiones
que fueron legalmente conferidas.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

40. La admisión del recurso4. Mediante auto de fecha 10 de diciembre de
2020, se admitió el citado recurso de apelación.

41. Traslado para alegatos de conclusión y concepto de fondo5. Dentro
de la oportunidad de ley, la apoderada de la demandada6 presentó escrito de
alegatos de conclusión, en el que reiteró los argumentos esbozados en la
contestación de la demanda. Con sustento en ellos concluyó que la Procuraduría
General de la Nación actuó con absoluto apego a la Constitución Política, la ley
y el reglamento, siendo procedente desestimar las súplicas de la demanda.

42. El demandante y el agente del ministerio público delegado ante esta
corporación guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

43. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el
aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.7

44. Problema jurídico. De acuerdo con los argumentos vertidos en la alzada,
la Sala determinará si ¿La entidad demandada y el tribunal de primer grado
valoraron indebidamente el material probatorio y, por ende, incurrieron en yerros
al configurar la ilicitud sustancial, desestimar el error invencible como causal
excluyente de responsabilidad y denegar la vulneración del debido proceso y el
derecho de defensa del demandante?

45. Con tales fines, la Sala referenciará brevemente: i) el defecto fáctico; ii) la
ilicitud sustancial como elemento integral de la responsabilidad disciplinaria; iii)
el error invencible como causal excluyente de responsabilidad y; iv) el debido
proceso en las actuaciones sancionatorias.

46. El defecto fáctico. Dentro de la labor de todo operador jurídico se
encuentra el análisis crítico frente a las pruebas solicitadas, aportadas y
recaudadas y su debido contraste con los hechos y omisiones invocados en la
respectiva actuación. De esta regla no escapa la actuación disciplinaria, en tanto

4 Ver índice 4 de la plataforma SAMAI.
5 Ver índice 21 de la plataforma SAMAI.
6 Ver índice 00024 de SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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el artículo 141 del CDU establece la obligación de su apreciación conforme a las
reglas de la sana crítica y la expresión motivada del peso que en la decisión
respectiva se asigna a cada una de ellas.

47. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección8, el defecto fáctico se
presenta cuando el caso es resuelto con base en pruebas inadecuadas y/o
cuando la aplicación del efecto jurídico previsto en una disposición normativa y
con base en el cual se imparte solución a un proceso, carece del respectivo
respaldo probatorio.

48. La jurisprudencia ha pregonado que el defecto en cita detenta dos matices,
una negativa y una positiva. La primera de ellas se concreta cuando «[…] el juez
se niega a dar probado un hecho que aparece en el proceso (i) porque ignora o
no valora las pruebas, o (ii) porque, a pesar de poder decretar la prueba, no lo
hace por razones injustificadas»9.

49. Por su parte, la segunda se cristaliza en la medida que «[…] a pesar de
que la prueba sí obra en el proceso, el juez (i) la interpreta erróneamente, al
atribuirle la capacidad de probar un hecho que no aparece en el proceso o al
estudiarla de manera incompleta, (ii) valora pruebas ineptas o ilegales, o (iii)
valora pruebas indebidamente practicadas.»10

50. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que tal defecto debe
satisfacer los requisitos de razonabilidad y trascendencia, esto es, que el error
denunciado «[…] debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener
incidencia directa, transcendencia fundamental o repercusión sustancial en la
decisión judicial adoptada.»11

51. Así entonces, la configuración del defecto fáctico en estudio no solo
demanda la concreción de alguna de las dos dimensiones arriba señaladas, sino
que tal irregularidad tenga una incidencia directa y trascendental en la decisión
cuestionada.

52. La ilicitud sustancial en el proceso disciplinario. Según lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 734 de 200212, el derecho disciplinario detenta una
doble función, pues no solo busca prevenir sino también corregir todas aquellas
conductas que afectan la buena marcha de la administración pública y, de
contera, garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la
Constitución Política, la ley y demás instrumentos que integran el ordenamiento

8 Subsección “A”, sentencia de 6 de noviembre de 2012, expediente 11001-03-15-000-2012-01615-00(AC);

Subsección “B”, sentencia de 16 de abril de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-01993-01(AC).
9 Sentencia T-168 de 2025, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera.
10 Ejusdem.
11 Sentencias SU-259 de 2021 y SU-167 de 2024.
12 Que a la letra dice «[l]a sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la

efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se
deben observar en el ejercicio de la función pública.»

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jurídico.13

53. De ahí que, para el cumplimiento de esos propósitos, surja como deber de
todos los servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones oficiales, el
avenimiento a las obligaciones que sus empleos demandan y el respeto de los
pilares que irrigan la función administrativa.

54. No en vano la Constitución Política prescribe que «[n]o habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento» y que «[n]ingún
servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben».14

55. Así entonces, cuando se evidencia el incumplimiento de esas obligaciones
y/o la realización de una conducta u omisión que interfiere con el ejercicio
adecuado de la función pública, nace la infracción del deber funcional que
reprocha la ley disciplinaria. Por eso, en el artículo 6.° de la Ley 734 de 2002 se
establece que «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».

56. En este escenario, resulta oportuno precisar que la ilicitud sustancial no
requiere para su configuración la vulneración de un bien jurídico tutelado «como
sucede en el derecho penal» o, lo que es lo mismo, que la conducta reprochada
produzca en el plano material un resultado nocivo o dañino frente a ese bien, por
cuanto, en palabras de la Corte Constitucional:

«Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la
falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada,
es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al
origen de la antijuricidad de la conducta».15

57. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede en el campo del derecho
penal, en el derecho disciplinario solo basta acreditar que con la conducta
reprochada se afectó injustificadamente el ejercicio de la función que
constitucional y legalmente le fue asignada al servidor público y, junto con ella, la
buena marcha de la administración.

58. En consecuencia, la ilicitud sustancial se erige como límite a este derecho
sancionador y, a la vez, como justificante de la falta. Por ejemplo, si la conducta
reprochada no guarda relación con el deber funcional propio del servidor público,

13 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho
disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño
de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su
comportamiento en lo referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones
de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones
y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus
correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
14 Artículo 122.
15 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: José Miguel Rey Parra

habrá que pregonarse la inexistencia del ilícito disciplinario. En cambio, si se
prueba la infracción de los deberes y obligaciones que funcionalmente se
encuentran a cargo del funcionario, contrariando el buen funcionamiento de la
administración pública, se configurará el aludido elemento.

59. El error invencible como causal de exclusión de la responsabilidad
disciplinaria. El artículo 28 de la Ley 734 de 2002 establece que:

«Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está
exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

[…]

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta
disciplinaria.».

60. Con fundamento en la anterior disposición, esta corporación ha señalado
que dicha causal se configura cuando: i) el disciplinado esté convencido
plenamente de que su actuación se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico
y; ii) que su error era invencible, dadas sus condiciones personales y/o las
circunstancias en que la conducta fue desplegada.16

61. Lo anterior supone la existencia de una situación anómala o irregular que
el investigado, por mucho esfuerzo, cuidado y diligencia que haya empleado, no
pudo advertir. Es decir, que en los eventos que rodearon la acción u omisión
conductual estuvo presente una condición no visualizada que prefiguraba un
ilícito disciplinario.

62. En consecuencia, el error será vencible en la medida en que se demuestre
que con esfuerzo, diligencia y prudencia el disciplinado pudo advertir que su
actuación y/u omisión contrariaba el orden jurídico.

63. En ese mismo sentido, se ha pregonado que, en aplicación de esta figura,
no es posible rotular con dolo la conducta censurada, porque en el disciplinado
no había conciencia frente a su ilicitud, así como tampoco puede acudirse al
concepto de culpa, porque él actuó con el cuidado y diligencia para determinar
que tal comportamiento no infringía la ley.17

64. Ahora bien, se ha precisado que, al asumir sus funciones, los servidores
públicos se obligan a cumplir con la Constitución Política, la ley y el reglamento,
asumiendo el deber de conocer el orden jurídico y la forma de su aplicación, de
ahí que estén llamados a comprender los alcances de sus actuaciones y
omisiones. En sentencia de 19 de abril de 2012,18 esta Subsección manifestó:

16 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente 11001-03-25-000-2013-

01115-00(2637-13).
17 Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente 11001-03-25-000-

2012-00888-00 (2728-12); también puede consultarse en Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de
16 de marzo de 2017, expediente 11001-03-25-000-2012-00002-00(0058-12).
18 Expediente 52001-23-31-000-2006-00660-01 (0666-2008).

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«[…] En este estado, no comparte la Sala el argumento que trae a colación el
actor en el sentido de que ni la Constitución, ni la ley ni el decreto reglamentario
de su función, le exigían obligatoriamente conocer la normativa de la institución
en la que labora, además de que su formación lo era en las ciencias de la salud
y no en las jurídicas; porque no puede olvidarse, que la responsabilidad de todo
servidor público en materia disciplinaria encuentra fundamento, en el postulado
superior contenido en el artículo 6° de la Carta Política, que se constituye en el
cimiento de sus obligaciones y deberes […].

[…]
Es válido entonces afirmar, que el servidor público soporta una carga
mayor y superior en materia de responsabilidad, que implica el total
conocimiento de los deberes contenidos en los dispositivos de orden
constitucional y legal y el entendimiento del alcance de sus actos y de sus
omisiones.” […]».

65. Entonces, se reitera que «[e]l carácter de vencible o invencible del error,
significa que el servidor público disciplinado tuvo la oportunidad de realizar una
acción que le permitiera esforzarse y, a través de un ejercicio lógico racional,
determinar que estaba actuando en contra de la norma.»19

66. El derecho constitucional al debido proceso en las actuaciones
disciplinarias. El artículo 29 superior establece que «[e]l debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas»; dentro de estas
últimas se encuentra la actuación disciplinaria, en tanto es expresión de esa
naturaleza.

67. Así entonces, el aludido principio constitucional demanda la preexistencia
de un conjunto de etapas y garantías para la protección de los derechos y la
aplicación concreta y correcta de la justicia, en todas aquellas en las que se
adjudiquen derechos y/o se impongan obligaciones y sanciones, de modo tal que
el ciudadano no se vea sorprendido por la autoridad que dirige ese procedimiento
y/o por los demás intervinientes en el mismo. Sobre el particular, esta
Subsección, en sentencia del 11 de junio de 2020,20 concluyó:

«4.1.1.1 Debido proceso disciplinario - aplicación de la garantía
fundamental a la presunción de inocencia

El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de
las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven
llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el
proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las
partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo
de todas sus etapas.

Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una
naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material.
La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como son las
etapas que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades
de actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a

19 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente 11001-03-25-000-

2013-01115-00(2637-13).
20 Expediente con radicado interno 2838-2019, C.P. William Hernández Gómez.

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las garantías sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las
cuales pueden destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la
presunción de inocencia, la imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a
contradecir las pruebas, entre muchas otras».

68. Precisado todo lo anterior, procede la Sala a revolver el interrogante
planteado en acápite anterior.

69. Caso concreto. La resolución del interrogante planteado ¿La entidad
demandada y el tribunal de primer grado valoraron indebidamente el material
probatorio y, por ende, incurrieron en yerros al configurar la ilicitud sustancial,
desestimar el error invencible como causal excluyente de responsabilidad y
denegar la vulneración del debido proceso y el derecho de defensa del
demandante?

70. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria21, la Sala destaca
que:

71. El 4 de febrero de 2010 la Procuraduría Provincial de Zipaquirá ordenó la
apertura de una indagación preliminar en contra del demandante22, porque
presuntamente omitió cumplir con la comisión conferida mediante auto del 10 de
julio de 2009, dictado por la oficina de Control Interno Disciplinario de la
gobernación de Cundinamarca.

72. El 6 de septiembre siguiente se abrió la respectiva investigación
disciplinaria23. Así mismo, se advierte que por auto del 31 de mayo de 201124 se
formuló al demandante el cargo único relacionado con que, a partir de la omisión
de realizar la comisión que le fue encomendada por la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, incumplió con los deberes
contenidos en los numerales 1.° y 2.° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en
consonancia con lo estatuido en los artículos 133 de esa misma codificación y
178 numeral 1.° de la Ley 136 de 1994. Por ende, se le endilgó la comisión de
una falta grave cometida a título de culpa grave.

73. El 31 de julio de 2013 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia25, en la que se sancionó al actor con suspensión de 1 mes convertida
en 1 mes del salario devengado en la fecha de comisión de la conducta castigada,
pues para entonces el disciplinado había cesado en el ejercicio de sus funciones.
Con tal finalidad, la Procuraduría Provincial de Zipaquirá:

74. Desestimó la causal excluyente de responsabilidad alegada por el
demandante, para lo cual adujo que, con la debida diligencia y racionalidad,

21 Cuaderno denominado «Anexo No. 4»
22 Folio 7-9 ejusdem.
23 Folios 38-41 ejusdem.
24 Folios 88-108 ejusdem.
25 Folios 307-337 ejusdem.

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hubiera superado ese aparente yerro, pues el oficio que le fue remitido con tales
fines fue claro al expresar que la comisión había sido ordenada por la directora
de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca
a través del auto de 10 de julio de 2009. Expresó que la duda surgida a partir de
esa misiva pudo haberla despejado solicitando una copia del auto en mención.

75. Aseguró que la omisión reprochada al actor estuvo provista de ilicitud
sustancial, pues como servidor público era consciente de los deberes a su cargo,
máxime porque su rol de ministerio público le demandaba garantizar los fines
esenciales del Estado. Por tanto, concluyó que aquel no podía dejar de cumplir
la misión que le fue encomendada.

76. Adujo que la carga laboral y la falta de personal no eran razones
suficientes para que el demandante dejara de cumplir con las funciones a su
cargo, máxime porque en oportunidades anteriores había evacuado 7 comisiones
libradas por la misma dependencia comitente.

77. Expresó que, si el disciplinado consideró que no era competente para
tramitar la comisión, no tenía justificación para devolverla al comitente dos meses
después de su recepción, lo que evidenció el incumplimiento injustificado de sus
funciones, pues a la luz de lo establecido en la Ley 734 de 2002, los servidores
públicos deben evacuar con prontitud, diligencia y eficacia los asuntos a su cargo.

78. Concluyó que las pruebas evidenciaron que el investigado fue legalmente
comisionado y requerido en varias oportunidades para la realización de ese
encargo. Sin embargo, injustificadamente omitió cumplir la orden impartida, razón
por la que se estructuró la falta endilgada en el pliego de cargos.

79. En consecuencia, concluyó que la conducta del actor se adecuó al
incumplimiento de deberes funcionales imputados en el cargo único y, por
demás, reafirmó que el ejercicio de la función pública exige un conocimiento
ilustrado sobre las obligaciones legales y las responsabilidades derivadas del
juramento constitucional de cumplir y defender la Constitución y la ley.

80. El 22 de noviembre de 2023, la Procuraduría Regional de Cundinamarca
confirmó en sede de apelación la anterior determinación. Esta autoridad:

81. Descartó la causal de ausencia de responsabilidad invocada por el
demandante, al considerar que los argumentos expuestos no permitían predicar
que su conducta estuvo precedida del error invencible de que no constituía una
falta disciplinaria.

82. Expresó que la creencia de que no estaba obligado a cumplir la comisión,
por haber sido remitida por una abogada ya comisionada y sin adjuntarse el auto
comisorio, no constituye un error insuperable, pues el investigado tenía a su
alcance múltiples mecanismos para despejar la duda, como comunicarse con la
oficina comitente, solicitar el auto o verificar directamente con la funcionaria

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encargada. En consecuencia, el supuesto error resulta vencible y atribuible a su
propia negligencia.

83. Rechazó la solicitud de nulidad por vencimiento de los términos para la
adopción de las distintas decisiones en el marco del proceso disciplinario,
reiterando la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual el
incumplimiento de tales plazos no genera vicios sobre la actuación.

84. Compartió la calificación jurídica efectuada en primera instancia, en cuanto
reconoce la existencia de un incumplimiento omisivo del deber funcional,
vulnerando principios de la administración pública. No obstante, consideró que la
sanción debía imponerse dentro del mínimo legal, atendiendo la carga funcional
propia del cargo de personero, el volumen de trabajo y la limitada capacidad
operativa del despacho, factores que permiten mitigar la punibilidad sin desvirtuar
la responsabilidad.

85. Confirmó la sanción disciplinaria impuesta en primera instancia, al
encontrar acreditado que el demandante inobservó conscientemente los deberes
a su cargo, sin que lograra justificar su actuar.

86. Pues bien, de cara a lo expresado, la Sala responde que en este asunto
no se evidencia la indebida valoración probatoria invocada en la alzada, por
cuanto:

87. En primer lugar, las autoridades en cita -ente de control y tribunal de
primer grado- no desconocieron que el actor, en su calidad de personero
municipal de Zipaquirá, cumplió otras comisiones remitidas por la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, no solo en
torno a la investigación adelantada en contra del señor Álvaro Díaz Bohada, sino
en otras investigaciones a cargo de esa dependencia.

88. Lo anterior, en razón a que el demandante no fue investigado ni
sancionado por cumplir con esos encargos, sino por abstenerse de tramitar y
evacuar la comisión del 4 de septiembre de 2009, requerida por oficio del 24 de
octubre de ese mismo año. Es decir, en la investigación sancionatoria adelantada
en contra del actor, era irrelevante el cumplimiento de otras comisiones remitidas
por aquella dependencia de control interno.

89. En segundo lugar, el accionante afirmó que el comisorio fue enviado por
una profesional universitaria de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
gobernación de Cundinamarca, frente a la que no tenía deber de sujeción y, por
ende, estimó que se trataba de una subcomisión, proscrita en el ordenamiento
jurídico.

90. Sin embargo, dentro del expediente está acreditado que mediante oficio
nro. 072526 del 4 de septiembre de 2009 (fls 69-70 del cuaderno anexo nro. 4),

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la doctora Elisa Álvarez Prieto, abogada comisionada de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, le informó al
demandante, entonces personero municipal de Zipaquirá que:

«De manera atenta le comunico que de conformidad con las facultades otorgadas
por el artículo 133 de la Ley 734 de 2002, la Directora (sic) de la oficina de control
disciplinario mediante auto del 10 de julio de 2009 comisionó a la Personería de
Zipauquirá (sic) para la práctica de las siguientes pruebas, para lo cual se
concede un término de 15 días hábiles […]»

91. Así las cosas, es evidente que desde el primer momento al accionante se
le informó que la comisión fue ordenada por la directora de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, de manera que la
excusa invocada para su incumplimiento, relacionada con la no subordinación
frente a quien suscribió el oficio remisorio, carece de sustento.

92. En consecuencia, se reitera lo afirmado por las autoridades disciplinarias
en cuanto a que el actor no fue diligente en la lectura del mentado oficio, pues de
haberlo hecho hubiera advertido que lo encomendado a él no se trataba de una
subcomisión.

93. Adicionalmente, se observa que en el curso de la investigación
disciplinaria el demandante alegó que no cumplió con ese encargo porque no se
adjuntó copia del auto que lo había ordenado. No obstante, en la respuesta
emitida frente al requerimiento que le hizo la entidad comitente, no se avizora tal
excusa.

94. A folio 16 del cuaderno de anexos nro. 4 reposa el Oficio nro. 1455-09 de
28 de octubre de 2009, en el que el accionante afirmó:

«[…] Respecto de lo anterior, respetuosamente le informo que NO es posible
para esta Personería avocar conocimiento para dar trámite a la comisión
conferida, debido a que este despacho no cuenta con personal suficiente para
atender esta clase de asuntos toda vez que la planta de personal esta (sic)
compuesta por el suscrito y la secretaria del despacho, quienes deben cumplir
con las funciones conferidas por el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, en un
municipio que cuenta con más de ciento veinte mil (120.000) habitantes.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la Personería Municipal de
Zipaquirá no se encuentra subordinada jerárquicamente respecto de su oficina,
motivo por el cual tampoco es posible atender la comisión conferida […]»

95. Sin perjuicio de lo anterior, y si para ese entonces el accionante estimaba
necesario contar con el auto que decretó la comisión para efectos de su trámite,
bien pudo solicitarlo al comitente, pero en el expediente no obra prueba de
gestiones adelantadas con ese fin.

96. Con todo, se destaca que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
gobernación de Cundinamarca remitió al comisionado los documentos que, en
su sentir y de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 del CDU, le permitían

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adelantar las diligencias encomendadas. La anterior conclusión se fundamenta
en el hecho según el cual en el oficio se señaló la providencia contentiva de la
orden de comisión, la autoridad que la suscribió y las actividades que debían ser
desarrolladas en cumplimiento de aquella.

97. Así las cosas, no se advierte la convicción errada e invencible en su actuar,
máxime cuando el demandante reconoció haber cumplido otras comisiones
solicitadas por la misma dependencia, incluso dentro del mismo proceso
investigativo adelantado en contra del señor Álvaro Díaz Bohada.

98. Por ende, un actuar prudente y diligente de su parte lo habría conducido a
solicitar las aclaraciones pertinentes a la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la gobernación de Cundinamarca, y no a abstenerse, como lo hizo, de cumplir
la diligencia que le fue encomendada.

99. Debemos recordar que, en tratándose de la causal 6.° del artículo 28 de la
Ley 734 de 2002, la jurisprudencia de esta Subsección ha indicado que el error
de la conducta «será vencible o invencible dependiendo de si el actor hubiera
podido salir de él aplicando razonabilidad26 o si a pesar de tener la diligencia
debida no hubiese podido salir del error»27.

100. Por tanto, se concluye que el error en que incurrió el demandante era
vencible, pues no actuó con prudencia ni la diligencia mínima dirigida a superar
las dudas que tenía frente a si lo encomendado provenía de una comisión y/o
subcomisión y, por demás, si tenía o no la obligación de cumplir con él.

101. En tercer lugar, es procedente reiterar que a la luz de lo establecido en el
artículo 5.° de la Ley 734 de 2002, la ilicitud sustancial, como elemento integral
de la responsabilidad disciplinaria, refleja la antijuridicidad de la conducta y se
concreta en la medida que con ella se afecte el deber funcional sin justificación
alguna.

102. En el presente caso, el actor alegó la inexistencia de tal elemento pues,
en su sentir, la investigación disciplinaria dentro de la que se libró la citada
comisión fue archivada por falta de méritos, sin que para ello fuera determinante
la misión que él se abstuvo de ejecutar.

103. La Sala no comparte tal conclusión, en razón a que, para que la ilicitud
sustancial se cristalice se requiere que se afecte sin justificación alguna el deber
funcional asignado al servidor estatal que es sujeto de investigación. Por tanto,
es irrelevante que la instrucción adelantada en contra del señor Álvaro Díaz
Bohada haya sido archivada, pues tal decisión no fue la que determinó la queja,

26 Entiéndase por razonabilidad según la RAE: «equidad, moderación, lógica, naturalidad, prudencia».
Fuente: https://dle.rae.es/razonabilidad.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P: Rafael

Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 23 de noviembre de 2023. Rad: 250002325000200800988 01 /
0287-2012.

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la investigación disciplinaria, el pliego de cargos ni la sanción que finalmente se
le impuso al demandante.

104. En efecto, el reproche que en tal sentido efectuó la demandada se
concentró en el incumplimiento injustificado por parte del actor, como personero
municipal de Zipaquirá, de la misión que la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la gobernación de Cundinamarca le encomendó; por lo que era su obligación
realizar esas diligencias en virtud de lo establecido en el artículo 133 de la Ley
734 de 2002. En consecuencia, en este asunto tampoco se evidenció una
indebida valoración probatoria por parte del ente de control y/o de la autoridad
judicial de primera instancia.

105. En cuarto y último lugar, la Subsección estima que al demandante no se
le vulneró su derecho al debido proceso en tanto:

106. En todo tiempo se le garantizó su derecho de defensa y contradicción. Por
lo que el hecho de que los resultados de la valoración probatoria no fueran
favorables a sus intereses no implica per se que las pruebas fueran ilegales o
indebidamente apreciadas, máxime si se tiene en cuenta que al formular este
último reproche, el actor no señaló las pruebas que adolecían de tal vicio.

107. En efecto, dentro del proceso sancionatorio el accionante contó con los
espacios procesales para ser oído; fue debidamente enterado de cada una de
las actuaciones que se desarrollaron dentro de aquel y se le permitió solicitar y
aportar las pruebas que estimara convenientes para la defensa de sus derechos.

108. Aunque se incumplieron los plazos para emitir los autos de apertura de
indagación preliminar, investigación disciplinaria y el pliego de cargos, lo cierto
es que la superación de esos tiempos no genera ningún vicio sobre la actuación
que amerite la nulidad de la sanción impuesta, máxime porque, como ya fue
dicho, dentro de ese trámite se le garantizó a plenitud su derecho de defensa y
contradicción.

109. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados en la
alzada no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia apelada.

110. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la
condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

111. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos
de interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual

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no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
deberá imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y
ejecución se regirá por las normas del CGP.28

112. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

113. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por el presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó el señor José Miguel Rey Parra en
contra de la Procuraduría General de la Nación

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

28 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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Demandante: José Miguel Rey Parra

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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