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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2008-00988-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2008-00988-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero.- Denegar las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Luis Antonio Ruda Velosa en contra de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2008-00988-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 250002325000200800988 01
Número interno: 0287-2012
Actor: Luis Antonio Ruda Velosa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y
Procuraduría General de la Nación

Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, el señor
Luis Antonio Ruda Velosa presenta demanda contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

La parte actora formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos: i) decisión disciplinaria de 16 de febrero de
2008, emitida, en única instancia, por el Despacho del procurador general de
la Nación, mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente y se le
impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar
cargos públicos por el término de 13 años; ii) fallo de 5 de junio de 2008,
proferido por el Despacho del procurador general de la Nación, a través del
cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto, se confirmó la decisión

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

inicial; y, iii) el Decreto 2941 de 12 de agosto de 2006, a través del cual el
Gobierno Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios,
los perjuicios materiales y morales a los que fue sometido; ii) declarar que no
existió solución de continuidad; iii) ordenar a la Procuraduría General de la
Nación cancelar el registro de sus antecedentes disciplinarios; iv) ordenar la
actualización de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo; v) disponer
el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177
ibidem; y, vi) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 10 de enero de 1984, el señor Luis Antonio Ruda Velosa ingresó a la
Escuela de Cadetes de la Policía Nacional y para mayo de 2007, ostentaba el
grado de teniente coronel, al que había ascendido a través del Decreto 2471
de 22 de noviembre de 2002.

ii) El 1.º de octubre de 2006, fue designado como jefe del Área de Producción
de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Dipol.

iii) En mayo de 2007, la Revista Semana transcribió algunas comunicaciones
que, según la publicación, habían sido interceptadas por la Policía Nacional,
específicamente, la Dipol, a varias personalidades del país, así como a algunos
integrantes desmovilizados de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que
para esa época estaban recluidos en las cárceles de Itagüí y la Ceja, en el
departamento de Antioquia.

iv) En atención a ello, la Inspección General de la Policía Nacional dio apertura
de indagación preliminar en búsqueda de responsables. Por virtud del poder
preferente, el procurador general de la Nación asumió la instrucción del
proceso, encontrando que uno de los presuntos responsables de las

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interceptaciones antes referidas, era el teniente coronel Luis Antonio Ruda
Velosa.

v) El 22 de junio de 2007, la Procuraduría General de la Nación ordenó la
suspensión provisional de, entre otros, el señor Ruda Velosa.

vi) El 6 de diciembre de 2007, la Procuraduría General de la Nación formuló
pliego de cargos en contra del señor Ruda Velosa por, primero, interceptar
ilegalmente comunicaciones y, en consecuencia, haber incurrido en una falta
gravísima de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 numeral 16, y 34
numeral 3.º de las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006, respectivamente; y,
segundo, ordenar a sus subalternos borrar toda la información que fue
interceptada, incurriendo, igualmente, en una falta gravísima, consagrada en
los artículos 48 numeral 2.º, y 34 numerales 15, 29 y 30 literal c) de las Leyes
734 de 2002 y 1015 de 2006, respectivamente.

vii) El 16 de febrero de 2008, el Despacho del procurador general de la Nación,
en única instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Luis Antonio
Ruda Velosa, en su condición de teniente coronel de la Policía Nacional por
haber incurrido en las faltas antes descritas a título de dolo; sancionándolo con
destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el
término de 13 años.

viii) Contra lo anterior, el investigado interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto el 5 de junio de 2008, por el Despacho del procurador general de
la Nación, confirmando la decisión inicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 6, 29, 84, 122, 123, 209 y 278 de
la Constitución Política; 1.º y siguientes de la Ley 734 de 2002; 1.º y siguientes
de la Ley 1015 de 2006; y, 84 del Código Contencioso Administrativo.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso
los siguientes argumentos:

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

i) Se incurrió en atipicidad de la conducta respecto al primero cargo, por cuanto
su conducta consistió en el monitoreo de las comunicaciones, lo cual está
permitido a los miembros de la Policía Nacional y no, como erróneamente lo
sostuvo la Procuraduría General de la Nación, en la interceptación de
comunicaciones. Aunado a que el monitorio adelantado no lo ordenó él en su
condición de jefe de Área de Producción de Inteligencia, sino la Dirección
General de la entidad.

ii) Además, no se tuvo en cuenta que mediante las Resoluciones 1003 de 1992
y 00199 de 2005, emitidas por la Dirección General de la Policía Nacional y que
están amparadas bajo el principio de presunción de legalidad, le estaba
permitido el monitoreo sobre el espectro electromagnético.

iii) Frente al segundo cargo, no se probó que impartió la orden relacionada con
la destrucción de información sino que, por el contrario, replicó las instrucciones
que se conservaran incólumes todos los archivos del área. Además, se tuvo un
cuenta una prueba pericial que fue realizada por personas que no tenían los
conocimientos necesarios para establecer la supuesta destrucción de
información y testimonios que no eran imparciales.

iv) Se vulneró el derecho al debido proceso, dado que el pliego de cargos
desconoció el carácter personal de la responsabilidad disciplinaria del actor y
se decidió en forma conjunta con la de los otros implicados.

v) Aunado a que no se analizó la configuración de las causales de exclusión de
responsabilidad, establecidos en el artículo 28 numerales 3.º y 6.º de la Ley 734
de 2002.

vi) Se trasgredió el principio de congruencia, toda vez que en el pliego de cargos
se le acusó de ordenar las interceptaciones sin que mediara orden judicial y en
las decisiones disciplinarias cuestionadas, por no aplicar la excepción de
inconstitucionalidad respecto a la Resolución 000119 de 2005.

vii) Se configuró una desviación de poder, en la medida en que la Procuraduría
General de la Nación adelantó la investigación disciplinaria para mostrar

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

resultados ante la opinión pública y no buscó esclarecer los hechos
denunciados.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderado,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones expuestas que
se expresan a continuación:1

i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue
adecuada y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente
valoradas, lo que permitió concluir que el disciplinado incurrió en las faltas
gravísimas por las que fue sancionado.

ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al demandante se
le brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su
derecho a la defensa.

iii) La normativa aplicable no faculta de manera alguna a la Policía Nacional o
a cualquier otra autoridad para que acceda al contenido de comunicaciones
producidas en el espectro electromagnético sin que medie orden judicial previa.

iv) Si bien el oficial cumplió sus funciones amparado en las órdenes impartidas
por sus superiores, este hacía parte de una línea de mando en la Dipol y, por
lo tanto, se encontraba en condiciones de proponer y aplicar otras alternativas
o fuentes de información y hacer uso de estrategias de trabajo que le permitirán
actuar dentro del marco constitucional y legal.

v) No es cierto la afirmación realizada por el actor respecto a la vulneración del
derecho al debido proceso con la emisión del pliego de cargos, toda vez que la
falta disciplinaria y el elemento de la culpabilidad se analizó de manera
individual respecto a su conducta.

1 Folios 338 a 351.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

1.3. Alegatos de conclusión

1.3.1. El demandante2

Reitero lo expuesto en el escrito de demanda y su corrección.

1.3.2. La parte demandada3

Insistió en los argumentos señalados en la contestación de la demanda.

1.4. El ministerio público

La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto
en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda,4 bajo las siguientes
consideraciones:

i) El ente de control concluyó, respecto al primer cargo, que la Dipol no podía
utilizar su tecnología para desconocer la prohibición de interferir las
comunicaciones privadas y captar información, aduciendo la función que como
área de inteligencia le correspondía hacer, porque lo cierto es que en la zona y
el desarrollo del proceso penal con las autodefensas se encontraban otras
dependencias y organismos como la Dijín y la Fiscalía General de la Nación
que estaban cumpliendo con esas atribuciones, por lo que, acertadamente, se
estableció que el actor abusó y se extralimitó en el ejercicio del cargo al
interceptar directamente las comunicaciones para escuchar, grabar y procesar
conversaciones de contenido privado.

ii) Es evidente que la acusación es clara, específica y concreta, por lo que no
es posible concluir que la Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho
debido proceso.

iii) No es cierto que no se haya probado que el demandante impartió la orden
para borrar la información, en la medida en que de acuerdo con las

2 Folios 787 a 789.
3 Folios 782 a 786.
4 Folios 799 a 812.

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declaraciones y el informe técnico se estableció su responsabilidad en la
manipulación indebida y destrucción de la información oficial, todo con el fin de
impedir que la investigación produjera un resultado efectivo para eludir la
sanción disciplinaria.

2. Consideraciones

2.1 El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados, la
entidad demandada incurrió en (I) vulneración del derecho al debido proceso,
por cuanto se trasgredió el principio de congruencia, se configuró la atipicidad
de la conducta respecto a las dos faltas imputadas, se tuvieron en cuenta unas
pruebas testimoniales y periciales que no eran pertinentes y no se analizó la
configuración de dos causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria; y,
(II) desviación de poder.

2.2. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines
esenciales del Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes, y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

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Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho».

Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como
principios de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta
Institución es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de
la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz», y respecto a sus
miembros, señala dicha disposición que la «ley determinará su régimen de
carrera, prestacional y disciplinario».

En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de
2006, por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la
Policía Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el
personal uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Institución Policial.

El artículo 3 ibidem dispone que el personal destinatario de esta ley, será
investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como
faltas disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.

Ahora, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que
«El personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las
leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario

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con atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las
garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento
señalado en la ley. La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».

Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los
artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:

Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a
favor del investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare legalmente su
responsabilidad en fallo ejecutoriado.

Por su parte, la Ley 734 de 2002 en relación con el principio de presunción de
inocencia, consagra en su artículo 9 que «a quien se atribuya una falta
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad
en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a
favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

El artículo 20 ibidem, señala que «En la interpretación y aplicación de la Ley
disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad
del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo y la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su
artículo 128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria
debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por
petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole
la carga de la prueba al Estado.

Frente a la oponibilidad de los medios probatorios, el artículo 138 de dicha
normativa, dispone que los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas
a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.

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2.4. Hechos probados

2.4.1. En relación con su vinculación

De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el 1.º de diciembre de 1985, el
señor Luis Antonio Ruda Velosa se vinculó laboralmente a la Policía Nacional.5

2.4.2. En relación con la actuación disciplinaria

El 15 de mayo de 2007, la Inspección Delegada Especial de la Dirección
General de la Policía Nacional abrió indagación preliminar en contra de
personal por establecer, por la información suministrada por la Revista
Semana en donde se dio a conocer de las presuntas irregularidades cometidas
por personas recluidas en la cárcel de Itagüí y personal de la Dipol.6

El 16 de mayo de 2007, el mayor Mauricio Rocha Pedraza presentó su
declaración, dentro de la cual afirmó:7

Preguntado. Diga si en la dirección de inteligencia se realizan grabaciones como
las que acá nos ocupan o interceptaciones de líneas telefónicas, de ser así
quien las autoriza y que controles ejercen sobre dichas actividades. Contestó.
Por la naturaleza del servicio no se nos tiene permitido realizar interceptaciones
telefónicas ya que el conocimiento que tengo de policía judicial para hacer una
interceptación se necesita una orden judicial y nosotros no tenemos esas
funciones de policía judicial. Preguntado. Diga quién es su superior directo y
qué funciones cumple. Contesto. Mi superior directo es el señor teniente coronel
Luis Antonio Ruda Velosa, que es el jefe del área de producción de inteligencia
de la dirección de inteligencia de la policía nacional, las funciones que él tiene
es la de dirigir y controlar todo lo relacionado con la producción de inteligencia.
Preguntado. Diga si tiene conocimiento que la dirección de inteligencia de la
policía nacional tenga asignado de los equipos para realizar grabaciones o
interceptación de comunicaciones, de ser así en qué lugar están ubicados estos
equipos. Contestó. La dirección de inteligencia adquirió dos equipos tácticos
para el monitoreo del espectro electromagnético en la gama de UHF están
ubicados en el grupo de procesamiento de señales, voces e imágenes, esos
equipos sirven para monitorear la telefonía celular y nos permiten establecer si
un celular está en una zona determinada.

5 Folio 1527 del cuaderno 8.
6 Folios 174 a 176 del cuaderno 1.
7 Folios 205 a 207 del cuaderno 2.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

El 17 de mayo de 2007, el Despacho del procurador general de la Nación dio
apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables, bajo los
siguientes hechos:8

En atención a la información de prensa divulgada por medios de comunicación,
se ha tenido conocimiento de las presuntas irregularidades en las que pueden
encontrarse en cursos servidores de diferentes organismos del Estado que
estarían efectuando interceptaciones no autorizadas y empleando recursos,
prerrogativas y bienes del Estado en asuntos ajenos a sus funciones (…)

El 24 de mayo de 2007, el mayor Henry Armando Sanabria rindió su
declaración, dentro de la cual indicó:9

Preguntado. A través de los medios de comunicación se publicaron los posibles
grabaciones de las comunicaciones realizadas por miembros de los grupos
paramilitares desde la cárcel de Itagüí. Diga si tuvo conocimiento de estos
hechos. Contestó. Si tuve conocimiento de estos hechos, inicialmente, a través
de la réplica hecha por los medios de comunicación a la publicación de los
textos que indican la existencia de estas comunicaciones. Posteriormente, por
decisión del mando institucional fue nombrado jefe del grupo de procesamiento
de señales imágenes a partir del martes 22 de mayo de 2007, lo que me obligó
a tomar contacto directo con sus integrantes, estableciendo que las
comunicaciones publicadas por la revista, en efecto, en su mayoría, habían sido
obtenidas a partir del monitoreo del espectro electromagnético en la ciudad de
Medellín y en el departamento de Córdoba por partes integrantes de las
unidades regionales del mencionado grupo, en cumplimiento a directrices
emanadas de la dirección de inteligencia, atendiendo solicitudes del gobierno
nacional, en cuanto a recolectar información que garantizará la seguridad de las
personas participantes en el proceso de desmovilización de las autodefensas y
establecer posibles tendencias criminales emergentes de algunos de ellos.
Preguntado. El despacho y le pone presente la publicación de la revista para
que diga si tiene conocimientos y las referidas grabaciones se realizaron en la
dirección de inteligencia de la policía nacional. Contesto. Como lo mencioné
anteriormente, al asumir como jefe del grupo de procesamiento de señales a
imágenes de la dirección de inteligencia y con el propósito de coadyuvar en la
búsqueda de la verdad dispuesta por el gobierno nacional y el mando
institucional, procedí a preguntar al personal integrante del grupo sobre el origen
de las comunicaciones, recibiendo respuesta inmediata de su intendente
Guzmán González Edgar, jefe de la unidad de monitoreo concede en la ciudad
de Medellín, quien manifestó que en cumplimiento de las órdenes emanadas de
la Dipol, había realizado monitoreo del espectro radioeléctrico en el área
metropolitana de Medellín, cerca de la cárcel de Itagüí, obteniendo las
comunicaciones objeto de esta diligencia, manifestando que una vez captadas,
aplicó el procedimiento establecido, es decir, procedió a transcribirlas y
remitirlas al centro de recepción y difusión de información de señales del grupo
de señales, por correo electrónico con sistema de inscripción, es decir con
seguridad en la transmisión siendo recibida por el patrullero Pinzón. Asimismo
aseguró que entregó los audios en un disco compacto, de manera personal al
patrullero Mauricio moreno de la unidad de bosques, en la primera semana del
mes de mayo, con motivo del segundo encuentro de inteligencia de señales…
Quien manifestó ser el analista primario de las mencionadas comunicaciones,

8 Folios 3 y 4 del cuaderno 1.
9 Folios 359 a 368 del cuaderno 2.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

confirmando que las mismas fueron objeto de análisis previo, procediendo a
elaborar los resúmenes de información, archivando los en el servidor junto con
las monitorias finalizando el proceso en el grupo de señales con el envío del
resumen… Preguntado. Diga cuál es el motivo para que la dirección de
inteligencia de la policía nacional no realiza interceptaciones de
comunicaciones. Contestó. No puede realizar la interceptación de
comunicaciones por cuanto la misión asignada en los decretos 1512 de 2000 y
4222 de 2006 y el catálogo de funciones atribuidas por vía reglamentaria, no
contemplan, de manera directa, la cooperación en la investigación de delitos
como apoyo a la rama jurisdiccional, aspecto reservado a las dependencias
especializadas de la policía nacional en materia de policía judicial. La naturaleza
del servicio de inteligencia es la prevención, luego no podría esperar a que
ocurra un delito para intervenir, aspecto que es requisito para que aflore el
concepto de interceptación, el cual surge ante la necesidad de obtener
evidencias para esclarecer hechos que revisten la categoría de delitos no sin
antes contar con la orden de la Fiscalía General de la nación…

En la misma fecha, el subintendente Edgar Guzmán González presentó su
declaración, dentro de la cual adujo:10

Preguntado. Diga quien realizó la grabación de las comunicaciones y qué
procedimiento realizó con las mismas. Contestó. En cumplimiento a las
directivas emanadas de la dirección de inteligencia quien a su vez en
cumplimiento a las órdenes del gobierno nacional, de velar por la seguridad de
los desmovilizados, así como el control de qué estos no incurren en actividades
delincuenciales, en cumplimiento de sus directivas realizó el monitoreo
preventivo y a campo abierto del espectro electromagnético, en cercanías a la
cárcel de máxima seguridad de Itagüí, captando comunicaciones relacionadas
con desmovilizados de ese grupo armado ilegal y procediendo a transcribirla
literalmente en gritándole con el sistema de seguridad y enviándola por correo
electrónico al centro de recepción Credis Y confirmando vía telefónica el
recibido… Preguntado. Diga quien tuvo conocimiento de las grabaciones de las
comunicaciones que usted realizó y que se relacionan con la información
publicada por la revista semana. Contestó. Con la información recolectada se
envió al Credis qué es el centro de recepción y difusión de información de
señales, donde debió seguir el trámite interno normal. Preguntado. Diga si
cotidianamente usted explora el espacio electromagnético en cercanías de la
cárcel de Itagüí y si es costumbre captar comunicaciones como las que acá no
se ocupan. Contestó. Si monitoreo del espectro electromagnético en ese sector,
porque esa es mi función como recolector de la unidad de monitoreo de Medellín
y se captan comunicaciones que de inmediato son transcritos y enviadas al
Credis… preguntado. Diga si usted recibió instrucciones escritas para captar
señales como a las que nos hemos referido en esta diligencia. Contestó. Recibí
las instrucciones del señor Valeric Humberto Pineda Panqueva, jefe de la
unidad de procesamiento de señales para realizar el monitoreo del espectro
electromagnético, también instrucciones y para la seguridad de la información,
de los equipos, instalaciones y personales.

El 15 de mayo de 2007, el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa rindió la
ampliación de su declaración, dentro de la cual señaló:11

10 Folios 525 a 528 del cuaderno 3.
11 Folios 561 a 563 del cuaderno 3.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

Preguntado. En declaración anterior que obra en esta indagación preliminar
usted me indicó que las grabaciones de las comunicaciones relacionadas con
conversaciones de los miembros de grupos paramilitares desde la cárcel de
Itagüí, publicadas por la revista semana no fueron realizadas por la dirección de
inteligencia de la policía nacional. En autos de la presente investigación obra
Fotocopia esas portadas de declaración del señor mayor Sanabria Celi Henry
armando, que se le ponen de presente, donde contrariamente a lo que usted ha
manifestado se observa que los dos referidas comunicaciones fueron realizadas
y tratadas por funcionarios de la Dipol. Diga que tiene que decir al respecto.
Contestó. Precisamente es por ello que solicité la ampliación de la declaración
toda vez que para la fecha que me tomaron la primera declaración creía que de
allí no habían salido, sin embargo posteriormente, el señor capitán Pineda jefe
de la unidad de procesamiento de señales me informó que lo difundido por la
revista semana tenía una alta similitud con algunas informaciones que la unidad
que él dirige tenía. Preguntado. En las fotocopias que se le ha puesto de
presente aparece que las grabaciones de las comunicaciones públicas por la
revista semana fueron enviadas por correo a varios destinatarios. Diga si usted
tuvo conocimiento de la información. Contestó. No, yo no tuve conocimiento de
esa información de primera mano, toda vez que dentro del flujograma y
protocolo del tratamiento de la información a la jefatura del área llegan es los
productos de inteligencia terminados, es decir no han sido ya sometidos al
tratamiento de la información para efectos de su revisión y posterior remisión a
la dirección de inteligencia, quiere decir ello que la información en bruto como
tal llegues directamente al centro de recepción y difusión de señales, ubicado
en el grupo de procesamiento información de señales y de allí pasa al centro de
tratamiento de información de señales, en donde hacen el tratamiento de la
información y elabora en los resúmenes de inteligencia de señales (…) con base
en la experiencia de los analistas elaboran ya los productos de inteligencia que
pueden ser informe de inteligencia memorandos, análisis de inteligencia, para
posteriormente enviar a la jefatura del área y proceder a remitir los a la dirección
de inteligencia, en el momento no tengo plenamente establecido si algún
producto terminado llegó a la jefatura del área toda vez que se están haciendo
las verificaciones en el entendido de gran parte de esas comunicaciones
aparecen con fecha de principios de abril, fecha en la cual me encontraba
disfrutando con vacaciones (…).

El 28 de mayo de 2007, la mayor Gloria Lucía Otalora Gómez presentó su
declaración, dentro de la cual afirmó:12

Preguntado. Diga usted si al conocer la información publicada por la revista
semana de alguna forma verificó que está reposara en el servidor de producción
a cargo de esta dependencia. Contestó. Ya cuando se publicó la información yo
recibí una orden de mi coronel Ruda para buscar si algunos de esos archivos
estaban en el servidor y se lanzó una búsqueda por palabra y solamente ubique
uno, solamente hice la búsqueda de uno nomás, se llama, 0305. Medellin.paz.
2007, yo busqué eso y le informé a mi coronel que si estaba ya los usuarios que
ocuparon de lo demás, de igual forma me preguntaron que quien accedía a eso,
se hizo una reunión con respecto a eso y a mí sólo me dieron esa orden y me
retiré a hacer lo que me solicitaron, en la reunión estaba en mi coronel ruda, no
recuerdo exactamente quién estaba en esa reunión, el mayor Pedraza, no los
recuerdo a todos, la reunión la lideró el coronel Ruda ya sólo busco un archivo
sólo para verificar que uno de esos archivos estuviera en el servidor.

12 Folios 586 a 593 del cuaderno 3.

14

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

Preguntado. Diga usted si de esos hallazgos tiene soporte, en caso positivo
sírvase ponerlos de presente. Contestó. Estaba en… En esa carpeta está y a
esa carpeta tiene acceso el grupo de armados ilegales, jefatura Proce, la
jefatura Grusi y administrador, el grupo armados ilegales está integrado por 37
usuarios, la jefatura Grusi por mi coronel Ruda, la jefatura Prosi por el patrullero
Julio César Pinzón y el patrullero Libardo Barón, (…).

El 29 de mayo de 2007, el señor Richard Alejandro Ibáñez Pedraza presentó
su declaración, dentro de la cual sostuvo:13

Preguntado. Sírvase efectuar un flujo de los procesos que se adelantan en la
Dipol E indique cuál es su posición y función en éste. Contestó. Básicamente
en la función de la unidad que yo dirijo se dedica a la elaboración de análisis de
inteligencia, en ese proceso de análisis se recibe información procedentes de
diferentes fuentes, abiertas y cerradas, las fuentes abiertas con las fuentes
públicas medios públicos, las fuentes cerradas son todas aquellas fuentes a las
que no cualquier persona tiene acceso, allí se ubica las seccionales de
inteligencia de la policía, ejército, armada nacional, el Das, la información que
llega del grupo de procesamiento de señales y los procesos operacionales, esos
insumos no llegan a través de un correo llamado Lotus y esa información la
convertimos en insumos de inteligencia… Los informes de inteligencia, las
apreciaciones de inteligencia y los análisis de documentos, todos los productos
van al jefe de área de producción de inteligencia que es el coronel Luis Antonio
Ruda Velosa previo conocimiento y revisión del jefe del grupo de procesamiento
de información que es mi jefe inmediato y se llama Carlos Alberto Gutiérrez
López y de ahí el jefe del área de producción los trata con el director de
inteligencia que era mi general Chávez y el proceso de difusión ya que
encabeza de ellos, los productos de inteligencia hacen parte de lo que es
inteligencia estratégica, sólo se entrega un producto de inteligencia, se labora,
se imprime y se pasa en físico (…).

En la misma fecha, el señor Jesús Arbey España Mosquera presentó su
declaración, dentro de la cual dijo:14

Preguntado. Diga usted si existe alguna relación entre la información borrada
por la mayor gloria, la intendente Sonia y el patrullero Fajardo y la información
que ordenaron recuperar el miércoles. Contestó. Sí, porque dentro de lo que
ellos hablaban decían no es que esa es la información que se borró el lunes,
esta es la ruta de la información, las políticas de seguridad me permiten mostrar
que el archivo fue borrado pero no me dice en qué fecha fue borrado.
Preguntado. Recuerda que contenía esa información. Contestó. De la de
señales había monitorias, archivos de voces e informes de inteligencia y de la
de Arpin-Grupi información de narcotráfico, delincuencia organizada y FARC
esas fueron las carpetas que se borraron. Preguntado. Indique dónde ubico
usted la información borrada. Contestó. En el mismo servidor de Arpin en la
misma ruta. Preguntado. Diga usted si el teniente coronel ruda tenía
conocimiento que la mayor gloria estaba borrando o había borrado esa
información. Contestó. Desconozco.

13 Folios 648 a 651 del cuaderno 4.
14 Folios 652 a 656 del cuaderno 4.

15

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

El 30 de mayo de 2007, el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional
emitió un informe de perito técnico con base a la visita especial y experticio
técnico a los equipos de sistemas de la Dirección de Inteligencia de la Policía
Nacional dentro del cual se señaló:15

1. Se encontró en el servidor Arpin, carpeta paz bacrim, sub-carpetas 2005,
2000 6:02 1007, documentos que coinciden con los publicados por la revista
semana.
2. Funcionarios del grupo de procesamiento de señales e imágenes, de acuerdo
los permisos asignados, tienen acceso a los documentos y reposo. Igualmente,
con el usuario de administrador del servidor Arpin se puede acceder a esta
información.
(…)
4. Efectivamente con los equipos Icom 8500 se pueden monitorear señales que
viajen en el espectro electromagnético, en las bandas de VHF y UHF,
específicamente es posible monitorear las señales de los teléfonos inalámbricos
de larga distancia, tipo cena, siempre y cuando estos señores no sean
encriptadas serán inteligibles por este monitor.

El 4 de junio de 2007, el intendente jefe Sonia Ruth Sánchez Rodríguez rindió
su declaración, dentro de la cual afirmó:16

(…) bueno me enteré de esa situación a través de los medios de comunicación,
no tuve conocimiento previo de la información, por el flujo de información que
se maneja en la oficina, el día 14 de mayo de 2007 nos dimos en la tarea de
verificar la existencia de esas transcripciones, con las personas del grupo, con
el patrullero Oviedo que es el encargado de tratar específicamente ese blanco
y observamos que si estaba la información muy parecida a la que salió en la
revista, digo muy parecida porque no contenía los formatos que usan los
recolectores para hacer este tipo de documentos, tuvimos la visita del señor jefe
del área, señor Coronel ruda Velosa con quien verificamos el texto de la revista
y la información que reposaba en nuestros archivos, posteriormente subió el
señor director general Chávez, quien llevaba una monitoria, no sé la
procedencia de esa monitoria, la llevaba por escrito, la buscamos en el archivo
y estaba allí dentro del compendio y el afirmo, si es de acá, eso fue todo lo que
él dijo, tuvimos muchas reuniones con los jefes del grupo y de proceso, el jefe
de grupo es el mayor Pedraza y el de proceso es el comandante Pineda
Panqueva, estábamos muy preocupados de cómo fue posible que saliera eso a
los medios, ellos se reunieron esa misma tarde, estaba mi coronel Ruda el
mayor Pedraza, el comandante Pineda, mayor Gloria jefe de grupo de ingeniería
y soporte, estaban en la oficina del jefe de área el coronel ruda, a la salida me
llamó por teléfono mi coronel ruda que bajara a la oficina de él y me dijo
literalmente, ahora te vas con la mayor gloria para que le indiques la ruta donde
está la información, para borrarla de ahí, eso fue lo que me dijo literalmente y
me lo dijo en presencia de ella y estaba el mayor Pedraza y el comandante
Pineda estaban los cuatro, luego yo le pedí al patrullero Fajardo Palacios que
es un integrante de mi grupo para que me acompañara a la oficina de sistemas,
ya que él es el que sabe de frecuencias de recolección para que me apoyara
en cuanto a eso para no dejar ninguna información que hubiese sido

15 Folios 680 a 688 del cuaderno 4.
16 Folios 804 a 814 del cuaderno 5.

16

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monitoreada de celular, porque la orden de mi coronel fue que se borraron todas
las grabaciones del celular y específicamente los que tenían que ver con ella,
en ese proceso estuvimos acompañados por la mayor gloria aquí le indicamos
la ruta y los documentos que podrían contener esa información y ella fue la
encargada de quitarlos del servidor, quiero aclarar que desde nuestros equipos
no suprimimos ninguna información y que eso fue directamente desde el
servidor, esta actividad la realizamos hasta las 2:30 de la mañana que
terminamos el proceso. También quiero aclarar mi preocupación por el borrado
de la información y yo le manifesté a ella varias veces que se quedaba borrado
quedaba en un backup y ella me dijo que no, que no nos preocupáramos que
nada se fuera ahorrar de allí. La ruta seguir fue ir al polígrafo, fuimos a una
entrevista con los de asuntos internos, nos hizo la entrevista el intendente
Araque y el patrullero Aguiar, igualmente fuimos a la inspección general a rendir
declaración, inicialmente fuimos todos los del grupo Cetis y los dos jefes de
unidad y de grupo, antes de salir para la oficina nos indicaron que iban a negar
que la información procedía de la Dipol, eso lo dijo el coronel Ruda…
preguntado. Diga usted si además de los textos publicados en la revista semana
se borraron del servidor otros documentos similares. Contestó. Se suprimió la
carpeta paz.bacrim qué es la que contenía toda la información además de la
publicada un resto información muy grande de los años 2005, 2000 6:02 1007,
toda la información, transcripciones y resines como tal, no abrimos carpetas
para verificar qué tipo de archivo contenía sólo se borró toda la información.
Preguntado. Diga usted qué instrucciones específicas le impartieron para
manejar las entrevistas y declaraciones con los organismos y oficinas de
investigación y control y quien las impartió. Contestó. Las instrucciones las dio
directamente el señor Coronel Ruda y fue cambiante en sus órdenes para la
primera declaración ante la inspección nos dijo que íbamos deniegue total, acá
no hay unidad monitora en Medellín, no se capta ese tipo de información y de
hecho se vio evidente en borrar toda la información y posteriormente llegó el
mayor Sanabria, nos dijo que eso no era ilegal, nos mostró todos los
reglamentos y leyes que hay para estas actividades y él dio la orden de
recuperar la información, yo de medios técnicos no conozco nada.

El 22 de junio de 2007, el Despacho del procurador general de la Nación dio
apertura de investigación disciplinaria en contra de, entre otros, el teniente
coronel Luis Antonio Ruda Velosa, en su condición de jefe de Área de
Producción de Inteligencia de la Dipol, en cuyo cargo se encontraba la
dirección y orientación de la búsqueda de información y la selección de
objetivos de interés para la inteligencia a través del empleo de equipos y
medios electrónicos. Aunado a ello, ordenó la suspensión provisional del señor
Ruda Velosa por el término inicial de 3 meses.17

El 11 de julio de 2007, el señor Luis Antonio Ruda Velosa rindió su versión
libre dentro de la cual adujo:18

Preguntado. Mediante auto proferido por el procurador general de la nación el
22 de junio de 2007 le fue notificado la orden de apertura investigación

17 Folios 926 a 966 del cuaderno 5.
18 Folios 1180 a 1191 del cuaderno 6.

17

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disciplinar en su contra, que tiene usted que decir al respecto. Contestó. Observo que allí me vinculan en presuntas interceptaciones ilegales ante lo que
quiero dar a conocer lo siguiente, dentro del plan estratégico institucional que
es elaborado por la dirección general de la policía nacional y como plan Marco
de las acciones que debe desplegar toda la institución policial se fija en unos
parámetros generales, obviamente este plan estratégico está articulado con la
disposición del ministerio de defensa que consecuencia al mente viene en
cumplimiento del mandato constitucional, de ese plan estratégico se
desagregan en cada una de las direcciones el respectivo plan de acción, como
es obvio la Dipol es lo que tiene que ver a su misión habilidad estableció su
respectivo plan de acción para su ejecución toma como referentes las normas
insisto, constitucionales, reglamentarias, legales, que se han definido ese plan
de acción de la Dipol debe ser cumplido por cada una de las áreas que la
resolución 2636 definió a través de los grupos con que cuenta cada una de las
áreas, para el caso del área de producción de inteligencia se han definido o se
han establecido dos grupos, grupos que en su momento 1 de octubre de 2006,
cuando recibo el cargo me fueron entregados, dentro de estos dos grupos se
encuentra el grupo de procesamiento de la información y el grupo de
procesamiento de señales, en este último grupo también la misma resolución
2636 le define las funciones que debe desarrollar dentro de las cuales se
encuentra el control del espacio radioeléctrico, el Estado colombiano a través
del ministerio defensa y de la policía nacional suministrar las herramientas
técnicas tecnológicas y de todo orden para el cumplimiento de esa función legal,
reglamentaria que le ha asignado…la Dipol una vez recibe esas disposiciones
del mando que se traducen en directivas transitorias y permanentes para
determinadas actividades en procura de prevenir, que es una de las misiones
de la policía y obviamente de la Dipol la comisión de hechos delictivos que
afecten la convivencia ciudadana, la seguridad y el orden público nacional
define unos objetivos sobre los cuales se deben orientar esas labores legales,
no sin antes recalcar y su persistente que ese control del espacio radioeléctrico
tiene también soportes para esta unidad como lo es el manual de inteligencia
de lo cual solicito respetuosamente al despacho se anexa esta investigación ya
que allí igualmente, que es una resolución la 0199 2005 nos da esa misión…
en segunda instancia y como lo estableció si mal no estoy la directiva
permanente 027 de 10 de agosto de 2006 de la dirección general de la policía
nacional, donde establecían ejercer control y daban los lineamientos para el
seguimiento y monitoreo de los desmovilizados, que si me lo permiten
posteriormente la aportaré, allí como referente tomó la orden del señor
presidente de la República en donde disponía que la policía nacional debería
ejercer el control a los desmovilizados dentro del proceso de la ley de justicia y
Paz que se está llevando a cabo… hace referencia el auto a supuestas
grabaciones realizadas en unos periodos de tiempo definidos, quiero destacar
que estos monitoreos se efectuaron: 1. Incumplimiento de un deber legal, como
era el orientar los blancos objetivos hacia delincuentes que podrían afectar la
seguridad ciudadana actividad que continúe desarrollando cuando llegue al
cargo. 2. Utilización de los medios puestos al servicio de la policía nacional
específicamente a la Dipol, para el cumplimiento de nuestra misión. 3.

Control
a desmovilizados en cumplimiento a una orden presidencial tramitada a través
de los conductos correspondientes, más aún el señor ministro de defensa
nacional avaló en varias oportunidades durante intervenciones en directo que
quiero y solicito cordialmente y sean incluidas esa labor de control y monitoreo
del espacio radioeléctrico a delincuentes y quienes estaban en la cárcel de
Itagüí eran delincuentes… en el otro numeral en donde en el auto me vinculan
por la presunta manipulación y destrucción de información sometida a reserva,
quiero manifestar que en ningún momento di orientación alguna relacionada con
que se llevará a cabo estas actividades y para ello manifiesto lo siguiente: el día
lunes 14 de mayo en horas de la noche, no recuerdo exactamente la hora fui
requerido por el señor Guillermo Julio Chávez Ocaña, a su oficina en donde él

18

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

me manifestó que era necesario darle protección y seguridad de la información
que hubiese sobre bandas criminales y sobre estos desmovilizados producto
del escándalo que en ese momento estaba generado, es así como me ordena
y da instrucciones relacionadas con tomar contacto con la persona que
manejaba para ese momento los sistemas en la Dipol, es decir la señora mayor
Gloria Otalora, para efectos de brindar esa protección y esa seguridad, toda vez
que no se sabía la amenaza de donde provenía, si era una amenaza externa o
una amenaza interna, una vez él me da la instrucción subo a mi oficina y solicitó
la presencia del señor mayor Mauricio Pedraza, el señor capitán Pineda, cabe
anotar que el mayor Pedraza era el jefe del grupo de señales, el capitán Pineda
era el jefe de la unidad de señales y también llame a la señora mayor Gloria
Otalora, jefe del grupo ingeniería y soporte del área de servicio de apoyo, una
vez allí en la oficina estos oficiales les transmito la instrucción impartida por mi
general Chávez, es así como le digo a la mayor gloria de la necesidad según lo
dispuesto por él, de proteger y darle seguridad a la información que hubiese
relacionada con este tema de bandas criminales y de paramilitares, la señora
mayor gloria me dice que necesita del apoyo para poder ejercer su labor de la
persona que conociera donde estaba su información relacionada con ese
tema… ellos manifiestan que la encargada de la unidad centro tratamiento de
información de señales era la intendente jefe Sonia Sánchez Rodríguez, solicitó
vía telefónica a ella en presencia de los oficiales que fuera de oficina le
manifestó que por favor acompañara a la señora gloria para efectos de
colaborar en la protección de su información, dadas las connotaciones
anteriormente relacionadas y ellos procedieron a hacer su actividad toda vez
que la jefe de ingeniería y su corte es una persona idónea y conocer cómo se
podría hacer esa protección y eso fue lo que se dispuso…

El 16 de julio de 2007, el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa, a través
de apoderado judicial, interpuso recurso de reposición contra el Auto a través
del cual se ordenó sus suspensión provisional.19

El 23 de julio de 2007, la señora Gloria Lucía Otálora Gómez rindió su versión
libre, dentro de la cual afirmó:20

(…) sobre el punto 2.5… El 14 de mayo después de las nueve de la noche no
recuerdo bien la hora, soy solicitada el despacho de mi coronel ruda, jefe del
área de producción de inteligencia, ingreso a su despacho y en él se
encontraban otros oficiales, específicamente el mayor Mauricio Pedraza, el
capitán Pineda y por supuesto mi coronel, mi coronel nos manifiesta que recibió
la orden de mi general Chávez de proteger la información, en ese sentido, mi
coronel me indica que como soy la funcionaria responsable de los procesos de
tecnología me encargue de generar actividades para proteger esta información,
en este contexto y atendiendo una verdadera emergencia que tenía que ver con
el posible filtrado de la información sensible se debía dar la seguridad adecuada
a esta información, como lo he explicado en los puntos anteriores, cuándo una
persona es administradora de un sistema no conoce la ubicación exacta
detallada y pormenorizado de la ubicación de las informaciones en general,
porque como lo manifesté un sistema como el de Arpin almacena una cantidad
de exponencial de información que requiere el conocimiento sobre el ciclo de la
inteligencia sobre el conocimiento adecuado, específico y especializado para

19 Folios 1331 a 1340 del cuaderno 7
20 Folios 1399 a 1405 del cuaderno 7.

19

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

entender el contexto real de una información de inteligencia, para un
administrador un servidor es una mol de información que debemos tener activa
para los usuarios al cual se le prestaron mantenimiento, se le debe administrar
el espacio y se crear unos perfiles con acceso determinado en atención a las
necesidades de los grupos y las áreas, sobre el particular manifestó mi coronel
ruda que es necesario que para proteger esta información me acompañen
personas que conozcan de esta información para saber exactamente qué
información es la que se va a proteger, mi coronel dispone que el mayor
Pedraza designe a un funcionario que pueden indicarme la ubicación exacta de
esta información, se dispone que la señora intendente Sonia me asiste en esta
actividad, la intendente Sonia es una funcionaria del grupo de señales… a
través del conducto de mi coronel ruda me dispongo a retirar la información en
línea a la cual accedí en todos estos usuarios, porque tenía la plena seguridad
y convicción con conocimiento de causa que toda la información estaba en
instancia fuera de línea, es decir en el backup…. El día miércoles recibo la orden
mi coronel ruda quien a su vez recibe la orden de mi coronel Rodríguez, director
encargado para la fecha de restablecer la información del servidor se inicia
entonces este proceso… preguntado. Diga usted si técnicamente era necesario
efectuar el borrado de la información o si era viable tan sólo desactivar los
usuarios y claves del sistema que permitían accederlos. Aclaro este despacho
que en ningún momento se borró la información lo que se hizo fue retirar lo de
la acceso de los usuarios, con respecto de su pregunta inhabilitar los usuarios,
quiero manifestar que debido a la emergencia de la situación particular que se
enfrentaba en ese momento debido video a la gran cantidad de usuarios que
estudian esta información explícitamente, era posible que en esa acción de
inhabilitarlos se quedaron algunos por fuera de este proceso (…).

El 26 de julio de 2007, el señor Julio César Pinzón Mosquera presentó su
declaración, dentro de la cual indicó:21

Preguntado. Desde el punto de vista de la licitud o ilicitud de una orden como
considera usted la orden dada supuestamente por el coronel Ruda y otros
oficiales de la Dipol respecto de irse de niegue en las declaraciones que iba a
rendir. Contestó. De acuerdo al profesionalismo de nuestros jefes y la presión
en ese momento consideré que era ilícito lo que nos estaban ordenando.
Preguntado. Si como usted dice la supuesta orden de irse de niegue dada por
el coronel ruda y otros oficiales era ilícita porque razón usted mintió bajo
juramento en su declaración primera ante la inspección general. Contestó.
Respecto de eso de acuerdo a la presión que ejercían sobre nosotros
reiterándonos esa solicitud, esa orden, se actúa de tal manera. Preguntado.
Cuál es el argumento entonces para que en su declaración del 24 de mayo
rendida ante la inspección general usted continúa mintiendo y no haya
informado lo que hoy dijo en su declaración si para ese entonces ya no tenía la
supuesta presión de los oficiales entre ellos el coronel ruda que salió de la Dipol
el día 22 de mayo. Contesto. Se tenía todavía la presión y además atendía
presente la situación ocurrida con el patrullero Oviedo. Preguntado. De acuerdo
con su respuesta anterior explíquele al despacho en qué consiste
específicamente la presión que para el día 24 de mayo del año en curso ejerció
sobre usted el coronel ruda para que ustedes rindió la declaración de ese día.
Contestó. Aunque ella no estaba en la Dipol no había hablado con nosotros
después de su retiro nos sentíamos presionados de alguna manera, ya que
mucha gente nos consideraba, no sé qué eso había salido del grupo y en mi

21 Folios 1497 a 1517 del cuaderno 8.

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grado de patrullero pues de todas maneras como ya lo dije tenía la situación
presente comentada por el patrullero Oviedo.

El 14 de agosto de 2007, el Despacho del procurador general de la Nación
decidió no reponer el Auto de 22 de junio del mismo año, en cuanto a la
suspensión provisional de, entre otros, el teniente coronel Ruda Velosa.22

El 18 de septiembre de 2007, el patrullero Elkin Yesid Oviedo Bueno rindió su
declaración, dentro de la cual dijo:23

(…) preguntado. Se ratificaba juramento de las declaraciones rendidas ante la
inspección de policía dentro de este mismo proceso los días 16 de mayo 25 de
mayo de 2007. Contestó. Para eso te hace rendimos fuimos llamados a la
inspección para un testimonio, pero antes de eso fuimos reunidos por el señor
teniente coronel ruda que nos dijo que íbamos a negar todo, nosotros basados
en la buena fe de nuestro jefe y para defender la institución nos hablaron del
compromiso de reserva, por lo cual nos coaccionaron para que fuéramos a
mentir ante la inspección, motivo por el cual todas las cosas que se
manifestaron en la inspección no son reales a lo acontecido, ya en la segunda
situación de la inspección, ya manifesté tener conocimiento de los hechos, pero
no fui claro en todo y ya después cuando fui claro fue cuando vine este
despacho que fui citado… Preguntado. Pudiera indicar el despacho en qué
consistieron esas presiones, si fueron varios o una por parte de quien o quienes
y si era factible sustraerse de esas presiones o tenía que cumplirlas pasara lo
que pasara. Contestó. Las presiones, el señor teniente coronel ruda y el señor
mayor Pedraza junto con el capitán Pineda nos reunieron en el Cetis a todo el
grupo, posteriormente nos llamó a los que vienen camino testimonio y manifestó
textualmente, nos vamos de niegue, posteriormente nos hizo énfasis en el
compromiso de reserva mostrándonos las causas jurídicas de lo que podía
suceder, nosotros rendimos testimonio confiados en la buena fe ya que era
nuestro jefe y nos dejó en claro que lo que estábamos haciendo era en defensa
del organismo y de la institución, esa es la presión que ha existido,
posteriormente con la llegada de mi mayor Sanabria lo que se ha manifestado
es que se hable solamente la verdad que cada cual diga las cosas tal y como
sucedieron… Preguntado. Usted lleva varios años en la Dipol Y sabes que uno
de los compromisos que adquiere el personal, que como usted trata
información, es el de reserva y usted aceptó ese compromiso y nunca se sintió
coaccionado porque si le pareció coacción el hecho de qué él en vísperas que
el coronel le haya refrescado la memoria sobre este tópico. Contestó. Por la
forma como él se refirió a que teníamos que negar y la forma como nos mostró
el compromiso de reserva y se notaba que no nos dejaban ser claros y eso
entorpecí a la justicia, fue más amenaza de decir sin cumple el compromiso de
reserva tienen sanciones, qué es lo que uno teme y además el incumplimiento
de la orden de un señor Coronel en ese momento jefe de grupo, que puede
tener represalias contra un funcionario, yo si lo hubiera contradicho a lo mejor
cualquiera puede ser víctima de un traslado a una mala zona y por eso
incumplimiento de una buena fe de nuestro jefe accedimos a la forma como él
nos orientó… Preguntado. De manera pues que usted no se opuso a la orden
por no desestabilizar su familia. Contestó. Como lo dije en cumplimiento de una
orden de un superior, lo hice para no incumplir una orden de un superior,

22 Folios 1617 a 1655 del cuaderno 9.
23 Folios 2024 a 2035 del cuaderno 10.

21

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

creyendo que lo que nos orientaba era lo correcto… preguntado. En su fuero
interno cómo evalúa usted la supuesta orden del teniente coronel rubio de irse
de niegue. Contestó. Me parece y creo que es falta de profesionalismo ya que
si él como jefe conocía perfectamente el grupo no tenía por qué conducirnos a
que mintiéramos.

El 20 de septiembre de 2007, el intendente Jaime Antonio Chavarro Lozano
presentó su declaración, dentro de la cual se afirmó:24

Preguntado. Sabe usted cuál era la razón para que el coronel Lizarazu hiciera
actuales recomendaciones y por qué razón cree usted, que él supiera necesario
instruir al respecto. Contestó. Una vez terminada la diligencia con mi coronel
Lázaro eso fue más o menos entre las 7:30 y ocho de la noche subió a las
oficinas de Gruse mi coronel Ruda, preguntó si yo había ido a la oficina de mi
coronel Lizarazo, me indicó que nos íbamos a ir de niegue, que íbamos a negar
lo que nos estaban preguntando, porque él nos iba a blindar a los funcionarios,
teniendo en cuenta el compromiso de reserva que nosotros manejamos en el
organismo, nuevamente leyó las preguntas o cuestionarios que le dio el coronel
Lizarazo el cual, al día siguiente nos hicieron en la exposición general, en la
diligencia la que asistí en la inspección general ese es el motivo por el cual creo
que él me llamó… preguntado. Que otras personas se encontraban presentes
cuando el coronel ruda y su presencia en Grude Y habló de la posibilidad de
blindarlos de irse deniegue según las expresiones empleadas por usted.
Contestó. En este momento no me acuerdo, pero se puede acudir a la solicitud
hecha a través del correo electrónico Lotus por la inspección general…
Preguntado. Diga usted si el coronel ruda o el coronel Lizarazo de alguna forma
los presionaron o coaccionaron y en caso positivo en qué consistió esta preciosa
facción. Contestó. Lo único que puedo decir es de las reuniones de las que yo
tengo conocimiento, mi coronel ruda insistió en que nos íbamos a ir de niegue
y nos íbamos era a blindar… preguntado. Es para usted la insistencia del
coronel ruda en que se fuera de niegue equivalente a una orden que usted
obedece sin ninguna discusión. Contestó. Sí doctora, lo es, primero porque es
el jefe de área de producción de inteligencia, segundo para la época de la crisis
lo que se buscaba era la parte de proteger el compromiso de reserva, entonces
a partir de ahí para mí él está dando una orden legítima y aparte de eso de la
situación coyuntural que se estaba dando en ese momento él era la cabeza
visible del área y si yo como subalterno no acató las órdenes de un señor
Coronel que las justifique como las estaba justificando anteriormente, que es el
jefe de área le han impuesto a ti por su perfil profesional, por su trayectoria
institucional y por la confianza que le habían dado el mando para estar en ese
cargo eso genera confianza en mi interior.

En la misma fecha, el subintendente Javier Morales presentó su declaración,
dentro de la cual señaló:25

Preguntado. Diga usted si esta misma orden, usted la cataloga, fue refrendada
o avalada por algún otro oficial, en caso positivo porque y en qué forma.
Contestó. Fue refrendada por mi coronel ruda, quien fue el que nos indicó que
tomáramos asesoría con el señor Coronel Lizarazo, por esta razón en mi fuero
personal pienso que estaban orientados a la misma situación que era responder

24 Folios 2255 a 2263 del cuaderno 12.
25 Folios 2275 a 2285 del cuaderno 12.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

las preguntas de una manera previamente acordada. Preguntado. La orden
dada por el coronel ruda fue anterior o posterior a la instrucción dada por el
coronel Lizarazo. Contestó. Anterior a la instrucción dada por el coronel
Lizarazo, pues cuando estábamos reunidos varias personas él indicó que nos
íbamos de niegue, nuevamente recalco que nos decían que dentro del
compromiso de reserva no podíamos descubrir todas nuestras funciones ante
otras dependencias.

El 21 de septiembre de 2017, el patrullero Omar Fabián Moreno presentó su
declaración, dentro de la cual adujo:26

Preguntado. Diga usted si se encontraba en las instalaciones de la Dipol el 14
de mayo de 2007, cuando se indicó por los medios de comunicación la presunta
filtración de información, en caso positivo, indique si portales hechos se le dio
alguna instrucción o se delegó alguna actividad de los procesos de verificación
que se iniciaron al interior de la institución. Contestó. Sí, yo estaba el 14 de
mayo estaba en la Dipol cuándo empezaron las investigaciones, mi coronel ruda
y mi coronel Lizarazo nos reunieron y nos enfocaron que ellos estaban haciendo
las cosas para que la Dipol saliera bien, eso fue en la misma Dipol no me
acuerdo la fecha, dos horas antes de ir a la inspección general, teníamos que
enfocarnos en la función específica, por mi novia problema yo soy técnico, pero
él dijo que nosotros no deberíamos decir que, no conocemos el equipo Triger
Fish la cual yo el equipo en si no lo conozco, lo distingo porque es un equipo
que tengo entendido que es obsoleto y yo apenas llevo dos años en la Dipol.
Preguntado. Indique en qué lugar de la Dipol se efectuó la mencionada reunión
y que otras personas se encontraban allí con usted. Contestó. La reunión se
hizo en el cuarto piso a la norte, en la oficina de mi coronel Lizarazo, ahí también
estaba mi coronel ruda y estaban mis compañeros de la unidad, que son yo no
campo y franco Rueda y Julián Marín y creo que no era más. Preguntado.
Indique si las indicaciones que les dieron, las considera usted como una orden,
una presión o una coacción indebida. Contexto. Lo considere como una presión
porque en el momento el ambiente era pesado y ellos decían que nos dirección
amos para que todo saliera bien… preguntado. Se ha dicho en estas diligencias
que durante la crisis que desencadenó la publicación de la revista semana,
algunos oficiales solicitaron a sus subalternos callar la verdad o irse de niegue,
otros ordenaron la destrucción de información y algunos otros, supuestamente
abusaron de sus subalternos, posiblemente con el ánimo de conocer el origen
de la filtración. Indique si en su caso se presentaron alguna de las conductas
mencionadas en caso positivo quien las ejecutó y en qué circunstancias.
Contestó. En mi caso mi coronel ruda y mi coronel Lizarazo no se enfocaron
que nosotros deberíamos decir que no conocíamos el equipo Triger Fish no ni
siquiera nunca ese equipo lo hemos mirado, que teníamos que decir eso,
porque podíamos ir con traslado o nos podían echar la culpa.

El 1.º de octubre de 2007, el ministro de Defensa Nacional a través del Decreto
3767 retiró del servicio, por solicitud propia, al teniente coronel Luis Antonio
Ruda Velosa.27

26 Folios 2317 a 2331 del cuaderno 12.
27 Folio 2539 del cuaderno 13.

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El 15 de noviembre de 2007, el despacho del procurador general de la Nación
no prorrogó la suspensión provisional del teniente coronel Ruda Velosa, por
cuanto este con anterioridad a ello solicitó su retiro del servicio.28

El 6 de diciembre de 2007, el despacho del procurador general de la Nación
emitió pliego de cargos en contra de, entre otros, el señor Luis Antonio Ruda
Velosa, en su condición de teniente coronel de la Policía Nacional, así: 29

Primer cargo:

El señor teniente coronel Luis Antonio Rueda Velosa, jefe del área de
producción de inteligencia, a cuyo cargo se encontraba la dirección y orientación
de la búsqueda de información y la selección de objetivos de interés para la
inteligencia a través del empleo de equipos y medios electrónicos, desconoció
igualmente la estructura legal y constitucional a la que se encontraba sometido
a su conducta, y posiblemente dirigió, orientó y seleccionó la búsqueda de
información de inteligencia de manera reprochable.

De la experiencia información de los oficiales podían surgir ideas útiles para la
obtención de información inteligencia, pero estas, injustificadamente fueron
circunscritos por los funcionarios, en grave y en gran medida al monitoreo de
comunicaciones privadas en diversas formas, telefónicas, de radio y de correos
electrónicos, no todas producidas en el uso clandestino el espectro
electromagnético y no todas de interés para el orden público, dejando que el
servicio de producción de inteligencia se convirtiera en algo así como un gran
repositorio de información con origen ilegal que no fue puesta en conocimiento
de las autoridades judiciales y en cuyo atención se desconoció la Constitución
y la ley.
(…)
Los servidores mencionados ordenaron al personal a su cargo mantener
unidades de monitoreo para el control del espectro en sitios estratégicos de la
zona donde se adelantaba los diálogos de paz y en donde fueron con recluido
los cabecillas de las A.U.C., el objetivo definido por los servidores públicos, pese
a que en la misma gestión se encontraba comprometida la Dijin Y autoridades
judiciales competentes, fue la de obtener información de las comunicaciones
que se producían al interior de cales zonas, con lo que se convirtió en labor en
una interferencia constante, que si bien podía no ser programada por número,
si era dirigida a quienes de manera forzosa debían permanecer en la zona, en
razón a su trabajo, a su actividad profesional o simplemente porque la zona
coincidió con su sitio de residencia.
(…)
Así pues, el primer cargo imputado, se estructura a partir de la evidencia
encontrada de múltiples registros y archivos de monitorias de audio que indican
la existencia de interferencia en comunicaciones privadas que hasta el
momento no se encuentran precedidas por orden judicial, tal como se deriva de
las transcripciones y productos de inteligencia obrantes en la actuación.
(…)
Conforme a lo anterior, se evidencia que el proceso adelantado por el gobierno
nacional, no fueron suspendidos derechos de los ciudadanos, menos aún de
quién es así en parte fundamental del mismo, y pese a que de manera clara y
específica se dispuso mantener la legalidad en la zona dispuesta para el

28 Folios 2757 al 2766 del cuaderno 14.
29 Folios 2831 a 2884 del cuaderno 14.

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proceso de desmovilización, las decisiones fueron desdibujadas en mayor
grado con el transcurrir del proceso y la Dipol asumió el control de las
comunicaciones producidas en la zona a través del monitoreo de las mismas,
tal como se evidencia en las comunicaciones publicadas en la revista semana
y en los reportes entregados por el personal de la dependencia.
(…)
Por lo anterior se concluye que los señores (…) teniente coronel Luis Antonio
Rueda Velosa, jefe de área de producción de inteligencia, en ejercicio de sus
cargos y funciones en la Dipol, dispusieron la vigilancia e interceptación directa
de las comunicaciones producidas en la zona definida para los diálogos de paz
y dirigidas a escuchar, grabar y procesar comunicaciones privadas que se
estaban produciendo en esa zona específica, abusando y extralimitándose en
sus cargos y funciones, sin que en presencia de conductas con connotación
penal efectuaron las notificaciones debidas a las autoridades pertinentes,
desconociendo la ausencia de facultades jurisdiccionales y funciones de policía
judicial.
(…)
De las faltas y los cargos

(…) el teniente coronel desde el 18 de septiembre de 2006 y hasta el 21 de
mayo de 2007, periodos en los que se desempeñó como jefe de área de
producción de inteligencia de la Dipol, con su conducta presuntamente incurrió
en la falta disciplinaria que se endilga por haberse extralimitado de abusado de
su cargo y función, dirigiendo la labor del área de producción de inteligencia a
la obtención de información por vía de interceptación de comunicaciones sin
que me diera orden judicial previa, empleando en su causa ilegal equipos,
elementos y recursos de la entidad con los fines propuestos.
En tal condición, incurren los servidores en falta gravísima, tipificada como tal
conforme a lo normado en los artículos 21 y 37 de la ley 1015 2006 que
establece: especialidad. En desarrollo de los postulados constitucionales, al
personal policial le serán aplicables las faltas y sanciones de que trata éste
régimen disciplinario propio, así como las faltas aplicables a los demás
servidores públicos que sean procedentes (…)
Previéndose la conducta que se endilga, provisionalmente en la ley 734 de
2002. Artículo 48. Faltas gravísimas. Numeral 16. Atentar, con cualquier
propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de
comunicación, obtener información y recaudar prueba con desconocimiento de
los derechos y garantías constitucionales y legales.
Igualmente el comportamiento estructural la falta disciplinaria prevista en la ley
1015 2006, artículo 34 que establece. Son faltas gravísimas las siguientes.
Numeral tres. Permitir, facilitar, suministrar información o utilizar los medios de
la institución para cualquier fin ilegal o contravencional.
(…)
Sexto cargo:
Como posibles responsables de la conducta denunciada se ordenó la
vinculación de los señores oficiales coronel Luis Antonio Rueda… Como
posibles responsables de la manipulación y destrucción de información
sometida a reserva con el ánimo de entorpecer y obstruir las investigaciones
ordenadas, enmascarando conductas con evidente connotación disciplinaria.
(…)
Así las cosas, se observa que efectivamente el servidor Arpin en sus diversos
compartimientos fue manipulado indebidamente, no se hizo un backup debido,
se alteraron las propiedades de los documentos reservados, se dejó de
garantizar la indemnidad de la información, porque no se hizo una copia previa
confiable de la misma y además se dejaron de recuperar documentos de los
archivos de la entidad, sin razón aparente y sin justificación legal, toda vez que
los citados archivos no era propio de su personales de Hermando institucional
en la Dipol, eran archivos oficiales, que debían mantenerse íntegros en el

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Radicado: 25000 23 25 000 2008 00988 01 (0287-2012)
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servidor y amparados de cualquier afectación material, que fue lo que no se
hizo, todo lo cual indicaría que durante la crisis desatada por las publicaciones
de la revista semana, las órdenes dadas por el mando institucional,
representado por el teniente Coronel Ruda Veloso, de destruirlos para
interpretar las investigaciones posteriores, logró parcialmente su objetivo.
Asimismo, se estableció a través de visita técnica, el borrado de información de
inteligencia obtenido por la Dipol, a través del sistema Saturno, de acuerdo con
lo valorado se encuentra que el archivo de inteligencia correspondiente al
sistema Saturno, que era manejado en una Red ajena al servidor de la Dipol
por el su intendente Rubén Darío Ríos Sáenz, administrador, pretendió ser
protegido, frente a los hechos de público conocimiento ocurrió el 14 de mayo de
2007 y según lo manifestado por el subintendente, frente a la crisis el
funcionario, responsable de la información, optó por bajar la CPU a la bodega
del grupo para proteger sus contenidos, en la portería el general Chávez indagó
sobre el contenido de la CPU y le ordenó a la mayor Gloria Otalora que revisara
la información, ella procedió a hacerlo y cuarto luego la CPU en el despacho del
general, días después ubicó la CPU y Sistemas, donde se la entregó un
contratista y le notificó que había sido reseteado, tal como lo puedo comprobar,
además había sido modificado su usuario y el sistema operativo.
(…)
Con el mismo objetivo, de entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas,
enmascarando conductas con posible connotación disciplinaria, el teniente
coronel Luis Antonio Rueda de losa, a quien como reconoce general Chávez
Ocaña le ordenó proteger la información, ordenó, a su vez, el borrado de la
información que guardara relación con telefonía celular y con actividades en
Medellín, agregando el teniente ruda a esta orden que además fue cumplida por
la mayor gloria Lucía Dr. Hugo que el personal que fue llamado a la inspección
general de la policía nacional para ser escuchados en declaración, negar a
cualquier información respecto al conocimiento que tuvieran sobre los hechos
publicados por la revista semana y sobre cualquier actividad que involucrar el
empleo de equipos de interceptación de telefonía celular (…)
Dale circunstancias, como responsable de la manipulación indebida y
destrucción de la información oficial sometida reserva, con el ánimo de
entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas se prefiere cargo
disciplinario contra el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa.
(…)
De las faltas y cargos.

El teniente coronel Luis Antonio ruda Velosa con su conducta incurre en faltas
disciplinarias al tenor de lo normal en la ley 1015 de 2006. Artículo 21.
Especialidad. En desarrollo de los postulados constitucionales, al personal
policial le serán aplicables las faltas y sanciones de que trata éste régimen
disciplinario propio, así como las faltas aplicables a los demás servidores
públicos que sean procedentes (…)
Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes. Numeral
15. Constreñir, comprometer o inducir al subalterno, superior, compañero o
particular para que omite información acerca de una conducta punible Aux
Disciplinario… Numeral 29. Afectar los sistemas informáticos de la policía
nacional. Numeral 30. Respecto de documentos:…c) sustituirlos, alterarlos,
sustraerlos, mutilarlos, destruirlos, ocultarlos, suprimir los o falsificarlos en
beneficio propio; o en beneficio o perjuicio de un tercero.
Artículo 37. Otras faltas (…)
Ley 734 de 2002. Artículo 48. Faltas gravísimas.
Numeral 2. Obstaculizar en forma grave la olas investigaciones que realizan las
autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar
oportunamente a los miembros del congreso de la República en las
informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político.
(…)

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Numeral 43. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar,
falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de
los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene
o guarden la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.

El 8 de enero de 2008, el señor Luis Antonio Ruda Velosa, a través de
apoderada judicial, presentó, dentro del término legal sus descargos. 30

El 16 de febrero de 2008, el despacho del procurador general de la Nación, en
única instancia, declaró responsable disciplinariamente a, entre otros, el señor
Luis Antonio Ruda Velosa, en su condición de teniente coronel de la Policía
Nacional y jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol por haber
incurrido en las faltas gravísimas dispuestas en los artículos 34 numerales 3.º,
15, 29 y 30 literal c) de la Ley 1015 de 2006 y 48 numerales 2, 16 y 43 de la
Ley 734 de 2002, a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad
general para desempeñar cargos públicos por el término de 13 años. 31

Contra dicho acto administrativo el disciplinado interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto el 5 de junio de 2008, por el Despacho del
procurador general de la Nación, confirmando la decisión inicial.32

El 12 de agosto de 2008, a través del Decreto 2941, el ministro de defensa
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.33

2.5. Caso Concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como
finalidad restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la
expedición de un acto administrativo que quebranta las normas legales o
constitucionales con la consecuente decisión de restablecer el derecho
vulnerado. Esta competencia ha de estar en consonancia con la previsión

30 Folios 2952 a 3040 del cuaderno 15.
31 Folios 59 a 186 del cuaderno principal.
32 Folios 9 a 70 del cuaderno principal.
33 Folios 6253 y 6254 del cuaderno 26.

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contenida en el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo que señala como objeto de esta jurisdicción la
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley y la
preservación del orden jurídico e impone la observancia de los principios
constituciones y del derecho procesal.

La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4,
29, 228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su
acatamiento como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los
actos jurídicos que sus representantes profieren. De modo que toda
manifestación de voluntad estatal conecta indiscutiblemente con la nueva
realidad del Estado que no sólo ha de ser percibido en su papel de represor y
vigilante, sino en su sentido más significativo de garante y constructor de
aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar del individuo como
fin en sí mismo.

Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple
verificador, condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito
de razonamiento a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente
a los cuales no es dable simplemente declarar su conformidad o disonancia
con el ordenamiento jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la
controversia jurídica resulte insuficiente para los fines mismos de la justicia. El
salto cualitativo que imprimió al juzgador la Constitución de 1991, permite
anteponer el análisis pleno, integral del caso.

Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:

3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se
efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y
de la ley en la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido
ni por aquello que se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán
de recibo las interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a
simplemente garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de

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legitimidad de estas potestades públicas.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo
de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.)
y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de
normas (art. 4, C.P.), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la
dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la
que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa
(incluyendo al Consejo de Estado). En efecto, según lo han precisado tanto
el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los
derechos y garantías fundamentales establecidos por el constituyente exige,
en tanto obligación, que los jueces sustituyan un enfoque limitado y
restrictivo sobre el alcance de sus propias atribuciones de control sobre los
actos de la administración pública, por un enfoque garantista de control
integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos si se ha dado
pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición
doctrinal y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las
atribuciones del juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas
y se restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente
invocados por quienes recurren a la justicia, que otorgaba un alcance
excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada en lo contencioso-
administrativo. Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado,
se refleja nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de
Estado, en el cual la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación,
y dando aplicación directa a los mandatos de la Carta, rechazó
expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades garantistas
del juez contencioso-administrativo en materia de control de las decisiones
disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.34

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que
tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte
Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso-administrativo no
puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance.

El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia
de la Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en
la cual se ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción
contenciosa -en nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales
idóneos para proteger los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a
un proceso disciplinario. En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia
repetitiva ha explicado que los actos de la procuraduría son actos
administrativos sujetos a control judicial por la jurisdicción contenciosa, regla
que ha sido aplicada en incontables oportunidades para examinar la
procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que se ha

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-
01(1146-05). Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla
general no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-
. Se puede consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual
la Corte afirmó que el juez de tutela no puede vaciar de competencias la
jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de verificar la legalidad de
los actos administrativos proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus
potestades disciplinarias. La lógica jurídica aplicada por la Corte Constitucional
al declarar improcedentes acciones de tutela por ser idóneos los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho para ventilar las pretensiones de
anulación de decisiones disciplinarias por violación de la Constitución, es la
misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más que
meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)

Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
de unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del
trámite correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales
que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial
integral. Dijo la Sala:

«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación.
El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los
actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del
juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo
sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal,
orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual
se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez
administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5)
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de
control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.»35

35 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E),
referencia: 110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad
Esneda Córdoba Ruíz.

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En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados
en esta controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia
previamente trascrita.

2.5.2. Violación del derecho al debido proceso

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen
que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las
de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez
competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que
en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en
garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales
del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria36.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las
garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el
derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho
hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la

36 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

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preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad
de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a
un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas»37.

Frente a este cargo, el demandante sostiene que le fue vulnerado su derecho
al debido proceso, en la medida en que, primero, al momento de emitir el
pliego de cargos se desconoció el carácter personal de la responsabilidad
disciplinaria del actor y se decidió en forma conjunta con la de los otros
implicados; segundo, se desconoció el principio de congruencia, por cuanto
en el pliego de cargos se le reprochó ordenar las interceptaciones sin que
mediara orden judicial y, en las decisiones disciplinarias cuestionadas, por no
aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto a la Resolución 000119
de 2005; tercero, se configuró la atipicidad de la conducta respecto a los dos
cargos que le fueron endilgados, pues, por un lado, no se tuvo en cuenta que
le estaba permitido el monitoreo de las comunicaciones y, por el otro, que no
se acreditó que él hubiera dado la orden de borrar toda la información; cuarto,
que el segundo cargo se fundamentó en pruebas que no eran válidas; y,
quinto, que no se analizó la ocurrencia de causales de exclusión de
responsabilidad.

2.5.2.1. De la formulación de cargos

El operador disciplinario procede a formular cargos al servidor público cuando
surtida la etapa de indagación y la posterior de investigación, cerrada esta
última, se encuentran objetivamente demostrados hechos que pueden

37 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

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constituir faltas disciplinarias, las cuales, a su vez, están tipificadas en
disposiciones legales; así como porque aparecen elementos que demuestran
la posible responsabilidad de dicho funcionario en su comisión, sin que de otra
parte estén acreditadas a su favor causales de exclusión de responsabilidad.

Ahora, en el auto de formulación de cargos deben establecerse los siguientes
elementos: «La descripción y determinación de la conducta investigada, con
indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; Las
normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la
modalidad específica de la conducta; La identificación del autor o autores
de la falta; La denominación del cargo o la función desempeñada en la época
de comisión de la conducta; El análisis de las pruebas que fundamentan cada
uno de los cargos formulados; La exposición fundada de los criterios tenidos
en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad
con lo señalado en el artículo 43 de este código; La forma de culpabilidad; y El
análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales»38.

En cuanto al Auto de Formulación de Cargos, el Consejo de Estado en la
Sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente No. 1817-04, consejera
ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, manifestó lo siguiente:

(…) el Auto de Formulación de Cargos es una providencia de trámite que
sienta los cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario
destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria del inculpado, de
modo que el órgano titular del poder disciplinario fija en aquella el objeto
de su actuación y le señala al imputado, en forma concreta, cuál es la
falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que pueda ejercer su
derecho de defensa. (…).

De acuerdo al material probatorio obrante dentro del expediente, se encuentra
que al momento de formular pliego de cargos, el operador disciplinario sí
individualizó al señor Luis Antonio Ruda Velosa, así:

Identificación de los disciplinados
(…)
TC Luis Antonio Ruda Velosa, en su condición de jefe de Área de Producción
de Inteligencia de la Dipol (…)
(…)
Primer cargo.

38 Artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

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(…) por su parte, con el mismo fundamento, el señor teniente coronel Luis
Antonio Rueda melosa, jefe del área de producción de inteligencia, a cuyo cargo
se encontraba la dirección y orientación de la búsqueda de información y la
selección de objetivos de interés para la inteligencia a través del empleo de
equipos y medios electrónicos, desconoció igualmente la estructura legal y
constitucional a la que se encontraba sometida su conducta y, posiblemente,
dirigió, orientó y seleccionó la búsqueda de información de inteligencia de
manera reprochable.
(…)
Sexto cargo.

Como posibles responsables de la conducta denunciada se ordenó la
vinculación de los señores oficiales coronel Luis Antonio Rueda, en su condición
de jefe del área de producción de inteligencia… Como posibles responsables
de la manipulación y destrucción de información sometida a reserva con el
ánimo de entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas, enmascarando
conductas con evidente connotación disciplinaria.
(…)
En tal circunstancias como responsables de la manipulación indebida y
destrucción de la información oficial sometida a reserva, con el ánimo de
entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas se profiere cargo
disciplinario contra el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa…

Ahora, además de haberse individualizado al actor, en el pliego de cargos se
analizó con cada uno de los disciplinados las conductas cometidas, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de ellos, las faltas que les
eran aplicables y el elemento de culpabilidad, es decir, que en el proceso
disciplinario en el que resultó sancionado el demandante se respetaron las
garantías fundamentales al debido proceso y defensa, motivo por el cual este
cargo no está llamado a prosperar.

2.5.2.2. Del principio de congruencia

Entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario debe existir correspondencia
en lo que respecta a la denominación jurídica que se atribuye al disciplinado,
en garantía de los derechos que le asisten, en particular, los de acceso a la
investigación39 y la rendición de descargos40, motivo por el cual los cargos
deben estar plenamente identificados en cuanto delimitan el marco de acción
de su derecho de defensa; de igual manera garantiza el derecho de
impugnación de las decisiones41 ya que su controversia está delimitada por los
cargos que se hubieran formulado.

39 Artículo 92 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
40 Artículo 92 numeral 5 de la Ley 734 de 2002.
41 Artículo 92 numeral 6 de la Ley 734 de 2002.

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Tal es la relevancia del principio de congruencia, que su desatención puede
dar lugar a la invalidación de la actuación, por violación al debido proceso y al
derecho de defensa y contradicción, es por ello que entre una y otra decisión
debe haber consonancia y armonía y no puede ocurrir que se formule un cargo
por una falta y el fallo disciplinario se emita atribuyendo una distinta a aquella
que fue imputada en el pliego de cargos, dado que tal incongruencia
redundaría en violación de los derechos previamente aludidos.

Si bien es cierto la ley permite la variación del pliego de cargos 42 , ello no
implica la sustitución total de la imputación inicialmente formulada, pues la
conducta o falta atribuida no puede ser modificada, a ese respecto se hace
precisión en el inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002, cuando refiere
que la variación permitida surge por error en la calificación jurídica o por prueba
sobreviniente.

Ahora bien, tal variación solo puede realizarse hasta antes del fallo de primera
o única instancia, se debe notificar al implicado y permitir que ejerza su
derecho de defensa y contradicción, y no puede sustituir en su integridad, el
pliego de cargos inicialmente formulado de modo que no se sorprenda al
implicado con una imputación diferente al momento de emitir el fallo.

En todo caso, incluso en el evento en que haya variación del pliego de cargos,
siempre que se cumplan las formalidades que la ley exige para el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción del implicado, ésta haría parte integral del
pliego de cargos inicialmente formulado y las dos decisiones deberán estar en
plena armonía y consonancia con el fallo disciplinario, so pena de declarar

42 «Artículo 165. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación. El pliego

de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.
Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se
presente.
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el
procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien
se surtirá la notificación personal.
Las restantes notificaciones se surtirán por estado.
El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes
del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba
sobreviniente. La variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y se otorgará
un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad
del fijado para la actuación original».

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inválida la actuación por violación del derecho al debido proceso del
disciplinado.

Al respecto, el Consejo de Estado, en la Sentencia de 12 de abril de 2012,
expediente No. 11001-03-25-000-2010-00120-00, consejero de Estado: Víctor
Hernando Alvarado Ardila, en cuanto al principio de congruencia, sostuvo:

(…) Este postulado, debe ser tanto interno como externo, el primero, tiene que
ver con la coherencia que debe existir entre las decisiones contenidas en la
parte resolutiva de la providencia y el análisis jurídico - normativo plasmado en
su parte considerativa, junto con la valoración realizada por el fallador de los
aspectos fácticos y probatorios; por su parte el segundo, se refiere a la
consonancia que debe existir entre lo decidido en la sentencia con lo pedido
por las partes en la demanda y corrección de la misma y en las excepciones
que se propongan.
(…)
Visto lo anterior, se puede concluir que aun así se altere la imputación de la
sanción, lo que importa es que no se varíe el pliego de cargos, como en el
presente caso, lo anterior resulta razonable por cuanto dentro del proceso
disciplinario, bien sea de procedimiento ordinario o verbal, se pueden presentar
pruebas o circunstancias (el obrar en estado de pasión o bajo coacción ajena,
la influencia de ciertas circunstancias, entre otros) que tiendan a atenuar o a
exonerar la falta cometida. (…).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derecho Humanos señala en cuanto
al principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, lo siguiente43:

En el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte Interamericana examinó
algunos temas del debido proceso que no había conocido previamente. Hoy no
se ha ocupado, como en tantos otros casos, del juez natural, la independencia
e imparcialidad del juzgador, la posibilidad de designar defensor y recibir su
asistencia, la estructura de la prueba, el recurso contra decisiones
condenatorias, la confiabilidad de la confesión y otros más que han estado
constantemente a la vista. En este caso, se ha puesto en juego un dato del
proceso penal en una sociedad democrática: la congruencia entre la acusación
y la sentencia, que no sólo entraña una conexión lógica entre dos actos
procesales de extrema importancia, sino atañe a la defensa del inculpado --
porque la afecta profundamente--, y por lo tanto se proyecta sobre el conjunto
del proceso y gravita en la validez de la sentencia misma.
25. Más todavía, la congruencia a la que me refiero --que impide resoluciones
judiciales al margen de la acusación formulada por un órgano ajeno al juzgador
e independiente de éste-- constituye una expresión regular de la división de
poderes y caracteriza al sistema procesal penal acusatorio. En efecto, pone en
evidencia la separación entre el órgano que acusa y el órgano que sentencia, y
reconoce que la función persecutoria incumbe a aquél, no a éste. Si no fuera
así, es decir, si el juzgador pudiera rebasar los términos de la acusación,
desatenderlos o sustituirlos a discreción, estaríamos en presencia de un
desempeño judicial inquisitivo: el órgano de la jurisdicción llevaría por sí mismo
a la sentencia hechos y cargos que no ha esgrimido el órgano de la persecución,

43 Sentencia de 20 de junio de 2005. Caso Fermín Ramírez VS. Guatemala.

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y se convertiría, en buena medida, en un acusador.
26. En el proceso penal democrático, el inculpado, sujeto del proceso, dotado
con derechos adjetivos que permiten sostener y asegurar sus derechos
materiales, enfrenta ciertos cargos sobre los que aguarda la decisión judicial.
En función de ellos, que son el “tema del enjuiciamiento”, desarrolla el conjunto
de los actos de defensa. De ahí la importancia de que conozca, desde el
principio mismo del proceso --y más todavía, desde que comienza el
procedimiento en su contra y se le priva de libertad en un momento anterior a
su presentación ante el juzgador--, los hechos que se le atribuyen, para que
pueda construir su defensa. No se trata de enterarlo de cuestiones técnicas en
torno a los cargos que pesan sobre él, sino de que sepa con certeza --y también,
por supuesto, de que sepa su defensor-- qué hechos se le atribuyen, cómo se
dice que los cometió, en qué forma lo hizo, etcétera, para que cuente con los
elementos indispensables para contradecir la acusación y obtener al cabo una
sentencia justa.

Al analizar el asunto sometido a consideración se observa que en el Auto de
cargos se hizo el análisis de las pruebas obrantes dentro del expediente,
concluyendo que las imputaciones se circunscribían a que el teniente coronel
Luis Antonio Ruda Velosa, en su condición de jefe de Área de Producción de
Inteligencia de la Dipol, primero, captó y archivó comunicaciones privadas
generadas en el espectro electromagnético, sin previa orden judicial para su
recaudo; y, segundo, manipuló y ordenó la destrucción de información
sometida a reserva, con el ánimo de entorpecer y obstruir las investigaciones
que se comenzaron a adelantar.

Cabe anotar que, contrario a lo sostenido por la parte actora, estos argumentos
expuestos en el Auto de cargos, fueron igualmente analizados y desarrollados
en el fallo de única instancia y en la decisión que resolvió el recurso de
reposición interpuesto, proferidos por el despacho del procurador general de
la Nación, toda vez que en dichas instancias se plantearon las mismas
circunstancias dadas a conocer al disciplinado inicialmente, sin que se
hubieran adicionado hechos o normas nuevas, como se señala en el escrito
de la demanda. Al respecto, los operadores disciplinarios sostuvieron:

Pliego de cargos Fallo de única instancia Fallo de 5 de junio de
formulado el 6 de de 16 de febrero de 2008, proferido por el
diciembre de 2007, por 2008, emitido por el despacho del
el despacho del despacho del procurador general de
procurador general de procurador general de la Nación (Resuelve
la Nación44 la Nación45

44 Folios 2831 a 2884 del cuaderno 14.
45 Folios 71 a 186.

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recurso de
reposición)46
« Cargo primero: «(…) Cargo primero: «(…) Cargo primero.
En efecto el oficial
Así pues, el primer cargo Las comunicaciones cumplió sus funciones,
imputado, se estructura a anteriores fueron amparado en las órdenes
partir de la evidencia producidas en el Marco de impartidas por sus
encontrada de múltiples un proceso de paz superiores, sin embargo,
registros de archivos de legítimo, a cargo del el servidor hacía parte de
monitorias de audio que gobierno nacional, la línea de mando de la
indican la existencia de proceso además reglado y Dipol en su condición de
interferencia en regulado por las partes, en jefe del área de
comunicaciones privadas el que se previó un comité producción de
que hasta el momento no de seguridad y inteligencia y aunque era
se encuentra en convivencia de la zona de su deber cumplir con las
precedidas de orden ubicación para tomar disposiciones impartidas
judicial, tal como se deriva decisiones y coordinar por sus superiores,
de las transcripciones y acciones sobre: logística, también lo era que desde
productos de inteligencia seguridad, reglamento su posición se
obrantes en la actuación. interno de convivencia y encontraba en
(…) comportamiento, condiciones de proponer
Por lo anterior se comunicaciones e ingreso y aplicar otras
concluye que… El de visitantes a la zona, así alternativas de fuentes de
teniente coronel Luis como para que las información y hacer uso
Antonio ruda Velosa, jefe autoridades competentes de estrategias de trabajo
del área de producción de atendieran las violaciones que le permitiera actuar
inteligencia, en ejercicio o infracciones a la ley y el en el Marco constitucional
de sus cargos y funciones ordenamiento vigente, y legal, la actividad de la
en la Dipol, dispusieron la pese a ello, la línea de policía nacional en el
vigilancia e interceptación mando de la Dipol, instaló Marco del proceso de paz
directa de las estaciones de monitoreo con las AUC fue prolifera
comunicaciones con el ánimo de y variada y la
producidas en la zona interceptar las coordinación con otras
definida para los diálogos comunicaciones allí áreas facilitaba la toma
de paz y dirigidas a producidas, esta acción decisiones a partir de
escuchar, grabar y además incluyó captar, información que podía ser
procesar comunicaciones grabar, analizar, registrar, obtenida con los mismos
privadas que se estaban procesar y archivar el fines a través de medios
produciendo en esa zona material, que en esencia legales, porque además
específica, abusando y de acuerdo a las es notoria la intervención
extralimitándose en sus decisiones tomadas por la de autoridades judiciales
cargos y funciones, sin línea de mando, no en la misma actividad.
que en presencia de guardaba evidencia de Finalmente la posición de
conductas con actividades que pusieran la gente le permitía
connotación penal en riesgo la seguridad apartarse de las órdenes
efectuarán las nacional, que justificara indebidas y propender
notificaciones debidas a aunque fuera de manera por ajustar su actividad y
las autoridades excepcional y con carácter la de servidores a su
pertinentes, temporal las actividades cargo a la Constitución
desconociendo la cuestionadas y política y a la ley, pero no
ausencia de facultades específicamente respecto lo hizo, por el contrario en
jurisdiccionales y de de las comunicaciones ejercicio de sus
función de policía judicial. publicadas. atribuciones mantuvo el
(…) (…) personal a su cargo en el
Conforme a lo anterior, Los servidores control del espectro
ratifica este despacho sus mencionados ordenaron al electro magnético en

46 Folios 9 a 70 del cuaderno principal.

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consideraciones respecto personal a su cargo zonas estratégicas en las
a la existencia de mantener unidades de que se adelantaban los
interceptaciones de monitoreo para el control diálogos de paz y en
comunicaciones, sin del espectro en sitios donde fueron recluidos
orden judicial, que se estratégicos de la zonas los cabecillas de las
predica del personal de la donde se adelantaban los A.U.C., pese a que en la
Dipol que posiblemente diálogos de paz y en misma gestión se
en tal labor cumplió las donde fueron recluidos los encontraba
órdenes expresas de sus cabecillas de las AUC, el comprometida la de Dijín
superiores… El teniente objetivo definido por los y autoridades judiciales
coronel ruda melosa, servidores públicos, pese competentes.
funcionarios en quienes a que en la misma gestión (…)
recaía la función de dirigir se encontraba Sexto cargo.
la planeación, comprometida la Dijín Y Se encuentra que la
recolección, evaluación y autoridades judiciales imputación efectuada en
difusión de la información competentes, fue la de el cargo, se dirige a
de orden público y dirigir y obtener información de las reprochar las conductas
orientar la búsqueda de comunicaciones que se desplegadas por los
información, generando producían al interior de tal miembros de la Dipol -
productos de inteligencia en zonas, con lo que se tendientes a borrar
para la toma de convirtió la labor en una evidencia de las
decisiones. interferencia constante, actuaciones adelantadas
(…) que si bien podía no ser por esa instancia y que
Sexto cargo. programada por número, guardaran relación con
si era dirigida a quienes de las publicaciones
Así las cosas, se observa manera forzosa debían efectuadas en la revista
que efectivamente el permanecer en la zona, en semana… El cargo
servidor Arpin en sus razón a su trabajo, a su Disciplinario fue imputado
diversos compartimentos actividad profesional o al teniente coronel Luis
fue manipulado simplemente porque la Antonio ruda Velosa…
indebidamente, no se hizo zona coincidió con su sitio Como posible
un backup debido, se de residencia. responsable de la
alteraron las propiedades manipulación y
de los documentos Así pues, el primer cargo destrucción de
reservados, se dejó de imputado, se estructura a información sometida
garantizar la indemnidad partir de la evidencia reserva con el ánimo de
de la información, porque encontrada de múltiples entorpecer y obstruir las
no se hizo una copia registros de archivos de investigaciones
previa confiable de la monitorias de audio que ordenadas,
misma y además se indican la existencia de enmascarando
dejaron de recuperar interferencia en conductas con evidente
documentos de los comunicaciones privadas connotación
archivos de la entidad, sin que no se encuentran disciplinaria».
razón aparente y sin precedidas de orden
justificación legal, toda judicial, tal como se deriva
vez que los citados de las transcripciones y
archivos no eran propios o productos de inteligencia
personales del mando obrantes en la actuación.
institucional en la Dipol, (…)
eran archivos oficiales, En consecuencia, no
que debían mantenerse escapa al objeto de esta
íntegros en el servidor y actuación disciplinaria la
amparados de cualquier actuación de la línea de
afectación material, que mando de la Dipol
fue lo que no se hizo, todo respecto a la captación,
lo cual indicaría que registro y archivo de
durante la crisis desatada comunicaciones, bajo el
por las publicaciones de la argumento que las

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revista semana, las actividades mencionadas
órdenes dadas por el estuvieran en marcadas
mando institucional, en un manual interno y
representado por el restringido de inteligencia
teniente coronel ruda para la policía nacional,
melosa, de destruirlos como lo es la resolución
para entorpecer las 00199 del 21 de enero de
investigaciones 2005, porque en su
posteriores, logró condición de subalternos
parcialmente su objetivo. en la línea de mando y con
(…) poder decisorio tenían la
Para cumplir el objetivo facultad de ejercer la
propuesto, el teniente excepción de
coronel ruda, le ordenó al inconstitucionalidad e
personal de señales y de incluso en su ausencia de
mantenimiento de no cumplir la orden
equipos que previamente ilegítima
a asistir a la citación en la (…)
inspección, debiera acudir Sexto cargo.
a la oficina del teniente (…)
coronel Lizarazo de De acuerdo con lo
contrainteligencia y recibir analizado, el cuadro de
sus instrucciones; este mando institucional a
oficial, a su vez, les indicó cargo de la Dipol para el
que debían negar 14 de mayo de 2007, tenía
cualquier conocimiento tal certeza de la ilicitud de
posible sobre los hechos y sus acciones y del
sobre los equipos de ejercicio arbitrario de las
interceptación, mismas, que buscó
especialmente el Triger distraer a los organismos
Fish, encontrándose de investigación e incluso
según él en la obligación al mando constitucional,
de proteger la reserva de destruyendo la evidencia
las actividades de sus actos, esta
desarrolladas por la Dipol. conducta no fue fortuita o
(…) inconsulta, fue precedida
Mentales circunstancias, de una serie de maniobras
como responsables de la para evitar las
manipulación indebida y explicaciones que debían
destrucción de la dar a sus superiores y al
información oficial país.
sometida a reserva, con el La manipulación irregular
ánimo de entorpecer y de la información, su
obstruir las borrado en masa y
investigaciones ordenada antitécnica pretendió
se prefiere cargo privilegiar con la
Disciplinario (…)». información al jefe de
producción de inteligencia
y a la jefe del grupo de
ingeniería, porque de
haber logrado cabalmente
su objetivo en sus manos
había quedado no sólo la
prueba de las infracciones
cometidas, sino la historia
de una grave afectación
en masa derechos
fundamentales.».

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En consideración a lo anterior, el Despacho del procurador general de la
Nación fue contundente y coherente en manifestar que se encontró
plenamente acreditado que el señor Luis Antonio Ruda Velosa incurrió en las
faltas gravísimas que le fueron endilgadas al momento de la formulación de
los cargos.

Ahora, si bien en el fallo de única instancia se señaló la posible aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad por parte del actor, esto se hizo solo para
señalar las múltiples posibilidades que el señor Ruda Velosa tenía para
apartarse del cumplimiento de un acto administrativo contrario a la
Constitución Política, pero no se le sancionó por omitir su aplicación, sino
porque una vez verificados los procedimientos adelantados por miembros de
la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, se encontró que,
efectivamente, había existido interceptación de comunicaciones captadas en
el espacio electromagnético en ciertas áreas definidas del país, sin que éstas
estuvieran precedidas por una orden judicial, como lo ordena la ley,
circunstancia que se desarrollará más adelante.

Lo anterior, permite afirmar que la Procuraduría General de la Nación fue
congruente al endilgarle la responsabilidad disciplinaria al actor desde el inicio
de la investigación disciplinaria, que tenía los elementos de juicio suficientes
para el efecto, que las pruebas fueron valoradas en el marco de las reglas de
la sana crítica y que la interpretación que de ellas hizo el juzgador disciplinario,
llevaron a la conclusión de que las faltas disciplinarias sí se cometieron y el
disciplinado fue responsable de ellas.

2.5.2.3. De la tipicidad en materia disciplinaria

El artículo 4 de la Ley 734 de 2002, dispone que «el servidor público y el
particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización», siendo esta la
consagración legal que impone la realización de un proceso de subsunción
típica en cada proceso disciplinario, que implica que el operador determine

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expresamente en cada caso si el comportamiento investigado, según como
haya sido demostrado, se adecua efectivamente a la descripción típica
establecida en la ley que se va a aplicar.

Por su parte, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha establecido en cuanto a este principio en materia disciplinaria,
que47:

En esa medida, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es
sometido a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los
componentes de la legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante.
Sólo luego de haber surtido de manera expresa y detallada dicho proceso de
razonamiento lógico-jurídico en el texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá
llegarse a la conclusión de que la conducta investigada es típica. La subsunción
típica se vincula así directamente, en tanto componente necesario, al principio
de tipicidad en el derecho disciplinario. Es, más aún, un proceso de naturaleza
técnica que los operadores disciplinarios han de desplegar con el mayor rigor
jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo,
presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido
debidamente interpretada en todos sus componentes de conformidad con los
distintos métodos hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que
las pruebas que obran en el proceso demuestren en forma contundente la
ocurrencia de los hechos y la culpabilidad individual del procesado.

En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del
procesado tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de
subsunción típica que realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte
Constitucional, en virtud de la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario,
de tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario
cuenta con un margen más amplio para realizar el proceso de subsunción típica
– margen que se activa, se infiere necesariamente, cuando se está ante un tipo
abierto o un concepto indeterminado, y que consiste esencialmente en que la
autoridad disciplinaria puede –y debe- acudir a una interpretación sistemática
de las normas invocadas para efectos de realizar la adecuación típica. En
palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el derecho penal y el
derecho disciplinario «se deriva de la admisión de los tipos en blanco o abiertos
y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria, [y] hace
referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador disciplinario
al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas, la
jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario
dispone de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se
subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes.
En este mismo sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que
en materia disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar
el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo
general la descripción de las faltas disciplinarias debe ser objeto de
complementación o determinación a partir de la lectura sistemática de un

47 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de marzo de 2014,

expediente No. 0263-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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conjunto de normas jurídicas que desarrollan deberes, mandatos y
prohibiciones»48.

2.5.2.3.1. Del régimen probatorio en materia disciplinaria

El artículo 128 del Código Único Disciplinario, prevé que toda decisión que se
emita dentro de la investigación disciplinaria debe fundarse en pruebas
legalmente producidas y aportadas al proceso, por petición de cualquier sujeto
procesal o en forma oficiosa; y que la carga de la prueba le corresponde al
Estado.

Por su parte, la doctrina sostiene frente a la carga de la prueba, que «dado que
el régimen disciplinario es de derecho público y tiene por misión esencial
procurar el adecuado cumplimiento de los fines del Estado- en especial para
garantizar la vigencia de los derechos y las garantías de todos los asociados –
el artículo 1.º del Código Disciplinario Único prevé que el titular de la potestad
disciplinaria es el Estado. De igual manera, el artículo 12 de dicha ley dispone
que corresponde al funcionario competente impulsar oficiosamente la actuación
disciplinaria, en tanto el artículo 128 de esta Ley 734 de 2002 determina que la
‘carga de la prueba le corresponde al Estado, lo que se traduce en que el
funcionario instructor del proceso es quien debe adelantar las actuaciones para
aclarar los hechos, recaudar las pruebas y establecer la realidad de lo sucedido,
así como para tomar la decisión que corresponda, lo que lo hace un proceso
de carácter inquisitivo. En estas condiciones, es al Estado, a través de sus
funcionarios o de las personas que tiene asignada la función disciplinaria, al
que le corresponde establecer los hechos y las circunstancias como se han
presentado las actuaciones de los servidores públicos catalogadas de faltas
disciplinarias, para determinar si ha existido, si se ha incurrido en ella y el tipo
de sanción que debe imponer»49.

2.5.2.3.1.1. De la primera falta endilgada

Al momento de emitir el pliego de cargos al teniente coronel, en su condición
de jefe de Área de Producción de Inteligencia de la Dipol, el Despacho del

48 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas

Silva.
49 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Edición Cuarta. Páginas 290 y 291.

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procurador general de la Nación consideró que, del material probatorio obrante
dentro del expediente, era dable imputarle, en primer lugar, la siguiente falta:

Ley 734 de 2002.
Artículo 48. Faltas gravísimas. Numeral 16. Atentar, con cualquier propósito,
contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación,
obtener información y recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y
garantías constitucionales y legales.

Ley 1015 2006.
Artículo 34. Son faltas gravísimas las siguientes. Numeral 3. Permitir, facilitar,
suministrar información o utilizar los medios de la institución para cualquier fin
ilegal o contravencional.

El Decreto 1900 de 1990, por el cual se reforman las normas y estatutos que
regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines, en su
artículo 1.º, dispone que «tiene como objeto el ordenamiento general de las
telecomunicaciones y de las potestades del Estado en relación con su
planeación, regulación y control, así como el régimen de derechos y
deberes de los operadores y de los usuarios». Así, en sus artículos 8 y 9,
prevé:

Artículo 8. El Estado garantiza la inviolabilidad, la intimidad y el secreto en las
telecomunicaciones, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Artículo 9. El Estado garantiza como derecho fundamental de la persona la
intimidad individual y familiar contra toda intromisión en ejercicio de actividades
de telecomunicaciones que no corresponda al cumplimiento de funciones
legales.

Por su parte, el Decreto 75 de 2006, por medio del cual se definen las
obligaciones que le asisten a los operadores de servicios de
telecomunicaciones en procura de optimizar la labor de investigación de los
delitos por parte de las autoridades competentes, en su artículo 1.º consagra
en cuanto a la interceptación de servicios de telecomunicaciones, lo siguiente:

Para efectos del presente decreto, se prevé la interceptación de los servicios de
telecomunicaciones como un mecanismo de seguridad nacional que busca
optimizar la labor investigativa, propendiendo por su eficaz y oportuna
realización y garantizando la ejecución de los fines del Estado, con el uso de
modernas herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las
redes públicas de telecomunicaciones.

Aunado a ello, dicha norma, para garantizar los fines del Estado con el uso de
herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las redes

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públicas, ordena a los operadores de servicios de telecomunicaciones prestar
el apoyo necesario para la actividad de la Fiscalía y demás entidades que la
ley determina, previa orden judicial.50

De lo anterior, entonces, puede señalarse que el monitorio de comunicaciones
es una técnica de búsqueda de información, rastros y señales producidas en
el espectro electromagnético que, jurídicamente, no guarda diferencia alguna
con la interceptación de comunicaciones.

Es importante destacar que la actividad de inteligencia se cumple bajo la tutela
permanente de la Constitución Política. En tal sentido, la Corte Constitucional,
ha señalado lo siguiente:51

(…) no es posible que las autoridades colombianas, ni administrativas ni
judiciales, ejerzan en el orden interno las mencionadas facultades para
interceptar o interrumpir comunicaciones de particulares con base en razones
de Estado como las previstas, pues ello vulnera la inviolabilidad de la
correspondencia e implica notorio abuso de quien ejerce el poder público.

Así las cosas, por plausible que sea el objeto perseguido por cualquier persona
pública o privada, esto no lo autoriza para interceptar, escuchar, grabar,
difundir ni transcribir las comunicaciones privadas, esto es, las que tienen lugar
entre las personas mediante conversación directa o por transmisión o registro
de mensajes, a través de medios técnicos o electrónicos aptos para ello, a
menos que exista, previamente, una orden judicial.

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ha sostenido lo siguiente:52

La protección de los derechos humanos, en especial a los derechos civiles Y
políticos recogidos en la convención, parte de la afirmación de la existencia de
ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser

50 Artículo 2.º del Decreto 75 de 2006: «Los operadores de los servicios de telecomunicaciones

de Telefonía Móvil Celular, PCS y de sistemas de Acceso Troncalizado que operen en el
territorio nacional, deben garantizar la interceptación remota de las comunicaciones a fin de
que la Fiscalía General de la Nación o las entidades que la ley determine, de conformidad con
las previsiones legales y previa autorización judicial, adelanten actividades de interceptación
de dichos servicios. En consecuencia, en los respectivos contratos de concesión se incluirá,
previo acuerdo con el operador, la obligación de disponibilidad del hardware, el software,
incluidas las licencias para el desarrollo de esta labor».
51 C-382 de 1996.
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86.

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legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de
esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede
penetrar limitada mente. Así, en la protección de los derechos humanos está
necesariamente comprendida la noción de la restricción del poder estatal (…).

En consideración a lo anterior, no se observa que la normativa aplicable,
primero, faculte a la Policía Nacional o a cualquier otra autoridad, para
acceder al contenido de las comunicaciones producidas en el especto
electromagnético, sin que, se insiste, medie orden judicial previa; y, segundo,
que contemple o defina el monitoreo de comunicaciones como una actividad
diferente o ajena a la interceptación o acceso no autorizado al contenido de
las comunicaciones.

Por lo anterior, no le asiste razón al actor cuando señala que la conducta no
existió porque la interceptación solo se produce cuando se encuentra definido
un blanco y cuando ha sido programada la recolección de información por
medios técnicos, toda vez que, de las pruebas obrantes dentro del expediente
se encontró acreditado que sí fueron definidos blancos, en principio, miembros
de las AUC y, posteriormente, periodistas, magistrados de altas cortes, etc, y
se realizó una interceptación indiscriminada de todas las comunicaciones
producidas que fueron grabadas, transcritas y procesadas, sin que existiera,
con anterioridad a ello, una orden judicial que así lo autorizara.

Ahora, si bien el 21 de enero de 2015, la Dirección General de la Policía
Nacional emitió la Resolución 00199, a través de la cual se modificó el manual
de inteligencia, que reguló actividades vedadas para la Policía Nacional y para
cualquier otra autoridad, por cuanto les dio vía libre para actuar sin que
existiera una orden judicial, los miembros de la Institución Policial estaban
obligados a aplicar, de manera preferente, los postulados de la Constitución
Política y de los Decretos antes mencionados, por encima de una Resolución
que resultaba, a todas luces, inconstitucional.

El argumento de que las actividades desplegadas estuvieron enmarcadas en
un manual interno y restringido de inteligencia para la Policía Nacional, no
eximía al actor para que en su condición de primer oficial en la línea de mando

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y con poder decisorio, ejerciera, por ejemplo, la facultad de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad. En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado:53

La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de
inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una
herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o
interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en
tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso
concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se
usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma
de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas
contenidas dentro de la Constitución Política.

No obstante, es dable aclarar, como se señaló en el acápite anterior, que
cuando en el fallo de única instancia se habló de excepción de
inconstitucionalidad, se hizo solo para llamar la atención de las múltiples
posibilidades que le asistían a los funcionarios para apartarse del cumplimiento
de un acto administrativo contario a la Constitución Política, pero no se le
sancionó por la conducta de omitir su aplicación, sino por la captación y archivo
de comunicaciones privadas generadas en el espectro electromagnético, sin
que existiera previa orden judicial para su recaudo y sin que fuera posible
exonerarse de su responsabilidad afirmando que le estaba permitido el
monitoreo de comunicaciones, cuando, como se mencionó, dicho monitoreo
no se diferencia de manera alguna a la interceptación de comunicaciones que,
sin lugar a dudas, si bien está permitida, debe realizarse cuando exista una
orden judicial que así lo autoriza, pues, de lo contrario, se estarían vulnerando
principio fundamentales de todo Estado.

Al respecto, el Despacho del procurador general de la Nación en la decisión
disciplinaria de 16 de febrero de 2008, sostuvo:

Por su parte, con el mismo fundamento, el señor teniente coronel Luis Antonio
ruda Veloso, jefe del área de producción de inteligencia, a cuyo cargo se
encontraba la dirección y orientación de la búsqueda de información y la
selección de objetivos de interés para la inteligencia a través del empleo de
equipos y medios electrónicos, conforme a lo previsto en la resolución 02636
de 17 de julio de 2001, artículo 10, desconoció igualmente la estructura legal y
constitucional a la que se encontraba sometida a su conducta y, dirigió, orientó
y seleccionó la búsqueda de información de inteligencia de manera reprochable.

53 SU-132 de 2013.

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De la experiencia información de los oficiales podían surgir ideas útiles para la
obtención de información de inteligencia, pero estas, injustificadamente fueron
circunscritas por los funcionarios, en grave y en gran medida al monitoreo de
comunicaciones privadas en diversas formas, telefónicas, de radio Y de correos
electrónicos, no todas producidas en el uso clandestino del espectro
electromagnético, permitiendo que el servicio de producción de inteligencia se
convirtiera en algo así como un gran repositorio de información con origen ilegal
que no fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y en cuya
obtención se desconoció la Constitución y la ley.

Los servidores mencionados ordenaron al personal a su cargo mantener
unidades de monitoreo para el control del espectro en sitios estratégicos de la
zonas donde se adelantaban los diálogos de paz y en donde fueron recluidos
los cabecillas de las AUC, el objetivo definido por los servidores públicos, pese
a que en la misma gestión se encontraba comprometida la Dijín Y autoridades
judiciales competentes, fue la de obtener información de las comunicaciones
que se producían al interior de tale zonas, con lo que se convirtió en labor en
una interferencia constante, que si bien podía no ser programada por número,
si era dirigida a quienes de manera forzosa debía permanecer en la zona, en
razón a su trabajo, a su actividad profesional o simplemente porque la zona
coincidió con su sitio de residencia.
(…)
Por lo anterior se concluye que los señores… Teniente coronel Luis Antonio
ruda Velosa, jefe del área de producción de inteligencia, en ejercicio de sus
cargos y funciones en la Dipol, dispusieron la vigilancia e interceptación directa
de las comunicaciones producidos en la zona definida para los diálogos de paz
y dirigidas a escuchar, grabar y procesar comunicaciones privadas que se
estaba produciendo en esa zona específica, abusando y extralimitándose en
sus cargos y funciones, sin que en presencia de conductas con connotación
penal efectuaron las notificaciones debidas a las autoridades pertinentes,
desconociendo la ausencia de facultades jurisdiccionales y de funcionarios de
policía judicial.

2.5.2.3.1.2. De la segunda falta endilgada

Aunado a lo anterior, el Despacho del procurador general de la Nación
consideró que, del material probatorio obrante dentro del expediente, era dable
imputarle al actor una segunda falta, bajo las siguientes disposiciones:

Ley 1015 de 2006.
Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes.
Numeral 15. Constreñir, comprometer o inducir al subalterno, superior,
compañero o particular para que omite información acerca de una conducta
punible Aux Disciplinario (…)
Numeral 29. Afectar los sistemas informáticos de la policía nacional.
Numeral 30. Respecto de documentos:…c) sustituirlos, alterarlos, sustraerlos,
mutilarlos, destruirlos, ocultarlos, suprimir los o falsificarlos en beneficio propio;
o en beneficio o perjuicio de un tercero.

Ley 734 de 2002. Artículo 48. Faltas gravísimas.
Numeral 2. Obstaculizar en forma grave la olas investigaciones que realizan las
autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar

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oportunamente a los miembros del congreso de la República en las
informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político.
(…)
Numeral 43. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar,
falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de
los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene
o guarden la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.

Respecto a este cargo, el Despacho del procurador general de la Nación
señaló que la conducta consistió en la manipulación y destrucción de
información sometida a reserva con el ánimo de entorpecer y obstruir las
investigaciones ordenadas.

En tal sentido, se tuvieron en cuenta las declaraciones de los patrulleros Jesús
Arbey España Mosquera, Fajardo, la ingeniera Sonia Sánchez Rodríguez, el
comandante Valerick Pineda Panqueva y el mayor Mauricio Pedraza Rocha
quienes fueron coherentes y consistentes en manifestar que, luego de la
publicación en la Revista Semana, procedieron a borrar los archivos del
servidor Arpin, relacionado con las diferentes interceptaciones, por una orden
directa que les impartió el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa. Al
respecto, se sostuvo:

Según el testigo el patrullero Jesús Harvey España Mosquera él y la ingenieras
Sonia Sánchez, debían identificar las carpetas de trabajo diario de su grupo y
seleccionar las que tuvieran alguna relación con el caso publicado por la revista
semana. En términos similares y confirmando lo anterior declara la ingeniera
Sonia Ruth Sánchez Rodríguez, indicando que recibió la orden directa del jefe
de área teniente coronel Ruda Velosa, ahora te vas con la mayor gloria para
que indiques la ruta donde está la información, para borrarla de ahí, para esta
labor se apoyó en el patrullero Fajardo que es quien sabe de frecuencias de eco
recolección, dado que la orden específica fue no dejar ninguna información que
hubiese sido monitoreada de celular, porque la orden de mi coronel fue que se
borraron todas las grabaciones del celular y específicamente las que tenían que
ver con Medellín, la actividad fue realizada desde el servidor y no desde los
equipos locales.

Además de las declaraciones mencionadas, las pruebas técnicas realizadas
por el Grupo de Investigaciones demostraron que, efectivamente, se realizaron
borrados masivos de información en el servidor Arpin, las cuales respaldan las
afirmaciones realizadas por los testigos. En tal sentido, el Despacho del
procurador general de la Nación, mencionó:

Se estableció a través de visita técnica, el borrado de información de inteligencia
obtenida por la Dipol a través del sistema Saturno, de acuerdo con lo valorado

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se encuentra que el archivo de inteligencia correspondiente al sistema Saturno,
que era manejado en una Red ajena al servidor de la Dipol por el subintendente
Rubén Darío Ríos Sáenz, administrador, pretendió ser protegido, frente a los
hechos de público conocimiento ocurrido el 14 de mayo de 2007 y según lo
manifestado por el subintendente, frente a la crisis el funcionario, responsable
la información, optó por bajar la CPU a la bodega del grupo, para proteger sus
contenidos, en la portería el general Chávez indagó sobre el contenido de la
CPU y le ordenó a la mayor Gloria Otalora que revisara la información, ella
procedió a hacerlo y guardó luego la CPU en el despacho general, días después
ubicó la CPU en Sistemas, donde se la entregó un contratista y le notificó que
había sido reseteada, tal como lo pudo comprobar, además había sido
modificado su usuario y el sistema operativo.
(…)
Con el mismo objetivo, de entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas,
enmascarando conductas con posible connotación disciplinaria, el teniente
coronel Luis Antonio Rueda Velosa, a quien como reconoce el general Chaves
Ocaña le ordenó proteger la información, ordenó, a su vez el borrado de la
información que guardara relación con telefonía celular y con actividades en
Medellín, agregando el teniente coronel ruda a esta orden, que además fue
cumplida por la mayor gloria Lucía Otalora Gómez, que el personal que fue
llamado a la inspección general de la policía nacional para ser escuchados en
declaración, negar a cualquier información respecto al conocimiento que
tuvieran sobre los hechos publicados por la revista semana y sobre cualquier
actividad que involucrara el empleo de equipos de interceptación de telefonía
celular, en las palabras de, nos vamos de niegue.

En ese orden de ideas, tanto con las pruebas documentales como las pruebas
técnicas efectuadas se demostró que, primero, se realizaron borrados
masivos de información que estaba relacionada con las interceptaciones
ilegales que se realizaron y que fueron dadas a conocer al país a través de
una noticia periodística, conducta que fue ordenada por el teniente coronel
Ruda Velosa, en su condición de jefe de Área de Producción de Inteligencia
de la Dipol; y, segundo, que una vez los miembros de la Policía Nacional iban
a ser llamados para aclarar lo anterior, éste, a su vez, les ordenó que debían
negar cualquier actividad relacionada con las interceptaciones; circunstancias
que, en consecuencia, le dieron la certeza al operador disciplinario de la
ocurrencia de la falta endilgada, sobre el manejo indebido de información por
parte de la Dipol y la pérdida real y efectiva de ésta debido a los borrados
físicos del servidor.

Finalmente, respecto a la segunda falta, el demandante sostuvo que los
testimonios valorados estaban parcializados por cuanto a algunos de ellos el
señor Ruda Velosa les ordenó la práctica del polígrafo y que los dictámenes
periciales no fueron puestos en conocimientos de las partes.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

En primer lugar, de conformidad con lo establecido por la doctrina, los testigos
sospechosos son «aquellos que tienen un lenguaje preconcebido (aumdem
pre-meditatum semonem) que hacen suponer la identidad de inspiración, es
decir, un convenio anterior y común para estar de acuerdo en la atestación de
un hecho, lo cual se constituye en una causa formal de descrédito, por
consiguiente la animosidad, la afectación y la premeditada identidad en el
lenguaje son tres causas formales de disminución de credibilidad en los
testimonios»54.

En el asunto sometido a consideración, el juzgador disciplinario una vez
decretó la práctica de pruebas y analizó las declaraciones, concluyó que estas
acreditaban, fehacientemente, que el teniente coronel Luis Antonio Ruda
Velosa les dio la orden de borrar información de los servidores y que, una vez,
fueran citados, a declarar, debían negar todo.

Ahora, de considerar que lo manifestado por los testimonios era parcializado
como se señala en el escrito de la demanda, la parte actora en su oportunidad,
conforme a lo expuesto en el Código de Procedimiento Civil 55 , tenía la
posibilidad de tacharlo56, allegando las pruebas pertinentes para desvirtuarlos,
con el fin de que el juzgador disciplinario valorara dicha solicitud y determinara
la veracidad o no de estos.

En segundo y último lugar, las pruebas periciales a las que hace referencia el
actor, corresponden a las pruebas técnicas realizadas sobre el servidor Arpin,
las cuales demostraron que se efectuaron borrados masivos de información y

54 Lógica de las pruebas en materia criminal. Nicola Framarino del Malatesta. Volumen II.

Cuarta Edición.
55 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 «Artículo 23. Remisión. En aquellas

materias que no se hallen expresamente reguladas en este Código son aplicables las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre
que no se opongan a la naturaleza del proceso penal»
56 «Artículo 218. Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por

el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la
recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de
los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma
audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.
Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en
la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los
casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada
la causal, se abstendrá de recibir la declaración.
El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada
caso.»

51

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

que para el 15 de mayo de 2007, entre las 12:32 y 12:34, fueron eliminados
1551 archivos. Así mismo, en esta verificación técnica, se reportaron otros
borrados masivos que se realizaron sobre el mismo servidor en sus otros
discos, lo cual se hizo entre el 14 y 15 de mayo de 2007.

Igualmente, se estableció a través de la visita técnica, el borrado de
información de inteligencia obtenida de la Dipol, a través del sistema Saturno,
que era manejado por una red ajena al servidor de la Dipol, pudiéndose
restaurar los contenidos borrados, 1919 en total, estableciéndose que algunos
equipos fueron formateados el 20 de mayo de 2007. Pruebas que fueron
realizadas por personal idóneo tanto de la Procuraduría General de la Nación
como de la Policía Nacional, que permitieron corroborar esta información.

Ahora, es dable resaltar que para la práctica de las diferentes pruebas técnicas
que se practicaron sí se garantizaron los derechos al debido proceso y
contradicción, toda vez que antes de su realización los sujetos procesales eran
citados con el fin de que supieran tanto el origen de la información como los
resultados obtenidos. Así, que si bien en estricto sentido no se trató de un
dictamen pericial sino, se insiste, de una prueba técnica, el actor tuvo
conocimiento de su realización y, sin embargo, no asistió a aquellas, por lo que
no es dable ahora alegar el desconocimiento de los derechos antes
mencionados.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las consistencias en las
declaraciones rendidas dentro de la investigación disciplinaria y la coherencia
del relato de los hechos, resulta clara la conducta endilgada al ahora
demandante.

Lo anterior, permite considerar que la Procuraduría General de la Nación sí
tenía los elementos de juicio suficientes para endilgar responsabilidad al actor,
que las pruebas fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica
y que la interpretación que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la
conclusión de que la falta disciplinaria sí se cometió y el actor fue responsable
de ella.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

Es importante advertir que al revisar la actuación disciplinaria no se vislumbra
sesgo en el decreto y práctica de las pruebas; por el contrario, se hizo evidente
que el único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la
verdad real de los hechos y para ello hizo uso de todos los medios que estimó
pertinentes y conducentes para su esclarecimiento. Ahora bien, una vez
realizó la valoración integral de las pruebas, concluyó que el demandante no
logró desvirtuar el cargo que le fue endilgado. Así bajo tales circunstancias, no
se demuestra que los actos acusados hayan carecido de pruebas suficientes,
sino, por el contrario, las recaudadas fueron valoradas dentro del marco de
autonomía y sana crítica del operador disciplinario.

Debe resaltarse además, que en la actuación disciplinaria se apreció que el
interés primordial de la administración estuvo orientado a esclarecer los
hechos y sancionar las conductas irregulares, teniendo un especial cuidado y
desempeño, pues atendiendo a la función que desarrolla la Policía Nacional,
se propendió por demostrar plenamente la claridad y transparencia en el
ejercicio de las funciones por parte de sus miembros, dando prevalencia a los
principios que orientan la función pública, que deben regir la gestión a ellos
encomendada, producto de lo cual se concluyó que el actor estaba incurso en
responsabilidad disciplinaria y, por ende, debían imponerse las sanciones que
la Ley prevé por su actuar irregular.

2.5.2.3.2. De la causal eximente de responsabilidad

Pese a que como se señaló anteriormente, se encontró plenamente
demostrado que el señor Luis Antonio Ruda Velosa incurrió en las faltas
gravísimas endilgadas, el actor señaló que actuó bajo dos causales eximentes
de responsabilidad, esto es, en cumplimiento de una orden legítima y error
invencible.

Ahora bien, resulta entendible que bajo algunas circunstancias, el servidor
público justifique su actuar y con ello pueda ser exonerado de responsabilidad.
Al respecto, la doctrina ha considerado que «La conducta se ha cometido, pero
ella está justificada porque corresponde a alguna previsión del ordenamiento.
De acuerdo con esto, el funcionario comete la conducta irregular, pero no ha
sido de su interés, ni era su propósito o su intención hacerlo, o debió actuar de

53

Radicado: 25000 23 25 000 2008 00988 01 (0287-2012)
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esa manera por alguna poderosa razón que la ley encuentra aceptable (…) en
cada caso debe valorarse la causal de exclusión expuesta, cuando así lo
alegue el investigado, para concluir si está amparado por alguna de ellas. Esto
requiere igualmente de prueba, y al final, la decisión, que debe ser motivada,
de acuerdo con lo que manda el artículo 19 de la Ley 734 de 2002, tendrá que
hacer una valoración y una explicación fundada y razonada de las razones por
las cuales se acepta dicha exclusión»57.

Así las cosas el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, consagra 7 causales de
exclusión de responsabilidad en materia disciplinaria. Sobre la fuerza mayor y
el error invencible, los numerales 1 y 6 de esta norma, disponen:

Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de
responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
(…)
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con
las formalidades legales.
(…)
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye
falta disciplinaria.

2.5.2.3.2.1. De la orden legítima

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define que una
orden, es un «mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar».

Respecto a esta causal, la doctrina ha precisado su alcance, así58:

El eximente de responsabilidad por actuar en cumplimiento de una orden, tiene
unos elementos básicos y comunes, como son: la subordinación, actuar en
cumplimiento de una orden cuyo desacato genere consecuencias adversas al
subordinado-obligado, deben tener competencia para realizar el mandato tanto
el superior como el subordinado, que la orden cuente con características
suficientes para ser catalogada como una orden del servicio, que la orden no
tenga vicios de ilegalidad, ni en su génesis, ni su desarrollo, ni su ejecución, ni
tampoco en sus efectos posteriores a la ejecución. Estos elementos, a pesar de
ser básicos y comunes, tienen diferente reglamentación, desarrollo legal y
jurisprudencial; por ejemplo cuando hablamos de la subordinación, no es lo
mismo la subordinación civil, que tiene límites más claros, y por lo tanto menor
posibilidad de convertirse en una conducta punible, versus a la subordinación
del personal con fuero militar, que es mucho más amplio. Las órdenes se

57 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Carta Edición. Páginas 80 y 81.
58 El eximente de responsabilidad en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente,

en la justicia penal militar. Carlos Fabián Coronado López. Páginas 22 y 23.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

cumplen con mayor limitación de la autonomía del subordinado, en condiciones
por naturaleza adversas a la persona que ejecuta la orden y, sobre todo, por la
naturaleza de las operaciones. En la mayoría de ocasiones no se tiene la
información necesaria para evaluar la actuación a la luz del ordenamiento.

2.5.2.3.2.1.1. De la orden dada por su superior

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1015 de 2006, la
«disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la
Institución Policial e implica la observancia de las disposiciones
Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el deber
profesional».

Dentro de los deberes profesionales de los miembros de la Policía Nacional
está el de cumplir las órdenes a sus superiores. Respecto a las órdenes en la
Policía Nacional, la Ley 1015 de 2006, en sus artículos 28 y 29, menciona que:

ARTÍCULO 28. NOCIÓN. Orden es la manifestación externa del superior con
autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser
legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función.
ARTÍCULO 29. ORDEN ILEGÍTIMA. La orden es ilegítima cuando excede los
límites de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la
Constitución Política, la ley, las normas institucionales o las órdenes legítimas
superiores.

En consideración a lo anterior, si la orden excede los límites de la competencia
o conduce manifiestamente a la violación de la Constitución Política, la Ley,
las normas institucionales o las órdenes legítimas superiores, el subalterno no
está obligado a cumplirla.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha manifestado, que «dentro de la
Policía Nacional tampoco aplica la obediencia ciega o irrestricta y, en esa
medida, los subalternos pueden desobedecer aquellos mandatos de sus
superiores que excedan el límite de la competencia o conduzcan
“manifiestamente” al desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal,
es decir, órdenes que ostensible y evidentemente, sin mayor capacidad
analítica o reflexiva del sujeto, entrañan la ejecución de una conducta
antijurídica».59

59 T- 582 de 2016.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

En ese orden de ideas, en la Fuerza Pública no es admisible la exoneración
absoluta de la responsabilidad de quien ejecuta órdenes superiores que
signifiquen la vulneración de reglas y principios constitucionales, máxime si
sus actos se apartan de la institucionalidad, no siendo compatible con el
derecho internacional humanitario, que un militar consciente de su acción se
escude en la orden superior con el fin de obtener una exoneración absoluta de
su responsabilidad por las infracciones que cometa en relación con sus
principios y reglas, razón por la cual, ningún miembro de la Fuerza Pública
puede desconocer el marco que le impone el principio de legalidad por encima
de cualquier orden dada por sus superiores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Constitución
Política, la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, cuya
misión es eminentemente preventiva y dirigida a mantener «las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz».

Así, la ausencia de disciplina castrense, determina que la responsabilidad de
los miembros de la Policía Nacional, por infracción manifiesta de un precepto
constitucional en detrimento de alguna persona, no puede estar excusado en
la obediencia debida, por cuando no están sujetos a ello60.

Así las cosas, resulta inaceptable que el actor pretenda exonerarse de su
responsabilidad disciplinaria argumentando que actuó bajo la orden de su
superior, cuando observó pasivamente una serie de irregularidades en la
interceptación de las comunicaciones que se llevó a cabo, sin pretender ni
siquiera corregirlos o informar lo sucedido a un superior alguno.
Aunado a ello, es de resaltar que el actor hacía parte de una línea de mando
en la Dipol en su condición de jefe del Área de Inteligencia de Producción de
Inteligencia y, por lo tanto, se encontraba en condiciones de proponer y aplicar

60 Artículo 91 de la Constitución Política: «En caso de infracción manifiesta de un precepto

constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de
responsabilidad al agente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de
esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que
da la orden.» y Sentencia C-445 de 1995.

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otras alternativas o fuentes de información y hacer uso de estrategias de
trabajo que le permitieran actuar en el marco constitucional y legal.

Ahora bien, al observar el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa las
anomalías antes mencionadas, tuvo la oportunidad de haberse negado a
cumplir las órdenes que se le estaban suministrando por ser ilegítimas e
informar a sus superiores los supuestos fácticos tan pronto tuvo conocimiento
de éstos; no obstante, mantuvo al personal a su cargo en el control del
espectro electromagnético en zonas estratégicas en las que se adelantaban
los diálogos de paz en donde fueron recluidos los cabecillas de las AUC, pese
a que en la misma gestión se encontraban comprometidas la Dijín y otras
autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación.

Es así que el teniente coronel pese a conocer una cadena de irregularidades
se mostró pasivo y totalmente de acuerdo con ello al participar en el monitoreo,
captación y grabación de las comunicaciones que sin orden judicial resultaban
ilegales, tan es así, que cuando se supo la noticia por una nota periodística,
su orden fue realizar el borrado masivo de la información, razón por la cual
considera la Sala que el actor sí cometió las faltas disciplinarias que le fueron
endilgadas y por las cuales fue sancionado disciplinariamente.

2.5.2.3.2.2. Del error invencible

Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6 del
artículo referido, es obligatorio, además de la existencia del error, que este sea
invencible.

A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria ha manifestado en cuanto al error, lo siguiente61:

A contrario de lo considerado por la dogmática penal que destaca varias clases
de error; el de tipo, el de prohibición, error directo, error indirecto, de hecho, de
derecho, vencible o invencible, en materia disciplinaria se ha avanzado hacia la
creación de una teoría propia del error, en miras a diferenciar la estructura de
la falta disciplinaria de la del delito; encontrando hasta ahora, que resulta más

61 Providencia de 9 de julio de 2014, expediente No. 15001110200020100025701, magistrado

ponente. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

adecuado para el derecho disciplinario acudir a la antigua terminología que
distinguía entre el error de hecho y el error de derecho.
El error en materia disciplinaria, atañe directamente a la culpabilidad y se
presenta cuando hay discordancia entre la conciencia del autor y la
realidad; error que puede ser vencible o invencible, dependiendo de si el
autor hubiera podido salir de él aplicando razonabilidad o si a pesar de
tener la diligencia debida, no hubiese podido salir del error.
De ahí, que, si el error es invencible, obviamente se excluye la posibilidad
de reproche disciplinario; pero si a contrario sensu, es vencible, el autor
debe responder por la comisión de la falta. (…).

En tal sentido, el error es vencible o invencible dependiendo si la actora
hubiera podido salir de él aplicando la razonabilidad o si a pesar de tener la
diligencia debida no hubiese podido salir del error.

Así las cosas, resulta necesario que el disciplinado crea plena y sinceramente
que su actuación se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico y,
adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable
dadas sus condiciones personales y las circunstancias en que este se realizó,
situaciones bajo las cuales la conducta no es reprochable a título de dolo,
porque en el disciplinado no hay conciencia de la ilicitud de su acción,
elemento sin el cual no se estructura este tipo de culpabilidad, y tampoco, a
título de culpa, porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que
su conducta no era contraria a la Ley.

En el asunto sometido a consideración de acuerdo con la definición referida se
observa que no se configuró un error invencible como lo afirma la demandante,
por cuanto: i) la parte actora tenía conocimiento de cuáles eran los requisitos
para realizar la interceptación de las comunicaciones, esto es, una orden
judicial y pese a no tenerla, decidió ordenar a sus subalternos realizar el
monitorio, captación y grabación de comunicaciones; ii) estaba en la
obligación constitucional y legal de realizar estas actividades una vez contara
con una orden judicial y se tuvieran claras las personas a interceptar, no
obstante, dicha actividad se realizó de manera general sobre un territorio del
país en el que resultaron involucrados miembros de las AUC, periodistas,
magistrados de las altas cortes, etc.; y iii) tenía conocimiento que su proceder
era contrario a la Constitución y la Ley y que con ello estaba incurriendo en
una falta de carácter disciplinario.

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En atención a lo anterior, teniendo en cuenta que solo se puede eximir de
responsabilidad disciplinaria cuando la falta es cometida de buena fe por
ignorancia invencible, dicho presupuesto no se configuró, motivo por el cual
este cargo no está llamado a prosperar.

2.5.3. Desviación de poder

La doctrina ha definido la desviación de poder como causal de nulidad de los
actos administrativos, en los siguientes términos:

Desviación de poder: para determinar este vicio es necesario puntualizar lo
que denominamos el elemento psicológico del acto administrativo. Este es el fin
del agente administrativo, el fin pensado y querido por éste, o sea, el móvil o
deseo que ha inspirado al autor del acto. Sostiene Eisenmann62 que “lo que
generalmente llamamos fin del acto es un cierto contenido de la conciencia del
agente. No debemos equivocarnos a este respecto. Cuando se habla del fin del
acto, se sigue con ello un atributo del acto en sí mismo considerado, un dato
objetivo inherente al acto” (…)
Por lo tanto, para que se presente la desviación de poder es necesario que el
acto de apariencia sea totalmente válido. El acto tiene una máscara de
legalidad. Ningún otro elemento ha sido descuidado, pero presenta un fin
espúreo visible al observar los resultados obtenidos. Así, con este vicio se
controla lo más íntimo del acto: los móviles que presidieron la actuación de la
administración, la intención de ésta. Es la fiscalización de las intenciones
subjetivas del agente administrativo.
(…)
En suma, la desviación de poder obedece a la necesidad de someter al principio
de legalidad a la administración en todos sus aspectos y con miras a la
protección de los particulares ante los abusos de aquella63.

Por su parte, la jurisprudencia ha manifestado en cuanto a este vicio de
legalidad, que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se
alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos
por la norma. Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de
encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa,
pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que
expide el acto, que es previa a la toma de la decisión»64.

62 Eisenmann. Citado por Julio A. Prat. Op. Cit., página 103.
63 Causales de anulación de los Actos Administrativos, 1ª Edición. Autores: Miguel Largacha

Martínez y Daniel Posee Velásquez.
64 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero

de 2011, radicado interno No. 0734-10, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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En tal sentido, quien acude a la jurisdicción para alegar la desviación de poder
debe demostrar que la administración expidió un acto administrativo con el
propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales.

Respecto a este cargo el señor Luis Antonio Ruda Velosa manifestó que el
juzgador disciplinario incurrió en desviación de poder, por cuanto la
investigación se debió a una persecución en su contra con el fin de demostrar
resultados después de que se publicara la nota periodística.

Sobre el particular vale la pena señalar que el legislador consagró un régimen
disciplinario, Ley 734 de 2002 y 1015 de 2006, que es aplicable a los
servidores públicos y miembros de la Policía Nacional, respectivamente, y que
en el momento de ser incumplido, el Estado, en virtud de la potestad
disciplinaria, debe iniciar las correspondientes actuaciones administrativas
tendientes a esclarecer las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones y
su responsabilidad, proceso que debe estar presidido de todas las garantías
constitucionales y legales que propendan por el ejercicio del derecho de
defensa y debido proceso.

En el caso bajo estudio, aprecia la Sala que la sanción impuesta es el resultado
de una decisión administrativa derivada de la irreprochabilidad disciplinaria, en
donde a la actora se le respetaron las garantías fundamentales al debido
proceso y defensa, en tanto que: i) el trámite administrativo se adelantó de
cara a lo dispuesto en las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006; ii) se le permitió
ejercer su derecho de contradicción formulando descargos, alegando de
conclusión, apelando el fallo de primera instancia, es decir, permitiendo su
participación activa ante el operador disciplinario; iii) se efectuó una adecuada
individualización de la conducta objeto de reproche; y, iv) la sanción impuesta
atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

En atención a lo anterior, el adelantamiento de investigaciones disciplinarias y
sanciones en dicha materia no están presididas de una persecución, pues,
como se mencionó, la finalidad de la potestad disciplinaria no es otra que la
prevención y la buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía
del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las
conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro.

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Demandante: Luis Antonio Ruda Velosa

Así las cosas, no se acreditaron los elementos exigidos para que se configure
una desviación de poder, toda vez la demandante no allegó prueba
documental que así lo demostrara, razón por la cual el cargo planteado no está
llamado a prosperar.

3. Conclusión

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que la parte actora no
logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en
consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- Denegar las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor
Luis Antonio Ruda Velosa en contra de la Procuraduría General de la Nación,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA.

GMSM

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