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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00953-02

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00953-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 4. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Para el tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2017-00953-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00953-02 (3895-2022)
Demandante: Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Tema: Disciplinario – falsa motivación por indebida valoración de
las pruebas – causales de exclusión de responsabilidad de
haber actuado en cumplimiento de un deber constitucional o
legal y en cumplimiento de una orden impartida por un
superior

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones de la demanda porque se demostró que el
demandante ejecutó una orden de captura ilegítima
impartida por un superior

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 5 de abril de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.°4, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de las
decisiones administrativas sancionatorias del 26 de junio de 2015 y 26 de abril
de 2017, expedidas por la Inspección Delegada Regional Uno y la Inspección
General de la Policía Nacional, respectivamente, a través de las cuales se declaró
su responsabilidad disciplinaria y se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años, ya que en su condición de
patrullero habría capturado de manera irregular a una persona, conducta con la
cual habría cometido, a título de dolo, la falta gravísima prevista en el numeral 1
del artículo 34 de la Ley 1015 de 20061.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar su reintegro al
cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía; ii) el pago

1
«ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar injustificadamente la conducción de
la misma ante la autoridad competente».

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Demandante: Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela

de los salarios, primas, subsidios familiares y de vivienda, vacaciones, cesantías
y demás emolumentos dejados de percibir desde el 17 de mayo de 2017,
debidamente actualizados; iii) declarar que no existió solución de continuidad en
la prestación del servicio; iv) de manera subsidiaria, adoptar las disposiciones
que correspondan en reemplazo de los actos acusados, en los términos del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; v) reconocer y pagar los perjuicios
materiales —en la modalidad de lucro cesante— y morales causados, junto con
los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; vi) condenar en
costas a la parte demandada y vii) dar cumplimiento al fallo dentro del término
legal.

3. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados violaron
las normas en las que debían fundarse2 e incurrieron en falsa motivación y
desviación de poder, en tanto no se aplicaron las causales de exoneración de
responsabilidad previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 del artículo 41 de la Ley
1015 de 2006 ni se calificó correctamente la culpabilidad.

4. Al respecto precisó que si bien capturó al quejoso y le leyó sus derechos,
la orden correspondiente no provino del subteniente Jonathan Ferney Virguez
sino del subteniente Johonnattan Alexánder Hueso Figueroa, como se indicó en
los actos acusados, quien tenía mayor antigüedad en la Policía.

5. Afirmó que aun si se descartaran las causales de exclusión de
responsabilidad alegadas, su comportamiento no debió calificarse a título de
dolo3 sino de culpa grave por falta de previsión del resultado de la conducta o
culpa leve toda vez que actuó en cumplimiento de una orden impartida por un
superior, la cual le generó la convicción de que el procedimiento de captura era
apropiado. Sobre esa base señaló que la sanción disciplinaria fue
desproporcionada.

6. Concluyó que hubo una inadecuada valoración probatoria y una
equivocada tipificación del cargo endilgado y que no se demostró la existencia
de la falta ni su responsabilidad.

Contestación de la demanda

7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones aduciendo que se
respetaron las garantías procesales del disciplinado y se demostró que este
último cometió la falta prevista en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 1015 de

2
Artículos 1, 2, 29 y 48 de la Constitución Política; 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 18,
20, 129, 130, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002; y 41 (numerales 2, 3, 5 y 6 de la Ley 1015 de
2006.
3
En la página 12 del cuaderno principal escaneado (demanda), el actor sostuvo que «la sanción
impuesta en los actos administrativos sancionatorios deberá ser cambiada por una falta gravísima
pero a título de culpa grave, es decir, “por inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona de común imprime a sus actuaciones”»; sin embargo, en la página 19 ibidem señaló que
«la adecuación típica no debió ir más allá de ser una falta leve culposa».

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2006, a título de dolo, puesto que privó ilegalmente de la libertad a una persona,
en tanto no medió flagrancia ni orden judicial.

8. Destacó que el principio de obediencia debida no es absoluto, puesto que
el subalterno puede sustraerse del cumplimiento de una orden si con ella se
vulneran derechos fundamentales.

9. Precisó que en el proceso disciplinario quedó probado que quien impartió
la orden de captura fue el subteniente Jonathan Ferney Virgüez.

10. En torno a la proporcionalidad de la sanción y al elemento de la
culpabilidad, sostuvo que las autoridades disciplinarias realizaron un análisis del
grado de afectación del servicio, la gravedad de la infracción y la motivación con
la cual actuó el demandante.

11. Indicó que no está acreditada la causación de los perjuicios morales
reclamados ni de las costas procesales.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 5 de abril de 2022 el Tribunal declaró la nulidad de
los actos administrativos enjuiciados y ordenó a la Policía Nacional reintegrar al
demandante al servicio activo en el grado que ostentaba o en uno de superior
jerarquía, sin solución de continuidad.

13. Además, i) condenó a la parte demandada a pagarle al actor los salarios,
las prestaciones y los demás emolumentos dejados de percibir desde el retiro
hasta que ocurra el reintegro, de manera actualizada y con el descuento de las
sumas correspondientes a las obligaciones de seguridad social; ii) decidió no
imponer condena en costas porque no se generaron gastos ni observó manifiesta
carencia de fundamento legal y iii) negó las demás pretensiones.

14. Como fundamento de la decisión argumentó que los actos acusados
incurrieron en falsa motivación, toda vez que la orden de captura no fue emitida
por el subteniente Jonathan Ferney Vigüez, sino por el subteniente Johonnattan
Hueso Figueroa, quien fue exonerado en el proceso disciplinario, razón por la
cual se configuró una inadecuada valoración probatoria, ya que «se persiguió a
un funcionario equivocado».

15. Destacó que algunos testimonios indicaban que quien ordenó la captura
fue el subteniente Johonnattan Alexánder Hueso Figueroa, conclusión a la cual
también llegó la justicia penal militar; sin embargo, las autoridades disciplinarias
privilegiaron la versión del quejoso y de su hermana, quienes señalaron que la
orden había sido impartida por el subteniente Jonathan Ferney Vigüez, pese a
que esta información no coincidía con otros testimonios.

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16. Consideró que los operadores disciplinarios no realizaron una valoración
probatoria ponderada, puesto que, si bien las pruebas recaudadas se orientaban
a acreditar que quien ordenó la captura habría sido el subteniente Johonnattan
Alexánder Hueso Figueroa, no se logró determinar con certeza quién adoptó esa
decisión.

17. Destacó que el subteniente Hueso Figueroa fue excluido de la
investigación disciplinaria, razón por la cual «decayó la prueba que permitía
verificar la responsabilidad del aquí demandante», quien quedó sin posibilidad de
ejercer adecuadamente su defensa al no identificarse a quien debía atribuirse la
orden de captura.

18. Señaló que mediante sentencia del 9 de febrero de 2022 el mismo tribunal
declaró la ausencia de responsabilidad del subteniente Jonathan Ferney Virguez
ante la falta de certeza derivada de la valoración probatoria en la actuación
disciplinaria, pues no se demostró que este hubiera impartido la orden de captura.

19. Respecto del deber de no acatar la orden de captura, el Tribunal precisó
que era necesario verificar si el demandante podía actuar de otra manera, ya que
«la ignorancia inicial de los hechos, la duda, probabilidad y certeza» debían
conducir a una decisión absolutoria conforme al principio in dubio pro
disciplinado.

20. Afirmó que se demostró que el accionante obró en cumplimiento de un
deber constitucional o legal y por una orden impartida por el subteniente
Johonnattan Alexánder Hueso Figueroa, a la cual no podía rehusarse dada su
jerarquía, quien le indicó que, de no ejecutar la captura, él mismo lo haría.
Además, precisó que el procedimiento policial se desarrolló en el marco de un
presunto hurto de una tubería, lo que le permitía al demandante presumir que su
actuación era conforme al ordenamiento jurídico y a las labores del servicio. Por
ello, consideró que se configuraron las causales de exoneración de
responsabilidad previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 41 de la Ley 1015
de 2006.

21. Aclaró que si bien existen imprecisiones en el acta de captura diligenciada
por el demandante, la autoridad disciplinaria no formuló cargo alguno por ese
aspecto.

22. Decidió no emitir orden por concepto de lucro cesante y daño emergente,
al estimar que estos se encontraban comprendidos en el restablecimiento del
derecho consistente en el reintegro y el pago de los emolumentos dejados de
percibir; en cuanto a los perjuicios morales, afirmó que no se acreditó su
causación.

Recurso de apelación

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Demandante: Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela

23. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que los
actos acusados fueron expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria y que
se comprobó que el actor incurrió en la falta prevista en el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006 a título de dolo, en tanto capturó a una persona sin
que mediara flagrancia u orden expedida por autoridad competente, supuestos
que debía verificar obligatoriamente y no lo hizo.

24. Insistió en que el principio de obediencia debida no es absoluto pues el
subalterno puede sustraerse del cumplimiento de una orden impartida por un
superior cuando esta excede los límites de la competencia, desconoce de
manera manifiesta el ordenamiento constitucional y legal o vulnera derechos
fundamentales.

25. Indicó que, con independencia de si la orden de captura fue impartida por
el subteniente Jonathan Ferney Virgüez o por el subteniente Johonnattan
Alexánder Hueso Figueroa, está acreditado que el demandante fue quien realizó
la captura del quejoso, por lo que esa circunstancia no modifica ni desvirtúa la
comisión de la falta disciplinaria.

26. Señaló que si bien en el expediente tramitado por la Fiscalía 144 Penal
Militar contra el subteniente Jonathan Ferney Virgüez se revocó la resolución de
acusación expedida en su contra, tal decisión no resulta relevante para el estudio
de la legalidad de los actos acusados, pues esa actuación versó sobre la
conducta de una persona distinta del demandante y, además, el proceso
disciplinario es autónomo.

27. De manera subsidiaria, solicitó aplicar el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, según el
cual la indemnización equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir debe limitarse al rango comprendido entre seis (6) y veinticuatro (24)
meses, con el fin de evitar un pago excesivo o un enriquecimiento sin justa causa.
Añadió que dichas providencias resultan aplicables al presente asunto, aunque
en ellas se hubieren analizado casos de desvinculación por ejercicio de la
facultad discrecional, en la medida en que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado ha extendido ese criterio a las distintas causales de retiro de los miembros
de la fuerza pública4.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. Por auto del 7 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

29. El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta fase
procesal.

4
La entidad accionada citó los fallos de de tutela del 24 de abril de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-04648-00; y del 22 de marzo de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-01344-
01, ambos expedidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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III. CONSIDERACIONES

Competencia

30. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

31. La Sala deberá establecer si el Tribunal incurrió en los yerros planteados
por la entidad demandada, para lo cual verificará si el señor Duarte Orjuela
incurrió en la conducta endilgada y si se acreditaron la antijuridicidad y la
culpabilidad; adicionalmente, analizará si la autoridad disciplinaria incurrió en
falsa motivación y si se configuraron las causales de exoneración de
responsabilidad invocadas por el demandante, consistentes en haber obrado en
estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia
que el sacrificado o en acatamiento de una orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales.

Análisis del problema jurídico

32. La Sala revocará la decisión de primera instancia, por cuanto se advierte
que el tribunal incurrió en errores en la apreciación probatoria, dado que un
examen adecuado de los medios de convicción y de los actos demandados
conduce a concluir que el señor Duarte Orjuela incurrió en la conducta endilgada
y que se acreditaron la antijuridicidad y la culpabilidad, sin que se configure falsa
motivación ni concurran las causales de exoneración de responsabilidad
alegadas.

Falsa motivación por indebida apreciación de las pruebas

33. El Tribunal estructuró la falsa motivación a partir de la supuesta
incertidumbre acerca de cuál superior impartió la orden de captura. No obstante,
antes de examinar ese razonamiento, la Sala advierte que la identificación de
dicho superior no constituye, en sí misma, el núcleo del juicio de legalidad, pues
la conducta disciplinariamente reprochada al demandante consistió en ejecutar
una captura ilegal, no en impartir la orden respectiva.

34. En la sentencia apelada se consideró que los actos acusados incurrieron
en falsa motivación porque: i) quien dio la orden de captura no fue el subteniente
Jonathan Ferney Virgüez, como se indicó en las decisionessancionatorias, sino
el subteniente Johonnattan Hueso Figueroa; ii) no se determinó con certeza quién
había impartido dicha orden; y iii) las autoridades disciplinarias privilegiaron, sin
justificación suficiente, unas pruebas que apuntaban a uno de los oficiales, pese
a que otros elementos indicaban que la instrucción provenía del otro.

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35. Al respecto, la entidad demandada sostuvo en la contestación de la
demanda y en el recurso de apelación que, con independencia de quién hubiere
impartido la orden, estaba demostrado que el actor fue quien realizó la captura
del señor Misael Ricardo Forero Arias, de modo que esa discusión no desvirtuaba
la comisión de la falta disciplinaria imputada.

36. Sobre el particular, esta corporación ha precisado que la falsa motivación
se acredita por la divergencia entre la realidad fáctica y/o jurídica que provoca la
creación del acto y la motivación que lo sustenta5. Se entiende que un acto
administrativo es expedido con falsa motivación cuando los hechos que lo
justifican no han existido o, habiendo ocurrido, son calificados jurídicamente de
manera incorrecta, situaciones que debe demostrar quien alega la causal,
teniendo en consideración la carga de la prueba6 y la presunción de legalidad de
los actos7.

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
señalado que la falsa motivación se configura cuando la causa del acto es un
hecho que no ha ocurrido fáctica o jurídicamente, razón por la cual, en tratándose
de asuntos disciplinarios, esta se estructura si «se aduce una falta disciplinaria
que no está prevista legalmente como tal (error de derecho); o la conducta no fue
realizada o no tiene el alcance que se le pretende dar con el acto administrativo
(error de hecho)»8.

38. En el caso concreto está acreditado que el actor fue quien realizó la
captura del señor Misael Ricardo Forero Arias, hecho que incluso aceptó
expresamente en la demanda. No hay duda, entonces, de que fue él quien
materializó la privación de la libertad que dio lugar a que se le enrostrara
responsabilidad disciplinaria.

39. En efecto, la captura ejecutada por el señor Duarte Orjuela fue ilegal,
porque la privación de la libertad del señor Misael Ricardo Forero Arias no estuvo
precedida de orden judicial ni ocurrió en una hipótesis de flagrancia. Del
expediente se desprende que el quejoso fue aprehendido cuando salía de su
residencia, se le leyeron los derechos del capturado y fue trasladado a la URI de
Tunja, donde permaneció retenido varias horas sin que se hubiera establecido
que fue sorprendido en la ejecución de una conducta punible, perseguido
inmediatamente después de ella o hallado en circunstancias que permitieran

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2016, expediente 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-2012).
6
CGP, «ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
[…].».
7
CPACA, «ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se
resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar».
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de
2017, expediente 11001-03-25-000-2005-00068-00 (2366-2005), M.P., César Palomino Cortés.

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inferir fundadamente su participación en un delito. Por el contrario, la información
obrante indica que la noticia inicial se relacionaba con el supuesto hurto de unos
tubos de cobre atribuido a otras personas, no al señor Forero Arias, de modo que
su aprehensión carecía de soporte constitucional y legal.

40. Esa conclusión se refuerza al advertirse que ni siquiera existió una
explicación fáctica uniforme sobre el motivo de la captura. En el acta de derechos
del capturado9, diligenciada a las 14:30 horas del 9 de junio de 2014, el
demandante consignó que la aprehensión obedecía al delito de favorecimiento y
que el traslado a la URI tenía por objeto su judicialización. Sin embargo, en la
anotación posterior efectuada ese mismo día, a las 20:48 horas en el libro de
población de la Estación de Policía de Tunja, dejó consignado que el traslado de
los señores Wilson Ramírez, Héctor Quiroga y Misael Ricardo Forero Arias
obedeció a la incautación de los tubos de cobre. Esta variación no es un detalle
menor, pues revela que la causa de la privación de la libertad no era clara, cierta
ni jurídicamente verificable al momento de ejecutarse la captura, circunstancia
incompatible con la restricción legítima del derecho fundamental a la libertad
personal.

41. Incluso, el contexto probatorio muestra que la ilegitimidad del
procedimiento era advertible para el actor. La entidad apelante sostuvo que, por
su formación y años de servicio, el demandante conocía que solo era posible
capturar a una persona en caso de flagrancia o por orden emitida por autoridad
competente, presupuestos que no concurrían en este caso y cuya verificación
resultaba obligatoria para cualquier uniformado. A ello se añade que, según las
pruebas valoradas, integrantes de la SIJÍN pusieron de presente a los
uniformados de vigilancia que no se presentaba una situación de flagrancia y que
lo procedente era dejar las anotaciones del caso. En esas condiciones, no se
trató de una mera irregularidad formal ni de una duda razonable sobre el alcance
del procedimiento, sino de la ejecución de una privación de la libertad desprovista
de fundamento legal, cuya ilicitud resultaba manifiesta.

42. Desde esta perspectiva, la Sala precisa que la determinación de la
persona que impartió la orden de captura no constituye, por sí sola, un aspecto
definitorio para establecer la legalidad de los actos sancionatorios aquí
demandados. Ello es así porque la falta imputada al señor Duarte Orjuela no
consistió en impartir una orden irregular, sino en privar ilegalmente de la libertad
a una persona, conducta que se materializó con la ejecución misma de la captura.
Así, aun si subsistiera discusión sobre cuál de los dos subtenientes dio la
instrucción, tal circunstancia no desvirtúa que fue el demandante quien realizó la

9
En el «acta de derechos del capturado» suscrita el 9 de junio de 2014, el demandante dejó
consignado que capturó al señor Misael Ricardo Forero Arias por el delito de favorecimiento.
Además, indicó lo siguiente: «Siendo aproximadamente [espacio en blanco] donde el día de hoy,
09 de junio 2014, mientras me encontraba de servicio como patrulla de vigilancia, cuadrante 24 y
realizaba procedimiento de captura en flagrancia al señor Wilson Enrique Ramírez Leguizamón
[…], Héctor Darío Quiroga Peña […] por el delito de hurto en la cra 76 91 – 15barrio la granja se
nos acercó un sujeto que vestía camiseta blanca y jean azul quien indicó: curso usted ya sabe
cómo es esto, ellos no van a entregar nada ya».

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aprehensión y restringió efectivamente la libertad personal del señor Misael
Ricardo Forero Arias.

43. En consecuencia, la relevancia jurídica de ese debate es accesoria y se
contrae al análisis de los eximentes de responsabilidad invocados por el actor,
en particular los relacionados con el cumplimiento de un deber y la obediencia a
una orden superior. Sin embargo, aun en ese ámbito, lo determinante no es la
identidad nominal del superior, sino la legitimidad de la orden impartida, pues,
conforme al régimen disciplinario aplicable, el subalterno no está obligado a
ejecutar órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución, la ley o las normas
institucionales. Por ello, no resultaba acertado que el Tribunal hiciera depender
la solución del proceso de la incertidumbre sobre quién profirió la orden, cuando
el verdadero problema jurídico consistía en establecer si la captura ejecutada por
el demandante estaba jurídicamente habilitada y, en caso negativo, si podía
ampararse en la orden recibida para excluir su responsabilidad.

44. En esas condiciones, al tratarse de un hecho que ocurrió, que tuvo el
alcance que se indicó en los actos acusados y que estaba previsto en la norma
disciplinaria como falta gravísima, la Sala concluye que no se configuró la falsa
motivación alegada por el demandante ni la declarada por el Tribunal.

45. Tampoco comparte la Sala la tesis del Tribunal según la cual la falta de
identificación cierta de la persona que impartió la orden vulneró el derecho de
defensa del accionante, pues la decisión sancionatoria adoptada en los actos
enjuiciados tuvo como fundamento la verificación de la conducta atribuida al
demandante, frente a la cual contó con las oportunidades de contradicción y
defensa propias del procedimiento disciplinario.

46. En consecuencia, la falsa motivación por indebida valoración probatoria,
en lo relativo a la identificación de la persona que habría impartido la orden de
captura, no está llamada a prosperar.

Las causales de exoneración de responsabilidad

47. El Tribunal consideró que en este caso se configuraron las causales de
exoneración de responsabilidad previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 41
de la Ley 1015 de 2006, bajo el entendido de que el accionante habría obrado en
cumplimiento de un deber constitucional o legal y en acatamiento de una orden
impartida por un superior, esto es, el subteniente Johonnattan Alexánder Hueso
Figueroa. Además, señaló que el contexto de verificación del hurto de unos tubos
de cobre le permitía suponer que su conducta se ajustaba al ordenamiento
jurídico.

48. Por su parte, la entidad accionada sostuvo que el principio de obediencia
debida no es absoluto, de modo que el actor podía abstenerse de ejecutar la
orden de captura si esta resultaba contraria a la Constitución o a la ley, y que,

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Demandante: Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela

por su formación y experiencia, conocía que una captura solo procede en casos
de flagrancia o por orden de autoridad competente.

49. El artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 prevé, entre otras, como causales
de exoneración de responsabilidad disciplinaria, la realización de la conducta en
estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal y en cumplimiento de una
orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

50. En relación con la primera de ellas, el Tribunal estimó que el accionante
actuó en cumplimiento de un deber constitucional o legal, al considerar que la
captura se produjo en el marco de un operativo policial derivado del supuesto
hurto de unos tubos de cobre.

51. Si bien, conforme al artículo 218 de la Constitución Política, la Policía
Nacional tiene como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
públicas y asegurar la convivencia pacífica, lo cierto es que dicha función no
habilita, por sí misma, la restricción de la libertad personal por fuera de los
supuestos constitucionales y legales que la autorizan.

52. En ese sentido, la Sala no comparte la conclusión del Tribunal. En efecto,
como se expuso en el análisis precedente, la captura del señor Misael Ricardo
Forero Arias se produjo sin orden judicial, por fuera de una situación de flagrancia
a las que se refiere el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal10 y sin que
existiera una base objetiva que permitiera vincularlo con la conducta investigada.
En tales condiciones, la aprehensión no puede entenderse como una actuación
legítima del servicio, sino como una restricción de la libertad personal carente de
sustento jurídico.

53. En consecuencia, no resulta posible predicar la configuración de la causal
de exoneración por cumplimiento de un deber constitucional o legal cuando la
conducta desplegada desconoce de manera directa los presupuestos que
habilitan la privación de la libertad.

54. Desde esta perspectiva, la conducta endilgada al señor Duarte Orjuela fue
sustancialmente antijurídica, en tanto no solo contrarió el supuesto normativo que
describe la falta, sino que afectó de manera directa el derecho fundamental a la

10
«ARTÍCULO 301. FLAGRANCIA. Se entiende que hay flagrancia cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida
inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona
como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración.
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales
aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él.
4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al
público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente
después.
La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con
consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo.
5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la
comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de
la conducta punible».

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libertad personal y desconoció los límites que rigen el ejercicio de la función
policial, lo que excluye que se trate de una mera irregularidad.

55. En lo que respecta a la causal de exoneración por cumplimiento de una
orden legítima, el artículo 29 de la Ley 1015 de 2006 dispone que los subalternos
no están obligados a obedecer órdenes ilegítimas, esto es, aquellas que exceden
los límites de la competencia o conducen manifiestamente a la vulneración de la
Constitución, la ley o las normas institucionales.

56. De acuerdo con dicha disposición, la obediencia no es absoluta, pues el
subalterno debe abstenerse de ejecutar órdenes cuya ilegitimidad resulte
ostensible, es decir, evidente sin necesidad de un análisis complejo11.

57. En este punto, la Sala advierte una inconsistencia en la argumentación del
Tribunal, pues, mientras en el estudio de la falsa motivación señaló que no existía
certeza sobre quién impartió la orden de captura, en el análisis de esta causal
asumió que dicha orden provenía del subteniente Johonnattan Hueso Figueredo.

58. En todo caso, tal discusión carece de la trascendencia que le quiso otorgar
el a quo pues, bien fuera uno u otro, ambos eran superiores del demandante. Lo
determinante es establecer si la orden era legítima.

59. Ahora bien, en lo que concierne a las causales distintas de las previstas
en los numerales 2 y 3 del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006, la Sala advierte
que no existe sustento fáctico autónomo que permita entenderlas acreditadas.
En efecto, más allá de la afirmación según la cual el actor habría actuado
presionado por un superior, no obran elementos que demuestren una situación
externa, irresistible y determinante que hubiera anulado su capacidad de
autodeterminación o que hiciera objetivamente inexigible un comportamiento
diverso. Por el contrario, el material probatorio reseñado anteriormente muestra
que el demandante conocía las circunstancias en las que se desarrollaba el
procedimiento, sabía que no existía orden judicial y contaba con elementos
suficientes para advertir que no se configuraba una situación de flagrancia, de
modo que conservaba la posibilidad real de abstenerse de ejecutar la captura.

60. En ese contexto, la sola manifestación atribuida al superior, en el sentido
de que, si el patrullero no realizaba la captura, él mismo la llevaría a cabo, no
tiene la entidad suficiente para estructurar una causal autónoma de exclusión de
responsabilidad. Tal expresión, aun si se la tuviera por demostrada, no revela un
constreñimiento insuperable ni despoja al actor de su capacidad de comprensión
y decisión, menos aún cuando, como ya se explicó, la ilegitimidad de la orden era
manifiesta. Así, la argumentación del demandante no demuestra la configuración
de un eximente, sino que vuelve sobre los mismos hechos ya analizados para las

11
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2024, expediente 76001-23-33-000-2015-00975-01
(0721-2023); y sentencia del 23 de noviembre de 2023, expediente 25000-23-25-000-2008-
00988-01 (0287-2012);

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causales fundadas en el cumplimiento del deber y en la obediencia a la orden,
ambas ya descartadas.

Análisis acerca del reproche del demandante acerca del grado de
culpabilidad

61. En relación con la indebida calificación de la culpabilidad, el demandante
sostuvo, de manera subsidiaria, que su conducta no debió imputarse a título de
dolo sino, a lo sumo, de culpa grave o leve, por haber actuado convencido de que
el procedimiento era correcto al provenir de un superior.

62. La Sala no comparte ese planteamiento. En efecto, como lo sostuvo la
entidad demandada, el actor, por su formación y experiencia como miembro
activo de la Policía Nacional, conocía los presupuestos jurídicos que habilitan la
captura de una persona, esto es, la flagrancia o la orden emitida por autoridad
competente, cuya verificación constituye un deber funcional ineludible. En tales
condiciones, no resulta atendible afirmar que la sola procedencia de la orden
desde un superior generara, por sí misma, una convicción invencible sobre la
licitud del procedimiento.

63. Ese entendimiento coincide, además, con la justificación ofrecida por la
autoridad disciplinaria al estructurar el juicio de culpabilidad. En el fallo
sancionatorio de primera instancia se razonó que la conducta era dolosa porque
concurrían los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la
ilicitud y voluntad, inferidos no de manera abstracta, sino a partir de la formación
profesional del disciplinado y de las circunstancias concretas en que ejecutó la
captura.

64. A ello se suma que el régimen disciplinario de la Policía Nacional excluye
toda concepción de obediencia ciega frente a órdenes manifiestamente
contrarias al ordenamiento. En efecto, conforme a los artículos 25, 28 y 29 de la
Ley 1015 de 2006, la orden solo debe ser acatada cuando sea legítima y, en caso
contrario, el subalterno no está obligado a cumplirla. Bajo ese marco normativo,
y dado que —como ya se explicó— en este caso no existía flagrancia ni orden
judicial, el actor contaba con elementos suficientes para advertir la manifiesta
improcedencia de la captura.

65. En ese contexto, la conducta desplegada por el señor Duarte Orjuela no
puede entenderse como el resultado de un error o de una actuación meramente
descuidada, sino como la materialización consciente de una captura carente de
sustento jurídico. La misma circunstancia que permite afirmar la antijuridicidad
sustancial del comportamiento excluye, además, que su proceder pueda
reducirse a una irregularidad menor o a un error inocuo en el servicio.

66. Por ello, la Sala no encuentra fundamento para desvirtuar la calificación
de la conducta a título de dolo.

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67. En consecuencia, el cargo según el cual los actos demandados
desconocieron las causales de exoneración de responsabilidad previstas en el
artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 o calificaron erradamente la culpabilidad no
está llamado a prosperar, pues la actuación disciplinaria examinó el alcance de
la orden recibida, la posibilidad de apartarse de ella y el elemento subjetivo del
comportamiento y concluyó, con fundamento en la formación policial del actor y
en los presupuestos legales de procedencia de la captura, que la conducta fue
dolosa y no estaba amparada por eximente alguno.

68. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, decisión que releva
a la Sala de estudiar la solicitud subsidiaria de aplicación de topes
indemnizatorios.

La condena en costas de ambas instancias

69. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

70. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

71. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

72. En el caso concreto, comoquiera que se revocará la sentencia apelada y
se negarán las pretensiones, se condenará en costas de ambas instancias a la
parte demandante, en los términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del ibidem, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

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Demandante: Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de abril de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 4. En su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Jorge Édgar Augusto Duarte Orjuela, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional. Para el tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.186 del CPACA.

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