Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00975-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00975-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00975-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00975 01 (0721-2023)
Demandante: César Luis Ramírez Díaz
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Temas: Disciplinario
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil veintidós (2022), por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, César Luis Ramírez Díaz formuló demanda, en orden
a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) decisión
disciplinaria de 22 de marzo de 2012, emitida, en primera instancia, por la Oficina
de Control Disciplinario Interno Deval, por medio de la cual se declaró responsable
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001 23 33 000 2015 00975 01 (0721-2023)
Demandante: César Luis Ramírez Díaz
disciplinariamente a, entre otros, el señor César Luis Ramírez Díaz, en su condición
de patrullero y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar
cargos públicos por el término de 11 años; ii) decisión disciplinaria de 17 de octubre
de 2012, proferida por la Inspección Delegada Región de Policía 4.º, que confirmó
parcialmente la decisión inicial y modificó la sanción a destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años; y iii) Resolución 4835 de 14 de diciembre de
2012, proferida por el director general de la Policía Nacional, a través de la cual se
ejecutó la sanción disciplinaria.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraba
desempeñando al momento de su retiro; ii) condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde
que se ejecutó la decisión disciplinaria y hasta cuando sea reintegrado, así como
los perjuicios morales a los que fue sometido; iii) declarar que no existió solución de
continuidad; iv) ordenar la actualización de las sumas que resulten de la condena,
de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y v) condenar al pago de los
intereses moratorios, en atención a lo consagrado en el artículo 192 ibidem.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:
i) El 1.º de octubre de 2002, el señor César Luis Ramírez Díaz se vinculó a la Policía
Nacional, al nivel ejecutivo, como patrullero.
ii) El 4 de febrero de 20212, cuando se encontraba en servicio de disponibilidad en
el municipio del Darién, su superior jerárquico, el intendente Alonso Rodríguez
Duque le ordenó a él y sus compañeros vestirse de civil y dirigirse a un
establecimiento de comercio llamado «El Bohío» donde un civil les brindaría
información.
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Demandante: César Luis Ramírez Díaz
iii) Encontrándose en dicha diligencia, llegó el mayor Wilson Raúl Gutiérrez
Sarmiento, comandante del distrito de Buga, quien procedió a sacar del sitio a los
policiales y retenerlos ilegalmente.
iv) En atención a lo anterior, el 5 de febrero de 2012, la Oficina de Control
Disciplinario DEVAL dio apertura de indagación preliminar en averiguación de
responsables. El 8 del mismo mes y año el señor César Luis Ramírez Díaz fue
vinculado a la investigación y el 17 de febrero de 2012, fue citado a audiencia pública
y se le formularon pliego de cargos en su contra.
v) El 22 de marzo de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Deval, en primera
instancia, declaró responsable a, entre otros, el señor César Luis Ramírez Díaz, en
su condición de patrullero, por haber incurrido en la falta gravísima dispuesta en el
artículo 34 numeral 27 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo; sancionándolo con
destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término
de 11 años.
vi) Contra dicho acto administrativo el disciplinado interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto el 17 de octubre de 2012, por la Inspección Delegada Región
4.º, confirmando parcialmente la decisión inicial y modificando la sanción impuesta
a destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.
vii) El 14 de diciembre de 2012, por Resolución 04835, el director general de la
Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 15, 25, 28, 29, 48, 53 y 218 de la
Constitución Política; 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 129, 152, 153 y 187 de la Ley 734
de 2002; y, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17 y 19 de la Ley 1015 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
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Demandante: César Luis Ramírez Díaz
siguientes argumentos:
i) La Policía Nacional vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que el
procedimiento realizado con los policiales fue, abiertamente, arbitrario, al ser
retenidos y filmados sin la autorización de una autoridad judicial.
ii) Aunado a ello, la Oficina de Control Disciplinario Deval trasgredió dicho derecho,
por cuanto negó las pruebas solicitadas en su momento por el abogado del
investigado, las cuales eran pertinentes y conducentes para demostrar su inocencia.
iii) No se tuvo en cuenta que dentro de la investigación disciplinaria el intendente
Rodríguez Duque Alonso asumió su responsabilidad, en relación con ordenarle a
sus subalternos, entre ellos, el patrullero Ramírez Díaz que se dirigieran a un
establecimiento de comercio y, aun así, dicho miembro fue sancionado
disciplinariamente.
iv) Al haberse tratado de una orden emitida por su superior jerárquico, no se
configuró la falta, así como el elemento de la culpabilidad endilgado, esto es, el dolo.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de las demandas, por las razones que
se expresan a continuación:1
i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.
1 Folios 384 a 396.
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Demandante: César Luis Ramírez Díaz
ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al disciplinado se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa.
iii) Las pruebas obrantes dentro del expediente disciplinario se analizaron
conjuntamente, las cuales desvirtuaron la presunción de inocencia y dieron cuenta
de que el demandante se ausentó del lugar de facción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 2 de
septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:
i) Pese a que el demandante sostuvo que se dirigió a la discoteca con otros
compañeros por una orden dada por su superior, relacionada con recibir información
de un informante, se encontró acreditado, en las minutas de servicio, que no se dejó
expuesto lo antes descrito. Aunado al hecho de que con base en las declaraciones
obrantes dentro del expediente se probó que el actor y otros policiales fueron vistos
en una discoteca ingiriendo bebidas alcohólicas y que cuando se les pidió la práctica
de la prueba de alcoholemia estos se rehusaron.
ii) Así́ las cosas, de las pruebas descritas se observó que la versión de la parte
demandante es contraria a la rendida por los uniformados que llegaron al lugar de
los hechos a constatar las circunstancias que se desarrollaban en la discoteca Mi
Bohío. Las declaraciones de la parte disciplinada carecen de fuerza, en tanto que
nunca se conoció la información del supuesto informante y tampoco su naturaleza
y por qué, además, pese a estar en servicio, el patrullero decidió estar en dicho
establecimiento durante casi 2 horas.
iii) Ahora, no se pierde de vista que el señor César Luis Ramírez manifestó́ que se
encontraba en dicho lugar por orden de su superior inmediato, el Intendente Alonso
Duque, quien en efecto en su declaración afirmó que dio dicha orden, sin embargo,
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al no estar acreditada la veracidad de la información relacionada con el
desplazamiento al lugar y su razón de ser, no puede hablarse del cumplimiento de
una orden.
iv) Así las cosas, no es dable afirmar que el disciplinado cumplió, estrictamente, una
orden relacionada en el servicio cuando, se insiste, ni siquiera en las minutas de la
estación se dejó la anotación del procedimiento policial que supuestamente iban a
realizar.
1.4. El recurso de apelación
César Luis Ramírez Díaz, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación y lo sustentó así:
i) El día 4 de febrero del año 2012 cuando el señor César Luis Ramírez Díaz, se
encontraba en la subestación de Policía «el Muro» jurisdicción del Municipio el
Darién, y su condición en el servicio era de disponibilidad, bajo las órdenes y
disposiciones de quien era su comandante directo, el señor Intendente, Rodríguez
Duque Alonso, se vistió con ropa de civil y junto con otros dos patrulleros fueron a
entrevistarse con una persona quien les iba a dar una información la cual estaba
relacionada con el servicio que ellos prestaban en esa unidad.
ii) Por lo anterior, resulta claro que el señor Ramírez Díaz se dirigió a dicho lugar en
cumplimiento de una orden dada por su superior, siendo este el motivo para que se
desvirtúe la falta disciplinaria endilgada.
iii) No es dable tener en cuenta la declaración del mayor Gutiérrez Sarmiento, en
tanto que no tuvo un conocimiento directo de los hechos y, por lo tanto, su versión
resulta sesgada, aunado al hecho que con ella se acredita su animadversión en
contra de los disciplinados.
iv) El tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que el procedimiento efectuado
cuando los miembros de la Policía Nacional estaban en el establecimiento de
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comercio fue, se insiste, arbitrario, por cuanto fueron retenidos ilegalmente y
tratados como unos delincuentes.
v) Con las pruebas obrantes dentro del expediente, es dable concluir que la falta por
la cual fue sancionado el patrullero César Luis Ramírez Díaz no se configuró por
cuanto su ausencia del lugar de facción, se reitera, obedeció al cumplimiento de una
orden, demostrándose que lo que existió fue una persecución en contra de los
patrulleros.
vi) Finalmente, se desconoció que la Justicia Penal Militar se abstuvo de iniciar
investigación penal en contra del actor y los otros miembros de la Policía Nacional
involucrados en los hechos, por considerar que los subalternos se encontraban bajo
una orden relacionada con el servicio.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, último que fue
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no
hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de
alegatos de conclusión.
1.6. Concepto del ministerio público.
Guardó silencio.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
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Demandante: César Luis Ramírez Díaz
Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido
proceso, por cuanto el material probatorio obrante dentro del expediente no fue
suficiente para acreditar la falta disciplinaria endilgada, no se analizó que el
disciplinado actuó bajo el cumplimiento de una orden dada por su superior y que el
procedimiento realizado en el lugar de los hechos, donde el actor fue retenido, fue
ilegal.
2.2. Marco normativo
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».
En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
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controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».
Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios
de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta
Institución es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz», y respecto a sus miembros, señala dicha disposición
que la «Ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».
En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006,
por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía
Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal
uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio
militar en la Institución Policial.
El artículo 3 ibidem dispone que el personal destinatario de esta ley, será
investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como faltas
disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.
Ahora, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que «El
personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes
preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con
atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las garantías
contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley.
La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen».
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Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los
artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:
Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo
ejecutoriado.
Por su parte, la Ley 734 de 2002 en relación con el principio de presunción de
inocencia, consagra en su artículo 9 que «a quien se atribuya una falta disciplinaria
se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo
ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado cuando no haya modo de eliminarla».
El artículo 20 ibidem en cuanto a la interpretación de la Ley disciplinaria, señala que
«En la interpretación y aplicación de la Ley disciplinaria el funcionario competente
debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».
Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.
Frente a la oponibilidad de los medios probatorios, el artículo 138 de dicha normativa,
dispone que los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas a partir del
momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.
2.3. Hechos probados
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Demandante: César Luis Ramírez Díaz
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante
De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el 1.º de octubre de 2002, el señor César
Luis Ramírez Díaz, se vinculó laboralmente al nivel ejecutivo en el cargo de
patrullero.2
2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria
El 5 de febrero de 2012, el comandante, mayor Wilson Gutiérrez Sarmiento presentó
un informe de novedad ante el comandante del departamento de Policía del Valle
del Cauca, bajo los siguientes argumentos:3
Respetuosamente me permito informar a mi coronel, la novedad presentada el 4 de
febrero de 2012 siendo las 23 horas, aproximadamente fui informado vía Avantel por
parte del señor intendente Hidalgo Fajardo Edwin, comandante encargado de la
estación de policía Darién que al parecer se encontraba en un establecimiento público
de ese municipio y consumiendo bebidas embriagantes el señor intendente
Rodríguez Duque Alonso, con los señores patrulleros Velasco Lizarazo Arleys y
Giovanny, Bonilla Rincón John William y Ramírez Díaz César Luis, quienes laboran
en la subestación de policía el muro unidad catalogada como de alto riesgo en el
departamento de policía valle de inmediato le ordene poner una vigilancia y
mantenerme informado de los movimientos de este personal, acto seguido procedí a
informarle la novedad al señor teniente coronel Pazmiño Rodríguez Hernando
Enrique, comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento.
Del cual recibí la orden de informarle al señor comandante del departamento mi
coronel Nelson Ramírez Suárez y a su vez le solicité permiso para dirigirme hasta el
municipio de calima Darién a verificar la novedad informada, procedí a conformar un
grupo compuesto por un mando medio y nueve patrulleros todos con armamento
Largo en dos vehículos tipo camioneta para trasladarme hasta el municipio de calima
Darién al llegar al citado municipio me entrevisté con el señor intendente Hidalgo
Fajardo Edwin, informándome este el lugar donde presumiblemente se encontraban
los policías arriba relacionados, fue así como se ingresó a realizar un registro al
establecimiento público de razón social mi bohío y fueron hallados en traje de civil,
así intendente Rodríguez Duque Alonso, en una mesa sólo con unas botellas de licor
y bebidas, a los patrulleros Velasco Lizarazo Arley, Bonilla Rincón John William en la
parte posterior de los baños de pie y al patrullero Ramírez Díaz César LUIS, cerca a
las escaleras de salida del negocio. Acto seguido fueron conducidos a las
22 Folios 224 y 225.
3 Folios 17 a 19.
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instalaciones de policía de calima Darién, se le preguntó a cada uno por que se
encontraban en este establecimiento público sin ninguno de ellos se encontraba con
franquicia o permiso a lo cual respondieron que se encontraban allí por su voluntad
se les solicitó verbalmente que si permitían realizarse una prueba de embriaguez y
manifestaron que no pero que si les daba la orden por escrito que sí, de inmediato
procedí a realizar las respectivas órdenes por escrito debido a su petición al recibir la
orden volvieron a negarse a la orden verbal y escrita de permitir realizar la prueba de
embriaguez, de lo cual consta en la orden y su negación, también se les indagó sobre
en qué medio de transporte se movilizaron y hasta este municipio respondiendo que
en un vehículo taxi de servicio público; también se les preguntó que se habían traído
material de guerra asignado a cada uno Y respondieron que no, se procede a dársele
la orden de pernoctar en las instalaciones de policía de la estación calima Darién a
órdenes del señor intendente Hidalgo Fajardo Edwin, comandante encargado de la
unidad y que al día siguiente traslada los citados policías a la unidad de origen
subestación de policía el Muro recalcándoles que no se encontraban capturados sino
que por prevención se dejaban en esta unidad hasta el día siguiente y luego se
trasladarían (…).
Con dicho informe, se allegaron los siguientes documentos:
• Copia de minuta de guardia de la Subestación el Muro, en la que consta la
siguiente anotación:4
Fecha Hora Asunto Anotaciones
4/02/12 22:40 Anotación A esta hora y fecha
se deja constancia
de la llamada
telefónica del
intendente López
Contreras Ricardo
Alejandro
comandante de
Estación Darién,
quien se encuentra
con el respectivo
turno de franquicia y
en el interior de la
discoteca “el Bohío”
observa el
intendente
Rodríguez Duque
Alonso comandante
subestación el Muro
en compañía de
otros policiales, de
igual manera mi
teniente ordenó
informar de esta
novedad a mi mayor
comandante de
distrito de Buga (…)
4 Folios 20 y 21.
12
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• Orden de prueba de alcoholemia efectuada a, entre otros, el patrullero César
Luis Ramírez Díaz, dentro de la cual se señaló:5
Se le da la orden para que permita realizar una prueba de alcoholemia con el ánimo
de ser anexada al informe policivo en los hechos que se van a investigar, al
encontrarlo en el establecimiento público de razón social “mi bohío” ya que usted no
se encuentra de descanso o franquicia y debería estar en las instalaciones de la
subestación de policía el Muro, encontrándose evadido de su servicio.
A su vez se le ordena que debe permanecer en las instalaciones de la estación de
policía calima el Darién, a órdenes del señor intendente Hidalgo Fajardo Edwin, hasta
que sean llevados a su unidad de origen o a su unidad de responsabilidad
(Subestación de policía el muro), se le recuerda a través de este escrito que usted no
se encuentra en calidad de capturado, usted se encuentra a órdenes de un inmediato
superior.
Acepta realizarse la prueba si ____ no__x___ gasto negativo explique los motivos:
requiero de mi abogado, derecho a mi defensa, ya que me siento en calidad de
capturado y no se me ha notificado el delito por lo cual es una violación a la libertad
al tenerme la estación de policía el Darién sin poder salir.
• Oficio 002 VDBUG-COEST 29 de 5 de febrero de 2012, suscrito por el
responsable de Comunicaciones Estratégicas Primer Distrito, patrullero
Yecid Alexander Ortega Villarreal, a través del cual le señaló al comandante
Primer Distrito Policía Buga, que «de manera respetuosa me dirijo mi mayor
con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida verbalmente consistente
en la realización de un video de procedimiento realizado con el personal de
la subestación de policía el Muro que se encontraba departiendo en el
establecimiento público de razón social el bohío ubicado en el municipio de
Calima Darién, de igual forma la llegada verificación de novedades en la
subestación el Muro. No obstante se deja a disposición rotulado y
debidamente embalado en los formatos… Con sus respectivas
especificaciones y contenido».6
5 Folio 25.
6 Folio 26.
13
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Demandante: César Luis Ramírez Díaz
El 5 de febrero de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno Deval dio apertura
de indagación preliminar en averiguación de responsable y decretó la práctica de
pruebas.7
En la misma fecha, el intendente González Oviedo Janer Alberto presentó su
declaración, dentro de la cual afirmó:8
Preguntado. Manifieste al despacho que actividad se encontraba usted realizando el
día 4 de febrero de 2012 en horas de la noche. Contestó. Íbamos a apoyar cierre de
establecimientos en Buga con el grupo de reacción 0 01 06 unidades entonces mi
mayor me reporto a las 10 de la noche y me dijo que a las 23 que estuviéramos ya
listos para trabajar le reportara Y a las 23 me dijo que lo esperara y así fue lo esperé
en la plaza de armas. Preguntado. Manifieste al despacho si usted se desplazó con
el señor mayor al municipio de Darién Valle del cauca. Contestó. Si fuimos al
municipio de Darién. Preguntado. Manifieste a este despacho cuáles fueron los
motivos del desplazamiento del municipio de Darién con el señor mayor Gutiérrez.
Contestó. No sabía sólo me dijo que debíamos acompañar lo que íbamos a un
operativo. Preguntado. Realiza el despacho una narración de lo que se realizó en
Darién con el señor mayor Gutiérrez y si usted fue testigo de una novedad suscitada
con el comandante de la subestación el muro. Contesto. Formamos a la hora
ordenada le di parte nos dijo que tuviéramos mucho cuidado en el desplazamiento
nos hizo llevar los visores nocturnos nos dijo que íbamos antes de llegar a Darién a
un operativo arrancamos mi mayor iba adelante y nosotros los de la reacción y vamos
atrás, llegamos a Darién y nos bajamos de los carros y formamos frente a la estación
y nos dijo muchachos aquí venimos a mirar a unos policías que están haciendo algo
ilegal constatar esa información mi mayor me ordenó que me quedara en la entrada
del sitio para dónde íbamos, no nos había dicho todavía para dónde íbamos presumí
que era cerca porque nos fuimos a pie y el comandante encargado del Darién
intendente Hidalgo fue el que nos mostró el sitio donde funcionaba una discoteca no
recuerdo el nombre, llegando a la discoteca ingresaron unas unidades que hicieron
prender la luz y apagar la música y mi mayor ingresó eso funcionaba en un segundo
piso, yo me encontraba en la puerta con el patrullero Montaño no dejamos ingresar a
nadie ni salir hasta que salió mi mayor con cuatro personas yo vi al parecer al
comandante del muro por lo que ellos bajaron rapidito y mi mayor se los llevó junto a
los otros policías que habían entrado para la estación ya en la estación yo me
encargue de la seguridad con el personal (…).
El 5 de febrero de 2012, el patrullero Gutiérrez Aranzú Robinson Alexander rindió
su declaración, dentro de la cual indicó:9
(…) para ese día aproximadamente a las 23 horas formamos en el comando de distrito
Buga con el señor mayor comando de distrito el cual nos informó de un
7 Folios 13 a 15.
8 Folios 31 a 33.
9 Folios 36 a 38.
14
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desplazamiento hacia el sector del municipio de Darién, al llegar allá mi mayor nos
formó y nos comunicó que íbamos a verificar una información sobre unos policías que
estaban armados y que estaban en cosas raras, designó funciones y nos trasladamos
al establecimiento de razón social el bohío, estando allí, mi mayor, el escolta el
subcomandante estación del Darién y el grupo de reacción entramos al lugar; allá se
encontraba de civil mi teniente López, a mí me tocó cubrir la seguridad de la salida
del segundo piso hacia la salida principal, dentro se encontraban verificando la
información el patrullero puentes escolta de mi mayor Gutiérrez, el subcomandante
de la estación del Darién el patrullero polo de la estación del Darién Y de la reacción
el patrullero Berríos, Diaz, Delgado, patrullero Ortega quien era el que estaba
grabando y el patrullero Arango y el patrullero Montaño y el sargento González
comandante del grupo de la redacción, al estar allí estaba el señor teniente López
comandante de la estación del Darién en ese momento se me acercó un sujeto y
como la orden de mi mayor era no dejar salir a ninguna persona (…) al cabo de una
hora y 30 minutos aproximadamente mi mayor nos ordena que nos traslademos a la
subestación de policía el muro (…) preguntado. Manifieste al despacho bajo la
gravedad de juramento, cuál es el tiempo de recorrido y distancia que hay desde la
subestación de policía el muro hasta el municipio del Darién. Contestó. En tiempo
aproximadamente 20 minutos en carro y distancia aproximadamente entre 15y 20 km.
El 5 de febrero de 2012, el mayor Wilson Raúl Gutiérrez Sarmiento presentó su
declaración, dentro de la cual adujo:10
(…) como a las 23 horas del día 4 de febrero de 2012 fue informado por el Avantel
institucional por parte del intendente Hidalgo Fajardo Edwin quien es el comandante
encargado de la estación de Ariel quien informó que el intendente Rodríguez Duque
Alfonso comandante de la subestación el muro se encontraba en presencia de tres
patrulleros más de dicha unidad en un establecimiento público en traje de civil y
consumiendo bebidas embriagantes es así como inmediato le informo a mi coronel
Rodríguez de estos hechos y solicito su conducto para Informarle a mi coronel
Ramírez comandante del departamento de policía valle y a su vez solicito permiso
para dirigirme a constatar estos hechos al municipio de calima Darién, mi comandante
autoriza el desplazamiento acto seguido conforme un grupo con un mando medio y
seis patrulleros del grupo de reacción del distrito, el conductor escolta del distrito y el
señor patrullero Ortega quien hace las veces de jefe de prensa de la unidad para que
lleve cámara y video para documentar el procedimiento (…) al llegar al citado
municipio en las instalaciones de la estación de policía de Ariel me entrevisto con el
señor intendente Hidalgo el cual me informa el sitio donde se encuentran los policías
de la subestación de policía el muro es así como me acompaña en el desplazamiento
ingresando a un establecimiento público el cual queda situado en el parque principal
de este municipio y de razón social mi bohío ingresamos a efectuar un registro en
este establecimiento público para verificar la información encontrando así al señor
intendente Duque Alfonso al patrullero Velasco Lizarazo Arley Giovanni, patrullero
Bonilla Rincón John William y patrullero Muñoz Ramírez Díaz Luis los cuales traslado
de inmediato a la estación de policía del Darién para pedirles explicaciones del por
qué se encontraban en este establecimiento público y no en la subestación de policía
el muro de la cual pertenecen y prestan su servicio, a lo cual respondieron que a su
voluntad se vinieron y no tenían más que decir, les solicito permitir realizar la prueba
de alcoholemia a cada uno de ellos a lo que me responden que si se las doy por
10 Folios 49 a 53.
15
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escrito si, verbal no, es así como elaboró una orden escrita para cada uno de ellos
para que me permitan realizar dicha prueba de igual manera se vuelven a negar
dichas órdenes fueron aportadas en documento original al informe que remití al
comando del departamento (…) Al llegar a la subestación me da parte el señor
patrullero Muñoz Hernández Luis Alonso quien era el comandante de guardia el cual
me informa que el comandante y tres patrulleros mas no se encontraban en las
instalaciones que salieron en traje de civil sin armamento y a pie lo cual consta en
una anotación en el libro de guardia a folio 28 renglón 19 a las 22:30 horas (…)
preguntado. Manifieste al despacho que actividad o servicio le correspondía para el
día de estos hechos al intendente Rodríguez. Contestó. El intendente Rodríguez
debía estar al frente de su unidad realizando su función de comandante ya que el
franco para ese fin de semana era el señor subintendente Buriticá arias John Fredy.
Preguntado. Los señores patrulleros Velasco Lizarazo Arley Giovanni, Bonilla Rincón
John William y Ramírez Díaz Luis qué actividad, servicio o situación administrativa se
encontraban para el día de los hechos. Contestó. Se encontraban los mencionados
patrulleros debían estar prestando los servicios del día ya que en esta unidad es
catalogada de alto riesgo y la orden del comando es que sólo una unidad puede
descansar el día y el resto quedará disponible para cualquier situación que se
presente. Preguntado. Manifieste al despacho si el intendente Rodríguez comandante
de la subestación de policía el muro solicito permiso para desplazarse al municipio de
Darién y por qué me dio lo hizo. Contestó. No solicitó ningún permiso. Preguntado.
Manifieste al despacho quién es el autorizado para dar permisos de esta clase de
desplazamientos en el distrito de policía del 1 distrito. Contestó. El suscrito, previa
autorización o consulta con el comando de seguridad ciudadana mi comandante
Pazminio. Preguntado. Manifieste al despacho si los patrulleros Velasco Lizarazo
Arley Giovanni, Bonilla Rincón John William y Ramírez Díaz Luis solicitaron permiso
para desplazarse al municipio del Darién. Contestó. No solicitaron permiso.
Preguntado. Cómo era el estado físico anímico del intendente Rodríguez, patrulleros
Velasco Lizarazo Arley Giovanni, Bonilla Rincón John William y Ramírez Díaz Luis.
Contestó. Habían consumido bebidas embriagantes porque se le sentía el aliento
alcohólico y sus movimientos no acordes a su actuación. Preguntado. Manifiesta el
despacho que le manifestaron esto es a usted sobre su desplazamiento de actividad
en el municipio del Darién. Contestó. Que no tenían nada que decir y que sólo
hablarían sólo en presencia de su abogado. Preguntado. Como fue el trato brindado
a este personal y si en algún momento fueron expulsados. Contestó. El trato digno,
se les aclaró que no estaban capturados.
El 7 de febrero de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno Deval vinculó a
la indagación preliminar a, entre otros, el señor César Luis Ramírez Díaz, en su
condición de patrullero.11
El 8 de febrero de 2012, el comandante, mayor Wilson Raúl Gutiérrez Sarmiento
allegó los siguientes documentos:
11 Folios 62 a 64.
16
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• Acta 003 Deval-Esmur-2.29 de 7 de enero de 2012, mediante la cual se
pretende socializar el polígama 019 de medidas de seguridad, dentro de la
cual se señaló:12
Los últimos hechos ocurridos en algunos departamentos donde la intencionalidad
de la banda criminal de los Urabeños, donde pretenden realizar atentados contra
unidades policiales, quienes manifiestan con panfletos y comunicaciones con el
propósito de retaliación es por la baja en combate del sujeto Juan de Dios Úsuga
alias Giovanny.
Por ende todos los policiales que más adelante se relacionan deben incrementar las
medidas de seguridad, tanto personal como de las instalaciones policiales.
Evitar la rutina en los desplazamientos.
Mantener en todo momento el armamento a la mano
• Informe de novedad de 6 de enero de 2012, suscrito por el despacho Canal
Rural de Buga, patrullero Jovanny Vásquez Orrego, dentro del cual se
sostuvo:13
Respetuosamente me permito informar a mi mayor señor comandante distrito de
Buga, la novedad ocurrida el día sábado 5 de enero de 2012, cuando me encontraba
de radio operador de la Red rural, a eso de las 00:28 horas, el señor comandante
distrito realizó programa con cada uno de los comandantes o encargados,
reiterándoles las órdenes del comando del departamento en el control de los
establecimientos públicos y a regresar el cierre, se le recalcó tener el armamento a
la mano, en plan defensa instalaciones, plan de contingencia, requerimos el
compromiso de los policiales, atentos a los programas realizados por los
comandantes de departamento que nos debe servir como referencia. El señor
comandante debe ser responsable del abandono del servicio, tomar medidas de
seguridad los comandantes encargados deben estar en el control ciudadano
realizando planes para rendir en el incremento de la operatividad, se reportaron los
comandantes de estación y subestación quedando enterados de las consignas(…).
• Acta 018 Deval-Esmur-2.29 de 27 de enero de 2012, a través de la cual se
dictan medidas de seguridad a la subestación de Policía el Muro para
contrarrestar ataques terroristas, la cual fue puesta en conocimiento del
patrullero Ramírez Díaz quien estaba a cargo de la vigilancia.14
12 Folio 83.
13 Folios 96.
14 Folios 81 y 82.
17
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• Comprobante de dotación individual de material de guerra al señor César
Luis Ramírez Díaz.15
• Copia del libro de guardia de la Subestación el Muro, en donde consta la
siguiente anotación:16
Fecha Hora Asunto Anotación
4-02-2012 22:30 Anotación El señor intendente
Rodríguez Duque
Alonso con los
señores patrulleros
Velasco Lizarazo
Arley, Bonilla Rincón
William y Ramírez
Díaz César salieron
hacia la parte del
municipio de
Restrepo se
desconocen motivos,
razón o circunstancia
por los cuales dejan
las instalaciones
• Minuta de servicio de la Subestación de Policía el Muro, dentro de la cual
consta que el 4 de febrero de 2012, el patrullero César Luis Ramírez Díaz
tenía como lugar de facción «disponible» y le fueron informadas las
consignas que se citan a continuación:17
Extremar medidas de seguridad personal y con las instalaciones policiales.
Extremar medidas de seguridad personal con las armas de fuego.
Portar todos los elementos y munición de reserva para el servicio.
Tener en cuenta todos los informes de inteligencia.
Tener presente el plan de defensa de la unidad y practicarlo periódicamente.
Cualquier novedad informar oportunamente.
El 10 de febrero de 2012, el intendente Hidalgo Fajardo Edwin rindió su declaración,
dentro de la cual afirmó:18
… Que para el día 4 de febrero de 2012, laboraba en la estación de policía calima
Darién y me desempeñaba como su comandante de la estación de policía… Que
siendo las 22 horas con un personal de la estación salí a realizar un registro de un
establecimiento de la localidad, realizando esta actividad me ingresó a mi celular una
15 Folio 123.
16 Folios 136 a 142.
17 Folios 152 a 154.
18 Folios 157 a 159.
18
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llamada telefónica de parte del señor teniente Ricardo Alejandro López Contreras,
quien manifestó que confirmara con la base de la sala de radio de Buga, quien se
encontraba laborando para ese fin de semana como comandante de la subestación
el muro… Procedí a devolver la llamada al señor Teniente López y le informe sobre
lo que se había dicho de parte de la central de radio de Buga, este su vez me
manifestó que el señor intendente Rodríguez y tres policías más se encontraban en
el pueblo y que observó que estos ingresaban en traje de civil a una discoteca de
nombre mi bohío que como yo me encontraba de comandante encargado, que
informara de esta novedad a mi mayor Gutiérrez comandante distrito de policía
Buga… Nos trasladamos al establecimiento público mi bohío dejando 2 unidades en
la puerta de ingreso para qué nadie abandonar el sitio mientras hacía el registro… Ya
ubicado los policiales, mi mayor ordenó su traslado a la estación el Darién… Me
solicitó que le hiciera unos oficios individuales para solicitar la prueba de embriaguez
a cada uno de los policiales… Ellos manifestaron todos los cuatro que no realizarían
y dejaron por escrito tus motivos… El estado físico y anímico de los policiales
sorprendidos en el establecimiento público se notaban en notorio estado de
alicoramiento, tenían tufo y la incoordinación era hablar y caminar era notoria, de ahí
que mi mayor les ordenara a cada uno de los policiales la prueba de embriaguez…
Los nombres de los funcionarios que hacían parte de la posible irregularidad son el
intendente Rodríguez, patrulleros Velasco, Bonilla y Ramírez.
En la misma fecha, el teniente López Contreras Ricardo Alejandro presentó su
declaración, dentro de la cual indicó:19
Preguntado. Indíquele al despacho en qué unidad laboraba y qué actividades
desempeñaba para el día 4 de febrero de 2012. Contestó. Comandante de estación
de policía calima Darién… Para el 4 de febrero de 2012 me encontraba con mi turno
de descanso en el parque principal departiendo con mi familia a eso de las 21 30
horas momento después observé al señor intendente Rodríguez Duque en compañía
de tres policiales más en traje de civil, la cual procedí a informar al señor intendente
Hidalgo Fajardo Edwin comandante de la estación de policía calima encargado, para
que verificara quienes se encontraban de descanso en la subestación el muro…
Procedimiento que hice vía celular, la cual me dio respuesta de qué se encontraba
laborando el patrullero Rodríguez Duque, por sugerencia le dije que informar al
comando del distrito la novedad que se estaba presentando al igual que yo informaría
a mi mayor comandante distrito esa novedad, viendo la situación de orden público
que se estaba a nivel nacional yo vi eso como peligroso, que el comandante y 3
unidades encontrarán por fuera de su base… Luego recibí una llamada mi mayor
comandante del distrito en donde me dijo que supervisara la actividad que realizaban
los policías en este lugar, que él llegaría a apersonarse del caso, estuve pendiente
dentro de la discoteca de nombre el bohío para constatar la actividad que los policías
realizaban en este lugar. Preguntado. Indíquele al despacho qué espacio de tiempo
permaneció este personal en dicho establecimiento. Contestó. Aproximadamente
entre una hora y media y dos horas. Preguntado. Indique al despacho que actividad
observó que se encontraban realizando el personal adscrito a la subestación el muro,
dentro del establecimiento público denominado discoteca mi bohío. Contestó. Se
encontraban bailando en ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar. Preguntado.
Indíquele al despacho el nombre de los funcionarios que sean parte de la posible
irregularidad. Contestó. Intendente Rodríguez, patrulleros Velasco, Bonilla y Ramírez.
19 Folios 160 a 162.
19
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El 10 de febrero de 2012, el patrullero Muñoz Hernández Luis Alonso rindió su
declaración, dentro de la cual adujo:20
Preguntado. Indique al despacho que actividad del servicio le correspondió prestar a
usted el día 4 de febrero de 2012 a las 23 horas aproximadamente y si se le presentó
alguna novedad especial, en caso afirmativo háganos un relato claro, preciso y que
ceñido a la realidad de los hechos. Contestó. Para ese día yo me encontraba de
servicio en la subestación de policía del muro, a esa hora me encontraba prestando
cuarto primer turno de seguridad de instalaciones y auxiliar de información ya esa
hora no se presentó ninguna novedad especial. Preguntado. Indique al despacho si
para el 4 de febrero de 2012 durante el primer turno, se presentó alguna novedad con
personal policial adscrito a esta subestación de policía, en caso afirmativo, háganos
un relato claro, y preciso. Contestó. Sí, para esa noche si se presentó una novedad
de las 22:30 horas cuándo el señor intendente Rodríguez Duque Alonso, patrulleros
Ramírez Díaz César, Bonilla Rincón William y Velasco Lizarazo Arleys, salieron de
civil de la estación de policía el muro, a pie por las escaleras, el señor intendente
Rodríguez me manifestó que iba para el municipio de Restrepo a verificar una
información, procediendo a realizar la anotación de su salida en el libro de minuta de
guardia de la subestación, transcurrió el turno normal, cuando mi mayor Gutiérrez
informó por radio que el señor intendente Rodríguez se encontraba en el Darién con
otros tres patrulleros… Preguntado. Indique al despacho si aparte del señor
intendente Rodríguez alguno de los patrulleros que salieron con él, le manifestaron
algo respecto a esa salida de las instalaciones para la noche del 4 de febrero de 2012.
Contestó. No, ninguno me dijo nada (…) en este estado de la diligencia se le cede la
palabra a los señores intendente Rodríguez Duque Alonso, y patrulleros…
Preguntado por el señor intendente Rodríguez. Qué fue lo que le dijo el señor mayor
Gutiérrez cuando vio la anotación que usted había realizado en la minuta de guardia.
Contestó. Que si le había hecho la anotación en el momento en que ellos habían
salido de las instalaciones del muro o cuando yo me había enterado de qué ellos se
encontraban en el Darién a lo que yo le contesté que le había hecho justo cuando
ellos habían salido del muro.
En la misma fecha, el patrullero Ismael Danilo Gómez Velásquez presentó su
declaración, dentro de la cual señaló:21
Preguntado. Indíquele al despacho qué órdenes o consignas existen de parte del
comando departamento, distrito y subestación en relación a los desplazamientos a
otros municipios o unidades cercanas. Contexto. Todo debe ser autorizado por el
comando distrito departamento y se debe informar de manera oportuna a la base del
distrito de Policía Buga o al jefe inmediato. Preguntado. Indíquele al despacho si usted
conocía de la misión o labor que cumplirían los o implicados dentro de la presente
indagación preliminar en el municipio de calima Darién. Contestó. No, lo único que
sabía era que iban a verificar una información. Preguntado. Indique al despacho que
prendas acompañaban en el momento que salía en el vehículo. Contestó. Prendas
20 Folios 163 a 167.
21 Folios 168 a 179.
20
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de civil. Preguntado. Indíquele al despacho que actividad o labor cumplían los señores
patrulleros Velasco Lizarazo Arley, Bonilla Rincón y Ramírez día César. Contestó.
Hasta a la hora en que salí a prestar mi turno de servicio a las 21:30 horas, este
personal se encontraba disponible en las instalaciones de la subestación, ellos todo
el día y la noche deberían permanecer disponibles.
El 17 de febrero de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno Deval decidió
tramitar la investigación por el procedimiento verbal, citar a audiencia pública a,
entre otros, el señor César Luis Ramírez Díaz, en su condición de patrullero y
formular pliego de cargos en su contra, así:22
(…)
Cargo único.
Norma presuntamente infringida
Con la conducta objeto de esta actuación disciplinaria, el señor patrullero Ramírez
días César LUIS presuntamente infringió la ley 1015 2006, por medio de la cual se
expide el régimen disciplinario para la policía nacional… Artículo 34. Faltas
gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes. Numeral 27. Ausentarse del lugar
de facción o sitio donde preste sus servicios sin permiso o causa justificada.
(…)
Cómo se advierte entonces para el caso que nos ocupa, se tiene como el investigado,
al parecer, se ausentó del lugar donde prestaba su servicio, cuando su deber era e
prestar disponibilidad al interior de la subestación de policía el muro, siendo esto
contrario al deber legal que le impone la Constitución y la ley, en el Marco de sus
funciones, esto es, cuando fue sorprendido en la jurisdicción del municipio del Darién,
al parecer, sin causa justificada que así lo soporte, realizando actividades totalmente
contrarias a un servicio policial, como fue el caso de estar al interior de una discoteca
presuntamente de partiendo junto con los demás disciplinados aquí vinculados,
además siendo este lugar totalmente ajeno a su jurisdicción lo que conlleva que el
disciplinado se le endilgue el cargo anteriormente señalado, de lo cual probablemente
permitiera quebrantar el ordenamiento sustancial aquí reprochado.
(…)
El Despacho califica la conducta provisionalmente como cometido a título de dolo,
para el caso que nos ocupa, encontramos dentro del comportamiento del disciplinado,
al parecer, tenía pleno conocimiento y voluntad del hecho irregular, presuntamente al
desplazarse de su lugar de servicio (subestación el Muro) Y quien para ese entonces
se encontraba disponible ante cualquier situación del servicio, ya sea por orden
público o actividad policial, dispuso a su libre albedrío, dirigirse hasta el municipio del
Darién, al parecer, sin causa alguna que justifique su comportamiento, lo cual indica,
más adelante quede su conducta, presuntamente emergieron hechos preparativos en
la actuación irregular, pues al estar al interior del establecimiento público
aparentemente sin razón alguna a un deber legítimo que se desprende de un servicio
y aunado a ello presuntamente departiendo en un lugar donde se expenden bebidas
alcohólicos y en traje de civil, no era precisamente una actividad del servicio como tal,
contrario a ello se reflejan actividades totalmente ajenas a los fines correspondientes
del Estado, ya que de allí demandado un estricto apego en el cumplimiento de la
Constitución y la ley.
22 Folios 237 a 335.
21
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El 5 de marzo de 2012, en audiencia pública, el patrullero César Luis Ramírez Díaz
y los otros disciplinados se abstuvieron de rendir versión libre.23
El 22 de marzo de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno Deval, en primera
instancia, declaró responsable disciplinariamente a, entre otros, el patrullero César
Luis Ramírez Díaz por haber incurrido en la falta gravísima consagrada en el artículo
34 numeral 27 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo; sancionándolo con
destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término
de 11 años.24
Contra el anterior acto administrativo el disciplinado interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto el 17 de octubre de 2012, por la Inspección Delegada Región de
Policía N.º 4, confirmando parcialmente la decisión inicial y modificando la sanción
a destitución e inhabilidad general de 10 años, con base en los siguientes
argumentos:25
Así las cosas, descartado los argumentos expuestos por la defensa de los
investigados tendientes a lograr la absolución disciplinaria puesto que las pruebas
legal y oportunamente recaudados permiten establecer que efectivamente el señor
intendente Rodríguez Duque Alonso para el día 4 de febrero de 2012 cuando se
desempeñaba como comandante de la subestación de policía del muro, se ausentó
del sitio donde prestaba sus servicios sin permiso alguno, para dirigirse al municipio
del Darién, a un establecimiento público junto con los aquí también investigados
patrulleros Ramírez Díaz César Luis, Velasco Lizarazo Arley Giovanni y Bonilla
Rincón John William, con lo cual estos incurrieron en la falta disciplinaria de
ausentarse del sitio donde prestaban sus servicios sin causa justificada, ello cuando
debían estar disponibles en la subestación de policía el muro, por lo que con su actuar
trasgredieron la norma disciplinaria afectando el deber funcional sin justificación
alguna, se hace necesario confirmar el fallo de primera instancia debiéndose modificar
el término de la inhabilidad general impuesta los encartados, puesto que de acuerdo
a lo expuesto por el acusado la inhabilidad de 13 años para el señor intendente y la
de 11 años para los tres patrulleros obedece el criterio de trascendencia social e
institucional de la conducta, donde para sustento de ello hace alusión al grado que
usted estaba el investigado Rodríguez Duque, a la gravedad de la falta y al
incumplimiento del deber funcional, consideraciones estas con las que está delegada
no está de acuerdo, pues ello es propio de la gravedad de la falta y del principio de
ilicitud sustancial, donde los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para agravar la
sanción que ya de entrada ha previsto el legislador, debiéndose por consiguiente
23 Folios 365 a 366.
24 Folio 399 a 478.
25 Folios 496 a 513.
22
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sustentar y demostrar cómo fue que el comportamiento de los encartados trascendió
social e institucionalmente, situación esta que no cumplió el a quo, por lo que sin lugar
a dudas se hace necesario imponer la mínima permitida para la inhabilidad general,
es decir, la de 10 años al considerar que la misma resulta proporcional a la gravedad
de la falta y la forma de culpabilidad que fue adecuada a la conducta de los
encargados.
El 14 de diciembre de 2012, por Resolución 04835, el director general de la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al patrullero César Luis Ramírez
Díaz.26
2.3.3. Pruebas allegadas judicialmente
El 19 de octubre de 2016, el señor Alonso Rodríguez Duque, quien fue el intendente
disciplinado junto con el patrullero Ramírez Díaz, allegó el siguiente informe:27
… El sábado 4 de febrero de 2012, me disponía cumpliendo mis funciones como
comandante de la subestación de policía el muro, adscrita a la estación de policía del
municipio de Darién, siendo las 21 horas recibí una llamada del señor Leonardo, quien
se identificó plenamente con número de cédula y el cual previamente yo conocía
personalmente y quien es un vecino de informante de la vereda Río Bravo, allegada
a la subestación de policía el muro, el señor me llamó para sugerirme que tenía una
información interesante con relación a información , Sobre algún tipo de cuestiones
subversivos que operan en esta vereda… El señor leo me indica que tenía una
información para lo cual dice, que se podía personalmente entrevistarme con él, le
manifiesto que era viable que yo encontrara con el que si podía venir a la estación
dijo que no, que en las veredas se maneja mucha información y que le da miedo, que
los observen con la fuerza pública para cuidar la seguridad del y la de su familia (…)
yo le digo que listo que nos viéramos para ver qué tipo de información era la que me
tenía que dar, por esta razón le digo que más tarde cito… A eso de las 22 horas
evalué la situación y decidí que saldría el municipio donde estaba el informante
acompañado de los tres policías que se encontraban con turno de disponibilidad, ya
que en la subestación yo iba a hacer un desplazamiento y como la zonas de cuidado
yo tengo que mirar alguna forma de proteger, de tomar medidas de seguridad en vista
de qué yo no puedo sacar al momento… Lo que me pareció más correcto fue
ordenarle al personal que se cambiara de civil, cambiar mi traje de civil hacia el
municipio de Restrepo para tomar contacto con este señor, el pensado mío era
evaluar la información, si era una información valiosa… Riesgos que toma un
comandante cuando está en esos puestos, solicitar permiso al comando
departamento o distrito para salir a verificar una información que ni siquiera yo sé que
es entonces no había razón que yo pudiera dar como valedera… Cuando iba a
arrancar para allá, llamé nuevamente al señor tomé contacto con don Leo porque
previamente tenía el número telefónico del señor, le dio que pena don leo yo no puedo
ir al municipio de Restrepo, porque yo no trabajo en ese municipio… Con mucho gusto
26 Folio 5.
27 Folios 675 a 678
23
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vamos al municipio de Darién y con mucho gusto conversamos y lo escucho dígame
dónde nos podemos encontrar con usted… Entonces el señor sugirió en un sitio
abierto al público o sea que el sitio que me sugirió fue la discoteca el bohío… En vista
de que el señor comandante mío en ese momento era el señor Teniente López y yo
sabía que él se encontraba con su turno de franquicia pues decidí que no informaría…
Y la idea era ir, encontrarme con el informante y devolver eso era todo lo que yo tenía
que hacer nomás… Llegamos alrededor de las 22:30 horas más o menos y alrededor
de una hora y hora y 30, inclusive le había comentado a los compañeros que si no
llegaba el señor leo nos teníamos que ir, llame al señor leo y no me contestó más el
teléfono (…) estábamos decidiendo devolvernos, hasta que observé al señor
comandante de la estación de policía el Darién, dentro del mismo establecimiento, en
traje de civil, departiendo no sé si estaría departiendo , Si estaba haciendo algún
trabajo de inteligencia, desconozco, por tal motivo no me le acerqué a decirle que está
haciendo, yo en ese momento ahí porque así él me hubiera podido dañar mi trabajo
y yo también había podido dañar el de él… Posterior a eso como alrededor de hora y
media, en el establecimiento fuimos sorprendidos cuando fueron encendidas las luces
de la discoteca y entró un grupo de reacción de la policía de Buga y Hermando cuando
observé al señor comandante distrito mayor Gutiérrez, hicieron encender las luces y
procedieron a buscar entre la gente, en principio no pensé que venían buscándonos
a nosotros… Cuando nos empieza preguntar, que la pregunta del millón, están
francos? Obviamente le contesté que no estoy franco yo no estaba franco, estaba
trabajando… En ningún momento me pregunta así claramente para que quiere un
registro, que estoy haciendo en la estación nunca me pregunta eso, siempre en que
se vinieron? Qué servicio estábamos prestando?, Si estábamos francos o no
estábamos francos? Que si nos ordenaba hacernos una prueba de alcoholemia? Que
si nos íbamos a hacer las pruebas de alcoholemia? A lo cual obviamente
manifestamos que no, diferente es si el señor hubiera llegado, tratarnos como se debe
tratar a una persona, que en ningún momento estamos cometiendo algún tipo de
delito, entonces dice les doy la orden por escrito, nos ordena hacernos una prueba de
alcoholemia (…).
2.5. Caso concreto – Análisis de la Sala
2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un
acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de
estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
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Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.
La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de
garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.
Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.
Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:
3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.
El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en
la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.
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La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del
ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.
Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.28
Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.
El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se
ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)
Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite
correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le
asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Dijo
la Sala:
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
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judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»29
En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.
2.5.2. Violación del derecho al debido proceso
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.
La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un
orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria30.
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
29 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
30 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
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determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»31.
Frente a lo anterior, el demandante sostuvo que se le vulneró el derecho al debido
proceso, por cuanto, primero, se le trasgredió el derecho de defensa y contradicción,
dado que se le negó la práctica de algunas pruebas que consideró pertinentes para
acreditar su inocencia; segundo, el material probatorio obrante dentro del
expediente no demostró, con certeza, la ocurrencia de la falta disciplinaria
endilgada, aunado al hecho de que no se analizó que su conducta se debió al
cumplimiento de una orden de un superior; tercero, el procedimiento administrativo
efectuado en el momento de los hechos fue arbitrario; y, cuarto, se desconoció que
dentro de un proceso penal adelantado por los mismos supuestos fácticos, fue
absuelto.
2.5.2.1. De la negativa del decreto y práctica de pruebas
31 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
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En cuanto a la sana crítica esta Subsección32 ha señalado, que «como criterio de
valoración probatoria, está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia
y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica, podemos
destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En cuanto a la
ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y dictámenes de
los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la experiencia
pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas por
conocimientos públicos y privados.33 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.34 Estas pueden acreditarse por
cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad.35».
Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio.
En ese orden de ideas, debe mencionarse que en el proceso disciplinario opera la
libertad probatoria, y la valoración dentro de la sana crítica de los elementos que se
aporten con miras a la determinación final, lo que implica que los sujetos procesales
tienen la posibilidad de presentar disentimientos contra el acervo completo, pero
que igualmente al operador disciplinario le corresponde la evaluación dentro de su
margen de discrecionalidad para valorar la prueba en sí misma y la crítica a ella,
razón por la cual el cargo referido en la demanda no debe prosperar, dado que los
operadores disciplinarios en el asunto sometido a consideración tuvieron en cuenta
todo el material probatorio obrante y llegaron a la conclusión de que era dable
32 En sentencia de 14 de mayo de 2020, radicación N.º 4094-2018.
33 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
34 Ibidem.
35 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.
Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
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proferir una sanción disciplinaria, sin que se observe una duda al respecto o una
vulneración del derecho al debido proceso.
Al respecto, los demandantes señalan que el operador disciplinario vulneró su
derecho al debido proceso, por cuanto negó la práctica de unas pruebas que eran
determinantes para demostrar que no eran responsables disciplinariamente.
De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, se observa lo
siguiente:
• El 7 de febrero de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno Deval vinculó a
la indagación preliminar a, entre otros, el señor César Luis Ramírez Díaz, en su
condición de patrullero.36
• En la misma fecha, dicha dependencia le corrió traslado al investigado de las
pruebas que hasta el momento habían sido practicadas.37
• El 29 de febrero de 2012, en audiencia pública, el apoderado del señor Ramírez
Díaz solicitó la práctica de las siguientes pruebas:38
• (…) se llame en diligencia de declaración al señor Leonardo Alvear quien para la
fecha del anochecer del 4 de febrero de 2012 había citado al señor intendente
Rodríguez Duque Alfonso para que se encontrará con él y poder darle una
información de primera mano, información que desconozco los pormenores de la
misma y quien será el testigo queda de exponer y al mismo tiempo determinar si era
verídico o no, el lugar de encuentro la fecha del mismo y con quien se debía encontrar
este señor la noche del 4 de febrero.
• Se escuche en diligencia de declaración al señor Luis Fernando Rivera Lennys quien
podrá ilustrarnos con su testimonio respecto de pormenores inherentes en que fue
intervenido el señor intendente Rodríguez Duque y sus subalternos acompañantes en
la discoteca el bohío, motivo por el cual es procedente y pertinente para el objetivo de
la investigación disciplinaria dado que el señor mayor Gutiérrez Sarmiento en calidad
de comandante del distrito de Buga, ha hecho determinados señalamientos de una
conducta realizada por mi representado y la cual puede ser corroborada y desvirtuada
por este testigo.
36 Folios 62 a 64.
37 Folios 70 a 72.
38 Folios 365 a 367.
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• Con respecto a la prueba documental, y teniendo en cuenta el auto de cargos ya
referenciado, considero importante hacer referencia a los documentos que conforman
el dossier expediental , En especial, un archivo de video y unos documentos de vital
importancia como son unas órdenes para practicarse exámenes y un formato de
cadena de custodia al cual se acompaña el video, motivo por el cual impetro que con
el fin de determinar la claridad de estos documentos se llama declarar en primer lugar
al señor patrullero Yezid Alexander Ortega Villarreal quien fungiendo como encargado
de comunicaciones estratégicas del primer distrito de policía de Guadalajara de Buga,
hay absolver un cuestionario que considera esta defensa de vital importancia y que
en el acopio probatorio no se ha determinado.
• En igual sentido se llame en estrados al señor mayor Wilson Raúl Gutiérrez
Sarmiento, a fin de que absuelva las inquietudes que la defensa le expondrá al
momento de deposición testimonial.
• En la misma diligencia, la Oficina de Control Disciplinario interno Deval negó la
práctica de dichas pruebas, bajo los argumentos que se citan a continuación:39
(…)
Es por eso, que en cuanto a la declaración jurada del señor Leonardo Alvear este
despacho considera impertinente, teniendo en cuenta que los mismos no se centran
para controvertir probatoria mente el reproche disciplinario que este despacho viene
realizando, razón por la cual sería innecesario llevar a la práctica dicha diligencia más
aun sabiendo y conociendo de lleno la defensa del tipo disciplinario aquí cuestionado.
Del mismo modo, considera este operador disciplinario que la práctica de la
declaración del señor Luis Fernando Rivera Lennys, es inconducente para el
desarrollo de la misma, como quiera que de bulto no se atiende lo aquí reprochado
por parte de esta instancia, atendiendo que para la defensa como se advirtió
anteriormente es de amplio conocimiento y sabedor alavés, del contenido en el
acápite disciplinario del cuerpo del auto de citación a audiencia.
En cuanto a la declaración del señor mayor Wilson Raúl Gutiérrez sarmiento, esta
instancia considera que es impertinente por cuanto entrar a suponer o interpretar lo
que quiso decir o lo que pretende el profesional del derecho, es decir, que se hace
necesario absolver dichas inquietudes, solicitud esta que se aleja de la pertinencia, la
conducente y la utilidad de la misma, pues pretender interpretar que inquietudes son
necesarios para absolver, se aleja de toda razón lógica procesal para la práctica de
la misma por lo cual este despacho no excederá al desarrollo de lo peticionado.
(…)
Para el caso en estudio, no es dable acoger en su totalidad los argumentos de la
defensa, teniendo en cuenta que estos no se centran, en que se hace necesario
desvirtuar cada uno de las pruebas allegadas en legal forma documentales ni mucho
menos cuáles son las razones de hecho y de derecho que lo fundamenta, para
soportar en legal forma la práctica de la misma, por tal motivo, se despacha
desfavorablemente la declaración del señor patrullero Alexander Ortega Villarreal
(…).
39 Folios 368 a 371.
32
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• Contra dicha decisión, el apoderado judicial interpuso recurso de apelación.
• El 17 de octubre de 2012, la Inspección Delegada Región de Policía 4.º confirmó
la decisión inicial, bajo los siguientes argumentos:40
Ha sido reiterativo por parte de este despacho al momento de resolver sobre la
solicitud de pruebas, que se debe velar por que las mismas sean pertinentes,
conducentes y procedentes y por sobre todas las cosas que sirvan para el
esclarecimiento de los hechos investigados, asimismo se ha sostenido que la negativa
de la práctica de pruebas debe ser objetivamente analizada y ser evidente, pues debe
tenerse presente el derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las
que se alleguen en su contra dentro de un proceso disciplinario, lo cual constituye un
derecho constitucional fundamental; es así como atendiendo tal es criterios, el
despacho encuentra que en lo que concierne a las pruebas solicitadas por el doctor
José de Jesús Bernal, éste no expuso cuáles serían los aportes que harían los
declarantes para la búsqueda de la verdad de la investigación, más aún, para
desvirtuar los cargos formulados por el a quo, pues si bien es cierto en el caso del
señor Leonardo Alvear indica que esta persona puede dar cuenta de la llamada
realizada al señor intendente Rodríguez Duque para citarlo en el establecimiento
público el bohío para suministrarle una información, también lo es como lo expuso el
a quo, que dicha pretensión se aparta del cargo en Delgado, puesto que el mismo se
concreta en ausentarse del sitio donde preste sus servicios sin permiso, ausencia de
permiso este que no sería desvirtuado por dicho ciudadano, pues al menos de ello no
da cuenta la defensa de su solicitud como para que al menos se considere su práctica.
Ahora en lo que atañe al testimonio del señor Luis Fernando Rivera Lennys, nada
indica el togado en qué valor tendría esa declaración para la investigación…
Olvidando mencionar de qué pormenores se trata, quién es esta persona, cómo es
que tiene conocimiento de los hechos, cuáles son los señalamientos que puede
desvirtuar o corroborar dicho testigo, falencias estas que sin lugar a dudas impidiendo
determinar si se cumple con los requisitos de pertinencia y conducente que exige el
artículo 132 antes citado y con lo cual se ordenaría su práctica.
En lo que corresponde los testimonios de los señores mayor Wilson Raúl Gutiérrez
Sarmiento y patrullero Yezid Alexander Ortega Villarreal, la defensa nada argumenta
de cuáles son sus pretensiones con la aplicación de dichos testimonios, es decir, qué
fue lo que él despacho en su oportunidad no les preguntó a los declarantes, o qué fue
lo que estos omitieron decir, cuál fue la respuesta evasiva que estos dieron y que el
despacho no cuestionó o solicitó aclaración, puesto que es así como el despacho
tiene que entrar a realizar el correspondiente análisis de pertinencia, conduce encía
y utilidad, y no con el simple argumento de que se le requiere para que absuelva algún
cuestionario que considera la defensa de vital importancia, así como las inquietudes
que éste tiene, pues entonces es necesario que diga cuáles son esas inquietudes,
hechos o preguntas que requiere realizar, para así establecer si tienen relación con
los hechos objeto de investigación, sino son preguntas capciosas o de conceptos
personales o si va a preguntar lo que ya el despacho interrogó, pues de no ser así
estaríamos frente a una actividad dilatoria del proceso (…) así las cosas considera el
despacho que estos dos testimonios que solicita la defensa ya reposan dentro del
40 Folios 501 a 504.
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proceso y fueron tomadas con apego y arreglo a la necesidad, imparcialidad y carga
de la prueba que le corresponde al despacho (…).
En consideración a lo anterior, se observa que el operador disciplinario no vulneró
el derecho al debido proceso del disciplinado, por cuanto:
Primero, como lo sostuvo el operador disciplinario, dichas pruebas no resultaban
conducentes y necesarias.
Respecto a la declaración del señor Leonardo Alvear, esta prueba era innecesaria,
por cuanto no tenía relación alguna con el cargo formulado, esto es, ausentarse del
lugar de facción sin causa justificada, en tanto que fue después de culminada la
investigación disciplinaria que el intendente Alonso Rodríguez Duque dio el nombre
del supuesto informante con el que se iban a encontrar, sin que ello justifique la
conducta del actor, pues, como se verá más adelante, no realizaron anotación
alguna en los libros de minuta del procedimiento a realizar y fueron encontrados en
el establecimiento público ingiriendo bebidas embriagantes.
Lo mismo ocurre con las declaraciones del mayor Wilson Raúl Gutiérrez Sarmiento
y el patrullero Yezid Alexander Ortega Villareal, toda vez que éstos rindieron sus
testimonios en su momento y pese a que el disciplinado y su apoderado tuvieron la
oportunidad para contrainterrogarlos, no lo hicieron, aunado al hecho que dieron
una versión clara y pormenorizada de los hechos.
Finalmente, resultaba pertinente negar la declaración del señor Luis Fernando
Rivera Lennys, en la medida en que nunca se determinó de quien se trataba y por
qué era importante que rindiera su declaración en la investigación disciplinaria.
Segundo, con las pruebas obrantes dentro del expediente era dable establecer la
ocurrencia de la conducta investigada, pues, como se analizará más adelante,
quedó claro que el disciplinado, en su condición de patrullero, se ausentó de su
lugar de facción, esto es, la subestación el Muro sin existir una causa justificada
para el efecto.
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Tercero, como se refirió, en derecho disciplinario existe libertad probatoria, razón
por la cual la Policía Nacional tenía plena discrecionalidad para valorar las pruebas
que consideraran pertinentes para acreditar la falta endilgada.
2.5.2.2. De la tipicidad en materia disciplinaria
El artículo 4 de la Ley 734 de 2002, dispone que «el servidor público y el particular
en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley
vigente al momento de su realización», siendo esta la consagración legal que impone
la realización de un proceso de subsunción típica en cada proceso disciplinario, que
implica que el operador determine expresamente en cada caso si el comportamiento
investigado, según como haya sido demostrado, se adecua efectivamente a la
descripción típica establecida en la ley que se va a aplicar.
Por su parte, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha
establecido en cuanto a este principio en materia disciplinaria, que41:
En esa medida, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es sometido
a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los componentes de la
legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante. Sólo luego de haber surtido
de manera expresa y detallada dicho proceso de razonamiento lógico-jurídico en el
texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá llegarse a la conclusión de que la
conducta investigada es típica. La subsunción típica se vincula así directamente, en
tanto componente necesario, al principio de tipicidad en el derecho disciplinario. Es,
más aún, un proceso de naturaleza técnica que los operadores disciplinarios han de
desplegar con el mayor rigor jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo,
presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido debidamente
interpretada en todos sus componentes de conformidad con los distintos métodos
hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que las pruebas que obran en
el proceso demuestren en forma contundente la ocurrencia de los hechos y la
culpabilidad individual del procesado.
En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado
tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que
realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte Constitucional, en virtud de
41 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de marzo de 2014,
expediente No. 0263-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos
jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio
para realizar el proceso de subsunción típica – margen que se activa, se infiere
necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y
que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede –y debe- acudir a
una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la
adecuación típica. En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el
derecho penal y el derecho disciplinario «se deriva de la admisión de los tipos en
blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria,
[y] hace referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador
disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone
de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o
no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo
sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia
disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de
adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción
de las faltas disciplinarias debe ser objeto de complementación o determinación a
partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan
deberes, mandatos y prohibiciones»42.
2.5.2.2.1. Sistema probatorio en el régimen disciplinario de la Policía Nacional
La Constitución Política en los artículos 217 inciso 243, y 21844 otorgó al legislador
la facultad para establecer un régimen especial de carácter disciplinario aplicable a
los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En
atención a lo anterior y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional45 el legislador
expidió la Ley 1015 de 2006, Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, en cuyos
artículos 16 y 58 señaló en cuanto al procedimiento y régimen probatorio, lo
siguiente:
Artículo 16. Contradicción. Quien fuere objeto de investigación tendrá derecho a
conocer las diligencias que se practiquen, a controvertirlas y a solicitar la práctica
de pruebas, tanto en la Indagación Preliminar como en la Investigación Disciplinaria.
42 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
43 Constitución política, artículo 217. (…). La Ley determinará el sistema de reemplazos en las
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen
especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
44 Constitución política, artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. (…). La ley determinará
su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
45 La Corte Constitucional en sentencia C-712 de 2001 declaró inexequible la reglamentación sobre
los aspectos procesales y probatorios definidos en el Libro Segundo del Decreto Ley 1798 de 2000
– antiguo Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, toda vez que el ejecutivo no podía por medio
de facultades extraordinarias dictar un procedimiento especial y diferente al previsto en el Código
Disciplinario Único.
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Artículo 58. Procedimiento. El procedimiento aplicable a los destinatarios de la
presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo
modifiquen o adicionen.
De acuerdo con las anteriores disposiciones y atendiendo a la sentencia C-712 de
2001 de la Corte Constitucional, en materia disciplinaria el régimen probatorio de la
policía nacional se rige por lo dispuesto en el Código Disciplinario Único – Ley 734
de 2002.
En cuanto a las pruebas y su práctica, el Código Disciplinario Único dispone en los
artículos 132, petición y rechazo de pruebas; 133, práctica de pruebas por
comisionado; 138, oportunidad para controvertir la prueba; y 144, apreciación
integral de las pruebas, así:
Artículo 132. Petición y rechazo de pruebas. Los sujetos procesales pueden aportar
y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán
rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán
las practicadas ilegalmente.
Artículo 133. Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá
comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior
categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.
Artículo 138. Oportunidad para controvertir la prueba. Los sujetos procesales podrán
controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación
disciplinaria.
Artículo 141. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse
conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión
motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se
fundamenta.
De dichas disposiciones se concluye que: 1) el sujeto procesal investigado tiene el
derecho a solicitar la práctica de pruebas, el cual está supeditado al escrutinio que
la autoridad disciplinaria realice sobre la conducencia, oportunidad y pertinencia; 2)
para la práctica de las pruebas el funcionario investigador puede comisionar a
funcionarios de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales bajo
la condición de que esos sean de igual o inferior categoría; 3) las pruebas
practicadas pueden ser controvertidas por el disciplinado en cualquier momento de
la actuación disciplinaria; y 4) las pruebas deben apreciarse en conjunto conforme
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a las reglas de la sana critica.
En este asunto, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Deval al momento de
formular pliego de cargos, sostuvo que el señor César Luis Ramírez Díaz, en su
condición de patrullero, incurrió en la falta gravísima dispuesta en el artículo 34
numerales 27 de la Ley 1015 de 2006, que prevé «Ausentarse del lugar de facción
o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada».
De acuerdo con lo mencionado, los elementos básicos de la conducta típica
descritos en la falta imputada a la parte actora, son: 1) un verbo rector, consistente
en ausentarse;46 2) del lugar de facción o sitio donde preste su servicio; y 3) sin
permiso47 o causa48 justificada49.
Es decir, que se incurre en dicha falta cuando el miembro de la Policía Nacional se
separa o ausenta del lugar de facción o del lugar donde presta el servicio, sin que
medie un permiso otorgado por parte del superior del uniformado o una razón válida
que justifique su comportamiento, circunstancia que debe ser analizada por la
autoridad disciplinaria en cada caso concreto, atendiendo a las particularidades que
puedan presentarse.
Ahora bien, esta Sala en asuntos similares al ahora planteado, ha señalado que la
norma sanciona este tipo de conductas, teniendo en cuenta las especiales
circunstancias en las que los miembros de la Policía Nacional cumplen su labor,
pretendiendo garantizar la continuidad efectiva del servicio que se brinda por parte
de esta Institución, la cual exige que el personal que preste el turno se encuentre
siempre disponible para actuar cuando sea necesario, en procura de la salvaguarda
de los derechos y libertades de los ciudadanos.
46 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ausentar es
«Separarse de una persona o lugar, y especialmente de la población en que se reside».
47 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, permiso es
«Licencia o consentimiento para hacer o decir algo».
48 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, causa es «Aquello
que se considera como fundamento u origen de algo; Motivo o razón para obrar».
49 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, justificar es «Probar
algo con razones convincentes, testigos o documentos».
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En tal sentido, es de resaltar que dicho deber se pone en riesgo cuando el
uniformado se ausenta del lugar de facción o servicio sin que sus jefes inmediatos
tengan conocimiento, toda vez que impide tomar las medidas necesarias cuando el
servicio de la Policía Nacional se requiera.
En el sub examine, de acuerdo con el material probatorio obrante dentro del
expediente, se determinó lo siguiente:
Primero, de conformidad con lo dispuesto en la minuta de guardia, para el día de la
ocurrencia de los hechos, esto es, el 4 de febrero de 2012, el patrullero César Luis
Ramírez Díaz estaba en servicio de disponibilidad en la Subestación el Muro.
La Resolución No. 00912 de 1 de abril de 2009 «Por la cual se expide el reglamento
del servicio de Policía», establece, en su artículo 35, que este es un «servicio
público a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de
las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio
nacional. Este servicio propende a la armonía social, la convivencia ciudadana, el
respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad
policial como un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo,
ecológico, solidario y de apoyo judicial. Así mismo, se constituye en la base sobre
la que se asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos
necesitan un entorno de respeto a la ley y el orden para funcionar adecuadamente».
Ahora bien, los fines de este servicio, son los siguientes:
1. Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas;
2. Mantener la convivencia pacífica;
3. Preservación y restablecimiento del orden público cuando es turbado;
4. Prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales
y administrativas;
5. Ejercer, de manera permanente, las funciones de investigación criminal, respecto
de los delitos y contravenciones; y
6. Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la
conciliación.
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Respecto al servicio de disponibilidad, la normativa en mención señala en su artículo
73, que «De acuerdo con la naturaleza de la actividad de la Policía Nacional, se
encuentra establecida la previsión de los períodos de la jornada laboral y de los
lapsos de descanso; sin embargo, el funcionario de policía debe estar en
permanente disponibilidad, es decir, la obligación de prestar sus servicios
cuando estos sean demandados por sus comandantes, aun en días y en horas
que no hacen parte de su turno normal, en razón de ser ello indispensable por
la prevalencia del interés general y para el cumplimiento del objeto propio de
aquella. (…) El personal uniformado de la Policía Nacional prestará servicio de
disponibilidad si las necesidades en materia operativa o administrativa de la Unidad
a la que pertenece así lo ameritan.» (Negrilla fuera de texto).
La Corte Constitucional considera en cuanto a la disponibilidad en la Policía
Nacional, que esta consiste «no en la renuncia al descanso ni a la predeterminación
de jornadas máximas de trabajo -posibilidades estas que son inalienables de todo
trabajador e irrenunciables, según lo dispone el artículo 53 constitucional-, sino en
el compromiso de acudir a prestar los servicios que sean indispensables cuando así
lo exijan las circunstancias, desde luego, siempre que ellas se presenten efectiva y
objetivamente, y no sobre la base de que tales servicios, en su carácter de
extraordinarios, sean debidamente remunerados o compensados de manera justa
y razonable. No se trata entonces, del capricho o la voluntad subjetiva del
superior»50.
Al respecto, esta Corporación, en un asunto similar al ahora planteado, señaló sobre
el turno de disponibilidad de los agentes de Policía, que «el agente de la Policía que
se encuentra disponible está en servicio activo, pero no tiene señalada una función
específica, la cual, sin embargo, puede serle asignada en cualquier momento»51.
50 C-024 de 1998.
51 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 10 de agosto de 2001, expediente No.
13666.
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De las pruebas obrantes dentro del expediente, es dable determinar que el patrullero
Ramírez Díaz estaba en dicho servicio y, en atención, al oren público, debía
permanecer en la Subestación el Muro para cuando fuera requerido, teniendo en
cuenta que en dicha zona, días anteriores se habían establecido fuertes medidas
de seguridad.
Segundo, el 4 de febrero de 2012, el comandante que dirigía dicha Subestación era
el intendente Rodríguez Alonso quien, al parecer, les manifestó a algunos policiales,
entre ellos, el patrullero César Luis Ramírez Díaz que se vistieran de civil y se
dirigieran a otro municipio que no estaba dentro de su jurisdicción, llamado el
Darién, con el fin de entrevistarse con un civil que les daría información importante.
Aproximadamente, a las 22:30 horas, el intendente en mención y 3 patrulleros
salieron de la subestación sin consignar el procedimiento en los libros de minuta de
la estación ni exponer razón alguna a sus compañeros y haber solicitado
autorización alguna, lo anterior, de conformidad con lo consignado en el libro de
guardia de la Subestación el Muro52 y con la declaración rendida por el patrullero
Muñoz Hernández Luis Alonso.53
Al llegar al municipio el Darién se dirigieron al establecimiento público llamado «el
bohío» en el que vendían bebidas embriagantes y permanecieron durante una hora
y media o dos.
Estando en dicho lugar, llegó el teniente López Contreras quien observó a los
policiales bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas, según consta en su
declaración.54
Posteriormente, llegó al lugar el mayor Wilson Raúl Gutiérrez Sarmiento y el
intendente Edwin Hidalgo Fajardo con otros uniformados para verificar la ocurrencia
de los hechos, quienes al llegar al establecimiento público constataron las
52 Folios 136 a 142.
53 Folios 163 a 167.
54 Folios 160 a 162.
41
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circunstancias de los uniformados y afirmaron que se encontraban en evidente
estado de alicoramiento, razón por la cual les solicitaron realizar una prueba de
alcoholemia, frente a lo cual todos se negaron, con la excusa de que les estaban
vulnerando sus derechos y al preguntárseles los motivos por los cuales se
encontraban en dicha discoteca, solo manifestaron que hablarían en presencia de
su abogado.
Lo anterior, fue corroborado con las declaraciones de 3 superiores del patrullero
Ramírez Díaz, esto es, el mayor Wilson Raúl Gutiérrez Sarmiento, el teniente López
Contreras y el intendente Edwin Hidalgo Fajardo. Aunado a ello, obran en el plenario
declaraciones de los patrulleros Ismael Danilo Gómez Velásquez,55Yecid Ortega
Villarreal, Rigoberto Paz Pineda, Óscar Emiro Delgado,56entre otros, quienes dan
cuenta de los supuestos fácticos antes mencionados, por cuanto fueron formados
por el mayor Gutiérrez Sarmiento para verificar el procedimiento.
Así, los señalado por el actor en el escrito de la demanda como en el recurso de
apelación resulta contrario a las pruebas antes mencionadas, en tanto que no se
acreditó el motivo del desplazamiento al municipio del Darién por parte de los
uniformados, pues, el supuesto informante nunca apareció en el establecimiento
público. Ahora, de haber sido cierto que éste no llegó, no se entiende por qué los
uniformados decidieron esperar una hora y media o dos en dicho lugar, donde
funcionaba una discoteca y vendían bebidas embriagantes. Esto, aunado a que se
encontraban vestidos de civil, salieron de la subestación sin informar el
procedimiento y conocían las fuertes medidas de seguridad que debían atender en
dicho momento en todo el departamento.
En ese orden de ideas, contrario a lo sostenido la parte actora, dentro del expediente
disciplinario sí obraron pruebas con las cuales era dable inferir que el 4 de febrero
de 2012, el patrullero César Luis Ramírez Díaz junto con otros compañeros, se
ausentaron de su lugar de facción sin permiso o causa justificada.
55 Folios 168 a 179.
56 Folios 54 a 56.
42
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Lo anterior, permite considerar que la Policía Nacional sí tenía los elementos de
juicio suficientes para endilgar responsabilidad a la demandante, que las pruebas
fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica y que la interpretación
que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la conclusión de que la falta
disciplinaria sí se cometió y el actor fue responsable de ella.
Es importante advertir que al revisar la actuación disciplinaria no se vislumbra sesgo
en el decreto y práctica de las pruebas; por el contrario, se hizo evidente que el
único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la verdad real de
los hechos y para ello hizo uso de todos los medios que estimó pertinentes y
conducentes para su esclarecimiento. Ahora bien, una vez realizó la valoración
integral de las pruebas, concluyó que el demandante no logró desvirtuar el cargo
que le fue endilgado. Así, bajo tales circunstancias, no se demuestra que los actos
acusados hayan carecido de pruebas suficientes, sino, por el contrario, las
recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del
operador disciplinario, y demostraron cada uno de los elementos de la falta por las
que fue, finalmente, sancionado el actor.
Debe resaltarse además, que en la actuación disciplinaria se apreció que el interés
primordial de la administración estuvo orientado a esclarecer los hechos y sancionar
las conductas irregulares, teniendo un especial cuidado y desempeño, pues
atendiendo a la función que desarrolla la Policía Nacional, se propendió por
demostrar plenamente la claridad y transparencia en el ejercicio de las funciones
por parte de sus miembros, dando prevalencia a los principios que orientan la
función pública, que deben regir la gestión a ellos encomendada, producto de lo
cual se concluyó que el actor estaba incurso en responsabilidad disciplinaria y, por
ende, debían imponerse las sanciones que la ley prevé por su actuar irregular.
2.5.2.2.2. De la causal eximente de responsabilidad
Pese a que como se señaló anteriormente, se encontró plenamente demostrado
que el demandante incurrió en las faltas gravísimas antes mencionadas, éste señaló
43
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que actuó bajo una causal eximente de responsabilidad, esto es, en cumplimiento
de una orden dada por su superior para la asistencia a las asambleas informativas.
Ahora bien, resulta entendible que bajo algunas circunstancias, el servidor público
justifique su actuar y con ello pueda ser exonerado de responsabilidad. Al respecto,
la doctrina ha considerado que «La conducta se ha cometido, pero ella está
justificada porque corresponde a alguna previsión del ordenamiento. De acuerdo
con esto, el funcionario comete la conducta irregular, pero no ha sido de su interés,
ni era su propósito o su intención hacerlo, o debió actuar de esa manera por alguna
poderosa razón que la ley encuentra aceptable (…) en cada caso debe valorarse la
causal de exclusión expuesta, cuando así lo alegue el investigado, para concluir si
está amparado por alguna de ellas. Esto requiere igualmente de prueba, y al final,
la decisión, que debe ser motivada, de acuerdo con lo que manda el artículo 19 de
la Ley 734 de 2002, tendrá que hacer una valoración y una explicación fundada y
razonada de las razones por las cuales se acepta dicha exclusión»57.
Así las cosas los artículos 28 y 41 de las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006,
respectivamente, consagra 7 causales de exclusión de responsabilidad en materia
disciplinaria. Sobre el cumplimiento de orden legítima, el numeral 3.º de estas
normas, disponen:
Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de
responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
(…)
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las
formalidades legales.
2.5.2.2.2.1. De la orden legítima
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define que una orden,
es un «mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar».
57 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Carta Edición. Páginas 80 y 81.
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Respecto a esta causal, la doctrina ha precisado su alcance, así58:
El eximente de responsabilidad por actuar en cumplimiento de una orden, tiene unos
elementos básicos y comunes, como son: la subordinación, actuar en cumplimiento
de una orden cuyo desacato genere consecuencias adversas al subordinado-
obligado, deben tener competencia para realizar el mandato tanto el superior como el
subordinado, que la orden cuente con características suficientes para ser catalogada
como una orden del servicio, que la orden no tenga vicios de ilegalidad, ni en su
génesis, ni su desarrollo, ni su ejecución, ni tampoco en sus efectos posteriores a la
ejecución. Estos elementos, a pesar de ser básicos y comunes, tienen diferente
reglamentación, desarrollo legal y jurisprudencial; por ejemplo cuando hablamos de
la subordinación, no es lo mismo la subordinación civil, que tiene límites más claros,
y por lo tanto menor posibilidad de convertirse en una conducta punible, versus a la
subordinación del personal con fuero militar, que es mucho más amplio. Las órdenes
se cumplen con mayor limitación de la autonomía del subordinado, en condiciones
por naturaleza adversas a la persona que ejecuta la orden y, sobre todo, por la
naturaleza de las operaciones. En la mayoría de ocasiones no se tiene la información
necesaria para evaluar la actuación a la luz del ordenamiento.
2.5.2.2.2.2. De la orden dada por su superior
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1015 de 2006, la
«disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la
Institución Policial e implica la observancia de las disposiciones Constitucionales,
legales y reglamentarias que consagran el deber profesional».
Dentro de los deberes profesionales de los miembros de la Policía Nacional está el
de cumplir las órdenes a sus superiores. Respecto a las órdenes en la Policía
Nacional, la Ley 1015 de 2006, en sus artículos 28 y 29, menciona que:
ARTÍCULO 28. NOCIÓN. Orden es la manifestación externa del superior con
autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima,
lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función.
ARTÍCULO 29. ORDEN ILEGÍTIMA. La orden es ilegítima cuando excede los límites
de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la Constitución
Política, la ley, las normas institucionales o las órdenes legítimas superiores.
En consideración a lo anterior, si la orden excede los límites de la competencia o
conduce manifiestamente a la violación de la Constitución Política, la Ley, las
58 El eximente de responsabilidad en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, en la
justicia penal militar. Carlos Fabián Coronado López. Páginas 22 y 23.
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normas institucionales o las órdenes legítimas superiores, el subalterno no está
obligado a cumplirla.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha manifestado, que «dentro de la Policía
Nacional tampoco aplica la obediencia ciega o irrestricta y, en esa medida, los
subalternos pueden desobedecer aquellos mandatos de sus superiores que
excedan el límite de la competencia o conduzcan “manifiestamente” al
desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal, es decir, órdenes que
ostensible y evidentemente, sin mayor capacidad analítica o reflexiva del sujeto,
entrañan la ejecución de una conducta antijurídica».59
En ese orden de ideas, en la Fuerza Pública no es admisible la exoneración absoluta
de la responsabilidad de quien ejecuta órdenes superiores que signifiquen la
vulneración de reglas y principios constitucionales, máxime si sus actos se apartan
de la institucionalidad, no siendo compatible con el derecho internacional
humanitario, que un militar consciente de su acción se escude en la orden superior
con el fin de obtener una exoneración absoluta de su responsabilidad por las
infracciones que cometa en relación con sus principios y reglas, razón por la cual,
ningún miembro de la Fuerza Pública puede desconocer el marco que le impone el
principio de legalidad por encima de cualquier orden dada por sus superiores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Constitución Política, la
Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, cuya misión es
eminentemente preventiva y dirigida a mantener «las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz».
Así, la ausencia de disciplina castrense, determina que la responsabilidad de los
miembros de la Policía Nacional, por infracción manifiesta de un precepto
constitucional en detrimento de alguna persona, no puede estar excusado en la
59 T- 582 de 2016.
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obediencia debida, por cuando no están sujetos a ello60.
Así las cosas, resulta inaceptable que el actor pretenda exonerarse de su
responsabilidad disciplinaria argumentando que actuó bajo la orden de su superior,
cuando observó pasivamente una serie de irregularidades en el procedimiento antes
mencionado, sin pretender ni siquiera corregirlos o informar lo sucedido a un
superior alguno, esto es, primero, que sus compañeros y él se iban a dirigir a una
jurisdicción que no era la suya; segundo, que no existía, si quiera, un plan de
marcha; tercero, que no se efectuó anotación alguna del procedimiento que
supuestamente se iba a realizar; cuarto, que se movilizaron en automotores que no
eran de la Policía Nacional vestidos de civil; quinto, que permanecieron en el lugar
por una hora y media o dos pese a que el presunto informante no se presentó; y,
sexto, que dentro del establecimiento público consumieron bebidas embriagantes
y bailaron, pese a que, se insiste, se encontraban en servicio de disponibilidad en
una zona donde se habían aumentado las medidas de seguridad.
Ahora bien, al observar el patrullero César Luis Ramírez Díaz las anomalías antes
mencionadas, tuvo la oportunidad de haberse negado a cumplir las órdenes que se
le estaban suministrando por ser ilegítimas e informar a los superiores de la Policía
del departamento del Valle del Cauca los supuestos fácticos, tan pronto tuvo
conocimiento de éstos; no obstante, ninguna de estas irregularidades fueron
advertidas en su momento por el actor o puestas en conocimiento a miembros
diferentes a los que hacían parte del grupo que participó en el presunto
procedimiento.
Así, a pesar de que el patrullero tuvo conocimiento de una cadena de irregularidades
se mostró pasivo y totalmente de acuerdo con ello al participar activamente en cada
una de las etapas del procedimiento antes referidas, razón por la cual considera la
60 Artículo 91 de la Constitución Política: «En caso de infracción manifiesta de un precepto
constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al
agente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto
de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.» y Sentencia C-445
de 1995.
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Sala que el actor sí cometió la falta disciplinaria que le fue endilgada y por la cual
fue sancionado disciplinariamente.
2.5.2.3. De la autonomía del régimen disciplinario
El demandante señaló que no era dable que hubiera sido sancionado
disciplinariamente cuando, por los mismos hechos, en la Justicia Penal Militar se
abstuvo de iniciar investigación formal.
Al respecto, se observa que el 11 de marzo de 2014, el juez de instrucción penal
militar 194, decidió no abrir investigación en contra de, entre otros, el señor César
Luis Ramírez Díaz, bajo los siguientes argumentos:
No puede desconocer este despacho lo afirmado por los investigados de los motivos
por los cuales se encontraban fuera de sus debidas guarniciones policiales, indican
los señores… Patrullero César Luis Ramírez días que a ellos les fue impartido a la
orden de parte del señor comandante de estación donde los ordenaba cambiarse en
traje de civil para dirigirse al municipio del Darién a buscar una información subversivo
de parte de un informante, con ello, este despacho es enfático en afirmar que ellos
como subalternos del comandante de estación están sujetos a sus órdenes que
tengan que ver con el servicio y de acuerdo a lo que por ellos indicado, la orden
impartida por su superior tenía una relación directa con el servicio policial
desempeñado por ellos para la fecha de los hechos, debido a eso, no encuentro este
despacho causal de mala conducta en ellos, así como tampoco avizora alguna
conducta penal ni infligida por ellos, por lo tanto encabeza de cada uno de ellos, se
proferirá auto inhibitorio por delito por establecer.
Contrario a lo expuesto por la parte actora en relación a que la inexistencia de
responsabilidad penal debe llevar al fallador disciplinario a emitir un fallo absolutorio,
la Corte Constitucional en Sentencia C-708 de 1999, magistrado ponente Álvaro
Tafur Galvis, manifestó que existe plena autonomía del régimen disciplinario frente
al proceso penal y al proceso fiscal. Al respecto, sostuvo:
Es de anotar como peculiaridad propia del derecho disciplinario, la posibilidad de que
las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadran en la forma de tipos
abiertos. A diferencia de la materia penal, en donde las descripciones de los hechos
punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de
valoración e individualización de faltas sancionables por la diversidad de los
comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen
disciplinario.
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Es de resaltar que tanto la jurisprudencia constitucional como la del Consejo de
Estado ha establecido que si bien los diferentes regímenes punitivos (penal,
contravenciones, disciplinario, correccional, fiscal y de punición por indignidad
política) comparten elementos comunes, cada uno de ellos tiene su peculiaridad, en
especial, el penal y el disciplinario, dado que la misma conducta puede ser
sancionada en estos ámbitos sin que haya violación al principio non bis in idem.
Por su parte, el Consejo de Estado en Sentencia de 26 de septiembre de 2012,
expediente No. 0977-10, magistrado ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
sostuvo respecto a la autonomía del régimen disciplinario, que:
“(…) La conclusión no puede ser otra diferente a la independencia del proceso
disciplinario del penal, eso sí con la advertencia que comparten entre otros aspectos,
los principios rectores de tipicidad y legalidad, integrando el debido proceso, dado que
como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional el principio de legalidad: (i) otorga
certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto
predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible
transferir tal facultad al Gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una
competencia privativa del legislador (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad
jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la
arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas
ante el poder punitivo y sancionador del Estado.(…)”
Así, la ausencia de fallo condenatorio en materia penal no impide imponer sanción
disciplinaria, siempre que en esta se configuren los presupuestos exigidos por la
Ley para el efecto, como ocurrió en el asunto sometido a consideración, en que la
autoridad disciplinaria concluyó que había certeza en la comisión de la falta
disciplinaria y, por tanto, de la imposición de una sanción, motivo por el cual este
cargo no está llamado a prosperar.
• Finalmente, cabe resaltar que no es dable analizar si el procedimiento a través del
cual los policiales fueron llevados a la estación fue arbitrario o no, por cuanto no
incidió en la expedición de los actos administrativos ahora cuestionados, por cuanto
en ellos se valoraron las pruebas testimoniales y documentales con las cuales era
dable afirmar que el disciplinado incurrió en la falta gravísima contenida en el
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Radicado: 76001 23 33 000 2015 00975 01 (0721-2023)
Demandante: César Luis Ramírez Díaz
artículo 34 numeral 27 de la Ley 1015 de 2006, sin que hiciera parte de dicho análisis
el procedimiento en mención.
3. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,61
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicado: 76001 23 33 000 2015 00975 01 (0721-2023)
Demandante: César Luis Ramírez Díaz
4. Conclusión
Por las razones expuestas, se concluye que la parte actora no logró desvirtuar la
legalidad de los actos administrativos cuestionados, por lo que la Sala procede a
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor César Luis
Ramírez Díaz contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Segundo.- No condenar en costas, de segunda instancia, a la parte demandante.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.
GMSM
51
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