Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00294-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00294-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00294-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)
Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general.
Servidor público de elección popular.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE REMPLAZO
1. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de
2025, a través de la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta
Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de
la Nación1, esta Sala de Decisión procede a dictar la sentencia de reemplazo
dentro del proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
3. Fallo disciplinario del 19 de octubre de 2012,2 mediante el cual la
Procuraduría Regional de Bolívar sancionó al señor Jaime Domingo De Ávila
Fernández con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos
públicos por el término de 10 años.
4. Fallo del 28 de octubre de 2013,3 a través del cual el Procurador Primero
Delegado para la Vigilancia Administrativa, en sede de segunda instancia,
confirmó la anterior decisión.
5. A título de restablecimiento del derecho peticionó dejar sin efectos esa
sanción y, además, eliminarla de los registros respectivos. En subsidio, exigió
graduar la restricción en proporción a la falta cometida de acuerdo con el principio
1 Providencia emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15-
000-2024-03980-00; 11001-03-15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata.
2 Folios 664 a 695 del cuaderno 4.
3 Folios 831 a 849 del cuaderno 5.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández
de culpabilidad.
Hechos que fundamentan la demanda.
6. Ante la Procuraduría General de la Nación se presentó una queja en contra
del actor, por haberse posesionado como concejal del distrito de Cartagena de
Indias, encontrándose inhabilitado por la sentencia penal ejecutoriada en su
contra por el delito de inasistencia alimentaria.
7. El 10 de febrero de 2012, la Procuraduría Regional de Bolívar inició la
respectiva investigación. Posteriormente, en auto del 25 de mayo de ese año,
esa autoridad calificó la conducta del accionante, formulando pliego de cargos en
su contra.
8. En la audiencia de descargos, el demandante solicitó la práctica de
pruebas para desvirtuar la imputación formulada en su contra, elementos que
fueron decretados por la autoridad instructora. Sin embargo, le fue negada la
práctica e incorporación de las pruebas documentales y testimoniales
estrictamente ligadas a la defensa de sus intereses.
9. El 21 de septiembre de esa anualidad, el fallador de primera instancia cerró
el periodo probatorio sin haber recaudado todas las pruebas decretadas. Ante
ello, el abogado del accionante solicitó la nulidad del proceso, petición que fue
denegada.
10. El 19 de octubre de 2012, esa procuraduría sancionó al señor De Ávila
Fernández con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos
públicos por el término de 10 años. Contra esa providencia, su representante
presentó recurso de apelación, el cual fue confirmado a través del fallo del 28 de
octubre de 2013, proferido por el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia
Administrativa.
11. En ese proceso se probaron hechos relacionados con el comportamiento
del demandante que no fueron tenidos en cuenta al valorar su responsabilidad,
dentro de ellos, los siguientes:
12. Que al inscribir su candidatura ante las directivas del Partido Liberal y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, presentó los certificados de
antecedentes disciplinarios, fiscales y penales en los que no se reportaron
restricciones de ningún tipo.
13. Durante el trámite sancionatorio no se demostró la existencia de alguna
inhabilidad que le obstaculizara el ejercicio de cargos públicos.
Fundamentos de derecho. Para el abogado defensor, las decisiones sometidas
a juicio vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 4.°, 29 y 93 de la
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Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández
Constitución Política; artículos 6.°, 17, 18, 20, 21, 94, 97, 128, 129 y 139; artículo
8.° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 14 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
14. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que
se sintetizan a continuación:
15. Violación al debido proceso y al derecho a la defensa. La demandada
cerró el debate probatorio disciplinario, sin escuchar los testimonios de los
señores Hugo Guzmán Fonseca y Edgar Osorio Osorio, a pesar de que habían
sido decretados oportunamente. Además, se omitió emplear la potestad prevista
en el artículo 139 de la Ley 734 de 2002, para obligar la comparecencia de esos
declarantes.
16. Violación al principio de culpabilidad y proporcionalidad
disciplinaria. Para declarar la responsabilidad disciplinaria invocando la
modalidad de dolo, se debe acreditar que el sancionado quiso, inequívocamente,
cometer la falta imputada. Por el contrario, si se demuestra la ausencia de esa
intencionalidad, es improcedente acudir al referenciado título de imputación.
17. Los fallos cuestionados concluyeron que la conducta reprochada fue
cometida con dolo, pasando por alto todas las circunstancias que conllevaron al
demandante a posesionarse como concejal distrital de Cartagena de Indias, entre
ellas: a) la inexistencia de antecedentes penales al momento de inscribir su
candidatura y; b) que los actos sancionatorios no valoraron lo dicho por el actor
en su versión libre, referente a que la última actuación del proceso penal que
conoció fue la preclusión de la investigación; lo cual fue corroborado por su
abogado.
18. Del análisis de las pruebas se puede concluir que el demandante no tuvo
la intención de cometer la falta disciplinaria. Con esa omisión, la autoridad
accionada no aplicó en debida manera las reglas de asignación de culpabilidad
pues, aunque el ordenamiento demanda de los servidores públicos un
conocimiento de las cargas que deben cumplir, lo cierto es que, en virtud del
principio de dignidad humana, al momento de reprochar una falla conductual se
deben establecer las condiciones del autor y los deberes de información
asumidos por este.
19. Violación al principio de proporcionalidad. La inadecuada calificación
de la falta vulneró el aludido principio, pues debiendo aplicar la sanción de
suspensión, multa o, en su defecto, amonestación en la hoja de vida, acudió a la
destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos, restricción que no
correspondía con el verdadero grado de culpabilidad.
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Contestación de la demanda.
20. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación
contestó la demanda4, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Con
tales fines, alegó que las actuaciones surtidas al interior del trámite disciplinario
respetaron la Constitución Política y la ley, máximo porque en cada etapa procesal
se le garantizó al investigado el legítimo derecho a defenderse y contradecir las
decisiones respectivas.
21. En línea con ello, como argumentos de defensa contra los cargos de
nulidad, expuso lo siguiente:
22. La actitud que reprochó la parte actora dista mucho de una infracción de
sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, pues en varias
ocasiones se citaron a los testigos renuentes, por lo que en principio no podría
hablarse de una vulneración a tales prerrogativas, dado que la ausencia de los
declarantes no le es atribuible al operador disciplinario.
23. La violación al principio de la culpabilidad se sustentó en una indebida
valoración probatoria del abogado defensor frente al elemento subjetivo de la falta
disciplinaria enrostrada, es decir, en torno a la culpabilidad del actor.
24. Manifestó que «la presunta ausencia de antecedentes que reposaba en sus
certificados de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Penales al momento de
inscribirse como candidato al Concejo por el Distrito de Cartagena, no
desvirtuaban per se la legalidad de la sentencia condenatoria que se profirió en
su contra por el delito de inasistencia alimentaria; máxime cuando adujo que tuvo
conocimiento de la misma días previos a su posesión y aun así procedió a
continuar en el proceso».
25. Como órgano de control tiene la obligación de reportar las novedades que
alteren la situación jurídica de una persona en cuanto a la ausencia o existencia
de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de funciones públicas,
pero esto solo se realiza si la autoridad competente informa la sanción impuesta.
26. En todo caso, eso no es justificación para desconocer la existencia de una
condena en contra del demandante «porque los antecedentes disciplinarios sólo
informan la situación judicial de una persona mas no se encarga de prohibir a qué
cargos se puede acceder, esto último lo consagra es el legislador».
27. En el curso procesal se demostró que el accionante fue destinatario de una
sentencia condenatoria a título de dolo por el delito de inasistencia alimentaria,
providencia que a la fecha de posesión en el aludido cargo se encontraba
debidamente ejecutoriada. Por tanto, estuvo bien determinada la inhabilidad
prevista en el numeral 17 del artículo 48 del estatuto disciplinario.
4 Folios 1165 a 1173 del cuaderno 6.
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28. La restricción en cita no depende de los medios de difusión o mecanismos
de publicidad que ofrezca la rama judicial, sino que tiene su razón de ser en la
existencia de una condena penal debidamente ejecutoriada, lo que fue
demostrado en el trámite sancionatorio. Por ende, no es de recibo la tesis del
reclamante cuando señaló que ignoraba la existencia de esa providencia.
29. Es desértica la causal de violación al principio de proporcionalidad, pues en
ella no se exponen las razones por las cuales la sanción impuesta detenta esa
irregularidad -limitándose a decir que debido a su conducta, debió ser calificada
como culpa leve con su consecuente sanción-.
Sentencia de primera instancia.
30. Mediante sentencia proferida en la audiencia inicial celebrada el 25 de
octubre de 2017,5 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las súplicas de la
demanda y condenó en costas al accionante.
31. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco
normativo aplicable al juicio disciplinario, concluyó que el análisis realizado en los
fallos fue amplio, sustancial, crítico y razonado de los medios probatorios. En
concreto, sobre los cargos invocados expresó:
32. La violación al debido proceso y al derecho a la defensa no prospera,
porque la decisión de no recaudar la declaración de los testigos renuentes no
obedeció al capricho de la autoridad instructora. En cambio, se acreditó la
diligencia en las actuaciones surtidas por la Procuraduría Regional de Bolívar.
33. Sin embargo, los citados deponentes se negaron a comparecer en las tres
oportunidades que fueron requeridos. Así las cosas, es razonable que en
aplicación del principio de economía y celeridad procesal -artículos 12 y 94 de la
Ley 734 de 2002-, el operador disciplinario ordenara el cierre de la etapa
probatoria.
34. Dentro del expediente existía suficiente material probatorio para adoptar
una decisión de fondo; por lo que el fallador estaba autorizado para limitar los
testimonios cuando en su criterio tuviera claridad sobre los hechos que pretendía
demostrar.
35. Las razones por las cuales el demandante requería esas declaraciones se
suplieron con los otros testigos escuchados en el proceso, los cuales fueron
valorados de manera razonable y adecuada.
36. Se respetó, además, el derecho de audiencia y de defensa, comoquiera
que se resolvió oportunamente la solicitud de nulidad presentada por el abogado
5 Folios 2341 a 2357 del cuaderno 12.
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defensor en la audiencia pública del 5 de octubre de 2012, en relación con la no
práctica de los testimonios de Hugo Guzmán Fonseca y Edgar Osorio.
37. La no resolución de esa solicitud de nulidad en sede de segunda instancia
obedeció a que ella fue despachada negativamente en la citada audiencia y,
presentado el recurso de reposición, la decisión fue confirmada, con lo cual quedó
en firme.
38. No se vulneró el principio de culpabilidad y proporcionalidad, pues las
pruebas recopiladas no conllevaban a variar el título de imputación, toda vez que
la falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo, por haber tomado
posesión del cargo de concejal distrital de Cartagena en el periodo 2012-2015,
pese a la causal de inhabilidad prevista en el numeral 1.° del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. En esos
términos, su conducta ameritaba la sanción impuesta, a la luz de lo establecido
en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
39. La procuraduría no presumió el actuar doloso del accionante, sino que
demostró que previa asunción de su investidura conocía del fallo penal en su
contra y, a pesar de eso, decidió tomar posesión de aquel.
40. La alegada diligencia del demandante en consultar a distintos abogados
para determinar si podía posesionarse en ese empleo también fue estudiada en
los fallos demandados, en los que se indicó que tales acciones no configuraron el
error invencible eximente de responsabilidad, en tanto que «una asesoría
individual, particular y subjetiva no puede más que un proceso judicial, que es el
estadio natural donde se resuelve, como se anota, los conflictos legales como el
que se examina».
41. A lo anterior se suma que «las consultas hechas a profesionales del
derecho o el grado de escolaridad o preparación que pueda tener un candidato a
una Corporación Pública, en nada incide sobre la efectiva configuración de los
elementos constitutivos de una inhabilidad, incluidos sus elementos subjetivos, así
como los consecuentes cargos disciplinarios que se le imputaron al actor
inhabilidad (…)».
42. Por el contrario, el presunto error del demandante si era vencible, dado que
«siendo una persona que se somete a ejercer como servidor público, esto es,
concejal, se le exigían deberes y asumía la responsabilidad de leer, adquirir
conocimientos y buscar asesoría adecuada de manera directa».
Recurso de apelación.
43. Inconforme con esa decisión, el apoderado sustituto de la parte
demandante la recurrió en apelación6. En su intervención, censuró que el tribunal
6 Folios 2360 a 2364 del cuaderno 12.
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de primera instancia hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su
juicio:
44. La no práctica del testimonio del señor Hugo Guzmán Fonseca transgredió
el debido proceso y el derecho a la defensa, así como la garantía a ser juzgado
con sujeción a las formas propias de cada juicio, que para el caso concreto se
traducía en el cumplimiento del deber de practicar las pruebas necesarias para
desvirtuar la imputación formulada por la autoridad disciplinaria.
45. Aunque el testigo fue citado en tres oportunidades, indebidamente se cerró
la etapa probatoria, dado que se omitió el deber de hacerlo comparecer por medio
del poder concedido en el artículo 139 de la Ley 734 de 2002.
46. La infracción al debido proceso se predica también del acto administrativo
sancionatorio de segunda instancia porque «no obstante haber puesto en
conocimiento, la violación a las garantías fundamentales de Jaime de Ávila
Fernández, guardó silencio sobre las mismas, sin explicar, ni desvirtuar cada una
de las razones y argumentos jurídicos presentados (…) que le obligaban a
declararla nulidad de la actuación o, por lo menos a escuchar, durante el trámite
de la segunda instancia, a los testigos previa citación de la Defensa con el objeto
de ejercer adecuadamente la garantía de contradicción».
47. Con esa decisión se trasgredió el principio de culpabilidad y
proporcionalidad, pues el demandante siempre actuó convencido de que no tenía
ninguna limitante para posesionarse como concejal.
48. Ni al momento de inscribir su candidatura ni al tiempo de tomar posesión
del cargo como concejal distrital, el señor De Ávila Fernández tenía reporte de
antecedentes penales. Por esta razón el Partido Liberal lo avaló para participar
como aspirante.
49. Las decisiones sancionatorias no tuvieron en cuenta que el demandante
fue diligente y consultó a distintos abogados para saber si podía posesionarse
como concejal, dada su condición de líder de comunidades isleñas, de profesión
soldador y sin conocimiento sobre el régimen de inhabilidades.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
La admisión del recurso.
50. Mediante auto de fecha 29 de enero de 2019,7 se admitió el recurso de
apelación.
7 Folio 2374 del cuaderno 12.
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Alegatos de conclusión.
51. A través de proveído adiado 5 de mayo de 2019,8 se ordenó correr traslado
a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos
de conclusión. En esta oportunidad procesal las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
52. Finalmente, se advierte que, tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
53. Competencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta
Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación presentado.
54. Problema jurídico. Le corresponde a la Sala establecer, en línea con lo
sustentado en el recurso de apelación si: ¿Las decisiones demandadas
transgredieron los derechos al debido proceso y defensa del actor y el principio
de culpabilidad y proporcionalidad ligados a la sanción impuesta?
Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
La culpabilidad.
55. En cuanto a este elemento de la responsabilidad, el artículo 13 de la Ley
734 de 2002 estableció que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma
de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa».
56. Ello significa que el operador debe examinar la conducta reprochada, en
orden a establecer si la misma fue ejecutada con dolo, esto es, «cuando el
agente conoce los hechos constitutivos de la infracción… y quiere su realización.
También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción … ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar»;10 o con culpa
gravísima o grave, frente a las que el parágrafo del artículo 44 ibid. instituyó
«[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».
8 Folio 2380 del cuaderno 12.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 Artículo 22 de la Ley 599 de 2000.
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57. En sentencia de 6 de febrero de 2020, esta Subsección,11 en cuanto a la
estructura general de la responsabilidad disciplinaria, expresó:
«La responsabilidad disciplinaria surge cuando se comprueba la concurrencia de
ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en
una estructura que ha sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir
de cinco categorías a saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv)
la ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad.
A su vez, las cinco categorías que se acaban de enunciar pueden subdividirse a
partir de tres juicios diferentes: (i) el juicio de adecuación para determinar la
tipicidad; (ii) el juicio de valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio
de reproche para analizar la culpabilidad.
Respecto del primer juicio, es necesario que previamente se determinen: la
capacidad del sujeto disciplinable desde su condición como servidor público o
particular en ejercicio de funciones públicas (capacidad formal), y su
imputabilidad (capacidad material); además de las circunstancias de hecho
relativas a la conducta, las cuales deben demostrarse con las pruebas
practicadas en el procedimiento sancionatorio. De allí, la adecuación típica debe
realizarse con la confrontación del comportamiento probado y el texto legal que
consagre la falta disciplinaria.
Si el primer juicio arroja que un sujeto disciplinable e imputable, con su conducta
cometió una falta disciplinaria tipificada en la ley, debe pasarse al segundo,
relativo a la valoración sobre la ilicitud sustancial. Esta, de acuerdo con lo
consagrado en los artículos 4 de la Ley 1015 de 2006 y 5 del Código Disciplinario
Único, se configura cuando la conducta tipificada como falta afecte el deber
funcional sin justificación alguna.
[…]
Ahora bien, a diferencia del derecho penal, para que se configure una infracción
disciplinaria no es necesario un resultado lesivo o dañino a un bien jurídico o al
Estado, sino que se exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los
deberes funcionales encargados al servidor público, que afecten los valores o
principios de la función pública, y la consecución de los fines de la organización
política.
[…]
Finalmente, el juicio de reproche en sede de culpabilidad, debe realizarse a partir
de la verificación del nexo psicológico entre el autor de la falta y la conducta
desplegada para su consumación, esto es, si el sujeto disciplinable actuó con
dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al que
efectivamente materializó en la realidad […]»
El control judicial integral frente a los actos administrativos sancionatorios.
58. En sentencia de 9 de agosto de 2016, la Sala Plena de esta Corporación,
al resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por
la ciudadana Piedad Esneda Córdoba Ruíz en contra de la Procuraduría General
de la Nación, luego de referenciar las tesis que a lo largo de los tiempos fijaron
11 Expediente radicado interno 3003-2017, C.P. William Hernández Gómez.
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los criterios para el ejercicio del control judicial sobre las decisiones
disciplinarias,12 unificó la jurisprudencia para pregonar que, en adelante, dicha
revisión sería «integral».
59. Con esta nueva regla se debía superar el simple examen de legalidad para
arribar a un análisis sustancial y profundo que contrastara la decisión
sancionatoria con la Constitución Política y la ley, teniendo como norte derechos
fundamentales.13 En esa providencia se puede leer lo siguiente:
«Alcance del control judicial integral.
En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, es integral.
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez
administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5)
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de
control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez
de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva».
60. Por consiguiente, en virtud de esa decisión, el control judicial integral orbita
sobre: i) las causales de nulidad del artículo 137 del CPACA y, además,
cualquiera otra conexa con los derechos fundamentales; ii) la valoración de las
pruebas recaudadas; iii) los principios rectores de la ley disciplinarias; iv) el
principio de proporcionalidad; v) la ilicitud sustancial.
12 i) La intangibilidad relativa e implícita de la decisión disciplinaria administrativa, fundada en la justicia
rogada y la deferencia especial [Ley 167 de 1941]; ii) La intangibilidad relativa explícita y deferencia especial
respecto de la decisión disciplinaria administrativa [Sentencia C-197 de 1999]; iii) El control jurisdiccional
sobre las decisiones disciplinarias es pleno, en la medida en que se desborden los límites impuestos por la
Constitución Política y la ley; en caso contrario, la sede judicial no se erige en una tercera instancia de
debate [Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de diciembre de 2012, expediente
radicado 2005-00012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve] y; iv) El aludido control jurisdiccional es pleno e
integral y no se encuentra limitado por los argumentos planteados en la demanda, ni por cortapisas a la
competencia del juez contencioso [Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2014,
radicado interno 0263-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren].
13 Como sustrato de esa nueva tesis, se invocaron las siguientes: i) la potestad disciplinaria, al pertenecer
al campo del ius punendi, amerita la intervención del juez administrativo, en orden a verificar su ajuste a la
Constitución Política y la ley, y el respeto de los principios de racionalidad y dignidad humana; ii) A nivel
convencional [CADH] y constitucional, los ciudadanos deben contar con recursos judiciales idóneos y
efectivos no solo para garantizar la protección de sus derechos, sino también para remediar las eventuales
violaciones a los mismos; iii) la finalidad para la que fue instituida la jurisdicción de lo contencioso
administrativo «preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos previstos en la constitución y
la ley» también cobija a las decisiones disciplinarias, pues son expresión de la actuación administrativa
sujeta al control judicial a ella atribuido y; iv) las decisiones de esta naturaleza no son equiparables a las
proferidas por los jueces de la República.
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El derecho constitucional al debido proceso en las actuaciones
disciplinarias.
61. El artículo 29 superior establece que «[e]l debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas»; dentro de estas últimas
se encuentra la actuación disciplinaria, en tanto es expresión de esa naturaleza.
62. Así entonces, el aludido principio constitucional demanda la preexistencia
de un conjunto de etapas y garantías para la protección de los derechos y la
aplicación concreta y correcta de la justicia, en todas aquellas actuaciones en las
que se adjudiquen derechos y/o se impongan obligaciones y sanciones, de modo
tal que el ciudadano no se vea sorprendido por la autoridad que dirige ese
procedimiento y/o por los demás intervinientes en el mismo. Sobre el particular,
esta Subsección, en sentencia del 11 de junio de 2020,14 concluyó:
«4.1.1.1 Debido proceso disciplinario - aplicación de la garantía
fundamental a la presunción de inocencia
El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de
las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven
llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el
proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las
partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo
de todas sus etapas.
Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una
naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material.
La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como son las
etapas que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades
de actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a
las garantías sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las
cuales pueden destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la
presunción de inocencia, la imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a
contradecir las pruebas, entre muchas otras».
63. Precisado todo lo anterior, procede la Sala a revolver el interrogante
planteado en acápite anterior.
Caso concreto.
64. Interrogante único: ¿Las decisiones demandadas transgredieron los
derechos al debido proceso y defensa del actor y el principio de culpabilidad y
proporcionalidad ligados a la sanción impuesta?
65. Para resolver el interrogante planteado, la Sala analizará el material
probatorio que yace en el plenario, así:
66. El 16 de agosto de 2000, Olga Sofía Villacoth Hernández instauró querella
por el delito de inasistencia alimentaria en contra del señor Jaime Domingo De
14 Expediente con radicado interno 2838-2019, C.P. William Hernández Gómez.
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Ávila Fernández, con quien afirmó haber sostenido una relación sentimental de
la que nació una hija.15
67. El 5 de octubre de 2000, la fiscalía local 36 de Cartagena, luego de
escuchar en indagatoria al citado señor,16 dejó sentado el acuerdo conciliatorio
celebrado entre las partes en contienda, a través del cual el actor se comprometió
a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Por esa razón, el 10 de noviembre
de ese año, el ente investigador profirió resolución de preclusión de la
investigación.17
68. No obstante, el 14 de noviembre siguiente, la querellante presentó escrito
ante la Fiscalía informando que el señor De Ávila Fernández incumplió el citado
acuerdo.18 Ante esa manifestación, el 17 de noviembre de ese año se revocó la
decisión de preclusión arriba señalada.19 Esta determinación quedó ejecutoriada
el 19 de enero de 2001.20
69. Posteriormente, el ente investigador profirió el 25 de noviembre de 2002
resolución de acusación por el delito de inasistencia alimentaria.21 El 15 de julio
de 2003 se notificó al abogado Wilmer Herrera Inmitola su designación como
defensor de oficio del procesado.22
70. Luego de varios aplazamientos, el 8 de marzo de 2007 se celebró
audiencia pública en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena, con
asistencia del representante del Ministerio Público y del apoderado defensor.23
71. El 14 de junio de 200724 el abogado presentó memorial ante el juez de la
causa, con el que allegó pruebas sobrevinientes que le entregó su cliente. Esas
evidencias correspondían a un proceso ejecutivo de alimentos adelantado por la
querellante, en el que se demostraban los descuentos realizados por la Cámara
de Representantes en cumplimiento de las obligaciones alimenticias a su cargo.
72. El 18 de septiembre de 2007 el Juzgado Promiscuo Municipal de
Soplaviento – Bolívar25 profirió sentencia condenando al demandante a la pena
de 25 meses de prisión y multa de 4 días de salario mínimo legal mensual vigente,
como autor del delito de inasistencia alimentaria.26 Ese proveído fue notificado
15 Consultar índice 19 de la plataforma SAMAI, archivo denominado 021ED_57902018ANEXO10pdf.pdf
Expediente digitalizado, página 60.
16 Página 65, ib.
17 Página 69.
18 Página 71.
19 Página 74
20 Página 80.
21 Página 86.
22 Página 91.
23 Página 111.
24 Página 116.
25 A partir de la redistribución de procesos realizado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
No. PSA A07-4131 de 21 de agosto de 2007. Ver página 117, ib.
26 Folio 119, ib.
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por edicto del 30 de enero de 2007, dimanado del Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Cartagena.27
73. Posteriormente, mediante informe del 7 de diciembre de 2011, el
secretario del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena dejó constancia de
que esa sentencia se encontraba ejecutoriada, pero que había sido enviada a la
bodega de archivo y no al juez de ejecución de penas. En consecuencia,
advertido ese error, se remitió a la autoridad competente. El 26 de diciembre de
2011, el señor Ávila Fernández otorgó poder al abogado Hugo Guzmán Fonseca
para que lo representara en el proceso ante el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.28
74. Por otra parte, mediante Auto de 29 de mayo de 2012, la procuraduría
formuló pliego de cargos en contra del actor así:
«Cargo primero:
Jaime Domingo de Ávila Fernández, CC. N° 73.098.873 de Cartagena: Usted
a pesar de haber sido condenado el 18-SEPTIEMBRE-2007 dentro del proceso
radicado N° 13-001-4004-003-2003-0095 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Soplaviento (Bolívar) a la pena principal de veinticinco (25) meses de prisión y
multa de cuatro (4) días de salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) por el
delito de inasistencia alimentaria de su menor hija Lenha Vanessa de Ávila
Villacoth, sentencia que quedó debidamente ejecutoriada, es decir, estando
inhabilitado conforme el numeral 1" del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y a
sabiendas de la inhabilidad, se posesionó el 02-ENERO-2012 como Concejal del
Distrito de Cartagena de Indias por el Partido Liberal Colombiano, fungiendo
hasta el 16-ABRIL-2012, fecha en la cual la presidencia de dicha corporación,
acatando el proveído del 15-DICIEMBRE-2011 proferido por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Bolívar, que decretó la suspensión provisional de
su elección, expidió la Resolución N° 124 declarando vacante en forma temporal
la curul que Usted ocupaba.
Cargo segundo.
Jaime Domingo de Ávila Fernández, CC. N° 73.098.873 de Cartagena: Usted
a pesar de haber sido condenado el 18-SEPTIEMBRE-2007 dentro del proceso
radicado N° 13-001-4004-003-2003-0095 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Soplaviento (Bolívar) a la pena principal de veinticinco (25) meses de prisión y
multa de cuatro (4) días de salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) por el
delito de inasistencia alimentaria de su menor hija Lenha Vanessa de Ávila
Villacoth, sentencia que quedó debidamente ejecutoriada, es decir, estando
inhabilitado conforme el numeral 1' del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y a-
sabiendas de la inhabilidad, se posesionó el 02-ENERO-2012 como Concejal del
Distrito de Cartagena de Indias por el Partido Liberal Colombiano, percibiendo
desde ese momento hasta la declaratoria de vacancia temporal de la curul que
ocupaba, los honorarios y demás valores que ascienden a $19.108.958.00,
incrementando así injustificada y directamente en favor propio su patrimonio.
7.2 Tipicidad y normas infringidas.
27 Folio 126.
28 Folio 32.
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Como se torna repetir, el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, dispone lo siguiente:
"...Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales El articulo 43 de la
Ley 136 de 1994 quedará así: "Artículo 43. Inhabilidades No podrá ser
inscrito como candidato ni elegido concejal' municipal o distrital: 1. Quien
haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposo; o haya perdido la investidura de
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o
concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en
interdicción para el ejercicio de funciones públicas...". (Resaltado y
subrayado fuera de texto).
Por lo anterior, estando Jaime Domingo de Ávila Fernández, CC. N° 73.098.873
de Cartagena, condenado desde el 18-SEPTIEMBRE-2007 dentro del radicado
N° 13-001-4004-003-2003-0095 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Soplaviento (Bolivar) a la pena principal de veinticinco (25) meses de prisión y
multa de cuatro (4) días de salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) por el
delito de inasistencia alimentaria de su menor hija Lenha Vanessa de Ávila
Villacoth, estaría inhabilitado para posesionarse el 02-ENERO-2012 como
Concejal del Distrito de Cartagena de Indias, razón por la cual, al hacerlo, pudo
infringir para el cargo primero el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
o Código Disciplinario Único (CDU) […]
La trasgresión de estos preceptos constituye falta disciplinaria al tenor del artículo
23 ibidem, cuyo texto dice:
"...Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto
da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado
por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en
el Artículo 28 del presente ordenamiento...".
7.3 Calificación de las faltas y culpabilidad.
Conforme lo expuesto, las conductas imputadas a Jaime Domingo de Ávila
Fernández, CC. N° 73.098.873 de Cartagena, en su condición de Concejal del
Distrito de Cartagena de Indias, se perfilan como faltas gravísimas, y por el
conocimiento que él tenía de la ilicitud de su proceder, para la Procuraduría
Regional de Bolívar la forma de culpabilidad se califica como dolosa, pues
dependió de él y sólo de él haber hecho lo que hizo, obrar con conocimiento de
causa en la violación manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento que le
impedían la posesión como Concejal del Distrito de Cartagena y el cobro de los
correspondientes emolumentos...».
75. El 8 de junio de 2012 se celebró audiencia verbal ante en la Procuraduría
Regional de Bolívar, en la que el disciplinado, a través de abogado, solicitó el
recaudo de diferentes pruebas documentales y la recepción de testimonios,
precisando que las declaraciones tenían como objetivo principal «demostrar que
el sujeto pasivo de la actuación disciplinaria actuó convencido de que no estaba
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inhabilitado».29 En la audiencia se decretaron las pruebas testimoniales
solicitadas, entre ellas la del señor Hugo Guzmán Fonseca.
76. El 27 de junio de 2012, el defensor del accionante solicitó al procurador
regional el aplazamiento de audiencia de recepción de los testimonios.30
Posteriormente, entre el 4 y el 9 de julio de 201231 se recibieron las declaraciones
de Heriberto José Solis Arrieta, Milton José Pereira Blanco, José Julián Vásquez
Buelvas, Karina Margarita Vásquez Buelbas y Campo Elías Romero Romero.
77. El 9 de agosto de 201232 el abogado solicitó citar nuevamente a los
testigos faltantes, entre ellos Hugo Guzmán Fonseca. La autoridad disciplinaria
accedió a esa petición y, a través del oficio 2886 del 13 de agosto de 2012, le
comunicó al testigo en referencia que el día 23 de agosto de 2012 sería recibida
su declaración.33
78. Esa diligencia no se pudo realizar por la inasistencia de los declarantes,
según consta en acta de no comparecencia.34 Por tanto, fueron citados
nuevamente para el día 4 de septiembre de ese año.35 En la señalada fecha
únicamente compareció la deponente Saray Aguas García.36
79. El 21 de septiembre siguiente se celebró audiencia para continuar el
trámite verbal disciplinario. En esta oportunidad se recaudó el testimonio de
Argemiro Bermúdez Villadiego, se realizó un resumen del acervo probatorio y se
dio por cerrada la etapa probatoria.37
80. El 4 de octubre de 2012,38 el defensor solicitó la nulidad del anterior
decisorio, al argumentar que la etapa de pruebas se cerró sin que se recaudaran
todas las evidencias solicitadas en la audiencia del 8 de junio de 2012, entre ellas
el relato del señor Hugo Guzmán Fonseca y Edgar Osorio.
81. El 5 de octubre de 2012,39 la Procuraduría Regional de Bolívar negó esa
solicitud. Para ello, indicó que la limitación de los testimonios se ajustó al orden
jurídico, comoquiera que los declarantes no asistieron a pesar de las diversas
citaciones efectuadas. Además, dada la naturaleza del proceso, el recaudo de 8
de 10 testigos decretados era suficiente para cerrar la etapa probatoria en
garantía de la economía procesal y celeridad procesal. Ante esa decisión, la
29 Ver índice 19 de la plataforma SAMAI, archivo denominado 023ED_57902018ANEXO3pdf Expediente
digitalizado, página 114.
30 Folios 189, ib.
31 Páginas 192 y siguientes.
32 Ver índice 19 de la plataforma SAMAI, archivo denominado 014ED_57902018ANEXO4pdf.pdf Expediente
digitalizado, folio 44.
33 Folio 51, ib.
34 Página 63.
35 Página 59.
36 Página 65.
37 Página 87.
38 Página 129.
39 Ver índice 19 de la plataforma SAMAI, archivo denominado 015ED_57902018ANEXO5PARTE1
Expediente digitalizado, folio 47.
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defensa presentó recurso de reposición en el tránsito de la audiencia, pero la
autoridad disciplinaria la confirmó por las razones anteriormente señaladas.
82. El 19 de octubre de 2012 la Procuraduría Regional de Bolívar profirió fallo
de primera instancia, en el cual sancionó disciplinariamente al demandante. Así,
luego de reiterar los cargos enrostrados, la calificación de la conducta y las faltas
cometidas en el pliego de cargos, explicó:
(…) el Juzgado Promiscuo Municipal de Soplaviento (Bolivar) condenó el 18-
SEPTIEMBRE-2007 dentro del radicado N° 13-001-4004-003-2003-0095 a Jaime
Domingo de Ávila Fernández, CC. N° 73.098.873 de Cartagena, a la pena
principal de veinticinco (25) meses de prisión y a multa de cuatro (4) días de
salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) por el delito de inasistencia
alimentaria de su menor hija Lenha Vanessa de Avila Villacoth (Fls. 55 a 60; 143
a 148), y que esta sentencia quedó ejecutoriada el 30-ENERO-2008.
Acorde con la prueba documental allegada al expediente, esta sentencia judicial
condenatoria a pena privativa de la libertad es incontrovertible, pues no ha sido
anulada, cuestionada ni revocada por autoridad judicial competente, como para
desconocer sus efectos y consecuencias jurídicas.
El delito de inasistencia alimentaria está consagrado en el artículo 233 de la Ley
599 de 2000 o Código Penal (CP), así:
"...Articulo 233. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa
causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus
ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero
o compañera permanente, incurrirá en prisión..."
(…) Tratándose entonces de una condena por un delito doloso, Jaime Domingo
de Ávila Fernández estaba inhabilitado desde el 30-ENERO-2008 (fecha de
ejecutoria de la sentencia judicial condenatoria) para inscribirse como candidato
y ser elegido Concejal del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para
el periodo 2012-2015, pues el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, así lo prohíbe:
"... Artículo 40. De las Inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 quedará así:
"Articulo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley,
la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o
se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas...".
(Resaltado y subrayado fuera de texto).
Quien aspire a ser elegido en un cargo de elección popular, en particular el de
Concejal, debe desde el momento mismo de su inscripción estar libre de todo
lunar, mancha, sombra o vicio, es decir, que no es posible inscribirse cuando
exista una inhabilidad, vr gr una sentencia judicial condenatoria a pena privativa
de la libertad como la que aquí se examina.
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Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, se tiene probado que Jaime Domingo de
Ávila Fernández salió elegido en las elecciones del 30-OCTUBRE-2011 como
Concejal del Distrito de Cartagena de Indias para el periodo constitucional y legal
2012-2015 (…).
El 26-DICIEMBRE-2011, según expuso Jaime Domingo de Ávila Fernández en
versión libre del 08-JUNIO-2012, y según lo afirma su defensa en el alegato
previo al fallo de primera (1era.) instancia, enterado por las publicaciones de
prensa de la sentencia condenatoria privativa de la libertad proferida en su contra,
le dio poder al abogado Hugo Guzmán Fonseca. (…)
El 27-DICIEMBRE-2011 el periódico El Universal informa públicamente bajo el
titular "Jaime De Ávila sí se puede posesionar como concejal", que contra él
ciertamente pesaba una condena fallada por el delito de inasistencia alimentaria,
sentencia que según el abogado Hugo Guzmán Fonseca se encontraba
debidamente ejecutoriada. (Resaltado fuera de texto. FI. 276).
El 02-ENER0-2012, en contravía del hecho fáctico y de la citada Ley 617 de 2000,
que modificó a su vez la Ley 136 de 1994, Jaime Domingo de Ávila Fernández
toma posesión como Concejal del Distrito de Cartagena de Indias para el periodo
constitucional y legal 2012-2015. Así consta en el Acta de Sesión Ordinaria de
Instalación N° 001 del lunes 02-ENERO-2012 del Concejo Distrital de Cartagena
de Indias, en cuyo llamado a lista y comprobación del quórum aparece reseñado
precisamente como Jaime Domingo de Ávila Fernández (…):
No hay que olvidar que de conformidad con el artículo 6° de la Constitución
Política, quienes desempeñen funciones públicas son responsables ante las
autoridades por infringir no sólo la referida Constitución Política y las leyes, sino
también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (…)
Ahora, según se desprende del contenido del artículo 123 de la Carta, los
miembros de las corporaciones públicas, incluidos por supuesto los Concejales
Municipales, desempeñan funciones públicas. (…) De igual manera, el artículo
133 ibídem señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección
directa, representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien
común.
Es por todo lo anterior que Jaime Domingo de Ávila Fernández debió
primero aclarar de manera cierta y definitiva su situación jurídica antes de
posesionarse como Concejal de Cartagena, pues si bien es cierto que los
certificados de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, fiscales de
la Contraloría y judiciales del DAS no registraban anotación negativa alguna
en su contra que le impidiera posesionarse, también lo es que la inhabilidad
legal para inscribirse como candidato y ser elegido Concejal Distrital se
refiere es a la existencia de una sentencia judicial condenatoria a pena
privativa de la libertad proferida por una autoridad competente, no a los
antecedentes, que son la consecuencia natural de las condenas penales y
las sanciones disciplinarias y fiscales. El certificado de antecedentes
advierte, avisa, comunica, indica, informa y revela la situación judicial y
disciplinaria de una persona, no prohíbe.
Conforme lo expuesto se tiene que el aspecto fáctico (material u objetivo)
del comportamiento cuestionado encasilla en la norma que lo prohíbe,
quedando pendiente por resolver la responsabilidad que le quepa al implicado
(aspecto subjetivo), tal como a paso seguido se entra a resolver.
Para iniciar, el elemento subjetivo de la conducta irregular reprochada a Jaime
Domingo de Ávila Fernández está dado, prima facie, por el conocimiento que
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del régimen de inhabilidades e incompatibilidades es exigible a todo
candidato que tome posesión como miembro de una corporación pública
de origen popular, independientemente del grado de instrucción que posea
al momento de su posesión. Como si ello no fuere suficiente, se tiene que de
Ávila Fernández afirma haber laborado en el Congreso de la República,
concretamente en la Cámara de Representantes, dependencia donde incluso el
Jefe de Pagaduría, menciona al señor Alvaro Miers Gutiérrez, le descontaba por
nómina los valores requeridos por un Juzgado de Familia de Cartagena para
cubrir sus incumplidas obligaciones como padre de familia. Esta novedad hace
colegir no sólo que conocía o podía conocer la normatividad impeditiva, sino
también que tenía procesos por alimentos que adeudaba a sus hijos, y por los
cuales le descontaban por orden judicial. En otras palabras, estos dos (2) últimos
eventos no le eran desconocidos ni extraños (…).
Continuando con la expiación de su situación, de Ávila Fernández asegura que
como los medios de comunicación empezaron a publicitar su inhabilidad a finales
de DICIEMBRE-2011, consultó con una serie de abogados de Cartagena, entre
ellos Hugo Guzmán Fonseca, Edgard Osorio, Milton José Pereira Blanco, Campo
Elías Romero Romero, Heriberto José Solís Arrieta, José Julián y Karina
Margarita Vásquez Buelvas, quienes resumiendo le aseguraron que no tenía
inconveniente alguno para posesionarse, primero porque los certificados
disciplinarios, fiscales y judiciales no registraban antecedente negativo alguno;
segundo porque la pena privativa de la libertad y la interdicción de sus derechos
políticos se encontraban interrumpidos en razón de la concesión del beneficio del
subrogado penal de la suspensión condicional de ejecución de la pena; tercero
porque la pena privativa de la libertad y la interdicción de sus derechos políticos
se había cumplido en el mes de FEBRERO-2010, es decir que para esa fecha ya
habían transcurrido los 25 meses de prisión; cuarto porque, según aducen, como
la inhabilidad imputada "...es (...) de la familia...", es temporal, pues
constitucionalmente está consagrado que las inhabilidades intemporales son
aquellas que tienen como bien jurídico tutelado el patrimonio público; y quinto
porque el proceso penal contenía numerosos vicios de ilegalidad. En síntesis,
que todo había sido un malentendido producto de errores judiciales.
Complementa la defensa, que no sólo por éstas razones, sino también por las
condiciones personales de Jaime Domingo de Ávila Fernández (su nivel de
cultura), está exento de responsabilidad disciplinaria porque al posesionarse obró
con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta
disciplinaria. (N° 6° del Art. 28 de la Ley 734 de 2002).
(…) Jaime Domingo de Ávila Fernández actor principal y único de una condena
penal por inasistencia alimentaria (…) solo atina a exculparse precisando que se
vino a enterar oficialmente de su existencia en DICIEMBRE-2011, esto es días
antes de instalarse como Concejal del Distrito de Cartagena, pero que como no
tenía antecedentes y el juez había ordenado la suspensión condicional de la
sentencia, sus abogados le aconsejaron que podía posesionarse.
En otras palabras, alega unas circunstancias exculpativas (sic) que la ley no
contempla como para obviar la inhabilidad en la que se encuentra incurso, pues
primero el asunto no gira en torno a la validez o legalidad de los certificados de
antecedentes (disciplinarios, fiscales y penales) que se deben allegar ante las
autoridades correspondientes para la inscripción y la posesión en el cargo de
Concejal, que de ser negativos son consecuencia necesaria de una sentencia
condenatoria o sancionatoria, además porque ellos no son el documento que
exige la ley, que si lo es la sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad.
Como se anotó en precedencia, los certificados de antecedentes advierten,
avisan, comunican, indican, informan y revelan la situación judicial y disciplinaria
de una persona, no prohíben ni suplen decisiones disciplinarias, fiscales ni
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judiciales; segundo porque la ley no hace excepciones ni alusión beneficios como
el del subrogado penal de la suspensión condicional de ejecución de la pena;
tercero porque tampoco se refiere al cumplimiento de la pena privativa de la
libertad y de la interdicción de derechos políticos como una excepción; cuarto
porque al tenor de la interpretación finalista del N° 1° del artículo 179 de la
Constitución Política, la condena por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos, está consagrada como una
inhabilidad intemporal; y quinto porque estamos es frente a un proceso
disciplinario que por obvias razones se atiene a una decisión judicial que se
encuentra debidamente ejecutoriada y que hasta la fecha no ha sido cuestionada
judicialmente.
83. Por último, se calificó la conducta infringida por el disciplinado en los
siguientes términos:
7.2.2.1 Calificación de la falta y su culpabilidad
Conforme lo expuesto, la conducta imputada a Jaime Domingo de Ávila
Fernández, CC. N° 73.098.873 de Cartagena, en su condición de Concejal del
Distrito de Cartagena de Indias, es considerada por la misma Ley 734 de 2002 o
Código Disciplinario Único (CDU) como falta gravísima, y por el conocimiento que
de Ávila Fernández tenía de la ilicitud de su proceder, para la Procuraduría
Regional de Bolívar la forma de culpabilidad es dolosa, pues dependió de él y
sólo de él haber hecho lo que hizo, obrar con conocimiento de causa en la
violación manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento que le impedían la
inscripción y la consecuente posesión como Concejal del Distrito de Cartagena».
84. Además, en ese fallo se recordó que la petición de nulidad presentada por
el investigado fue resuelta en la audiencia pública del 5 de octubre de 2012, por
manera que no era procedente emitir nuevos pronunciamientos al respecto.
85. El 28 de octubre de 2013, la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa confirmó la anterior decisión, señalando que:
86. Se acreditó la tipicidad de la conducta cometida por el actor y la inhabilidad
consagrada en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002:
«En las anteriores condiciones, carece de fundamento una alegación dirigida a
predicar atipicidad en la conducta de DE ÁVILA FERNÁNDEZ, pues la realidad
procesal acredita que en el Juzgado Promiscuo Municipal de Soplaviento
(Bolívar), conforme fallo del 18 de septiembre de 2007, se le declaró autor
penalmente responsable del ilícito doloso de inasistencia alimentaria de que trata
el artículo 233 del Código Penal, imponiéndosele pena de prisión de veinticinco
(25) meses y multa equivalente a cuatro (4) días de salario mínimo legal mensual
vigente. Esta decisión quedó ejecutoriada al no ser objeto de recurso (f. 55-60, c.
o. 1). Por tanto, se evidencia en autos la concurrencia de la situación de
inhabilidad de que trata la causal 17 del artículo 48 del estatuto disciplinario»
87. Sobre la falta de registros que adviertan la restricción por la condena penal
para el mes de enero de 2012, se dijo que la inhabilidad para ser elegido y/o
posesionarse como concejal no depende de la seguridad que pueden ofrecer
esos mecanismos de publicidad, sino que su razón reside en la existencia de una
condena penal debidamente ejecutoriada, añadiendo que:
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«Así las cosas, ha de reafirmarse que en autos se encuentra debidamente
acreditada la realización de conducta típica disciplinaria por parte del investigado,
que se materializó, conforme los términos del pliego de cargos, ratificados en fallo
apelado, cuando se produjo la posesión de DE ÁVILA FERNÁNDEZ como
concejal el 2 de enero de 2012, pese a existir en su contra una situación de
inhabilidad».
88. En cuanto a la ilicitud sustancial se concluyó:
«(…) bien puede sostenerse que quien se encuentra incurso en una inhabilidad
para ejercer cargos públicos y, pese a ello, se inscribe como candidato, logrando
luego ser elegido por la ciudadanía y se posesiona, como ha sucedido con el
investigado DE ÁVILA FERNÁNDEZ, ha surgido una afectación injustificada a
ese deber de actuar con moralidad y, además, que no se evidencia en su persona
una conducta intachable, con lo cual el efectivo ejercicio del cargo de concejal
atenta contra esas anotadas honra y buen nombre de la respectiva corporación,
en este evento el Concejo de Cartagena (…)
Por consiguiente, hay lugar a concluir que en este proceso se ha acreditado que
al posesionarse el disciplinado como concejal el día 2 de enero de 2012 sí incurrió
con tal comportamiento en ilicitud sustancial.».
89. Igualmente, en lo que respecta al nivel de culpabilidad y/o el título de
imputación conductual, la autoridad de segunda instancia afirmó:
«Una lectura de las argumentaciones que en esta materia ofrece el apelante,
permite discriminar varias situaciones como generadoras de error en el
disciplinado: (i) DE ÁVILA VERNÁNDEZ creía, fundadamente, que el proceso
penal había terminado varios años atrás con una medida de preclusión a su favor;
(ii) nunca fue objeto de notificaciones personales acerca del devenir del proceso
penal en sus últimas etapas y, en particular, en relación con la emisión de la
sentencia condenatoria en su contra; (iii) solamente vino a conocer de la
existencia del fallo penal escasos días antes de su posesión; y, (iv) elevadas
consultas con profesionales del derecho expertos en la materia, le fue asegurado
que podía posesionarse válidamente.
Cuando se procede al examen de esos motivos exculpatorios, lo primero que se
evidencia es que no se está negando la existencia de la sentencia condenatoria
por un delito doloso proferida en su contra, y que la misma se encuentra a la
fecha ejecutoriada. En su lugar, lo planteado es que no se sabía de su producción
y ulterior ejecutoria, lo cual en efecto hace relación con un error que se
encontraría motivado, en un primer estadio temporal, por falta de conocimiento
de la respectiva situación jurídica, y posteriormente, por un equivocado juicio
acerca de sus consecuencias, situaciones ambas que se predica resultaban
insalvables.
En cuanto hace con lo primero, es patente para la Delegada que DE ÁVILA
FERNÁNDEZ sí tenía conciencia de que estaba siendo investigado
penalmente desde hacía varios años atrás por la conducta punible de
inasistencia alimentaria; diferente es que por su propia voluntad se hubiere
desentendido del desarrollo de ese trámite a cargo del Juzgado Promiscuo
Municipal de Soplaviento. En tal virtud mal puede aspirar a que su incuria le sirva
ahora de sustento a un error de prohibición.
Con todo, aún admitiendo esa ignorancia de su parte frente al final fallo
condenatorio en su perjuicio, ese defecto de conocimiento desapareció
completamente cuando el 26 de diciembre de 2011 se vino a publicitar en
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los medios de comunicación que había sido condenado por el anotado
punible de inasistencia alimentaria. Por tanto, a partir de ese momento ya no
podía seguir alegando una ignorancia generadora de error insuperable.
Además, también se hizo público por esos mismos días previos a la fecha en que
se posesionarían los nuevos concejales de Cartagena para el período 2012-2015,
que en el Tribunal Administrativo de Bolívar cursaba un proceso donde se
demandaba la nulidad de la elección de JAIME DE ÁVILA, precisamente por
estar incurso en causal de inhabilidad. En estas condiciones, surgía un
adicional suceso que hacía desaparecer una situación de desconocimiento de la
sentencia penal, con independencia de los efectos jurídicos concretos que para
esa época pudieran derivarse del adelantamiento de ese proceso electoral de
nulidad.
Por consiguiente, se reduce el ámbito de una alegación de error invencible,
solamente por razón de las consultas con profesionales del derecho, aunado a la
indicación de que el elegido concejal no era diestro en el área jurídica. Y por lo
que hace referencia con estas dos situaciones, no encuentra esta Delegada que
de allí pueda derivarse como conclusión que seguía siendo imposible para él salir
de ese defectuoso juicio de conocimiento.
Por una parte, porque bien asiste razón al funcionario a quo al señalar que quien,
decide someter su nombre a la ciudadanía para desempeñar un cargo de
elección popular, debe comenzar por enterarse de cuáles son las exigencias
constitucionales y legales mínimas para su ejercicio, sin pueda ser argumento
jurídicamente válido para omitir ese deber que no se tengan estudios específicos
en derecho; de admitirse alegación semejante, solamente los servidores públicos
que fueren abogados podrían ser cuestionados disciplinaria, fiscal o penalmente
por el incumplimiento de sus deberes, por contrariar las prohibiciones inherentes
a su cargo o función, por estar incursos inhabilidades e incompatibilidades,
etcétera, lo cual sin duda riñe de manera absoluta con el principio general del
derecho de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para vulnerarla, a más
de ir en contra del derecho constitucional fundamental a la igualdad.
Fuera de esto, que una persona acuda ante un abogado litigante y le plantee
una inquietud sobre un tema jurídico en particular, ante lo cual el
profesional le diga que en su personal criterio la solución jurídica le podría
resultar favorable a futuro en los estrados judiciales, mal puede entenderse
como demostración de que el consultante fue inducido en error insuperable
por ese litigante. Ello debe examinarse a la luz de los restantes elementos de
juicio que pueda aprehender el interesado. Y lo cierto es que JAIME DOMINGO
DE ÁVILA FERNÁNDEZ contaba con las informaciones de prensa que apuntaban
a conclusión diferente a aquella que le fuera ofrecida por el jurista consultado, a
más de haberse enterado de que se estaba adelantando un proceso de nulidad
de su elección (…).
En este orden de ideas, en lugar de poder admitirse una actuación en situación
de error insalvable, aquello que evidencia la realidad procesal es que de manera
voluntaria y consciente decidió afrontar el elegido concejal de Cartagena las
posibles consecuencias jurídicas adversas derivadas de la existencia en su
contra de una sentencia penal por delito doloso debidamente ejecutoriada; y, por
ende, acudió el 2 de enero de 2012 al recinto del Concejo de esa capital,
procediendo a posesionarse. Y al obrar de esta manera, lo hizo entonces con
conocimiento y voluntad, con lo cual su actuar ha de ser tenido para el
derecho disciplinario como doloso, satisfaciéndose así el último de los
elementos sustanciales para la configuración de toda falta disciplinaria»
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90. En el expediente obra copia del certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación con fecha 31 de marzo de
2011, en el cual consta que el actor no registraba sanciones ni inhabilidades
vigentes.
91. Igualmente, reposa el certificado expedido por la Contraloría General de la
República con corte al 31 de diciembre de 2010, que señala que el demandante
no figuraba en el boletín de responsables fiscales.
92. Finalmente, se encuentra el certificado de antecedentes judiciales emitidos
por el extinto DAS el 31 de marzo de 2011, que indica que no registraba
antecedentes penales.40
93. Mediante Oficio SIJIN-GRAIJ-38.10 del 1.° de octubre de 2012, la
Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional informó al Procurador
Regional de Bolívar que, consultados los antecedentes penales de Jaime
Domingo De Ávila Fernández, se advirtió que el 14 de diciembre de 2011, el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena reportó la existencia de la
sentencia condenatoria por inasistencia alimentaria proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Soplaviento – Bolívar.41
94. Finalmente, en auto del 15 de diciembre de 2011, el Tribunal
Administrativo de Bolívar admitió la demanda de nulidad electoral presentada
contra Jaime Domingo De Ávila Fernández con ocasión de su elección como
concejal distrital de Cartagena para el periodo 2012-2015.
95. En dicha decisión, esa corporación judicial decretó la suspensión
provisional del acto de elección, luego de advertir la existencia de una condena
penal ejecutoriada en su contra y, junto con ello, la configuración de la inhabilidad
prevista en el numeral 1.° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
96. Así las cosas, se recuerda que en la alzada se alegó la vulneración del
derecho a la defensa y al debido proceso porque no se recaudaron todas las
pruebas solicitadas, entre ellas el testimonio de Hugo Guzmán Fonseca, el cual
era fundamental para la investigación, dado su conocimiento del proceso penal
adelantado en contra del demandante.
97. Además, porque en el fallo sancionatorio de segunda instancia no hubo
pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad deprecada por la no práctica de
esas pruebas.
40 Ver índice 19 de la plataforma SAMAI, archivo denominado 019ED_57902018ANEXO7pdf.pdf Expediente
digitalizado, página 67.
41 Ver índice 19 de la plataforma SAMAI, archivo denominado 014ED_57902018ANEXO4pdf.pdf Expediente
digitalizado, folio 136.
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98. Para la Sala, del análisis de los elementos probatorios obrantes en el
expediente no se evidencia una vulneración de esas prerrogativas en el proceso
disciplinario.
99. En efecto, la falta de recaudo del testimonio del señor Hugo Guzmán
Fonseca obedeció a su inasistencia, más no a acciones y/u omisiones
reprochables a la autoridad disciplinaria. Esta conclusión se desprende del hecho
de que, una vez solicitadas y decretadas esas declaraciones, el deponente no
asistió a la primera diligencia programada entre los días 4 y 9 de julio de 2012.
100. No obstante, previa solicitud de la parte actora, la autoridad disciplinaria
programó dos audiencias más para esos fines, las cuales fueron fijadas para los
días 23 de agosto y 4 de septiembre de 2012. A esas diligencias tampoco asistió
el declarante, según consta en los registros de no comparecencia.
101. En consecuencia, esta Sala de decisión avala lo expresado por el a quo,
cuando afirmó que era deber de la autoridad disciplinaria cerrar la etapa
probatoria, siempre y cuando estimara suficientes los elementos recaudados.
102. Adicionalmente, se sostuvo en la alzada que la declaración omitida era
esencial por el conocimiento que ese testigo tenía sobre el proceso penal
adelantado en contra del accionante y, además, por su asesoría en relación con
la posibilidad de posesionarse como concejal.
103. Sin embargo, tras una lectura detallada del memorial presentado por el
apoderado judicial del actor en la audiencia verbal celebrada el 8 de junio de
2012, no se advierte que en la solicitud de pruebas se hubiera hecho una
diferenciación específica sobre los aportes que se esperaban del aludido
testimonio respecto de los demás relatos que si fueron escuchados en el proceso.
104. Por el contrario, se observa que esa petición se formuló de manera
conjunta. Esta circunstancia refuerza la conclusión de que, ante la renuencia del
testigo y habiéndose practicado ocho de las diez declaraciones decretadas, era
procedente que la autoridad disciplinaria cerrara la etapa probatoria.
105. Asimismo, se concluye que no era necesaria la conducción del declarante
mediante el uso de la fuerza pública para obtener sus dichos dentro del proceso,
en los términos del artículo 139 ibidem. Esta norma establece que esta medida
procede solo en situaciones de urgencia y cuando sea indispensable para evitar
la pérdida de la prueba, lo cual no se acreditó en este caso, ya que al solicitarse
la evidencia no se expuso su particularidad, urgencia ni una necesidad diferente
a las expresadas para los otros declarantes. Por tanto, al haberse practicado los
testimonios restantes, se consideró que existía suficiente material probatorio para
cerrar dicha etapa.
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106. Por otra parte, sobre la abstención de la autoridad disciplinaria de segunda
instancia de pronunciarse sobre la solicitud de nulidad invocada en contra del
auto del 21 de septiembre de 2012, tampoco se avizora una violación al derecho
al debido proceso.
107. Lo anterior, en razón a que, la resolución negativa obtenida en primera
instancia solo fue recurrida en reposición, por lo que quedó ejecutoriada en esa
oportunidad. En otras palabras, como esa decisión no era pasible de apelación,
no podía el operador de segundo grado inmiscuirse en ese asunto.
108. Con base en los anteriores argumentos, se niega la prosperidad del cargo
de violación al debido proceso.
109. Por otro lado, se advierte que, con los reproches expuestos en el recurso
de apelación no se discute la tipicidad de la falta cometida por el demandante, la
cual, vale reiterar, se encuentra consagrada en el numeral 1.° del artículo 40 de
la Ley 617 de 200042 y calificada como falta gravísima en el numeral 17 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.43 Tampoco se controvierte el incumplimiento
del deber funcional a su cargo.
110. En el recurso se alegó que el actor desconocía la conducta reprochada al
momento de postularse como candidato al concejo distrital y, posteriormente, al
ejercer el cargo.
111. En particular, argumentó que, al momento de recibir el aval del partido
político por el cual aspiró a la contienda electoral, el accionante no contaba con
antecedentes disciplinarios. Además, se señaló que no se valoró adecuadamente
la versión libre rendida por él, en la que manifestó que solo tuvo conocimiento del
proceso penal en su contra hasta la etapa de su preclusión.
112. Así mismo, recordó que, en todo caso, cumplió con sus obligaciones
alimentarias, como lo demuestra el fallo favorable en el proceso ejecutivo
adelantado en su contra ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena,
el cual debe considerarse para analizar su idoneidad al momento de
posesionarse en el cargo.
113. Finalmente, adujo que en el fallo de primera instancia no se consideró que,
antes de su posesión, consultó a distintos abogados sobre su situación jurídica,
42 «ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994
quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente
ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para
el ejercicio de funciones públicas»
43 «ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 17. Actuar u omitir, a pesar
de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las
previsiones constitucionales y legales. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de
una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.».
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además de que no se tuvo en cuenta su origen humilde ni su profesión, aspectos
relevantes para evaluar su comprensión del régimen de inhabilidades.
114. Pues bien, contrario a lo argumentado, el demandante sí tenía
conocimiento del proceso penal en su contra y de la sentencia condenatoria para
cuando tomó posesión del cargo en la corporación edilicia. Por lo tanto, no es
procedente alegar desconocimiento de la inhabilidad que le impedía ejercer dicho
empleo.
115. En efecto, para esta Subsección no es cierto que el actor haya tenido
conocimiento del proceso penal únicamente hasta la aludida etapa extintiva. Del
análisis probatorio se desprende que, aunque inicialmente se profirió una
resolución44 de preclusión con base en un acuerdo conciliatorio entre las partes,45
dicha decisión fue revocada mediante resolución del 17 de noviembre de 2000,
tras la manifestación de la querellante de que el demandante había incumplido
con las obligaciones pactadas.
116. A partir de ese momento, el proceso penal continuó su curso. Aunque en
julio de 2003 la fiscalía le designó un defensor de oficio, lo cierto es que, a través
de dicho profesional, el actor ejerció su defensa dentro del proceso.
117. Concretamente, se avizora el memorial presentado el 14 de junio de 2007
por ese apoderado, a través del cual allegó el expediente del proceso ejecutivo
adelantado por la querellante en contra de su cliente y con el que se pretendió
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones a partir de los descuentos
realizados en su nómina.
118. Asimismo, aunque la sentencia penal del 18 de septiembre de 2007 fue
notificada por edicto el 30 de noviembre del mismo año, existen pruebas que
demuestran que el actor tuvo conocimiento de dicha decisión antes del 2 de enero
de 2012, fecha en que tomó posesión como concejal distrital, tal como lo indicó
el operador disciplinario en el fallo de segunda instancia.
119. En particular, se extrae del dossier las siguientes pruebas que sustentan
tal afirmación:
120. El 26 de diciembre de 2011, el actor le otorgó poder al abogado Hugo
Guzmán Fonseca para que representara sus intereses en el proceso adelantado
por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con
ocasión a la sentencia condenatoria arriba señalada.
44 El 10 de noviembre de 2000.
45 Celebrado el 5 de octubre de 2000.
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121. Los señores Heriberto José Solís46 y Milton José Pereira Blanco,47
abogados declarantes dentro del proceso disciplinario, manifestaron que antes
de emitir su concepto sobre la eventual inhabilidad del accionante, este les facilitó
los documentos del caso, entre los que se destacan la referenciada sentencia
penal.
122. El auto del 15 de diciembre de 2011, proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante el cual se admitió la demanda de nulidad
electoral presentada en contra del demandante, en el que además se decretó la
suspensión provisional del acto de elección. En ese trámite se allegó copia
auténtica con constancia de ejecutoria y notificación de la sentencia penal
condenatoria del 18 de septiembre de 2007.
123. En la versión libre rendida dentro del proceso disciplinario, el demandante
adujo conocer desde el 26 de diciembre de 2011, comunicados y publicaciones
de prensa que hacían referencia a la sentencia penal dictada en su contra por el
delito de inasistencia alimentaria.
124. En consecuencia, aunque en los antecedentes disciplinarios del actor no
figuraban inhabilidades al momento de su inscripción como candidato, se
comprobó que antes de su posesión ya tenía conocimiento de la sentencia penal
condenatoria. Este fue precisamente el fundamento del reproche formulado por
la autoridad sancionadora en segunda instancia, al concluir que incurrió en la
inhabilidad prevista en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al
posesionarse en el cargo de concejal estando legalmente impedido para
hacerlo.48
125. En la alzada también se alegó que el accionante no registraba
antecedentes penales para el momento de su posesión como concejal distrital.
Sin embargo, los documentos que presentó para tal efecto fueron los mismos que
radicó ante el partido político que le dio el aval respectivo y que datan del 31 de
marzo de 2011 es decir, fecha anterior a la posesión. Para lo cual, vale indicar
que en el informe emitido por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía
46 El testigo en esa oportunidad dijo: «(…) le solicité al señor De Ávila que antes de darle cualquier concepto
específico sobre el tema me contestara algunas inquietudes y me mostrara ciertos documentos, entre esos
documentos, los que le había pedido el Partido Liberal para inscribirse como candidato a Concejal de
Cartagena y otros documentos, entre ellos la sentencia del proceso penal que lo había condenado por
alimentos (…)»
47 El testigo en esa oportunidad dijo: «(…) Al momento de la reunión yo le manifesté al señor Jaime de Ávila
Fernández que para poder rendir un concepto debía estudiar la documentación, la cual le pedí que me
acercara copia de todos los requisitos y los documentos aportados para la inscripción como candidato al
Concejo Distrital de Cartagena. Dentro de ellos el certificado de antecedentes judiciales, fiscales,
disciplinarios y el aval del partido. De igual forma le solicité copia del proceso penal en el que constaba la
condena, en el cual se lo investigaba por el delito de inasistencia alimentaria (…)».
48 Inhabilidad contenida en el artículo ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS
CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: "Artículo 43. Inhabilidades:
No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 1. Quien haya sido
condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley,
la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción
para el ejercicio de funciones públicas».
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Nacional el 1.° de octubre de 2012 se indicó que para el 14 de diciembre de
2011 ya el demandante contaba con un antecedente penal reportado por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena.
126. Por otra parte, para la Sala no son de recibo los argumentos según los
cuales el recurrente, en su condición de líder de comunidades isleñas y de
profesión soldador, desconocía el régimen de inhabilidades para ser elegido
concejal, por lo que se vio obligado a buscar y recibir las asesorías de los
profesionales del derecho.
127. Esto, por cuanto, en primer lugar, la condición de líder de esas
comunidades no fue acreditado en el paginario y, además, porque esa eventual
condición no lo eximía del deber de indagar, con anterioridad al proceso de
inscripción de su candidatura, los requisitos que debía satisfacer para ello.
128. Además, en concordancia con lo sostenido por la autoridad disciplinaria de
segunda instancia, no pueden considerarse como fundamentos de un error
invencible las asesorías jurídicas recibidas, máxime cuando se acreditó el
conocimiento previo del disciplinado sobre la sentencia condenatoria.
129. Conforme con la jurisprudencia de esta Subsección, el error de la conducta
«será vencible o invencible dependiendo de si el actor hubiera podido salir de él
aplicando razonabilidad49 o si a pesar de tener la diligencia debida no hubiese
podido salir del error».50
130. Por lo tanto, se concluye que el error en que incurrió el demandante era
vencible, pues a sabiendas de la sentencia penal en su contra, decidió tomar
posesión del cargo de concejal, dejando librado al azar el resultado ya conocido,
tanto a nivel disciplinario como en el campo de la nulidad electoral.
131. Además, a pesar de que se afirmó que existe sentencia ejecutiva que
constata el cumplimiento de las obligaciones por las cuales fue condenado, lo
cierto es que para efectos de determinar la falta e inhabilidad solo se requería la
firmeza de la condena en su contra y, por tanto, aspectos adicionales como el
proceso ejecutivo se vuelven inanes para calificar su conducta.
132. En consecuencia, no se advierte vulneración alguna a los principios de
culpabilidad y proporcionalidad en el juicio de responsabilidad efectuado por la
entidad disciplinaria. Por tanto, se negará la prosperidad del segundo cargo del
recurso y se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
49 Entiéndase por razonabilidad según la RAE: «equidad, moderación, lógica, naturalidad,
prudencia». Fuente: https://dle.rae.es/razonabilidad.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 23 de noviembre de 2023. Rad:
250002325000200800988 01 / 0287-2012.
www.consejodeestado.gov.co 27
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)
Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández
Condena en costas.
133. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en costas a la
parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, tal
sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la demanda -en nuestro
caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue presentada con «manifiesta
carencia de fundamento legal».
134. Así las cosas, se considera que los argumentos vertidos en el escrito
impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte actora sustentó su
posición en razones jurídicas que, aunque no fueron acogidas por la Sala, no se
estiman irracionales y/o desproporcionadas. En consecuencia, no se impondrá
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la
cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia;
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 25 de octubre de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por Jaime Domingo De Ávila Fernández
en contra de la Procuraduría General de la Nación.
TERCERO. NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
CUARTO. EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)
Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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