Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01166-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01166-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01166-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
21 de junio de 2018
COMPETENCIA TRANSITORIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL PARA ADELANTAR LOS CONCURSOS DE MÉRITOS DEL PERSONAL DE CARRERA DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
De la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se encuentra que la CNSC tiene la facultad transitoria para adelantar los concursos de méritos para proveer los empleos vacantes de las contralorías departamentales y distritales, de tal forma que se para estos procesos de selección se aplican las reglas generales de la carrera administrativa, contenidas en la Ley 909 de 2004. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, C.P.: César Palomino Cortés, rad.: 4720-14; y Corte Constitucional, sentencia C-073 de 2006, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
OMISIÓN EN CONCURSO DE MÉRITOS DE APORTE DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL - Efecto
La matrícula profesional no es un capricho o un simple trámite creado por el legislador, para acreditar la profesionalización de una carrera; sino que constituye un verdadero requisito y condición habilitante para desempeñarse en ciertos campos donde se exige. Ahora, con relación al requisito de aportar la tarjeta profesional para la verificación de requisitos mínimos, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de tutela 20 de enero de 2011, M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, indicó que el requisito de aportar la Tarjeta Profesional no se puede suplir con el Diploma que otorga el título, toda vez que con ellos se busca acreditar circunstancias diferentes. (…). Así las cosas, considera esta Sala que los actos administrativos demandados, esto es, la comunicación electrónica de 18 de julio de 2014, por la cual la CNSC publicó el listado consolidado de aspirantes admitidos y no admitidos en el proceso de selección adelantado por las Convocatorias No. 256 a 314 de 2013, en la cual se le calificó como «inadmitido» en la Convocatoria No. 287 de 2013, y la respuesta al recurso de reposición No. 390-2986-309037 de 14 de agosto de 2014, por el cual la Universidad de Medellín confirmó su exclusión del concurso, se encuentran ajustados a derecho. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela de 20 de enero de 2011, C.P.: Luis Rafael Vergara Quintero, rad.: 2010-00294-01(AC); y Corte Constitucional, sentencia C-562 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 125 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 267 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 268 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 272 / LEY 909 DE 2004 – ARTÍCULO 30 / LEY 909 DE 2004 – ARTÍCULO 31 / LEY 60 DE 1981 – ARTÍCULO 4 / LEY 60 DE 1981 – ARTÍCULO 5 / DECRETO REGLAMENTARIO 2718 DE 1984 – ARTÍCULO 16 / DECRETO REGLAMENTARIO 2718 DE 1984 – ARTÍCULO 19 / DECRETO REGLAMENTARIO 2718 DE 1984 – ARTÍCULO 20 / DECRETO REGLAMENTARIO 2718 DE 1984 – ARTÍCULO 21 / DECRETO 2150 DE 1995 – ARTÍCULO 62 / DECRETO 2150 DE 1995 – ARTÍCULO 63 / DECRETO 2150 DE 1995 – ARTÍCULO 65 / DECRETO 785 DE 2005 – ARTÍCULO 7
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 25000-23-42-000-2015-01166-00(2556-17)
Actor: ISAURO YOSCUA ORDOÑEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las suplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
LA DEMANDA
El señor Isauro Yoscua Ordoñez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la comunicación electrónica de 18 de julio de 2014, por la cual la CNSC y la Universidad de Medellín publicaron el listado consolidado de aspirantes admitidos y no admitidos en el proceso de selección adelantado por las Convocatorias No. 256 a 314 de 2013, en la cual se le calificó como «inadmitido» en la Convocatoria No. 287 de 2013, así como de la respuesta al recurso de reposición No. 390-2986-309037 de 14 de agosto de 2014, por el cual la Universidad de Medellín confirmó su exclusión del concurso.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) que se cambié su estado de «inadmitido» a «admitido», dentro de la Convocatoria 287 de 2013 y por lo tanto, se le permita seguir participando del proceso de selección para proveer el cargo vacante identificado con el código No. 204642; ii) que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad o el decaimiento del acto administrativo por el cual se establezca la lista de elegibles en la mencionada convocatoria, hasta tanto se le permita finalizar el proceso concursal; iii) que se condene a la CNSC a pagar, a título de perjuicios morales, una suma correspondiente a 100 s.m.m.l.v.; iv) que a título de perjuicio material, se ordene a la CNSC a pagar los salarios y demás emolumentos que el accionante dejó de percibir desde la fecha en qué fue desvinculado de la Contraloría Distrital de Bogotá en virtud del concurso de méritos del cual fue descartado hasta su reintegro; y v) que se declare que no existió solución de continuidad desde su desvinculación hasta su reintegro al cargo que venía desempeñando.
1.2 SITUACIÓN FÁCTICA
Para mejor comprensión del asunto, la Sala resume los supuestos fácticos relevantes descritos por la parte demandante así:
El demandante señaló que se inscribió en la Convocatoria No. 287 de 2013, mediante la cual la CNSC convocó a concurso de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de carrera administrativa de la Contraloría Distrital de Bogotá, postulándose para el cargo identificado con el No. 204642. Sostuvo que ha venido desempeñando el empleo al cual aspiró, esto es profesional especializado, desde el 25 de abril de 1995, pero con carácter provisional.
Aseguró, que dentro del término indicado por la CNSC en la citación de 13 de marzo de 2014, esto es entre el 1.° y el 30 de abril de ese año, cargó en el aplicativo habilitado por la CNSC, los documentos requeridos para la verificación de los requisitos mínimos para el cargo al que aspiraba. Sobre el particular, aclaró que dado que en la convocatoria únicamente se exigía la presentación de la tarjeta profesional «en los casos que exija la ley», no cargó la misma, pues en su entender ésta es un requisito para el ejercicio de la Administración de Empresas, más no para entrar en el proceso concursal.
Indicó, que el 18 de julio de 2014 consultó el listado de concursantes admitidos e inadmitidos en el concurso, encontrando que no superó este primer filtro, pues según el aplicativo de la CNSC «los documentos cargados están incompletos (tarjeta profesional)». Manifestó que, dentro del término para elevar reclamaciones contra la mencionada lista, procedió a ejercer tal derecho. No obstante, arguyó que el aplicativo limitaba los caracteres de las reclamaciones y no permitía cargar los documentos que servirían de soporte de su inconformidad.
Señaló, que el 14 de agosto de 2014, la Coordinadora de Procesos de Selección de la Universidad de Medellín y la Coordinadora de Requisitos Mínimos de la misma institución, contestaron conjuntamente su reclamación, en el sentido de reiterar que su retiro del proceso se debió a que no cumplió el requisito de adjuntar soporte de la tarjeta profesional en el aplicativo y, en consecuencia, confirmar su estado de No Admitido.
1.3 NORMAS VULNERADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.
La parte demandante citó como disposiciones violadas las siguientes:
Los artículos 129 y 228 de la Constitución Política; 10 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 60 de 1981.
Ahora bien, contra los actos administrativos demandados, la parte actora formuló los cargos, que a continuación el Despacho resume de la siguiente manera:
PRIMERO.- DESCONOCIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 228 DE LA CONSTITUCIÓN
El actor consideró que la CNSC vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto si se estableció la presentación de la tarjeta profesional como requisito habilitante, se debió permitir que el mismo fuera subsanado.
Manifestó que de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en lo que respecta a procesos concursales en la contratación estatal, los requisitos que no afecten la asignación de puntajes, pueden ser solicitados en cualquier momento y que, además, la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es un derecho de la entidad sino de los participantes en el concurso. Considera, que los mismos principios deben aplicar a los concursos de méritos, y en tal sentido agregó, que según el artículo 228 de la Carta debe prevalecer el derecho sustancial sobre el procedimental, lo cual no se cumplió en esta oportunidad.
Concluyó indicando, que no es cierta la afirmación realizada por la Universidad de Medellín a través de sus Coordinadoras de Procesos de Selección y de Requisitos Mínimos en el acto administrativo 390-2986-309037 de 14 de agosto de 2014, consistente en que el accionante no podía subsanar el referido requisito por haberlo aportado de forma extemporánea. En sustento de esta afirmación, expuso que la CNSC amplió el plazo para cargar los documentos a aquellas personas que no lo hicieron en la oportunidad, o que lo hicieron de manera incompleta. En este mismo sentido, manifestó que al ampliar dicho término, la entidad no informó a los aspirantes que subieron los soportes al aplicativo dentro del término inicial que les hubieran faltado documentos.
SEGUNDO.- DESCONOCIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 4.° DE LA LEY 60 DE 1981 Y 62, 63 Y 65 DEL DECRETO 2150 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1995
Arguyó el accionante, que la convocatoria demandada desconoció el artículo 4.° de la Ley 60 de 1981, el cual señala que la matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, es un requisito para ejercer la profesión de administración de empresas en Colombia.
Sobre el particular, explicó que la ley ibídem únicamente contempla la tarjeta profesional como una condición habilitante para ejercer la profesión de administrador público, circunstancia que únicamente se presentaría cuando el aspirante supere el proceso concursal y sea nombrado en el cargo al cual aplicó. Así pues, argumentó que si bien la CNSC plasmó en la convocatoria que la presentación de la tarjeta profesional era necesaria «en los casos que exija la ley», lo cierto es que el nominador, en este caso la Contraloría General de Bogotá, es el único que puede exigirlo. En este sentido, indicó que la copia de su tarjeta profesional reposa en dicha entidad desde 1995, cuando se posesionó en el cargo de profesional especializado.
Agregó, que los actos administrativos por los cuales se le inadmitió en el proceso de selección previamente referenciado, a su vez desconocieron los artículos 62, 63 y 65 del Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, por los cuales se regula la acreditación de los estudios académicos y profesionales.
Al respecto, el accionante aseguró que de conformidad con las disposiciones ibídem, la presentación de la tarjeta profesional excluye la obligación de presentar los diplomas y viceversa. De tal forma que, en su sentir, el requisito habilitante de aportar la tarjeta profesional para ser admitido en el concurso, fue suplido con la presentación de múltiples diplomas que acreditan su preparación académica y profesional.
TERCERO.- EXPEDICIÓN SIN COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 390-2986-309037 DE 14 DE AGOSTO DE 2014
El demandante aseguró, que el acto administrativo 390-2986-309037 de 14 de agosto de 2014, por el cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por el señor Isauro Yoscua Ordoñez contra la decisión de la CNSC de inadmitirlo en el concurso de méritos para proveer el cargo identificado con el código 204642, emanado de la Coordinadora de Procesos de Selección y de la Coordinadora de Requisitos Mínimos de la Universidad de Medellín, fue expedido sin competencia.
Al respecto, arguyó que en dicho acto no se estableció a qué entidad pertenecen las funcionarias que lo expidieron, ni qué tipo de competencia les asistía para proferir decisiones de carácter particular.
1.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los actos administrativos demandado no infringen de manera manifiesta, remota o eventual, las normas invocadas como vulneradas, por lo cual no se configuró ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
La defensa propuso como excepción de mérito las siguientes: i) observancia de los preceptos de carácter constitucional y legal, frente a los actos proferidos por la CNSC – inexistencia del derecho alegado; ii) imposibilidad de “subsanar” los documentos allegados para la etapa de verificación de requisitos – Principio de igualdad e imparcialidad que rigen los concursos de méritos, iii) competencia de la Universidad de Medellín para expedir el acto administrativo de inadmisión de la Convocatoria No. 287 de 1013 y iv) inexistencia de los perjuicios alegados.
Ahora bien, frente al primero y segundo cargo elevados por el actor, argumentó que el artículo 4.° del Acuerdo No. 464 de 2013, mediante el cual se establecieron las bases de la Convocatoria 287 de 2013, entre otras, previó que se debía hacer una verificación de requisitos mínimos para optar a un cargo, previamente a la aplicación de las pruebas. En el mismo sentido, el artículo 9.° del acuerdo estableció que para poder participar del concurso, se debían cumplir la totalidad de los requisitos del cargo escogido por el aspirante, y que los documentos que acrediten su preparación para el mismo, debían ser enviados, escaneados y organizados de la forma en que lo indique la CNSC. Así pues, relató que el artículo 20 ibídem precisó la obligatoriedad de allegar la tarjeta profesional cuando la ley lo contemplara, y que, además, el artículo 21 ejusdem previó que los documentos entregados en físico o por medios distintos al aplicativo dispuesto por la CNSC, o de forma extemporánea, no serían objeto de análisis.
Indicó que la Ley 60 de 1981 establece en su artículo 4.° que para ejercer la profesión de administrador de empresas se debe acreditar una matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, mientras que según el artículo 21 del Decreto 2718 de 1984 que la reglamenta, la tarjeta profesional es un documento que habilita y acredita al administrador de empresas para el ejercicio legal de la profesión.
Agregó, que si bien la CNSC no es la entidad nominadora como lo dijo el accionante; para elaborar la Convocatoria No. 287 de 2013 se basó en la OPEC proporcionada por la Contraloría de Bogotá. Por lo cual la inclusión de la tarjeta profesional como requisito mínimo para aspirar empleo No. 204642, fue decisión de la entidad nominadora.
En lo que se refiere a la imposibilidad de permitir volver a cargar los documentos necesarios para la etapa de verificación de requisitos, la CNSC explicó que habilitó de manera general y para todos los concursantes el aplicativo para cargarlos, durante el período de tiempo que les fue informado previamente. Arguyó que no se presentaron inconvenientes técnicos, de tal modo que cualquier inconsistencia o circunstancia de error frente a la documentación allegada, es imputable exclusivamente al aspirante.
De igual forma, explicó que las reglas de la convocatoria no previeron la posibilidad de subsanar la documentación. Argumentó, que en consecuencia, la CNSC solamente podía valorar los documentos subidos al sistema, pues si hubiera corregido aplicaciones o aceptado documentos adicionales por fuera de las condiciones de tiempo y de modo que se fijaron para todos los aspirantes, estaría trasgrediendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen los procesos concursales, así como el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que estipula que las bases del concurso son obligatorias para los concursantes y para la administración por igual.
Por último, sobre el tercer cargo esbozado por el actor, explicó que la CNSC, a través del Contrato de Prestación de Servicios No. 054 de 2014, delegó en la Universidad de Medellín la competencia para realizar la verificación de requisitos mínimos de las convocatorias de las contralorías territoriales, entre ellas la de Bogotá, y atender las reclamaciones que se presentaran respecto de éste trámite. Indicó que lo anterior encuentra sustento en los artículos 30 de la Ley 909 de 2004 y 2.° y 3.° del Decreto Ley 760 de 2005.
1.5 LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2016, denegó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, el a quo precisó que las excepciones propuestas por la CNSC no constituyen verdaderos medios exceptivos, sino que su estudio correspondía al fondo del asunto.
Seguidamente, planteó como problema jurídico el determina si «los actos administrativos acusados se encuentran debidamente ajustado al ordenamiento jurídico, o si por el contrario, están viciados de nulidad por alguno de los cargos endilgados pen la demanda, en razón de haberse exigido al demandante, dentro del concurso de méritos para el cual participó, un requisito (tarjeta profesional como administrador de empresas) que no resultaba indispensable acreditar o que, en su defecto, podía ser allegado en momentos posteriores a la etapa de verificación de requisitos mínimos.».
Para resolver el anterior planteamiento, adelantó un estudio normativo sobre los concursos de méritos, indicando que de conformidad con el artículo 125 de la Carta y la jurisprudencia constitucional, éstos son el procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, y que a su vez, deben cumplir con una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados, que el resultado final se caracterice por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad.
En primer lugar, indicó que de conformidad con el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC es la encargada de adelantar los procesos de selección, para lo cual debe suscribir contratos o convenios interadministrativos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para tal fin. Señaló, que según el artículo 31 de la ley ibídem, la primera etapa del concurso de méritos es la convocatoria, la cual es norma reguladora de todo concurso y cobija tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los administrados. En esta medida, consideró que la Universidad se encontraba facultada para emitir los actos administrativos acusados.
Al estudiar el caso en concreto, el Tribunal sostuvo que el Acuerdo No. 464 del 2 de octubre de 2013, mediante el cual se convocó a concurso de méritos para proveer definitivamente empleos vacantes de carrera administrativa en la Contraloría Distrital de Bogotá, Convocatoria No. 287 de 2013, el cual constituye la norma reguladora de todo el proceso de selección, señala en su artículo 9.°, que para participar en el concurso, se requiere cumplir con los requisitos mínimos del cargo. En consonancia, su artículo 11 indica que la oferta pública de la Contraloría Distrital de Bogotá –OPEC- proporcionada por la entidad, haría parte integral de la convocatoria; mientras que en el artículo 20, estableció como requisito mínimo, que los aspirantes debían aportar la tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
De este modo, expuso que la respectiva OPEC exigía la tarjeta profesional como requisito de estudio para el cargo identificado con el código 204642, cuando la ley así lo indicara. Así las cosas, encontró que según los artículos 4.° de la Ley 60 de 1981 y 2.° del Decreto 2718 de 1984, resulta indispensable para los administradores de empresas el contar con la tarjeta profesional; motivo por el cual era necesario que el demandante adjuntara dicho documento en la etapa de verificación de requisitos mínimos.
Explicó, que si bien es cierta la afirmación del actor, de que necesita la tarjeta profesional únicamente para ejercer el cargo, lo cual no hará hasta cuando se dé su posesión en éste; era indefectible que acreditara dicho documento en forma previa a su posesión, pues ninguna persona podrá ser nombrada ni posesionada en empleo público sin el previo y pleno cumplimiento de los requisitos indispensables para el desempeño del cargo.
Aclaró, que a pesar de que el accionante contaba con tarjeta profesional para el momento de cargue de los documentos, lo determinante fue que no lo subió al sistema. De tal forma, que no es posible darle la oportunidad de suplir esa falencia en oportunidades posteriores a las establecidas para todos los concursantes, pues tal circunstancia sería vulneratoria del derecho a la igualdad de los demás participantes.
La magistrada Dra. Carmen Alicia Rengifo Sanguino, salvó voto dentro de la referida sentencia de 7 de diciembre de 2016, pues, en su concepto, la profesionalización del actor como requisito mínimo para ser admitido en el concurso de méritos, se encuentra probada a través de otros medios, como la copia del título profesional, por lo cual no es necesario que aportara a su vez la tarjeta profesional para tal fin.
1.6 EL RECURSO DE APELACIÓN.
La parte demandante interpuso apelación, tendiente a que se revoque la decisión de primera instancia, y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda, insistiendo en la ilegalidad de la decisión que lo excluyó de la Convocatoria No. 287 de 2013, argumentando que la expresión «en los casos que exija la Ley» contenida en el artículo 20 del Acuerdo 464 de 2 de octubre de 2013, sobrepasa lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley 60 de 1981, pues allí únicamente se contempla la matrícula profesional para efectos de ejercer la profesión de administrador de empresas, más no para acceder a un empleo. Agregó que, en concordancia con lo anterior, el Decreto 2718 de 1984, reglamentario de la ley ejusdem, señala en su artículo 32 que para tomar posesión de cualquier cargo oficial cuyo desempeño demande conocimiento de la profesión de administración de empresas, la persona nombrada deberá presentar ante el funcionario a quien le corresponda darle posesión, el certificado de matrícula vigente.
Relata, que la OPEC de la Contraloría Distrital de Bogotá dice que para proveer el cargo 204642 se debe acreditar la tarjeta profesional en los casos que exija la ley, y que, reitera, la ley aplicable a los administradores de empresas la requiere únicamente para el ejercicio de la profesión, circunstancia que solo se presentaría al haber superado el concurso.
Afirma, que la CNSC al validar su experiencia profesional, lo cual implica tener la tarjeta profesional para ejercer su oficio, aceptó necesariamente que si tenía dicho documento y, en consecuencia, debió admitirlo en el proceso concursal por cumplir de lleno los requisitos pedidos.
1.7 ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante aprovechó el traslado que le fue conferido para presentar alegatos finales, para reiterar los argumentos de la demanda y del recurso de apelación, así como para agregar que la Universidad de Medellín «citó fragmentariamente» el artículo 7.° del Decreto 785 de 2005, pues el mismo señala que la tarjeta profesional o la matrícula correspondiente excluye la presentación de los diplomas, certificados y títulos, y por lo tanto, el sentido literal de ese artículo muestra que con la sola presentación de los diplomas se acredita el requisito de estudios. Manifestó, que como corolario de lo anterior, al exigir la tarjeta profesional como prueba de su profesionalización, la CNSC se extralimitó en sus funciones.
En consecuencia de lo expuesto, concluyó que la CNSC debió admitirlo en el proceso concursal y reiteró las peticiones de la demanda.
Por su parte, la CNSC no presentó alegatos de conclusión en esta instancia.
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con los cargos formulados por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala el siguiente problema jurídico:
Determinar, si en el marco de un concurso público de méritos, el requisito mínimo de acreditar la titularidad de la matrícula o tarjeta profesional, expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, se puede suplir aportando copia de los títulos profesionales y certificados de experiencia profesional.
Atendiendo al problema jurídico planteado, y con ocasión de la inconformidad elevada por el señor Isauro Yoscua Ordoñez, consistente en que los actos administrativos por los cuales se le dio el estado de inadmitido a la Convocatoria No. 287 de 2013, son vulneratorios de las normas en debían fundarse, se hace necesario que para resolver el caso en concreto, en primer lugar la Sala se ocupe de analizar el Acuerdo No. 464 de 2013, mediante se establecieron las bases de la Convocatoria 287 de 2013, a la luz de los artículos que el demandante considera que fueron vulnerados.
A manera de cuestión previa, la Sala hará un somero recuento sobre el Régimen Especial de Carrera de la Contraloría General de la República, y la competencia transitoria de la CNSC para adelantar los concursos de méritos para proveer vacantes en las contralorías territoriales
Cuestión Previa.
El artículo 125 de la Constitución establece que «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.», de tal modo que consagró el sistema de carrera como la regla general para el acceso al servicio público. Ahora bien, se encuentra que, además, la Carta creó unos sistemas especiales de carrera, los cuales, conforme lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, por su naturaleza constitucional «se encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del Legislador, siempre con observancia de los principios constitucionales, entre los que se destacan los de igualdad, mérito y estabilidad.», entre los cuales se está el de la Contraloría General de la República –CGR-.
Sobre la CGR, se encuentra que el constituyente señala en el artículo 267 de la Carta, que el mencionado organismo de control ejercerá la función pública del control fiscal, en los siguientes términos:
«Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. (…)» (Subraya de la Sala)
En concordancia con lo anterior, la Constitución en el numeral 10.° de su artículo 268, contempla un régimen especial de carrera administrativa para la CGR, así:
«Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho. (…).»
Por su parte, el artículo 272 de la Carta dicta:
«La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.»(Subraya de la Sala)
Así las cosas, en concordancia con los preceptos normativos previamente referenciados, el legislador debía determinar un régimen especial de carrera administrativa para las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, de tal forma que, mientras no lo haga, se aplicará la Ley 909 de 2004 para escoger al personal de dichas Contralorías, provisionalmente, mientras se expiden las normas de esta carrera especial.
Así lo ha explicado esta Corporación en reiteradas ocasiones, recientemente en sentencia de 4 de mayo de 2017, proferida dentro del proceso de Nulidad Simple de radicación 11001-03-25-000-2014-01292-00(4165-14), en el cual se estudió la facultad transitoria de la CNSC para adelantar procesos de selección para proveer empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en las Contralorías Departamentales. En la mencionada providencia, se dijo que «mientras el Congreso de la República legisle respecto al régimen especial de administración y vigilancia de la carrera administrativa de las Contralorías Territoriales; dichas funciones recaen sobre la CNSC». Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en concepto de 27 de febrero de 2013, señaló:
«si bien es cierto que la administración y vigilancia del sistema especial de carrera administrativa es competencia de las mismas Contralorías Territoriales por disposición constitucional, también es cierto que, mientras se expide la ley especial, la ley 909 de 2004 dispuso que la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC pueda extender su campo de acción a las Contralorías Territoriales con el propósito de salvaguardar los fines esenciales del Estado y propender por la eficiencia en la gestión del mismo.»
En el mismo sentido ha expresado la Corte Constitucional, lo siguiente:
«Esta Corporación al fijar el alcance de los artículos 268-10 y 272 de la Carta Política, concluyó que el régimen de carrera en las contralorías es de carácter especial por disposición del Constituyente y que, en consecuencia, frente a la misma no le asiste ninguna función de administración ni de vigilancia a la Comisión Nacional del Servicio Civil. No obstante, como en la actualidad no se ha proferido por el legislador el régimen especial de carrera administrativa aplicable a las contralorías territoriales, la Ley 909 de 2004, en el artículo parcialmente acusado, permite la aplicación transitoria del régimen general de carrera, mientras se expiden por el legislador las normas que le serán aplicables a los servidores de dichas entidades públicas.
A juicio de esta Corporación, la citada disposición en lugar de desconocer la Constitución Política como lo sostienen los demandantes, manifiesta el ejercicio de una competencia propia del Congreso de la República, a través de la cual se pretende suplir el vacío normativo existente en el establecimiento de la carrera administrativa especial para las contralorías territoriales, garantizando que en su interior se apliquen los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública, que se satisfacen mediante la implementación del sistema de carrera.
Por lo anterior, es apenas lógico que mientras se dictan las normas especiales que regirán la carrera especial de los servidores públicos de las contralorías territoriales, exista un régimen supletorio de aplicación transitoria, que impida que se cometan toda clase de arbitrariedades en la vinculación, permanencia y retiro del personal al servicio de tales entes de control, desvirtuándose los principios y fundamentos del sistema de carrera impuesto por el Constituyente de 1991. (…)
En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación en sentencias HYPERLINK "http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2851/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0391de1993.htm" \o "Haga clic para abrir la Sentencia C-391 de 1993" C-391 de 1993[20] y HYPERLINK "http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2851/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0372de1999.htm" \o "Haga clic para abrir la Sentencia C-372 de 1999" C-372 de 1999[21], al sostener que el hecho de que el legislador se auxilie temporalmente-como lo hizo en este caso-del régimen general de carrera para regular algunos regímenes especiales, no implica que se esté desconociendo por ello el principio de especialidad que se exige para el desarrollo de dichos sistemas en la Constitución (C.P. art. 130), como ocurre, puntualmente, con el relativo a las contralorías territoriales (C.P. arts. 272 y 268-10).»
En este orden de ideas, de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se encuentra que la CNSC tiene la facultad transitoria para adelantar los concursos de méritos para proveer los empleos vacantes de las contralorías departamentales y distritales, de tal forma que se para estos procesos de selección se aplican las reglas generales de la carrera administrativa, contenidas en la Ley 909 de 2004.
La ley ibídem, en su artículo 30 contempla la competencia para adelantar los concursos, así:
«Artículo 30. Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos.
Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual esté ubicada la entidad para la cual se realiza el concurso.
La Comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los concursos a las universidades públicas y privadas y a las instituciones de educación superior que lo soliciten y demuestren su competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de selección de personal, así como capacidad logística para el desarrollo de concursos. El procedimiento de acreditación será definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos determinados por la citada Comisión.» (Subraya de la Sala)
Entonces, de conformidad con la norma en cita, la CNSC debía adelantar el concurso a través de un contrato suscrito con universidades públicas o instituciones de educación superior, acreditadas para tal fin. Por lo cual, en virtud del Contrato Interadministrativo No. 054 de 2014, suscrito por la CNSC con la Universidad de Medellín, ésta última asumió la competencia allí prevista, y se dio inicio al proceso de selección demandado.
Precisado entonces el marco normativo, así como las generalidades y características más importantes del régimen especial de carrera administrativa de la CGR, procede la Sala, con miras a resolver el problema jurídico planteado, a revisar el Acuerdo No. 464 de 2013, emanado de la CNSC, en el que se sentaron las bases de la Convocatoria No. 287 de 2013, a la cual aplicó el demandante.
2.1 ACUERDO NO. 464 DE OCTUBRE 2 DE 2013 «POR EL CUAL SE CONVOCA A CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER DEFINITIVAMENTE LOS EMPLEOS VACANTES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ – CONVOCATORIA NO. 287 DE 2013.»
El acuerdo 464 de 2013, en su artículo 1.° convocó a concurso abierto de méritos para proveer, de manera definitiva, 304 vacantes de empleos de carrera administrativa de la Contraloría Distrital de Bogotá, identificado como Convocatoria No. 287 de 2013. Seguidamente, en su artículo 4.° expuso que la estructura del proceso sería la siguiente:
«Estructura del proceso: El proceso de selección de aspirantes tendrá la siguiente estructura:
Convocatoria y divulgación
Inscripciones
Verificación de requisitos mínimos
Aplicación de pruebas
4.1 Prueba de competencias básicas y funcionales
4.2 Prueba de competencias comportamentales
4.3 Prueba de análisis de antecedentes
Conformación lista de elegibles
Período de prueba»
El artículo 5.° estableció como principios orientadores del proceso «mérito, libre concurrencia, igualdad, oportunidad, publicidad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia, validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia». Como los requisitos generales de participación en el proceso concursal, en el artículo 9.° se determinaron, entre otros, los siguientes:
«(…)
c) Cumplir con los requisitos mínimos del cargo escogido por el aspirante, y que aparece en la Oferta Pública de Empleos de Carrera de la Convocatoria.
d) Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en esta Convocatoria. (…)»
Por su parte, en el artículo 10.° ibídem indicó las causales del exclusión de la convocatoria, entre las cuales incluyó:
«a) No entregar en las fechas previamente establecidas por la CNSC, los documentos soportes para la verificación de requisitos mínimos y la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, entregarlos incompletos, entregarlos extemporáneamente o presentar documentos ilegibles. (…)
c) ser inadmitidos después de finalizada la etapa de reclamaciones por no cumplir con los requisitos mínimos del empleo y establecidos en la Oferta Pública de Empleos de Carrera de la Convocatoria. (OPEC) (…)»
El texto de la convocatoria explica en su Capítulo V, el trámite de solicitud y recepción virtual de la documentación para la verificación de requisitos mínimos:
«Artículo 19. Verificación de requisitos mínimos: La universidad o institución de Educación Superior contratada por la CNSC, realizará a todos los inscritos, admitidos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el empleo vacante que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC de la Contraloría Distrital de Bogotá, con el fin de establecer si son admitidos o no para continuar en el concurso. La verificación de requisitos mínimos se realizará con base en la documentación de estudios y experiencia aportada por el aspirante en la forma y oportunidad establecidas por la CNSC y a través de la página web wwww.cnsc.gov.co o de la institución de educación superior contratada por la CNSC.
El cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que aspira, no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal, que de no cumplirse será causal de NO ADMISIÓN, y en consecuencia, genera el retiro del aspirante del concurso.
Artículo 20. Solicitud de documentación para verificación requisitos mínimos. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC o quien ésta delegue, señalará al menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de inicio de la recepción, en su página web www.cnsc.gov.co y/o en la página en de la universidad o institución de educación superior delegada para la realización del Concurso, el medio y los términos en que se llevará a cabo la recepción de documentos de los aspirantes, tanto para la Verificación de los Requisitos Mínimos como para la prueba de Valoración de los antecedentes.
Los documentos que se deben enviar, escaneados y organizados en el orden en que se indica a continuación, son los siguientes:
Cédula de ciudadanía y/o documento de identidad, ampliada al 150%,
Título(s) académico(s) o acta(s) de grado o certificación de materias del respectivo centro universitario, conforme a los requisitos de estudio exigidos en la Convocatoria para ejercer el empleo al cual aspira. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
Certificaciones de los cursos de educación para el trabajo y Desarrollo Humano, debidamente ordenadas en orden cronológico de la más reciente a la más antigua.
Certificaciones de experiencia profesional, laboral y/o relacionada expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenada cronológicamente de la más reciente a la más antigua. (…)
Artículo 21. Recepción de documentación: Los aspirantes inscritos en la convocatoria deben allegar en los términos fijados en la página web www.cnsc.gov.co o de la universidad o institución de educación superior designada por la CNSC, los documentos necesarios que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribieron. (…)
Los documentos enviados o recibidos en forma física o por medios distintos a los que disponga la CNSC o los que sean entregados extemporáneamente, no serán objeto de análisis. (…)» (Subraya propia)
Se concluye de los artículos en cita, que los aspirantes debían aportar los documentos exigidos por la CNSC, en los términos que ésta entidad o la que hubiese delegado para adelantar el proceso de selección, hubieran señalado. De tal forma, que según las reglas del concurso, si los candidatos no aportaban la totalidad de los documentos exigidos, en la forma y dentro del término indicados, serían inadmitidos del mismo.
Ahora, por su parte, la OPEC de la Contraloría Distrital de Bogotá, documento que hace parte integral de esta convocatoria, señaló que para el cargo de Profesional Especializado, Grado 7, identificado en la Convocatoria de la CNSC con el número 204642, se indicaron los siguientes requisitos de estudio:
«Título profesional en Administración de Empresas, Administración Empresarial, Administración Financiera, Administración Pública, Agrología, Agronomía, Arquitectura, Bacteriología y Laboratorio, Biología, Comunicación Social, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Derecho, Economía, Economía en comercio exterior, Filología, Fonoaudiología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería comercial, Ingeniería de diseño y automatización, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Transporte y Vías, , Ingeniería Financiera, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial de alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Mercados, Licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas, Licenciatura en Ciencias Sociales, Medicina Veterinaria, Medicina, Mercadotecnia, Odontología, Publicidad, Publicidad y Mercadeo, Psicología, Psicología Social y Comunitaria, Relaciones Internacionales, Sociología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Zootecnia, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en automatización industrial, Ecología, Ingeniería Ambiental, Administración de informática, Administración Financiera y de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional, Biología, Relaciones Internacionales, Geología, Trabajo Social, Administración Deportiva, Mercadeo, Administración Ambiental, Bibliotecología y Archivística, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Topográfica, Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Comunicación Social-Periodismo
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos que exija la Ley.» (Subraya la Sala)
Mientras que, como experiencia profesional exigió 30 meses, y contempló como equivalencias entre estudios y experiencia, las previstas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 por la cual se rige este proceso concursal, así como con el artículo 14 del Acuerdo 464 de 2013, que estipula que «iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá ser modificada respecto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas», las reglas previamente transcritas son inmodificables y obligan tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.
2.2. ESTUDIO DEL CASO EN CONCRETO
Es del caso resolver, si le asiste la razón al demandante al afirmar que los actos administrativos demandados, por los cuales se le inadmitió en el proceso de selección identificado como Convocatoria 287 de 2013, se encuentran viciados de nulidad por haber desconocido las normas en que debían fundarse; toda vez que en criterio del accionante se desconocieron los artículos 4.° de la Ley 60 de 1981 y 62, 63 y 65 del Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, 7.° del Decreto 785 de 2005. Según explica el accionante, los mencionados artículos prevén que la tarjeta profesional no es un requisito necesario para acreditar la profesionalización ni para concursar en procesos de selección, ya que de conformidad con la normativa referenciada: i) ésta se compensa con los títulos de estudios profesionales y con experiencia profesional acreditada; y ii) es un requisito exclusivo para ejercer la profesión de administrador de empresas.
Así las cosas, procede la Sala a estudiar los preceptos normativos presuntamente desconocidos, así la jurisprudencia sobre el tema, en aras a determinar si, como lo afirma el demandante, los actos administrativos de fecha contenidos en i) la comunicación electrónica de 18 de julio de 2014, por la cual la CNSC publicó el listado consolidado de aspirantes admitidos y no admitidos en el proceso de selección adelantado por las Convocatorias No. 256 a 314 de 2013, en la cual se le calificó como «inadmitido» en la Convocatoria No. 287 de 2013, y ii) de la respuesta al recurso de reposición No. 390-2986-309037 de 14 de agosto de 2014, por el cual la Universidad de Medellín confirmó su exclusión del concurso, deben ser anulados.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que la exposición de motivos de la Ley 60 de 1981, por la cual se reconoció la profesión de Administración de Empresas y se reguló su ejercicio, señala:
«Exposición de Motivos del Proyecto de Ley “por el cual se reconoce la profesión de Administrador de Empresas y se dictan normas sobre su ejercicio en el país”.
De carácter constitucional: El artículo 39 de la Constitución Nacional, establece la libertad de escogencia de profesión, y autoriza a s vez al legislador, para reglamentar su ejercicio, con el objeto de que la actividad de las diferentes profesiones, sean inspeccionadas por el Estado, para fines de conveniencia pública y de la garantía de la plenitud de sus fines.
Para el caso específico de la Administración de Empresas, se hace necesario para el desempeño de su función dentro de la Sociedad, que halle una norma que regule, la forma como debe demostrar sus capacidades y moralidad, a fin de que los intereses de las organizaciones, tanto del sector privado como del sector público, puedan estar garantizados por los profesionales que la dirijan.
Si ya el legislador, ha regulado por ley, el ejercicio de las más importantes profesiones, tales como la Abogacía (Decreto 196 de 1971), la del Economista (Ley 41 de 1969), la de Ingeniería Química (Ley 53 de 1975), entre otras por razón del papel que desempeñan dentro de la sociedad, también existen motivos para que por ley se exije el título de idoneidad para la profesión de Administrador de Empresas, por el resultado que para la buena organización de las empresas ha demostrado el ejercicio de la misma.
De carácter académico: En Colombia existen un total de 54 carreras de formación de administradores. Las carreras administrativas, significan un 50% del total de carreras, de acuerdo con los datos del ICFES, actualizados 1978 en el país funcionan como instituciones de Educación Superior reconocidas por dicha entidad, con programas académicos aprobados en Administración de Empresas (12) carreras ídem, en las universidades oficiales (15) en universidades privadas, lo que demuestra el gran auge que los estudios de Administración de Empresas han alcanzado en el nivel de educación superior en el país, y que exigen desde ya un estatuto legal, que le garantice los derechos a los egresados en dichas entidades universitarias.
De carácter estatutario. A la Federación Colombiana de Administradores de Empresas “FECOLDA” cuya personería jurídica se encuentra en trámite, y que en la actualidad cuenta con un número de afiliados activos de (7) Asociaciones existentes en el país y que equivalen alrededor de 1.200 miembros activos, todos egresados de la carrera de administración de empresas, de las diferentes universidades que funcionan en el país, delegaron en Asamblea General a la Junta Directiva para que adelantara los trámites correspondientes, para la presentación del anteproyecto de ley, para que se logre la profesionalización de la Administración de Empresas, como un medio eficaz de defensa de los intereses intelectuales y profesionales de los administradores de empresas, y cumplir en esta forma con uno de los objetivos principales de la Federación Colombiana de Administradores de Empresas “FECOLDA”.
Seguidamente, al realizar un análisis del proyecto, el legislador consideró:
« (…) Se hace necesario darle a la profesión un marco legal de complementación y ayuda al esfuerzo educativo que en materia de administración realizan millares de colombianos. Este proyecto de ley promoverá la formación de administradores de alto nivel, que apoyen la implementación y ejecución de programas de desarrollo en el sector empresarial público y privado porque establece una organización de derecho, con los requisitos, privilegios, prohibiciones y exenciones que confiere el ejercicio de dicha carrera profesional.
Los indicadores económicos del país nos muestran que existen cada vez más un crecimiento de la actividad y por ende la empresarial, lo que significa que existe una gran necesidad de preparar recursos humanos más capacitados en el manejo de las empresas que participan en dichas actividades. El país necesita desarrollar una administración que esté acorde con sus propios recursos y necesidades. Con la creación del Consejo Profesional de Administración de Empresas se regulará y dirigirá de la manera más efectiva posible la carrera de la administración de empresas. Además dicho Consejo Profesional mediante un esfuerzo continuo de investigación, educación y extensión participará en el proceso de eliminación de las deficiencias educativas detectadas, dentro del campo de las ciencias administrativas.
Se debe diferenciar entre la administración empírica y espontánea, y la administración científica y reflexiva, adquirida mediante la investigación y el estudio a nivel universitario en instituciones académicas públicas y privadas altamente calificadas y cuyas facultades y programas de estudio estén oficialmente reconocidos por el Gobierno Nacional. Por administración científica o cencías administrativas, debe entenderse el esfuerzo metódico y de aplicación profesional, para la conjugación libre y disciplinada de esfuerzos y de recursos que permitan el logro de objetivos previstos. Por ello, para quienes se dedican a las ciencias administrativas es incuestionable la necesidad de un estatuto legal, que les garantice los derechos de los egresados de los centros académicos universitarios y es el Estado el que debe ejercer su función normativa legisladora y dadora de la regla máxima.»
De acuerdo con el texto en cita, la exigencia de la tarjeta profesional para la profesión de Administrador de Empresas encuentra su soporte en la importancia de este oficio para el desarrollo del país. Lo anterior, por cuanto el legislador consideró que con la creación de la misma se puede lograr la profesionalización de la Administración de Empresas, asegurando que sea un ejercicio científico y no empírico, para así garantizar un mejor desempeño de esta carrera, que permita a sus profesionales demostrar sus capacidades y moralidad y la protección de sus derechos e intereses.
Ahora bien, la Ley ibídem señala que para poder ejercer la profesión de administrador de empresas, se deben llenar las siguientes condiciones:
«ARTICULO 4º.-Para ejercer la profesión de Administrador de Empresas en el territorio de la República, se deberán llenar los siguientes requisitos:
a) Título Profesional, expedido por institución de educación superior aprobada por el Gobierno Nacional;
b) Matrícula Profesional, expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas.
ARTICULO 5º.-Para efectos de la expedición de la Matrícula Profesional son condiciones de estricto cumplimiento que el diploma correspondiente esté plenamente refrendado y registrado por la universidad respectiva, autenticado por la autoridad competente y legalizado e inscrito en el Ministerio de Educación Nacional.»
De tal forma que, según el artículo 9.° ejusdem, corresponde al Consejo Profesional de Administración de Empresas «expedir la matrícula a los profesionales que llenen los requisitos y fijar los derechos correspondientes».
En concordancia con lo anterior, el Decreto Reglamentario 2718 de 1984, respecto al ejercicio de la profesión de Administración de Empresas, dispuso:
«Artículo 16.- El Administrador de Empresas que aspire a obtener la matricula profesional de que trata el literal b) del artículo 4º de la Ley 60 de 1981, deberá formular por escrito la solicitud ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas acompañada de los documentos indicados en el artículo siguiente.
Artículo 19.- Si la documentación presentada cumple los requisitos de que trata el artículo 17 del presente decreto, el Consejo deberá expedir en término de veinte (20) días hábiles, resolución motivada otorgando al interesado su matrícula profesional, con derecho a ejercer en todo el territorio nacional la profesión de Administrador de Empresas. (…)
Articulo 20.- El Consejo Profesional de Administración de Empresas deberá expedir al interesado el certificado correspondiente de la resolución en firme del otorgamiento de la matricula profesional, firmado por el presidente y secretario del Consejo, en el cual se hará constar: número y fecha de la resolución, identificación del beneficiario, número de orden de la matricula e institución que le otorgó el título profesional de Administración de Empresas. Cada certificado original llevará una fotografía del interesado y de cada certificado se dejará una copia en el respectivo expediente de otorgamiento de la matrícula profesional.
Igualmente, el Consejo deberá hacer entrega al interesado de la respectiva tarjeta profesional de administración de Empresas, en la que deberá anotarse los siguientes datos: nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, número de orden de la tarjeta, fecha de su expedición, número y fecha de la resolución de matrícula, institución que le otorgó el título profesional de Administración de Empresas y firma del Ministro de Desarrollo Económico.
Artículo 21.- El certificado y la tarjeta son los documentos que habilitan y acreditan al Administrador de Empresas para el ejercicio legal de la profesión, al tenor de lo expuesto por la Ley 60 de 1981 y del presente decreto.»
Por su parte, el Decreto 2150 de 1995, suprimió algunos trámites para el registro estatal de títulos académicos profesionales, de la siguiente manera:
«Artículo 62º.- Supresión del registro estatal de títulos profesionales. Suprímese el registro estatal de los títulos profesionales.
Artículo 63º.- Registro de títulos en las instituciones de educación superior. A las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por el Estado corresponderá llevar el registro de los títulos profesionales expedidos dejando constancia del número de registro en el diploma y en el acta de grado.
Dicho número se otorgará con sujeción a las regles que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Cada seis meses, las instituciones de educación superior remitirán a las autoridades competentes que determine el Gobierno Nacional, un listado que incluya el nombre, número de registro y profesión de los graduados.
Artículo 65º.- Supresión del registro de diplomas. Suprímase el registro de cualquier otro diploma otorgado por una institución de educación legalmente reconocida en Colombia»
De otro lado, el artículo 7.° del Decreto 785 de 2005, en el cual se establecieron equivalencias entre estudios y experiencia, reza:
«Artículo 7°. Certificación educación formal. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente.
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan.»
De la lectura de las normas en cita, encuentra el Despacho lo siguiente:
La Ley 60 de 1981 exige la matrícula profesional para el ejercicio de la profesión del administrador de empresas;
Según el Decreto Reglamentario 2718 de 1984, el certificado correspondiente de la resolución en firme del otorgamiento de la matricula profesional y la tarjeta profesional, son los documentos que habilitan y acreditan a los Administradores de Empresas para el ejercicio legal de la profesión;
El Decreto 2150 de 1995 previó la supresión del trámite de registro de los diplomas profesionales, más no eliminó la obligación de tramitar la tarjeta profesional para los casos en que ésta deba acreditarse, como lo es el de la carrera de Administración de Empresas; y
El Decreto 785 de 2005 es claro al establecer que la presentación de los títulos de los estudios formales puede ser remplazada por la presentación de la tarjeta profesional. Significa lo anterior, que dicha norma no prevé que la acreditación de los títulos profesionales eximan el acreditar la tarjeta o matrícula profesional.
Así las cosas, procede la Sala a estudiar la posición adoptada por la jurisprudencia respecto de la acreditación de la tarjeta profesional, como prueba de la profesionalización de una labor profesional.
La Corte Constitucional, en sentencia C-562 de 2015, estudió la constitucionalidad de la supresión de la matrícula profesional de los economistas para posesionarse en cargos públicos o privados, contenida en el artículo 109 del Decreto Ley 019 de 2012, «por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.». En dicha ocasión, la Corte estudió la importancia de la matrícula profesional, así como su propósito, en los siguientes términos:
«5.3.1.- En cuanto concierne a la presentación de la matrícula profesional para tomar posesión de un cargo público o privado (primera parte de la norma), no puede ser calificada como un simple “trámite innecesario”.
A primera vista podría pensarse que dicho requisito es irrelevante porque la idoneidad para el ejercicio de la economía se acredita con el diploma o acta de grado expedidos por la respectiva universidad. Sin embargo, ello implicaría desconocer que la matrícula profesional va más allá de la sola acreditación de la calidad de economista.
Es cierto que en algunas ocasiones la matrícula puede haberse concebido como una mera formalidad, por lo que su exigencia sería innecesaria ante la acreditación del título académico HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-562-15.htm" \l "_ftn49" \o "" . No obstante, en el asunto bajo examen la inscripción y matrícula, antes que un requisito para posesionarse en un empleo público o privado es una condición para el ejercicio mismo de la profesión de economista. Así lo establece el artículo 1º de la ley 37 de 1990, que no ha sido derogado y por lo tanto mantiene plena vigencia:
“ARTÍCULO 1º.- Para ejercer la profesión de economista se requiere el título de idoneidad reconocido conforme a la ley, estar inscrito en el Consejo Nacional Profesional de Economía, poseer la matrícula profesional y estar domiciliado en Colombia”. (Resaltado fuera de texto)
Ahora bien, el Consejo Nacional de Economía no tiene como función reconocer validez al título académico. Su tarea consiste en acreditar si un economista ha incurrido en faltas contra la ética profesional y, en caso tal, imponer las sanciones a que hubiere lugar. Para tal fin, le corresponde decidir sobre las solicitudes de inscripción, así como suspender o cancelar la matrícula. (…)
Como puede notarse, en el asunto objeto de control la matrícula profesional no solo busca dar cuenta de la formación “académica”, lo cual se podría suplir con el diploma o el acta de grado. Su propósito es, esencialmente, acreditar la idoneidad “ética” y la ausencia de sanciones que “inhabiliten” a una persona para el ejercicio de la economía, con el fin de proteger a los ciudadanos y a la comunidad de quienes han incumplido sus deberes o ejercido ilegalmente la profesión.
En estas condiciones –como la ética también tiene que ver con la economía-, no estamos ante un requisito superfluo, fútil o baladí. La matrícula profesional, lejos de ser un “trámite” para la posesión en un empleo, es por decisión del Congreso un requisito y condición habilitante para el desempeño de esa profesión. En consecuencia, su eliminación no podía ser calificada como un simple “trámite innecesario existente en la Administración Pública”. Además, porque la norma no se refiere solo al foro público sino también a la exigencia de la matrícula profesional para tomar posesión de un “cargo en el sector privado”, de modo que el Presidente desbordó las competencias que le fueron otorgadas para actuar como legislador de excepción.»
Entonces, la providencia en cita expone que la matrícula profesional no es un capricho o un simple trámite creado por el legislador, para acreditar la profesionalización de una carrera; sino que constituye un verdadero requisito y condición habilitante para desempeñarse en ciertos campos donde se exige.
Ahora, con relación al requisito de aportar la tarjeta profesional para la verificación de requisitos mínimos, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de tutela 20 de enero de 2011, M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, indicó que el requisito de aportar la Tarjeta Profesional no se puede suplir con el Diploma que otorga el título, toda vez que con ellos se busca acreditar circunstancias diferentes. A continuación, se transcribe dicha providencia in extenso:
«Es del caso analizar entonces, si el no haber cumplido la exigencia de aportar la Tarjeta Profesional de Administradora de Empresas constituye una razón válida para la exclusión de la tutelante del concurso de méritos.
De conformidad con la Ley 60 de 1981 “Por la cual se reconoce la Profesión de Administración de Empresas y se dictan normas sobre su ejercicio en el país”, para ejercer la profesión de Administrador de Empresas en el territorio de la República, se deberán llenar los siguientes requisitos: a) Título Profesional, expedido por institución de educación superior aprobada por el Gobierno Nacional y, b) Matrícula Profesional, expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas (artículo 4°).
Asimismo, el Decreto Reglamentario 2718 de 1984 “Por el cual se reglamenta la Ley 60 de 1981 sobre el ejercicio de la profesión de Administración de Empresas” precisa en su artículo 16 que el Administrador de Empresas que aspire a obtener la matrícula profesional de que trata el literal b) del artículo 4° de la Ley 60 de 1981, deberá formular por escrito la solicitud ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas, acompañada de los documentos indicados en el artículo siguiente.
Así, si la documentación presentada cumple los requisitos de que trata el artículo 17 del Decreto en comento, el Consejo deberá expedir en el término de veinte (20) días hábiles, resolución motivada otorgando al interesado su matrícula profesional, con derecho a ejercer en todo el territorio nacional la profesión de Administrador de Empresas, y en caso de que la documentación presentada no cumpla con los requisitos establecidos, se requerirá al interesado para que aporte los que hagan falta (Artículo 19 Ibídem).
En todo caso, el Consejo Profesional de Administración de Empresas deberá expedir al interesado el certificado correspondiente de la resolución en firme que otorga la matrícula profesional, firmado por el Presidente y el Secretario del Consejo, en el cual se hará constar: número y fecha de la resolución, identificación del beneficiario, número de orden de la matrícula e institución que le otorgó el título profesional de Administrador de Empresas.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 del Decreto en mención el Certificado y la Tarjeta son los documentos que habilitan y acreditan al Administrador de Empresas para el ejercicio legal de la profesión.
A partir de las anteriores precisiones, la Sala entiende que quien haya obtenido el título profesional de Administrador de Empresas, deberá tramitar ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas la respectiva Matrícula Profesional, y previamente a su entrega, la Autoridad competente deberá entregar un certificado que contiene los datos de otorgamiento de la Tarjeta Profesional. No obstante, se reitera, únicamente la certificación comentada y la respectiva Tarjeta Profesional constituyen los documentos habilitantes para el ejercicio de la profesión.
En ese orden de ideas, en lo que atañe al caso concreto, la Entidad convocante al concurso de méritos exigió a la actora dentro de la documentación que acredita la formación académica el título profesional en Administración de Empresas, entre otras disciplinas, y la Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la ley.
Como se dejó visto, la Carrera Profesional de Administración de Empresas, por exigencia legal, requiere para su ejercicio la Tarjeta Profesional debidamente otorgada por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, por lo que las afirmaciones de la actora contenidas en la impugnación relativas a que no se requiere para el ejercicio de dicha profesión la Tarjeta Profesional y que su obtención es una opción voluntaria de los egresados, carecen de todo fundamento.
Así tampoco, puede suplirse el requisito de la Tarjeta Profesional con el Diploma que otorga el título, en tanto ambos documentos acreditan circunstancias diferentes, verbigracia, el Diploma indica que la persona cursó y aprobó el programa académico correspondiente, y la Tarjeta Profesional habilita para ejercer la profesión, de manera que para actuar ante distintas autoridades el profesional debe presentar la Tarjeta Profesional, sin que para esos efectos se acepte el Diploma.
En este estado de cosas, es evidente que la exigencia del director del concurso de allegar el documento que se echa de menos, debió ser acatada por la solicitante, lo cual no ocurrió. »
Las anteriores consideraciones fueron reiteradas por esta Subsección en sentencia de 18 de octubre de 2012, al estudiar un caso similar al que ocupa a la Sala en esta oportunidad. Al respecto, se dijo:
«En el sub-examine, como quiera que la profesión de Administración de Empresas, es de aquellas disciplinas que para su ejercicio requiere la presentación de la tarjeta profesional, era apenas lógico que la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme a la normativa analizada, le solicitara a quien aspirara al empleo identificado con el número 50685 (Profesional Universitario) perteneciente a la Personería Distrital, la prueba de la formación académica acreditada, con el título profesional en Administración de Empresas y que allegara dentro de la etapa de requisitos mínimos la tarjeta y/o matricula profesional, o en su defecto la constancia de que éste se encontraba en trámite.
De manera que, si la demandante no presentó el requisito de la tarjeta profesional de Administración de Empresas, la Comisión Nacional del Servicio Civil, podía válidamente incluirla en “El listado de no admitidos de la aplicación V” por no cumplir con los requisitos mínimos, para lo cual se tuvo en cuenta lo publicado por la Personería de Bogotá en la Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC, conforme la información básica del empleo seleccionado.
Máxime cuando está probado que según el Manual de Funciones y Requisitos de la Personería de Bogotá (Res. Nos. 54 de 2006 y 347 de 2007), se encontraba establecido como requisito adicional y que tuvo amplia difusión por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Conforme lo anotado, la presentación de la documentación en debida forma era una responsabilidad que recaía directamente en los aspirantes, desde el momento mismo de su inscripción, por lo que, la actora no puede alegar su propia omisión como causal de nulidad de los actos administrativos acusados, antes por el contrario, quedó plenamente demostrado que se le garantizó su participación dentro de la convocatoria 001 de 2005, y su exclusión no obedeció a una actuación irregular de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dado que la demandante fue quien no aportó la tarjeta profesional de Administración de Empresas.»
Esto, muestra a esta Sala que, como lo explicó la entidad accionada en su contestación y lo revelan las pruebas obrantes en el proceso, cuando la ley exige la tarjeta o matrícula profesional para el ejercicio de una profesión, como en el caso de la administración de empresas, no lo hace de forma caprichosa; sino atendiendo a las especificidades y a la importancia que reviste dicha labor.
En este orden de ideas, se encuentra que el Acuerdo 464 de 2013, por el cual abrió la Convocatoria 287 de 2013, se expidió conforme a la normativa aplicable. De tal forma que, era la norma reguladora del concurso y en tal virtud, tanto la CNSC, como la Universidad de Medellín y el administrado debían cumplirlas a cabalidad.
Entonces, el referido acuerdo contempló en su artículo 20 que en los casos en que la ley así lo exigiera, los profesionales debían aportar la tarjeta profesional como requisito mínimo de postulación al cargo. Además, se encuentra que no revió equivalencias para dicho requisito, pues se refirió únicamente a las contempladas en el Decreto 785 de 2005, el cual establece expresamente que la presentación de los títulos de los estudios formales puede ser remplazada por la presentación de la tarjeta profesional. De tal forma que no prevé, como lo afirmó el demandante, que la acreditación de los títulos profesionales exima el acreditar la tarjeta o matrícula profesional; máxime cuando los segundos son un requisito sine qua non para poder obtenerla en forma definitiva. En concordancia con lo anterior, la Ley 60 de 1981 señala que debido a la importancia de la profesión de Administrador Público, estos debían acreditar la profesionalización de su carrera mediante la tarjeta profesional otorgada por el Consejo Profesional de Administración de Empresas para poder ejercerla.
Así las cosas, considera esta Sala que los actos administrativos demandados, esto es, la comunicación electrónica de 18 de julio de 2014, por la cual la CNSC publicó el listado consolidado de aspirantes admitidos y no admitidos en el proceso de selección adelantado por las Convocatorias No. 256 a 314 de 2013, en la cual se le calificó como «inadmitido» en la Convocatoria No. 287 de 2013, y la respuesta al recurso de reposición No. 390-2986-309037 de 14 de agosto de 2014, por el cual la Universidad de Medellín confirmó su exclusión del concurso, se encuentran ajustados a derecho.
Sobre el particular, señala la Sala que acceder a las pretensiones de nulidad del actor, implica, en primer lugar, vulnerar las reglas de concurso, y además, desconocer los derechos a la igualdad de los demás participantes, quienes si atendieron los requerimientos de la administración y aportaron, en tiempo, la documentación pedida por la CNSC. Se observa, que lo que busca el actor con la demanda, es subsanar un requisito que desde la publicación de la convocatoria se determinó insubsanable, por lo cual no es posible acceder a sus pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 7 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”.
SEGUNDO.- Devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previa las anotaciones de rigor.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sección Segunda, Subsección B, en sesión de la fecha, por los Consejeros:
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
El proceso subió al Despacho con informe de Secretaría de 17 de noviembre de 2017
Adelantadas con el propósito de proveer en propiedad los empleos vacantes de las Contralorías Territoriales
Fl. 157 a 159
Fl. 20 - 21
Por la cual se reconoce la profesión de Administración de Empresas y se dictan normas sobre su ejercicio en el país
Para el efecto, citó la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expedida en el expediente de radicación 13001233100019990011301(25.804), C.P. Enrique Gil Botero
Por la cual se reconoce la profesión de Administración de Empresas y se dictan normas sobre su ejercicio en el país
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Memorial obrante a folios 131 a 144 del exp.
Citó la sentencia T-256 de 1995, proferida por la Corte Constitucional
Al efecto, citó la sentencia SU-913 de 2009
Obrante a folios 187 a 197
i) observancia de los preceptos de carácter constitucional y legal, frente a los actos proferidos por la CNSC – inexistencia del derecho alegado; ii) imposibilidad de “subsanar” los documentos allegados para la etapa de verificación de requisitos – Principio de igualdad e imparcialidad que rigen los concursos de méritos, iii) competencia de la Universidad de Medellín para expedir el acto administrativo de inadmisión de la Convocatoria No. 287 de 1013 y iv) inexistencia de los perjuicios alegados.
Para el efecto citó la sentencia C-040 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Oferta Pública de Empleos de Carrera
Fl. 198
Corte Constitucional, Sentencia C-85 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Consultar también: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, 2 De Marzo De 2017, Radicación Número: 11001-03-25-000-2014-01449-00(4720-14); Actor: María Betty Moreno Mena Y Otros; Demandado: CNSC
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Actor: BERNARDO DURÁN MENDOZA; Demandado: CNSC y Contraloría General del Departamento de Norte de Santander
Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00082-00(C); Actor: Contraloría General De Medellín; Demandado: Comisión Nacional Del Servicio Civil; C.P. Augusto Hernández Becerra
C-073 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
http://gestion.cnsc.gov.co/Qry_Opec_Contralorias/fRconsultaOpec.aspx?CodPerfil=204642
Por la cual se reconoce la profesión de Administración de Empresas y se dictan normas sobre su ejercicio en el país
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Historia de las Leyes, Legislatura de 1981, Tomo III, Pág. 668-669; Bogotá, 2 de octubre de 1979.
Ibídem, Pág. 672; Bogotá, 18 de octubre de 1979.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Por ejemplo, en la Sentencia C-660 de 1997 la Corte declaró inexequible dos normas que otorgaban un plazo de 2 años (ampliado luego por 3 años más) para que los administradores de empresas que hubieren obtenido su título con anterioridad a la expedición de dichas normas procedieran a su inscripción y obtención de la matrícula profesional, que en ese caso era una mera formalidad.
Radicado Número: 70001-23-31-000-2010-00294-01(AC); Actor: Adriana Fernández López; Demandado: CNSC
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección ‘B’, Consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez De Páez, Radicación Número: 11001-03-25-000-2010-00253-00(2115-10); Actor: Jeanet Álzate Quinceno; Demandado: CNSC
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