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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-01292-00

Concurso público de méritos para cargos de carrera en las contralorías departamentales: competencia transitoria de la Comisión…

Fecha
4 de mayo de 2017
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-01292-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE NEGAR la pretensión de nulidad de los artículos 9.º, parágrafo, y 15 literal m) del Acuerdo No. 453 del 02 de octubre de 2013, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, «Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2014-01292-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

4 de mayo de 2017

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA CARGOS DE CARRERA EN LAS CONTRALORÍAS DEPARTAMENTALES - Competencia transitoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, hasta cuando el Congreso regule la materia

Mientras el Congreso de la República legisle respecto al régimen especial de administración y vigilancia de la carrera administrativa de las Contralorías Territoriales; dichas funciones recaen sobre la CNSC. No le asiste la razón al demandante al acusar a la CNSC de desbordar sus potestades reglamentarias, toda vez que esta entidad se encuentra facultada legalmente y en forma transitoria, para adelantar las convocatorias tendientes a proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en las Contralorías Departamentales. NOTA DE RELATORÍA: Corte Constitucional, C-073 de 2006, M.P., Rodrigo Escobar Gil.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 130 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 7 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 11 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 3 PARÁGRAFO 2

CONCURSO DE MÉRITOS EN LAS CONTRALORÍAS DEPARTAMENTALES – Aplicación a un sólo cargo y convocatoria / DERECHO A LA IGUALDAD - No vulneración

Se colige que la invocación del derecho a la igualdad se basa en un argumento insuficiente, pues el argumento esgrimido por el demandante supone una comparación entre concursos diferentes, es decir, que los supuestos de hecho no son comparables entre sí. Así mismo, las reglas de la convocatoria que fueron demandadas, se aplicaron en forma general, es decir, a todos los aspirantes indiscriminadamente. Por último, se tiene que la decisión adoptada por la CNSC de limitar la participación de los aspirantes a una sola convocatoria y a un solo empleo, atiende criterios razonables, proporcionados y congruentes con la finalidad del concurso y los principios rectores de la actividad de administración y vigilancia de la carrera administrativa. (…) Se concluye que el requisito demandado por el accionante, no se encuentra prohibido por la ley ni por la Constitución, y a su vez, no representa una amenaza para el libre acceso a cargos públicos, pues como se expuso en la citada providencia de esta Corporación, en ningún momento se ha garantizado en forma expresa que un ciudadano participe o aspire a todos los cargos objeto de un concurso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los alcances del principio de igualdad, Corte constitucional T-104 de 2016, M.P., Luis Guillermo Guerrero Pérez. Respecto de la aplicación del test de igualdad, Corte constitucional C-811/14, M.P., Mauricio González Cuervo. Frente a el juicio de igualdad en los procesos de concurso público de méritos, Corte constitucional C-041/95. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de 2015, C.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 3914-13.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 40 NUMERAL 7 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 27 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 28 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 29

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE MÉRITOS - No vulneran el derecho de escoger profesión u oficio

El derecho a escoger profesión u oficio puede ser limitado, cundo la función a cumplir afecta los intereses de la comunidad. En el caso en concreto, el Acuerdo 453 del 02 de octubre de 2013, «Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013», demandado, no exige requisitos que vayan más allá de demostrar las aptitudes y formación académica requeridos para cada cargo. Por lo tanto, no es posible predicar que se vulnera el derecho alegado, toda vez que el interesado tiene la libertad de escoger la que mejor se acomode a sus aspiraciones y perfil profesional. NOTA DE RELATORÍA: Corte constitucional, sentencia T-346A - 14, M.P., Nilson Pinilla Pinilla.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 26

CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN - Relación de confianza. CONCURSO DE MÉRITOS – No convocatoria

Los cargos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuya vinculación depende de la voluntad del empleador, para el efecto también llamado autoridad nominadora, puesto que estos cargos implican una especial confianza en virtud de sus funciones de asesoría institucional, asistencial o de apoyo. Se concluye del análisis probatorio, que el cargo de Auditor Ambiental Código 105-10, que en criterio del demandante se omitió ofertar en la convocatoria demandada, es un cargo en nivel de Asesor y su naturaleza es de libre nombramiento y remoción, no de carrera. Por lo tanto, no había obligación de proveerlo mediante concurso, y en consecuencia, no se puede manifestar que el acto se encuentra falsamente motivado. Mediante la citada jurisprudencia, se reitera que los cargos de libre nombramiento y remoción no deben ser proveídos por medio de concurso de méritos, pues este es el medio utilizado para proveer los empleos de carrera. Aclara la Sala, que esta Corporación se pronunciado respecto a la posibilidad de que la provisión de un cargo de libre nombramiento y remoción sea sujeto a un concurso de méritos. Al respecto, se ha dicho que ésta es una potestad de la entidad nominadora, y bajo ninguna circunstancia es factible que un cargo de esta naturaleza se convierta en uno de carrera administrativa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 18 de agosto de 2011, C.P., Víctor Hernando Alvarado Ardila, rad. 0532-08, Respecto de la posibilidad de ofertar empleos de libre nombramiento y remoción a través de concurso de méritos, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., auto de 4 de diciembre de 2007, C.P., Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, rad. 1790-07. Sobre la naturaleza de un cargo de libre nombramiento y remoción sometido a concurso de méritos, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de mayo de 2007, rad. 5837-05.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 125 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 1 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 5 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 23 / DECRETO 2400 DE 1968 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 785 DE 2005 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 785 DE 2005 - ARTÍCULO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-25-000-2014-01292-00(4165-14)

Actor: BERNARDO DURÁN MENDOZA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) Y CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Asunto: Fallo de única instancia
Tema: La regla contenida en los artículo 9 y 15 del Acuerdo 453 de 2013, según la cual, los aspirantes sólo podían inscribirse a una convocatoria y únicamente para concursar respecto de un empleo, no vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos

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La Sala conoce el proceso de la referencia con informe de la Secretaría de la Sección Segunda para fallo de única instancia.

La demanda

El señor Bernardo Durán Mendoza, en nombre propio, ejerció el medio de control de Nulidad Simple contra el Acuerdo 453 del 02 de octubre de 2013, proferido por la CNSC, «Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013», específicamente del parágrafo del artículo 9.º,y del literal m) del artículo 15, que a continuación se transcriben:

«Artículo 9°. Requisitos para participación: Para participar en el proceso de selección se requiere: (…)

Parágrafo: En consideración a que simultáneamente la CNSC, adelanta un numero plural de Convocatorias dirigidas a CONTRALORIAS TERRITORIALES, el interesado deberá escoger y decidir su participación, solo en UNA (1) Convocatoria. Lo anterior debido a que las pruebas escritas de los procesos de selección, serán aplicadas el mismo día.

(…)

Artículo 15º. Consideraciones previas al proceso de inscripción: El aspirante en la Convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente:

(…)

m) Teniendo en cuenta que la aplicación de las pruebas de las Convocatorias de las Contralorías Territoriales, se aplicarán el mismo día, no es posible que el aspirante participe en más de una convocatoria de manera simultánea, por lo tanto, su inscripción debe ser en una única convocatoria para Contralorías Territoriales y en un solo empleo.»

Contra los enunciados normativos transcritos, el actor formuló los cargos que a continuación resume la Sala:

Primer cargo.- Falta de competencia de la CNSC para adelantar concurso de méritos para proveer los cargos de carrera de las Contralorías Territoriales

En concepto del demandante, de las facultades de administración y vigilancia de las carreras administrativas otorgadas a la CNSC por el artículo 130 de la Constitución Política, están expresamente excluidas aquellas que tengan carácter especial, como es el caso de las Contralorías Territoriales.

Razón por la cual, señaló que en el presente caso, la CNSC no tenía competencia para expedir un acto administrativo convocando a concurso público de méritos para proveer cargos de carrera administrativa en la Contraloría de Norte de Santander.

Segundo cargo.- Trasgresión del derecho a la igualdad

Este cargo lo soporta afirmando, que en su criterio, la restricción contenida en los artículos demandados, atinente a que los aspirantes sólo podían inscribirse para una sola convocatoria y únicamente aspirar a un cargo, no había sido implementada en concursos anteriores, sino que por el contrario a los aspirantes siempre se les ha permitido postularse a diferentes cargos de diferentes especialidades.

Tercer cargo.- Desconocimiento de los derechos de acceso a la función pública y de libertad de escoger profesión u oficio

Para sustentar este cargo, el actor alegó que el límite impuesto por las normas administrativas demandadas al momento de la inscripción, vulneran de manera irracional y desproporcionada los derechos constitucionales de acceso a la función pública y de libertad de escoger profesión u oficio.

En este punto, precisa la Sala que el actor no desarrolló este cargo, es decir, no expuso los argumentos para explicar por qué razón estima que la regla fijada por la CNSC que demanda, vulnera los derechos fundamentales invocados.

Cuarto cargo.- Falsa motivación

Por último, el demandante alegó que el Acuerdo 453 de 2013 está falsamente motivado, porque en el mismo, la CNSC afirma convocar a concurso para proveer todos los cargos de carrera administrativa que en la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander se encuentren vacantes o provistos provisionalmente; circunstancia que según su dicho no concuerda con la realidad, porque no fue ofertado el cargo de Auditor Ambiental 105-10, que indica estaba ocupado en provisionalidad para ese entonces.

Oposición a la demanda

Contraloría General del Departamento de Norte de Santander

El mencionado ente de control territorial contestó la demanda señalando:

1) Que la CNSC si tenía competencia para expedir el acto administrativo demandado convocando a concurso para proveer los cargos de carrera de la Contraloría de Norte de Santander, porque en su criterio, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 909 2004, la Comisión está facultada transitoriamente para administrar y vigilar la carrera administrativa de las contralorías territoriales, mientras se expide la ley que regula dicha carrera administrativa especial.

2) Que la misma convocatoria contenida en el Acuerdo 453 de 2013, previó diversos recursos y mecanismos de impugnación para que los participantes manifestaran sus inconformidades en cada etapa del concurso, por lo que en su sentir, no era necesario presentar la demanda de nulidad que originó el presente proceso.

3) Que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha señalado la legalidad de la regla que permite la inscripción para un solo cargo pues esta solo pretende garantizar la selección del mejor candidato para cada cargo, lograr que el concurso provea la mayor cantidad de cargos en propiedad posibles, y en la forma más ágil, eficiente y eficaz que se pueda.

4) Que la regla demandada no vulnera los derechos a la igualdad, acceso a la función pública y escogencia de oficio, por cuanto todos los participantes se encontraban en igualdad de condiciones al momento de decidir entre las opciones de vacantes disponibles, pudiendo escoger la que mejor se adaptara a sus intereses particulares, ya que todos ellos tenían conocimiento de los requisitos exigidos para cada uno.

5) Que el acto administrativo demandado no estuvo falsamente motivado porque el cargo de Auditor Ambiental es de libre nombramiento y remoción, y por lo tanto no puede ser objeto de concurso público de méritos. Así mismo, indicó que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto.

Comisión Nacional del Servicio Civil

La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando:

1) Que los cargos formulados por el actor contra el Acuerdo 453 de 2013 no se encuadran en las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1137 de 2011, por lo que, en su criterio, deben ser denegados.
2) Que de acuerdo con el parágrafo 2.° del artículo 3.° de la Ley 909 de 2004, la CNSC si tiene competencia para administrar y vigilar la carrera administrativa de las Contralorías Territoriales, toda vez que el Congreso de la República aún no ha expedido la ley que regular la carrera administrativa de dichos órganos.

3) Que la regla de que los aspirantes sólo podían inscribirse para una sola convocatoria y únicamente para un cargo, se justificó en la medida en que es necesaria para optimizar los recursos humanos, económicos y de infraestructura.

4) Que la convocatoria no vulnera los derechos de la igualdad, acceso a cargos públicos y a la libre escogencia de profesión u oficio, pues en cada nivel, técnico, asistencial o profesional, se ofertaron una pluralidad de cargos, permitiéndole a cada aspirante aplicar para aquél que mejor se adapte a su perfil y a sus necesidades. Aclaró, que para la toma de esta decisión, todos los aspirantes se hallaban en igualdad de condiciones; ya que todos tuvieron acceso a la misma información respecto de las características y los requisitos solicitados para cada vacante.

Adicionó, que no es cierto que en convocatorias pasadas se haya permitido aplicar a un número indeterminado de empleos.

5) Que el acto administrativo demandado no estuvo falsamente motivado, porque la convocatoria se realizó conforme a lo establecido en la ley y el reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera provisto por la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander.

Alegatos de conclusión

La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

La Contraloría General de Norte de Santander reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

Por su parte, la CNSC ratificó los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.
Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público, a través de su Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación, solicitó negar las pretensiones de nulidad de la demanda.

Señaló, que, pese a que la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander tiene un carácter especial otorgado por los artículos 67 y 268 de la Carta, al momento de expedición del acto administrativo acusado, no existía una disposición especial para regular los procesos de selección para proveer las vacantes de esta entidad. Por lo tanto, esta facultad recaía sobre la CNSC en forma transitoria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 parágrafo 2.° de la Ley 909 de 2004.

Así mismo, consideró que la CNSC actuó conforme a la ley, ajustándose a los principios rectores de la ejecución de procesos de selección contenidos en el artículo 28 de la Ley 909 de 2004, como lo son el de mérito, la libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia, entro otros.

Por último, en cuanto al cargo que trata la falsa motivación del acto, resalta el Ministerio Público que, de las pruebas allegadas al proceso se evidencia que el cargo de Auditor Ambiental es de libre nombramiento y remoción, y por lo tanto no era necesario ofertarlo en el concurso de méritos, pues, la forma de proveerlo no exige la realización de un proceso de selección.

CONSIDERACIONES

La Sala precisa, que las proposiciones jurídicas acusadas comprenden el requisito de participación en el proceso de selección convocado por el Acuerdo No. 453 de 2013, según el cual los interesados únicamente podrán concursar en una (1) Convocatoria para Contralorías Territoriales y para un (1) solo empleo.
En ese sentido, los cargos expuestos por la parte demandante, los motivos de oposición aducidos por la CNSC y la Contraloría General de Norte de Santander, así como los razonamientos del Ministerio Público, muestran a esta Corporación, que los problemas jurídicos a resolverse en este proceso son los siguientes:

Establecer, si la CNSC se encontraba facultada para adelantar el concurso de méritos para proveer los cargos de carrera de la Contraloría General Departamental de Norte de Santander.

Determinar si la limitación contenida en la convocatoria, según la cual los aspirantes solo podían inscribirse para concursar en una sola convocatoria y para un solo empleo, es vulneradora del derecho a la igualdad.

Determinar si la limitación contenida en el acuerdo demandado, constituyó un desconocimiento de los derechos al acceso a cargos públicos y a la libre escogencia de profesión u oficio.

Estudiar, si la convocatoria estuvo falsamente motivada por el hecho de no haberse ofertado en ella el cargo de Asesor 105 grado 10.

De las facultades transitorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil para administrar y vigilar la carrera administrativa en las Contralorías Territoriales.

Con miras a solucionar el primer problema jurídico planteado, a continuación la Sala procederá a i) señalar el origen constitucional, naturaleza y funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y ii) determinar el por qué es esta entidad la encargada de adelantar un concurso que, en principio, debe estar sometido a un régimen especial.

Origen constitucional, naturaleza y funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil

La Comisión Nacional del Servicio Civil es una entidad creada en forma expresa por la Constitución Política de 1991, en su artículo 130, el cual dispone:

«Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.»

Por su parte, la Ley 909 de 2004, se refiere a la naturaleza de este órgano de creación constitucional, en los siguientes términos:

«Artículo 7º. Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.»

En lo relacionado con sus funciones, el artículo 11 ibídem señala:

«Artículo 11. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa. En ejercicio de las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones:
a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa.»

De acuerdo con las normas expuestas, la Comisión Nacional del Servicio Civil es un órgano constitucional creado con miras a administrar y vigilar la carrera administrativa, que se encuentra sometido al régimen de la Ley 909 de 2004, el cual señala cuáles son sus funciones específicas.

Facultad transitoria de la CNSC para adelantar procesos de selección para proveer empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en las Contralorías Departamentales.

Adicionalmente a las facultades otorgadas a la CNSC en virtud del artículo 11 de la Ley 909 de 2004; el artículo 3.° parágrafo 2.° de la misma, dispone:

«Artículo 3º. Campo de aplicación de la presente ley.

(…)

Parágrafo 2º. Mientras se expida las normas de carrera para el personal de las Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Congreso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente ley.
Ahora, para determinar cuál es la entidad competente para convocar a un concurso público de méritos para proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva en dicha Contraloría, encuentra esta Sala que, pese a que la Constitución dispone que ésta tendrá su propia administración y vigilancia especial de su carrera administrativa, mientras estas facultades no sean regladas por medio de una ley especial, será la CNSC en virtud del parágrafo 2.° del artículo 3 de la Ley 909 de 2004 quien en forma transitoria deberá llevar a cabo estas labores. El propósito de poner en cabeza de la CNSC las facultades previstas, obedece a salvaguardar los fines esenciales del Estado y a velar por la eficiencia en la gestión de sus funciones.» (Subrayado de la Sala)

Se colige de lo anterior, que mientras el Congreso de la República legisle respecto al régimen especial de administración y vigilancia de la carrera administrativa de las Contralorías Territoriales; dichas funciones recaen sobre la CNSC.

Sobre el tema en cuestión, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

«Esta Corporación al fijar el alcance de los artículos 268-10 y 272 de la Carta Política, concluyó que el régimen de carrera en las contralorías es de carácter especial por disposición del Constituyente y que, en consecuencia, frente a la misma no le asiste ninguna función de administración ni de vigilancia a la Comisión Nacional del Servicio Civil. No obstante, como en la actualidad no se ha proferido por el legislador el régimen especial de carrera administrativa aplicable a las contralorías territoriales, la Ley 909 de 2004, en el artículo parcialmente acusado, permite la aplicación transitoria del régimen general de carrera, mientras se expiden por el legislador las normas que le serán aplicables a los servidores de dichas entidades públicas.

A juicio de esta Corporación, la citada disposición en lugar de desconocer la Constitución Política como lo sostienen los demandantes, manifiesta el ejercicio de una competencia propia del Congreso de la República, a través de la cual se pretende suplir el vacío normativo existente en el establecimiento de la carrera administrativa especial para las contralorías territoriales, garantizando que en su interior se apliquen los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública, que se satisfacen mediante la implementación del sistema de carrera.

Por lo anterior, es apenas lógico que mientras se dictan las normas especiales que regirán la carrera especial de los servidores públicos de las contralorías territoriales, exista un régimen supletorio de aplicación transitoria, que impida que se cometan toda clase de arbitrariedades en la vinculación, permanencia y retiro del personal al servicio de tales entes de control, desvirtuándose los principios y fundamentos del sistema de carrera impuesto por el Constituyente de 1991.

(…)

En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación en sentencias C-391 de 1993[20] y C-372 de 1999[21], al sostener que el hecho de que el legislador se auxilie temporalmente -como lo hizo en este caso- del régimen general de carrera para regular algunos regímenes especiales, no implica que se esté desconociendo por ello el principio de especialidad que se exige para el desarrollo de dichos sistemas en la Constitución (C.P. art. 130), como ocurre, puntualmente, con el relativo a las contralorías territoriales (C.P. arts. 272 y 268-10).»

De acuerdo con lo expuesto, no le asiste la razón al demandante al acusar a la CNSC de desbordar sus potestades reglamentarias, toda vez que esta entidad se encuentra facultada legalmente y en forma transitoria, para adelantar las convocatorias tendientes a proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en las Contralorías Departamentales. En ese orden de ideas, el primer cargo no prospera.

Del desconocimiento al derecho a la igualdad

En criterio del actor, el acto administrativo acusado representa una ostensible vulneración al derecho a la igualdad, contenido en el artículo 13 de la Constitución Política. Para soportar su afirmación, el demandante adujo que el hecho de que los participantes sólo puedan participar de una convocatoria y para un solo empleo, los pone en una situación de desigualdad respecto a los participantes de procesos de selección anteriores, los cuales no contenían esta restricción.

Para visualizar el alcance de esta acusación, es necesario entender en qué consiste y en cuáles campos se desarrolla la igualdad, en cuanto ésta influye desde tres ámbitos diferentes. Sobre el rol de la igualdad a las luces de la Constitución Política colombiana, ha manifestado la Corte Constitucional:

«La igualdad tiene un triple rol en el ordenamiento constitucional: el de valor, el de principio y el de derecho. En tanto valor, la igualdad es una norma que establece fines o propósitos, cuya realización es exigible a todas las autoridades públicas y en especial al legislador, en el desarrollo de su labor de concreción de los textos constitucionales. En su rol de principio, se ha considerado como un mandato de optimización que establece un deber ser específico, que admite su incorporación en reglas concretas derivadas del ejercicio de la función legislativa o que habilita su uso como herramienta general en la resolución de controversias sometidas a la decisión de los jueces. Finalmente, en tanto derecho, la igualdad se manifiesta en una potestad o facultad subjetiva que impone deberes de abstención como la prohibición de la discriminación, al mismo tiempo que exige obligaciones puntuales de acción, como ocurre con la consagración de tratos favorables para grupos puestos en situación de debilidad manifiesta.

A pesar de lo anterior, como ha sido resaltado por este Tribunal, la igualdad carece de un contenido material específico, es decir, “a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado».

Así las cosas, la igualdad puede ser vista como valor, como derecho o como principio. Con miras a complementar lo anterior, se citará in extenso lo indicado por el Tribunal Constitucional en la sentencia C-178 de 2014 sobre los mencionados aspectos de la igualdad:

«El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho. Este principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Esta formulación general no refleja sin embargo la complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social de Derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes para el derecho al momento de verificar las condiciones de hecho, considerando que todas las personas y situaciones presentan semejanzas y diferencias.

Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.

En cuanto a la segunda dificultad planteada, es decir, a la existencia de semejanzas y diferencias en todas las personas y situaciones fácticas, las dificultades del intérprete radican en escoger cuáles características son relevantes, sin basarse exclusivamente en juicios de valor. La escogencia de esas cualidades debe efectuarse evaluando su relevancia jurídica, y ponderando, en cada caso, si las semejanzas superan a las diferencias. Así, casos idénticos deberán recibir consecuencias idénticas; casos semejantes, un tratamiento igualitario; y casos disímiles uno distinto, pero solo después de que el juez evalúe la relevancia de los criterios de comparación y pondere cuáles resultan determinantes en cada caso.

En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.

Por ese motivo, la Corte exige que las demandas por presunta violación a la igualdad señalen, por lo menos, los grupos que serán objeto de comparación; las circunstancias de hecho comunes a esos grupos, que justifican iniciar el examen de igualdad; la existencia de un trato diverso, a partir de un parámetro de comparación constitucionalmente relevante; y la inexistencia de razones válidas desde el punto de vista constitucional que justifiquen ese tratamiento distinto.»

Se deriva de la sentencia en cita, que la Corte exige que en aquellos casos en que se acuse una norma de desconocer la igualdad, el demandante señale, como mínimo, las características comunes entre los sujetos o las situaciones objetos de comparación. Así mismo, aclara que un trato diferenciado no siempre implica una vulneración a la igualdad, siempre que el razonamiento que llevó a este trato diferencial haya sido adecuado, proporcionado y razonable para la consecución de los fines perseguidos.

Con la finalidad de determinar si se da o no una vulneración a la igualdad, la Corte Constitucional ha implementado un juicio de igualdad. Este test ha sido abordado reiteradamente en su jurisprudencia, y consiste en verificar una serie de elementos o condiciones, en aras de decidir si se presenta o no una trasgresión al derecho referido. El test consiste en lo siguiente:

«El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.»

Al aplicar el referido test de igualdad al cargo presentado por el accionante, encuentra esta Sala:

a) Que los supuestos de hecho indicados por el demandante hacen alusión a convocatorias a concursos de méritos diferentes; en este sentido, se entiende que las convocatorias enunciadas fueron llevadas a cabo en distintos momentos en el tiempo, y por lo tanto son diferentes, además el actor no demostró su afirmación, pues no aportó las convocatorias anteriores para poder realizar las comparaciones del caso.

b) Que en los planos fáctico y jurídico existe un trato desigual entre desiguales; toda vez que los aspirantes y las reglas varían de una convocatoria a otra; los cargos ofertados no siempre serán los mismos, pues se ofertan únicamente aquellos que se encuentren vacantes o provistos en provisionalidad; y que las convocatorias se realizaron en diferentes momentos.

c) La regla fue aplicada en forma general, a todos los aspirantes indiscriminadamente. Así mismo, está constitucionalmente justificada, en cuanto atiende a criterios razonables, proporcionados y congruentes con los principios de eficiencia, eficacia, optimización de los recursos humanos, económicos y de infraestructura.

Ensayado el test o juicio de igualdad, encuentra la Sala que en el presente caso no se puede predicar una vulneración al derecho a la igualdad, en cuanto el demandante busca comparar supuesto de hecho diferentes.

Ahora bien, para reforzar el resultado arrojado por el test o juicio, la Sala trae a colación la sentencia C-041 de 1995, donde la Corte Constitucional estableció los parámetros y características que deben contener todas las convocatorias a concurso de méritos, para que se pueda predicar de ellas el respeto a la igualdad. Dijo la Sala Plena de dicha Corporación:

«El acceso a carrera mediante concurso dirigido a determinar los méritos y calidades de los aspirantes (CP art. 125), es una manifestación concreta del derecho a la igualdad (CP art. 13) y al desempeño de funciones y cargos públicos (CP art. 40-7). La libertad del legislador para regular el sistema de concurso de modo que se garantice la adecuada prestación del servicio público, no puede desconocer los derechos fundamentales de los aspirantes que se satisfacen mediante la participación igualitaria en los procedimientos legales de selección de los funcionarios del Estado.

El derecho a la igualdad no significa que el aspirante que toma parte en un concurso adquiere sin más el derecho a ser designado en el cargo. La ley está facultada para señalar los requisitos y condiciones necesarios para ingresar a los cargos de carrera y para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (CP art. 125). El principio de igualdad, sin embargo, se opone a que la ley al regular el mecanismo de ingreso a la función pública, establezca requisitos o condiciones incompatibles y extraños al mérito y a la capacidad de los aspirantes teniendo en cuenta el cargo a proveer, que serían barreras ilegítimas y discriminatorias que obstruirían el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales. Para asegurar la igualdad, de otra parte, es indispensable que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos que se tomen en consideración tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban, junto a las diferentes pruebas que se practiquen, una valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca.»
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha desarrollado unas reglas jurisprudenciales respecto a los requisitos mínimos esenciales y las condiciones generales, para la correcta configuración de un concurso público de méritos. Sobre éstos, indicó la Corte en sentencia T-315 de 1998:

«…todo concurso debe someterse, cuando menos, a las siguientes directrices: 1) la convocación debe ser pública y ampliamente difundida; (2) las reglas del concurso - denominación de los cargos a proveer, requisitos para participar, pruebas o evaluaciones, términos y lugares de realización y entrega de requisitos, documentos exigidos, criterios de ponderación, puntajes etc.- deben ser claras y expresas y la administración deberá someterse a ellas estrictamente; (3) las condiciones generales exigidas para participar deben ser proporcionadas - necesarias, útiles y estrictamente proporcionales - a la finalidad perseguida por el concurso; (4) las pruebas a las que han de someterse los competidores deben ser, además de razonables y proporcionadas, congruentes con la misma finalidad; (5) los factores de evaluación deben responder fundamentalmente de manera prioritaria a criterios técnicos, objetivos y públicos, que puedan ser controlados y que desplacen la posibilidad de imponer discriminaciones o privilegios para que todos los aspirantes puedan, realmente, competir en igualdad de condiciones; (6) debe existir una estricta relación de proporcionalidad en la ponderación de los distintos factores a evaluar, de manera tal que prevalezcan los criterios objetivos, a fin de que no ocurra, por ejemplo, que tenga un mayor valor ponderado la prueba que evalúe la condición objetivamente menos necesaria para el ejercicio del cargo.»

En lo referente a las limitaciones impuestas en los concursos, se encuentra la sentencia T-400 de 2008. En ésta señaló la Corte:

«…por limitación de recursos, tanto en la modalidad de curso concurso, como cuando el curso se presenta como requisito para el acceso a los cargos de la Administración de Justicia, debe existir un criterio de selección que permita distribuir los cupos disponibles entre las personas interesadas. Por consiguiente, el condicionamiento tiene sentido como forma de eliminar los tratamientos discriminatorios, de manera que, en igualdad de condiciones, todos los aspirantes puedan acceder al curso, siempre que, por supuesto, se satisfagan los requisitos de distinta índole que hayan previsto para el efecto.

(…)

La igualdad en el concurso se afectaría de admitirse modificaciones posteriores a la iniciación del mismo.»

En el mismo sentido se había pronunciado previamente, en un caso de similares características:

«No encuentra la Sala que el procedimiento escogido por el Consejo Superior de la Judicatura para fijar el número de aspirantes que pasaban a la Fase II del concurso, sea irrazonable o violatorio del derecho a la igualdad. Dicho criterio no hace referencia a ninguna de las categorías sospechosas señaladas en el artículo 13 de la Carta. Tampoco se refiere a un medio prohibido por la Carta, sino todo lo contrario, emplea un expresamente consagrado en el artículo 125 de la Carta: el criterio del mérito.

En efecto, con el fin de garantizar la suficiencia del Registro de Elegibles para proveer los cargos abiertos al concurso, el Consejo Superior de la Judicatura estableció un número máximo de aspirantes que podían pasar a la Fase II del concurso de méritos, esto es, al curso de formación judicial, mediante el establecimiento de una cifra que tiene en cuenta los resultados de las pruebas de conocimiento, de la experiencia del aspirante y los resultados de las entrevistas realizadas en la Fase I, el número de vacantes por proveer para cada cargo, aumentado en un 25%, con el fin de cubrir las posibles deserciones y el hecho de que un mismo aspirante pudiera resultar elegido para dos o más vacantes. Este criterio tuvo en cuenta tanto el mérito de los aspirantes, como las necesidades de la Rama Judicial y los recursos limitados de la misma para determinar un número que a la vez que resultaba adecuado para proveer los cargos objeto de concurso, permitiera un proceso de selección razonable.»

Así mismo, se pronunció en la sentencia T-470 de 2007, con ponencia del magistrado Escobar Gil:

«Una vez definidas las reglas del concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o que vayan en contravía de los procedimientos que de manera general se han fijado en orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este modo, el concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a los participantes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo debe desenvolverse con estricta sujeción a las normas que lo rigen y en especial a las que se hayan fijado en la convocatoria, que como se señala en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, es la ley del concurso. Quiere esto decir que se reducen los espacios de libre apreciación por las autoridades en la medida en que, en la aplicación rigurosa de las reglas está la garantía de imparcialidad en la selección fundada en el mérito».

Resulta entonces claro, que la CNSC goza de la facultad para imponer los requisitos que considere necesarios para llevar a cabo de la mejor manera posible el encargo dado por la Contraloría Nacional Departamental de Norte de Santander. Así mismo, se puede apreciar que el estricto cumplimiento de las reglas del concurso, se constituye en una garantía de igualdad para todos los aspirantes.

En conclusión, de lo expuesto anteriormente, se colige que la invocación del derecho a la igualdad se basa en un argumento insuficiente, pues el argumento esgrimido por el demandante supone una comparación entre concursos diferentes, es decir, que los supuestos de hecho no son comparables entre sí. Así mismo, las reglas de la convocatoria que fueron demandadas, se aplicaron en forma general, es decir, a todos los aspirantes indiscriminadamente. Por último, se tiene que la decisión adoptada por la CNSC de limitar la participación de los aspirantes a una sola convocatoria y a un solo empleo, atiende criterios razonables, proporcionados y congruentes con la finalidad del concurso y los principios rectores de la actividad de administración y vigilancia de la carrera administrativa.

De la vulneración a los derechos al acceso a cargos públicos y a la libre escogencia de profesión u oficio.

A continuación, entra la Sala a indagar sobre la posible vulneración de los derechos de acceso a cargos públicos y a la libre escogencia de profesión u oficio, los cuales alega el demandante que se vieron afectados por el requisito de inscripción a una sola convocatoria, para un solo empleo.

Sobre el primero de estos derechos, se tiene que la Constitución en su artículo 40, numeral 7.° consagra el derecho de acceso a cargos públicos, en los siguientes términos:

«Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
(…)
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.»

Así mismo, la Ley 909 de 2004, en sus artículos 27, 28 y 29, señala que la carrera administrativa debe ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso y ascenso al servicio público, que debe basarse en el mérito como medio para alcanzar dicho objetivo; que los procesos de selección, tendientes a seleccionar a los candidatos más meritorios, deben guiarse por una serie de principios que buscan su mejor desarrollo posible y que, los concursos estarán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para el cargo al que aplican.

«Artículo 27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos;
b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole;
c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales;
d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección;
f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos;
g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera;
h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo;
i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.

Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño.»

En lo relativo a la trasgresión al derecho de acceso a cargos públicos, encuentra la Sala que el requisito demandado no representa un impedimento para acceder a la función pública, pues como lo ha afirmado esta Corporación en un caso similar, de radicación 1100103255000201301524 00 (3914-2013), donde se demandó el mismo requisito de aplicar a un solo cargo, pero dentro de una convocatoria para acceder a la Rama Judicial:

«Ahora bien, respecto a la restricción impuesta por el artículo 2º de la norma en comento, en virtud de la cual los concursantes sólo pueden inscribirse para aspirar a un sólo cargo, la Sala no advierte que trasgreda las normas constitucionales y legales invocadas en la demanda, puesto que si bien los artículos 40 Superior, 127 y 128 de la Ley 270 de 1996, consagran a favor de los ciudadanos el derecho a desempeñar cargos públicos, dichas disposiciones no tienen el alcance que le quiere dar la accionante, según el cual, el concursante puede inscribirse para aspirar a todos los cargos ofertados. En efecto, la interpretación que de estas normas debe hacerse es que positivizan o contemplan de manera general, impersonal y abstracta el derecho de acceso a cargos públicos, pero en modo alguno pueden entenderse como una habilitación para que los concursantes o participantes en una convocatoria puedan inscribirse respecto de todos los cargos ofertados. En respaldo de esta tesis, indica la Sala, que dentro del núcleo esencial o ámbito de protección del derecho fundamental a ocupar cargos públicos contemplado en el artículo 40 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional nunca ha reconocido a los ciudadanos la garantía o prerrogativa de inscribirse o aspirar a todos los cargos objeto de concurso, como lo entiende la accionante.

(…)

al no ser del núcleo esencial o del ámbito de protección del derecho a ocupar o desempeñar cargos públicos, el límite impuesto por la norma acusada a la posibilidad de inscribirse a todos o varios de los cargos ofertados, no constituye una trasgresión de dicho postulado constitucional, y en consecuencia, tampoco implica un desconocimiento a los demás principios y valores constitucionales invocados en la demanda como la igualdad, el trabajo, el debido proceso y la dignidad humana.»

Así mismo, esta Corporación resolvió una demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo No. PSAA08-4528 de 4 de febrero de 2008, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que el artículo 2 del referido Acuerdo estableció que «Sólo se permitirá la inscripción hasta un máximo de 5 cargos». Para dar solución al caso, el Consejo de Estado en fallo de marzo 27 de 2014, proferido dentro del expediente, 11001-03-25-000-2008-00024-00(0606-08) con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve; indicó:

«…. la regla de inscripción (…) no vulnera el derecho de acceso a la función pública, toda vez que con ella se le brinda al concursante la posibilidad de seleccionar, de acuerdo con la experiencia y formación que posea, y frente a los 23 cargos convocados, un número máximo de 5 cargos, en los que acredite las calidades y aptitudes para participar, considerándose un margen de escogencia razonable, proporcional y adecuado para garantizar el derecho de acceso a los cargos de carrera en la Rama Judicial, teniendo en cuenta, de una parte, la diversidad de jerarquías y especialidades de los mismos, y de otra, el grado de conocimiento y experiencia que cada participante esté en capacidad de acreditar.

Tanto la Constitución como la Ley, permiten que los concursos puedan efectuarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones, con lo cual no se menoscaba el derecho a ejercer profesión u oficio, dado que con la inscripción del aspirante, en igualdad de condiciones, se le respeta el mismo.

… el aparte demandado sobre la inscripción a 5 cargos de la convocatoria, pretendió hacer razonable y efectivo el derecho consagrado en el artículo 125 de la carta política y su ponderación y proporcionalidad está dada en la decisión del CSJ de convocar el concurso en mención con el fin de permitirle al concursante escoger entre los cargos convocados, 5 de su predilección o afinidad, obteniendo el beneficio de satisfacer su aspiración de acceso a la Rama Judicial.

… la referida disposición está soportada en razones de tipo técnico, administrativo y financiero, como lo son, el diseño de la metodología para la aplicación de las pruebas, el tiempo en la realización de las mismas, el costo de los cuadernillos, la garantía en la simultaneidad en la aplicación de las pruebas, la capacidad de los participantes para resolver cierto número de preguntas, la capacidad administrativa y presupuestal del CSJ, toda estas razones»

En concordancia, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-339 de 2011, subrayó en cuanto a la protección del derecho al acceso a la función pública:

«… la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que entran dentro del ámbito de protección de este derecho (i) la posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos114 , (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupen un cargo público».

Entonces, en virtud de lo expuesto, se concluye que el requisito demandado por el accionante, no se encuentra prohibido por la ley ni por la Constitución, y a su vez, no representa una amenaza para el libre acceso a cargos públicos, pues como se expuso en la citada providencia de esta Corporación, en ningún momento se ha garantizado en forma expresa que un ciudadano participe o aspire a todos los cargos objeto de un concurso.

En relación con las acusaciones realizadas respecto al desconocimiento del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, se encuentra que este derecho está consagrado en la Constitución Política en su artículo 26:

«Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.(…)»

La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este derecho y sus límites, indicando:

«El derecho a escoger profesión u oficio, consagrado en el artículo 26 superior, tiene que ser respetado, para que todas las personas puedan seleccionar libremente la actividad a la que van a dedicarse, de acuerdo con su vocación, aptitud, habilidades e intereses, en condiciones de libertad e igualdad.»

En igual forma, ha señalado:

«A pesar de que el derecho a escoger profesión u oficio permite, en principio, que el individuo decida a qué actividad dedicar su fuerza productiva, dicha autonomía puede ser legítimamente limitada por el Estado cuando las necesidades públicas lo exijan, concretamente, cuando la actividad desplegada por el individuo afecte los intereses generales de la comunidad.»

Así las cosas, se observa que el derecho a escoger profesión u oficio puede ser limitado, cundo la función a cumplir afecta los intereses de la comunidad.

En el caso en concreto, el Acuerdo 453 del 02 de octubre de 2013, «Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013», demandado, no exige requisitos que vayan más allá de demostrar las aptitudes y formación académica requeridos para cada cargo. Por lo tanto, no es posible predicar que se vulnera el derecho alegado, toda vez que el interesado tiene la libertad de escoger la que mejor se acomode a sus aspiraciones y perfil profesional.

En razón de lo expuesto en este acápite, no observa la Sala que se presente una vulneración a los derechos constitucionales de acceso a cargos públicos y libertad de escoger profesión u oficio.

Falsa motivación

El último cargo presentado por el demandante contra los artículos 9.º, parágrafo, y 15 literal m) del Acuerdo No. 453 del 02 de octubre de 2013, «Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013», consiste en que éste se encuentra falsamente motivado por no haber ofertado el cargo de Auditor 105-10, el cual indicó, era un empleo de carrera que se encontraba provisto de manera provisional.

Ahora bien, antes de entrar a evaluar si el acto administrativo adolece o no de falsa motivación, precisará la Sala en qué consiste ésta.

Para esta Corporación:

«…la falsa motivación como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico.»

Sobre la falsa motivación, indicó el tratadista Aleksey Herrera Robles, que el Consejo de Estado históricamente ha planteado que se presenta en 3 situaciones:

«[...] Si los motivos del acto se refieren a la constatación de la situación fáctica, a su calificación jurídica o a la interpretación de la ley que lo fundamenta, el control es de legalidad y puede ir hasta la confrontación de la exactitud de los motivos expuestos.

Si la ley obliga a motivar o la naturaleza del acto impone la expresión de los motivos, la no manifestación de éstos constituye expedición en forma irregular.

Si la administración motiva sin estar obligada a ello, los motivos expresados serán susceptibles de control jurisdiccional y su inexactitud podrá producir la anulación del acto».

Ahora, en relación con el cargo elevado por el accionante, se tiene que éste basa su acusación en el hecho de que no se ofertó el cargo de Auditor Ambiental código 105 grado 10, el cual se encontraba provisto en provisionalidad al momento de expedición del acto. En su concepto, al no haber contenido la convocatoria el cargo en mención, no se ajustaba a la realidad, en cuanto en esta se estipulaba que se ofertaban todos los cargos de carrera que se encontraran vacantes y provistos en provisionalidad que había en la entidad. Por lo tanto, indicó el demandante que se encuentra viciado y debe ser declarada su nulidad.

Sobre la naturaleza de los cargos en las entidades públicas, la Carta indica en su artículo 125:

«Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.(…)»

En el mismo sentido se pronuncia la Ley 909 de 2004, que señala:

«Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;

(…)

Artículo 5º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

(…)

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

(…)

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así:

(…)

En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:
Presidente, Director o Gerente General, Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial.

En la Administración Central y órganos de Control del Nivel Territorial:
Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local.

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
Presidente, Director o Gerente;

c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado; (…)».

Sobre la forma de vinculación al empleo público, dispone:

«Artículo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.»

En concordancia, el Decreto 2400 de 1968, en su artículo 5 señala:

«Artículo 5. Para la provisión de los empleos se establecen tres clases de nombramientos. Ordinario, en período de prueba y provisional. Las designaciones para empleos de libre nombramiento y remoción tendrán el carácter de nombramientos ordinarios. La autoridad nominadora, en todo caso, tendrá en cuenta para proveerlos que la persona en quien recaiga el nombramiento reúna las calidades exigidas para el ejercicio del cargo.»

Por último, el Decreto 785 de 2005, «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004»; reza en sus artículos 3º y 4º:

«Artículo 3°. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

Artículo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales:

(…)

4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial.»

De acuerdo con las normas transcritas, los cargos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuya vinculación depende de la voluntad del empleador, para el efecto también llamado autoridad nominadora, puesto que estos cargos implican una especial confianza en virtud de sus funciones de asesoría institucional, asistencial o de apoyo.

Así las cosas, entra la Sala a estudiar la naturaleza del cargo de Auditor Ambiental código 105 - 10. Al respecto, se evidencia de las pruebas que obran en el proceso y fueron oportunamente decretadas que:

El cargo de Auditor Ambiental Código 105-10, fue creado mediante la Ordenanza 0019 de diciembre 19 de 2008, «por la cual se establecen la planta de personal y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de la Contraloría Departamental (P-019)», en el nivel «Asesor».

El artículo 29 de la mencionada Ordenanza 0019 de 2008, señala expresamente cuáles son los cargos de carrera administrativa, en los siguientes términos:

«CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Son cargos de carrera administrativa todos los de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, exceptuando el de Contralor General, que es de período fijo, y los de niveles Directivo y Asesor, que serán de libre nombramiento y remoción.»

Se concluye del análisis probatorio, que el cargo de Auditor Ambiental Código 105-10, que en criterio del demandante se omitió ofertar en la convocatoria demandada, es un cargo en nivel de Asesor y su naturaleza es de libre nombramiento y remoción, no de carrera. Por lo tanto, no había obligación de proveerlo mediante concurso, y en consecuencia, no se puede manifestar que el acto se encuentra falsamente motivado.

Sobre la posibilidad de ofertar cargos de libre nombramiento y remoción por convocatoria pública a concurso de méritos, la sección segunda, subsección A del Consejo de Estado, se pronunció en auto de 4 de diciembre de 2007, radicación 11001 03 25 000 2007 00092 00 (1790-07), con ponencia del Consejero de Estado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, que resolvió una medida de suspensión provisional, en los siguientes términos:

«…es claro que mal podía la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo N°. 345 de 1998, acto acusado, convocar a concurso de méritos para la conformación del Registro de Elegibles para los cargos de Empleados de Carrera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respecto de un cargo como lo es el Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues como se precisó anteriormente éste es un cargo de libre nombramiento y remoción y por ende no podía ser convocado a concurso de méritos, cuando no es un cargo de carrera.»

En jurisprudencia reciente, esta Corporación reiteró lo expuesto en el auto interlocutorio anteriormente citado, en sentencia de 7 de febrero de 2015, de radicación 11001-03-25-000-2009-00120-00 (1634-09), Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón.

«Entonces, al analizar en conjunto las normas citadas, es ineludible concluir que en atención a la equivalencia anotada entre los cargos de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Director de Unidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y Magistrado Auxiliar, los dos primeros, al igual que el cargo de Magistrado Auxiliar, son de libre nombramiento y remoción, situación que impide su sometimiento a concurso de méritos.

En el presente asunto, conforme a la jurisprudencia transcrita y cuya posición se reitera, el cargo de Coordinador de las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial tendrá las mismas prerrogativas que el Director de Unidad, es decir, equivalentes al cargo de Magistrado Auxiliar, cuyo nombramiento es de libre nombramiento y remoción.

La Sala encuentra que la equivalencia decretada en el Acuerdo 254 de 1996 genera para el cargo de Coordinador de las Direcciones Seccionales el carácter de empleo de libre nombramiento y remoción, razón por la cual no podía la entidad demandada convocar a concurso para proveerlo.»

Mediante la citada jurisprudencia, se reitera que los cargos de libre nombramiento y remoción no deben ser proveídos por medio de concurso de méritos, pues este es el medio utilizado para proveer los empleos de carrera.

Aclara la Sala, que esta Corporación se pronunciado respecto a la posibilidad de que la provisión de un cargo de libre nombramiento y remoción sea sujeto a un concurso de méritos. Al respecto, se ha dicho que ésta es una potestad de la entidad nominadora, y bajo ninguna circunstancia es factible que un cargo de esta naturaleza se convierta en uno de carrera administrativa.

Sobre el tema, esta Sala se pronunció en sentencia de segunda instancia de 10 de mayo de 2007, donde se estudió la naturaleza de un cargo de libre nombramiento y remoción, sometido a concurso de méritos, de la siguiente manera:

«…También se desestiman los argumentos del actor, según los cuales, al haberse convocado a concurso por la entidad demandada para proveer el cargo de Asesor de Despacho del Procurador, el carácter del empleo era de carrera: por cuanto, como bien lo dijo el Tribunal, el nominador estaba en la libertad de valerse de dicha actuación para seleccionar y calificar objetivamente la designación libre de dicho empleo, sin que tal suceso le diera el fuero de estabilidad de carrera. Además, la Sala observa que en ningún momento el nominador indujera en error al actor respecto del carácter del empleo a proveer, pues está demostrado que en la publicación de la convocatoria se aclaró que el cargo era de libre nombramiento y remoción.»

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, es por medio de nombramiento ordinario y no mediante concurso de méritos, que deben proveerse los cargos de libre nombramiento y remoción. Bajo esta premisa, el cargo de Asesor 105 grado 10 no tenía que ser convocado a concurso. En razón de ello, no se observa que el acto administrativo demandado adolezca de falsa motivación.

Así las cosas, debe pronunciarse la Sala en el sentido que, no se vislumbró del proceso que el Acuerdo Acuerdo 453 del 02 de octubre de 2013, aquí demandado, haya vulnerado los derechos a la igualdad y al acceso a cargos públicos, que se haya expedido por una entidad incompetente, ni que se encuentre falsamente motivado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

RESUELVE

NEGAR la pretensión de nulidad de los artículos 9.º, parágrafo, y 15 literal m) del Acuerdo No. 453 del 02 de octubre de 2013, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, «Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013».

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sección Segunda, Subsección B, en sesión de la fecha, por los Consejeros:

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

De 24 de marzo de 2017, visible a fl.217 del cdno. ppal. del exp. En memorial oobrante a folios 107 a 122 del cdno. ppal. del exp. Por la cual se regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Al efecto, señala una sentencia de esta Corporación, de fecha 19 de agosto de 2014, con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón, de radicado 110010325000201301524 00. Memorial de contestación visible a folios 160 a 163. Por la cual se regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Alegatos presentados mediante escrito visible a folios 202 a 204 del cdno. ppal. del exp. Alegatos presentados en escrito obrante a folios 205 a 208 del cdno. ppal. del exp. Visible a folios 209 – 216. Doctora Diana Marina Vélez Vásquez. Por la cual se regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Ib. Artículos 9.º, parágrafo, y 15 literal m) del Acuerdo 453 del 02 de octubre de 2013. Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. C-073 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-104 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. La posición sustentada en esta sentencia, ha sido consistentemente sostenida por la Corte Constitucional, más recientemente en las sentencias C-811 de 2014, T-340 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-093 de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-371 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-422 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Sentencia C-811 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Estudió una demanda por inconstitucionalidad parcial contra el artículo 4 del Decreto 1222 de 1993 por el cual se desarrollan los numerales 3 y 4 del artículo 29 de la Ley 27 de 1992, norma que contiene la previsión de que la conformación de la lista de elegibles es una etapa del concurso. La Corte concluyó que la norma es exequible, únicamente si la lista se conforma en estricto orden de mérito, de conformidad con los resultados del concurso y si la designación recae sobre el aspirante que hubiese ocupado el primer puesto de la lista de elegibles. Así, efectuado uno o más nombramientos, los puestos se llenarán en estricto orden descendente de la lista. Sentencia con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz; que estudia el caso de un ciudadano que alegó que previo a la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia-, incluyera el cargo de magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura dentro del régimen de la carrera judicial, el había participado de un proceso de selección para ocupar dicho empleo, alcanzando el primer lugar dentro de éste. En razón de ello, solicitaba que se le concedieran derecho de carrera, pues al no hacerlo, en su criterio, se le estaba vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso. Sentencia con ponencia del magistrado Manuel Cepeda Espinosa; que estudió una acción de tutela por haber sido excluida la actora de un curso concurso que limitó el número de admitidos. Sentencia T-528 de 2005 M.P.

Manuel Cepeda Espinoza; sentencia de resolvió el siguiente problema jurídico: «la Sala debe resolver si el Consejo Superior de la Judicatura violó los derechos de la actora a la igualdad, al debido proceso y a acceder a cargos públicos, al excluirla de la fase II e impedir su ingreso al curso-concurso, por no haber obtenido el puntaje mínimo exigido, el cual se calculó teniendo en cuenta el número de vacantes y el número de aspirantes, para cada uno de los cargos a los cuales aspiraba.»
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Fallo de única Instancia de fecha 6 de julio de 2015, Medio de Control de Nulidad, Consejera Ponente: Sandra Lisett Ibarra Vélez. Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. En tal sentido, el Decreto 052 de 1987, en su Artículo 26, dispone: «El concurso podrá realizarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones. En este caso para cada uno de los grupos deberá elaborarse la lista de admisibles con sus respectivas calificaciones de antecedentes». La anterior disposición, resulta aplicable en tanto no contraría la Ley 270 de 1996. Sentencia T-346A/14 M.P. Nilson Pinilla Pinilla
T-038 de 28 de enero de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.18 de agosto de 2011. Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00753-01(0532-08). Aspectos Generales Del Derecho Administrativo Colombiano, 3a. Ed. Aleksey Herrera Robles, 2012, Editorial Universidad del Norte y Grupo Editorial Ibáñez. CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977, citada por Aleksey Herrera Robles en el libro Aspectos Generales Del Derecho Administrativo Colombiano, 3a. Ed. Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.

Las pruebas que fueron decretadas en Audiencia Inicial de 8 de marzo de 2017 son: las aportadas con la demanda y su contestación. No se presentaron recursos contra esta decisión, que obra a folio 199.
La Ordenanza obra a folios 96 a 102 del expediente.
La referida sentencia estudia la demanda de nulidad simple presentada en contra del artículo 2° del Acuerdo 345 de 3 de septiembre de 1998, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que, so pretexto de señalar los requisitos exigidos en la convocatoria para ejercer los cargos de Directores de las Unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluyó tales empleos dentro del concurso, a pesar de ser cargos de libre nombramiento y remoción.
Radicación número: 25000-23-25-000-2001-11538-01(5837-05)
«Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General Del Departamento De Norte De Santander – Convocatoria No. 276 de 2013»

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