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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04372-00

Concurso de méritos

Fecha
20 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04372-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos invocados por el señor Jorge William Hernández Rivera, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04372-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

20 de agosto de 2021

DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Alcance

El desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente. Se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en virtud de la línea jurisprudencial vertical u horizontal, pues constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

CONCURSO DE MÉRITOS / COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL PERSONERO / CONCURSO DE MÉRITOS – Ante lista de elegibles con un único candidato se debe proceder a realizar la votación correspondiente

[E]l artículo 125 de la Constitución Política consagra que los empleos de carrera administrativa deben proveerse mediante concurso de méritos, porque son las capacidades particulares de los concursantes las que determinan el ingreso al sector público y no aspectos clientelistas o burocráticos. (…) Dentro de los cargos públicos de término fijo que son susceptibles de ser provistos a través de concurso de méritos, se encuentra el de personero municipal, que es, en virtud del artículo 118 superior, agente del Ministerio Público (…) En ese contexto, el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 35 de la Ley 1551 de 2012, instituyó el concurso de méritos para elegir personeros locales (…) Ahora bien, a pesar de que el artículo 313 (numeral 8) de la Carta Política estipula que los concejos designan a los personeros, condicionar la elección de esos empleos a un concurso de méritos no contraría la autonomía territorial ni afecta otros preceptos superiores (…) La prerrogativa de que los concejos municipales adelanten procedimientos de selección orientados a elegir personeros, fue regulada por el Decreto 2485 de 2014 (…) De la citada disposición se concluye que los concejos municipales son los encargados de realizar la convocatoria de los concursos de méritos para proveer los empleos de personeros y allí se deben establecer todas las reglas a las que están sujetos aquellos, habida cuenta de que se constituye en su «[…] norma reguladora [que] obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes».

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / AUSENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Las providencias invocadas no guardan identidad fáctica / CONCURSO DE MÉRITOS / ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONTRATISTA – Para prohibir a los aspirantes inscribirse para una convocatoria en un municipio distinto

En el asunto sub judice el demandante afirma que la providencia censurada desconoce el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual la prohibición de inscribirse a más de un empleo dentro de un concurso de méritos no trasgrede la garantía de acceso a cargos públicos, por cuanto las autoridades accionadas concluyeron que la restricción impuesta en ese sentido dentro del procedimiento de selección surtido para elegir personero de Filadelfia, por el período comprendido entre el 2020 y el 2024, contrariaba el sistema normativo. (…) Visto lo anterior, para determinar si la providencia acusada adolece de desconocimiento del precedente, resulta imperativo determinar si las sentencias invocadas por el tutelante como inobservadas, desataron controversias similares a la debatida en el proceso de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00. (…) De las providencias relacionadas con antelación se observa que la de 25 de agosto de 2016 decidió un asunto en el que se debatía la existencia de una relación laboral entre un municipio y la allí demandante, supuesto fáctico diferente al debatido en el proceso de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00, situación que impone concluir que las consideraciones expuestas en ese fallo no eran aplicables en este trámite contencioso-administrativo. En relación con los demás pronunciamientos, debe advertirse que si bien se emitieron en procesos relacionados con concursos de méritos, los hechos en ellos debatidos son diferentes a los discutidos en las diligencias en las que se profirió la sentencia censurada, pues en las convocatorias atacadas en aquellos se estableció de manera expresa la limitación al número de cargos a los que los concursantes podían aspirar, lo cual no ocurrió en el procedimiento de selección convocado por el concejo de Filadelfia, puesto que en la Resolución 19 de 16 de agosto de 2019 no se estipuló que los participantes no pudieran inscribirse en un trámite de la misma naturaleza surtido en otro municipio. Con base en lo expuesto, como las autoridades judiciales están en el deber de aplicar el precedente solo cuando el asunto que conocen guarda similitud fáctica con el previamente decidido, no merece reproche alguno que los señores magistrados demandados no hayan atendido la postura expuesta por el Consejo de Estado en los fallos invocados por el actor de 6 de julio de 2015, 4 de mayo de 2017 y 11 de los mismos mes y año, toda vez que, se reitera, desataron controversias con contornos disímiles a la planteada en la demanda de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00. (…) [L]a Sala tampoco evidencia que resulte irracional o caprichosa la aseveración de los accionados, consistente en que la ESAP carecía de competencia para prohibirles a los aspirantes a personero de Filadelfia participar en un concurso de méritos de la misma naturaleza adelantado en un municipio distinto, puesto que esa regla no fue fijada por el concejo del ente territorial en la respectiva convocatoria (Resolución 19 de 16 de agosto de 2019), la que, como se explicó en precedencia, dispone los presupuestos exigibles en el referido trámite, los cuales no pueden ser modificados por la institución educativa encargada de surtir el procedimiento de selección.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA – Inaplicable al caso concreto / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

[E]l demandante afirma que la providencia acusada desconoce el principio de confianza legítima, pues como el procedimiento de selección en el que participó se cumplió a cabalidad y fue designado como personero de Filadelfia, se le creó la convicción de que aquel se había surtido de acuerdo con el ordenamiento jurídico. No obstante, para la Sala esa aserción carece de asidero jurídico, toda vez que la finalización del concurso de méritos no impide que los actos administrativos de elección puedan ser cuestionados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pues, de ser así, nunca sería procedente controvertirlos a través del medio de control de nulidad electoral. Por último, tampoco es de recibo la aseveración del actor, según la cual su elección como personero debió debatirse por conducto de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y no mediante una de nulidad electoral, habida cuenta de que este es el instrumento señalado por el sistema normativo para controvertir decisiones administrativas con las que se efectúen nombramientos, conforme lo establece el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de competencia de terceros contratados por entidades municipales, con el fin apoyar concursos públicos de mérito para proveer el cargo de personero, para prohibir a los aspirantes la inscripción a una convocatoria en otro municipio, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2021-00030-00.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 125 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 139 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 277 NUMERAL 2 / LEY 1031 DE 2006 / LEY 1551 DE 2012 / DECRETO 2485 DE 2014 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2485 DE 2014 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 2485 DE 2014 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.1.1.1 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.27.1 A 2.2.27.6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Acción: Tutela

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04372-00 (AC)

Actor: JORGE WILLIAM HERNÁNDEZ RIVERA

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Tema: Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Jorge William Hernández Rivera contra los señores magistrados de la sala sexta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos.

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo. El señor Jorge William Hernández Rivera, por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los señores magistrados de la sala sexta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 14 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Caldas (sala sexta de decisión) revocó el de 30 de septiembre de ese año, con el que el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Manizales negó las pretensiones del medio de control de nulidad electoral promovido por la señora Astrid Lorena Aristizábal Serna (expediente 17001-33-33-002-2020-00023-00), para acceder a aquellas; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas proferir una nueva providencia en la que (i) confirmen la que desató en primera instancia el mencionado trámite contencioso-administrativo y (ii) dispongan su reintegro al cargo de personero del referido ente territorial.

Hechos. Relata el accionante que el 8 de julio de 2019 el concejo de Filadelfia (Caldas) suscribió el convenio interadministrativo 797 con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) [al igual que lo hizo esta con 487 municipios más], con el objeto de «aunar esfuerzos técnicos, administrativos [y] operativos» orientados a adelantar concurso de méritos para elegir personero, el cual convocó dicho cabildo, por medio de Resolución 19 de 16 de agosto de 2019.

Que la ESAP publicó en su página electrónica el cronograma de los respectivos procedimientos de selección y sus reglas, dentro de las que se encontraba la consistente en que los concursantes solo podían participar en una de las convocatorias surtidas para designar personeros, motivo por el que se postuló a la de Filadelfia, en la cual el 1º de diciembre de 2019 presentó la prueba de conocimientos y el 10 de enero de 2020 la entrevista ante el concejo, que ese mismo día lo designó en el empleo, con acta 4, decisión comunicada por conducto de Resolución 2 de la misma fecha.

Dice que el 4 de febrero de 2020 la señora Astrid Lorena Aristizábal Serna, quien concursó para la personería de Manizales, instauró demanda de nulidad electoral contra él, el municipio de Filadelfia y la ESAP (expediente 17001-33-33-002-2020-00023-00), encaminada a obtener la anulación de su elección como personero y la citación de los demás inscritos a la entrevista ante el concejo, por cuanto dicha institución educativa, al estipular la regla según la cual solo era posible postularse a un cargo, desconoció las garantías al debido proceso administrativo y a la «multi-inscripción».

Que el asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Manizales, que el 14 de febrero de 2020 lo admitió y el 30 de septiembre siguiente negó las súplicas, habida cuenta de que la prohibición a los aspirantes de inscribirse en otra convocatoria adelantada para designar personeros municipales no contrariaba el sistema jurídico, pues no impedía el acceso a cargos públicos, determinación judicial contra la cual la allí demandante interpuso recurso de apelación, con el argumento de que el concejo de Filadelfia no autorizó a la ESAP para establecer la aludida proscripción.

Sostiene que el 14 de diciembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Caldas (sala sexta de decisión) desató la precitada alzada, en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar la nulidad de su designación como personero, al considerar que en la convocatoria surtida por el concejo de Filadelfia no se dispuso que los concursantes solo podían participar en un procedimiento de selección, en consecuencia, la ESAP, al fijar esa exigencia, asumió competencias de las que no es titular. Los entes demandados pidieron aclarar y adicionar la providencia, lo que fue negado el 22 de febrero de 2021 por la mencionada Corporación.

Que en razón a las múltiples demandas de nulidad electoral que se tramitan en el país concernientes a la elección de personeros para el período entre el 2020 y el 2024 y la disparidad de criterios en cuanto a la «uni-inscripción» y «muti-inscripción», el Consejo de Estado avocó conocimiento del proceso 11001-03-28-000-2021-00030-00 por importancia jurídica, en el que se atacó la designación del personero de Aranzazu (Caldas), con el fin de emitir una providencia de unificación.

Afirma que la sentencia cuestionada adolece de desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual no contraría el ordenamiento jurídico la exigencia de que los participantes solo puedan concursar en una convocatoria, dado que no es una restricción irracional o desmedida, sino que se justifica en la potestad que tienen las entidades de regular los procedimientos de selección.

Que como la «uni-inscripción» para elegir personero en Filadelfia no quebrantaba disposición alguna, las autoridades accionadas no debieron anular su designación, máxime cuando ocupó el primer puesto en atención a los parámetros previamente fijados, a los cuales estuvieron sujetos todos los aspirantes. Además, el referido ente territorial tenía la potestad de celebrar acuerdos con la ESAP para recibir su apoyo técnico y concederle la prerrogativa de que asumiera la vigilancia del concurso de méritos.

Asevera que como en el mencionado trámite se agotaron todas las etapas, se le creó la confianza legítima de que este se ajustaba al marco jurídico y que por ocupar el primer puesto se desempeñaría como personero de Filadelfia hasta el último día de febrero de 2024, lo que lo llevó a trasladarse a ese municipio, por cuanto vivía en Manizales, y a renunciar a su anterior trabajo, aspectos que no podían inobservar las autoridades accionadas con fundamento en una postura jurídica que carece de asidero.

Que la providencia acusada desconoce que el mecanismo adecuado para controvertir su elección no era la demanda de nulidad electoral, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, porque en el eventual caso de que se accediera a lo deprecado, se originaría la posibilidad a los demás concursantes de ocupar el empleo.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 14 de julio de 2021, admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la sala sexta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y dispuso vincular a los señores director nacional de la ESAP, alcalde de Filadelfia y Astrid Lorena Aristizábal Serna, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor director nacional de la ESAP, por conducto de la señora jefe de la oficina asesora jurídica del organismo, indica que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la presunta trasgresión de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el actor fue causada por un fallo que no emitió. Adicionalmente, tampoco está en la posibilidad de proferir una sentencia de reemplazo en el evento en que se acceda al amparo deprecado, toda vez que ello es una facultad propia de los jueces de la República.

Que resulta necesario unificar jurisprudencia sobre la posibilidad de limitar la inscripción de participantes en concursos de méritos surtidos para elegir personeros, tal como lo señaló el Consejo de Estado (sección quinta), a través de auto de 24 de junio de 2021, al avocar conocimiento por importancia jurídica de un proceso de nulidad electoral en el que se debatía ese aspecto (expediente 11001-03-28-000-2021-00030-00).

2.1.2 El municipio de Filadelfia, por intermedio de su alcalde, asevera que debe ser desvinculado del trámite constitucional de la referencia, en razón a que no quebranta garantía superior alguna del tutelante, por cuanto las actuaciones que efectuó dentro del procedimiento de selección en el que aquel participó, se ajustan al marco jurídico.

2.1.3 Los señores magistrados de la sala sexta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y Astrid Lorena Aristizábal Serna guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 14 de diciembre de 2020, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Caldas (sala sexta de decisión) revocó la de 30 de septiembre de ese año, con la que el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Manizales negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral (expediente 17001-33-33-002-2020-00023-00), para acceder a ellas; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 2014, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos del actor; (ii) contra la sentencia acusada no procede recurso alguno, por cuanto fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada quedó ejecutoriada el 4 de marzo de 2021 y la solicitud de amparo se instauró el 9 de julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (4 meses y 5 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el fondo del asunto conforme a la causal específica denominada desconocimiento del precedente.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca:

a) El 8 de julio de 2019 el concejo de Filadelfia y la ESAP suscribieron el convenio interadministrativo 797, orientado a que esta se encargara de surtir el procedimiento de selección para proveer el empleo de personero de ese ente territorial.

b) Mediante Resolución 19 de 16 de agosto de 2019, el concejo de Filadelfia convocó a concurso de méritos con el fin de elegir personero para el período comprendido entre el 1º de marzo de 2020 y el último día de febrero de 2024, acto administrativo en el que se estipularon los requisitos que debían atender los aspirantes y las respectivas reglas, dentro de las que se encontraba la consistente en que la ESAP sería la institución que lo realizaría. No obstante, no se estableció si la persona podía o no inscribirse en otra convocatoria de la misma naturaleza.

En el aplicativo dispuesto por la mencionada institución educativa para la correspondiente inscripción, se previó que solo era dable que el participante concursara para un cargo, lo que le impedía concurrir a otro procedimiento adelantado para designar personero.

c) En sesión de 10 de enero de 2020 el concejo de Filadelfia eligió al tutelante como personero, comoquiera que ocupó el primer puesto, con un puntaje de 63.29%, decisión consignada en el acta 4 y notificada a través de Resolución 2 de la misma fecha.

d) El 4 de febrero de 2020 la señora Astrid Lorena Aristizábal Serna promovió medio de control de nulidad electoral contra el tutelante, el municipio de Filadelfia y la ESAP (expediente 17001-33-33-002-2020-00023-00), encaminada a obtener la anulación de la elección de aquel y la citación a entrevista ante el concejo del referido ente territorial de todos los concursantes que superaron las correspondientes etapas y participaron en procedimientos de selección en otros municipios, habida cuenta de que la referida institución educativa carecía de competencia para estipular que solo era dable postularse a una convocatoria.

e) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Manizales, que el 14 de febrero de 2020 lo admitió y el 30 de septiembre siguiente negó las pretensiones de la demanda, al estimar que la regla del concurso de méritos, consistente en que las personas solo podían inscribirse en uno de los surtidos con el objeto de elegir personeros para el período comprendido entre el 2020 y el 2024, no contrariaba el ordenamiento jurídico, toda vez que la jurisprudencia del Consejo de Estado permitía la «uni-inscripción», pues ello no impedía el acceso a cargos públicos.

f) Contra la anterior decisión la allí demandante interpuso recurso de apelación, con el argumento de que el concejo de Filadelfia no consignó en la convocatoria que los concursantes no podían participar en otro procedimiento adelantado para designar personero en un municipio diferente, por ende, la ESAP no estaba facultada para fijar esa restricción.

g) La precitada alzada fue desatada el 14 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas (sala sexta de decisión), en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia, para acceder a las súplicas ordinarias, al considerar que si bien es cierto que el Consejo de Estado ha indicado que la prohibición a los candidatos de concursar para más de un empleo no desconoce la garantía de acceso a cargos públicos, también lo es que aquella debió ser consagrada por el concejo de Filadelfia y no por la ESAP, de manera que esta desbordó sus competencias al establecerla.

3.5.2 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente.

Se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en virtud de la línea jurisprudencial vertical u horizontal, pues constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.

En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.

En el asunto sub judice el demandante afirma que la providencia censurada desconoce el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual la prohibición de inscribirse a más de un empleo dentro de un concurso de méritos no trasgrede la garantía de acceso a cargos públicos, por cuanto las autoridades accionadas concluyeron que la restricción impuesta en ese sentido dentro del procedimiento de selección surtido para elegir personero de Filadelfia, por el período comprendido entre el 2020 y el 2024, contrariaba el sistema normativo.

Con el propósito de establecer si el anterior reproche tiene o no asidero jurídico, resulta oportuno advertir que el artículo 125 de la Constitución Política consagra que los empleos de carrera administrativa deben proveerse mediante concurso de méritos, porque son las capacidades particulares de los concursantes las que determinan el ingreso al sector público y no aspectos clientelistas o burocráticos.

Ese mecanismo de selección de los servidores de carrera administrativa también es dable aplicarlo para regular el acceso a otros empleos de la Administración, toda vez que el mérito asegura que las personas que desempeñan la función pública sean idóneas, es decir, que gocen de las condiciones necesarias para prestar un óptimo servicio. Al respecto, la Corte Constitucional dijo:

[…] la Carta Política no solo avala [el concurso de méritos] para la elección de funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se encuentran sometidos a un período fijo[…], sino que además, sus finalidades justifican su aplicación en las hipótesis que cuestiona el demandante. Por un lado, este mecanismo de vinculación facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en que su objeto es justamente la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas. Por otro lado, por tratarse de procedimientos abiertos, reglados y formalizados, en los que las decisiones están determinadas por criterios y pautas objetivas, garantizan los derechos fundamentales de acceso a la función pública, el debido proceso en sede administrativa, y al trabajo. Finalmente, por excluir las determinaciones meramente discrecionales y ampararse en criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, aseguran la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad.

Dentro de los cargos públicos de término fijo que son susceptibles de ser provistos a través de concurso de méritos, se encuentra el de personero municipal, que es, en virtud del artículo 118 superior, agente del Ministerio Público, en consecuencia, le corresponde «[…] la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas», tareas que por involucrar función pública de gran importancia, deben ser ejercidas por una persona idónea, lo que se obtiene con la realización de un procedimiento de selección.

En ese contexto, el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 35 de la Ley 1551 de 2012, instituyó el concurso de méritos para elegir personeros locales, así:

Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año [se destaca].

Ahora bien, a pesar de que el artículo 313 (numeral 8) de la Carta Política estipula que los concejos designan a los personeros, condicionar la elección de esos empleos a un concurso de méritos no contraría la autonomía territorial ni afecta otros preceptos superiores, pues así se «[…] materializa la intervención ciudadana[, al asegurar que cualquier] persona que cumpla los requisitos y condiciones para ejercer el cargo […] pued[a] tomar parte en el respectivo proceso de selección […]», y se garantiza que las funciones del Ministerio Público en el ámbito local sean desempeñadas por personas con capacidades suficientes.

La prerrogativa de que los concejos municipales adelanten procedimientos de selección orientados a elegir personeros, fue regulada por el Decreto 2485 de 2014, que establece la posibilidad de que aquellos los surtan «[…] a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas […]». En dicho Decreto también se consagraron tres (3) etapas de esos trámites administrativos, que son: (i) la convocatoria, (ii) el reclutamiento y (iii) las pruebas. Sobre la primera, el artículo 2º (letra a) prevé:

El concurso público de méritos para la elección de personeros tendrá como mínimo las siguientes etapas:
a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la corporación. La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de elección.

De la citada disposición se concluye que los concejos municipales son los encargados de realizar la convocatoria de los concursos de méritos para proveer los empleos de personeros y allí se deben establecer todas las reglas a las que están sujetos aquellos, habida cuenta de que se constituye en su «[…] norma reguladora [que] obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes».

Visto lo anterior, para determinar si la providencia acusada adolece de desconocimiento del precedente, resulta imperativo determinar si las sentencias invocadas por el tutelante como inobservadas, desataron controversias similares a la debatida en el proceso de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00. Para tal propósito, se relacionan dichos fallos de la siguiente manera:

Providencia
Situación fáctica
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 6 de julio de 2015, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000-2013-01524-00.
Se solicitó la anulación del artículo 2º del Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, con el que la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer cargos en la Rama Judicial. En ese fallo se indicó que «respecto a la restricción impuesta por el artículo 2º de la norma en comento, en virtud de la cual los concursantes sólo pueden inscribirse para aspirar a un sólo cargo, la Sala no advierte que trasgreda las normas constitucionales y legales invocadas en la demanda».
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01.
Se deprecó la nulidad de la Resolución 514 de 6 de noviembre de 2012, con el que el municipio de Ciénaga de Oro negó la existencia de una relación laboral. En este pronunciamiento se unificó jurisprudencia en lo concerniente al contrato realidad.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de mayo de 2017, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000-2014-01292-00
Se pidió la nulidad parcial del Acuerdo 453 de 2 de octubre de 2013, mediante el cual la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso de méritos para proveer empleos de carrera administrativa en la contraloría de Norte de Santander. Allí se precisó que la regla consistente en que solo era dable participar para 5 cargos, no está «prohibid[a] por la ley ni por la Constitución, y a su vez, no representa una amenaza para el libre acceso a cargos públicos, pues […] en ningún momento se ha garantizado en forma expresa que un ciudadano participe o aspire a todos los cargos objeto de un concurso […]».
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2017, C. P. William Hernández Gómez, expediente 11001-03-25-000-2015-00294-00.
Se solicitó la nulidad parcial del Acuerdo 435 de 2 de octubre de 2013, con el que la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó procedimiento de selección para proveer empleos en la contraloría de Antioquia.
En el pronunciamiento se precisó que «[…] el hecho de limitar las posibilidades de inscripción a un número determinado de cargos dentro de la oferta disponible en la convocatoria no vulnera el derecho fundamental para acceder a la función pública, habida cuenta de que el alcance de tal garantía no es el de permitir que los aspirantes puedan inscribirse para todos ellos […]».

De las providencias relacionadas con antelación se observa que la de 25 de agosto de 2016 decidió un asunto en el que se debatía la existencia de una relación laboral entre un municipio y la allí demandante, supuesto fáctico diferente al debatido en el proceso de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00, situación que impone concluir que las consideraciones expuestas en ese fallo no eran aplicables en este trámite contencioso-administrativo.

En relación con los demás pronunciamientos, debe advertirse que si bien se emitieron en procesos relacionados con concursos de méritos, los hechos en ellos debatidos son diferentes a los discutidos en las diligencias en las que se profirió la sentencia censurada, pues en las convocatorias atacadas en aquellos se estableció de manera expresa la limitación al número de cargos a los que los concursantes podían aspirar, lo cual no ocurrió en el procedimiento de selección convocado por el concejo de Filadelfia, puesto que en la Resolución 19 de 16 de agosto de 2019 no se estipuló que los participantes no pudieran inscribirse en un trámite de la misma naturaleza surtido en otro municipio.

Con base en lo expuesto, como las autoridades judiciales están en el deber de aplicar el precedente solo cuando el asunto que conocen guarda similitud fáctica con el previamente decidido, no merece reproche alguno que los señores magistrados demandados no hayan atendido la postura expuesta por el Consejo de Estado en los fallos invocados por el actor de 6 de julio de 2015, 4 de mayo de 2017 y 11 de los mismos mes y año, toda vez que, se reitera, desataron controversias con contornos disímiles a la planteada en la demanda de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00.

Ahora bien, la Sala tampoco evidencia que resulte irracional o caprichosa la aseveración de los accionados, consistente en que la ESAP carecía de competencia para prohibirles a los aspirantes a personero de Filadelfia participar en un concurso de méritos de la misma naturaleza adelantado en un municipio distinto, puesto que esa regla no fue fijada por el concejo del ente territorial en la respectiva convocatoria (Resolución 19 de 16 de agosto de 2019), la que, como se explicó en precedencia, dispone los presupuestos exigibles en el referido trámite, los cuales no pueden ser modificados por la institución educativa encargada de surtir el procedimiento de selección.

Cabe advertir que si bien es cierto que al momento en que se dictó el fallo cuestionado el Consejo de Estado no había emitido un pronunciamiento acerca de la posibilidad de limitar el número de empleos al que puede postularse un individuo que pretenda ser designado personero, también lo es que la sección quinta de esta Corporación, en sentencia de unificación de 12 de agosto del año en curso, concluyó que «[…] es improcedente que […] los terceros o entidades especializadas de la Administración Pública que se contraten para el apoyo logístico en el desarrollo del concursos públicos de mérito para dichos efectos, establezcan como restricción para las aspirantes a dicho cargo, que sólo pueden inscribirse para una sola convocatoria […]».

En ese orden de ideas, se infiere que la postura de las autoridades accionadas no resulta desproporcionada, por el contrario, se ajusta al marco normativo, tanto es así que esta Corporación, en el precitado fallo, arribó a la misma conclusión de aquellas, circunstancia que impide atribuirles trasgresión de los derechos constitucionales fundamentales invocados en la solicitud de amparo.

Por otra parte, el demandante afirma que la providencia acusada desconoce el principio de confianza legítima, pues como el procedimiento de selección en el que participó se cumplió a cabalidad y fue designado como personero de Filadelfia, se le creó la convicción de que aquel se había surtido de acuerdo con el ordenamiento jurídico. No obstante, para la Sala esa aserción carece de asidero jurídico, toda vez que la finalización del concurso de méritos no impide que los actos administrativos de elección puedan ser cuestionados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pues, de ser así, nunca sería procedente controvertirlos a través del medio de control de nulidad electoral.

Por último, tampoco es de recibo la aseveración del actor, según la cual su elección como personero debió debatirse por conducto de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y no mediante una de nulidad electoral, habida cuenta de que este es el instrumento señalado por el sistema normativo para controvertir decisiones administrativas con las que se efectúen nombramientos, conforme lo establece el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Así las cosas, se concluye que las autoridades accionadas no inobservaron la postura jurisprudencial del Consejo de Estado invocada por el accionante, porque se emitió en asuntos con contornos fácticos diferentes al debatido en el proceso de nulidad electoral 17001-33-33-002-2020-00023-00, por el contrario, realizaron una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, en especial, de la regla que prevé que los concursos de méritos deben surtirse con estricto apego a su convocatoria, que para el caso de elección de personeros la fija el respectivo concejo municipal y no los organismos encargados de adelantarlo.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia cuestionada no adolece de desconocimiento del precedente, se impone negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos invocados por el señor Jorge William Hernández Rivera, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Sección segunda, sentencias de (i) 6 de julio de 2015, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000-2013-01524-00; (ii) 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01; (iii) 4 de mayo de 2017, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000-2014-01292-00; y (iv) 11 de mayo de 2017, C. P. William Hernández Gómez, expediente 11001-03-25-000-2015-00294-00. Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). La providencia que negó la solicitud de aclaración y adición del fallo acusado, presentada oportunamente, fue notificada por estado el 1º de marzo de 2021. Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela». Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo. Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.

Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr. Sentencia C-372 de 2011. Cfr. sentencia T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio: «[…] el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]». Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC). Sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sección segunda, sentencias de (i) 6 de julio de 2015, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000-2013-01524-00; (ii) 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01; (iii) 4 de mayo de 2017, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000-2014-01292-00; y (vi) 11 de mayo de 2017, C. P. William Hernández Gómez, expediente 11001-03-25-000-2015-00294-00. Sentencia C-105 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
«Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
«Corresponde a los concejos:
[…]
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
[…]». Corte Constitucional, sentencia C-105 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
«Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales». Artículo 1º ibidem. Corte Constitucional, sentencia SU-466 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sección quinta, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2021-00030-00. Notificada el 13 de agosto de 2021.
«Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas».

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