Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01458-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01458-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01458-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-2017)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Graciela Arias de Cañón, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP 048969 del 22 de octubre de 2013, que le negó
el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 053762 del 21 de noviembre de
2013, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, efectiva a partir del 13 de mayo de
2006; ii) indexar las mesadas atrasadas junto con los aumentos anuales de ley; iii)
pagar los intereses moratorios y cumplir la sentencia que ponga fin al proceso, en
los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y iv) pagar las costas
procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Graciela Arias de Cañón nació el 1° de septiembre de 1948, luego
cumplió 50 años de edad, el 1° de septiembre de 2008.
ii) Se vinculó al servicio docente oficial desde el 20 de marzo de 1974, por lo
que para el mes de junio de 2012, tenia más de 20 años de servicios.
iii) El 11 de octubre de 2013, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 46, 48, 53, 58 y 336 de la
Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 114 de 1913; 15 de la Ley 91 de 1989; y las
Leyes 116 de 1917 y 37 de 1933.
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso lo
siguiente:
i) La demandante cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para
acceder a la pensión gracia, por cuanto tuvo buena conducta en el desempeño
como educadora; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus servicios
como docente municipal por más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del
31 de diciembre de 1980.
ii) Los actos administrativos de nombramiento y los certificados de tiempo de
servicio constituyen pruebas suficientes que acredita que dichas designaciones
fueron realizadas por los gobernadores de turno, por lo tanto, su vinculación se
reputa nacionalizada o departamental.
iii) La Ley 91 de 1989 no extinguió las vinculaciones territoriales de los profesores
ni los convirtió a todos en nacionales; por el contrario, conforme lo ratificó el artículo
6 de la Ley 60 de 1993, los docentes departamentales, distritales y municipales
conservaron los derechos salariales y prestaciones propios de esos órdenes.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP no emitió pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.1
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia escrita proferida el 30 de julio de 2015, negó las pretensiones
de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2
i) De las pruebas obrantes en el plenario se evidencia que la docente laboró en
1 Folio 86
2 Folios 190 al 200. Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
entidades del orden territorial, así:
Nombre entidad Período laborado Días
laborados
Secretaría de Educación 20/03/1974 – 31/03/1979 1.812
Departamento del Tolima
Secretaría de Educación 18/02/1981 – 27/01/1988 2.500
Departamento del Vichada
Secretaría de Educación 17/08/1999 – 30/09/2013 5.084
Municipio de Soacha
Total 9.396
ii) En los actos demandados se desestimó el tiempo servido al municipio de
Soacha y a la Secretaría de Educación del departamento del Vichada; sin embargo,
respecto del primero de ellos se advierte que el gobernador del departamento de
Cundinamarca mediante el Decreto 02378 del 12 de julio de 1999 nombró a la
demandante en la planta de personal docente del Colegio Departamental del
municipio de Medina, cargo del que tomó posesión el 17 de agosto de 1999,
nominación de la cual se puede concluir que la señora Arias de Cañón ostentó la
calidad de docente territorial, razón por la cual se tendrán en cuenta como válidos
para la prestación pretendida los tiempos posteriores al 17 de agosto de 1999.
iii) Con relación a los tiempos de servicios prestados por el departamento del
Vichada la demandada aduce que deben ser desestimados habida cuenta que
fueron servidos para el Fondo Educativo Regional del Vichada y en ese orden se
constituyen como nacionales, conclusión que se comparte en atención a que, en
efecto, las vinculaciones que devienen del FER tienen la connotación de nacionales
por expreso mandato del legislador, cosa distinta es que la administración de dichas
plazas docentes se delegara a las autoridades locales, quienes finalmente actúan
en nombre de la Nación.
iv) De suerte que únicamente la vinculación y tiempo de servicios prestados por
la actora en el municipio de Soacha y en el departamento del Tolima cumplen con
las características propias para el reconocimiento del beneficio pensional
reclamado, computándose con estos tan solo 19 años, 1 mes y 25 días, es decir, un
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
tiempo inferior a los 20 años de servicios requeridos para el otorgamiento de la
pensión gracia.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la actora interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) Si bien es cierto el Decreto 029 del 18 de febrero de 1981 fue suscrito por el
Comisario Especial del Vichada, en calidad de presidente de la Junta del FER, por
el secretario de educación y el delegado del Ministerio de Educación Nacional,
también lo es que dicho decreto debe ser analizado a la luz del artículo 10 de la Ley
43 de 1975, como la autorización de creación de la plaza docente, mas no como
una vinculación de carácter nacional, en razón a que el acto administrativo de
nombramiento cumple con los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo
1° de la Ley 91 de 1989, por cuanto emana de una autoridad del orden territorial
(Gobernación del Vichada), quien actuó en uso de sus atribuciones legales.
ii) Conforme a ello se reconoce que haciendo una interpretación sistemática y
finalista de la norma aplicada no puede el despacho entender que la simple rubrica
de un delegado del Ministerio de Educación Nacional se transforme una vinculación
nacionalizada en nacional, por cuanto no se demuestra vínculo alguno entre este
ente y la señora Arias de Cañón.
iii) En síntesis, el hecho de que la vinculación de la accionante hubiere sido
concretada con el FER no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho
pensional, pues es posible deducir del acto de nombramiento que este fue emitido
por una autoridad del orden departamental y no por el Ministerio de Educación
Nacional.
3 Folios 206 al 213.
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La accionante4 y la UGPP5 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
4 Folios 236 al 240.
5 Folios 268 y 269.
6 Según constancia secretarial obrante en el folio 270.
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Graciela Arias de Cañón nació el
1° de septiembre de 1948, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 1° de septiembre
de 1998.19
ii) La coordinadora de talento humano de la Secretaría de Educación y Cultura del
departamento del Tolima, a través del certificado de tiempo de servicios 55.837 hizo
constar que la señora Arias de Cañón prestó labores en el nivel básica primaria en
propiedad como docente nacionalizada al servicio de ese ente territorial en
diferentes instituciones educativas entre el 20 de marzo de 1974 y el 31 de marzo
de 1979.20
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 2.
20 Folio 13. Certificado del 13 de febrero de 2008.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
iii) Con el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral, la
Secretaría de Educación del departamento del Tolima certificó que la señora
Graciela Arias fue nombrada mediante el Decreto 0139 del 7 de marzo de 1974,
tomó posesión del cargo el 20 de marzo de 1974, y se retiró del servicio de forma
voluntaria el 31 de marzo de 1979.21
iv) El 18 de febrero de 1981, con el Decreto 0029, «por medio del cual se hace un
nombramiento de personal docente para primaria dentro del territorio del Vichada,
el comisario especial del Vichada y presidente de la Junta Administradora del FER,
en uso de sus facultades legales nombró a la accionante como maestra de primaria
en la Escuela de Berrocal.22
v) A través del Formato de Certificado de Periodos de Vinculación Laboral para
Bonos Pensionales y Pensiones, la Secretaría de Educación del departamento del
Vichada certificó que la demandante prestó servicios al departamento como maestra
de primaria entre el 18 de febrero de 1981 y el 27 de enero de 1988, «sector público
departamental o distrital» y realizó aportes para pensión en la Caja de Previsión
Social del Vichada.23
21 Folios 14 y 15. Formato del 9 de agosto de 2010
22 Folio 152.
23 Folio 16. Certificado del 31 de enero de 2013.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
vi) El técnico del grupo administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura del
Vichada hizo constar que la señora Graciela Arias prestó sus servicios como
maestra de primaria desde el 18 de febrero de 1981 hasta el 18 de enero de 1988
en la Escuela Antonia Santos, Dirección del Núcleo Educativo 1 jurisdicción del
municipio de Puerto Carreño, dependiente del Fondo Educativo Regional del
Vichada (ahora Secretaría de Educación), nombrada con el Decreto 0029 del 18 de
febrero de 1981.24
vii) El 12 de julio de 1999, con el Decreto 2378, «por el cual se nombra
provisionalmente a una docente», el gobernador del departamento de
Cundinamarca, en uso de sus facultades legales, nombró a la demandante como
directivo docente rectora del Colegio Departamental del municipio de Medina.25
24 Folio 17. Certificado del 30 de diciembre de 2008.
25 Folios 13 y 14.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Tomó posesión del empleo el 17 de agosto de 1999, en el despacho de la secretaria
de educación departamental.26
viii)El 27 de diciembre de 2000, mediante el Decreto 3500, «por el cual confirman
unos ascensos de directivos docentes rectores, coordinadores y directores de
unidades básicas en el departamento de Cundinamarca», el secretario de
educación de Cundinamarca en uso de sus facultades legales y en especial las que
confieren los Decretos 2753 de 1999 y 1174 de 2000, confirmó el ascenso de la
señora Arias de Cañón como directivo docente coordinador.27
ix) El 11 de septiembre de 2002, a través del Decreto 1195, la secretaria de
educación del departamento de Cundinamarca, en uso de las facultades delegadas
en el Decreto 1174 de 2000, trasladó a la maestra al cargo de directivo docente
rectora del Colegio Departamental León XIII del municipio de Soacha.28 Se
posesionó en el empleo el 17 de septiembre de 2002.29
26 Folio 12.
27 Folios 24 al 29.
28 Folio 30
29 Folio 31
15
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
x) El director administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio
de Soacha certificó que la accionante labora como docente del sector oficial
nombrada mediante el Decreto 2378 del 12 de julio de 1999 y tomó posesión del
empleo el 17 de agosto siguiente en el Colegio Departamental del municipio de
Medina como directivo docente rectora. Posteriormente fue trasladada mediante la
Resolución 1195 del 11 de septiembre de 2002 para el Colegio Departamental León
XIII del municipio de Soacha, luego fue incorporada a la planta de la referida
secretaría conforme la Ley 715 de 2001.30
xi) Mediante el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del municipio de Soacha certificó que la docente fue
vinculada a través del Decreto 3395 del 27 de diciembre de 2000, al servicio de la
Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca (en el municipio de
30 Folios 151 al 153.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Medina) y que a partir de 2002 se desempeña en el municipio de Soacha.31 En dicho
certificado no se dejó constancia respecto del tipo de vinculación de la demandante
y se indicó que se retiró del servicio el 21 de agosto de 2014, por edad de retiro
forzoso.
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 22 de octubre de 2013, la UGPP profirió la Resolución RDP048969 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante, toda vez que dicha prestación no puede ser
reconocida a los docentes nacionales y aquella ostenta dicha calidad a partir de
1999 con la vinculación con el departamento de Cundinamarca.32
ii) El 21 de noviembre de 2013, la UGPP expidió la Resolución RDP053762 por la
cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.33 Agregó en este acto que tampoco podían tenerse en cuenta los tiempos
servidos al departamento del Vichada toda vez que el certificado de tiempo de
servicios fue expedido por el Fondo Educativo Regional, «lo que indica que el tipo
de vinculación del peticionario es de orden nacional».
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante.
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en tres momentos relevantes, pues a cada uno le
31 Folios 132 y 133. Certificado del 2 de agosto de 2016.
32 Folios 7 al 9.
33 Folios 11 y 12.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 20 de marzo de 1974 al 31 de marzo de 1979
En este lapso la señora Graciela Arias de Cañón laboró como profesora de primaria
en las Escuelas Rural Mixta del municipio de Purificación, Rural Mixta Patio Bonito
en el municipio del Líbano y en la Institución Educativa Campoalegre Euclides
Barragán Méndez del mismo municipio, en virtud de la designación efectuada por el
gobernador del departamento del Tolima con el Decreto 0139 del 7 de marzo de
1974.
Por su parte, la coordinadora de talento humano del referido ente territorial certificó
que la accionante prestó sus servicios como docente nacionalizado y que realizó
aportes para pensión en la Caja de Previsión Social del Tolima. El contenido del
acto es el siguiente:
18
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Bajo este escenario, se encuentra acreditado que durante este período la
demandante tuvo una vinculación como docente territorial, específicamente
departamental.
Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección
de los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los
gastos que ocasione la instrucción primaria».34
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó la gobernación
del Tolima atendía a las atribuciones que con antelación había otorgado el legislador
sobre la prestación del servicio educativo en primaria.
34 Artículo 27.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Del mismo modo, la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la
Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, nacionales y
territoriales. Particularmente la Corte señaló lo siguiente:
3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la «nacionalización» de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los
nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada «pensión gracia», de que trata la Ley
114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en
el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues
la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la
Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo
de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio
de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna […].
En consecuencia, se concluye que la vinculación con el departamento del Tolima
es del orden territorial, situación que permite afirmar que como la parte actora se
vinculó con anterioridad a 1975 para desempeñarse como maestra de instrucción
primaria, ocupó empleos exclusivos del ente territorial.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 5 años y 11 días, y además
acredita el requisito de haber ostentado una vinculación territorial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
2.4.2. Segundo período. Del 18 de febrero de 1981 al 27 de enero de 1988
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
El 18 de febrero de 1981, con el Decreto 0029, el comisario especial del Vichada
como presidente de la Junta Administradora del FER, nombró a la accionante como
maestra de primaria en la Escuela de Berrocal. En contenido del acto es el siguiente:
De la lectura de dicho acto se advierte que el nombramiento fue realizado por el
comisario especial del Vichada, quien actuó en ejercicio de sus facultades legales.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica de las comisarías, la Sección Segunda
de esta Corporación ya se ha pronunciado de la siguiente manera:35
[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198536 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
35 Tomado de la sentencia del 6 de julio de 2023 de esta Subsección (exp. 0605–2019) que cita la
siguiente providencia: Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000- 2014-
00638-01 (2753-2016). Sentencia de 17 de octubre de 2017.
36 «“por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías,
se faculta al Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios37,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos, pudiendo
establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas rentas que
aquellos.
Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P .38
Para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado por el actor
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal como se advirtió
líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden territorial, puesto
que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era administrada por el
Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial, esto es gozaba de
autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se prevé en la Ley 2ª
de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.
Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se nacionalizó
la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito Especial de Bogotá,
los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en la anterior
norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía prestando las
intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de Arauca, por lo tanto
los nombramientos efectuados por este se entienden de naturaleza nacionalizada, tal
como lo ordenó la norma.
Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.
En este orden de ideas, se observa que la prestación de servicios docentes durante
el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983,
tienen naturaleza territorial, pues si bien fueron prestados a una intendencia nacional
cuya administración correspondía al Gobierno Nacional, la misma tenía categoría de
entidad territorial, asimilables a Departamentos tal como expresamente lo establece
la normatividad analizada, los cuales por demás, expresamente fueron erigidas como
tal por la Constitución Política de 1991; no siendo de esta manera de recibo el
argumento esgrimido por la entidad demandada al considerar que el actor tiene
Intendencias y Comisarías, modificar el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.»
37 «“Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías corresponde al Gobierno
Nacional, al Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías y en cada entidad territorial
a los Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios, conforme a las
disposiciones de la presente ley. »
38 «“ARTICULO 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo,
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas,
Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a
las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos departamentos.”»
22
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
nombramiento nacional pues tal como se dejó analizado el mismo es del orden
territorial, emanado por entidad territorial.»39
Teniendo en cuenta ello, las Comisarías Nacionales eran entidades territoriales, que
con la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 pasaron a ser
departamentos, por lo que los docentes vinculados tenían la condición de
territoriales o nacionalizados, según cada caso particular, pues las comisarías
también fueron sometidas al proceso de nacionalización de la educación
desarrollado en la Ley 43 de 1975.
Ahora, la señora Arias de Cañón fue nombrada como docente en enseñanza
primaria por el comisario especial del Vichada como presidente de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional; empero no se puede perder de vista
que, tal como se anotó en el análisis realizado en el numeral 2.4.1 de estas
consideraciones, desde la expedición de la Ley 39 de 1903 las entidades
territoriales, por regla general, estuvieron únicamente a cargo y bajo la dirección de
la educación primaria, por lo que la referida designación sería consecuente con la
atribución que otorgó el legislador, máxime cuando en el acto no se especifica que
la plaza sea nacional y este tampoco proviene directamente del Ministerio de
Educación Nacional.
Corolario a ello, como el nombramiento se produjo con posterioridad a la
nacionalización de la educación, esto es, a la promulgación de la Ley 45 de 1973,
se entiende que el vínculo tiene carácter nacionalizado. Por su parte, esta Sala ha
precisado que «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo
en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos “docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1
de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975”». En similar sentido, la Corte Constitucional,
39 Al respecto, véanse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 81001-23-33-000-
2013-00119-01(1466-2015). Sentencia de 17 de mayo de 2018; Radicado: 81001-23-33-000-2013-
00025-01 (4571-2014) Sentencia de 15 de 2017; Radicado: 81001 -23-33-000-2013-00128-01
(1518- 2015) Sentencia de 16 de febrero de 2023.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
mediante sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».
Ahora bien, sea del caso precisar que la participación del Fondo Educativo Regional
en la designación no significa que este actuara por directriz del Gobierno Nacional,
comoquiera que el nominador del ente territorial actuó acorde con los parámetros
del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 con la que se nacionalizó la educación, pues
en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 se señaló claramente que «no
es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además
del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal [...]».
Aclarado todo esto, lo que se observa a partir de la prueba bajo análisis es que la
demandante fue nombrada como maestra de primaria cargo del Fondo Educativo
Regional del Vichada (en la actualidad a la Secretaría de Educación del
departamento del Vichada), sin que se mencione o se aduzca la intervención directa
o por autorización del Ministerio de Educación Nacional para adoptar dicha decisión,
más aún cuando la plaza en la que fue designada correspondía a una propia de la
entidad territorial ubicada en la Escuela Rural de Berrocal.
En consecuencia, este segundo período, que suma un total de 6 años, 11 meses y
9 días, también puede acumularse al primero con el fin de establecer si la actora
tiene derecho a la pensión gracia solicitada al tener carácter nacionalizado, tal como
lo señaló aquella en el escrito de apelación. Así las cosas, el argumento esgrimido
por el Tribunal para no computar este lapso para el reconocimiento prestacional
resulta desvirtuado.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
2.4.3. Tercer período. Del 17 de agosto de 1999 al 21 de agosto de 201440
Este tercer período está determinado por la Resolución 2378 del 12 de julio de 1999,
proferida por el gobernador del departamento de Cundinamarca, mediante la cual
efectuó «el nombramiento de una docente», con el fin de que se desempeñara como
directivo docente rectora del Colegio Departamental del municipio de Medina. Este
acto se fundó en las siguientes consideraciones:
De acuerdo con la anterior motivación, se encuentra acreditado que la actora fue
nombrada como docente nacionalizada, pues el acto de designación fue suscrito
por una autoridad del orden territorial, en ejercicio de las atribuciones legales.
40 Se toma como referente el 21 de agosto de 2014, por ser la fecha en la que retiró del servicio la
actora por edad de retiro forzoso.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Aunado a ello, la afirmación de que dicha designación tiene el carácter
nacionalizado también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43
de 1975».
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente fue
nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976 con
ocasión de la nacionalización, junto con el análisis del acto de nombramiento, es
dable concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la demandante fue
nacionalizada.
En el mismo orden, el hecho de que en el nombramiento efectuado con el Decreto
2378 del 12 de julio de 1999, se hubiera indicado que el Fondo Educativo Regional
• FER certificó la disponibilidad presupuestal para la provisión del empleo, no es
óbice para que la vinculación no resulte válida para obtener la pensión gracia objeto
de controversia.
Lo anterior, por cuanto, se itera, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia
de unificación SUJ2-11/18 a pesar de que en la designación se sugiriera que los
recursos para el pago de los emolumentos provienen del FER -situado fiscal- tal
circunstancia no determina el tipo de vinculación de la demandante, debido a que
en virtud del nombramiento efectuado por el entonces gobernador del
departamento de Cundinamarca y la plaza ocupada, la actora ostenta el carácter
de docente nacionalizada.
En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si
se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.41
Además, resulta indispensable resaltar que si el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el FER del departamento de Cundinamarca, quien, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 43 de 1975 era el encargado de
administrar los recursos, certificó que existía disponibilidad presupuestal, ello quiere
decir, que de manera explícita se determinó que se trataba de una plaza
nacionalizada.
En este orden de ideas, este tercer período analizado, equivalente a 15 años y 4
días, también resulta válido para estudiar las pretensiones de la demandante.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 20-03-1974 31-03-1979 11 0 5
Nacionalizada 18-02-1981 27-01-1988 9 11 6
Nacionalizada 17-08-1999 21-08-2014 4 0 15
TOTAL 24 11 26
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
41 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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Demandante: Graciela Arias de Cañón
Además, la señora Graciela Arias de Cañón cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.42
Ahora bien, la accionante cumplió los 20 años de servicio el 27 de agosto de 2007,
fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad (los cumplió el 1° de
septiembre de 1998), es decir, que en ese momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 27 de agosto de 2006 y el 27 de agosto de 2007.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».43
De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a partir
de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».44
42 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
43 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
44 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar
sentido puede consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
De acuerdo con los anteriores lineamientos, se concluye que en este caso debe
aplicarse el fenómeno prescriptivo, toda vez que la actora consolidó el estatus
pensional el 27 de agosto de 2007, pero elevó la reclamación el 11 de octubre de
2013,45 por lo que se tomará esa última fecha como parámetro para el conteo de la
prescripción trienal. En consecuencia, los efectos fiscales del reconocimiento
pensional se decretarán a partir del 11 de octubre de 2010.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
2013-01580-01(0945-19).
45 Según se plasmó tanto en la demanda como en los actos administrativos demandados.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,46 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 14 de septiembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
negó las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 048969 del 22 de octubre
de 2013 y RDP 053762 del 21 de noviembre de 2013, mediante las cuales la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Graciela Arias de Cañón,
identificada con cédula de ciudadanía 38.218.754, en cuantía del 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 27 de agosto de 2006 y el 27 de agosto de 2007.
La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 11 de octubre de 2010 por haber
operado el fenómeno de la prescripción trienal.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-17)
Demandante: Graciela Arias de Cañón
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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