República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00811-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia. Subtema 2: vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 en plazas del orden
departamental, municipal o distrital. Origen de la plaza no muta por el proceso de
descentralización. Subtema 3: nombramiento por comisarios especiales.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de noviembre de 2024, que negó las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizado por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el derecho; sin
embargo, el accionante apeló la decisión con fundamento en que no se valoraron en
debida forma las pruebas obrantes en el expediente, que dan cuenta que el tiempo
laborado por el peticionario fue en instituciones educativas del orden territorial y
nacionalizadas, por lo que es válido para acceder a la prestación reclamada. La Sala
confirma la decisión de primera instancia, en la medida en que no se encuentra
acreditado el tiempo de servicio docente de 20 años, con vinculación territorial o
nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor José Guillermo Niño, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de
agosto de 20211, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 002005 del 30 de enero
de 2021 y RDP 008897 del 14 de abril de 2021, por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor del demandante,
al reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la Ley 114 de
1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el momento en que
adquirió el estatus (20 de septiembre de 2012), con inclusión de todos los
factores salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya lugar.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. El accionante nació el 3 de julio de 1949, por lo que cumplió la edad de 50 años
el 3 de julio de 1999. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones educativas
con vinculación de carácter nacionalizado, así:
(a) desde el 1 de marzo de 1980 hasta el 26 de enero de 1981, nombrado
mediante el Decreto 00314 del 21 de febrero de 1980 del Fondo Educativo
Regional del Vichada;
(b) a partir del 27 de enero de 1981 hasta el 30 de marzo de 1981, como docente
interino, por nombramiento que se hiciera a través de la Resolución 6351 del 22
de mayo de 1981, dictada por el Ministerio de Educación Nacional;
(c) del 1 de abril de 1981 al 9 de junio de 1981, como docente interino, en virtud
de la Resolución 08472 del 30 de junio de 1981;
(d) desde el 10 de junio de 1981 -sin solución de continuidad- hasta el 9 de
febrero de 2015, por nombramiento que le fue hecho mediante la Resolución
5436 del 14 de mayo de 1981 expedida por la cartera ministerial en mención.
4. Cumplido el tiempo y la edad exigidas legalmente el accionante le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de las resoluciones RDP 002005 del 30 de enero de 2021 y RDP 008897 del 14 de
abril de 2021, en las que se indicó que los tiempos de servicio prestados fueron por
nombramientos del orden nacional.
5. Estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como docente
1 Samai, Tribunal, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_CORREOREPARTO.
2
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Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
territorial y nacionalizado, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con buena conducta.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 4 de 1966.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 71 de 1988.
• Ley 37 de 1993.
• Ley 60 de 1993.
• Decreto Ley 2285 de 1955.
• Decreto 224 de 1972.
7. Al explicar el concepto de la violación, la parte demandante transcribió apartes
de la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia y concluyó que en su caso la entidad se apartó
del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio
docente.
2.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la parte demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20
años, mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada; al
contrario, las pruebas que obran en el expediente administrativo dan cuenta de que
su relación laboral fue del orden nacional, inclusive, antes del 31 de diciembre de
1980, por lo que el tiempo de servicio no puede tenerse en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, conforme a la reiterada jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado2.
2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia del 28 de
noviembre de 20243, negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
10. En el sub examine se encuentra la copia del Decreto 00314 del 21 de febrero
de 1980, proferido por el comisario especial del Vichada y el presidente de la junta
2 Samai Tribunal, índice 00015, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 15, 20_CONTESTACIONDEMANDA.
3 Samai Tribunal, índice 00048, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 48, 103_SENTENCIA.
3
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Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
administradora –FER–, mediante el cual fue nombrado el señor José Guillermo Niño
como rector del Colegio Bachillerato Nocturno José Eustasio Rivera, a partir del 21 de
febrero de 1980.
11. De igual forma, obra la Resolución 5436 de 14 de mayo de 1981, por la cual se
hacen unos nombramientos del Personal Docente del Programa de Jornada Adicional
del Distrito Especial de Bogotá, expedida por el Ministerio de Educación Nacional». Y
la certificación electrónica de tiempos laborados - CETIL, donde consta que el
peticionario laboró desde el 10 de junio de 1981 hasta el 8 de febrero de 2015, con
vinculación de carácter Nacional.
12. Por lo anterior, concluyó que la parte demandante no cumple con los requisitos
exigidos para ser acreedor de la pensión gracia, toda vez que no se desempeñó como
docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, ni tampoco
prestó sus servicios en planteles educativos territoriales por más de 20 años.
2.4. Recurso de apelación
13. El accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
14. Cumple con el presupuesto de haber estado vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980, como docente territorial o nacionalizado, tal como lo demuestra el
Decreto 314 del 21 de febrero de 1980 y las resoluciones 6351 del 22 de mayo de
1981, 8472 del 30 de junio de 1981 y 5436 del 14 de mayo de 1981.
15. Al respecto, indicó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993
la educación en Colombia mutó o se trasladó del sector nacional al territorial. Dada la
descentralización del sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional perdió la
facultad nominadora de los docentes, la cual le fue trasladada a los departamentos y
municipios por disposición de la Ley 715 de 2001; en consecuencia, estos últimos son
los que tienen a su cargo la administración del personal docente y de los servicios
educativos estatales.
16. En ese orden, los departamentos, distritos y municipios se encargan de
gestionar, planificar y dirigir la educación pública en cada uno de sus territorios. Es así
que tienen la responsabilidad de administrar las competencias en cuanto a currículos,
materiales educativos y la prestación de servicios educativos financiados con los
recursos del situado fiscal. No obstante, la ley no establece que la financiación a través
de estos recursos o la mención del Ministerio de Educación Nacional en las
resoluciones de nombramiento transforme el carácter territorial del personal docente
y administrativo en nacional.
17. Así las cosas, sumados los tiempos de servicio prestados como docente oficial
en el municipio de Puerto Carreño del Vichada y en el Distrito Capital de Bogotá, se
4 Samai Tribunal, índice 00051, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 51, 104_MEMORIALWEB_RECURSO.
4
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Demandada: UGPP
superan los 20 años requeridos para hacerse al reconocimiento de la pensión gracia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
18. Mediante auto del 8 de mayo de 20255, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
2.6. Ministerio público
19. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto6,
en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
20. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
21. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda, de conformidad con el artículo 3287 del Código
General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
22. ¿El demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
23. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19138,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñaran el empleo con
5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 5_AUTOQUEADMITE.
6 Samai, índice 00011, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 11, 11_MEMORIALCONCEPTO.
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
8 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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honradez y consagración y no recibieran otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
24. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
25. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
26. Por su parte, la Ley 91 de 198911, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
27. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
6
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establecido en el artículo 1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
28. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
29. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
30. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
12 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal16; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
31. Según lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los docentes que
hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
16 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
32. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
• Vinculación docente
33. La copia del Decreto 00314 del 21 de febrero de 198017 da cuenta que el
comisario especial del Vichada y el presidente de la junta administradora FER, en uso
de sus facultades legales nombraron al señor José Guillermo Niño en el cargo de
rector del Colegio Bachillerato Nocturno José Eustasio Rivera.
34. Según la copia del acta de posesión18, José Guillermo Niño se presentó al
despacho del Fondo Educativo Regional del Vichada con el objeto de desempeñar el
cargo para el que fue nombrado mediante la Decreto 00314 del 21 de febrero de 1980.
35. En la copia del Decreto 007 del 23 de enero de 198119 consta que el comisario
especial del Vichada y el presidente de la junta administradora FER aceptaron la
renuncia del señor José Guillermo Niño del señalado cargo, con efectividad al 26 de
enero de 1981.
36. Según la copia de la certificación del 21 de agosto de 201820 expedida por la
Secretaría de Educación y Cultura del Vichada, el tipo de vinculación de la parte
demandante derivada del nombramiento efectuado por el Decreto 00314 del 21 de
febrero de 1980 fue nacionalizada, en atención a que dependía de la Comisaría
Especial del Vichada, «hoy departamento del Vichada. PLAZA DEPARTAMENTAL».
37. Mediante las resoluciones 6351 del 22 de mayo de 198121 y 8472 del 30 de
junio de 198122, el director general de servicios administrativos del Ministerio de
Educación Nacional resolvió reconocer y ordenar pagar las sumas estipuladas por
concepto de servicios prestados dentro del programa de jornada adicional en Bogotá
D.E. al señor José Guillermo Niño, licenciado en biología, grado 7.°. Lo anterior, por
64 días, entre el 27 de enero y el 30 de marzo de 1981; y 69 días, del 1 de abril al 9
de junio de 1981, en el Instituto María Inmaculada de Usme.
38. La copia de la Resolución 5436 del 14 de mayo de 198123 da cuenta que el
ministro de educación nacional nombró en el programa de jornada adicional del Distrito
Especial de Bogotá al señor José Guillermo Niño como licenciado en biología, grado
17 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 35.
18 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 37.
19 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 41.
20 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 45.
21 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 47 a 51.
22 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 57 a 61.
23 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 53 y 54.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
7.°, en el instituto María Inmaculada de Usme, en reemplazo de Carlos Julio Vela,
quien fue trasladado a otro plantel.
39. En la copia del acta de posesión24, consta que el peticionario se presentó el 10
de julio de 1981 ante el despacho del Ministerio de Educación Nacional, delegado
regional ante Bogotá, con el fin de desempeñar el cargo para el que fue nombrado
mediante la Resolución 5436 del 14 de mayo de 1981.
40. Según la copia de la Resolución 14030 del 9 de diciembre de 201425, la
subsecretaria de educación de Bogotá D.C. retiró del servicio al señor José Guillermo
Niño de la planta de personal de esa secretaría por cumplir la edad de retiro forzoso.
41. La anterior información se corrobora con la copia del formato único para la
expedición de certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación
de Bogotá D.C. del 30 de agosto de 201926.
42. Se resalta que en dicho formato en los acápites «III. SITUACIÓN LABORAL» y
«IV. ESCALAFÓN», consta que el demandante laboró como docente en propiedad
con vinculación «nacional».
43. El mencionado documento también reporta como que el último nombramiento
del peticionario fue a través de la Resolución 5436 del 14 de mayo de 1981. Asimismo,
registra que laboró hasta el 9 de febrero de 2015 en virtud del Decreto 14030 del 9 de
diciembre de 2014.
3.5. Caso concreto
44. En el asunto bajo análisis, el accionante solicita la nulidad de las resoluciones
RDP 002005 del 30 de enero de 202127 y RDP 008897 del 14 de abril de 202128, que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto, contrario a lo que se
indicó en ellas, cumple con la edad, el tiempo de servicio y la buena conducta para
acceder a dicho derecho.
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
45. Los hechos probados guardan relación con lo dispuesto en el numeral 2, literal
a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispuso que los docentes «vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre
y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos».
24 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 55.
25 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 65 a 67.
26 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 79
27 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ED_DEMANDA, pp. 105 a 109.
28Samai Tribunal, índice 00008, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 8, 14_ED_SUBSANADEMANDA, pp. 4 a 8.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
46. En resumen –como se vio párrafos atrás– la pensión gracia tuvo como finalidad
compensar a los educadores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia
salarial que presentaban en comparación con sus homólogos nacionales; sin
embargo, ese objetivo en principio perdió fundamento en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se dispuso que tal beneficio sería compatible con
la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial[mente] de la Nación».
47. Es claro, entonces, que con la expedición de la Ley 91 de 1989, se buscó
desmontar el reconocimiento de la pensión gracia, porque, básicamente, ya no había
una situación de desigualdad en las asignaciones salariales de los docentes.
48. No obstante, a pesar de que la ley en comento buscó poner fin a la pensión
gracia, fijó unas reglas en aras de reconocerla a quienes cumplieran con los requisitos
allí establecidos. Al respecto, en el numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, se dijo:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
49. A raíz de las diferentes interpretaciones alrededor del anterior artículo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación29 en
cuanto al entendimiento que debe otorgársele, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.
50. Al respecto, esta corporación sostuvo que, de lectura de la citada normativa, se
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01
(3018-2017).
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Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
tenía que la pensión gracia se reconoce a los docentes que estén dentro de los
siguientes supuestos: a) vinculados «hasta el 31 de diciembre de 1980»; b) que
«tuviesen o llegaren a tener derecho»; c) que «cumplan con la totalidad de los
requisitos» previstos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado.
51. El cumplimiento del primer requisito normativo habilita la revisión del segundo
y del tercero, es decir, que resulta necesario que se verifique si el docente tuvo una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 -territorial (o nacionalizada)- pues en
caso de incumplirse este requerimiento, no es necesario verificar los demás.
52. En relación con el siguiente requisito, consistente en «tuviesen o llegaren a
tener derecho», indicó que se refiere a dos eventos, a saber: el primero a la posibilidad
de reconocer la pensión gracia a los docentes que antes o al momento de promulgarse
la Ley 91 de 1989 –29 de diciembre de 1989– hubieran cumplido con la totalidad de
los requisitos legalmente establecidos para el efecto, con una vinculación territorial o
nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, mientras que el segundo consiste
en reconocerle tal derecho a los maestros que acrediten las condiciones con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando se demuestre una
experiencia docente territorial o nacionalizada antes de esa fecha.
53. Desde esa lectura, dijo la corporación, la normativa tiene otro límite temporal
que atañe a que la pensión gracia solo puede reconocerse a los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980. Es así que el derecho está en cabeza del docente
que haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con
las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin
importar el momento en que logre acreditar los requisitos, es decir, puede ser a partir
del 1 de enero de 1981, inclusive, o después del 29 de diciembre de 1989, fecha de
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.
54. Bajo este hilo argumentativo, es posible sostener que el reconocimiento de la
pensión gracia se encuentra atado a un primer supuesto que, como se dijo, consiste
en que el docente haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 -
territorial (o nacionalizada)-, pues en caso de incumplirse este requerimiento no podrá
estudiarse si puede llegar a tener derecho al reconocimiento pensional.
55. El análisis en conjunto de las copias del Decreto 00314 del 21 de febrero de
1980 del comisario especial del Vichada, del acta de posesión y de la aceptación de
la renuncia, demuestra que el demandante ejerció la actividad como docente de
carácter nacionalizado, previo al 31 de diciembre de 1980, por lo siguiente.
56. El nombramiento fue realizado por el comisario especial del Vichada, quien
actuó en ejercicio de sus facultades legales. En lo que respecta a la naturaleza jurídica
de las comisarías, la Sección Segunda de esta Corporación30 se ha pronunciado de
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30
de noviembre de 2023, exp, 25000-23-42-000-2015-01458-01 (4893-2017) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
la siguiente manera:
a través de la Ley 22 del 18 de enero de 1985 se establece que la administración de
esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los Consejos
Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios, confirmando de esta
manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª de 1943, según los
cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias correspondía al
Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos, pudiendo establecer los
mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas rentas que aquellos.
Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P.
(…)
Teniendo en cuenta ello, las Comisarías Nacionales eran entidades territoriales, que
con la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 pasaron a ser
departamentos, por lo que los docentes vinculados tenían la condición de territoriales
o nacionalizados, según cada caso particular, pues las comisarías también fueron
sometidas al proceso de nacionalización de la educación desarrollado en la Ley 43 de
1975.
57. En consecuencia, el peticionario ejerció el empleo de docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante una vinculación que habilita el reconocimiento de la
pensión gracia.
58. En consonancia con la anterior conclusión, también se evidencia la copia de la
certificación del 21 de agosto de 2018, expedida por la Secretaría de Educación y
Cultura del Vichada, en la que se indicó que el tipo de vinculación de la parte
demandante, derivada del nombramiento efectuado por el Decreto 00314 del 21 de
febrero de 1980, fue nacionalizada, en atención a que dependía de la Comisaría
Especial del Vichada, «hoy departamento del Vichada. PLAZA DEPARTAMENTAL».
59. Ahora, en relación con el tiempo de servicio docente prestado por el
demandante a partir del 27 de enero de 1981 hasta el 9 de febrero de 2015, conforme
a los hechos probados, se tiene que en el formato único para la expedición del
certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
del 30 de agosto de 2019, se mencionó que el tipo de vinculación del docente fue del
orden «nacional», para lo cual se hizo referencia a las resoluciones 6351 del 22 de
mayo de 1981, 8472 del 30 de junio de 1981 y 5436 del 14 de mayo de 1981.
60. Al revisar las dos primeras resoluciones no se encuentra en estricto sentido que
el demandante fuera nombrado a través de ellas, pues lo que dan cuenta es que el
director general de servicios administrativos del Ministerio de Educación Nacional
resolvió reconocer y ordenar pagar las sumas estipuladas por concepto de servicios
prestados dentro del programa de jornada adicional en Bogotá D.E. al señor José
Guillermo Niño, licenciado, por los periodos laborados entre el 27 de enero y el 30 de
marzo de 1981, y el 1 de abril al 9 de junio de 1981, en el Instituto María Inmaculada
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
de Usme.
61. De dichas resoluciones lo que sí se evidencia es la intervención directa del
Ministerio de Educación Nacional, pues se encuentran suscritas por el director general
de servicios administrativos de esa cartera ministerial y su delegado regional ante
Bogotá.
62. Lo anterior guarda relación con la Resolución 5436 del 14 de mayo de 1981,
que da cuenta que el ministro de educación nacional nombró en el programa de
jornada adicional del Distrito Especial de Bogotá al señor José Guillermo Niño como
licenciado en biología, grado 7.°, en el instituto María Inmaculada de Usme, en
reemplazo de Carlos Julio Vela, cargo que ocupó hasta el día de su retiro forzoso
según el formato único para la expedición del certificado de historia laboral, expedido
por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. del 30 de agosto de 2019.
63. En ese orden, se concluye que el servicio docente del accionante desde el 27
de enero de 1981 fue con vinculación del orden nacional, lo que impide considerarlo
beneficiario del reconocimiento de la pensión gracia. Esto aunado a la inexistencia de
otros elementos de juicios que permitan considerar lo contrario, es decir, una eventual
vinculación territorial o nacionalizada desde la fecha antes señalada.
64. Ahora, la Sala hace eco en que la descentralización de la educación, que
involucró el traslado de maestros a las entidades territoriales certificadas en
educación, en virtud de la Ley 60 de 1993, no conlleva la mutación del nombramiento
nacional a territorial, o viceversa, al punto que en diferentes oportunidades ha
sostenido31 lo siguiente:
En este punto, es importante precisar que: (i) la vinculación con carácter nacional no
se vio modificada en razón de otro tipo de nombramiento o situación administrativa; y
(ii) el proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de
1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado con
anterioridad a la Ley 60 de 1993.
(…)
Entonces, está decantado por esta corporación que el proceso de descentralización
de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal
proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del
servicio de educación oficial.
65. En suma, el nombramiento efectuado al demandante, mediante la Resolución
5436 del 14 de mayo de 1981, suscrita por el ministro de educación nacional, no
cambió de naturaleza –vinculación nacional– con el proceso de descentralización de
la educación oficial –ordenado por la Ley 60 de 1993–, puesto que, como se puede
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27
de febrero de 2025, exp. 25000-23-42-000-2018-02544-01 (1805–2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
extraer de la precitada cita, los nombramientos realizados por el Gobierno nacional no
se vieron afectados con dicho proceso, toda vez que el acto de nominación es uno
solo, en este caso se trata de la referida resolución, que no varió con ocasión de las
particularidades de la reorganización de la administración del servicio de educación
oficial.
3.6. Conclusión
66. La Sala concluye que el accionante no cumplió con la carga de demostrar más
de 20 años de servicios como maestro territorial y/o nacionalizado, lo cual impide
acceder a las pretensiones de la demanda.
4. Costas
67. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario32 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 28 de noviembre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
32 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00811-01 (0516-2025)
Demandante: José Guillermo Niño
Demandada: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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