Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02544-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02544-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02544-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02544-01 (1805-2023)
Demandante: Blanca Cecilia Piñeros de Monroy
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-002544-01 (1805-2023)1
Demandante: Blanca Cecilia Piñeros de Monroy
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: el docente nacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, el 1°. de noviembre de 2022, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante solicita la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento
de la pensión gracia por tratarse de una docente nacional desde el año 1973. Como
fundamento de la demanda, alega que desde el año 1996 la plaza nacional mutó a
distrital, con ocasión de la descentralización de la prestación del servicio educativo.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las
siguientes pretensiones:
(i) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 041940 del 3 de noviembre de 2016,
que negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de la Resolución RDP
008965 del 8 de marzo de 2017 que la confirmó, al resolver el recurso de apelación.
1 Expediente híbrido: Conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar
separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 23 de noviembre de 2018.
1
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Demandante: Blanca Cecilia Piñeros de Monroy
Demandado: UGPP
(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, a partir del 18 de marzo de 2016, ajustada
conforme la Ley 71 de 1988.
(iii) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del CPACA; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se condene en
costas a la parte demandada3.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy nació el 31 de octubre de 1952,
prestó sus servicios como maestra por 56 días, en el distrito capital de Bogotá,
nombrada por el Decreto 1110 del 21 de septiembre de 1971. Posteriormente, fue
designada como docente interina nacionalizada por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, a través de la Resolución 2210 del 28 de septiembre de 1972, durante
56 días, en la Concentración Bolivariana del municipio de Sibaté (departamento de
Cundinamarca).
4. El Ministerio de Educación nombró a la actora, mediante la Resolución 2779 del
3 de abril de 1973, con vínculo nacional hasta el 9 de julio de 1996, a partir de esta
fecha, en criterio de la parte demandante, el vínculo mutó a distrital por disposición de
la Ley 60 de 1993.
5. Por consiguiente, a juicio de la accionante, acreditó 20 años de servicios y
adquirió el estatus pensional el 18 de marzo de 2016, y solicitó el reconocimiento de
la pensión gracia que fue negada por la UGPP en las resoluciones RDP 041940 del 3
de noviembre de 2016 y RDP 008965 del 8 de marzo de 2017.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 12, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357.
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1°. a 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
De la Ley 24 de 1947, el artículo 1°.
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4.
De la Ley 43 de 1975, los artículos 1°. y 10.
Ley 91 de 1989, los artículos 1° y 15.
Ley 60 de 1993, los artículos 2, 3, 4, 6, 14 y 15.
3 Folios 2 a 30 del expediente físico.
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Demandado: UGPP
7. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso los siguientes
argumentos:
8. La UGPP le negó la pensión gracia a la demandante al considerar que su
vinculación fue nacional; sin embargo, tal motivación es falsa porque la docente laboró
parte del tiempo como nacionalizada, puesto que el Ministerio de Educación Nacional
le entregó el servicio educativo al distrito capital de Bogotá, en el marco del proceso
descentralización previsto en la Ley 60 de 1993. Por ello, el tiempo laborado desde el
10 de julio de 1996 mutó a territorial y la maestra acreditó los 20 años de servicios
requeridos para el reconocimiento de la pensión gracia.
9. Precisó que la sentencia de unificación de la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado, del 21 de junio de 20184, concluyó que los recursos del Situado
Fiscal y del Sistema General de Participaciones son propiedad de las entidades
territoriales. Agregó que, como resultado de la descentralización, las plantas de
personal de los establecimientos educativos pasaron a tener un carácter
departamental. Por ello, a partir del 10 de julio de 1996, cuando el Ministerio de
Educación Nacional entregó el servicio educativo al distrito capital de Bogotá, la
pedagoga perdió el carácter de nacional y adquirió carácter distrital.
10. Así pues, la maestra laboró durante más de 20 años, primero como educadora
nacionalizada y luego como distrital, de modo que tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia.
2.2. Contestación de la demanda
11. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que la señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy fue docente nacional desde
el 10 de abril de 1973 al 23 de mayo de 2016, por ello, no acreditó los requisitos para
el reconocimiento de la pensión gracia previstos en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913
y el artículo 15 de la Ley 91 de 19895.
12. Sentencia de primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
declaró la nulidad de las resoluciones RDP 41940 del 3 de noviembre de 2016 y RDP
8965 del 8 de marzo de 2017 y ordenó a la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia a la demandante, a partir del 25 de febrero de 2016, equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional. También, dispuso la actualización de las mesadas pensionales y no
condenó en costas a la entidad demandada.
14. El fallador explicó que los tiempos de servicios de los años 1971 y 1972 fueron
territoriales, en tanto, la actora laboró para las Secretarías de Educación del
departamento de Cundinamarca y del distrito capital de Bogotá. En cuanto al
nombramiento del 1° de febrero de 1973, determinó que «la vinculación de la
demandante que realizó el Ministerio de Educación pasó a ser del distrito, desde la
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
5 Folios 156 a 161 del expediente físico.
3
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Demandado: UGPP
entrada en vigencia del Acuerdo 7 de 1996, esto es, a partir del 11 de junio de ese
año». En este sentido sostuvo que:
(…) así las cosas, se tiene que la planta educativa donde la demandante laboró con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, era una entidad adscrita al Ministerio de
Educación Nacional, es decir, nacional; sin embargo, a partir del 11 de junio de 1996,
pasó a ser de la SED, razón por la cual los tiempos laborados por la señora Blanca
Cecilia Piñeros de Monroy son territoriales.
15. Por consiguiente, se consideró que la demandante acreditó los siguientes
tiempos de servicios:
Vinculación Tiempo Total
Territorial 7 de septiembre al 27 de octubre de 1971 1 mes y 20 días
Nacional 21 de febrero hasta el 17 de abril de 1972 1 mes y 26 días
Nacionalizado 20 de septiembre al 15 de noviembre de 1972 1 mes y 26 días
Nacional 1° de febrero de 1973 al 10 de junio de 1996 23 años, 4 meses y 10
días
Territorial 11 de junio de 1996 al 4 de abril de 2018 21 años, 9 meses y 23
días
16. Frente al requisito de honradez y buena conducta, se precisó que si bien, la
maestra tuvo investigaciones disciplinarias y penales, lo cierto es que no fue
sancionada por ninguna autoridad, por lo tanto, prima el principio constitucional de
presunción de inocencia.
17. En cuanto a la prescripción de las mesadas, la providencia señaló que la
accionante presentó la reclamación administrativa el 1° de julio de 2016 y demandó
dentro del término de tres años, por lo que no operó la prescripción de las mesadas
pensionales causadas desde la fecha del estatus pensional.
18. No condenó en costas a la parte demandada, comoquiera que las pretensiones
de la demanda prosperaron parcialmente y no se acreditó que se hubieren causado6.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandante
19. La señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy, mediante apoderado, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para que se condene
en costas a la UGPP, ya que fue vencida en el proceso y así lo dispone el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, la recurrente pidió que se ordene el ajuste a la
pensión reconocida en el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo legal
mensual vigente, en aplicación de la Ley 71 de 19887.
2.4.2. Parte demandada
20. La UGPP, a través de apoderado, solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:
6 Folios 340 a 357 del expediente físico.
7 Folios 369 vuelto a 371 vuelto del expediente físico.
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21. Los actos demandados que negaron el reconocimiento de la pensión gracia se
expidieron respetando el ordenamiento jurídico, y en concreto, la Ley 114 de 1913,
que, en el numeral 3 del artículo 4, exige que el docente no haya recibido otra pensión
o recompensa de carácter nacional. Esta condición se refiere a que es improcedente
tener en cuenta los tiempos laborados con ocasión de vinculaciones docentes del
orden nacional.
22. Aunado a lo anterior, afirmó que, con la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989,
para ser beneficiario de la pensión gracia se requiere cumplir con todos los requisitos
antes de la expedición de dicha norma, pese a ello, en el proceso no se acreditó que
la docente haya consolidado su estatus pensional.
23. En gracia de discusión, la entidad señaló que la vinculación de la maestra fue
nacional en el Colegio Cooperativo del barrio Girardot, según la Resolución 1133 del
22 de marzo de 1972, dictada por el Ministerio de Educación Nacional. Así como, la
vinculación con el Colegio Sibaté, Vereda Chacua, pues la Resolución 2779 del 3 de
abril de 1973 fue proferida igualmente por el Ministerio de Educación Nacional. Y, en
el mismo sentido, consta en la certificación del 16 de junio de 2022, según la cual «la
parte demandante es catalogada en el tipo de vinculación y fuente de recursos
nacional, y que el tipo de vinculación docente siempre fue el mismo (sic)».
24. La maestra tampoco cumplió con el requisito de honradez y buena conducta,
porque fue investigada en procesos disciplinarios y penales8.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
25. Mediante auto del 30 de mayo de 20249, el despacho ponente admitió los recursos
de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y al no existir solicitud
de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA10.
3.2. Problema jurídico
27. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en los recursos de apelación
8 Folios 373 a 374 del expediente físico.
9 Índice 14 Samai.
10 De conformidad con el artículo 74J de la Ley 2430 de 2024, que modifica la Ley 270 de 1996, «las altas cortes,
los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo, aunque los expedientes no se
encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las consideraciones del primer fallo podrán ser
reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico
de turnos».
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interpuestos por las partes actora y demandada contra la sentencia de primera
instancia que accedió al reconocimiento de la pensión gracia, si:
28. ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, aunque
desde el año 1972 fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional y tampoco
acreditó el requisito de buena conducta, pues fue investigada en procesos penales y
disciplinarios?
29. ¿Procede ordenar el incremento de la pensión gracia reconocida en primera
instancia, con los mismos ajustes aplicados al salario mínimo legal?
30. ¿Procede la condena en costas contra la UGPP, por ser la parte vencida en el
proceso?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
31. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
191311, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
32. La Ley 116 de 192812 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
33. Posteriormente, la Ley 37 de 193313 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
34. Por su parte, la Ley 91 de 198914, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
11 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
13 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
35. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1015 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.
36. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
37. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201817, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
15 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
38. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados18, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
18 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandante: Blanca Cecilia Piñeros de Monroy
Demandado: UGPP
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
39. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
40. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Edad
41. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy nació
el 31 de octubre de 1952, como consta en la cédula de ciudadanía19, en consecuencia,
acreditó la edad de 50 años, el 31 de octubre de 2002.
• Vinculación docente
42. La señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy fue nombrada interinamente por el
alcalde mayor del distrito especial de Bogotá, a través del Decreto 1110 del 21 de
noviembre de 1971, en el cargo de maestra de primaria, por el término de la licencia
de maternidad de la docente Clara Parra Domínguez20.
43. Luego, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en la Resolución 02210 del
28 de septiembre de 1972, encargó en interinidad a la accionante por el término de la
licencia de maternidad de Diva Sierra de Montoya, de 56 días, del 20 de septiembre al
14 de noviembre de 197221.
44. La señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy fue nombrada por el ministro de
Educación Nacional, mediante la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973, en el cargo
de maestra de enseñanza secundaria, en el colegio Sibaté, vereda de Chacua,
Cundinamarca22. Conforme la copia del acta del 10 de abril de 1973, la señora Blanca
Cecilia Piñeros de Monroy se posesionó en el cargo de profesora de secundaria del
Colegio Cooperativo de Chacua, en el municipio de Sibaté, nombrada mediante la
Resolución 2779 del 3 de abril de 1973 del Ministerio de Educación Nacional.
45. Posteriormente, el ministro, a través de la Resolución 2504 del 16 de abril de 1974,
trasladó a la demandante al Centro San Luis Gonzaga Fe y Alegría de Bogotá, desde
el 1° de enero de 197423. La actora fue trasladada nuevamente, por el ministro, en la
Resolución 7614 del 9 de mayo de 1979, al Colegio Cooperativo ADEPAF de Bogotá,
19 Idem, pág. 59.
20 Folios 75 a 76 del expediente físico.
21 Folio 78 del expediente físico.
22 Folios 330 vuelto a 331 del expediente físico.
23 Folio 328 vuelto a 330 del expediente físico.
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desde el 1°. de marzo de 1979.
46. Igualmente, obra en el proceso el reporte de cesantías emitido por la Secretaría
de Educación Distrital de los años 1977 a 1986 y se indica que la accionante pertenecía
a «docente planteles nacionales»24.
47. El Ministerio de Educación, en el oficio 2022-EE-117429 del 31 de mayo de 2022,
informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que «desde que se inició el
proceso de descentralización son los departamentos, distritos y municipios certificados
en educación, quienes administran el personal docente y administrativo de las
Instituciones Educativas. Sin embargo, después de consultar las bases de datos que
reposan en el Ministerio, se encontraron los siguientes actos administrativos a nombre
de la señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy», a saber, acta de posesión, Resolución
2779 del 3 de abril de 1973, Resolución 2504 del 16 de abril de 1974, Resolución 4636
del 3 de julio de 1974 y Resolución 7614 del 9 de mayo de 197925.
48. La Secretaría de Educación de Bogotá, en el oficio S-2022-199540 del 9 de junio
de 2022, certificó que el cargo docente ocupado por la funcionaria Blanca Cecilia
Piñeros de Monroy «pasó a ser del distrito, desde la entrada en vigencia del Acuerdo
7 de 1996, por medio del cual “se adiciona a la planta de personal docente, directivo
docente y administrativo de la Secretaría de Educación de Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones”. El cual en su contenido considerativo establece»26:
Artículo 5.- Incorporar sin solución de continuidad y conservando los derechos adquiridos
a la Planta de Personal de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los funcionarios
que vienen desempeñando los cargos docentes, directivo docente y administrativo,
nacionales y nacionalizados, de los establecimientos educativos, Fondo Educativo
Regional, Oficina Seccional de Escalafón y Centro Experimental Piloto de Santa Fe de
Bogotá.
49. El 16 de junio de 2022, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de
Educación de la Alcaldía de Bogotá informó que «luego de revisar la hoja de vida de
la señora Blanca Piñeros de Monroy, identificada con cédula (…), solo se encontró que
la exfuncionaria nombrada con la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973 es catalogada
en el tipo de vinculación y fuente de recursos: nacional. Además, el tipo de vinculación
de la docente siempre fue el mismo hasta la fecha de su retiro de la entidad» 27.
50. Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, del 14 de
octubre de 2022 de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el que se indicó que la
vinculación docente Blanca Cecilia Piñeros de Monroy era nacional, nombrada
mediante la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973, y el establecimiento educativo
correspondía al IED Colegio Nacional Nicolás Esguerra, con retiro del servicio por
renuncia, conforme la Resolución 222 del 29 de enero de 202128.
24 Folio 322 vuelto.
25 Índice 5 Samai, 46ED_C0140OTROS_RESPUESTA REQUERIMIENTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL.
26 Índice 5 Samai, 47ED_C01_41OTROS-RESPUESTA REQUERIMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACION
DISTRITAL
27 Folio 279 del expediente físico.
28 Folios 362 vuelto y 363 del expediente físico.
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• Actos demandados
51. Mediante la Resolución RDP 041940 del 3 de noviembre de 2016, la UGPP le negó
el reconocimiento de una pensión gracia a la señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy
con fundamento en que fue docente nacional del 10 de abril de 1973 al 23 de mayo de
201629. Esta decisión fue confirmada en la Resolución RDP 008965 del 8 de marzo de
2017, que resolvió el recurso de apelación30.
3.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo análisis, la actora solicita la nulidad de las resoluciones que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de una docente
nacional, puesto que, en su criterio, si bien fue nombrada por el Ministerio de
Educación en una plaza nacional hasta el 9 de julio de 1996, a partir de esta fecha, el
vínculo mutó a distrital por disposición de la Ley 60 de 1993, en el marco del proceso
descentralización.
53. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la señora
Blanca Cecilia Piñeros de Monroy cumplió más de 20 años, en la calidad de docente
territorial y nacionalizada. Como fundamento de la decisión determinó que la actora
fue maestra territorial para las Secretarías de Educación del departamento de
Cundinamarca y del distrito capital de Bogotá, en los años 1971 y 1972. En cuanto a
los tiempos laborados, en virtud del nombramiento ordenado por el Ministerio de
Educación Nacional en la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973, el fallador de primera
instancia estableció que la vinculación nacional pasó a ser del distrito de Bogotá, desde
el 11 de junio de 1996.
54. Inconforme con esta decisión, las dos partes presentaron recurso de apelación. La
accionante solicitó que se condene en costas a la UGPP y que se disponga el
incremento de las mesadas pensionales con el mismo incremento del salario mínimo
mensual legal vigente (SMLMV). A su turno, la UGPP alega que la maestra estuvo
vinculada a una institución educativa nacional, según la resolución del Ministerio de
Educación Nacional, lo que hace improcedente el reconocimiento de la pensión gracia;
afirmó que para ser beneficiario de la pensión gracia, se deben cumplir todos los
requisitos antes de la expedición de la Ley 91 de 1989; y que la docente fue investigada
en procesos disciplinarios y penales.
55. Visto lo anterior, en el proceso se demostró que la señora Blanca Cecilia Piñeros
de Monroy cumplió 50 años el 31 de octubre de 2002, toda vez que nació el 31 de
octubre de 1952; prestó sus servicios como docente interina territorial desde el 7 de
septiembre de 1971, nombrada por el alcalde mayor del distrito especial de Bogotá31,
y del 20 de septiembre al 14 de noviembre de 1972, fue designada en interinidad por
la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Las partes no formulan censura en los
recursos de apelación en lo que respecta a estos tiempos de servicios.
56. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional nombró a la accionante, a través
de la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973, en el cargo de maestra de enseñanza
29 Folios 85 a 90 del expediente físico.
30 Folios 108 a 110 del expediente físico.
31 Folios 75 a 76 del expediente físico.
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secundaria, en el colegio de Sibaté, vereda de Chacua, Cundinamarca32. Y se retiró
del servicio por renuncia, según la Resolución 222 del 29 de enero de 202133.
57. Con el propósito de resolver lo indicado en el recurso de apelación de la UGPP, se
estudiará el nombramiento de la señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy ordenado por
el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973,
en el cargo de maestra de enseñanza secundaria, en el colegio Sibaté, vereda la Chacua,
Cundinamarca.
58. En este orden de ideas, la Sala anticipa que el nombramiento de la accionante fue
en una plaza docente nacional, en tanto: (i) el Ministerio de Educación dictó la resolución
de designación 2779 del 3 de abril de 1973; (ii) la actora pertenecía a planteles
nacionales, según el reporte de cesantías de los años 1977 a 198634; (iii) en oficio del 16
de junio de 2022, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación de
la Alcaldía de Bogotá informó que el tipo de vinculación de la maestra era nacional,
nombrada en la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973; y, (iv) el 14 de octubre de 2022,
la Secretaría de Educación de Bogotá certificó en el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral, la vinculación nacional en el Colegio Nacional Nicolás
Esguerra, hasta el retiro del servicio el 1°. de febrero de 202135.
59. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la plaza nacional pasó a ser territorial a partir
del 11 de junio de 1996, como consecuencia de la transferencia de la administración del
servicio educativo de la nación a las entidades territoriales, para lo cual se apoyó en que
la Secretaría de Educación de Bogotá afirmó, el 9 de junio de 202236, que la plaza se
convirtió en distrital con ocasión del Acuerdo 7 de 199637. Sobre el particular se debe
decir que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma Secretaría de Educación, el
16 de junio de 2022, sostuvo que la plaza docente en que fue nombrada la accionante,
mediante la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973 era nacional y que «el tipo de
vinculación de la docente siempre fue el mismo hasta la fecha de su retiro de la
entidad»38.
60. En consecuencia, al valorar en conjunto el documento del 16 de junio de 2022 de la
Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Bogotá con el acto de nombramiento,
el reporte de cesantías y el Formato Único para la Expedición de Certificado de la Historia
Laboral, se concluye que la plaza fue nacional desde el nombramiento en el año 1973
hasta el retiro del servicio, aunque haya sido administrada por la Secretaría de Educación
de Bogotá desde el año 1996, en el marco del proceso de descentralización del servicio
educativo. Por ello, la incorporación del personal docente nacional a la entidad territorial
no cambió la vinculación para efectos de la normativa que regula el reconocimiento de
la pensión gracia en las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.
61. En este sentido, el hecho de la incorporación de la planta docente al distrito de
32 Folios 330 vuelto a 331 del expediente físico.
33 Folios 362 vuelto y 363 del expediente físico.
34 Folio 322 vuelto.
35 Folios 362 vuelto y 363 del expediente físico.
36 Índice 5 Samai, 47ED_C01_41OTROS-RESPUESTA REQUERIMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACION
DISTRITAL.
37 Por medio del cual se adiciona a la planta de personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaría
de Educación de Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
38 Folio 279 del expediente físico.
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Bogotá no varió la vinculación nacional de la docente. En este punto, es importante
precisar que: (i) la vinculación con carácter nacional no se vio modificada en razón de
otro tipo de nombramiento o situación administrativa; y (ii) el proceso de
descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de 1993 no mutó la
naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado con anterioridad a la Ley 60
de 1993.
62. Sobre esta última consideración, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso identificado con el
radicado 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), precisó que:
Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó de
ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de personal del
departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de
maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido
el carácter de territoriales.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación39. (Destacado fuera del texto)
63. Entonces, está decantado por esta corporación que el proceso de descentralización
de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal proceso,
dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las particularidades
de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del servicio de
educación oficial.
64. La dependencia del cargo docente a la Secretaría de Educación del Distrito tiene su
razón de ser en la descentralización de la educación ordenada por la Ley 60 de 1993 40.
En efecto, los artículos 2° y 3° de la Ley 60 de 1993 indican que corresponde a los
municipios y departamentos administrar los recursos cedidos por la nación y planificar
las competencias para el sector educación.
65.Pues bien, entonces la vinculación docente de la accionante ordenada por el
Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 2779 del 3 de abril de 1973 fue en
una plaza nacional hasta la fecha de retiro del servicio el 1°. de febrero de 2021; en
consecuencia, no cumple con el requisito de haber prestado sus servicios durante 20
39 Sobre este mismo particular, pueden verse también las Sentencias del 25 de agosto en el expediente 76001-23-
33-000-2015-01378-01 (2785-2018); y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01
(2401-2022), citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-00236-01
(1249-2022).
40 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
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años en una plaza territorial o nacionalizada y se debe revocar la sentencia de primera
instancia que accedió al reconocimiento de la pensión gracia.
66. En atención a que se revocará el fallo apelado carece de objeto pronunciarse sobre
los demás reparos del recurso de apelación de la entidad y de la parte actora.
3.6. Conclusión
67. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que la señora Blanca Cecilia Piñeros de Monroy no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial
fue nacional, a partir del 10 de abril de 1973.
4. Costas
68. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 1° de noviembre de 2022, que
accedió a las pretensiones de la demanda, presentada por Blanca Cecilia Piñeros de
Monroy contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
41 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: Blanca Cecilia Piñeros de Monroy
Demandado: UGPP
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). En su lugar, se dispone,
NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NJCC/HGM
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