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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00300-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00300-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 24 de octubre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone: Segundo: Declarar la nulidad del Auto ADP 013273 del 24 de octubre de 2016, por medio del cual la UGPP ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia. Tercero: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión gracia a favor de Belsi Amira Latorre Jaimes, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el en el año anterior al adquirió el estatus pensional –el 28 de septiembre de 2004–, con efectos fiscales a partir del 1 de noviembre de 2016, por 33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2019-00300-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00300-01 (6481-2024)
Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema 1: validez del tiempo laborado con posterioridad al
proceso de nacionalización. Origen de la plaza. Subtema 2: Nombramiento por
intendente nacional. Subtema 3: Situaciones administrativas no afectan la naturaleza
de la designación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 24 de octubre de 2024, que negó las
pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

1. La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, a pesar de que prestó sus servicios en calidad
de docente territorial y nacionalizada por más de 20 años, cumple con la edad requerida
y desempeñó el cargo con honradez, consagración y buena conducta. El Tribunal
Administrativo de Norte de Santander negó el derecho; sin embargo, la accionante
apeló la decisión con fundamento en que no se valoraron en debida forma las pruebas
obrantes en el expediente que dan cuenta que el tiempo laborado por la peticionaria,
con posterioridad al año 1990 fue en instituciones educativas del orden territorial y
nacionalizadas por lo que es válido para acceder a la prestación reclamada. La Sala
revoca la decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra acreditado
el tiempo de servicio docente de 20 años, con vinculación territorial o nacionalizada,
para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Radicación: 54001-23-33-000-2019-00300-01 (6481-2024)
Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

2. Antecedentes
2.1. La demanda

2. La señora Belsi Amira Latorre Jaimes, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 1 de
noviembre de 20191, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad del Auto ADP 013273 del 24 de octubre de 2016,
por medio del cual la UGPP ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento
de la pensión gracia.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, al reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la
Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus (22 de agosto de 2010), con inclusión de
todos los factores salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya
lugar.

2.1.1. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

4. La accionante nació el 28 de septiembre de 1954, por lo que cumplió la edad
de 50 años el 28 de septiembre de 2004. Laboró por más de 20 años al servicio de
instituciones educativas con vinculación de carácter territorial, así: (a) desde el 6 de
marzo de 1978 hasta el 4 de julio de 1984, en virtud del Decreto 229 del 23 de febrero
de 1978, proferido por el intendente nacional de Arauca; y (b) a partir del 15 de julio
de 1990 hasta el 28 de diciembre de 2015, por nombramiento que se hiciera a través
del Decreto 000600 del 9 de julio de 1990, dictado por la gobernación del
departamento de Norte de Santander.

5. Cumplido el tiempo y la edad exigidas legalmente la accionante le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue archivada a través
del Auto ADP 013273 del 24 de octubre de 2016, en el que se indicó que los tiempos
de servicio prestados fueron por nombramientos del orden nacional. Por parte de la
administración no se indicó la procedencia de recursos en contra de ese auto.

6. Estimó que a pesar de que las diferentes certificaciones de tiempos de servicios
prestados señalan que tiene un régimen de pensiones de carácter nacional y, por
tanto, en eso se apoyó la UGP para negar el reconocimiento de la pensión gracia, no
puede pasarse por alto que la relación laboral entre el 15 de julio de 1990 y el 28 de
diciembre de 2015 –supuestamente nacional– mutó a departamental, por mandato de
la Ley 60 de 1993 –descentralización del servicio público educativo–, al haber sido
certificado el departamento Norte de Santander para la prestación del servicio
educativo según la Resolución 4267 del 18 de septiembre de 1996 del Ministerio de
1 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_003ACTAREPARTO.

2

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Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

Educación.

7. En consecuencia, desde el 20 de diciembre de 1996 al 28 de diciembre de 2015
su relación laboral fue de carácter territorial - departamental y ese tiempo es válido
para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Ley 39 de 1903.
• La Ley 114 de 1913.
• La Ley 116 de 1928.
• Ley 24 de 1947.
• Ley 4 de 1966.
• Ley 43 de 1975
• La Ley 91 de 1989.
• La Ley 37 de 1993.
• La Ley 60 de 1993.
• La Ley 100 de 1993.
• La Ley 1437 de 2011.
• El Decreto Ley 2277 de 1979.

9. Al explicar el concepto de la violación, la parte demandante transcribió apartes
de la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia y concluyó que en su caso la entidad se apartó
del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio
docente.

2.2. Contestación de la demanda

10. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada, al contrario,
las pruebas que obran en el expediente administrativo dan cuenta que su relación fue
del orden nacional2.

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia del 24 de
octubre de 20243, negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

12. Indicó que quedó demostrado que la parte accionante se vinculó como maestra
de la escuela rural San Miguel (Saravena), por medio del Decreto 229 del 23 de

2 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_007CONTESTACIONDEMANDA.
3 Samai Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30, 25_SENTENCIA.

3

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Demandada. UGPP

febrero de 1978 y se posesionó el 6 de marzo de 1978, es decir, con anterioridad al
31 de diciembre de 1980, como docente del orden nacionalizado. A partir del 15 de
julio de 1990 hasta el 28 de diciembre de 2015 lo hizo como maestra de carácter
nacional, por lo que los tiempos de servicio prestados desde esa época no eran válidos
para el reconocimiento de la pensión gracia.

13. Agregó que con la expedición de la Ley 29 del 15 de febrero de 1989, a través
de la cual se reestructuró el Ministerio de Educación Nacional, se le asignó a los
departamentos y municipios, de acuerdo con su capacidad, la administración del
personal docente de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados. Tal
descentralización de la educación involucró el traslado de maestros a las entidades
territoriales certificadas en educación, en virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001,
pero, aunque los docentes pasaron a estar a cargo de tales entes, ello no implicó la
mutación del nombramiento nacional a territorial.

14. En ese orden de ideas, concluyó que no se podía aceptar el dicho de la
demandante consistente en que, si bien tenía un nombramiento realizado por la
Nación, el proceso de descentralización del servicio educativo cambió de forma
automática su calidad de docente nacional a territorial o nacionalizado.

2.4. Recurso de apelación

15. La accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

16. Las copias de las diferentes certificaciones que obran en el expediente, como
las de los decretos 229 del 23 de febrero de 1978 del intendente nacional de Arauca,
y 0006000 del 9 de julio de 1990 del gobernador del departamento de Norte de
Santander, prueban que la peticionaria prestó sus servicios como docente en
diferentes instituciones educativas del orden departamental, a través de vinculaciones
de carácter intendencial y nacionalizada, desde el 6 de marzo de 1978 hasta el 4 de
julio de 1984 y a partir del 15 de julio de 1990 hasta el 28 de diciembre de 2015,
respectivamente, tiempos que sumados superan los 20 años en la docencia oficial, lo
que la hace merecedora del reconocimiento de la pensión gracia.

17. Indicó que fue en uso de sus facultades legales –y no delegadas o por
desconcentración– que el gobernador del departamento de Norte de Santander
expidió el Decreto 0006000 del 9 de julio de 1990, a través del cual no solo nombró a
la peticionaria, sino que, además, desvinculó a la señora Susana Chavez Sandoval
de la escuela rural La Platanala del municipio de Durania –institución educativa del
orden nacionalizado–, por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

18. En tal decreto se hizo referencia a que esa docente había sido nombrada

4 Samai Tribunal, índice 00033, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 33,
27_RECEPCIONMEMOR_RECURSODEAPELACION.
4

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mediante el Decreto 0255 del 23 de mayo de 1961, es decir, que tenía vinculación
departamental y quedó cobijada por la nacionalización del servicio educativo prevista
en la Ley 43 de 1975. En consecuencia, como la demandante fue la que reemplazó
a Chavez Sandoval, su vinculación también fue departamental nacionalizada.

19. Posteriormente, Latorre Jaimes fue trasladada a diferentes instituciones
educativas, así: (a) el 28 de julio de 2003 al Colegio José María Córdoba; (b) el 3 de
marzo de 2004 al Colegio Básico Juana Bautista De Mendoza; (c) el 1 de enero de
2011 a la sede principal Juana Berbesi; (d) el 22 de febrero de 2013 a la sede principal
Palo Colorado; (e) el 1 de enero de 2014 a la sede principal La Unión; (f) el 9 de enero
de 2018 a la sede Ramón González Valencia; finalmente, (g) el 1 de febrero de 2019
a la sede principal del Colegio José María Cordoba, planteles educativos del orden
departamental y nacionalizados, ninguno de carácter nacional.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

20. Mediante auto de 25 de marzo de 20255, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

21. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

23. ¿La demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?

5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 6_AUTOQUEADMITE.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

24. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19137,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

25. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

26. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

27. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

28. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a

7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

6

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partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

29. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

30. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y

11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
7

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buena conducta.

31. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

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vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

32. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

33. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

• Edad

34. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Belsi Amira Latorre Jaimes nació el 28 de
septiembre de 1954, según copia de su cédula de ciudadanía16, en consecuencia,
cumplió la edad de 50 años el 28 de septiembre de 2004.

• Vinculación docente

35. La copia del Decreto 229 de 23 de febrero de 197817 da cuenta que el
intendente nacional de Arauca nombró a la señora Belsi Amira Latorre Jaimes como
profesora de la escuela rural San Miguel No. 2, jurisdicción de Saravena.

36. Según la copia del acta de posesión del 6 de marzo 197818, Belsi Amira Latorre
Jaimes se presentó al despacho de la Alcaldía del municipio de Saravena (Arauca)
con el objeto de tomar posesión del cargo de profesora de la escuela rural San Miguel
No. 2, para el que fue nombrada mediante el Decreto Intendencial 229 del 23 de
febrero de 1978.

37. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Arauca del 16
de enero de 201619, consta que la demandante se vinculó al plantel educativo ESC
Banadia II (Saravena) como docente nacionalizada, a partir del 6 de marzo de 1978
hasta el 4 de julio de 1984.

38. Se resalta que a pesar de que en este formato se hace referencia a la anterior
institución de educación, cuyo nombre no concuerda con el señalado en el decreto de
nombramiento y en el acta de posesión (escuela rural San Miguel No. 2) relacionados
en los párrafos previos, lo cierto es que ese formato sí es claro en señalar que la

16 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 9.
17 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 34.
18 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 35.
19 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 10.

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Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

docente fue nombrada por medio del Decreto 229 del 23 de febrero de 1978, por lo
que se estima que el nombre del plantel pudo haber cambiado, sin que se observe
alguna alteración en la naturaleza de la plaza.

39. Según la copia del Decreto 000600 de 9 de julio de 199020, el gobernador del
departamento de Norte de Santander nombró a la señora Belsi Amira Latorre Jaimes
como docente «seccional, grado 1.°» de la escuela rural La Platanala del municipio de
Durania, en remplazo de Susana Chavez Sandoval a quien desvinculó del cargo de
directora de esa institución educativa por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

40. Según la copia del del acta de posesión21 del 15 de julio de 1990, Belsi Amira
Latorre Jaimes se presentó al despacho del alcalde del municipio de Durania con el
objeto de tomar posesión del cargo «seccional, Grado 1.°» de escuela rural La
Platanala, para el que fue nombrada mediante el Decreto 000600 de 9 de julio de
1990.

41. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido el 3 de diciembre de 2021 por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Norte de Santander22, en los
acápites «III. SITUACIÓN LABORAL» y «IV. HISTORIA LABORAL», consta que la
demandante laboró como docente en provisionalidad con vinculación «nacional», por
nombramiento que se hiciera a través del Decreto 000600 del 9 de julio de 1990 y que
tomó posesión del cargo el 15 de julio de próximo.

42. El mencionado documento también reporta como «NOVEDADES» que la
peticionaria fue trasladada a diferentes instituciones educativas después del anterior
nombramiento, pero no da cuenta que la relación laboral haya finalizado con el
departamento de Norte de Santander, inclusive, certifica que desde el 15 de julio de
1990 hasta la fecha de expedición de la certificación, esto es, el 3 de diciembre de
2021, el tiempo total de servicios es de 31 años, 4 meses y 19 días, sin registrar
ausencias ni suspensiones, lo que da a entender que la prestación del servicio fue
continua.

43. En resumen, de las copias de los decretos de nombramiento, actas de posesión
y del formato único para la expedición de certificado de historia laboral, se demuestra
que la aquí demandante prestó el servicio docente durante los siguientes periodos:

Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
de vinculación inicio finalización
Banadia II Docente Decreto 229 de 6/03/1978 4/07/1984 6 años, 3
(municipio de 23 de meses y 29
Saravena) diciembre de días
1978

20 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 165.
21 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 169.
22 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_RESPUESTAOFICIOP, pp. 4 a 9.

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Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

La Platanala Docente Decreto 15/07/1990 Sin fecha 31 años, 4
(municipio de 000600 de 9 de de meses y 19
Durania) y julio de 1990 finalización días23
otros entes
educativos
(por
traslados)
Total 37 años, 8
tiempo de meses y 18
servicio días
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados

44. La UGPP, mediante Auto ADP 013273 del 24 de octubre de 201624, ordenó el
archivo de la petición de reconocimiento de la pensión gracia, solicitada el 17 de junio
de 2016, porque los tiempos de servicio fueron prestados en virtud de nombramientos
del orden nacional.

3.5. Caso concreto

45. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad del auto que le negó
el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto cumple la edad, el tiempo de servicio
para acceder a dicho derecho y la buena conducta.

46. El Tribunal negó el reconocimiento de la prestación con fundamento en que los
servicios prestados por la demandante fueron en calidad de docente nacional a partir
del 15 de julio de 1990, por lo que no era válido acceder al derecho, máxime que si
bien la descentralización de la educación involucró el traslado de maestros a las
entidades territoriales certificadas en educación, como lo fue el departamento de Norte
de Santander, en virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, ello no implicó la
mutación del nombramiento nacional a territorial. Por tanto, no se podía aceptar el dicho
de la demandante consistente en que si bien pudo tener nombramiento realizado por
la Nación, el proceso de descentralización del servicio educativo cambió de forma
automática su calidad de docente nacional a territorial o nacionalizado.

47. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
para que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda,
porque estima que el tiempo de servicio prestado a partir del 15 de julio de 1990, fue
en virtud del nombramiento hecho por el gobernador del departamento de Norte de
Santander, a través del Decreto 000600 de 9 de julio de 1990, por lo que es válido para
proceder al reconocimiento de la pensión de gracia al ser del orden territorial.

48. En este contexto, la Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

23 Según formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido el 3 de diciembre de 2021 por

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Norte de Santander.
24 Samai Tribunal, índice 00015, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 15, 10_ ONEDRIVE_DEMANDA, pp. 16 a 19.

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Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
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3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980

49. El análisis en conjunto de las copias del Decreto 229 de 23 de diciembre de
1978, del acta de posesión del 6 de marzo 1978 y del formato único para la expedición
de certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación del
departamento de Arauca del 16 de enero de 2016, demuestra que la demandante
ejerció la actividad como docente de carácter nacionalizada en la escuela rural San
Miguel No. 2, jurisdicción de Saravena, a partir del 6 de marzo de 1978 hasta el 4 de
julio de 1984.

50. No se soslaya que el Decreto 229 del 23 de febrero de 1978 fue proferido por
el intendente nacional de Arauca, lo que en principio podría dar lugar a confusiones
sobre la naturaleza de la plaza, circunstancia que justifica que se realice una
aclaración al respecto por parte de la Sala.

51. En relación con lo anterior, se tiene que en el artículo 1.° de la Ley 2 de 1943
se estableció que:

Las Intendencias y Comisarias de que habla el artículo 5° de la Constitución Nacional,
son personas jurídicas. Se asimilan a los Departamentos en cuanto no pugne con las
disposiciones de carácter especial y, en consecuencia, les son aplicables las leyes que
se refieran a los Departamentos sin haber exclusión manifiesta de las Intendencias y
Comisarias, o que no sean incompatibles con la naturaleza de estas ni con su régimen
especial.

52. Posteriormente, a través de la Ley 22 del 18 de enero de 1985 se indicó que la
administración de las intendencias y comisarias correspondería a los Consejos
Intendenciales y Comisariales.

53. De las normas citadas se destaca la asimilación que efectúan las intendencias
a los departamentos, lo que le ha permitido a la Sección considerar la naturaleza
territorial de las primeras y, por consiguiente, que los nombramientos efectuados por
los intendentes tienen la misma naturaleza, como se expuso en providencia del 30 de
octubre de 202425, retirando lo dicho en sentencia del 17 de octubre de 201726, así:

encuentra la Sala que el tiempo de servicios laborado por el actor, correspondiente
al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983, ha
de ser tenido en cuenta en calidad de docente del orden territorial, puesto que según
se encuentra acreditado en el plenario dicha vinculación se produjo debido a
nombramiento efectuado por el Intendente Nacional de Arauca en el cual se nombra
al señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN como profesor de la Escuela Rural
Calafitas del Municipio de Saravena, quien posteriormente efectúa su traslado a otra
Institución y finalmente a través del Decreto No. 1197 de 1983 el mismo funcionario
acepta la renuncia presentada por el actor a partir del 30 de noviembre del mismo
año.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2024, exp. 18001-23-33-

000-2016-00152-01 (5985–2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de octubre de 2017, exp. 05001-23-33-000- 2014-00638-

01 (2753-2016).
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Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
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[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 19855 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos.

Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P7.

Para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado por el actor
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal como se
advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden territorial,
puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era administrada por
el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial, esto es gozaba de
autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se prevé en la Ley 2ª
de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.

Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se
nacionalizó la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito Especial
de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en
la anterior norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía
prestando las intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de
Arauca, por lo tanto los nombramientos efectuados por este se entienden de
naturaleza nacionalizada, tal como lo ordenó la norma.

Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.

(…)

En línea de la citada jurisprudencia, se debe entender que las intendencias nacionales
eran entidades territoriales, que con la entrada en vigencia de la Constitución Política
de 1991 pasaron a ser departamentos, por lo que los docentes vinculados tenían la
condición de territoriales o nacionalizados, según cada caso particular, pues las
intendencias también fueron sometidas al proceso de nacionalización de la educación
desarrollado en la Ley 43 de 1975.27

54. Añádase a las anteriores consideraciones, atinentes a la entidad territorial de
Arauca, que a través del Acto Legislativo 2 de 1989 se autorizó su transformación de
intendencia a departamento, lo que se materializó mediante el Decreto 2274 de 1991,
lo que a su vez explica que cuando se dictó el Decreto 229 de 23 de febrero de 1978,
para nombrar docente a la demandante, este lo suscribiera el referido intendente.

55. En ese orden de ideas, a través del Decreto 229 de 23 de febrero de 1978 del

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2024, exp. 18001-23-33-

000-2016-00152-01 (5985–2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de octubre de 2018, exp. 18001-23-33-000-2014-00229-01
(3494-16), M.P. Carmelo Perdomo Cueter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del
12 de septiembre de 2024, exp. 18001-23-33-000-2021-00159-01 (7287-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.

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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00300-01 (6481-2024)
Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

intendente nacional de Arauca, se materializó una designación territorial, a la luz del
criterio jurisprudencial expuesto, circunstancia que confirma el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral del 16 de enero de 201628, en el que
consta que la demandante se vinculó como docente nacionalizada a partir del 6 de
marzo de 1978 hasta el 4 de julio de 1984.

56. En consecuencia, la peticionaria ejerció el empleo de docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante una vinculación que habilita el reconocimiento de la
pensión gracia.

3.5.2. Tiempos laborados desde el 15 de julio de 1990

57. En relación con el tiempo de servicio docente prestado por la demandante a
partir del 15 de julio de 1990, conforme a los hechos probados, se tiene que:

58. En el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido
el 3 de diciembre de 2021 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Secretaría de Educación de Norte de Santander, se mencionó que el tipo
de vinculación de la docente fue en propiedad del orden «nacional», desde el 15 de
julio de 1990.

59. Sin embargo, al revisar el Decreto 000600 de 9 de julio de 1990, se encuentra
que la demandante fue nombrada por una entidad territorial, esto es, por el gobernador
del departamento de Norte de Santander. Además, la designó maestra seccional,
grado 1.° de la escuela rural La Platanala del municipio de Durania de ese mismo
departamento, en remplazo de Susana Chavez Sandoval a quien desvinculó del cargo
de directora de esa institución educativa al haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

60. Por otra parte, analizada el acta de posesión del 15 de julio de 1990, se tiene
que Belsi Amira Latorre Jaimes se presentó al despacho del alcalde del municipio de
Durania con el objeto de tomar posesión del cargo «seccional, grado 1.°» de la escuela
rural La Platanala, para el que había sido nombrada mediante el Decreto 000600 de
9 de julio de 1990, por lo que es dable concluir que la naturaleza jurídica de la
vinculación de la demandante fue territorial.

61. Ahora, del decreto de nombramiento y el acta de posesión en mención, no se
evidencia la intervención directa del Ministerio de Educación Nacional para adoptar
dicha decisión, así como tampoco mención alguna sobre una plaza nacional o
institución con tal carácter que permita inferir que el nombramiento tenía por objeto
ocupar un empleo del referido nivel.

62. Adicionalmente, aunque el Decreto 000600 de 9 de julio de 1990 también está
suscrito por el Fondo Educativo Regional –FER–, la Sala reitera las reglas de
unificación definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, según las
cuales el origen de los recursos destinados a la financiación de los salarios de los

28 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 10.

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docentes no incide en la determinación del tipo de vinculación, pues se insiste en que
lo «esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia es la
acreditación de la plaza» con carácter territorial o nacionalizado, cuanto más, si los
entes territoriales una vez reciben las transferencias provenientes del Sistema General
de Participaciones se convierten en su propiedad, conforme a la referida sentencia de
unificación.

63. Ahora, lo que se observa de la copia del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido el 3 de diciembre de 2021 por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Norte de
Santander, es que la peticionaria fue trasladada a diferentes instituciones educativas
del departamento de Norte de Santander, así: (a) el 28 de julio de 2003 al Colegio
José María Córdoba; (b) el 3 de marzo de 2004 al Colegio Básico Juana Bautista De
Mendoza; (c) el 1 de enero de 2011 a la sede principal Juana Berbesi; (d) el 22 de
febrero de 2013 a la sede principal Palo Colorado; (e) y el 9 de enero de 2018 a la
sede Ramón González Valencia.

64. Sin embargo, a pesar de que la demandante fue objeto de esos traslados, las
condiciones de su vinculación docente no se modificaron, pues, como lo ha precisado
la jurisprudencia de esta Sección29, las situaciones administrativas no afectan la
naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que
implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido alteración».

65. Sobre el particular, la Sala hace eco del argumento del juez de primera
instancia, consistente en que la descentralización de la educación, que involucró el
traslado de maestros a las entidades territoriales certificadas en educación, en virtud
de la Ley 60 de 1993, no conlleva la mutación del nombramiento nacional a territorial,
o viceversa, lo cual es de recibo para la Sala, al punto que en diferentes oportunidades
ha sostenido30 lo siguiente:

En este punto, es importante precisar que: (i) la vinculación con carácter nacional no
se vio modificada en razón de otro tipo de nombramiento o situación administrativa; y
(ii) el proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de
1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado con
anterioridad a la Ley 60 de 1993.

(…)

Entonces, está decantado por esta corporación que el proceso de descentralización
de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal
proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del
servicio de educación oficial.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16

de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27

de febrero de 2025, exp. 25000-23-42-000-2018-02544-01 (1805–2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00300-01 (6481-2024)
Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

66. En lo que no está de acuerdo la Sala con el a quo, es que haya concluido que
la vinculación de la docente fue del orden nacional, aunque el Decreto 000600 del 9
de julio de 1990 revele que las condiciones de la vinculación docente con el
departamento de Norte de Santander fueron del orden territorial y, por tanto, el tiempo
de servicio laborado desde el 15 de julio de 1990 es válido para el reconocimiento de
la pensión de gracia.

67. En consecuencia, la sumatoria total de servicio docente en plazas territoriales
es de 37 años, 8 meses y 18 días, como quedó consignado en la tabla 1, lo que la
hace beneficiaria del reconocimiento de la pensión gracia.

3.5.3. Buena conducta

68. Este requisito hace referencia a que el empleo se haya desempeñado con
honradez y consagración, entonces, a partir de la declaración sobre el ejercicio del
cargo con honradez e idoneidad, rendida por la accionante31, y la ausencia de algún
documento del cual pueda desprenderse que esta incurrió en mala conducta durante
el servicio docente, no se advierte razón para poner en duda la presunción de buena
fe con la que deben actuar los particulares y las autoridades públicas, que también
cobija a los servidores del Estado.

3.5.4. De la prescripción de las mesadas pensionales

69. Ante la prosperidad de la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia, la
Sala precisa frente a la prescripción del derecho al pago de las mesadas pensionales,
que la accionante cumplió los 20 años de servicio el 15 de marzo de 200432, pero
cumplió la edad de 50 años el 28 de septiembre de 2004, por lo que adquirió el estatus
pensional en esta última fecha.

70. Ahora bien, se observa que la petición que dio origen al acto acusado se
presentó el 17 de junio de 2016, por lo que de conformidad con el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, para hacer efectiva la interrupción de la prescripción (por 3
años) debía presentar la demanda correspondiente a más tardar el 17 de junio de
2019, pero lo hizo con posterioridad el 1 de noviembre de 2019.

71. Esto quiere decir, que fue la presentación de la demanda de la referencia la que
efectivamente interrumpió la prescripción de las mesadas causadas 3 años atrás.
Dicho de otro modo, que prescribieron las sumas de dinero anteriores al 1 de
noviembre de 2016.

31 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 1_ED_ANEXODDEMANDA, pp. 17.
32 Teniendo en cuenta que: (a) frente a la primera vinculación, del 6 de marzo de 1978 al 4 de julio de 1984,

transcurrieron 6 años, 3 meses y 29 días. (b) La segunda vinculación inició el 15 de julio de 1990, (c) por lo que
los 13 años, 8 meses y 1 día que se requería para cumplir los 20 años de servicios desde la anterior fecha (15 de
julio de 1990) se cumplieron el 15 de marzo de 2004, teniendo en cuenta que la peticionaria desde el 15 de julio
de 1990 trabajó de forma ininterrumpida.
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Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

3.6. Conclusión

72. La Sala concluye que la accionante cumplió más de 20 años de servicios como
maestra territorial y nacionalizada, acreditó la edad de 50 años y se demostró la buena
conducta; por tanto, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia reclamada
desde el 28 de septiembre de 2004, pero con efectos fiscales desde el 1 de noviembre
de 2016, al haber operado la prescripción.

4. Costas

73. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario33 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el 24 de octubre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda. En su
lugar se dispone:

Segundo: Declarar la nulidad del Auto ADP 013273 del 24 de octubre de 2016, por
medio del cual la UGPP ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia.

Tercero: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión gracia a favor de Belsi
Amira Latorre Jaimes, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el en el año anterior al adquirió el estatus pensional –el 28
de septiembre de 2004–, con efectos fiscales a partir del 1 de noviembre de 2016, por

33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

17

Radicación: 54001-23-33-000-2019-00300-01 (6481-2024)
Demandante: Belsi Amira Latorre Jaimes
Demandada. UGPP

prescripción.

Las anteriores sumas deberán actualizarse de acuerdo con la fórmula según la cual,
el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago), así:
R = Rh Índice inicial
Índice final

Cuarto: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 1 de noviembre de 2016, de conformidad
con la parte motiva de esta sentencia.

Quinto: Dar cumplimiento a este proveído en los términos establecidos para ello por
los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Sexto: Sin condena en costas en segunda instancia.

Séptimo: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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