Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01149-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01149-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01149-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01149-02 (0729-2025)
Demandante: Gloria Patricia Plaza Lenis
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: validez del tiempo laborado con posterioridad al
proceso de nacionalización. Origen de la plaza.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 23 de octubre de 2024, que negó las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
1. La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, a pesar de que prestó sus servicios en calidad
de docente territorial y nacionalizada por más de 20 años, cumple con la edad requerida
y desempeñó el cargo con honradez, consagración y buena conducta. El Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó el derecho; sin embargo, la accionante apeló
la decisión con fundamento en que no se valoraron en debida forma las pruebas
obrantes en el expediente, que dan cuenta que el tiempo laborado por la peticionaria
con posterioridad al año 1993 fue en instituciones educativas del orden territorial y
nacionalizadas, por lo que es válido para acceder a la prestación reclamada. La Sala
revoca la decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra acreditado
el tiempo de servicio docente de 20 años, con vinculación territorial o nacionalizada,
para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01149-01 (0729-2025)
Demandante: Gloria Patricia Plaza Lenis
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
2. La señora Gloria Patricia Plaza Lenis, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de
septiembre de 20201, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 007357 del 27 de febrero
de 2017 y RDP 021280 del 23 de mayo de 2017, por medio de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, al reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la
Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus (13 de agosto de 2013), con inclusión de
todos los factores salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya
lugar.
2.1.1. Hechos
3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
4. La accionante nació el 20 de febrero de 1957, por lo que cumplió la edad de 50
años el 20 de febrero de 2007. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas con vinculación de carácter territorial, así: (a) desde el 11 de mayo de 1978
hasta el 10 de julio de 1978, en virtud de la Resolución 058 del 30 de mayo de 1978,
proferida por el director del distrito educativo No. 3 de Palmira; (b) a partir del 13 de
octubre de 1993 hasta el 26 de julio de 2016, por nombramiento que se hiciera a través
del Decreto 2256 del 28 de septiembre de 1993, dictado por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca.
5. Cumplido el tiempo y la edad exigidas legalmente la accionante le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de las resoluciones RDP 007357 del 27 de febrero de 2017 y RDP 021280 del 23 de
mayo de 2017, en las que se indicó que los tiempos de servicio prestados fueron por
nombramientos del orden nacional.
6. Estimó que a pesar de que las diferentes certificaciones de tiempos de servicios
prestados señalan que su vínculo fue del orden nacional y, por tanto, en eso se apoyó
la UGPP para negar el reconocimiento de la pensión gracia, no puede pasarse por
alto que la relación laboral entre el 13 de octubre de 1993 hasta el 26 de julio de 2016
-supuestamente nacional- fue con el departamento del Valle del Cauca; sin embargo,
de estimarse que fue nacional se debe aplicar la tesis consistente en que esa
vinculación mutó a departamental, por mandato de la Ley 60 de 1993
1 Samai, Tribunal, índice 0003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_CORREOREPARTO.
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Demandada: UGPP
–descentralización del servicio público educativo–, al haber sido certificado dicho
departamento para la prestación del servicio educativo según acta del 22 de abril de
1996 del Ministerio de Educación Nacional.
7. En consecuencia, los tiempos de servicio docente prestados desde el 22 de
abril de 1996 al 26 de junio de 2003, son de carácter territorial - departamental y son
válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
8. Seguidamente, sostuvo que el vínculo laboral de orden departamental mutó a
territorial – municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que al municipio de
Santiago de Cali se le entregó la prestación del servicio de educación, según el acta
del 27 de junio de 2003, suscrita entre el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Valle del Cauca.
9. En ese orden, y debido a dicha descentralización, los tiempos de servicio
prestados desde el 27 de junio de 2003 hasta el 26 de julio de 2016 (fecha de
expedición del certificado de tiempo de servicio) son de carácter territorial – municipal
y, por tanto, aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.
10. De aceptarse su dicho, afirmó que el estatus pensional sería a partir del 22 de
febrero de 2016.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Ley 39 de 1903.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 33 de 1933.
• Ley 24 de 1947.
• Ley 4 de 1966.
• Ley 43 de 1975.
• La Ley 91 de 1989.
• La Ley 37 de 1993.
• La Ley 60 de 1993.
• La Ley 100 de 1993.
• La Ley 1437 de 2011.
• Ley 715 de 2001.
• Decreto Ley 2277 de 1979.
• Decreto reglamentario 1743 de 1966.
12. Al explicar el concepto de la violación, la parte demandante transcribió apartes
de la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia y concluyó que en su caso la entidad se apartó
del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio
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Demandada: UGPP
docente.
2.2. Contestación de la demanda
13. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada; al contrario,
las pruebas que obran en el expediente administrativo dan cuenta de que una parte
de su relación laboral fue del orden nacional, esto es, la comprendida a partir del 13
de octubre de 1993 en adelante, sin que dicho tiempo de servicio pueda computarse
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, conforme a la reiterada
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado2.
2.3. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 23 de octubre
de 20243, negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
15. Indicó que quedó demostrado que la parte accionante se vinculó como docente
en la escuela San Juan Bautista del municipio de Santiago de Cali, por medio de la
Resolución 058 del 30 de mayo de 1978 y que se posesionó el 11 de mayo de 1978,
esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, como docente nacionalizada.
16. A partir del 13 de octubre de 1993 lo hizo como maestra de carácter nacional,
en las instituciones educativas Monseñor Ramón Arcila y Técnico Industrial Pedro
Antonio Molina en la sede principal, en virtud del nombramiento que le fue hecho a
través del Decreto 2256 del 28 de septiembre de 1993, por un total de tiempo de 14
años, 9 meses y 22 días, el cual no es válido para el reconocimiento de la pensión
gracia.
17. Indicó que, por medio de la Resolución 6017 del 22 de diciembre de 1995, el
Ministerio de Educación Nacional le otorgó certificación al departamento del Valle del
Cauca para que asumiera la administración de los recursos del situado fiscal y la
prestación de los servicios educativos, al cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 14 de la Ley 60 de 1993.
18. Posteriormente, a través de la Resolución 2749 del 3 de diciembre de 2002, el
Ministerio de Educación Nacional le otorgó certificación al municipio de Santiago de
Cali para que asumiera la prestación del servicio educativo, de conformidad con la Ley
715 de 2001.
19. Finalmente, por Decreto 0500 del 21 de octubre de 2003, el municipio en
mención incorporó a la planta de cargos de la administración central el personal
docente de las instituciones educativas oficiales provenientes del departamento del
Valle del Cauca, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones,
2 Samai Tribunal, índice 00014, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 14, 14_007CONTESTACION.
3 Samai Tribunal, índice 00035, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 35, 38_SENTENCIA.
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entre ellos, a la aquí demandante.
20. Explicó que con la expedición de la Ley 29 del 15 de febrero de 1989, a través
de la cual se reestructuró el Ministerio de Educación Nacional, se le asignó a los
departamentos y municipios, de acuerdo con su capacidad, la administración del
personal docente de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados. Tal
descentralización de la educación involucró el traslado de maestros a las entidades
territoriales certificadas en educación, en virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001,
pero, aunque los docentes pasaron a estar a cargo de tales entes, ello no implicó la
mutación del nombramiento nacional a territorial.
21. Es decir, a partir de la descentralización territorial de la educación, si bien la
demandante continuó con la misma vinculación, en este caso nacional, simplemente
lo que mutó fue lo referente al pago que sería realizado por la administración del
departamento del Valle del Cauca o por el municipio de Santiago de Cali, por mandato
de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.
22. En ese orden de ideas, concluyó que no se podía aceptar el dicho de la
demandante consistente en que, si bien tenía un nombramiento realizado por la
Nación, el proceso de descentralización del servicio educativo cambió de forma
automática su calidad de docente nacional a territorial o nacionalizado.
23. En consecuencia, negó el reconocimiento de la prestación y condenó en costas
a la parte accionante, fijó las agencias en derecho en un 3% sobre el valor de las
pretensiones de la demanda a favor de la entidad demandada.
2.4. Recurso de apelación
24. La accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
25. La copia de la Resolución 058 del 30 de mayo de 1978 da cuenta que el director
del distrito educativo No. 3 de Palmira nombró a la peticionaria como educadora
seccional de la Escuela No. 55 San Juan Bautista del municipio de Palmira, desde el
11 de mayo de 1978 hasta el 10 de julio de 1978, esto es, por un tiempo de dos meses,
el cual fue nacionalizado en virtud de la Ley 43 de 1975 y, por tanto, válido para el
reconocimiento de la pensión gracia.
26. La copia del Decreto 2256 del 28 de septiembre de 1993 evidencia que fue
expedido por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, quien, en uso de
sus facultades legales –y no delegadas o por desconcentración–, nombró a la
demandante «en la planta de cargos de los colegios nacionalizados», en el Distrito
No. 18, Colegio Monseñor Ramón Arcila del municipio de Santiago de Cali, es decir,
el nombramiento fue del orden territorial, aunado a que no tiene visto bueno del
4 Samai Tribunal, índice 00038, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 38, 39_MEMORIALWEB_APELACIONES.
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delegado del Ministerio de Educación Nacional.
27. Así las cosas, sumados los tiempos de servicio del orden departamental –
nacionalizada y territorial - departamental, es decir, desde el 11 de mayo de 1978
hasta el 10 de julio de 1978 y entre el 13 de octubre de 1993 hasta el día 26 de julio
de 2016 –fecha de expedición del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral–, se superan los 20 años en la docencia oficial, lo que hace
merecedora a la peticionaria del reconocimiento de la pensión gracia.
28. No es procedente la condena en costas porque no existen pruebas que
demuestren que la petición de reconocimiento de la pensión gracia se haya hecho en
forma temeraria o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento
jurídico ni tampoco que la demanda se haya iniciado de mala fe; al contrario, el
derecho está fundado en normas constitucionales, legales y en la jurisprudencia de la
materia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto de 12 de mayo de 20255, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
2.6. Ministerio público
30. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto,
en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 5_AUTOQUEADMITE.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
33. ¿La demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?
34. ¿El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca debía analizar la conducta de la
parte vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
35. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19137,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñaran el empleo con
honradez y consagración y no se reciban otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
36. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
37. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
38. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
39. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
40. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
41. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
42. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
43. Según lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los docentes que
hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.3.2. De la condena en costas
44. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»16. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»17.
45. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas
46. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Ibidem.
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Demandada: UGPP
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse»18 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»19.
47. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso20, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»21.
48. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes22. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección23 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)24.
18 https://dle.rae.es/disponer.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23
En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
24 Ibidem.
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3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas
49. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
50. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
51. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo25 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento26.
52. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
25 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
26 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
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actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»27.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
53. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente28),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
54. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
• Edad
55. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Gloria Patricia Plaza Lenis nació el 20 de febrero
de 1957, según copia de su cédula de ciudadanía29, en consecuencia, cumplió la edad
de 50 años el 20 de febrero de 2007.
• Vinculación docente
56. La copia de la Resolución 058 del 30 de mayo de 197830 da cuenta que el
director del distrito educativo No. 3 de Palmira nombró a la señora Gloria Patricia Plaza
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contenciosoadministrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
29 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
83.
30 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
56.
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Demandada: UGPP
Lenis como (educadora) seccional de la Escuela No. 55 San Juan Bautista del
municipio de Palmira, para cubrir una licencia de maternidad a partir del 11 de mayo
de 1978.
57. Según la copia del acta de posesión31, Gloria Patricia Plaza Lenis se presentó
al despacho de la Alcaldía del municipio de Palmira con el objeto de tomar posesión
del cargo, para el que fue nombrada mediante la Resolución 058 del 30 de mayo de
1978.
58. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido por la Secretaría de Educación municipal de Santiago de Cali del 26
de julio de 201632, consta que la demandante se vinculó al plantel educativo Escuela
No. 55 San Juan Bautista como docente nacionalizada, a partir del 11 de mayo de
1978 hasta el 10 de julio de 1978.
59. Según la copia del Decreto 2256 de 28 de septiembre de 199333, el gobernador
del departamento del Valle del Cauca nombró a la señora Gloria Patricia Plaza Lenis
como docente de tiempo completo en el colegio Monseñor Ramón Arcila del municipio
Cali.
60. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, también emitido el 26 de julio de 2016 por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali34, en
los acápites «III. SITUACIÓN LABORAL» y «IV. HISTORIA LABORAL», consta que
la demandante laboró como docente en provisionalidad con vinculación «nacional»,
por nombramiento que se hiciera a través del Decreto 2256 del 28 de septiembre de
1993 y que tomó posesión del cargo el 13 de octubre del mismo año.
61. El mencionado documento también reporta como «NOVEDADES» que la
peticionaria fue trasladada al plantel educativo Técnico Industrial Pedro Antonio
Molina – Sede principal, después del nombramiento hecho por el Decreto 2256, pero
no da cuenta que la relación laboral haya finalizado con el departamento del Valle del
Cauca, inclusive, señala que desde el 13 de octubre de 1993 hasta la fecha de
expedición de la certificación, esto es, 26 de julio de 2016, el tiempo total de servicios
es de 22 años, 9 meses y 14 días, sin registrar ausencias ni suspensiones, lo que da
a entender que la prestación del servicio fue continua.
62. En resumen, de las copias de los decretos de nombramiento, acta de posesión
y de los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral, se
demuestra que la aquí demandante prestó el servicio docente durante los siguientes
31 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
58.
32 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
84 y 85.
33 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
151.
34 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
87 y 88.
14
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Demandante: Gloria Patricia Plaza Lenis
Demandada: UGPP
periodos:
Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
de vinculación inicio finalización
Escuela No. Docente Resolución 058 11/05/1978 10/07/1978 2 meses
55 San Juan del 30 de mayo
Bautista del de 1978
(municipio de
Palmira)
Monseñor Docente Decreto 2256 13/10/1993 Sin fecha 22 años, 9
Ramón Arcila de 28 de de meses y 14
y Técnico septiembre de finalización días35
Industrial 1993
Pedro
Antonio
Molina - por
traslado
(municipio de
Santiago de
Cali)
Total 22 años, 11
tiempo de meses y 14
servicio días
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados
63. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 007357 del 27 de febrero de 201736
y RDP 021280 del 23 de mayo de 201737, negó el reconocimiento de la pensión gracia,
solicitada el 11 de octubre de 2016, porque los tiempos de servicio fueron prestados
en virtud de nombramientos del orden nacional.
3.5. Caso concreto
64. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad de las resoluciones
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto cumple con la edad,
el tiempo de servicio para acceder a dicho derecho y la buena conducta.
65. El Tribunal negó el reconocimiento de la prestación con fundamento en que los
servicios prestados por la demandante fueron en calidad de docente nacional a partir
del 13 de octubre de 1993, por lo que no era válido acceder al derecho. Además,
precisó que, si bien la descentralización de la educación involucró el traslado de
maestros a las entidades territoriales certificadas en educación, como lo fue el
35 Ibidem.
36 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
123 a 127.
37 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
136 a 139.
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departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali, en virtud de las
leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, ello no implicó la mutación del nombramiento nacional
a territorial. Por tanto, no se podía aceptar el argumento de la demandante, planteado
de manera subsidiaria, consistente en que, si bien pudo tener un nombramiento
realizado por la Nación, el proceso de descentralización del servicio educativo cambió
de forma automática su calidad de docente nacional a territorial o nacionalizado.
66. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación para
que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda, porque
estima que el tiempo de servicio prestado a partir del 13 de octubre de 1993, fue en
virtud del nombramiento hecho por el gobernador del departamento del Valle del
Cauca, a través del Decreto 2256 de 28 de septiembre de 1993, por lo que es válido
para proceder al reconocimiento de la pensión de gracia, al ser del orden territorial.
67. En este contexto, la Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
68. El análisis en conjunto de las copias de la Resolución 058 del 30 de mayo de
1978, del acta de posesión y del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación municipal de Santiago de
Cali del 26 de julio de 2016, demuestra que la demandante ejerció la actividad como
docente de carácter nacionalizada en la escuela No. 55 San Juan Bautista del
municipio de Palmira, a partir del 11 de mayo de 1978 hasta el 10 de julio de 1978.
69. En cuanto a la naturaleza de la plaza, se concluye que es territorial -
nacionalizada, en primer lugar, porque la Resolución 058 del 30 de mayo de 1978 fue
proferida por el director del distrito educativo No. 3 de Palmira, quien nombró a Plaza
Lenis como seccional de la Escuela No. 55 San Juan Bautista de ese mismo municipio.
En segundo lugar, porque la mencionada señora tomó posesión del cargo ante la
Alcaldía del municipio de Palmira y, finalmente, el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación municipal de
Santiago de Cali del 26 de julio de 2016, es claro en señalar que la demandante se
vinculó como docente nacionalizada a partir del 11 de mayo de 1978 hasta el 10 de
julio de 1978, por lo que no hay duda de tal carácter.
70. En consecuencia, la peticionaria ejerció el empleo de docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante una vinculación que habilita el reconocimiento de la
pensión gracia.
3.5.2. Tiempos laborados desde el 13 de octubre de 1993
71. En relación con el tiempo de servicio docente prestado por la demandante a
partir del 13 de octubre de 1993, conforme a los hechos probados, se tiene que:
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72. En el formato único para la expedición del certificado de historia laboral, que
fue emitido el 26 de julio de 2016 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, se mencionó que
el tipo de vinculación de la docente fue en provisionalidad del orden «nacional», desde
el 13 de octubre de 1993.
73. Sin embargo, al revisar el Decreto 2256 de 28 de septiembre de 1993, se
encuentra que la demandante fue nombrada por una autoridad territorial, esto es, por
el gobernador del departamento del Valle del Cauca, como docente de tiempo
completo en el colegio Monseñor Ramón Arcila del municipio Cali, por lo que es dable
concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la señora Plaza Lenis fue
territorial.
74. Del decreto de nombramiento no se evidencia la intervención directa del
Ministerio de Educación Nacional para adoptar dicha decisión, así como tampoco
mención alguna sobre una plaza nacional o institución con tal carácter que permita
inferir que el nombramiento tenía por objeto ocupar un empleo del referido nivel.
75. Lo que se observa de la copia del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido el 26 de julio de 2016 por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación del municipio de
Santiago de Cali, es que la peticionaria fue trasladada a otra institución educativa del
municipio de Santiago de Cali, a partir del 4 de diciembre de 2001, esto es, plantel
educativo Técnico Industrial Pedro Antonio Molina – Sede principal.
76. Sin embargo, a pesar de que la demandante fue objeto de ese traslado, las
condiciones de su vinculación docente no se modificaron, pues, como lo ha precisado
la jurisprudencia de esta Sección38, las situaciones administrativas no afectan la
naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que
implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido alteración».
77. Sobre el particular, la Sala hace eco del argumento del juez de primera
instancia, consistente en que la descentralización de la educación, que involucró el
traslado de maestros a las entidades territoriales certificadas en educación, en virtud
de la Ley 60 de 1993, no conlleva la mutación del nombramiento nacional a territorial,
o viceversa, lo cual es de recibo para la Sala, al punto que en diferentes oportunidades
ha sostenido39 lo siguiente:
En este punto, es importante precisar que: (i) la vinculación con carácter nacional no
se vio modificada en razón de otro tipo de nombramiento o situación administrativa; y
(ii) el proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de
1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado con
anterioridad a la Ley 60 de 1993.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27
de febrero de 2025, exp. 25000-23-42-000-2018-02544-01 (1805–2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Demandante: Gloria Patricia Plaza Lenis
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(…)
Entonces, está decantado por esta corporación que el proceso de descentralización
de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal
proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del
servicio de educación oficial.
78. En lo que no está de acuerdo la Sala con el a quo, es que haya concluido que
la vinculación de la docente fue del orden nacional, aunque el Decreto 2256 de 28 de
septiembre de 1993, revele que las condiciones de la vinculación docente con el
departamento del Valle del Cauca fueron del orden territorial y, por tanto, el tiempo de
servicio laborado desde el 13 de octubre de 1993 es válido para el reconocimiento de
la pensión de gracia.
79. En consecuencia, la sumatoria total de servicio docente en plazas territoriales
es de 22 años, 11 meses y 14 días, como quedó consignado en la tabla 1, lo que la
hace beneficiaria del reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.3. Buena conducta
80. Este requisito hace referencia a que el empleo se haya desempeñado con
honradez y consagración, entonces, a partir de la declaración sobre el ejercicio del
cargo con honradez e idoneidad, rendida por la accionante40, y la ausencia de algún
documento del cual pueda desprenderse que esta incurrió en mala conducta durante
el servicio docente, no se advierte razón para poner en duda la presunción de buena
fe con la que deben actuar los particulares y las autoridades públicas, que también
cobija a los servidores del Estado.
3.5.4. De la prescripción de las mesadas pensionales
81. Ante la prosperidad de la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia, la
Sala precisa frente a la prescripción del derecho al pago de las mesadas pensionales,
que la accionante cumplió los 20 años de servicio el 12 de agosto de 201341 y la edad
de 50 años el 20 de febrero de 2007, por lo que adquirió el estatus pensional en la
primera fecha.
82. Ahora bien, se observa que la petición que dio origen al acto acusado se
presentó el 11 de octubre de 201642, por lo que de conformidad con el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, para hacer efectiva la interrupción de la prescripción (por 3
40 Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_DEMANDA_ANEXOS_PRUEBAS, pp.
119.
41 Teniendo en cuenta que: (a) frente a la primera vinculación, del 11 de mayo de 1978 al 10 de julio de 1978,
transcurrieron 2 meses. (b) La segunda vinculación inició el 13 de octubre de 1993, (c) por lo que los 19 años y 8
meses que se requería para cumplir los 20 años de servicios desde la anterior fecha (13 de octubre de 1993) se
cumplieron el 12 de agosto de 2013, teniendo en cuenta que la peticionaria desde el 13 de octubre de 1993 trabajó
de forma ininterrumpida.
42 Según se indica en la Resolución RDP 007357 del 27 de febrero de 2017
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años) debía presentar la demanda correspondiente a más tardar el 11 de octubre de
2019, pero lo hizo con posterioridad el 3 de septiembre de 202043.
83. Esto quiere decir, que fue la presentación de la demanda de la referencia la que
efectivamente interrumpió la prescripción de las mesadas causadas 3 años atrás.
Dicho de otro modo, que prescribieron las sumas de dinero anteriores al 3 de
septiembre de 2017.
3.5.5. De la codena en costas en primera instancia
84. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió
condenar en costas a la parte accionante por resultar vencida en el trámite de primera
instancia, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.
85. Inconforme con la decisión, la demandante solicitó que se revocara la condena
en costas, al considerar que para el efecto debió valorarse la conducta de la parte
vencida.
86. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio
objetivo en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó
contra la parte vencida en juicio, dada la negativa de las pretensiones de la demanda.
87. Sobre el particular, se recuerda que según se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que,
para decretar la referida condena en primera instancia, el Tribunal debió analizar la
conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o
de mala fe.
88. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandante haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la
accionante actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el
curso del proceso.
89. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, tampoco hay lugar a confirmar dicha
condena.
3.6. Otras consideraciones
90. Por otra parte, se evidencia una renuncia al poder presentada por el abogado
43Samai Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3, 16_ED_CORREOREPARTO.
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Jhonier Alejandro Trejos Valencia, quien dice fungir como apoderado de la entidad
demandada; no obstante, no se aceptará esta, toda vez que no se evidencia
documento alguno en el que la UGPP le haya conferido la facultad de actuar en su
representación en este trámite.
3.7. Conclusión
91. La Sala concluye que la accionante cumplió más de 20 años de servicios como
maestra territorial y nacionalizada, acreditó la edad de 50 años y se demostró la buena
conducta; por tanto, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia reclamada
desde el 12 de agosto de 2013, pero con efectos fiscales desde el 3 de septiembre de
2017, al haber operado la prescripción.
4. Costas
92. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario44 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
FALLA:
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 23 de octubre de 202445, que negó las pretensiones de la demanda. En su
lugar se dispone:
Segundo: Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 007357 del 27 de febrero de
2017 y RDP 021280 del 23 de mayo de 2017, por medio de las cuales la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión gracia.
44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
45 El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ha manifestado su impedimento por vínculo de amistad con
el magistrado ponente en la sentencia de primera instancia, el doctor Óscar A. Valero Nisimblat el cual fue
declarado infundado por la Sala mediante Auto del 18 de septiembre de 2024, dentro del expediente con Rad.
76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
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Demandada: UGPP
Tercero: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión gracia a favor de Gloria
Patricia Plaza Lenis, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el año anterior al que adquirió el estatus pensional, el12 de
agosto de 2013, con efectos fiscales a partir del 3 de septiembre de 2017, por
prescripción.
Las anteriores sumas deberán actualizarse de acuerdo con la fórmula según la cual,
el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago), así:
R = Rh Índice inicial
Índice final
Cuarto: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 2017, de conformidad
con la parte motiva de esta sentencia.
Quinto: Dar cumplimiento a este proveído en los términos establecidos para ello por
los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Sexto: Sin condena en costas en las dos instancias.
Séptimo: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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