Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01580-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01580-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01580-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Álvaro Hernán Torres Romero, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
1 Folios 41 a 54.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
las siguientes resoluciones: i) PAP 021953 del 26 de octubre de 2010, que le negó
el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) PAP 046655 del 4 de abril de 2011, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.
Los mencionados actos fueron proferidos por CAJANAL EICE en liquidación.2
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación, efectiva a partir del 11 de julio de 2006, en cuantía del 75% de
los factores salariales percibidos durante año anterior a la consolidación del estatus
pensional, con los reajustes de ley; ii) actualizar el valor de las condenas conforme
al artículo 187 del CPACA; iii) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso y sufragar
los intereses moratorios a que haya lugar, en los términos de los artículos 192 y 195
del CPACA; y iv) asumir la condena en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló:
i) El señor Álvaro Hernán Torres Romero nació el 11 de julio de 1956 y prestó sus
servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:
Entidad Desde Hasta Días laborados
D-M-A D-M-A
Departamento de Cundinamarca 01/01/1975 30/12/1975 360
Bogotá D.C. 05/09/1985 30/08/2006 8996
Total 9356
ii) En el año 1975, el actor laboró como educador, según Decretos 1128 del 17 de
abril de 1975 y 00678 de 1975, en armonía con la certificación expedida por el rector
y el secretario de la Institución Educativa Colegio Departamental Integrado de
Manta.
2 Caja Nacional de Previsión Social.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
iii) El 15 de noviembre de 2006, el accionante solicitó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia; sin embargo, la administración negó la prestación a través de
las resoluciones enjuiciadas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 29, 48 y 53 de la Constitución Política;
1 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1, 2,
10 y 12 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso:
El señor Álvaro Hernán Torres Romero cumple con todos los requisitos previstos
por el legislador para acceder a la pensión gracia, ya que cuenta con más de 50
años de edad; prestó sus servicios como docente territorial y/o nacionalizado por
más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3
i) El actor no es beneficiario de la pensión gracia, en tanto no demostró que estaba
laborando como docente al 31 de diciembre de 1980; por el contrario, las pruebas
aportadas denotan que ingresó al magisterio oficial con posterioridad a esa fecha.
ii) Se proponen las excepciones de ausencia del derecho reclamado – aplicación
normativa y reliquidación pensional; improcedencia de tomar todos los factores
salariales devengados; improcedencia de reliquidar la pensión; prescripción del
reajuste y de las mesadas pensionales; improcedencia de los intereses moratorios;
buena fe y genérica o innominada.
3 Folios 88 a 97.
3
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Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 1 de noviembre de 2018, accedió a las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) El accionante laboró como docente antes del 31 de diciembre de 1980, conforme
lo demuestran las certificaciones expedidas por el rector del Colegio Departamental
Integrado de Manta.
ii) No existe certeza de la naturaleza territorial o nacionalizada que tuvo la
vinculación del demandante en el año 1975; sin embargo, el legislador solo impuso
la obligación de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.
iii) El señor Álvaro Hernán Torres Romero trabajó durante más de 20 años en el
magisterio oficial, cuenta con más de 50 años de edad y su idoneidad no fue objeto
de reparo.
iv) Se declara la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordena a la UGPP reconocer al actor la pensión gracia, en cuantía del
75% de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición estatus
pensional, acaecido el 11 de julio de 2006, pero con efectos fiscales a partir del 10
de marzo de 2012 por prescripción trienal.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los
argumentos que se resumen, a continuación:5
4 Folios 199 a 211.
5 Folios 219 a 221.
4
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Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
i) El demandante laboró como docente oficial después del 31 de diciembre de 1980,
pues el 5 de septiembre de 1981 ingresó al servicio de Bogotá D.C., lo cual se
acreditó con el Decreto 2409 de 1981 y el certificado de historia laboral.
ii) «La vinculación del señor ÁLVARO HERNÁN TORRES de fecha 1 de enero de 1975,
se dio en calidad de docente del orden nacional y que de conformidad con las
pruebas allegadas al plenario la certificación por la Secretaría la misma no declara
el tipo de vinculación del docente, por lo cual no puede tenerse dicha vinculación
como de orden territorial, nacionalizado o departamental».
iii) El accionante no cumplió con la carga probatoria que le asistía para obtener un
fallo favorable a sus pretensiones.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El accionante y la UGPP reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.6
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
6 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
7 Según constancia secretarial obrante en el folio 243.
5
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Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho
a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran
nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».12
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al registro civil de nacimiento, el señor Álvaro Hernán Torres Romero
nació el 11 de julio de 1956.
• Al plenario se aportó la siguiente hoja de vida:20
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
20 Folio 9.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
• Al expediente se allegó el siguiente desprendible de nómina:21
• El 12 de marzo de 1976, por Decreto 00678, el gobernador de Cundinamarca
nombró en el Colegio Departamental – Manta a la señora «MARÍA CONSUELO
CAMACHO. -2a. categoría de secundaria, Español y Francés, en reemplazo de Álvaro
Torres, quien estaba trabajando por contrato».22
• El 16 de enero de 1998, la Gerencia de Apoyo a la Administración de la
Gobernación de Cundinamarca, mediante Acta 47 de Aclaración de Documentos
Faltantes, indicó que «de acuerdo con la revisión realizada en la OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL se encontró que el DECRETO No. 01128 del 17 de abril
de 1975 no aparece original ni copia».23
• El 4 de julio de 2006, la Institución Educativa Colegio Departamental Integrado
Manta Cundinamarca expidió la siguiente certificación:24
21 Folio 11.
22 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
23 Folio 11 reverso.
24 Folio 6 reverso.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
• El 15 de enero de 2007 el rector del Colegio Departamental Integrado Manta le
informó al señor Torres Romero que «según el archivo que reposa en la institución
no aparece copia del acto administrativo que Ud. menciona, pero encontramos su
hoja de vida profesional folio 46 del año 1.975, donde reposa la asignación
académica correspondiente al año 1.975 con diecinueve (19) horas de clase y
dirección en el curso tercero (3°) de bachillerato de las asignaturas de Inglés y
Educación Física, también encontramos en el libro de actas de izada de bandera,
14
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01580-01 (2872-2019)
Demandante: Álvaro Hernán Torres Romero
Actas Nos. 2 de abril 30 de 1.975 y la No. 8 de Octubre 15 de 1.975 su firma como
director del curso tercero de bachillerato. Encontramos también en el libro de actas
de profesores acta No. 9 de Junio 4 de 1.975 en el folio 102 donde aparece el
nombre del profesor Torres participando en el orden del día de la respectiva acta».25
Al expediente se allegaron las mencionadas actas.26
• El 25 de mayo de 2010, el señor Juan Gabriel Mora Bernal rindió declaración extra
proceso ante la Notaría Segunda de Chía (Cundinamarca) y manifestó que «fui
rector encargado durante los meses de enero y febrero del año 1975 en el Colegio
Departamental Integrado de Manta (Cundinamarca), recibiendo como profesor al
señor ÁLVARO HERNÁN TORRES ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía
número 3.207.469 de Tocaima el cual fue nombrado por contrato de la Secretaría
de Educación de Cundinamarca para ejercer la labor docente de la asignatura de
Inglés y director de curso de tercero de Bachillerato».27
• El 30 de mayo de 2024, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en
cumplimiento a la prueba de oficio decretada por esta Subsección, 28 explicó lo
siguiente en cuanto a la vinculación del demandante en el año 1975:29
[…] una vez revisados los registros de planta, las bases de datos físicas y magnéticas
del archivo general la Secretaría de Educación de Cundinamarca y las bases de datos
de Historias Laborales (Hojas de vida), no registra vinculación del señor ÁLVARO
HERNÁN TORRES ROMERO para el año 1975, por lo que no es posible expedir
certificación de tiempo de servicio de dicho periodo.
Para el año 1975, no reposan registros de nómina de pagos, planillas, descuentos de
aportes a pensión, como tampoco formulario de afiliación un fondo de pensiones y no
es posible determinar cargo, fondo de aportes, fuente de financiación, recursos con
los que se cancelaron los salarios, grado de escalafón, régimen salarial y pensional
nacional o nacionalizado para el periodo del año 1975.
En relación con lo anterior, no se evidencia información y/o expediente laboral con
respecto a la Institución Educativa Colegio Departamental Integrado del municipio
25 Folio 16 reverso.
26 Folios 17 a 22.
27 Folio 32.
28 Auto del 25 de abril de 2024.
29 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Manta Cundinamarca, por esta razón nos encontramos en la imposibilidad física y
material de emitir o expedir certificado de tiempo de servicio para el año 1975.
Con relación al ítem (e) se allega copia del decreto 0678 del 12/03/1976
nombramiento de la docente María Consuelo Camacho, pero no es posible determinar
si el reemplazo corresponde al accionante identificado con C.C. 3.207.469, en razón
que no reposan registros de actos administrativos de nombramiento y posesión.
• El 23 de julio de 2024, en virtud de la prueba de oficio decretada en segunda
instancia, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. certificó que el actor se
encontraba en servicio activo y que registraba la siguiente historia laboral:30
• La Procuraduría General de la Nación certificó que el accionante no registraba
antecedentes disciplinarios.31
30 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
31 Folio 8 reverso.
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➢ Actuación administrativa
• El 15 de noviembre de 2006, el demandante peticionó ante Cajanal EICE, hoy UGPP,
el reconocimiento de la pensión gracia.32
• El 26 de octubre de 2010, por Resolución PAP 021953, la entidad negó la referida
solicitud, toda vez que el peticionario no demostró una vinculación como docente al
31 de diciembre de 1980. Además, debía desestimarse el tiempo laborado en el
Colegio Departamental Integrado de Manta porque no existía certeza del tipo de
vinculación en propiedad que tuvo con ese ente.33
• El 4 de abril de 2011, mediante la Resolución PAP 046655, Cajanal EICE en
liquidación resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
la confirmó.34
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En el presente caso se encuentra en discusión el tiempo que el señor Álvaro Hernán
Torres Romero alega haber laborado como docente antes del 31 de diciembre de
1980, el cual es un requisito indispensable para acceder a la pensión gracia
reclamada, conforme se explicó en el acápite del marco normativo de la presente
providencia.
El recuento de las pruebas aportadas al plenario permite concluir que debe
revocarse la decisión del a quo, pues el demandante no logró demostrar que se
desempeñó como docente en una plaza territorial o nacionalizada antes de la
referida fecha.
32 Información extraída de la Resolución PAP 021953 del 26 de octubre de 2010 (folios 34 a 35).
33 Folios 34 a 35.
34 Folios 37 a 38.
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Es así como el ciudadano ha alegado que fue profesor en el Colegio Departamental
Integrado Manta de Cundinamarca durante el año 1975; sin embargo, las pruebas
aportadas no son suficientes para acreditar ese hecho.
En primer lugar, se destacan la hoja de vida profesional, un desprendible de nómina
y la certificación laboral de rectoría, todos provenientes de la mencionada institución
educativa; sin embargo, conforme se explicó en el auto que decretó la prueba de
oficio en segunda instancia, la información contenida en tales documentos impide
dotarlos de credibilidad, ya que la «Hoja de Vida Profesional», que se tomó como
referente para hacer constar que el actor laboró en el Colegio Departamental
Integrado de Manta como docente durante el año 1975, aparecen dos cédulas
diferentes, conforme puede verse en la siguiente imagen:
La cédula 3.207.469 corresponde a la del actor, pero no existe razón para
comprender por qué en el folio de hoja de vida aparece otro número de
identificación (15.289.360) y esta incongruencia tampoco fue aclarada por las
autoridades competentes, pese al requerimiento efectuado en el trámite de la
apelación.
La vinculación del actor también se apoyó en un desprendible de nómina que
detalla un número de cédula que no corresponde al suyo, conforme puede verse
en la siguiente imagen:
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De esta manera, la constancia expedida por el rector del aludido colegio carece
de respaldo suficiente, pues se soportó en documentos que no reflejan con
certeza que el demandante prestó sus servicios en los términos certificados, ya
que existe ambigüedad en el número de identificación referido en el folio de hoja
de vida y el desprendible de nómina no coincide con el número de cédula del
accionante.
Sobre la importancia de la cédula de ciudadanía como prueba de identificación,
la jurisprudencia ha expresado que «jurídicamente hablando, la identificación
constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con
arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de
prueba de la identificación personal, donde se infiere que solo con ella se acredita
la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se
le exija la prueba de tal calidad. En esas condiciones, este documento se ha
convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito».35
Bajo esta línea de intelección, se presentan serios motivos de duda frente a la
forma en que el actor pudo haber prestado su servicio como docente en el año
1975 el Colegio Departamental Integrado de Manta.
En segundo lugar, el rector de esa institución indicó que la constancia laboral que
emitió también se apoyaba en las actas de izada de bandera en las que se
observaba la firma del demandante; sin embargo, en esos documentos no se lee
el nombre del señor Álvaro Hernán Torres Romero junto con su número de
identificación. Es más, un simple cotejo de las firmas de la cédula del señor
Torres Romero y las utilizadas en sede administrativa y judicial permite advertir
que son diferentes a las que aparecen en las mencionadas actas y en el formato
de hoja de vida, así:
35 Ver: i) de la Corte Constitucional: Sentencias T- 066 de 2004 y T-522 de 2014; y ii) del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2024, radicado 25000-23-42-000-2019-00141-01 (6742-2023).
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Firmas de la cédula, actuación Firmas del formato de hoja de vida y de
administrativa y judicial actas de izada de bandera del Colegio
Departamental Integrado de Manta
Si bien esta corporación ha expresado que las constancias de los rectores son
insumos valiosos para verificar la prestación del servicio educativo, en este caso
dicha prueba carece de mérito, pues se fundó en documentos ambiguos o ajenos a
la situación particular del señor Álvaro Hernán Torres Romero, conforme se explicó
con antelación.36
En tercer lugar, el actor aportó una declaración extra proceso del señor Juan Gabriel
Mora Bernal quien expresó que, en su condición de rector encargado durante los
meses de enero y febrero del año 1975 en el Colegio Departamental Integrado de
Manta, recibió como profesor al demandante, nombrado por contrato de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, para dictar la asignatura de inglés y
desempeñarse como director de curso de tercero de Bachillerato.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2006, radicado 25000-23-25-000-
2002-00528-01 (3710-05).
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La referida declaración, en contraste con las demás pruebas allegadas al plenario,
tampoco resulta suficiente para demostrar que el señor Torres Romero prestó su
servicio docente en las condiciones anotadas.
Incluso, la afirmación del declarante es contradictoria con el dicho del demandante,
ya que el señor Mora Bernal sostuvo que fue rector en enero y febrero de 1975; sin
embargo, el actor refirió que fue nombrado por el Decreto 1128 del 17 de abril de
1975, es decir que la posesión fue anterior al nombramiento y en el expediente no
obra prueba que aclare la razón por la que ello pudo haber ocurrido, pese a que,
por regla general, el nombramiento debe preceder a la posesión, teniendo en cuenta
que para esa época se encontraba vigente la Constitución de 1886, cuyo artículo 65
establecía que «ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento
de sostener y defender la Constitución, y de cumplir con los deberes que le
incumben».
Por otra parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca hizo constar que el
Decreto 1128 del 17 de abril de 1975 no reposaba en sus archivos, ni tenía rastro
de otro acto de nombramiento o posesión que demostrara la vinculación laboral del
demandante en el año 1975 con dicho ente territorial en calidad de educador, como
tampoco contaba con reportes de nómina, planillas, descuentos de aportes a
pensión, formulario de afiliación a un fondo de pensiones que hubieran podido
emitirse en el marco de la alegada relación laboral.
También explicó que el único documento en que se enunciaba su nombre era el
Decreto 00678 del 12 de marzo de 1976, suscrito por el gobernador de
Cundinamarca, que nombró en el Colegio Departamental – Manta a la señora
«MARÍA CONSUELO CAMACHO. -2a. categoría de secundaria, Español y Francés, en
reemplazo de Álvaro Torres, quien estaba trabajando por contrato»; sin embargo,
no existían documentos adicionales para concluir que ese nombramiento tenía
como objetivo reemplazar al demandante.
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De esta manera, el aludido decreto tampoco permitiría demostrar la vinculación que
aduce el señor Torres Romero y su contenido también genera otras inquietudes,
pues se indica que la nueva docente dictaría las áreas de español y francés,
mientras que el rector de esa institución educativa había sostenido que el
demandante dictaba las áreas de dibujo, inglés y educación física; por lo tanto,
tampoco existe coincidencia en la carga laboral y condiciones en que
presuntamente se venía prestando el servicio.
En casos con contornos similares al presente, esta corporación ha explicado que
estas falencias probatorias solo generan una serie de interrogantes como los
siguientes: ¿el cargo desempeñado fue financiado directamente por la entidad
territorial, por la Nación, fue cofinanciado, o su origen era del entonces situado
fiscal?; ¿el nombramiento fue realizado por el ente territorial de manera autónoma
o en representación del Ministerio de Educación Nacional?; ¿cuáles fueron las
fechas exactas de inicio y terminación del presunto vínculo laboral?; ¿por qué las
autoridades territoriales no reconocen ni tienen soportes de los contratos o
nombramientos realizados, de los pagos efectuados o de la forma en que culminó
la alegada relación laboral?.37
En este contexto, debe considerarse que no existe prueba idónea, suficiente y
conducente para sostener que el señor Álvaro Hernán Torres Romero prestó sus
servicios como docente territorial o nacionalizado en el año 1975 en el Colegio
Departamental Integrado de Manta.
En contraste, ante los requerimientos probatorios que se han efectuado en primera
y segunda instancia, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. ha certificado que
el actor inició su labor docente el 5 de septiembre de 1981, esto es, con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2024, radicado 13001-23-33-000-2015-
00509-01 (3303-2021).
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Así las cosas, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, no es posible
encontrar demostrada la vinculación del accionante a la docencia oficial antes del
31 de diciembre de 1980; por el contrario, el departamento de Cundinamarca ha
sido enfático en sostener que no cuenta con soporte alguno para certificar la
prestación del servicio antes de esa fecha.
También se advierte que el interesado omitió desplegar una conducta más activa
tendiente a respaldar los hechos sobre los cuales edificó su pretensión pensional.
Al respecto, se recuerda que es a los accionantes a quienes les corresponde probar
los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para
destruir la presunción de legalidad del acto acusado; 38 esta afirmación, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, está determinada por
la regla contenida en el Código General del Proceso de que «incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».39
De este modo, se concluye que los elementos de juicio allegados a este proceso
impiden establecer de manera cierta e inequívoca la prestación del servicio docente
en una plaza territorial o nacionalizada en el año 1975, por lo que no es posible
tener en cuenta ese tiempo para reconocer la pensión gracia reclamada, cuyo
carácter especialísimo y excepcional exige que el fallador tenga completa certeza
de dichos aspectos, conforme lo ha manifestado esta Subsección en casos
análogos al presente.40
Por lo tanto, el accionante no cumplió los requisitos necesarios para acceder a la
pensión gracia dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980, situación que impide continuar con el análisis de los
38 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Jesús
María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
39 Artículo 167 del CGP.
40 Ver las siguientes sentencias: i) del 11 de mayo de 2023, radicado 23001 23 33 000 2015 00228 01 (1011–2018); ii) del
22 de junio de 2023, radicado 50001 23 33 000 2015 00110 01 (3048-2019); iii) del 21 de marzo de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016); y iv) del 25 de julio de 2024, radicado 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-
2021).
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demás tiempos laborados y restantes requisitos contemplados en las normas que
regulan la materia.
Bajo esta línea de intelección, el proveído apelado será revocado y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.
2.6. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,41 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se apartó de las directrices interpretativas que
regían la situación particular del demandante, por lo que deberá revocarse y, en su
lugar, se negarán las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 1 de noviembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor
Álvaro Hernán Torres Romero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone, Negar
las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería a los abogados Katterine Johanna Lugo Camacho,
Carlos Arturo Orjuela Góngora y Gloria Ximena Arellano Calderón como apoderados
de la UGPP, según poderes que obran en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Asimismo, se acepta la posterior renuncia de poder que los dos últimos presentaron,
en tanto allegaron la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo 76 del CGP.42
Cuarto. Reconocer personería a la Unión Temporal Pensiones (representada
legalmente por la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio) como apoderada
principal de la UGPP, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado. Igualmente, se reconoce a los abogados Humberto Linares Peña y Yury
Tatiana Novoa Peñaloza como apoderados sustitutos de dicha parte, en atención a
las sustituciones radicadas también en la referida plataforma.
Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
42 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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