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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00509-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00509-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021) SEGUNDO: NEGAR los pedimentos de la parte activa. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandante según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2015-00509-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)
Demandante: Manuel Antonio Abad Bohórquez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No se logró demostrar el
tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre de 1980.
Valoración probatoria. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor MANUEL ANTONIO ABAD BOHÓRQUEZ instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) UGM 008612 del 15 de
septiembre de 2011, y (iii) RDP 013973 del 31 de octubre de 2012, por medio de las
cuales se negó en dos oportunidades el reconocimiento y pago la pensión gracia a
favor del demandante.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)

liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho
concepto, reajustadas anualmente desde el 5 de julio de 2007.

Que se cancelen los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993, y que no se apliquen descuentos para salud sobre las sumas objeto de
condena.

Que se ordene el pago de las costas conforme al artículo 188 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que el demandante nació el 4 de julio de 1957. Que durante su vida laboral se
desempeñó al servicio del municipio de San Pablo (Bolívar) como docente oficial,
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios celebrados entre el 14 de
febrero de 1980 y el 30 de diciembre de 1995. Que después tuvo una vinculación
legal y reglamentaria en propiedad con dicha entidad territorial para que ejerciera
como educador desde el 1.º de enero de 1996 hasta el 29 de febrero de 2000.

Que, el 6 de mayo de 2009, el señor Abad Bohórquez radicó ante la entonces
Cajanal EICE una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión
gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la mencionada entidad negó lo reclamado a través de la Resolución UGM
008612 del 15 de septiembre de 2011, aduciendo que los vínculos mediante
contratos no pueden ser tenidos en cuenta para consolidar la prerrogativa, pues no
fueron mediante acto de nombramiento y posesión.

Que, el 10 de abril de 2010, el accionante volvió a formular una nueva petición para
obtener el derecho reclamado, pero esta vez ante la UGPP, sin embargo, la
mencionada autoridad negó la reclamación mediante Resolución RDP 013973 del
31 de octubre de 2012.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989; así

2 Idem.
3 Idem.

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como el Decreto 081 de 1976.

Que el reclamante demostró que cumplió 50 años el 4 de julio de 2007, fecha para
cuando ya había acreditado más de 20 años de servicio como docente del orden
territorial adscrito al municipio de San Pablo. Que además no cuenta con ningún
tipo de sanción disciplinaria ni percibe otra pensión o contraprestación a cargo del
presupuesto de la Nación, de manera que debe reconocerse la pensión gracia,
liquidada durante el año anterior al retiro definitivo del servicio, pues fue anterior a
la fecha estatus, puntualmente el 1.º de marzo de 2000.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 27 de octubre de 2017,4 y notificada a
la UGPP5, quien radicó memorial de contestación6 en el que se opuso a las
pretensiones de la parte activa al asegurar que, en la actuación administrativa solo
se encontró probado un periodo a partir del 1996 con la Secretaría de Educación
del Departamento de Bolívar, en el que consta que la vinculación es cofinanciada;
no obstante, ello no fue acreditado con el original o copia autentica ni la totalidad de
los formatos dispuestos para el efecto por parte del Ministerio de Educación.

Que para el reconocimiento de la pensión gracia no son válidas todas las
vinculaciones. Por ejemplo, las interinidades departamentales o municipales son
válidas, pero no las de carácter nacional, esto porque la partida presupuestal para
el pago de los docentes de carácter territorial o nacionalizado es diferente de los
otros presupuestos del ente territorial, por lo cual no es admisible los tiempos por
contrato de prestación de servicios ni las vinculaciones con colegios de orden
nacional. Que tampoco es viable conceder la prerrogativa a quienes no hayan
cumplido la totalidad de los requisitos a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989
conforme lo indica la sentencia C-489 de 2000, tal como ocurrió en el presente caso.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) prescripción, (ii) inexistencia de la
causa petendi y cobro de lo no debido, (iii) falta del derecho para pedir, (iv) buena
fe, (v) cobro de lo no debido, y (vi) genérica.

En la audiencia inicial7 se señaló que no había excepciones previas pendientes de
resolver y que la de prescripción sería analizada al momento de dictar sentencia.
Seguidamente, en esta misma diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto
de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se
señaló que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas conforme
al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 y se determinó que se correría
traslado a las partes para alegar de conclusión una vez se allegara la

4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.

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documentación pendiente.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia escrita el 19 de junio de 2020,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de
declarar la nulidad de los actos reprochados, y a su vez ordenó a la UGPP reconocer
la pensión gracia a favor del actor efectiva desde el 4 de julio de 2007, liquidada con
los factores del último año de servicio entre el 1 de marzo de 1999 y el 1 de marzo
de 2000, pero con efectos fiscales a partir del 1 de agosto de 2012 por prescripción
trienal de mesadas. Condenó a la parte pasiva a indexar la primera mesada y a
asumir las costas según el criterio objetivo valorativo para su imposición en
aplicación del artículo 365 del CGP.

Argumentó que, en cuanto al requisito de estar vinculado a la docencia oficial del
orden territorial con antelación al 31 de diciembre de 1980, este se acreditó en la
medida en que, de acuerdo con la certificación expedida por el alcalde municipal de
San Pablo y demás documentos practicados, el señor Manuel Antonio Abad
Bohórquez se desempeñó como docente de tiempo completo con contrato de
prestación de servicios desde el 14 de febrero de 1980.

Que este requisito puede verificarse a través de certificados expedidos por
autoridades competentes indistintamente de su denominación, siempre que
ofrezcan certeza sobre el cargo desempeñado, el plantel educativo, su nivel,
naturaleza de la vinculación, como sucedió en el caso concreto. Que por tanto, no
son de recibos los argumentos de la contestación de la demanda que sugieren que
las pruebas presentadas por el demandante no son válidas para demostrar el tiempo
de servicio por no haber sido expedidos por la secretaría de educación
correspondiente, pues, como lo ha precisado el Consejo de Estado, no se trata de
un hecho que deba ser probado de acuerdo con las formalidades previstas en la ley,
ya que por regla general existe libertad probatoria dentro de los lineamientos de
pertinencia, conducencia y utilidad.

Que, respecto a los 20 años de servicio en escuelas del mismo orden, se advirtió
que el accionante sí colmó esta exigencia, por cuanto se probó que ejerció labores
como docente municipal a través de contratos suscritos con el municipio de San
Pablo desde el 14 de febrero de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1995.

Que, posteriormente, se nombró a aquel maestro oficial mediante Decreto 217 del
5 de febrero de 1996, cargo del que tomó posesión el 11 de marzo del mismo año
hasta el 1 de marzo de 2000, fecha desde la que se le reconoció pensión de
invalidez. Que, en ese orden, se corroboró que el actor acumuló los 20 años como
docente nacionalizado requeridos para acceder a la pensión gracia, los cuales

8 Idem.

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cumplió el 14 de febrero de 2000, sin embargo, el requisito de 50 años de edad
solamente lo cumplió el 4 de julio de 2007, fecha a partir de la cual adquirió su
estatus pensional.

Que, por lo anterior, se encontró probado que el accionante cumplió con las
exigencias de edad, tempo de servicios, tipo de vinculación y buena conducta
requeridos para acceder a la pensión gracia, tornándose en ilegales los actos
administrativos acusados, sin que prosperen los argumentos de la UGPP, según los
cuales, no era posible tener en cuenta los tiempos laborados para la aludida entidad
territorial, porque su vínculo se hizo, en un principio, a través de contratos, pues se
reitera, la modalidad de vinculación no enerva el eventual reconocimiento del
derecho en litigio.

Que frente a la prescripción de mesadas se logró verificar que, el actor adquirió su
estatus de pensionado el 4 de julio de 2007 y presentó la reclamación administrativa
el 6 de mayo de 2009, es decir, dentro de los tres años siguientes, interrumpiéndose
así el término de aquel fenómeno. Que el acto administrativo que negó el derecho
fue expedido el 15 de septiembre de 2011, mientras que, la demanda fue
presentada el 1 de agosto de 2015, es decir, cuando ya habían transcurrido más de
tres años, por lo que se configuró la prescripción de los valores adeudados con
anterioridad al 1 de agosto de 2012.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se nieguen las pretensiones del
reclamante. Para ello adujo que, el demandante no demostró el cumplimiento de la
totalidad de las requisitos exigidos por la ley 114 de 1913 para el reconocimiento de
la pensión gracia pues se requiere que haya estado vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980 como docente del orden departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos de servicio
acreditados mediante certificado proferido el 13 de julio de 2010 por el departamento
de Bolívar son solo los acumulados desde el 2 de febrero de 1996 hasta el 31 de
diciembre de 2002.

Que los tiempos que se quieren hacer valer anteriores a la fecha en comento no
fueron certificados mediante el formato único del FOMAG, de manera que no se
logró evidenciar el tipo de vinculación, ni ninguno de los criterios suficientes para
tener demostrado este requisito.

Que la carga probatoria recae única y exclusivamente en cabeza del peticionario,
toda vez que este es quien posee la facultad de demostrar los hechos y de aportar
los documentos requeridos para tomar una decisión de fondo. Que tampoco se

9 Idem.

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evidencia que los medios de convicción aportados en vía administrativa se allegaran
en esta causa judicial, situación que no tuvo en cuenta el tribunal de origen en su
sentencia.

Que las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000 proferidas por la Corte
Constitucional establecieron como fecha límite para causar el derecho a la pensión
gracia el 29 de diciembre de 1989, por lo que, para poder completar los 20 años de
servicio a esta última fecha, como mínimo el educador debió demostrar 11 años de
servicio al 31 de diciembre de 1980, lo cual descarta relaciones precarias antes de
dicha data como las que pretende acumular el accionante.

Que, frente a la condena en costas impuesta en primera instancia, debe tenerse en
cuenta que el actor no acreditó en vía administrativa el cumplimiento de los
requisitos, por lo que la UGPP se encuentra en una posición sólida de defensa que
respalda su decisión. Que, además, no se valoró el hecho de que prosperó
parcialmente la excepción de prescripción, lo que hacía improcedente la imposición
de dicha carga procesal.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 8 de octubre de 2021,10 en
el que, además, se ordenó emplazar a la cónyuge y/o compañera permanente,
herederos o albacea de la sucesión ilíquida del señor Manuel Antonio Abad
Bohórquez, ello debido a la solicitud de las hermanas de este último (las señoras
Angélica Rosa Abad Bohórquez y Petrona Josefa Abad Bohórquez), quienes
pretendían ser reconocidas como sus únicas sucesoras procesales debido al
fallecimiento del demandante.11

Luego, mediante auto del 7 de abril de 202212 se corroboró la inscripción en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas,13 por lo que se accedió a lo reclamado
por las mencionadas familiares supérstites del actor. Finalmente, en esta misma
providencia se corrió traslado a las partes para alegar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante presentó alegaciones finales14 con las que ratificó los
argumentos expuestos en su demanda.

10 Ver índice 5 de SAMAI.
11 Ver índice 4 de SAMAI.
12 Ver índice 12 de SAMAI.
13 Ver índice 10 de SAMAI.
14 Ver índice 18 de SAMAI.

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La parte demandada radicó alegatos15 mediante los cuales reprodujo los mismos
fundamentos de su contestación y de su recurso de apelación.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.16

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
acreditó en debida forma el cumplimiento de las exigencias normativas para el
reconocimiento de la pensión gracia, especialmente la relativa a haber ejercido
algún período en calidad de docente territorial o nacionalizado con anterioridad al
31 de diciembre de 1980. En caso afirmativo, se tendrá que establecer si estas
exigencias debían acreditarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989
y se verificará además si procedía o no la condena en costas de primera instancia
en contra de la entidad accionada.

Cuestiones previas

• Frente a la sucesión procesal decretada

En el índice 4 de la plataforma SAMAI encuentra la Sala que, el actor Manuel
Antonio Abad Bohórquez falleció el 12 de septiembre de 2020, razón por la cual, las
señoras Angélica Rosa Abad Bohórquez y Petrona Josefa Abad Bohórquez en
calidad de sus hermanas solicitaron a través de apoderado la continuidad del
proceso con ellas como sucesoras procesales, ello por haber acreditado el vínculo
familiar que adujeron.

Precisamente, tras emplazarse a terceros interesados en el proceso sin que se
reportara alguna intervención, mediante auto del 7 de abril de 2022 se declaró que
aquellas serían consideradas como sucesoras procesales del demandante.

Sin embargo, la Subsección advierte que lo que está en discusión en esta causa
judicial es el reconocimiento de la pensión gracia y de las mesadas causadas por
tal concepto a favor del fallecido actor, razón por la cual, si bien las solicitantes se
encuentran legitimadas para reemplazarlo en el proceso, la sentencia, en caso de
que se acceda a las pretensiones de la demanda, no podrá pronunciarse
directamente a su favor, sino de la sucesión del señor Manuel Antonio Abad
Bohórquez (q.e.p.d.), de manera que deberá ser en el trámite civil correspondiente
que se determine a quién corresponde recibir como heredero el importe de la
eventual condena que se imponga en esta providencia.

15 Ver índices 19 y 20 de SAMAI.
16 Según constancia secretarial visible en el índice 21 de SAMAI.

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• Sobre la solicitud de unificación de jurisprudencia

En el presente asunto, la UGPP solicita se emita una sentencia de unificación
jurisprudencial17 en la que se defina qué es lo que debe entenderse como «plaza
docente», así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin que se precise
cuáles son las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la
sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada
nacional, nacionalizada o territorial.

Una vez revisado lo anterior y en ejercicio de los principios de eficacia y celeridad,
esta Sala precisa que de manera reiterada y previa fueron presentadas las
mismas solicitudes ante varios procesos adelantados en esta instancia judicial con
similares argumentos, las cuales se resolvieron mediante el auto del 20 de octubre
de 202218, reiterado en providencias del 26 de octubre de 202219, en los que se
indicó que tal y como lo prevé el CPACA en su artículo 27120, puede adelantarse el
trámite que permite dar impulso a la función unificadora del Consejo de Estado, con
miras a la aplicación vinculante de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.

Sin embargo, al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la «plaza» a
la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para
ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no estaban
dadas las condiciones para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de
unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se
deben observar, con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la
pensión gracia.

En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo
dispuesto en el auto del 20 de octubre de 202221, reiterado en providencias del 26
de octubre de 2022.

Marco normativo y jurisprudencial

17 Ver índice 17 de SAMAI.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-

00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010-

01800-01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda,
auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy
del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación:
68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.
20 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento

de la solicitud de unificación.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-

00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.

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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

24Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

25 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas en la normativa aplicable
para consolidar el derecho a la pensión gracia.

Sin embargo, la Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del tercer
requisito relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente
territorial o nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del
acervo probatorio practicado, hay dudas e inconsistencias que impiden satisfacer
esta exigencia fundamental para acceder a la prerrogativa bajo estudio.

Al respecto, el señor Abad Bohórquez aseguró que antes de su primer
nombramiento en propiedad como maestro oficial al servicio del municipio de San
Pablo (Bolívar) en 1996, aquel aparentemente había ejercido el cargo de educador

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mediante contratos de prestación de servicios celebrados con dicha entidad durante
un período comprendido entre el 14 de febrero de 1980 y el 30 de diciembre de
1995.

De hecho, con el fin de demostrar lo anterior, la parte activa aportó un certificado
del 26 de noviembre de 1990 emitido por el alcalde de la referida entidad territorial,
en el que, sin mencionar con qué respaldo probatorio, sostuvo que el reclamante
venía ejerciendo labores como “profesor municipal” contratado desde el 14 de
febrero de 1980 hasta la primera fecha en comento.26 Lo propio se verifica a partir
de la siguiente imagen:

Ahora, en respaldo de esta afirmación, el demandante consideró que tal hecho
también lograba demostrarse a partir de la siguiente documentación:

(i) Constancia del 27 de mayo de 1993 expedida por la mencionada autoridad de la
época en la que se indica expresamente que el accionante estaba laborando con

26 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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contrato “municipal” en la Escuela Rural Mixta Carmen del Cucú desde febrero de
1986 a la data del mencionado documento.27

(ii) Certificado del 5 de marzo de 2015 suscrito por el respectivo alcalde municipal
en el que se ratifica que, con base en las dos pruebas anteriores, el actor laboró
como docente oficial contratado desde el 14 de febrero de 1980 hasta el 30 de enero
de 1986 y del 1.o de febrero de 1986 al 30 de diciembre de 1995.28

(iv) Oficio del 24 de abril de 2019 remitido por dicha entidad en respuesta a un
requerimiento de prueba de oficio decretada en primera instancia, en el que
expresamente corrobora que, pese a las múltiples tomas de grupos armados e
inundaciones, con fundamento en los mismos documentos enunciados
anteriormente, el señor Abad Bohórquez cumplió funciones de docente mediante
contratos de prestación de servicios del orden territorial, exactamente durante los
lapsos en comento.29

Pues bien, el accionante a lo largo de su demanda afirmó que los aludidos medios
de convicción eran suficientes para tener acreditado el requisito del tiempo de labor
oficial educativa antes del 31 de diciembre de 1980, para lo cual precisó además
que la negativa por parte de la UGPP se fundamentó esencialmente en que no se
tuvo en cuenta aquel período por cuanto la vinculación contractual no era la forma
regular de ingreso al servicio oficial.

Ahora, para la Sala, los mencionados documentos definitivamente no logran
demostrar la prestación del servicio docente por parte del señor Abad Bohórquez
durante el interregno comprendido entre el 14 de febrero de 1980 y el 30 de
diciembre de 1995, toda vez que de su contenido en ningún momento se
corroboraron las condiciones en las que se desarrolló dicha labor, como por
ejemplo, cuántos y cuáles fueron los contratos suscritos y qué extremos tuvieron
estos a lo largo de aquel lapso, o por lo menos el anterior al 31 de diciembre de
1980 que es el relevante en este caso, pues legalmente no era viable que se
celebrara un solo vínculo contractual indeterminado por más de 15 años.

De igual forma, a partir de las certificaciones en comento no fue posible evidenciar
el origen de los recursos para la financiación de los honorarios, la naturaleza jurídica
de la institución educativa en la que laboró o de la plaza ocupada específicamente
antes de 1980.

Por el contrario, con esta falta de vocación probatoria solo se generan una serie de
interrogantes como los siguientes: ¿el cargo desempeñado fue financiado
directamente por la entidad territorial, por la Nación, fue cofinanciado, o su origen

27 Idem.
28 Idem.
29 Idem.

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era del entonces situado fiscal?, si el contrato celebrado fue por parte del municipio
de San Pablo, ¿este lo hizo de manera autónoma o en representación del Ministerio
de Educación Nacional?, ¿cuál fue la fecha exacta de terminación del período
ejecutado desde el 14 de febrero de 1980?, ¿hubo acta de liquidación por este
lapso?, ¿cuántos y cuáles fueron las identificaciones de los diferentes vínculos
durante todo el tiempo bajo estudio?, ¿por qué el alcalde municipal no reconoció ni
tuvo reportes del acuerdo celebrado, de los pagos efectuados, o de la liquidación
del mismo para esa época?, ¿por qué un alcalde en 1990 certifica un período antes
del 31 de diciembre de 1980, es decir, 10 años después sin ninguna clase de
soporte?, si lo hubo, ¿cuál fue ese fundamento para poder manifestar con seguridad
lo que consignó en el documento?, ¿cuál era el objeto del contrato para 1980 y qué
obligaciones tuvieron las partes?

Tales cuestionamientos crean una serie de dudas razonables sobre la credibilidad
de las aludidas pruebas documentales y de su capacidad para acreditar la supuesta
labor desempeñada por el actor, pues tales certificaciones expedidas por la referida
autoridad municipal después de 10 y hasta 39 años desde la época de los hechos,
no hacen ninguna alusión a mínimo un soporte documental o testimonial para poder
confirmar lo propio.

Incluso, es de destacar que los posteriores certificados de 2015 y 2019 emitidos por
el alcalde el municipio de San Pablo, solo tuvieron como sustento de su contenido
las manifestaciones de las autoridades municipales anteriores de 1990 y de 1993,
es decir, no se basan en hechos nuevos o en material probatorio contundente que
permita validar lo acreditado en su momento por los anteriores funcionarios, de
manera que también debe restárseles credibilidad a los dos primeros documentos
en mención, pues correrían la misma suerte respecto de la falta de vocación
probatoria explicada anteriormente, es decir, que tampoco son medios inequívocos
para poder establecer la prestación del servicio.

Lo anterior crea un ambiente de incertidumbre sobre el relato de los hechos
expuestos en la demanda, pues se evidenció que las únicas pruebas con la que se
buscaba acreditar la labor desempeñada por el reclamante antes del 31 de
diciembre de 1980 son en esencia inconducentes30 y, por tanto, incumplen con uno
de los elementos esenciales para que esta tuviera capacidad demostrativa.

Ello en la medida en que los medios de convicción aportados no resultan idóneos
para corroborar un hecho como el mencionado, todo por ser documentos con falta
de información, soporte y contraste con otros elementos de prueba, al punto de que
crean una duda justificada, la cual a su vez impide tener como cierto lo alegado en
la demanda respecto a la prestación real y material del servicio durante el lapso bajo

30 Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).

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análisis.

Contrario a ello, lo que se encuentra debidamente comprobado a través de los
mencionados certificados laborales verificados en comparación con los contratos de
prestación de servicios aportados para los lapsos desde el 22 de enero hasta el 30
de noviembre de 1990, y para los años lectivos de 1993, 1994 y 1995; así como el
acta 359 del 11 de marzo de 1996,31 es que el actor sí se desempeñó como
educador oficial, pero solo desde 1990 y luego mediante una relación legal y
reglamentaria, posesionado a partir del 1.º de enero de 1996,32 hasta el 1.º de marzo
de 2000; es decir, siempre con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, que era la
fecha límite para acreditar una vinculación viable de ser computada para el
reconocimiento de la pensión gracia.

Ahora bien, debe resaltarse que en virtud del artículo 122 de la Constitución Política,
«[…] No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún
servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. […]».

Lo expuesto significa que, la existencia de una vinculación formal de un servidor
público, como lo es un docente estatal, requiere de la conjunción de un acto
administrativo de nombramiento y de un acta de posesión, los cuales constituyen,
en esencia, las pruebas por excelencia de la configuración de una relación legal y
reglamentaria vigente. No obstante, esto no significa que deban pasarse por alto los
casos en que un educador haya tenido un vínculo contractual, pues este finalmente
no cambiaría la esencia del servicio realmente prestado, esto es, como maestro
oficial.

Tanto es así que, en litigios como el presente relacionado con el reconocimiento de
la pensión gracia, esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de
2018 fijó como regla en materia probatoria frente a la naturaleza jurídica de la
vinculación docente, la siguiente: «[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]».

Con todo, si bien el referido postulado claramente debe ser atendido en casos como
el que es materia de estudio, lo cierto es que del mismo modo es indispensable
tener en cuenta que aquel corresponde a un lineamiento interpretativo para la

31 Idem.
32 Folios 19 a 20.

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instrucción de asuntos con la misma causa judicial, sin que por esa razón se haya
modificado y mucho menos derogado la normativa procesal aplicable actualmente
a todos los casos sometidos a esta jurisdicción en virtud de lo reglado en el Título
V, Capítulo IX del CPACA, y por remisión directa del artículo 211 de dicha norma,
también en el Código General del Proceso, en concreto en sus artículos 165 y 176.

En tal sentido, sin perjuicio del hecho de que para demostrar la vinculación de un
educador oficial debe analizarse en primera medida y con preferencia el acto
administrativo de nombramiento o el contrato de prestación de servicios según sea
el caso para determinar el tipo de plaza ocupada o la autoridad nominadora, y en
su defecto recurrir a certificaciones inequívocas del empleador para verificar estos
mismos elementos, lo cierto es que ante la ausencia de estos medios de convicción,
es evidente que el artículo 165 del CGP habilita a las partes a recurrir a cualquier
tipo de prueba útil y conducente que corrobore lo propio, y no solo ni estrictamente
a la prueba supletoria de que trata la Ley 50 de 1886, pues únicamente deben
someterse a pruebas solemnes los actos que legalmente así lo requieran para su
estructuración o validez, lo cual no ocurre en este caso.

Por eso, para demostrar la prestación del servicio del demandante durante un lapso
anterior al 31 de diciembre de 1980, aquel, en principio, debió aportar los contratos
de prestación de servicios, las actas de inicio o liquidación, las constancias de pago
de honorarios, todo esto sin alteraciones o modificaciones.

Verificada la falta de dichos elementos, lo cierto es que la parte activa también pudo
haber aportado un certificado laboral expedido directamente por su supuesta parte
contratante, pero además soportado en material de archivo creíble que acreditara
lo propio de manera indiscutible, lo cual no ocurrió con los únicos documentos
allegados al expediente, pues lejos de ser contundentes y precisos en su
información, lo que en realidad generaron fue una serie de dudas que hacen
imposible considerarlos inequívocos como se exige jurisprudencialmente para estos
casos, toda vez que, esta incertidumbre conlleva la posibilidad de cometer
eventualmente una error al momento de valorar la prueba y de determinar cómo
probado un supuesto fáctico tan importante como el examinado, con base en el cual
se pudo haber concedido la pretensión.

Además, sin tales documentos, el reclamante también pudo haber aportado, incluso:
planillas de pago de honorarios, actos administrativos de reconocimiento de tiempos
de servicio por hecho cumplido certificaciones laborales emitidas por el director de
la institución educativa, informes escritos de la autoridad nominadora, o también
testimonios convincentes, coherentes y conducentes que permitieran corroborar
tanto la existencia del vínculo como su naturaleza y duración exacta.

Ahora bien, lo que se aprecia en el asunto de la referencia es que, en ejercicio de
la aludida libertad probatoria, el accionante a fin de demostrar su labor antes del 31

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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)

de diciembre de 1980, únicamente acudió a unas certificaciones laborales emitidas
por el alcalde del municipio de San Pablo (Bolívar), los cuales finalmente carecen
de contenido y credibilidad al ser examinados bajo la óptica de la sana crítica, lo
que se traduce entonces en el incumplimiento por parte de la parte activa de la carga
probatoria que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho.

Este mandato se deriva del contenido del artículo 167 del Código General del
Proceso que impone una carga procesal33 a las partes dentro del proceso judicial,
consistente en la necesidad de presentar las pruebas demostrativas de los hechos
señalados en la demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación
para su respectivo éxito, ello con la opción judicial de variar el titular de esta, en
atención a las condiciones particulares para aportar los medios de convicción.

De esta manera, se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la prueba
se compone de tres principios fundamentales: i) al demandante le corresponde
probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada una vez
presenta excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los hechos
en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del demandado si la parte
activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda34.

En consecuencia, la inobservancia de la mentada carga trae resultados adversos
para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos de hecho
que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.

Por tanto, al evidenciar que el único período computable para colmar el requisito del
tiempo de servicio necesario a fin de adquirir una pensión gracia, es el comprendido
para los años 1990, 1993, 1994, 1995 y entre el 1.º de enero de 1996 y el 1.º de
marzo de 2000, se concluye que el reclamante no satisfizo el requisito de acreditar
un lapso de labor como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980, de manera que resulta inane examinar las demás exigencias para
consolidar el derecho en litigio, pues finalmente este no podría concederse.

33 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
34 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de

la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).

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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)

En consecuencia, habrá de revocarse el fallo apelado que accedió a las
pretensiones de la demanda y que había condenado en costas a la entidad
apelante, pues contrario a lo manifestado por el accionante en su demanda, la
UGPP valoró adecuadamente las únicas pruebas aportadas para demostrar un
supuesto de hecho que no pudo ser corroborado ni en sede administrativa ni judicial.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión de primera instancia,
incluidas las costas a cargo de la parte pasiva, la Sala aplicando el criterio enunciado
observa que de los fundamentos planteados en la demanda y en el trámite de
primera instancia no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar
a la imposición de dicha carga. Contrario a ello, la parte demandante propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y fue luego del debate
jurídico y probatorio que se determinó en segunda instancia la improcedencia del
derecho, por lo que no se impondrá tal condena en ninguna de las dos
oportunidades procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021)

SEGUNDO: NEGAR los pedimentos de la parte activa.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandante según lo
manifestado en las consideraciones de la sentencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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