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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01293-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de agosto de 2019 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda de la referencia, de acuerdo con lo motivado en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias. 22 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 18 de noviembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-2016-02626-01 (3138-2020); y ii) del 24 de junio de 2021, radicado 25000-23-42-000- 2017-04492-01 (5833-2019). 23 Esta posición se ha aplicado en las siguientes sentencias de Subsección: i) 20 de junio de 2024, radicados 25000- 23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019) y 25000-23-42-000-2016-04509-01 (3884-2018); ii) 30 de octubre de 2024, radicado 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024). 8 Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020) Demandante: Jairo Gómez Gordillo TERCERO: En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01293-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia con las dos terceras partes del
tiempo de servicio. Carga de la prueba parte demandante. Aplicación
de sentencias de unificación por importancia jurídica del 29 de mayo y
9 de julio de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
del 29 de agosto de 2019 emanada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda; anunciando desde ya que
dicha decisión se revocará.

I. ANTECEDENTES

Demanda

2. El señor Jairo Gómez Gordillo formuló demanda con el fin de que se declare la
nulidad de las Resoluciones RDP 018900 del 16 de mayo y RDP 028642 del 4 de agosto,
ambas emitidas por la UGPP en el 2016, por medio de las cuales se le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó condenar a la
entidad de previsión a reconocerle la referida pensión, sin que se aplique la prescripción
trienal de las mesadas causadas por su situación de invalidez.

4. Como fundamento fáctico de lo anterior, el actor indicó que se vinculó durante 30
meses al servicio de la educación estatal mediante contrato de prestación de servicios
con el Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, el cual tiene carácter municipal.
A su vez, señaló que a partir de 1981 se desempeñó como docente nacionalizado en el
Instituto Técnico Industrial Humberto Raffo Rivera del municipio de Palmira (Valle del
Cauca) por un término de 144 meses, hasta que fue pensionado por invalidez mediante
la Resolución 0037 del 12 de enero de 1994.

1 En adelante UGPP.

Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

5. Explicó que los documentos aportados al expediente administrativo evidencian que
acumuló 174 meses de servicio que son suficientes para reconocer la pensión gracia
habida cuenta que su desvinculación obedeció al otorgamiento de la pensión de invalidez.

6. Por último, señaló que, en casos similares al presente, la jurisprudencia ha
expresado que para acceder al derecho pensional basta con demostrar las 2/3 partes del
servicio, esto es, 160 meses, los cuales supera en 14 meses.

Contestación de la demanda

7. La UGPP2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que los
actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior teniendo en cuenta que el actor
no demostró haberse desempeñado durante 20 años como profesor departamental,
distrital o municipal. Además, aclaró que el demandante tiene la condición de docente
nacional.

8. Por otro lado, reveló que el actor no allegó copia de los contratos de prestación de
servicios que pretende hacer valer para demostrar que ingresó al magisterio oficial antes
del 31 de diciembre de 1980 y que el tiempo laborado tampoco está certificado en el
formato que expide el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio - FOMAG.

9. Propuso las excepciones de fondo que denominó «inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados» y «prescripción».

II. SENTENCIA APELADA

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 29 de
agosto de 20193, accedió a las pretensiones de la demanda argumentando que el actor
laboró como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y mantuvo esa calidad
durante 14 años, 6 meses y 11 días.

11. De igual modo, estimó que el Consejo de Estado ha indicado que un educador en
condición de invalidez, como es el caso del demandante, puede acceder a la pensión
gracia si demuestra 2/3 partes de los 20 años de servicio requeridos, esto es, 13,33 años,
exigencia que cumple el interesado.

12. Tales motivaciones sirvieron para declarar la nulidad de los actos acusados y
condenar a la UGPP a reconocer la pensión gracia al actor desde el 26 de febrero de
2002 y a pagar el retroactivo a que haya lugar desde el 26 de febrero de 2013 por
prescripción trienal. Condenó en costas al ente demandado.

2 Folios 121 a 126.
3 Folios 354 a 359.

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Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

III. RECURSO DE APELACIÓN

13. La UGPP presentó recurso de apelación4 solicitando que se revoque la sentencia
de primera instancia. Al respecto, precisó que la Ley 114 de 1913 dispuso que la pensión
gracia se reconoce a los docentes territoriales que cumplen 20 años de servicio y 50 de
edad, teniendo en cuenta que buscó compensar a esos servidores por la desigualdad
salarial que tenían frente a sus homólogos nacionales.

14. Por ende, los actos administrativos enjuiciados se encuentran ajustados a la
legalidad toda vez que los documentos aportados por el accionante no demuestran el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado,
el cual exige acreditar la condición de docente territorial o nacionalizado y el ingreso al
servicio educativo antes del 31 de diciembre de 1980, sumado a que las certificaciones
laborales aportadas no dan cuenta del tipo de vinculación del actor ni la fuente de
financiación de sus salarios como tampoco se expidieron en el formato único de historia
laboral que emite el FOMAG.

15. Por último, agregó que se debe disminuir la condena en costas impuesta en
primera instancia, teniendo en cuenta que el proceso se tramitó con celeridad. Además,
explicó que esta afecta directamente el patrimonio del Estado por cuanto la UGPP es una
entidad pública.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto del 8 de abril de 20215 se admitió el recurso de apelación, el cual
fue notificado a las partes por estado del 23 del mismo mes y año. Posteriormente, a
través de providencia del 1 de julio de 20216 se concedió traslado por diez (10) días para
presentar alegatos de conclusión y se puso el expediente a disposición del Ministerio
Público para que, si lo estimaba pertinente, emitiera concepto.

17. En atención a lo anterior, tanto el actor7 como la UGPP8 reiteraron los
planteamientos expuestos a lo largo del proceso. No obstante, el Ministerio Público se
abstuvo de pronunciarse.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente

4 Folios 374 a 379.
5 Folio 393.
6 Folio 395.
7 Índices 14 y 17 de SAMAI.
8 Índices 15 y 16 ibidem.

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Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación es
competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

19. Corresponde a esta Sala determinar si el señor Jairo Gómez Gordillo tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber completado las 2/3
partes de los 20 años de servicio exigidos, debido a su condición especial de invalidez;
con la claridad que la jurisprudencia había reconocido después que realmente debían
acreditarse las 3/4 partes del tiempo de servicio que equivalen a 15 años9.

20. Igualmente, se constatará si resulta o no procedente la condena en costas en
primera instancia de conformidad al reparo efectuado por la recurrente frente a ese tópico.

Solución del caso concreto

21. Para desatar tales cuestionamientos, la Sala parte de la base que para gozar de
la pensión gracia los docentes deben acreditar los requisitos establecidos por las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal
o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal
calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; y iv) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta.

22. Así pues, esta Subsección verificará los periodos traídos a juicio por el
demandante para al cumplimiento del requisito de los 20 años de servicios como docente
territorial y/o nacionalizado (en este caso las 3/4 partes de ese interregno), para lo cual
tendrá como probado lo siguiente:

i) El 22 de marzo de 2012, el rector y la secretaria general de la Institución
Educativa Técnica Industrial Antonio José Camacho de Cali certificaron que el actor
laboró como docente de tiempo completo, en la modalidad de contrato, desde el 11
de octubre de 1977 al 30 de abril de 1980, aclarando que los contratos se
realizaban cada 10 meses.10

ii) No obstante, el 17 de febrero de 2016, la referida Institución Educativa certificó
que el actor laboró como docente de tiempo completo en dicha entidad, en la
modalidad de contrato, desde el 11 de octubre de 1977 al 15 de octubre de 1980,
aclarando nuevamente que «los contratos se realizaban cada 10 meses, con una
intensidad de 24 horas semanales».11

9
Ver sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida en el expediente 05001-23-33-000-2014-01327-01 (1735-2017).
10 Folio 61.
11 Folio 47.

4

Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

iii) De igual modo, se aportó el Certificado de Tiempo de Servicio Departamental
del 10 de noviembre de 2014, a través del cual se señaló que el accionante prestó
sus servicios en el Colegio Humberto Raffo Rivera durante 12 años y 7 días,
comprendidos así: a) del 1 de abril al 30 de junio de 1981, como docente interino
(durante 3 meses); b) del 25 de marzo de 1982 al 31 de diciembre de 1993, como
profesor en propiedad.12

23. El actor sostuvo que estuvo vinculado como docente antes del 31 de diciembre de
1980 mediante contratos de prestación de servicios por un lapso de 30 meses,
equivalentes a dos años y 6 meses en el Instituto Técnico Industrial Antonio José
Camacho de Cali.

24. Por su parte, el a quo estimó que el vínculo se extendió entre el 11 de octubre de
1977 y el 15 de octubre de 1980, estimándolo en 2 años, 6 meses y 4 días con base en
las certificaciones aportadas, en las que se indicó que el actor laboró durante «10 meses
cada año». Sin embargo, esta conclusión carece de respaldo probatorio suficiente en
razón a que los documentos expedidos por el rector y la secretaría del plantel presentan
discrepancias sobre la fecha de finalización: uno menciona el 30 de abril de 1980 y el otro
el 15 de octubre.

25. Además, si bien ambos coinciden en que los contratos «se realizaban cada 10
meses» esta expresión no permite afirmar de forma clara e inequívoca que cada uno tuvo
ese alcance temporal. En 1977, por ejemplo, el contrato inició el 11 de octubre cuando
restaban apenas 2 meses y 21 días del año; y en 1980, según las constancias, pudo
haber concluido en abril o en octubre, lo que implicaría una duración de solo 4 meses o,
en el mejor de los casos, de 9 meses y 15 días. Por tanto, no puede tenerse por
demostrado que el demandante trabajó 10 meses por anualidad en el periodo referido.

26. En todo caso, junto con los alegatos de conclusión de primera instancia el actor
allegó unos desprendibles de nómina del citado período; empero, tales documentos no
fueron estudiados por el a quo pues se aportaron con posterioridad al cierre de la etapa
probatoria. Por lo tanto, como en esta instancia no se solicitó su incorporación, la Sala se
abstendrá de valorarlos en garantía de los derechos de contradicción y defensa de las
partes.

27. De igual manera, conviene aclarar que en el expediente no obran los contratos de
prestación de servicios ni otros documentos que permitan establecer con certeza el
tiempo durante el cual se verificó la vinculación del actor mediante dicha modalidad
contractual, ni las autoridades que los suscribieron y demás elementos necesarios para
verificar si el docente tuvo la condición de nacional, territorial o nacionalizado.

28. Además, en una de las certificaciones se señaló que la Institución Educativa
Técnico Industrial Antonio José Camacho tenía carácter municipal desde su fundación el

12 Folio 48.

5

Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

13 de noviembre de 193313. No obstante, esta anotación no puede predicarse de la
vinculación del actor ya que para ello es necesario conocer la forma en que se contrató,
las autoridades que intervinieron o los recursos con los que se sufragaron sus salarios,
pues estos insumos son indispensables para establecer con certeza el tipo de plaza
docente que ocupó.

29. En casos similares al presente, esta Corporación ha explicado que estas falencias
probatorias solo generan una serie de interrogantes como los siguientes: ¿el cargo
desempeñado fue financiado directamente por la entidad territorial, por la Nación, fue
cofinanciado, o su origen era del entonces situado fiscal?; ¿el nombramiento fue
realizado por el ente territorial de manera autónoma o en representación del Ministerio
de Educación Nacional?; ¿cuáles fueron las fechas exactas de inicio y terminación del
presunto vínculo laboral?; ¿por qué las autoridades territoriales no reconocen ni tienen
soportes de los contratos o nombramientos realizados, de los pagos efectuados o de la
forma en que culminó la alegada relación laboral?.14

30. Bajo este contexto, en el asunto bajo examen no existe prueba inequívoca,
suficiente ni conducente que permita afirmar que el señor Jairo Gómez Gordillo prestó
sus servicios como docente territorial o nacionalizado entre el 11 de octubre de 1977 y el
30 de abril de 1980 o 15 de octubre de 1980 en el municipio de Santiago de Cali, ni puede
concluirse que tal período puede computarse para efectos pensionales como equivalente
a 2 años, 6 meses y 4 días, como se sostuvo en la providencia apelada.

31. Cabe recordar que es al accionante a quien les corresponde probar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para echar abajo la
presunción de legalidad del acto acusado15. Esta afirmación se apoya en la regla
contenida en el Código General del Proceso, según la cual «incumbe a las partes probar
los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen»16.

32. En consecuencia, los elementos de juicio allegados a este proceso impiden
establecer de manera cierta e inequívoca la prestación del servicio docente en una plaza
territorial o nacionalizada entre los años 1977 a 1980. De este modo, no es posible
computar ese tiempo para reconocer la pensión gracia reclamada, cuyo carácter especial
y excepcional exige que el fallador tenga certeza plena de dichos aspectos, conforme lo
ha manifestado esta Subsección en casos análogos.17

13 Cfr. Folio 47. Certificación del 17 de febrero de 2016.
14 Ver las siguientes sentencias: i) 25 de julio de 2024, radicado 13001-23-33-000-2015-00509-01 (3303-2021); ii) 29

de agosto de 2024, radicado 68001-23-33-000-2020-00013-01 (4247-2023); iii) 23 de octubre de 2024, radicado 52001
23 33 000 2020 01019 01 (6451-2022); iv) 30 de octubre de dos 2024, radicado 52001 23 33 000 2015 00831 01 (3515-
2019).
15 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente:

Jesús María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
16 Artículo 167 del CGP.
17 Ver las siguientes sentencias: i) del 11 de mayo de 2023, radicado 23001 23 33 000 2015 00228 01 (1011–2018); ii)

del 22 de junio de 2023, radicado 50001 23 33 000 2015 00110 01 (3048-2019); iii) del 21 de marzo de 2024, radicado
25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016); y iv) del 25 de julio de 2024, radicado 13001-23-33-000-2015-00509-
01 (3303-2021).

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Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

33. En ese orden, el accionante no cumplió los requisitos necesarios para acceder a
la pensión gracia, toda vez que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980.

34. Ahora, aún en el evento de tener en cuenta dicha vinculación y sumarla a las otras
dos que tuvieron lugar entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1981 y luego del 25 de marzo
de 1982 al 31 de diciembre de 1993 —las cuales se certificaron como nacionalizadas y
equivalentes a 12 años, y 7 días—, se concluiría que el señor Jairo Gómez Gordillo ejerció
la profesión docente durante 14 años, 6 meses y 11 días, esto es, un tiempo inferior a los
20 años exigidos para acceder a la pensión gracia pretendida.

35. Sobre el particular, cabe aclarar que el Consejo de Estado había admitido la
procedencia de la pensión gracia, incluso su sustitución, i) cuando el docente acumulaba
al menos 15 años de servicio y se retiraba por causas ajenas a su voluntad, como una
invalidez sobreviniente18; y ii) cuando había laborado al menos 18 años y fallecía,
aplicándose el artículo 7 del Decreto 224 de 1972, que permitía una pensión post mortem
equivalente al 75 % para sus beneficiarios19, posiciones que se fundaban en la necesidad
de protegerles el derecho a la seguridad social por sus condiciones de salud, en armonía
con los principios de proporcionalidad, progresividad y confianza legítima, tomando como
base lo establecido en la sentencia C-794 de 2009 de la Corte Constitucional.

36. Sin embargo, en los fallos emitidos por importancia jurídica el 29 de mayo20 y 9 de
julio de 202421, la Sala Plena de la Sección Segunda revaluó estos precedentes
argumentando, frente al primer caso, que la sentencia C-794 de 2009 no era aplicable al
caso de los docentes que aspiraban al reconocimiento de la pensión gracia pues esta se
refería al régimen pensional de aviadores civiles. Además, tras un análisis integral de la
Ley 114 de 1913, esta colegiatura estimó que dicha prestación no puede otorgarse sin
cumplir los 20 años exigidos, incluso si el retiro obedeció a invalidez o muerte, dado que
la norma es clara, sin excepciones y no se deriva el sistema general de seguridad social.

37. En cuanto al segundo escenario, se determinó que el artículo 7 del Decreto 224
de 1972 no regula este tipo de prerrogativas, por lo que no puede aplicarse
analógicamente y se recordó que los riesgos de invalidez y muerte ya están cubiertos por
otras figuras pensionales. Por consiguiente, se concluyó que la pensión gracia, por su
carácter gratuito, meritorio y personal, exige una vinculación mínima de 20 años en plazas
oficiales.

38. Finalmente, la Sección afirmó que este nuevo criterio no vulnera los principios de
igualdad, progresividad ni equidad e hizo énfasis en que, dado su respaldo exclusivo en

18 Ver las siguientes sentencias: i) del 30 de septiembre de 2010, radicación: 17001-23-31-000-2007-00187-01 (1067-

09); ii) del 22 de septiembre de 2016, radicación: 41001-23-33-000-2013-00360-01 (5006-14); iii) del 30 de noviembre
de 2017, radicación: 05001-23-33-000-2013-01030-01 (2681-15); iv) del 21 de junio de 2018, radicación: 25000-23-42-
000-2013-04847-01 (0229-15); v) del 14 de mayo de 2022, radicación: 05001-23-33-000-2014-01327-01 (1735-2017).
19 Ver las siguientes sentencias: i) del 28 de enero de 2010, radicado 05001–23–31–000–2004–05315–01 (1026–07);

y ii) del 18 de noviembre de 2020, radicado 11001032500020180116900 (4045-2018). De la Corte Constitucional puede
consultarse la Sentencia T-586 de 2010.
20 Radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
21 Radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014).

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Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

el tesoro nacional y la desaparición de las causas que motivaron su creación, la pensión
gracia requiere una interpretación estricta, lo que significa que para su reconocimiento se
deben reunir los 20 años de servicio previstos por la Ley 114 de 1913.

39. Así las cosas, en este caso debe acogerse la postura vigente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en relación con la materia debatida dado su carácter
vinculante y la obligación del juez de aplicar uniformemente el derecho22, de manera que
ante circunstancias fácticas y jurídicas similares se garantice un trato igualitario.

40. En conclusión, bajo la valoración probatoria explicada líneas atrás y conforme al
criterio jurisprudencial sostenido recientemente por esta Sección23, se revocará la
providencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, por sustracción de materia, no será necesario pronunciarse sobre la
solicitud de la UGPP relativa al reexamen de la condena en costas impuesta en primera
instancia habida cuenta que la decisión recurrida se revocará en su totalidad.

Condena en costas en segunda instancia

41. En paralelo con lo anterior, realizada la valoración preceptuada en el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, no se advierte la carencia de fundamento legal en las
actuaciones surtidas en ambas instancias por la parte demandante habida cuenta que
expuso argumentos de derecho razonables en defensa de sus intereses. Por ende, la
Sala se abstendrá de condenarlo en costas.

VI. DECISIÓN

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de agosto de 2019 mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda de la
referencia, de acuerdo con lo motivado en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.

22 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 18 de noviembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2016-02626-01 (3138-2020); y ii) del 24 de junio de 2021, radicado 25000-23-42-000-
2017-04492-01 (5833-2019).
23 Esta posición se ha aplicado en las siguientes sentencias de Subsección: i) 20 de junio de 2024, radicados 25000-

23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019) y 25000-23-42-000-2016-04509-01 (3884-2018); ii) 30 de octubre de 2024,
radicado 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024).

8

Radicación: 76001 23 33 000 2017 01293 01 (3426-2020)
Demandante: Jairo Gómez Gordillo

TERCERO: En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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