Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2015-00110-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 50001233300020150011001 (3048-2019)
Demandante: Orlando Herrera Ramírez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1
Temas: Pensión gracia . Tipo de vincu lación. Naturaleza del cargo.
Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta el 15 de marzo de 201 9, que
negó las súplicas de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
1.1. Pretensiones
El señor Orlando Herrera Ramírez por intermedio de apoderado , en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,
1 En adelante UGPP.
2 Folios 26 a 38.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .
En adelante CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 50001233300020150011001 (3048-2019)
Demandante: Orlando Herrera Ramírez
peticionó declarar la nulidad de las Resoluciones PAP 033954 del
24 de enero de 2011 y 047352 del 7 de abril de 2011 , por medio
de las cuales , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia y confirmó la decisión al resolver el recurso de
reposición.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia
liquidada la inclusión de todos los factores salariales d evengados
el año anterior al 27 de marzo de 1999 , fecha de adquisición del
estatus pensional; (ii) reconocer y pagar intereses moratorios
conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993;
(iii) pagar intereses corrientes durante los seis (6) primeros meses
contados a partir de la ejecutoria del f allo e intereses moratorios
después de ese tiempo sobre las condenas, sumas que deberán
ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor; y
(iv) cumplir la sentencia de acuerdo con lo establecido en los
artículos 189 y 195 del CPACA .
1.2. Hechos que funda mentan la demanda
El señor Orlando Herrera Ramírez ind icó que nació el 27 de marzo
de 1949 y «prestó sus servicios al MUNICIPIO DE ARME NIA durante
el año 1971 hasta el año 1981, y al servicio de la SE CRETARÍA DE
EDUCACIÓ N DEL GUAVIARE desd e el año 1985 hasta el año 1994»
así:
El 5 de noviembre de 2008 , el demandante solicitó ante la UGPP,
el reconocimiento y pago de la pensión gracia .
Mediante la Resol uci ón PAP 033954 del 24 de enero de 2011 le
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fue negado el derecho por considera que el periodo comprendido
entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981 fue como
profesor del Centro de Capacitación de Menores EMJ, por lo que no
podía computarse en la medi da en que se trató de un cargo
administrativo.
El accionante recurrió la decisión, y fue resuelta a través de la
Resolución 047352 del 7 de abril de 2011 , que confirmó la
decisión con base en la certificación del 6 de enero de 1999 y del
25 de agosto de 2008 expedidas por la Alcaldía de Armenia , en las
que se establece que el Centro de Capacitación de Menores
corresponde a una correccional de menores, y en ese orden, no
hace parte del grupo de instituciones de educación formal
certificadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Adicionalmente, adujo que en el mencionado documento se indicó
que el peticionario , además de cumplir funciones de p rofesor , era
también vigilante , siendo este un cargo administrativo, por lo cual ,
no es posible computarlo para la pensión gracia .
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
El actor a rgumentó que cumplió los re quisitos para ser b eneficiario
de la pensión gracia pues se vincu ló como docente al magisterio
oficial y laboró por más de 20 años como docente en primaria .
Para sustent ar su solicitud, invocó y transcribió sentencias
proferidas por la Corte Constitucion al tales como la T -174/2005,
que señaló que la pensión gracia hace parte de un régimen especial
por lo que no le son aplicables las no rmas contenidas en las Leyes
33 y 62 de 1985; la SU-640/98 que impone que las sentencias que
resulten de demandas de inconstitucionalidad tienen efecto erga
omnes por lo que debe dar aplicación a la sentencia del 2 4 de enero
de 2008 emanada del Consejo de Estado , radicado 25000-23-25-
000-2004-90767 -01 (1275 -06), en la cual se analiza el contenido
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del Decreto 88 de 1976 y el Decreto 2277 de 1979 en relación con
el Sistema Educativo Nacional y que analizó el carácter de docentes
de los educadores del Colegio de Empleados de la Contraloría
General de la República .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4
La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez
que, de la documentación obrante en el expediente administrativo,
como son los certificados del 6 de enero de 1999 y del 25 de agosto
de 2008, expedidos por el a lcalde de Armenia, Quindío , se observa
que el demandante laboró como profesor del CENTRO DE
CAPACITACIÓN DE MENORES E . M.J., desde el 2 de julio de 1971
hasta el 26 de octubre de 1981 .
Indicó que, de acuerdo con la certificación del 6 de enero antes
referida, se establece que la institución a la que se hace referencia
es una correccional de menores, y que el accionante , además de
cumplir las funciones de profesor, también se desempeñó como
vigilante .
Al respecto, señaló que la correccional relacionada no se e ncuentra
dentro de las instituciones de educación formal certifica das por el
Ministerio de Educación y a las cuale s deben estar vinculados los
docentes que pretendan acreditar su calidad como educador
nacionalizado para reclamar la pensión gracia.
Añadió que el cargo ocupado de profesor–vigilante, no tiene
carácter de docente .
En ese orden, expuso que el accionante no cuenta con los 20 años
de docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
4 Folios 114 a 121.
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nacionalizado, dado que no es posible computar tiempos de servicio
desempeñados en cargos de caráct er administrativo , tal y como
ocurre en el presente caso .
En consecuencia, no cumple con el requisito de haberse vinculado
como docente antes del 31 de diciembre de 1980 .
Propuso las siguie ntes excepciones , (i) ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado ; (ii) inexistencia de la obligación de
reconocer la pensión ; (iii) cobro de lo no debido ; (iv) prescripción ;
e (v) imposibilidad de condena en costas.
3. AUDIENCIA INI CI AL 5
El 15 de marzo de 2019 , el Tribunal Administrativo de l Meta, en
acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo audiencia
inicial concentrada , oportunidad en la que fijó el problema jurídico
en los siguientes términos:
«[ …] si se encuent r a sat isf echo el r equ is it o de la v incul ación com o
docent e t er r it or ial a nt es del 31 de d icie m b r e de 1980, con el t iem po
labor ado en el C EN TRO DE CAPA CI TA CI Ó N DE M ENO RES en del
M UNI CI PI O DE ARMENI A, por el per iodo com pr endido ent r e el 2 de
j ulio de 1971 y el 26 de oct ubr e de 1981, par a logr ar la pensió n
gr acia. »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
En desarrollo de la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo del
Meta dictó sentencia para lo cual , negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al demandante.
La autoridad judicial advirtió respecto del periodo comprendido
entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981 , que éste no
podía ser tenido en cuenta toda vez que de acuerdo con el
certificado expedido por el Departamento Administrativo de
5 Folios 98 a 109. CD allegado a folio 110.
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Fortalecimiento Institucional – Fondo Territorial de Pensiones del
11 de julio de 2011 , el actor laboró en el municipio de Armenia en
el cargo de profesor del Centro de Capacitación de Menores.
Advirtió que en el expediente administrativ o reposa un certificado
emitido por el coordinador del Archivo Municipal de la Secretaría
General –Sección Archivo– del municipio de Armenia del 6 de enero
de 1999, el cual hace constar que en el accionante se desempeñó
en ese periodo, en calidad de «PROFESOR VIGILANTE » de la
Correccional de Menores E. M. J. de ese ente territorial.
En ese orden , concluyó que en efecto , de acuerdo con los
certificados y las razones expuestas por la UGPP en los actos
demandados, el actor debía acreditar las funciones que cu mplió en
la correccional de menores para establecer si la labor se equipara
con el ejercicio de la docencia o si se trat ó de un cargo
administrativo .
Adicionalmente, afirmó que la institución en la que laboró –
Correccional de Menores – en principio no correspo nde a una
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, lo que tampoco
demostró el accionante.
En conclusión , el a quo, señaló que el demandante no demostró su
condición de docente en el tiempo laborado para el municipio de
Armenia, ni la naturaleza de la institu ción , siendo ello de su cargo
pues, le correspondía dar plena certeza y claridad de esos
elementos por ser precisamente esos los puntos de discusión con
la entidad demandada .
Con base en lo anterior indicó que el actor no cumplió con los
requisitos de vinculación que exige el Decreto 2277 de 1979 y la
Ley 114 de 1913 con antelación al 31 de diciembre de 1980 .
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Condenó en costas al demandante por haber sido vencido en el
proceso, atendiendo lo establecido en el numeral 1.º del artículo
365 del Código General del Proceso –CGP–.
La parte demandante interpuso en audiencia recurso de apelación
la cual sustentó con posterioridad.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
La parte demandante presentó escrito con el fin de argumentar las
razones del recurso interpuesto en audiencia oral celeb rada del 15
de marzo de 2019.
Al efecto, manifestó que se ratifica en lo enunciado «[c]onforme a
los hechos de la demanda, a las pretensiones formuladas, las
declaraciones y condenas solicitadas, a las pruebas allegadas al
expediente, la fundamentación normativa tanto de orden
constitucional, legal como jurisprudencial, expuesta en la parte que
represento».
Seguidamente solicitó al «al Despacho ad quo, dictar sentencia de
primer grado, de acuerdo a la controversia a decidir en el presente
asunto […]».
Para el efecto realizó un breve recu ento normativo y finalmente
indicó que, «[…] teniendo en cuenta que mi representado, se
vinculó como docente al Magisterio Oficial y laboró por espacio de
más de 20 años, es incuestionable que la PENSION GRACIA debe
reconocerse a partir del momento en que reunió los requisitos
señalados en las Leyes que regulan la materia, y citadas en estos
alegatos.» (sic)
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6 Folios 114 y 115.
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6.1 La parte demandante 7 reiteró los mismos argumentos del
recurso de apelación y agregó que los tiempos servidos al municipio
de Armenia deben tenerse en cuenta, pues, aunque no existieron
cotizaciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMA G–, la norma que dio origen a la pensión gracia
(Ley 114 de 1913) no estableció tal requisito, tan solo que hubiese
demostrado su vinculación como docente na cionalizado antes de
1981 y 20 años de servicio.
6.2 La entidad de mandada 8 solicitó d esatender las pretensiones de
la parte demandante y exonerar a la demandada por encontrarse de
acuerdo con los argumentos expuestos por el tribunal.
La Agencia Nacion al de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a
folio 155.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
7 Folios 152 a 154.
8 Folios 148 a 151.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
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el apelante .
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apela ción interpuesto por la parte
demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
¿El señor Orlan do Herrera Ramírez , tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen
consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan
dicha prestación?
Para resolver el asunto, se desarrol la rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia.
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterio ridad al 1.º
de enero de 1981.
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Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los sig uient e s
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuación de ca da uno
de ellos:
Per sonal naci ona l . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vincula dos a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con lo
dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t orial . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al, a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin e l cum pl im ient o de l r equis it o e st ablecido en e l ar t í culo 10
de la Ley 43 de 197 5. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«A rt í cul o 15. A par tir de la vigencia de l a pr esent e Ley el per sonal
docent e nacional y nacional izado y el que se vincule con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 será r egido por las siguient es
dispos icion es:
[ …]
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A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980 que
por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
dem ás nor m as que las hubier an desar r ol lado o m odif icado, t uviesen
o llegar en a t ener de r echo a la pensión d e gr acia, se les r econocer á
siem pr e y cuando cum plan con la t ot al i dad de los r equ isit o s . Est a
pensión segu ir á r econociénd ose por la Caj a Naciona l de pr evisió n
Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 197 6 y ser á com pat ible con la
pensión or d inar ia d e j ubilac ión, aún en el event o de est ar ést a a
car go t ot al o par cial de la nación. [ …] »
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 11 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclusiva m ent e,
los naciona liz ados que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vincula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lle gar en a t ener d er echo a la pe nsión de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que
sin la Ley 91 de 1989, en especial la nor m a cont enida en el lit er al
A, num er al 2, de su ar t í culo 15, dichos ser vidor es no p odr í an
benef iciar se del r ec onocim ient o de t al pensión, pues habié ndose
naciona liz ado la ed ucación pr im ar ia y secundar ia of ici ales , dicha
pr est ación, en r eali dad, no t endr í a el car áct er de gr aciosa que
inic ialm ent e le as ign ó la ley. [ …]. »
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:
11 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sente ncia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Orlando Herrera Ramírez
«i) Los r ecur sos de l si t uado f i scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a la
Nación a l as ent idad es t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de 1886
y hast a cuando p er m anecier on e n vig or e n la C onst it ució n de 1991,
no obst ant e su or igen o f uent e naciona l, una vez se incor por aban
a los pr esupuest os local es pasaban a ser de pr opiedad exclusiv a
de los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t err it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que les gir a la Nación, pr ovenient es del si st ema
general de part i ci paci ones , por asigna ción dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los fondo s
educat i vos regi on al es no solo de pe ndí a de los r ecur s os que
gir aba la Nac ión a las ent idades t er r i t or iales por concep t o del
si t uado f i scal , sino que t am b ién cor r espondí a a los ent es l ocales
dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al sost enim ie nt o de
los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29 del Decr et o 3 157 de
1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regional es at endí an los gast os
que gener aban los s er vicios educat iv os de los docent es naci onales
y nacional izados, r esult a f act ible coleg ir de m aner a r azonada que
lo pr opio acont ecí a con algunas de las er ogaciones sal ar iale s
or igina das por el ser vicio que pr est aban los educador es
t er r it or iales, ya que los r ecur sos dest ina dos par a t al f in pr ov ení an
t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las ent i dades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecí a de f or m a exclusiv a a los ent es locales dado
que ingr esab an a su s pr esupuest os en c alid ad de r ent as exó genas
y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t err it or ial es y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vin culaci ón int er vie ne, adem ás del r epr ese nt ant e
lega l de la ent idad t er r it or ial, el delegado per m anent e del M inist er io
de Educación Nac io nal com o m iem br o de la j unt a admi ni st radora
del r espect ivo f o n do educat i vo reg i onal , así , est e últ im o,
cer t if ique la vacan cia del car go j unt o con la dispon ib il idad
pr esupuest al; y ( ii) p or el ar gum ent o de que los r ecur sos dest i nados
par a su sost enim ien t o t ienen su or igen o f uent e en la Nación .
vi) Prueba de cal i da d de docent e t erri tori al . Se r equier e copia de
los act os adm inist r at ivos donde const e el ví nculo, en los que
adem ás se pueda est ablecer con suf icient e clar idad que la plaza a
ocupar sea de aquell as que el legi slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect i va cer t if icación de la aut or idad nom inador a que dé cuent a
de m aner a inequí voca que el t ipo d e vinculac ión a l cual s e
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elev ant e, f r ent e al r econocim ient o de la p ensió n
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gr acia, es la acr editación de la plaza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t err it or ial o naciona lizad a, pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sal a en est a pr ovidenc ia, en l o que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o d e la s exógenas —si t u ado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos edu cat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que ver con los educador es
naciona liz ados, las er ogaciones q ue est os gener aban se en m ar can
en los r ecur sos d el si t uado f i scal , hoy si st ema general de
part i ci paci ones . » (Resalt ado de l t ext o or igina l)
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docent es pued en acceder a la pens ión gr aci a ant es y de spués
del 29 d e dic iem br e de 1989, si em pr e y cuando acr ed it en un a
vincul ación t er r it or i al o naciona liz ada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os legal m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
13Consejo de Estado, Sección Segunda , radicación 15001-23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación admini strativa
I) El 5 de noviembre de 2008 , el demandante solicitó ante la
UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia .
II) La UGPP , mediante la Resolución PAP 033954 del 24 de
enero de 2011 14, negó la petición, por considera que el periodo
comprendido entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981
lo desempeñó como profesor del Centro de Capacitación de
Menores EMJ, es decir, en un cargo administrativo, por lo que dicho
periodo no puede ser tenido en cuenta a efectos de la pensión
gracia.
III) El accionante interpuso recurso de reposición el cu al fue
resuelto mediante la Resolución 047 352 del 7 de abril de 2011 15,
que confirmó la decisión con base en los documentos aportados por
el recurrente, y co n base en la s certificaciones del 6 de enero de
1999 y 25 de agosto de 2008 expedidas por la Alcaldía de Armenia ,
corroboró que la institución en la cual realizó labores corresponde
a una correccional de menores, cuya naturaleza no atañe al grupo
de instituciones de educación formal certificadas por el Ministerio
de Educación Nacional a las cuales deben estar vinculados los
docentes que pretendan acreditar su calidad como educa dores
nacionalizados .
Adicionalmente, adujo que en el mencionado documento se indicó
que el peticionario , además de cumplir funciones de p rofesor, era
también vigilante , «cargo que no tiene el carácter de docente»
según la normatividad relacionada en el acto administra tivo (Leyes
14 F o l i o s 4 a 6.
15 F o l i o s 10 a 13.
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114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y Decreto 2277 de 1979) .
2.5 Caso concreto
En lo concerniente a la procedencia y finalidad del recurso de
apelación, se recuerda que el principio de la doble instancia,
elevado a canon constitucional en el a rtículo 31 de la Ca rta Política,
prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las
excepciones que consagre la ley; esta garantía del derecho de
impugnación, como posibilidad de controvertir una decisión judicial,
exige la presencia de un superior funcional, quien participa como
autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la
revisión de una actuación previa.
Este principio encierra una de las más caras garantías establecidas
en la Constitución Política , por ello, es deber del juez, salvo las
excepciones expresamente consignadas por el legislador, procurar
su realización y ple na efectividad como garantía de los derechos de
impugnación y de contradicción que subyacen del mismo.
No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera
deliberada; por ello, el legislador ha establecido algunos requisitos
de oportunidad y procedencia para su efectividad, que deben ser
satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de
apelación, requisit os que dentro del procedimiento contencioso
administrativo quedaron preceptuados en los artículos 243 y 247 de
la Ley 1437 de 2011. El primero, prevé que serán apelables las
sentencias de primera instancia dictadas por los Jueces y
Tribunales Administrativos; el segundo establece, el trá mite bajo el
cual ha de surtirse la apelación señalando el término para la
sustentación.
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De otra parte, la Ley 1564 de 2012 16 aplicable al procedimiento
contencioso administrativo por remisión del artículo 306 del
CPACA, señala los fines y el alcance de la apelación, como también
el interés para interponerla, al precisar lo que a continuación se
transcribe:
«A rt í cul o 320. Fi n es de l a apel aci ón . El r ecur so de apelaci ón
t iene por obj et o qu e el sup er ior exam ine l a cuest ió n dec idid a,
únicam ent e en r elación con los r epar os concr et os f orm ulado s por
el apela nt e, par a que el super ior r evoqu e o r ef orm e la decisi ón.
Podr á int er poner el r ecur so la par t e a quien le hay a sido
desf avor able la pr ov idenc ia [ …] .
[ …]
A rt í cul o 322. O portuni dad y requi si t os. El r ecur so de apelaci ón
se pr opondr á de acuer do con las sigui en t es r eglas:
[ …]
Cuando se apele una sent encia, el apelant e , al m om ent o de
int er poner el r ecur s o en la au dienc ia, s i hub ier e sido pr of er ida en
ella, o de nt r o de los t r es ( 3) dí as siguien t es a su f inal izació n o a la
not if icaci ón de l a qu e hubier e s ido dict a da por f uer a de a udi encia,
deber á pr ecisar , de m aner a br eve, los r epar os concr et os que le
hace a la decisión , sobr e los cuales ver sar á la sust ent ación que
har á ant e el super io r . » [Negrilla y subrayado fuera del texto]
Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir
que, al sustentar la apelación, el recurrente debe señalar al ad
quem las inconformidades frente a la decisión del a quo para que
el superior revise los posibles errores en que haya incurrid o la
primera instancia.
El Consejo de Estado ha señalado que el marco de la decisión del
recurso de apelación se debe circunscribir a lo consid erado en la
providencia de primera instancia, en este caso, la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 15 de marzo de
16 C ó d i g o General del Proceso – CGP.
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2019 y a lo alegado y argumentado en el recurso de apelación por
parte de l actor.
En efecto, esta Corporación ha reiterado dicho marco de decisión
de la segunda instancia en varias providencias, entre el las,
mediante la sentencia de 9 de marzo de 2017 proferida por la
Subsección A 17, oportunidad en la que se expresó:
«Est a Corporaci ón ha sost eni do qu e l a compet enci a
f unci onal del j uez de segund a i nst an ci a est á l i mi t ada por
l as razones de i nconf ormi dad expresadas p or el
recurrent e en el recurso de apel aci ón . Lo ant er ior signif ica
que las com pet enc i as f unciona les de l j uez de la ap elac ión ,
cuando el apelant e es único, no son ir rest r ict as, pues est án
lim it adas, en pr im er lugar , por el pr incip i o de la no n
r ef or m at io in pejus (ar t . 31 de la Const itución Polí t ica y 328
del C. G . P) , y en segundo, por el obj et o m ism o del r ecur so,
cuyo m ar co est á def inido, a su vez, por lo s j uicios de r epr oche
esbozados por el apelant e, en r elaci ón con la sit uació n
cr eada por el f allo d e pr im er a inst ancia.
Así pues, al ad quem l e est á vedado, en pri nci pi o y sal vo
l as excepci ones hechas por el l egi slador, revi sar t emas
del f al l o de primera i nst anci a que no f ueron obj et o de
i mpugnaci ón, como qui era que l os mi smos quedan
excl ui dos del si gui ent e debat e y, por l o t ant o, debe
deci rse que, f rent e a di chos aspe ct os, t ermi na por
compl et o l a cont roversi a. » [Negrilla f uera del texto]
En este orden de ideas , esta Sala ha establecido que solo se
estudiará lo decidido en la sentenci a de primera instancia y lo
alegado en el recurso de apelación en cuanto se evidencien
argumentos y cargos claros de inconformi dad fre nte a lo
decidido por el a quo. 18
17Radicado interno 1832-15; C.P William Hernández Gómez. Reiterado en
sentencia del 12 de septiembre de 2019 Radicado interno 1860 -2015, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
18Argumento reiterado recientemente por esta Sala en sentencia del 1 de
septiembre de 2022, radicado 52001233300020180022201 (0549 -2022).
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Todo lo precedente, permite respetar una de las garantías del
debido proceso consistente en el límite que tiene la judicatura de
no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho,
de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y
oportuna defensa, toda vez que la litis fija los límites de los poderes
del juez.
Bajo dicho hilo argumentativo, en el presente caso es claro para la
Sala, que la decisión que se profirió se aludió principalmente a
recabar en la ausencia de pruebas que perm itieran verificar que las
labores desempeñadas por el actor y la institución en las que
realizó labores fu eran de aquellas que permitan acreditar los
tiempos requeridos para acceder a la pensión gracia.
Observa la Sala que, en el recurso de apelación, el actor se limitó
a «ratificar» los hechos, pretensiones y condenas solicit adas en la
demanda, así como a las pruebas allegadas al exp ediente los
argumentos expuestos en dicho escrito.
Es más, en su recurso se advierte que solicita al «[d]espacho ad
quo (sic), dictar sentencia de primer grado de acuerdo a la
controversia a decidir en el presente asunto […]», situación que en
principio contradice los lineamientos establecidos por esta
Corporación en el sentido de que debía evidenciar argumentos y
cargos claros de in conformidad frente a lo decidido por el a quo.
A pesar de lo anterior , y ante la va guedad de argumentos , esta
Sala, en aras de garantizar el derech o al debido proceso y acceso
a la justicia procede a realizar el análisis p art iendo del entendido
de que el actor se encuentra en desacuerdo con las razones
expuestas.
Al respecto es preciso señalar que el recurso presen tado por la
parte activa es claro en cuanto a que , lo que pretende , es
controvertir la sentencia de primera i nstancia . Si bien sus
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argumentos no resultan profundos, son consecuente s con el debate
iniciado con la demanda. Por lo tanto, a esta Sala no le cabe duda
de que su intención es obtener un reexamen de las pruebas
aportadas al plenario , y en general , obtener una decisión favorable
a sus pretensiones y reafirmar la teoría del caso planteado en el
libelo introductorio .
En ese orden, a tendiendo las anteriores precisione s, la Sala
procederá a examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin
de verificar si a la parte demandante le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia por cumplir con los requisitos
legales, concretamente frente al tiempo de servicio acr e ditado.
2.5.1 Hechos probados y análisis
2.5.1.1 El demandante nació el 27 de marzo de 1949 19, por tanto,
el mismo día y mes de 1999, cumplió 50 años de edad.
2.5.1.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:
A) Del 2 de julio de 1971 al 26 de octubre de 1981.
• De acuerdo con el certificado emitido por el coordinad or del
Archivo Municipal de la Alcaldía de Armenia del 6 de enero de
1999 20, consta que el accionante laboró al servicio del
municipio de Armenia como «PROFESOR VIGILANTE, de la
Correccional de Menores “E.M.J”», desde el 2 de julio de 1971
hasta el 23 de abril de 1981, así:
19 A s í consta en la cédula de ciudadanía que se encuentra a folio 25.
20 E x p e d i e n t e digital allegado a folio 92.
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• Mediante constancia emitida por el Departamento Administrativo
de Fortalecimiento Institucional , Fondo Territorial de Pensiones
de la Alcaldía Municipal de Armenia, emitida el 11 de julio de
2011 21, se informó que el accionante desempeñó el cargo de
«Profesor del Centro de Capacitación de Menores EMJ del 2 de
julio de 1971 al 26 de octubre de 1981 », y «realizó aportes por
IVM a la Caja de Previsión Social Mu nicipal ».
• En el Formato No. (sic) 1, Ce rtificad o de Información Laboral
emitido por la Alca ldía de Armenia el 25 de agosto de 2008 22 y
el del 11 de julio de 2011 23 coinciden en informar que el actor
estuvo vinculado al municipio de Armenia del 2 de julio de 1971
21 F o l i o 19.
22 E x p e d i e n t e digital allegado a folio 92.
23 Fo l i o 15.
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al 26 de octubre de 1981 en el cargo de profesor EMJ , a saber:
Respecto de este primer periodo, lo que constituye relevancia para
determinar si el do cente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si fue nombrado docente oficial antes del 31
de diciembre de 1980, y si se trató de una vinculación como docente
de carácter territorial o nacionalizado .
Pues bien, del análisis de los documentos relacionados es posible
determinar que el actor desempeñó labores al se rvicio de la
Alcaldía de Armenia, y según se logra establecer , lo fue como
profesor, o «profesor-vigilante », sin que se hubiese relacionado en
ninguno de los documentos aportados el acto de nombramiento ,
posesión, contrato u otra forma de vinculación que permita verificar
la forma en que fue trabada su relación con la entidad territorial.
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Se observa que el accionante t ampoco aportó pruebas referidas a
las funciones realizadas , aun cuando ello era de su carg o, más aún
cuando lo que reclama en sede judicial , había sido debidam ente
resuelto por la entidad no solo en los actos que demanda, sino
también por medio de las Resoluciones 0075 94 del 5 de mayo de
2000, y la que resolvió el recurso de reposición , 001561 del 28 de
marzo de 2001 , que fueron aportadas en el expediente
administrativo digit al.
Según se lee, en dicha ocasión la Caja Nacional d e Previsión
Social 24 –hoy UGPP –, negó la prestación e indicó al actor las
razones por las cuales tal periodo no podía tenerse en cuenta, y a
pesar de ello el accionante no hizo mayor esfuerzo para que ello se
aclarara, pues, no aportó pruebas que permitieran constatar que el
objeto de las labores desarrollad as fueran de aquella que
corresponde a la educación oficial, ni adjuntó certificaciones
emitidas por las autoridades territo ria les competentes que
permitieran enervar la naturaleza del mentado correccional
denominado Centro de Capacitación de Menores , y tampoco solicitó
al juez de primera instancia que las practicara.
Así mismo, carece de fundamento el argumento expuesto en l a
demanda mediante el cual afirmó que se trató de un docente
nacionalizado pues, para esa data (1971) no se había dado inicio
al proceso de nacionalización de la educación ocurrida con la Ley
43 de 1975, por lo que su argumento no resulta de recibo.
En ese orden, de los documentos obrantes en el proceso es posible
afirmar que el cargo profesor-vigilant e que ejerció el accionante es
de carácter administrativo, pues , si bien se integró al servicio del
municipio de Armenia con anterioridad a la expedición de l Decreto
2277 de 1979, este resulta concord ante con lo expuesto en sus
artículos 32 y 35, en la cual fueron establecidos los cargos que
24 E n adelante CAJANAL.
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tienen carácter docente y los que son administrativos en la
educación oficial , así:
«A rt í cul o 32. Caráct er docent e . Tienen car áct er docent e y
consecuenci a deben ser pr ovist os con educador es escalaf o nados,
los car gos dir ect ivo s que se señalan a cont inuació n, o lo s que
t engan f unciones eq uival ent es:
a) Dir ect or de escuela o concent r ación e scolar ;
b) Coor dinador o pr ef ect o de est ableci m ient o;
c) Rect or de plant el de enseñanza bás ic a secundar ia o m edi a;
d) Jef e o Dir ect or de núcleo educat ivo o de agr upaci ón de
est ablecim i ent os;
e) Super visor o insp ect or de educación.
A rt í cul o 35. Cargos admi ni st rat i vos. Los car gos dir ect ivo s de la
educación of ic ia l no pr evist os en el ar t í culo 32, t ienen car áct er
adm inist r at ivo y sus t it ular es se r egir án por las nor m as apli cables
a los dem ás em pleados públic os.
I nci so adi ci onado por el Decret o 85 de 1980, artí cul o 4º . Por las
m ism as nor m as se r egir á el per sona l docent e com ision ad o par a
ej er cer car gos adm inist r at ivos en el sec t or educat ivo. »
De lo transcrito, se observa que el cargo de profesor -vigilante no
se encuentra enlistado dentro de los cargos taxativamente
mencionados con carácter de docente .
Así las cosas, no es posible afirmar que el señor Herre ra Ramírez
se hubiese desempeñado como docente oficial antes del 31 de
diciembre de 1980 pues ello no se encuentra probado , siendo
responsabilidad de la parte actora allegar las piezas que
considera ba pertinentes de acuerdo con el principio de la carga de
la prueba, mandato que deriva del artículo 167 del Código General
del Proceso que consagra lo siguiente:
«A rt í cul o 167. Carga de l a prueba . I ncum be a las par t es pr obar el
supues t o de hecho de las nor m as que consagr an el ef ect o j ur í dico
que ellas per s iguen.
No obst ant e, según las par t icular i dades del caso, el j uez podr á, de
of icio o a pet ición de par t e, dist r ibuir , la car ga al decr et ar las
pr uebas, dur ant e su pr áct ica o en cualqu ier m om ent o del proceso
ant es de f allar , exigiendo pr obar det er m inado hecho a la par t e que
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se encuent r e en una sit uación m ás f avor able par a apor t ar las
evidenc ias o esc lar ecer los hechos co nt r over t idos. La par t e se
consider ar á en m ej or posición par a pr obar en vir t ud de su cer caní a
con el m at er ial pr o bat or io, por t ener en su poder el obj et o de
pr ueba, por cir cunst ancias t écnicas especiales, por haber
int er venido d ir ect am ent e en los hechos que dier on lugar al lit i gio, o
por est ado de indef ensión o de incapac i d ad en la cual se encuent r e
la cont r apar t e, ent r e ot r as cir cunst ancias sim ilar es. [ …] »
La normativa citada impone una carga procesal 25 a las pa rtes dentro
del proceso judicia l, consistente en la necesidad de presentar las
pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o
de las excepciones que se aleguen en la contestación para su
respectivo éxito, ello con la opción judicial de variar e l titular de
ésta, en atención a las condiciones particulares para aportar los
medios de convicción.
De esta manera se extrae que el referido postulado adjetivo de la
carga de la prueba, se compone de tres principios fundamentales:
i) el onus probandi incumbit actori, esto es, al demandante le
corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii)
reus, in excipiendo , fit actor, relat ivo a que la parte demandada una
vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe
probar los hechos en que basa su defensa y; iii) actore non
probante, reus absolvitur, que predica la absolución del demandado
25 L a
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los
conceptos de «deberes procesales», «obligaciones procesales» y «cargas
procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos ordenados en la ley
para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a
las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial
impuestas a los sujetos procesales con ocasión del adelantamiento del
proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones
que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las
partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias
desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver
Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una
reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de
1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512
de 2000.
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si el accionante no prueba los supuestos de hecho en que
fundamentó la demanda 26.
Bajo esta línea de comprensión , se resalta que la inobservancia de
la mentada carga trae consecuencias desfavorables para la parte
que no la satisface, puesto que, al no probar los supuestos de hecho
que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya
sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la
ausencia de medios de comprobación.
La Corte Constitucional en sentencia SU -182 de 2019 27 se
pronunció respecto de la carga de la prueba en materia pensional
cuando existan inconsistencias en la historia laboral del solicitante.
Al respecto señaló:
«En est e punt o es i m por t ant e pr ecisar que la car g a de la pr ueba
sobr e las posibles inconsist encias o ir r egular idades r ecae, en
pr incip io, sobr e la a dm inist r ador a de pe nsiones, pues “ el t r abaj ador
sigue siend o el suj et o j urí dico m ás débil del sist em a, por lo cual
m er ece una especial pr ot ecció n del Est ado” 28. Adem ás, la
adm inist r ador a cuent a con “ m ej or es y mayor es elem ent os de j uicio
que le per m it an adopt ar una decisión más f iel a la r ealidad de los
hechos que se le plant ean” 29. Per o c ua ndo la adm inist r ado r a de
pensiones pr esent a una “ just if icaci ón bi en r azonada” , soport ada en
m edios pr obat or ios que advier t en r azonablem ent e sobr e una
incons ist encia o u na ir r egular idad e n la h ist or ia labo r al, le
cor r esponde al af il ia do desvir t uar t al hec ho. » ( Subr aya de la Sala)
En el presente caso, CAJANAL , por medio de la Resolución 007494
del 5 de mayo de 2000 , expuso los argumentos por los que no podía
otorgar la pensión gracia, razón por la cual, el actor, a l presentar
26 E n
la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la
evolución de las reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo
177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de marzo
de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13).
27 S e n t e n c i a del 8 de mayo de 2019, MP Diana Fajardo Rivera.
28 S e n t e n c i a
C-177 de 1998. MP. Alejandro Martínez. Reiterada recientemente
en la Sentencia T-376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.
29 S e n t e n c i a T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.
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Demandante: Orlando Herrera Ramírez
el recurso de apelación en contra del mencionado acto
administrativo , expuso:
«La cat egor í a de la cer t if icación que expide [ el] m enciona do ent e
t er r it or ial no hace alusi ón a la r eal in cidenc ia com o sucedí a el
desar r ollo de las act ividades de c ar áct er pedagógico en el
est ablecim i ent o edu cat ivo donde im par t a ( sic) m i inst it ución com o
pr of esor de pr im ar ia of icia l. La exped ici ón VI G I LANTE - PRO FESO R
no signif ica que t uvier a un car go adm inist r at ivo por que ello
apar ej ar í a con los li neam ient os de la le y 27 de 1992 y ley 443 de
1998, sino que como se t r at aba de un CENTRO EDUC ATI VO donde
los es t udiant es per m anecí an int er nos en el desar r ollo del cal e ndar io
escolar y por ende b aj o el cuidado y r esp onsabi lid ad de los d ocent e
t ant o por el com por t am ient o discip li nar i o, per sonal y acad ém ico,
est e ent e t er r it or ial deduj o la cer t if ic aci ón baj o est as con d i ciones,
per o la act ual s it ua ción y el ú nico car go desem peñado, a nivel
pedagóg ico es el de docent e de los servicios educat i vos est at ales
[ . . .] » 30 ( subr aya or igin al)
Se observa que, en el presente caso , el demandante se limitó a
hacer apreciacion es generales y a más de su dicho , no allegó
documento que lo soportara .
Si bien era de su cargo desvirtuar lo establecido por la entidad,
demostrando que efectivamente ostentó la calidad de docente
oficial, este se limitó a lo ya adjuntado , y reiteró la solicitud ante la
entidad demandada el 5 de noviembre de 2008 , en los mismos
términos y sin añadir nuevas evidencias que pudieran dar certeza
de la calidad de la vinculación y de la institución «Centro de
Capacita ción de Menores E.M.J. » tal y como había sido justificado
por la entidad .
Sobre el tema , la Sala Plena del Co nsejo de Estado ha sostenido
que, frente a una « censura fundada» de la administración, la carga
de la prueba se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los
30 E x t r a í d o
de la parte considerativa de la Resolución 001561 del 28 de marzo
de 2001, mediante la cual, CJANAL resolvió el recurso de apelación y confirmó
la decisión recurrida.
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distintos medios probatorios a su alcance . 31» (Negrilla de la Sala)
Obsérvese que mediante los actos administrativos demandados, la
UGPP nuevamente expuso de manera expresa y de tallada las
razones por las cu ales le negaba la pensión gracia al accionante :
(i) porque no ostentó el carácter de docente, sino que estuvo
vinculado como PROFESOR – VIGILANTE, siendo este un cargo
administrativo, y (ii) porque la correccional de menores no
correspondía al grupo de instituciones certifi cadas por el Ministe rio
de Educación Nacional a las cuales deben estar vinculados los
docentes que pretendan la pensión gracia.
A pesar de lo anterior, en sede judicial el actor tampoco aportó
material suficiente para desvirtuar los argumentos de la UGPP , y
nada dijo al respecto en su escrito de demanda , sino que se limitó
a relacionar jurisprudencia que tampoco articuló con su caso
concreto .
En ese orden, es claro que el accio nante, habiendo conocido las
razones que llevaron a la administración a negar el reconocimiento
de la pensión gracia, tenía la obligación de aportar el material que
consideraba , podía enervar esos puntos oscuros y así, lograr la
prosperidad de sus pretensiones.
Conforme a lo anterior, con fundamento en los elementos de juicio
allegados al expediente y apreciados en conjunto, conteste a las
reglas de la sana crítica, a esta Sala no le queda duda que el
accionante no colmó los requisitos necesarios para a cceder a la
31«“En su defensa el demandante se limitó a hacer apreciaciones generales
sobre la presunción de buena fe sin desvirtuar el cargo que le hizo la
demandada, el cual fue reiterativo en señalar que nunca prestó servicios al
Municipio. En este aspecto confunde el demandante la carga de la prueba,
pues en este caso, frente a una censura f undada de la administración, le
correspondía desvirtuar tal acusación, demostrando por los diversos medios
probatorios que efectivamente fue empleado del citado Municipio, en las
fechas que dice haber desempeñado los diferentes empleos a que hace alusión
en su demanda”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de
2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).»
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pensión gracia dado que no acreditó l a vinculación como docente
oficial antes del 31 de diciembre de 1980 del orden territorial o
nacionalizado , sit uación que impide seguir adelante con el análisis
de los restantes tiempos, y los requisitos contemplados en las
normas que regulan la materia.
En estas condicio nes, los argumentos expuestos por el apelante
carecen de fundamento fáctico y legal por cuanto, como quedó
demostrado, no acreditó el cumplimiento de los requisito s legales y
jurisprudenciales exigidos para ser beneficiario de la prestaci ón
reclamada.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, al señor Orlando Herrera Ramírez no le
asiste el derecho a la pensión gracia , por lo que esta Subsección
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta el 15 de marzo de 2019, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
4. Condena en costa s
Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8 .º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que « solo habrá lugar a cost as cuando en el
expedient e apar ezc an que se causaron y en la m edida de su
com pr obación », pre supuesto que fue desarrollado en providencia del
7 de abril de 2016 .
No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta
es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales t razadas en
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y
confianza legítima.
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Demandante: Orlando Herrera Ramírez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta el 15 de m arzo de 2019 , que negó las
súplicas de la de manda presentada por Orlando He rrera Ramírez
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.
SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia .
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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