Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2013-05784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-05784-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 4 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María Rubiela Salcedo de García, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes resoluciones: i) RDP 028208 del 20 de junio de 2013, que le negó el
1 Folios 13 a 26.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP 033810 del 25 de julio de 2013, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó;
y iii) RDP 036481 del 12 de agosto de 2013, que desató el recurso de apelación
incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la administración. Los
mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación, efectiva a partir del momento en que consolidó el estatus
pensional, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos durante el último
año de servicio; ii) pagar las mesadas causadas con los reajustes de ley; iii)
actualizar el valor de las condenas con base en el IPC2 o al por mayor, según lo
prevé el artículo 187 del CPACA; iv) reconocer los intereses moratorios establecidos
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) cumplir la sentencia que ponga fin al
proceso en los términos del artículo 192 del CPACA y sufragar los intereses
moratorios a que haya lugar; y vi) asumir la condena en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:
i) La señora María Rubiela Salcedo de García nació el 2 de septiembre de 1959 y
prestó sus servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:
Entidad Desde Hasta Días laborados
D-M-A D-M-A
Departamento de Cundinamarca 14/04/1980 07/06/1980 54
Departamento de Cundinamarca 14/04/1981 31/05/2008 9768
Total 9835
2 Índice de Precios al Consumidor.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
ii) El 26 de abril de 2013, la actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, la administración negó la prestación a través de las
resoluciones enjuiciadas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 15 de la Ley 91 de 1989; 3 del Decreto 81 de 1976; y 3 del Decreto 2277 de
1979.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:
i) La señora María Rubiela Salcedo de García cumple con todos los requisitos
previstos por el legislador para acceder a la pensión gracia, ya que cuenta con más
de 50 años de edad; prestó sus servicios como docente territorial y/o nacionalizada
por más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
ii) En sede administrativa, la actora allegó el Decreto 02688 del 12 de agosto de
1981, que la nombró como docente departamental en interinidad, a partir del 14 de
abril de 1980; empero, la entidad demandada inicialmente desconoció dicho acto
porque no se anexó el acta de posesión y luego sostuvo que fue aportado en copia
simple, sin percatarse de que el Decreto 019 de 2012 otorga validez a esa clase de
documentos. De esta manera se dilató injustificadamente el reconocimiento
pensional.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3
3 Folios 70 a 75.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
i) La actora no es beneficiaria de la pensión gracia, en tanto no demostró haberse
desempeñado durante 20 años como docente departamental, distrital o municipal.
iii) Como excepciones se proponen: 1) cobro de lo no debido; 2) prescripción; 3)
buena fe; y 4) genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 4 de marzo de 2016, accedió a las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) La accionante laboró como docente antes del 31 de diciembre de 1980, conforme
lo demuestra el Decreto 02688 del 12 de agosto de 1981, que la nombró en
interinidad a partir del 14 de abril de 1980. Información que fue ratificada por la
Dirección de Personal de Instituciones Educativas de Cundinamarca e informó que
esta relación laboral culminó el 6 de junio de 1980.
ii) La señora María Rubiela Salcedo de García trabajó durante más de 20 años en
el magisterio oficial, cuenta con más de 50 años de edad y su idoneidad no fue
objeto de reparo.
iii) Se declara la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordena a la UGPP reconocer a la actora la pensión gracia, en cuantía del
75% de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición estatus
pensional, acaecido el 2 de septiembre de 2009, pero con efectos fiscales a partir
del 26 de abril de 2010 por prescripción trienal.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los
4 Folios 141 a 156.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
argumentos que se resumen, a continuación:5
i) La señora María Rubiela Salcedo de García no acreditó que laboró durante 20
años como docente del orden departamental, distrital o municipal.
ii) La accionante no demostró una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La accionante6 y la UGPP7 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
5 Folios 158 a 162.
6 Folios 199 a 200.
7 Folios 202 a 207.
8 Según constancia secretarial obrante en el folio 208.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».12
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho
a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
educadores locales o regionales».13
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
8
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:16
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
9
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».20
2.3. Hechos probados
➢ Edad y tiempo de servicios
• Conforme al acta de nacimiento21 y la cédula de ciudadanía,22 la señora María
Rubiela Salcedo de García nació el 2 de septiembre de 1959.
• El 12 de agosto de 1981, el gobernador de Cundinamarca nombró «unos maestros
interinos durante las licencias concedidas por maternidad en la División de
Educación Básica Primaria». En este acto se lee lo siguiente:23
A, RUBIELA SALCEDO, maestra de la Escuela Rural La Palma del municipio de Choachí,
por el término de cincuenta y cuatro (54) días contados a partir del 14 de abril de
1980, en reemplazo de Luz María Rodriguez Pardo a quien se le concedió licencia
por maternidad a partir de la misma fecha, según Resolución No. 1598 del 30 de julio
de 1981.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
21 Expediente administrativo.
22 Folio 2.
23 Folios 3 a 4 y 224 a 225.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
La demandante tomó posesión de dicho cargo el 18 de noviembre de 1981.24
• El 23 de agosto de 2013, la Dirección de Personal de Instituciones Educativas de
Cundinamarca hizo constar:25
Que la señora SALCEDO DE GARCÍA MARÍA RUBIELA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 20.483.054, prestó sus servicios como Docente Nacionalizada
Interina en la Secretaría de Educación así:
Con DECD No. 2688 del 12 de agosto de 1981, Nombrase interinamente como maestra
de la Escuela Rural La Palma del municipio de Choachí (Cund), por el término de
Cincuenta y Cuatro (54) días, contados a partir del 14 de abril de 1980 al 06 de junio
de 1980, en reemplazo de Luz María Rodríguez Pardo, a quien se le concedió licencia
por maternidad a partir de la misma fecha, según Resolución No. 1598 del 30 de julio
de 1981; los descuentos de Ley se efectuaron a FONPRECUN y devengó un sueldo de
quince mil ochocientos noventa y dos ($15.892.oo) pesos M/Cte.
• El 22 de septiembre de 2014, en cumplimiento de la prueba de oficio decretada
por el a quo, la Dirección de Personal de Instituciones Educativas de Cundinamarca
informó que «una vez verificada nuestra base de datos, se pudo establecer que la
señora MARÍA RUBIELA SALCEDO DE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No.
20.483.054 ingresó a laborar a esta Secretaría el 14 de abril de 1981, según Decreto
No. 1337 del 26 de marzo de 1981 y actualmente se encuentra activa». 26 Esta
información fue reiterada el 29 de octubre de 2014.27
• El 10 de diciembre de 2018, en virtud del requerimiento probatorio efectuado por
esta Subsección,28 la Dirección de Personal de Instituciones Educativas de
Cundinamarca, hizo constar que la accionante «ingresó a esta entidad el
14/04/1981, hasta la fecha. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 14, en
el (la) Concentración Urbana Paratebueno (Cun), en la ciudad de Paratebueno
24 Folio 5.
25 Folio 6.
26 Folio 117.
27 Folio 120.
28 Auto del 20 de septiembre de 2018 (fl. 211).
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
(Cun), con tipo de nombramiento Propiedad».29 Esta información fue reiterada el 29
de enero de 2019.30
• El 6 de septiembre de 2023, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en
cumplimiento a la prueba de oficio decretada por esta Subsección,31 certificó que la
actora se encontraba en servicio activo y que registraba la siguiente historia
laboral:32
29 Folio 221.
30 Folio 231.
31 Auto del 22 de junio de 2023 (folios 262 a 263).
32 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
➢ Actuación administrativa
• El 26 de abril de 2013, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia.33
33 Información extraída de la Resolución RDP 028208 del 20 de junio de 2013 (folio 8).
14
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
• El 20 de junio de 2013, por Resolución RDP 028208, la entidad negó la referida
solicitud, toda vez que la peticionaria no demostró una vinculación como docente
antes del 31 de diciembre de 1980.34
• Los días 25 de julio y 12 de agosto de 2013, la UGPP expidió las Resoluciones RDP
033810 y RDP 036481, respectivamente, por las cuales resolvió los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.35
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En el presente caso se encuentra en discusión el tiempo que la señora María
Rubiela Salcedo de García alega haber laborado como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, el cual es un requisito indispensable para acceder a la pensión
gracia reclamada, conforme se explicó en el acápite del marco normativo de la
presente providencia.
El recuento de las pruebas aportadas al plenario permite concluir que debe
revocarse la decisión del a quo, pues la demandante no logró demostrar que se
desempeñó como docente en una plaza territorial o nacionalizada antes de la
referida fecha.
Es así como la interesada ha alegado que fue profesora en el departamento de
Cundinamarca desde el 14 de abril al 6 de junio de 1980, conforme se acredita con
el decreto de nombramiento, el acta de posesión y la constancia expedida por la
Dirección de Personal de Instituciones Educativas de Cundinamarca.
Los anteriores documentos generan inquietudes, pues para esa época se
encontraba vigente la Constitución de 1886, cuyo artículo 65 establecía que «ningún
34 Folio 8.
35 Folios 9 a 12.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender
la Constitución, y de cumplir con los deberes que le incumben».
Sin embargo, al revisar las pruebas aportadas, se observa que el nombramiento se
realizó 1 año, 3 meses y 28 días después de la fecha de inicio de labores y la
posesión se verificó también con posterioridad, esto al cabo de 1 año, 7 meses y 4
días.
A su turno, la constancia expedida por la Dirección de Personal de Instituciones
Educativas de Cundinamarca replica el contenido del acto de nombramiento y
referencia un pago, pero este también es posterior a la prestación del servicio. Es
así como en el expediente administrativo obra el siguiente desprendible:
Dicho recibo da cuenta de un pago realizado el 31 de agosto de 1981, esto es con
posterioridad al período en que la señora Salcedo de García alega haberse
desempeñado como educadora en el año 1980. Además, no es posible determinar
el concepto al que se imputaron esas sumas, pues solamente se indica que la
accionante tenía el cargo de maestra, pero no especifica cuál fue el período que se
estaba remunerando.
En contraste, ante los requerimientos probatorios que se han efectuado en primera
y segunda instancia, la Dirección Personal de Instituciones Educativas de
Cundinamarca ha certificado que la actora inició su labor docente el 14 de abril de
1981, esto es, con posterioridad al 31 de diciembre de 1980.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
En aras de esclarecer la situación laboral de la demandante, esta Subsección le
solicitó a la Secretaría de Educación de dicho ente territorial explicar por qué efectuó
un nombramiento con efectos retroactivos, conforme da cuenta el Decreto 02688
del 12 de agosto de 1981.36 Al respecto, la gobernación de Cundinamarca -
Dirección de Personal de Instituciones Educativas informó:37
2. Respecto al Decreto 02688 del 12 de agosto de 1981 el cual fue encontrado en el
expediente de la docente, “por el cual se hacen unos nombramientos interinos” en el
parágrafo 4, refiere (hacer nombramiento):
“A, Rubiela Salcedo, maestra de la Escuela Rural la Palma del municipio de
Choachí, por el término de 54 días contados a partir del 14 de abril de 1980, en
reemplazo de Luz Maria Rodríguez Pardo a quién se le concedió licencia por
maternidad a partir de la misma fecha, según la Resolución 1598 del 30 de julio de
1981 (…)”
Aclaramos que no es posible determinar si este Decreto corresponde a María Rubiela
Salcedo de García por tres razones: primero, este documento no refiere al número de
cédula de ciudadanía de la docente. Segundo, el municipio y colegio no corresponde
al lugar de labores según el expediente laboral de la docente (Acta de posesión y
certificaciones) pues para ese periodo trabaja en el municipio de Medina. Tercero, la
fecha en la cual ingresa la docente es el 14 de abril de 1981, no presenta
vinculaciones en periodos anteriores. No hay registros de vinculación del año 1980.
3. Por lo anterior, es posible reiterar que la docente María Rubiela Salcedo de García,
inició sus labores a partir del 14 de abril de 1981 y se encuentra activa, como lo indica
el Acta de posesión y la trazabilidad documental de la docente que aportamos a la
presente comunicación.
De acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, no es posible encontrar
demostrada la vinculación de la señora María Rubiela Salcedo de García a la
docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980; por el contrario, el departamento
de Cundinamarca ha sido enfático y reiterativo en sostener que no cuenta con
soportes suficientes para certificar la prestación del servicio antes de esa fecha y
que solamente puede tener como acreditada la historia laboral de la demandante a
partir del 14 de abril de 1981.
36 Auto del 22 de junio de 2023 (folios 262 a 263).
37 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
También se advierte que la interesada omitió desplegar una conducta más activa
tendiente a demostrar los hechos sobre los cuales edificó su pretensión pensional,
pues no aportó otras pruebas documentales a las que la jurisprudencia ha hecho
referencia como las certificaciones de los rectores o directores de los
establecimientos educativos en los que el docente haya prestado sus servicios. Al
respecto, el Consejo de Estado ha sostenido:38
En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se
deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en
cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo
le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de
primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo
completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó
su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL
CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de
cuándo- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado
(año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es
fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión
y la Ley 91/89. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben
ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan
esta clase de pensión.
[…]
Se agrega que la expedición “incompleta” de estos certificados puede conducir a la
Justicia a decisiones no acordes con el régimen jurídico y comprometer la
responsabilidad de quienes los expidieron; por eso, en caso de tener información
incompleta, las autoridades pueden solicitar a los mismos interesados arrimar
certificaciones precisas expedidas por los mismos Directivos de los Centros
Educativos donde trabajaron, que enriquezcan sus archivos y sirvan para expedir
otras en forma correcta. Por eso son muy importantes los certificados expedidos por
los Rectores o Directores de los planteles donde trabajaron los educadores, ya que
en ellos se pueden precisar: la clase de plantel (primaria, secundaria, etc.), el nivel
del mismo (nacional, nacionalizado, departamental, etc.), el cargo desempeñado
(maestro de primaria, etc.), la dedicación (tiempo completo, etc.), las fechas de
trabajo (iniciación, interrupciones y terminación); ellos deben ser reflejo de la realidad,
pues sus inexactitudes –se repite- pueden comprometer la responsabilidad de
quienes los suscriben; dichos certificados pueden ser anexados a las Hojas de
Vida del servidor en el Ministerio, Departamento, Distrito o Municipio, etc. y con los
demás datos que se posean pueden servir para la elaboración de un documento más
completo y preciso.
En el sub lite, la demandante no agotó los mecanismos probatorios referenciados
en la citada providencia y tampoco allegó otros que pudieran dar cuenta de las
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2006, radicado 25000-23-25-000-
2002-00528-01 (3710-05).
18
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
funciones desempeñadas, carga escolar asignada, elaboración de boletines de
notas o informes, y demás aspectos que permitieran emitir un fallo favorable a sus
pretensiones.
Al respecto, se recuerda que es a los accionantes a quienes les corresponde probar
los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para
destruir la presunción de legalidad del acto acusado; 39 esta afirmación, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, está determinada por
la regla contenida en el Código General del Proceso de que «incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».40
De este modo, se concluye que los elementos de juicio allegados a este proceso
impiden establecer de manera cierta e inequívoca la prestación del servicio docente
en una plaza territorial o nacionalizada entre el 14 de abril y el 6 de junio de 1980,
por lo que no es posible tener en cuenta ese tiempo para reconocer la pensión gracia
reclamada, cuyo carácter especialísimo y excepcional exige que el fallador tenga
completa certeza de dichos aspectos, conforme lo ha manifestado esta Subsección
en casos análogos al presente.41
Por lo tanto, la accionante no cumplió los requisitos necesarios para acceder a la
pensión gracia dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980, situación que impide continuar con el análisis de los
demás tiempos laborados y restantes requisitos contemplados en las normas que
regulan la materia.
Bajo esta línea de intelección, el proveído apelado será revocado y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.
39 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Jesús
María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
40 Artículo 167 del CGP.
41 Ver las siguientes sentencias: i) del 11 de mayo de 2023, radicado 23001 23 33 000 2015 00228 01 (1011–2018); y ii) del
22 de junio de 2023, radicado 50001 23 33 000 2015 00110 01 (3048-2019).
19
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
2.6. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,42 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se apartó de las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la demandante, por lo que deberá revocarse y, en
su lugar, se negarán las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 4 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió a
las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora María
Rubiela Salcedo de García contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone, Negar
las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón
como apoderada de la UGPP, según poder que obra en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado. Igualmente, se acepta la posterior renuncia presentada por la
mencionada profesional, en tanto allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del
artículo 76 del CGP.43
43 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05784-01 (2549-2016)
Demandante: María Rubiela Salcedo de García
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.