Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-02076-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-02076-01 (580-2017)
Demandante : Nohora Velásquez Salamanca
Demandada : Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Vista
Hermosa
Tema : Retiro del servicio por terminación de período
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra
la sentencia de 19 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 28 a 32). La señora Nohora Velásquez Salamanca,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Empresa Social del
Estado (ESE) Hospital Vista Hermosa, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio T01S-3067 de 31 de
diciembre de 2013, por el que la accionada «[…] ordena el retiro de NOHORA
VELASQUEZ [sic] SALAMANCA a partir del 31 de diciembre de 2013 y la
entrega del cargo […]».
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) su reintegro «[…] en el empleo que desempeñaba en
el momento del retiro o a otro de igual o similar categoría y remuneración
[…]», sin solución de continuidad; (ii) sufragar los emolumentos y prestaciones
dejados de devengar, «[…] a título de indemnización […]», desde la fecha de
retiro hasta cuando sea reincorporada, (iii) indexar los valores adeudados y (iv)
pagar intereses moratorios.
Expediente: 25000-23-42-000-2015-02076-01 (580-2017)
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Nohora Velásquez Salamanca contra la ESE Hospital Vista Hermosa
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que la entidad demandada
comporta una empresa social del Estado del orden distrital de Bogotá, D. C.; y
su alcalde mayor es la máxima autoridad.
Que ingresó el 12 de marzo de 1990 «[…] como empleada pública». Desde el
23 de junio de 2009 se desempeñó en el cargo de asesora de control interno y
para el 31 de diciembre de 2013 ejercía el empleo de jefe de control interno del
Hospital demandado.
Dice que el 31 de diciembre de 2013 el alcalde de Bogotá «[…] no había
designado nuevo funcionario para ejercer el empleo de Asesor de Control
Interno del HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL, ESE», tampoco le había
notificado, comunicado o informado que debía retirarse.
Que la gerente de la empresa social del Estado, «[…] usurpando la
Competencia Nominadora del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. profirió el oficio
# T01S-3067 de diciembre 31 de 2013 por el cual [le] ordenó el retiro […] a
partir del 31 de diciembre de 2013 y la entrega cargo […]» (destacado no es
del texto).
Agrega que su retiro y la entrega del cargo efectivamente se realizaron el 31 de
diciembre de 2013. Esta situación afectó gravemente el servicio porque el
empleo estuvo vacante hasta «[…] Los primeros días del mes de febrero/14
cuando se posesionó [su] reemplazo».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto censurado los artículos 8 y 9, parágrafo transitorio, de la
Ley 1474 de 2011.
Asevera que el acto acusado está incurso en falta de competencia, pues la
atribución para retirar a la demandante del empleo de asesor de control interno
le fue conferida en forma exclusiva y privativa al alcalde de Bogotá, mientras
que su remoción efectuó por decisión de la gerencia del Hospital.
Que el artículo 9, parágrafo transitorio, de la Ley 1474 de 2011 le autorizó a la
actora, por ser la funcionaria responsable del control interno en una entidad del
nivel territorial, permanecer en el cargo hasta cuando se designe su reemplazo
y por ello se le desconoció ese derecho.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 48 a 55 vuelto). La accionada, a través de
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apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos
afirma que algunos son ciertos, otros no y los demás son parcialmente verídicos.
Aduce que (i) la alcaldía de Bogotá, mediante circulares 6 y 11 de 21 de enero
de 2014, autorizó la designación del jefe de control interno, o quien haga sus
veces, a los funcionarios de mayor jerarquía, pero en calidad de encargados
transitorios, mientras el alcalde mayor designa el permanente; (ii) asimismo, en
esas circulares, se precisó que respecto de los servidores que tenían el aludido
cargo, «[…] su vinculación finalizará el 31 de diciembre de 2013 […]»; (iii) en
el mismo sentido, se expidió la circular 76 de 15 de julio de 2013, con la que
reiteró que esos empleados, por desempeñar cargo de período, irían hasta el 31
de diciembre de 2013, sin perjuicio de la obligación de designar a su reemplazo
por el nominador; y (iv) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9,
parágrafo transitorio, de la Ley 1474 de 2011, el funcionario responsable del
control interno en las entidades del nivel territorial termina su período, por
vacancia, el 31 de diciembre de 2013, posición avalada por la Sala de Consulta
y Servicio Civil de esta Corporación en concepto 2182 de 12 de diciembre de
2013.
1.6 La providencia apelada (ff. 98 a 102). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante sentencia de 19
de mayo de 2016, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas),
al considerar que (i) el artículo 9, parágrafo transitorio, de la Ley 1474 de 2011,
«[…] estableció un período institucional, ya que dicha permanencia era
conforme a la fecha prevista en la misma norma, esto, hasta la mitad del
respectivo período del alcalde o gobernador, que como ya se analizó para el
presente asunto correspondía hasta el 31 de diciembre de 2013, naciendo la
facultad nominadora de dichos funcionarios a partir del 1 de enero de 2014»;
y (ii) «[…] A pesar de que se ejerciera de manera tardía no permitía a quien
ocupaba el cargo de responsable del control interno a permanecer en el mismo
más allá del 31 de diciembre de 2013 por finalización del período institucional
por expreso mandato legal».
1.7 El recurso de apelación (ff. 107 a 110). Inconforme con el fallo de primera
instancia, la demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo
no observó que «[…] el período fijo que estableció la Ley 1474/11 en su artículo
8° para el empleo de Asesor de la Oficina De Control Interno, operara de forma
automática a partir del 31 de diciembre de 2013 y en consecuencia la
demandante debía hacer dejación de su cargo ese día, ya que el precepto legal
explícitamente dijo “los responsables del control interno que estuviesen
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ocupando el cargo al 31 de diciembre de 2011, permanecerán en el mismo hasta
que el gobernador o alcalde haga la designación del nuevo funcionario” […]»,
pero en el presente asunto (y esto no se discute en el proceso), previo al retiro
de la actora no designó al encargado de dicho cargo.
Que, en el mismo sentido, el gerente del Hospital carecía de autorización por
parte del alcalde, para desvincular a la accionante.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 22 de noviembre de 2016 (f.
121) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 27 de agosto de
2019 (f. 138), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 153), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por las primeras1.
2.1.1 Parte demandante. Se remite a las razones de hecho y de derecho
consignadas en la demanda y en su escrito de apelación.
2.1.2. Parte demandada. Pide confirmar la sentencia de primera instancia,
porque la gerencia del Hospital accionado «[…] actuó correctamente al
informarle a la hoy demandante que su período institucional vencía el 31 de
diciembre de 2013», conforme a lo ordenado por la circular 76 de 15 de julio
de 2013, «[…] acto administrativo que goza de presunción de legalidad y que
era de obligatorio cumplimiento para los funcionarios a los que iba dirigido».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
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Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
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3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
a la Sala determinar si a la accionante le asiste razón jurídica o no para reclamar
la ilegalidad del oficio que le informó que su período fijo, como asesora de
gestión pública y autocontrol, finalizaría «[…] el 31 de diciembre de 2013, en
observancia a lo establecido en la ley 1474 de 2011», pues fue expedido sin
competencia para ese propósito.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
para efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
El artículo 125 de la Carta Política prevé que «[l]os empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley».
El artículo 209 de la Carta Política establece:
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley [negrillas no son del texto].
Conforme al precitado texto constitucional para el funcionamiento del Estado,
dentro de su función administrativa tendrá un control interno con el fin de
cristalizar sus fines.
En el mismo sentido el artículo 269 de la Constitución dispuso:
En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones,
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que
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Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la
contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.
Para que el órgano de control interno no quede en un mero enunciado, la
Constitución ordenó a las entidades públicas implementar procedimientos de
control interno, cuyo diseño, bajo el límite legal, apoye la realización de los
objetivos institucionales.
En desarrollo de los anteriores postulados se expidió la Ley 87 de 1993, «Por
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones», la que en
su artículo 1.º, preceptuó:
Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y
organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de
las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular
de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.
PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas
entidades y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa,
mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación
y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y
procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección,
inducción y capacitación de personal.
Con tal regulación se precisaron los alcances de la oficina de control interno y
en los artículos 9 a 11, se consagró:
Artículo 9º.- Definición de la unidad u oficina de coordinación del control
interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de
nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia,
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eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en
la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Parágrafo.- Como mecanismos de verificación y evaluación del control
interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la
selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de
cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la
mayor tecnología, eficiencia y seguridad.
Artículo 10º.- Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control
Interno. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de
Control Interno, las entidades estatales designarán como asesor,
coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que
será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la
presente Ley.
Artículo 11º.- Designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación
del Control Interno. El asesor, coordinador, auditor interno o quien haga
sus veces será un funcionario del libre nombramiento y remoción,
designado por el representante legal o máximo directivo del organismo
respectivo, según sea su competencia y de acuerdo con lo establecido en
las disposiciones propias de cada entidad.
[…] (resaltado de la Sala).
Este último artículo fue modificado por el artículo 8°. de la Ley 1474 de 2011,
«Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.», de la siguiente manera:
ARTÍCULO 8o. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL
INTERNO. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará
así:
Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial,
la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la
respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un
período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde
o gobernador.
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PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo 166 del
Decreto Ley 403 de 2020> Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador
o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia
mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.
PARÁGRAFO 2o. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho
personal no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos
existente [destaca la subsección].
Del contenido de las normas transcritas se colige un cambio en la concepción
de la finalidad de las oficinas de control interno, lo que implicó también una
mutación en la naturaleza y forma de designación del cargo del jefe de esa
dependencia, especialmente en las entidades del orden territorial, que pasó de
ser un empleo de libre nombramiento y remoción, a un cargo de período fijo.
Lo anterior, porque se requería cierta estabilidad laboral temporaria para darle
autonomía a esa importante labor.
El artículo 9°. de la Ley 1474 de 2011, incluyó un parágrafo que contemplaba
una transición para los funcionarios que al 31 de diciembre de 2011 ejercían
como jefes de la oficina de control interno, y de este modo, conseguir la
equiparación de períodos con los de los alcaldes y gobernadores, para que a
cada uno solo le corresponda medio período de los 4 años. En efecto, dicho
artículo regló:
Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno.
[…]
Parágrafo transitorio. Para ajustar el periodo de que trata el presente artículo,
los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo
al 31 de diciembre del 2011, permanecerán en el mismo hasta que el
Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo funcionario,
conforme a la fecha prevista en el presente artículo [negrita de la Sala].
En suma, al 31 de diciembre de 2013 los cargos de jefe de control interno, o
quien haga sus veces, quedarían vacantes para ser designados por los
funcionarios de elección popular territoriales. Lo anterior, para que pudiera
ejercer su facultad nominadora en la persona que los iría a acompañar durante
su medio período, dos años, y el restante bienio sea nombrado por su sucesor,
para así garantizar continuidad en las políticas de control interno y la autonomía
propia atribuida a esa plaza.
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Situación que era disímil con los anteriores jefes de control interno, pues ellos
simplemente estaban sometidos al ejercicio de la facultad discrecional del
nominador, porque eran funcionarios de libre nombramiento y remoción.
Respecto de la naturaleza del cargo y el período de los jefes de control interno,
esta sección segunda, en sentencia de 21 de junio de 20183, sostuvo:
Ahora bien, al tenor literal del artículo precitado la designación del
responsable de control interno se realiza de la siguiente forma:
«Artículo 8°. Designación de responsable del control interno:
[…]
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial,
la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la
respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un
período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del
alcalde o gobernador. […]» Destacado fuera del texto.
Es decir, el gobernador o alcalde de la entidad territorial solo queda revestido
de la facultad de nombrar al responsable de control interno en la mitad de su
período de gobierno, esto es, a partir del 1 de enero de 2014.
Fecha a la que se llega teniendo en cuenta que para la época en que entró en
vigencia la Ley 1474 de 2011, el país se encontraba en un proceso electoral
para elegir autoridades territoriales por el período 2012-2015, lo cual
implicaba que la finalización de su segundo año de mandato fuera el 31 de
diciembre de 2013, momento en el que de acuerdo con el parágrafo
transitorio del artículo 9 de este cuerpo normativo, finalizaba la permanencia
de quien estuviere ocupando el responsable de control interno.
«Artículo 9:
[…]
Parágrafo transitorio. Para ajustar el periodo de que trata el presente
artículo, los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el
cargo al 31 de diciembre del 2011, permanecerán en el mismo hasta que
el Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo funcionario,
conforme a la fecha prevista en el presente artículo.
[…]»
Lo expuesto, implica que antes de esa fecha, el 1 de enero de 2014, quien
tenía la facultad de designar o remover al responsable de control interno era
el representante legal o máximo directivo del organismo territorial
respectivo, por lo cual no se podía desconocer que quienes ocuparan ese
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de junio de 2018, radicado: 54001-23-33-
000-2012-0020-02 (2213-14).
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cargo a 31 de diciembre de 2011 permanecerían en él hasta el 31 de diciembre
de 2013, pues, como se indicó, el cargo pasó a ser de libre nombramiento y
remoción a de periodo fijo [subrayas son de la transcripción].
De modo que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 1474 de 2011, el cargo
de jefe de la oficina de control interno territorial y de sus entidades
descentralizadas, varió en cuanto a su naturaleza jurídica y pasó a ser de período
fijo o institucional, pero este cambio no ocurrió ipso iure, sino que se fijó una
fecha para esa transición, el 1.º de enero de 2014.
Conforme a lo antes indicado, se requería el ejercicio de la facultad de
nominación, necesariamente, después del 1.º de enero de 2014, para que el
designado cumpliera su período hasta el 31 de diciembre de 2015, y así los
regidores territoriales, que ejecutaron las políticas de control interno por un
bienio, puedan revisar si las mantienen o les dan un giro.
Por consiguiente, estamos ante un cargo de período fijo o institucional, que debe
cumplir el lapso prestablecido en la fecha que el legislador previó, sin importar
si se designó de manera extemporánea (después del 1.º de enero de 2014), se
tardó en posesionarse, no se posesionó el designado o cualquier otra
circunstancia subjetiva que modifique la fecha de ingreso del regente del control
interno.
Pero, en todo caso, el cargo de jefe de la oficina de control interno o quienes
hagan sus veces continuaban con su condición de ser empleados de libre
nombramiento y remoción hasta el 31 de diciembre de 2013.
3.4 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación a la que se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:
a) Certificación expedida el 26 de septiembre de 2013 (f. 11), en la que consta
que la demandante se encontraba vinculada al Hospital demandado desde el 28
de marzo de 1990 y que ejercía el cargo de asesor código 105, grado 02.
b) También fue aportado documento signado por el profesional especializado
de gestión del talento humano del Hospital censurado, de 7 de octubre de 2015
(f. 73), que da cuenta de que la actora ocupó el empleo de asesor de gestión
pública y autocontrol código 105, grado 02, al 31 de diciembre de 2013. Reposa
Resolución 221 de 20 de noviembre de 2001, proferida por el gerente del
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Hospital demandado, por la cual se le nombró en el mismo cargo, cuya
denominación fue «Nivel Asesor grado 3 (Jefe de Oficina) código 115».
c) En el folio 2 obra oficio T01S-3067 de 31 de diciembre de 2013, suscrito por
la gerente (e) de la entidad demandada, por medio del cual «informa que la
vinculación de las personas que desempeñan el cargo de asesora de gestión
pública y autocontrol finaliza el 31 de diciembre de 2013, en observancia a lo
establecido en la ley 1474 de 2011».
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el 28 de marzo
de 1990 la demandante ingresó al Hospital Vista Hermosa I Nivel ESE; (ii) a
través de Resolución 221 de 20 de noviembre de 2001, se le nombró en el cargo
de jefe de oficina y al 31 de diciembre de 2013 lo ejercía en la de control interno;
y (iii) a la demandante se le informó que su período culminó en la fecha antes
indicada.
3.5 Caso concreto. Para resolver el problema jurídico planteado, resulta
necesario analizar el reparo expuesto por la recurrente, así:
3.5.1 La demandante aduce, en síntesis, que hubo falta de competencia
funcional porque, en su criterio, su retiro se debió efectuar por el nominador,
que en este caso sería el alcalde de Bogotá.
Como ya se precisó y no se discute en el proceso, la demandante ocupaba la
categoría de jefe de la oficina de control interno y para el 31 de diciembre de
2013 culminó el período para ese cargo.
Ahora bien, en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de
2011, el Distrito Capital profirió una serie de circulares, en las que definió el
mecanismo que se iba a implementar en ese ente territorial para dar
cumplimiento a la nueva forma de provisión de los regentes de la mencionada
oficina.
En tal sentido, se profirió la circular 76 de 15 de julio de 2014 (f. 9), emitida por
la secretaría general de la alcaldía de Bogotá, en la que especificó la manera
como se realizaría el retiro de los jefes de oficina de control interno o quien haga
sus veces en el Distrito Capital, así:
En virtud de los [sic] establecido por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011,
en relación con la designación del jefe de la Unidad de la Oficina de
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Control Interno o quien haga sus veces, es pertinente señalar que “Cuando
se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la
respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un
período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde
o gobernador.” (Negrilla fuera del texto).
Al respecto, se informa que la señalada Ley dispuso que el Alcalde Mayor
de Bogotá, D.C., deberá efectuar un nuevo nombramiento a partir del 1 de
enero de 2014 para cada uno de los cargos de Jefe de la Oficina de Control
Interno o quien haga sus veces en los Organismos y Entidades del Distrito
Capital.
De otra parte, es indicado precisar que el cargo del jefe de control interno
es un cargo de período, el cual ejerce una persona natural por un tiempo
determinado, y al finalizar el mismo automáticamente se entenderá que su
vinculación ha terminado y el nominador (Alcalde Mayor de Bogotá,
D.C.) hará uso de su facultad legal para proveer el cargo de forma
inmediata en los términos establecidos en la normatividad vigente
relacionada con la materia.
En ese sentido, es importante indicar que los nombramientos efectuados
desde el 1 de enero de 2012 hasta a la fecha, se efectuaron en virtud de las
atribuciones legales que posee el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., para
que no se interrumpa el continuo servicio del Distrito Capital y el debido
control y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Económico,
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2012-2016, en
cada uno de los Organismos y Entidades del Distrito Capital.
Asimismo, es perentorio manifestar que los servidores/as que se
encontraban desempeñando el cargo de Jefe de Control Interno o el que
haga sus veces en los Organismos y Entidades del Distrito Capital, antes
de la entrada en vigencia la Ley 1474 de 2011, y que continuaron en el
cargo después de la expedición de la misma, estarán cobijados con las
disposiciones inmersas en ella, y por ende su vinculación finalizará el 31
de diciembre de 2013.
La anterior información se transmite a sus Despachos, para que sea tenida
en cuenta e informada oportunamente al servidor/a que desempeña el
cargo de Jefe de Control Interno o el que haga sus veces en el Organismo
y/o Entidad a su cargo.
Finalmente, esta Secretaría queda atenta a resolver cualquier inquietud que
sobre el particular se requiera [subrayado de la subsección].
Por su lado, el oficio demandado se limitó a observar esta directriz contenida en
la circular transcrita, que, además, tiene pleno soporte en el análisis jurídico
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-02076-01 (580-2017)
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desbrozado en esta sentencia, del que se destaca que, con base en lo preceptuado
por la Ley 1474 de 2011, el cargo ocupado por la demandante simplemente
quedaba vacante y a disposición del nominador a partir del 1.º de enero de 2014.
Bajo estas condiciones, en principio, el oficio acusado solo sería un mero
instrumento de comunicación, mas no constituiría el acto administrativo que la
retiró del servicio, motivo por el cual ello daría lugar a declarar probada de
oficio4 la excepción de acto no susceptible de control judicial frente a dicho
oficio, de suerte que no podría emitirse decisión de fondo al respecto.
Sin embargo, esta situación queda superada porque el oficio tiene la connotación
de integrarse con la Ley 1474 de 2011 y la circular 76 de 2013, para conformar
la decisión de retiro. Sobre este aspecto, la sección segunda de esta Corporación5
y la Corte Constitucional6 han sostenido que el oficio es un acto integrador que
al comportar la única manifestación de la Administración que le comunicó su
intención de no prorrogar su permanencia, es susceptible de enjuiciarse de
manera directa.
Lo precedente en aplicación del principio de confianza legítima que no se opone
a la finalidad de dar eficacia al derecho sustancial, para evitar el exceso de ritual
manifiesto con el que se denegaría justicia, porque al proferirse un fallo
inhibitorio se desconocen los preceptos constitucionales que prohíjan por la
justicia material, máxime cuando los asuntos puestos a consideración de la
jurisdicción deben ser resueltos para hacer efectivos los derechos, aún sobre las
formalidades (tutela judicial efectiva).
3.5.2 Conforme a la anterior tesis, el oficio censurado, como «acto integrador»,
fue el que desvinculó del servicio a la demandante y, como se dejó anotado
arriba, la potestad de retiro recaía sobre el director o gerente de la entidad
descentralizada del ente territorial.
En efecto, el oficio que comunicó el retiro a la demandante fue suscrito por la
gerente (e) de la empresa social del Estado, quien tenía la calidad de
representante legal y funcionaria de mayor jerarquía en esa entidad, lo que le
4
Lo anterior con base en el artículo 187 del CPACA, en cuanto señala: «[…] En la sentencia se decidirá sobre
las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior
no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la no reformatio in pejus. […]».
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente
Víctor Hernando Alvarado Ardila, de 7 de junio de 2012, radicación 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-
09).
6
Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 31 de mayo de 2018.
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-02076-01 (580-2017)
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confería la facultad nominadora respecto de los cargos de libre nombramiento y
remoción, como en su momento lo era la jefatura de la oficina de control interno.
Como lo ha reiterado esta sección7, los empleos de jefe de la oficina de control
interno, antes de que la Ley 1474 de 2011 mutara su naturaleza a cargos de
período fijo institucional, eran de libre nombramiento y remoción, pues, por
criterio funcional, implicaban dirección, confianza y manejo. Es decir, esta clase
de cargos deben estar dentro de la órbita de las potestades nominadoras de los
directores y gerentes, toda vez que ellos, con sus altos dignatarios, son los que
determinan las políticas y directrices institucionales.
3.5.3 Por otra parte, en lo referente a la falta de competencia para el retiro de la
demandante hasta cuando se designara su reemplazo, la Sala encuentra que
estamos ante actos administrativos independientes, uno de retiro y otro de
nombramiento, de manera que la existencia de uno no condiciona la legalidad
del otro.
Cabe precisar, como se indicó arriba, que lo relevante, para que ocurriera la
desvinculación de la demandante, fue el cambio de la naturaleza del empleo, de
libre nombramiento y remoción a período fijo institucional y que, además, debía
comenzar el 1.º de enero de 2014, de manera que a partir de esa fecha se presentó
una vacante automática y su consiguiente retiro.
En el mismo sentido, la presunta mora en designar un reemplazo o inclusive el
dejar acéfalo una dependencia tan importante como lo es la oficina de control
interno, podría llegar a dar lugar a una responsabilidad disciplinaria del
nominador que incurrió en esa omisión, pero no a la nulidad del acto de retiro
ni que se extienda un período institucional fijo, previamente señalado por el
legislador.
Por consiguiente, bajo una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba a la
convicción de que el acto administrativo demandado conserva su validez y
eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que lo ampara,
por tanto, se confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la
demanda, pero por las razones expuestas en esta sentencia.
7
Cfr. Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencias de 24 de junio de 2021, expediente 08001-
23-33-000-2012-00215-01(2803-14), 21 de junio de 2018, radicado 54001-23-33-000-2012-0020-02 (2213-
14), y de 24 de junio de 2021, proceso 08001-23-33-000-2012-00215-01(2803-14); y de la subsección B, fallos
de 26 de enero de 2017, radicación 73001-23-33-000-2014-00285-01(3313-15), y 9 de marzo de 2017, número
05001-23-33-000-2013-00572-01(1786-14).
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-02076-01 (580-2017)
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Nohora Velásquez Salamanca contra la ESE Hospital Vista Hermosa
Por último, en atención a que quienes se hallan legalmente habilitados para ello
sustituyó el poder en nombre de la demandante y otorgó poder en
representación de la entidad demandada, se reconocerá personería a los
profesionales del derecho destinatarios de aquellos8.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 19 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Nohora
Velásquez Salamanca contra la Empresa Social del Estado Hospital Vista
Hermosa, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Reconócese personería al abogado Yodman Alexánder Montoya Pulido, con
cédula de ciudadanía 79.577.045 y tarjeta profesional 104.636 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la demandante, según sustitución
de poder aportada.
3º. Reconócese personería al abogado Teusain Manely Quiñones, con cédula de
ciudadanía 80.118.477 y tarjeta profesional 291.104 del Consejo Superior de la
Judicatura, para representar al Hospital demandado, según poder aportado.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
8
Obrantes en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica SAMAI.
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