Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00285-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00285-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00285-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00285-01 (1733-2020)
Demandante: Jorge Armando Narváez Villacorte y otros1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Disciplinario – insubsistencia de jefe de control interno –
parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 –
confirma decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo del 18 de abril de 2024, profiere la providencia de reemplazo en
el proceso de la referencia.
En consecuencia, se decide el recurso de apelación interpuesto por los
accionantes contra la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda. Se anuncia que se confirmará dicha providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. Los accionantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la
nulidad del auto del 29 de abril de 2014, que ordenó abrir una investigación
disciplinaria, y de las decisiones sancionatorias del 3 de junio y 14 de agosto de
2014, expedidas respectivamente por la Procuraduría Provincial de Ipiales y por
la Procuraduría Regional de Nariño, a través de las cuales se sancionó al señor
Jorge Armando Narváez Villacorte con suspensión en el ejercicio del cargo por
el término de un (1) mes, ya que en su condición de alcalde municipal de Ospina
(Nariño) declaró insubsistente el nombramiento de la jefe de control interno, quien
debía permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2013 según el
parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, con lo cual incurrió en
falta grave porque desconoció los artículos 34 (numeral 1) y 35 (numeral 1) de la
Ley 734 de 2002, con culpa grave.
1
Rubiela Margoth Estrada Jurado, Diego Armando Narváez Argoti y los menores Sebastián
Narváez Estrada y Cristhian Danilo Narváez Argoti.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Jorge Armando Narváez Villacorte y otros
2. A título de restablecimiento del derecho solicitaron i) eliminar la anotación
de la sanción en el registro de antecedentes disciplinarios; ii) indemnizar los
«perjuicios» materiales causados, representados en los emolumentos dejados de
percibir mientras duró la suspensión; iii) reparar los perjuicios morales generados
al disciplinado y a su núcleo familiar debido a la afectación al buen nombre; iv)
indexar las sumas que se reconozcan; y v) condenar en costas a la demandada.
3. Como concepto de violación argumentaron que los actos acusados
incurrieron en falsa motivación, vulneración de las normas en que debían
fundarse y transgresión del derecho al debido proceso porque el disciplinado no
tenía la obligación ni estaba en capacidad de realizar por sí mismo un análisis
jurídico acerca de si la jefe de control interno (quien estuvo en licencia de
maternidad por 98 días) cumplía los requisitos para ocupar ese cargo o si podía
válidamente declarar insubsistente el nombramiento con fundamento en una
norma posterior a su posesión.
4. En ese sentido, en la demanda se puso de presente que el accionante
solicitó dos (2) conceptos que concluyeron que la jefe de control interno no
acreditaba las condiciones para desempeñar el empleo, lo que motivó la
declaración de insubsistencia del nombramiento.
5. Además, adujeron que la demandada no formuló pliego de cargos a pesar
de que el procedimiento verbal solo le permitía prescindir de la fase de
investigación, con lo cual desconoció el principio de congruencia; y que no se
garantizó la igualdad porque la Procuraduría Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa profirió una decisión absolutoria en un asunto similar.
6. Asimismo, indicaron que la reputación del disciplinado y de su familia se
vio afectada debido a que la decisión sancionatoria fue difundida ampliamente.
Contestación de la demanda
7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones del actor porque i) no
se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados ni se acreditaron
los perjuicios que se habrían causado; además, afirmó que ii) en la actuación
disciplinaria se respetó el derecho al debido proceso del accionante en tanto se
siguió el trámite previsto en la Ley 734 de 2002, se individualizó la conducta
reprochada, se calificó la falta, se valoraron las pruebas y se impuso una sanción
proporcional y razonable; iii) el desconocimiento de la ley no es excusa de su
incumplimiento, y el demandante se comprometió a observar las normas cuando
asumió el cargo de alcalde, por lo que estaba obligado a conocerlas; iv) sí se
formuló pliego de cargos en el marco del proceso verbal y el actor tuvo
oportunidad de pronunciarse sobre él y controvertirlo; y v) en el caso que invocó
el accionante para alegar la violación del derecho a la igualdad se imputaron unas
faltas diferentes y no se predicó ausencia absoluta de infracción de las normas
disciplinarias.
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Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 18 de septiembre de 2019, porque i) la entidad accionada
efectuó un análisis adecuado, identificó la falta cometida, las normas infringidas
y el cargo endilgado; ii) aunque para ser alcalde no es requisito haber cursado
estudios jurídicos, todos los servidores públicos deben cumplir las normas
constitucionales y legales; iii) la jefe de control interno cumplía los requisitos para
desempeñar el cargo cuando se posesionó, por lo cual debía permanecer en él
hasta el 31 de diciembre de 2013; iv) en el procedimiento verbal disciplinario no
está prevista la etapa de formulación de pliego de cargos; y v) no se vulneró el
derecho a la igualdad porque en el otro caso invocado se absolvió al disciplinado
por un error en la imputación jurídica, lo cual no ocurrió en esta oportunidad.
9. Adicionalmente, condenó en costas a la parte actora, a favor de la entidad
accionada.
Recurso de apelación
10. Inconforme con la decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación porque i) el disciplinado actuó con fundamento el criterio de sus
asesores, ya que no tiene formación en derecho ni estaba obligado a efectuar un
análisis jurídico del caso por sí mismo; ii) para establecer si la jefe de control
interno cumplía el requisito de experiencia se debía analizar si era posible
contabilizar el período de 98 días durante el cual gozó de licencia de maternidad,
ejercicio de alta complejidad que implicaba conocer de derecho laboral,
constitucional y laboral administrativo; y iii) la imposición de una sanción injusta
le causó daños morales al disciplinado y a su familia, los cuales deben ser
indemnizados.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
11. El problema jurídico se contrae a establecer si los actos administrativos
acusados deben ser declarados nulos, de acuerdo con los argumentos
planteados en el recurso de apelación.
Aclaración previa
12. La presente providencia se profiere en cumplimiento de la sentencia de
tutela del 24 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que la Procuraduría General de la Nación era
competente para imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo para
el momento en que se expidieron los actos objeto de control, con fundamento en
los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las Sentencias C
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– 028 de 2006, SU – 712 de 2013, C – 086 de 2019, C – 111 de 2019, C – 030
de 2023, SU – 381 de 2024 y SU – 382 de 2024.
13. En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
objeto de control con base en la falta de competencia de la Procuraduría General
de la Nación.
Caso concreto
14. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 342 de la Ley 734 de 2002, los
servidores públicos deben cumplir y hacer cumplir los deberes contenidos en las
normas jurídicas. A su vez, el numeral 1 del artículo 35 ibidem3 dispone que a
dichos servidores les está prohibido incumplir los deberes, abusar de los
derechos o extralimitar las funciones previstas en las normas de derecho.
15. El artículo 11 de la Ley 87 de 1993 establecía que el cargo de jefe de
control interno era de libre nombramiento y remoción del representante legal o
máximo directivo del organismo correspondiente, y la persona que lo ocupara
debía acreditar formación profesional o técnica en áreas relacionadas con las
actividades objeto de control interno.
16. Ahora bien, los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 modificaron los
artículos 11 y 14 de la Ley 87 de 1993 y determinaron:
i) En el nivel territorial, la máxima autoridad administrativa de la respectiva
entidad designará al jefe de control interno «por un período fijo de cuatro
años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador»
(inciso 2.° del artículo 8).
ii) Para desempeñar el cargo de jefe de control interno se debe acreditar
formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos de
control interno (parágrafo 1 del artículo 8).
iii) Para ajustar el período de los jefes de control interno según la nueva
disposición, quienes estuvieren ejerciendo ese cargo al 31 de diciembre de
2011 «permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador (sic) o
Alcalde (sic) haga la designación del nuevo funcionario, conforme a la
2
«Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código».
3
«Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas
y los contratos de trabajo.
[…]».
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fecha prevista en el presente artículo» (parágrafo transitorio del artículo
9).
17. La entonces jefe de control interno del municipio de Ospina (Nariño) fue
designada para tal empleo mediante el Decreto 0071 del 1.° de octubre de 2009,
cargo del cual tomó posesión en la misma fecha.
18. Para ese momento, el manual de funciones y competencias laborales
exigía contar con «título universitario o haber terminado estudios universitarios
en áreas administrativas, derecho, ingeniería o economía y seis (6) meses de
experiencia», condiciones que demostró la funcionaria aludida con un título
universitario de abogada y una certificación laboral en la que se indicó que había
trabajado en una empresa privada desde el 1.° de enero hasta el 30 de diciembre
de 20084.
19. A través del Decreto 045 del 17 de octubre de 2012 se declaró
insubsistente el nombramiento de la jefe de control interno debido a que, a juicio
del señor alcalde, la servidora que ocupaba el cargo no cumplía el tiempo de
experiencia exigido por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.
20. De acuerdo con lo expuesto previamente, como la entonces jefe de control
interno estaba desempeñando dicho cargo para el 31 de diciembre de 2011,
debía permanecer en él hasta el 31 de diciembre de 2013 (mitad del período
constitucional del alcalde municipal); sin embargo, el disciplinado declaró
insubsistente su nombramiento el 17 de octubre de 2012.
21. Para la Sala los anteriores hechos permiten determinar el elemento de
tipicidad porque el disciplinado incumplió el deber señalado en el numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
22. En consecuencia, se advierte que incurrió en la prohibición descrita en el
numeral 1 del artículo 35 ibidem, ya que del parágrafo transitorio del artículo 9 de
la Ley 1474 de 2011 se desprendía el derecho de la jefe de control interno a
permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2013 y el correlativo deber
para el alcalde municipal de no adoptar decisiones contrarias a la norma.
23. Con independencia de si la jefe de control interno acreditó o no los
requisitos para desempeñar el cargo al momento de la posesión (1.° de octubre
de 2009), lo cierto es que la insubsistencia de su nombramiento se sustentó en
el incumplimiento de las exigencias que introdujo la Ley 1474 de 20115, la cual
previó una estabilidad temporal a fin de lograr la transición normativa, motivo por
el cual las calidades para ejercer el empleo debían analizarse según las normas
4
«[C]omo apoyo en la implementación de la Norma meci 1000:2005 Modelo Estándar de Control
Interno con miras hacia la certificación de calidad con la Norma Técnica Colombiana para la
Gestión Pública ntc gp 1000:2004».
5
Publicada en el Diario Oficial 48.128 del 12 de julio de 2011.
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que estaban vigentes al momento de la posesión (Ley 87 de 1993 y manual de
funciones)6.
24. Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 dispuso que la falta
disciplinaria es antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación.
25. Sobre este elemento, el Consejo de Estado ha señalado que la infracción
del deber funcional genera de por sí una afectación a la función pública.7 Desde
ese punto de vista, el parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
le imponía al disciplinado un deber claro de atender la estabilidad temporal de
quien venía ejerciendo el cargo de jefe de control interno al 31 de diciembre de
2011, hasta el 31 de diciembre de 2013.
26. En un caso similar esta corporación precisó lo siguiente:
«El artículo 9°. de la Ley 1474 de 2011, incluyó un parágrafo que
contemplaba una transición para los funcionarios que al 31 de diciembre de
2011 ejercían como jefes de la oficina de control interno, y de este modo,
conseguir la equiparación de períodos con los de los alcaldes y
gobernadores, para que a cada uno solo le corresponda medio período de
los 4 años […].
[…]
En suma, al 31 de diciembre de 2013 los cargos de jefe de control interno,
o quien haga sus veces, quedarían vacantes para ser designados por los
funcionarios de elección popular territoriales. Lo anterior, para que
pudiera[n] ejercer su facultad nominadora en la persona que los iría a
acompañar durante su medio período, dos años, y el restante bienio [fuera]
nombrado por su sucesor, para así garantizar continuidad en las políticas
de control interno y la autonomía propia atribuida a esa plaza.
Situación que era disímil con los anteriores jefes de control interno, pues
ellos simplemente estaban sometidos al ejercicio de la facultad discrecional
del nominador, porque eran funcionarios de libre nombramiento y
remoción8».
27. Resulta claro que el deber-derecho de permanencia consagrado en el
parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 fue incumplido por el
disciplinado con la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la jefe de
control interno, mediante el Decreto 045 del 17 de octubre de 2012, circunstancia
que demuestra la antijuricidad de la falta disciplinaria y la alteración del diseño
6
Así se desprende de los artículos 49, 50 y 53 del Decreto 1950 de 1973 y 34 (numeral 9) de la
Ley 734 de 2002.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2016, expediente 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-2012),
M.P., Gabriel Valbuena Hernández.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 20 de enero de 2022, expediente 25000-23-42-000-2015-02076-01 (0580-2017),
M.P., Carmelo Perdomo Cuéter.
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institucional que ideó el legislador, el cual propendía a lograr «la continuidad en
las políticas de control interno y la autonomía propia atribuida a esa plaza».
28. En este punto, se resalta que la ley citada tuvo como propósito «evitar la
complicidad entre los sujetos que tienen que realizar tareas de inspección y
vigilancia y sus supervisados, tales como los encargados de control interno y los
revisores fiscales»9, finalidad que se vio desdibujada con el acto de
insubsistencia, al menos formalmente.
29. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en los
asuntos disciplinarios está proscrita la responsabilidad objetiva, y las faltas solo
son sancionables a título de dolo o culpa, norma de la cual surge el elemento de
culpabilidad, el cual hace referencia a que la responsabilidad disciplinaria debe
fundarse en el aspecto subjetivo de la conducta, es decir, su realización deseada
y consciente (dolo) o culposa, atendiendo la intencionalidad del sujeto
disciplinado o la exigibilidad del comportamiento omitido10.
30. En esa línea, el parágrafo del artículo 44 ibidem establece que la culpa es
grave cuando la falta se comete por no observar el cuidado con que las personas
del común adelantan sus actuaciones.
31. Para la Sala, la certificación expedida por el secretario de Gobierno de
Ospina (Nariño) y los conceptos emitidos por un asesor jurídico11 no excusan el
comportamiento del disciplinado, pues estos no resultaban de obligatorio
cumplimiento para él ni le impedían revisar las normas citadas en ellos (Ley 1474
de 2011) para constatar en qué sentido y medida podían aplicarse al caso
concreto.
32. Adicionalmente, antes de expedir el Decreto 045 del 17 de octubre de
2012, el disciplinado le solicitó al alcalde de un municipio vecino una copia de un
concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en
el cual se hizo suficiente claridad en torno a la permanencia del jefe de control
interno que estuviera desempeñando el cargo al 31 de diciembre de 2011 y la
posibilidad de designar a un nuevo funcionario en ese empleo solo en la mitad
del período constitucional.
33. Las anteriores circunstancias demuestran que el disciplinado tuvo
conocimiento de la norma que establecía la estabilidad temporal de la jefe de
9
Informes de ponencia para primer y segundo debate en la Comisión Primera y la Plenaria del
Senado de la República (Gacetas del Congreso 784 del 19 de octubre de 2010 y 1002 del 1.° de
diciembre de 2010).
«d. En cuarto lugar, se requiere evitar la complicidad entre los sujetos que tienen que realizar
tareas de inspección y vigilancia y sus supervisados, tales como los encargados de control interno
y los revisores fiscales».
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13
de mayo de 2021, expediente 25000-23-42-000-2016-03677-01 (5745-2019), M.P., Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
11
Según los cuales la jefe de control interno no acreditaba el requisito de experiencia para
desempeñar el cargo.
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control interno, pero declaró insubsistente el nombramiento de la mencionada
funcionaria antes de lo previsto por el legislador.
34. Tal conducta refleja falta de cuidado porque con la sola lectura del
parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 hubiera podido
percatarse de la imprecisión del concepto de su asesor jurídico y de su secretario
de gobierno, ejercicio para el cual no se requería una preparación especial en
asuntos de derecho, sino la mera lectura de la norma que ya conocía.
35. Los argumentos expuestos previamente demuestran i) la configuración de
los tres (3) elementos de la responsabilidad disciplinaria (tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad), los cuales fueron analizados de manera adecuada y razonada por
la entidad demandada y el Tribunal Administrativo de Nariño; y ii) la inexistencia
de la causal de nulidad de la falsa motivación, ya que se constató la consistencia
entre los hechos que dieron lugar a la falta disciplinaria, su calificación jurídica y
la motivación de los actos sancionatorios, por lo cual se confirmará la sentencia
de primera instancia sin que resulte necesario emitir pronunciamiento sobre las
pretensiones de restablecimiento del derecho y/o reparación de daños, por ser
consecuenciales.
Condena en costas
36. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
37. Al revisar el caso concreto se considera que las razones esbozadas en la
apelación no carecen de fundamento legal, sino que comportan argumentaciones
válidas y coherentes dirigidas a defender los intereses de la parte recurrente, lo
que lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de
2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (y acumulados).
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2019 por
el Tribunal Administrativo de Nariño.
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TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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