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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03312-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03312-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, 41 Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021) Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina contra la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- No condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03312-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, contra la
sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina
formularon demanda, en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) 0272 de 14 de enero de 2014, emitida, en primera instancia, por la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y
Registro, por medio de la cual se declararon responsables disciplinariamente y se
les impuso sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos
por el término de 10 años; y, ii) 2914 de 13 de marzo de 2014, proferida por el
Despacho del superintendente de Notariado y Registro, que confirmó la decisión
inicial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraban
desempeñando al momento de su retiro; ii) condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejaron de devengar
desde que se ejecutó la decisión disciplinaria y hasta cuando sean reintegrados; iii)
declarar que no existió solución de continuidad; iv) ordenar la actualización de las
sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 187
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; v)
ordenar el pago de los intereses moratorios, en atención a lo consagrado en el
artículo 192 ibidem; y vi) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado judicial de los demandantes señaló los
siguientes:

i) El 23 de agosto de 2011, el señor Luis Fernando Hinestroza Melo presentó ante
la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y
Registro una queja contra Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina,
funcionarios del Grupo de Gestión Documental, por, supuestamente haber recibido
la suma de $200.000 por parte del denunciante, para agilizar el trámite de registro
de una escritura pública.

ii) El 2 de noviembre de 2011, la Oficina de Control Disciplinario Interno dio apertura
de indagación preliminar. Una vez se practicaron las pruebas testimoniales, el 7 de

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

febrero de 2013, dicha dependencia resolvió abrir investigación disciplinaria en
contra de los antes mencionados.

iii) El 24 de julio de 2013, se profirió pliego de cargos, considerando que los
disciplinados habían incurrido en la falta gravísima consagrada en el artículo 48
numeral 1.º de la Ley 734 de 2002, por haber solicitado y recibido dádivas a cambio
de agilizar un trámite relacionado con la escritura pública 4527 de 18 de agosto de
2011, protocolizada en la Notaría 68, a título de dolo.

iv) Al momento de presentar sus descargos, el señor Walter Quiroga Camelo
sostuvo que sí conoció al quejoso por recomendación directa de un amigo, quien le
pidió colaborarle en un trámite de registro que tenía nota devolutiva, por lo que le
comentó que le presentaría a su compañero de trabajo Miguel López y le recibió la
suma de $150.000 que fueron destinados a pagar beneficencia y derechos de
registro.

v) Por su parte, el señor Miguel Darío López Medina señaló que su compañero
Quiroga Camelo sí le presentó al quejoso y le indicó los pasos que debía seguir
para el trámite del registro.

vi) El 14 de enero de 2014, mediante Resolución 0272, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, en primera
instancia, declaró responsables disciplinariamente a Walter Quiroga Camelo y
Miguel Darío López Medina, sancionándolos con destitución e inhabilidad general
para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.

vii) Contra dicha decisión los investigados interpusieron recurso de apelación, el
cual fue resuelto el 13 de marzo de 2014, a través de la Resolución 2914, por el
Despacho del superintendente de Notariado y Registro, confirmando la decisión
inicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Como tales, se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; y, 6, 9, 18, 19,
20, 48, 90, 97, 128, 143, 150 y 163 de la Ley 734 de 2002.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los demandantes expuso
los siguientes argumentos:

i) La entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido proceso, toda
vez que las pruebas fueron practicadas por fuera del término previsto para adelantar
la investigación disciplinaria y sirvieron de base para emitir la sanción disciplinaria.

ii) Aunado a ello, las decisiones disciplinarias cuestionadas solo se fundamentaron
en la queja presentada y en la declaración del quejoso, con lo cual no era dable
determinar que los disciplinados solicitaron y recibieron dádivas, sino que fue él
quien les ofreció una suma de dinero para realizar algunas gestiones dentro de la
Oficina de Registro.

iii) El pliego de cargos no fue formulado correctamente, en tanto que se les imputó
una falta grave y una falta gravísima generando una ambivalencia.

1.2. Contestación de la demanda

La Superintendencia de Notariado y Registro, por intermedio de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan
a continuación:1

i) La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el principio
de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.

1 Folios 221 a 225.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

ii) Dentro del proceso disciplinario no existió duda alguna de que los funcionarios
solicitaron y recibieron dádivas a cambio de ayudarle a un particular a registrar,
oportunamente, una escritura pública.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de
la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:2

i) De conformidad con lo señalado por el quejoso en la queja y en la ampliación de
su versión, se encontró acreditado que Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío
López Medina incurrieron en la falta gravísima que les fue endilgada. Lo anterior,
junto con otros indicios que permitieron dar por acreditado que, efectivamente, los
investigados solicitaron una suma de dinero para adelantar una actuación dentro de
la Superintendencia de Notariado y Registro. En tal sentido, sostuvo:

Adicionalmente se releva por la sala de decisión que, en tratándose de una conducta
como la que se analiza, resulta obvio deducir que la misma se ejecuta de manera
soterrada, a escondidas y por lo mismo es muy difícil encontrar testigos acerca de su
factura; por lo que adquiere relevancia el dicho del quejoso, quien es el que participa
directamente en los hechos y quien da a conocer la situación; como ocurrió en el
evento que nos ocupa.

ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en la medida en que dentro de la
investigación disciplinaria se le permitió a los disciplinados ejercer su derecho de
defensa y contradicción frente a las pruebas practicadas.

1.4. El recurso de apelación

Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina, por conducto de apoderado,
interpusieron recurso de apelación3 y lo sustentaron así:

2 Folios 280 a 288.
3 Folios 311 a 319.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

i) El tribunal de primera instancia desconoció que la Superintendencia de Notariado
y Registro vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto la etapa de indagación
preliminar sobrepasó el término establecido en la ley y las pruebas solicitadas por
los investigados se negaron sin que existiera un argumento válido para el efecto.

ii) Los demandantes fueron sancionados disciplinariamente con base en una sola
prueba, con la cual no era dable endilgar la falta por la cual fueron sancionados.

iii) Aunado a ello, se configuró una indebida adecuación típica por endilgarle a los
actores dos normas que resultaban excluyentes entre si, esto es, las relacionadas
con una falta gravísima y grave.

iv) No se analizó el elemento de la ilicitud sustancial, lo cual hizo que los
disciplinados no pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a
este aspecto.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, último que fue
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no
hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de
alegatos de conclusión.

1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en violación del derecho al debido
proceso, por cuanto, primero, la indagación preliminar se adelantó por fuera del
término establecido en la ley; segundo, se negaron las pruebas solicitadas por los
disciplinados sin existir fundamento alguno; tercero, hubo una indebida formulación
de los cargos; cuarto, la sanción se emitió teniendo en cuenta solo una prueba, la
cual, además, no era determinante para endilgar una falta gravísima; y quinto, no
se analizó el elemento de la ilicitud sustancial.

2.3. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Finalmente, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de
la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

Por su parte, la Ley 734 de 2002 dispone en cuanto al principio de legalidad, que
«el servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén
descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización».

A su vez, respecto a la presunción de inocencia, el artículo 9 ibidem, señala que «a
quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare
su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable
se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

A su turno, el artículo 13 de dicha normativa dispone en relación con la culpabilidad,
que «en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.

Finalmente, los artículos 141 y 142 ibidem, consagran que los medios probatorios
deben apreciarse conjuntamente, de acuerdo a las reglas de la sana critica, razón
por la cual, en toda decisión motivada, el juzgador disciplinario tiene la obligación de
señalar las pruebas en que se fundamenta, sin que sea dable emitir un fallo
sancionatorio en el que no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en
cuanto a la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.4.1. En relación con la vinculación laboral del demandante

El 27 de junio de 1995, mediante Resolución 3868, emitida por el superintendente
de Notariado y Registro, Miguel Darío López Medina y Walter Quiroga Camelo
fueron nombrados en periodo de prueba para desempeñar el cargo de auxiliar
administrativo, Código 5120, Grado 09 de la Planta Global.4

2.4.2. En relación con la actuación disciplinaria

El 23 de agosto de 2011, el señor Luis Fernando Hinestroza presentó una queja
ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado
y Registro, bajo los siguientes argumentos:5

Preguntado. Sírvase hacer un recuento de los hechos a denunciar, indicando
circunstancias de modo, tiempo y lugar. Contestó. Radico una cancelación de
patrimonio de familia en la oficina de registro Bogotá zona centro, el 18 de julio de
2011 bajo la radicación 65382, el 1 de agosto se acerca a reclamarlo mi primo John
puentes y se lo entregan pero con una nota devolutiva del 21 de julio de 2011,
entonces yo me encontraba en la notaría 68 haciendo unas diligencias y mi primo me
llega allí y me entrega el documento, le hago la devolución que es porque el cónyuge
no debería aparecer en el levantamiento del patrimonio ya que no aparece en la
constitución, error de la notaría y se acerca una persona que había en la notaría
escuchando que no era trabajador de allí sino de afuera y me dice oye hay una
persona que colabora sacando eso rápido en notariado y registro, tome el número y
ya se llama Walther y el número es…, Lo llamamos y nos colocó una cita para el
viernes 5 de agosto pero no pudimos ir ese día y nos encontramos con Walther el día
lunes 8 de agosto al frente de la oficina de correspondencia, él nos contactó a su vez
con un compañero de él, de nombre Miguel, no estoy seguro pero creo que es López,
ahí se entra Walther y sale Miguel ahí mismo al frente y afuera de la oficina de
correspondencia, inclusive nos dijo que tuviéramos cuidado con las cámaras, el cual
nos recibió los documentos y nos dijo que no nos preocupáramos que en esta semana
quedaba resuelto nuestro problema, yo le dije que si no había que anexar otro

4 Folios 127 a 129 del cuaderno de antecedentes administrativos.
5 Folios 1 a 3 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

documento para solucionar eso y él sonrió y dijo que él se encargaba de eso, le
pregunté que cuánto valía eso y me dijo que lo que había que darle al abogado al que
supuestamente le hace todos los trámites adentro, eso es lo que nos dio a entender,
que más o menos salía entre $350.000 así nos dijo, luego nos dijo que esperáramos
a Walther en un restaurante que hay en la 13 con 24, ahí abajo esperamos más o
menos 10 minutos y llegó Walther y nos dijo que no nos preocupáramos que eso salía
rápido, le preguntamos que cuánto tocaba pagar en ese momento y él dijo ustedes
verán con cuánto, más o menos unos $150.000 entonces le dijimos que
necesitábamos eso muy urgente y le dimos $200.000; los recibió se despidió y se fue. Ese mismo día 8 de agosto en la tarde o alternos llamó diciendo que necesitaba el
dinero del pago de beneficencia y registro urgente para poder radicar al otro día y que
saliera rápido que eran $86.000 de beneficencia más $14.000 de registro y $12.500
para el certificado de tradición y libertad que salía de una vez, entonces como
teníamos que estar antes de las siete A.M. mi mamá vino y trajo esa plata y se la
entregó a Walther ahí afuera nuevamente al otro día o sea el 9 de agosto y el
documento lo radican hasta el 11 de agosto con radicación 74557.

Yo seguí llamando
a Walther porque no tenía el teléfono de Miguel el siempre dio a entender que no tenía
nada de conocimiento frente al caso que le tocaba llamar a MIGUEL para ver qué
había pasado, no estoy seguro de la fecha más o menos pero creo que fue el 17 de
agosto subí a correspondencia y Walther me entregó el recibo porque Miguel no
estaba y con el recibo me acerco a la oficina a reclamar el documento y nuevamente
me lo entregan con notas de devolución reiterando el motivo de devolución anterior,
entonces me acerco nuevamente donde Walther y este llama al teléfono de Miguel,
Miguel dice que hagamos la aclaración lo antes posible, entonces nosotros
procedemos a hacer la aclaración el 18 de agosto con la colaboración de la notaría,
me devuelvo para el registro con la aclaración hecha buscando a Miguel, donde él no
estaba en la oficina, Walther lo llamo al celular y Miguel me indica que baje y radique
la aclaración yo bajo y veo que hay una fila gigante vuelvo y lo llamo porque ya
Walther me había dado el número de Miguel que es el… para que me colabore pues
tenía a mi mamá enferma en el carro en un parqueadero, él me dice que no regresa
que haga yo directamente el trámite y lo llame cuando ya lo haya radicado y le dejé
el papel con Walther, después de casi cuatro horas que me llevó a hacer el trámite y
en la oficina me dijeron que se demoraba cinco días hábiles, documento que es
radicado con el número 7667 4 de agosto de 18 de 2022, a los cinco minutos que le
dejé el recibo con Walther, me llamó Miguel muy angustiado porque argumentaba que
yo debía dejar el resto de documentos que hacían parte de la aclaración, o sea el
certificado de levantamiento del patrimonio para que volviera a ingresar y entonces
me dijo que se los dejara con Walther que él los ingresaba por dentro; pero que ella
no me garantizaba que saliera para el viernes y que salía el lunes, luego de venir
todos los días a partir de esa fecha, el viernes 19 estuvimos aquí de ocho de la
mañana a 5:30 de la tarde igual que ayer que salimos a las 3:30 de la tarde, esperando
respuesta de Miguel y nos decía que a una hora y luego que otra, qué a las 10, que
a las 11, que a las dos, que a las tres, el viernes Miguel me dijo que ella iba a salir,
que él lo iba a desbloquear del sistema y nos decía que si se daban cuenta aquí
internamente nos bloqueaba en la matrícula, porque lo que se estaba haciendo era
ilegal, fue cuando yo le dije que ilegal es lo que él me está haciendo yo le estoy
pagando para que me haga el trámite, por eso hice el trámite normal de la aclaración
y ahí si no había nada que hacer, lo cual fue muy angustioso para nosotros… yo
llegué aquí a las 7:30 y llamé a Miguel, él me contestó y me dijo que estaba en un
hospital porque el papá le tenía que hacer una cirugía de corazón abierto que no
podía estar acá y que preguntara por Arnulfo que él me entregaba el recibo y que
buscará la forma de hablar con la abogada que calificaba para ver y que me podía
ayudar, me fui a la recepción de registro rogando el favor que me dejara hablar con

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

la abogada, en ese momento en recepción me dijeron que era la abogada Yolanda,
quien muy formalmente me atendió y me dijo que me lo habían devuelto otra vez por
las fechas de radicación entre el documento de patrimonio y la aclaración hecha que
debía haber ingresado al tiempo, documento que ella me indicó ya había sido devuelto
y ya lo habían nuevamente reclamado entonces procedió a llevarme a la oficina de la
doctora Gloria Pérez, mientras estaba en la oficina de la doctora Gloria me llamó de
nuevo Miguel insistentemente diciéndome que no reclamara ningún papel que él me
solucionaba eso hoy mismo que sólo le diera el día de hoy, estando en la diligencia
mi madre me informa que Miguel la llamó para decirle que ella sabía que yo estaba
en esta diligencia y que yo no le contestaba el teléfono. Preguntado. Sírvase indicar
si tiene algo que agregar, complementar o adicionar a la presente diligencia.
Contestó… Además quiero aclarar que solamente dimos $200.000 para este trámite
con ellos y no nos solicitaron más dinero, salvo lo que dejé consignado de
beneficencia y registro. En este estado de la diligencia se procede por parte del
despacho llamar al señor Miguel al teléfono que entrega el denunciante, como quiera
que se encuentra muy preocupado por los documentos que considera que no se los
vaya entregar y él los necesita urgente, indicando el señor Miguel López que los hará
llegar porque los tiene en el escritorio de Walther y él estaba en la clínica
acompañando a su padre en una cirugía, al momento llega un funcionario de
correspondencia de nombre Milton Peralta y hace entrega de los documentos que
envió el señor Miguel López (…).

El 2 de noviembre de 2011, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro dio apertura de indagación preliminar en
contra de Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina, en su condición de
funcionarios del Grupo de Gestión Documental de la entidad y se decretó la práctica
de pruebas. En dicha oportunidad se narraron los siguientes hechos:6

• El 18 de julio de 2011, a las 2:29 pm ingresó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, la Escritura Pública 3527 de
6 de julio de 2011 de la Notaria 68 de Bogotá, a la cual se le dio el turno de
radicación 2011-65382, respecto al folio de matrícula 1566961.
• El 21 de julio de 2011, la ORIP de Bogotá Zona Centro, profirió la nota
devolviendo el documento sin registrar, respecto del turno de radicación
2001-65382.
• El 11 de agosto de 2011, a la 1:33 pm ingresó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, la Escritura Pública 3572 de
6 de julio de 2011, al cual se le dio el turno de radicación 2011-74557.

6 Folios 17 a 26 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

• Nuevamente, el 12 de agosto de 2011, la Orip de Bogotá Zona Centro
devuelve la Escritura Pública antes mencionada sin registrar, respecto del
turno de radicación 2011-74557.
• El 18 de agosto del mismo año, a las 4:04 pm ingresó a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, la Escritura Pública 4527
de 17 de agosto de 2011, a la cual se le dio el turno de radicación 2011-
76674.

El 23 de julio de 2012, el señor Luis Fernando Hinestroza Melo rindió ampliación y
ratificación de queja, dentro de la cual señaló:7

Preguntado. Sírvase hacer un recuento de los hechos ocurridos con circunstancias
de modo, tiempo y lugar que originaron que usted presentará la queja antes
referenciada. Contestó. Ratifico todo lo que está en la diligencia rendido el 23 de
agosto de 2011. Preguntado. De acuerdo al escrito de queja usted menciona que “el
lunes 8 de agosto de 2011, según el… En su escrito de queja menciona que se reunió
con el funcionario Walter Quiroga Camelo, al frente de la oficina de correspondencia
que a su vez fue contactado con su compañero Miguel Darío López Medina, donde
estos advierten tener cuidado con las cámaras, en este mismo día, los funcionarios le
reciben los documentos al señor Hinestroza Melo, donde afirma que en esta semana
quedaba resuelto el problema” Que nos puede decir al respecto de lo anterior.
Contestó. Un teléfono que nos dieron cuando estaba haciendo un trámite en una
notaría de Bogotá, un señor se acercó uno dijo que si necesitaban agilizar el trámite,
que llamaran a un celular que se menciona en la queja, Walther fue el nombre de la
persona por el cuál preguntáramos. Preguntado. Indique al despacho en qué
momento usted hace contacto con el señor Walther. Contestó. Eso fue un viernes el
8 de agosto de 2011, al frente de la oficina de correspondencia de notariado y registro,
la que queda aquí en la salida. Preguntado. De acuerdo al escrito de queja usted
menciona que “él nos contactó a su vez con el compañero de él, de nombre Miguel,
no estoy seguro pero creo que es López ahí se entra a Walther y sale Miguel ahí
mismo al frente y afuera de la oficina de correspondencia”. Que nos puede decir al
respecto de lo anterior. Contestó. Así fue. Preguntado. Indíquele al despacho en ese
momento que usted hizo contacto con los señores Walther y el señor Miguel, qué fue
lo que le hablaron o acordaron, tenga la bondad de responder. Contestó. Que me
ayudarían a solucionar rápidamente un trámite ante la entidad, a lo cual contestaron
que sí. En este estado de la diligencia se le da el uso de la palabra al funcionario
Miguel Darío López Medina, si tiene algo que decir de lo que acaba de afirmar el
declarante. Respondió. Lo que él comenta es cierto. Preguntado. De acuerdo al
escrito de queja usted menciona que “le pregunté que cuánto valía eso y me dijo que
lo que había que darle al abogado al que supuestamente le hace todos los trámites
adentro, eso es lo que nos dio entender, que más o menos salía entre $350.000, así
nos dijo, luego nos dijo que esperáramos a Walther en un restaurante que hay en la
13 con 24, ahí abajo, esperamos más o menos 10 minutos y llegó Walther y nos dijo
que no nos preocupáramos que eso salía rápido, le preguntamos que cuánto tocaba
pagar en ese momento y él dijo ustedes verán con cuánto, más o menos unos

7 Folios 75 a 80 del cuaderno de antecedentes administrativos.

12

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

$150.000, entonces le dijimos que necesitábamos eso muy urgente y le dimos
$200.000… pedí turno para que me informaran el estado de trámite solicitado y me
asignaron a la doctora Yolanda, ella me indicó que habían devuelto nuevamente el
documento por no haber radicado simultáneamente los anexos, muy preocupado le
comento la situación antes mencionada, de qué me habían cobrado una plata por el
proceso, inmediatamente me llevó a la oficina de la doctora Gloria Pérez donde le
comenté con todos los detalles del caso frente al trámite, mientras constantemente
recibía llamadas del teléfono de Miguel, lo cual constató la doctora Gloria Pérez, que
las llamadas provenían del número del teléfono celular de Miguel. Y me indicó que
contestara cuando contesté Miguel me dijo que solucionará eso, que le diera
solamente ese día. En este estado de la diligencia se le da el uso de la palabra al
funcionario Miguel Darío López Medina, si tiene algo que decir de lo que acaba de
afirmar el declarante. Respondió así es. Preguntado. En el escrito del que hace
mención a que por parte de este despacho se procedió a llamar a Miguel al teléfono
que usted entregó, que nos puede decir de lo anterior. Contestó. Desde esta oficina
llamaron al celular de Miguel y él respondió que ya enviaron los papeles que estaban
en el escritorio de Walther y cinco minutos después aproximadamente llegó un señor
de nombre Milton Peralta quien lo entregó a la oficina de control interno disciplinario,
es decir que en plena diligencia de presentación de queja fueron entregados los
documentos.

El 21 de agosto de 2012, el señor José Arnulfo Ardila Torres presentó su
declaración, dentro de la cual indicó:8

Preguntado. Sírvase informar que nos puede decir de la queja presentada en este
despacho disciplinario por el señor Luis Fernando Hinestroza Melo el 23 de agosto de
2011, donde usted fue mencionado en los siguientes términos “… lo cual fue muy
angustioso para nosotros porque además mi papá vino ayer a hacerle el reclamo ahí
al frente de correspondencia, porque ayer no estuvo de ahí desde las 10 de la mañana
hasta las 3:30 de la tarde, para decirnos que hoy habláramos con el abogado que él
me conseguía una cita y que yo le explicara todos los pormenores del caso a ver si
me puede ayudar, donde él ni siquiera sabía el nombre del abogado porque no sabía
si era hombre o mujer y me entregó el papelito del documento, recibo de caja con el
turno de radicación, de la aclaración que me lo dejaba con un señor de nombre
Arnulfo… contestó. Sí, él me entregó el recibo para que se lo entregara a ese señor,
porque la verdad no sé cómo se llama ese señor, lo que le entregue el recibo de caja.
Preguntado. Usted acaba de manifestar que le entregaron el recibo de caja, tenga la
bondad quién o qué persona le entregó el recibo de caja. Contestó. Si me lo entregó
el señor Miguel. Preguntado. Tenga la bondad de decirle al despacho como ustedes
recibo de caja quien se lo entregó a usted. Contestó. Miguel me lo entregó a mí para
que le hiciera el favor de entregárselo a ese señor porque Miguel no estaba.

En la misma fecha, la señora Gloria Inés Pérez Gallo, rindió su declaración, dentro
de la cual afirmó:9

8 Folios 93 a 95 del cuaderno de antecedentes administrativos.
9 Folios 99 y 100 del cuaderno de antecedentes administrativos

13

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

(…) sí, estando en mi despacho el usuario si recibió una llamada y el señor me dijo
“mire es Miguel” pero yo no sé cuál Miguel se refería el usuario, ha transcurrido mucho
tiempo para esta diligencia y es muchísima gente que atiendo en mi despacho, el
usuario no volvió a presentarse a mi despacho.

El 21 de agosto de 2012, el señor Milton Emilio Peralta Porras presentó su
declaración, dentro de la cual adujo:10

Preguntado. Sírvase informar que nos puede decir de la queja presentada en este
despacho disciplinario por el señor Luis Fernando Hinestroza Melo del 23 de agosto
de 2011, donde usted entregó unos documentos que le pertenecía en el señor
Hinestroza Melo en los siguientes término “… en este estado de la diligencia se
procede por parte del despacho llamar al señor Miguel al teléfono que entrega el
denunciante, como quiera que se encuentra muy preocupado por los documentos que
considera que no se los vayan entregar y él los necesita urgente, indicando el señor
Miguel López que los hará llegar porque los tiene en el escritorio de Walther y él está
en la clínica acompañando a su padre en una cirugía, al momento llega un funcionario
de correspondencia de nombre Milton Peralta y hace entrega de los documentos que
envió el señor Miguel López, documentación de la cual se saca fotocopia en 13 folios.
Contestó. Es verdad lo que dice el texto anterior.

El 16 de octubre de 2012, el señor Miguel Darío López Medina rindió su versión
libre, dentro de la cual sostuvo:11

En este estado de la diligencia se le pone presente en conocimiento de la queja del
señor Luis Fernando Hinestroza Melo en 16 folios. Preguntado. Sírvase informar a
este despacho que tiene que decir al respecto, de lo que tiene en sus manos.
Contexto. Pues que en parte de lo que dice el señor Hinestroza es cierto, sí que
Walther Quiroga me lo presentó y yo le indiqué al señor que pasos tenía que hacer
para hacer esta devolución, diciéndole más o menos cuáles eran los gastos de la
escritura de aclaración que tenía que hacer y nunca se le cobró ningún dinero que él
dice. Preguntado. En este estado de la diligencia se le da el uso de la palabra a la
versionista, para que de la versión de los hechos. Que tiene que decir al respecto.
Contestó. Lo mismo de lo anterior, que Walther Quiroga me presentó al señor
Hinestroza para que lo asesorara y fue al frente del grupo de archivo y
correspondencia, el señor Hinestroza nunca me dio y me entregó dinero y nunca se
le cobró ningún dinero y creo que de parte del señor Walter Quiroga, no creo porque
es un señor muy correcto, creo que Walther le colaboró al señor Hinestroza que venía
de parte de un amigo de una notaría. Lo qué tengo que decir es que nunca recibí
dinero de parte del señor Hinestroza no más.

10 Folios 103 y 105 del cuaderno de antecedentes administrativos.
11 Folios 108 y 109 del cuaderno de antecedentes administrativos.

14

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

El 28 de noviembre de 2012, el señor Walter Quiroga Camelo presentó su versión
libre, dentro de la cual señaló:12

En este estado de la diligencia se le pone presente en conocimiento de la queja del
señor Luis Fernando Hinestroza Melo en 16 folios. Preguntado. Sírvase informar a
este despacho que nos puede contar de la queja que tiene sus manos. Contestó. Es
verdad que recibí el monto de $150.000 para pago de derechos notariales y
beneficencia, pero no como él dice, si no fueron realmente $150.000, no tengo nada
más que decir. Preguntado. En este estado de diligencia se le da el uso de la palabra
a la versionista para que de la versión de los hechos, que tiene que decir al respecto.
Contestó. Bueno, un amigo llamado Ricardo me lo recomendó y yo le dije que le hacía
el favor en lo que yo pudiera, no más. Preguntado. Sírvase informar al despacho si
desea agregar, enmendar, corregir algo más a la presente diligencia. Contestó. No
tengo nada que decir.

El 7 de febrero de 2013, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro de apertura a la investigación disciplinaria
en contra de Walter Quiroga Camilo y Miguel Darío López Medina.13

El 24 de julio de 2013, dicha dependencia formuló pliego de cargos contra los antes
mencionados, de la siguiente manera:14

Al caso en particular se pudo evidenciar y que no hay incertidumbre de duda del
presunto comportamiento de reproche desplegado por los investigados… Al realizar
actividades con el fin de solicitar y recibir de parte del usuario Luis Fernando
Hinestroza, la suma de dinero de $200.000 el 8 de agosto de 2011, a cambio y con el
fin de que los funcionarios Quiroga Camelo y López Medina de archivo y
correspondencia, le ayudarán a agilizar con el trámite registral para levantamiento de
la medida de patrimonio de familia dentro del folio de matrícula 50C-1566961 en la
oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá zona centro; además por la
retención de documentos públicos atinentes al levantamiento de la medida del
patrimonio de familia ya referida.

El anterior comportamiento de los multicitados funcionarios va en contra vía de la
prestación normal del servicio público registral, pues al solicitar dinero al usuario a
cambio de agilizar el trámite registral dentro de la oficina de registro, son actos que
atentan contra la moralidad pública, encaminados a crear desconfianza e inseguridad
en los usuarios que acuden a las ORIPS’s a registrar sus documentos, el usuario
parte de la premisa que fuera de realizar el pago de ley, tienen que destinar una parte
de su dinero para darlo al funcionario para que este cambio agilice el trámite en la
oficina de registro; para el despacho es inadmisible que los funcionarios
investigados… Hayan solicitado directamente dádivas por la suma de $200.00 a

12 Folios 113 y 114 del cuaderno de antecedentes administrativos.
13 Folios 116 y 121 del cuaderno de antecedentes administrativos.
14 Folios 155 a 188 del cuaderno de antecedentes administrativos.

15

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

cambio de agilizar el trámite de levantamiento del patrimonio de familia de forma
expedita. Además por la retención de los documentos como recibos de caja, recibos
del pago de impuesto de registro ante departamento de Cundinamarca, las notas de
evolutivas, boleta fiscal, certificado 343 suscrito por el notario 68 de Bogotá en lo que
se refiere la escritura pública 3527 de 6 de julio de 2011.

Dentro del término legal los disciplinados presentaron sus descargos.15

El 5 de noviembre de 2013, el señor Miguel Darío López Medina rindió la ampliación
de su versión libre, dentro de la cual afirmó:16

(…) la ampliación de mi versión consiste en decir que nunca recibí ningún dinero,
como lo dice el señor Hinestroza, en cuestión de bloquear la matrícula y yo no tengo
acceso, porque no soy abogado y no tengo ese programa, yo simplemente lo que me
pidió el señor Walter fue asesorarlo para que hicieran las diligencias para el
levantamiento de dicho patrimonio, por eso cuando le dije que complementar los
documentos los radicara como él mismo lo hizo y le comenté que tratará de concretar
una cita con la abogada que era la doctora Yolanda que amablemente lo atendió y le
explicó que habían radicado mal los documentos, el señor Hinestroza dejó la papeleta
con el señor Walther porque yo no me encontraba en la oficina, como al otro día el
señor Hinestroza venía a la cita con la doctora Yolanda, Walther me pasó la papeleta
y yo se la dejé con el señor Arnulfo, para que se lo entregara al señor Hinestroza,
porque no hay nada de ilegal y vuelvo a ratificar en esta diligencia que yo nunca le
recibí dinero ni le cobre dinero, lo asesoré como a cualquier persona, la cuestión de
las cámaras nunca le nombre que nos estaban grabando, la cuestión de la plata de
registro siempre la trataron con el señor Walter y no creo que el señor Walther haya
cobrado alguna plata, porque es una persona muy correcta y la diligencia del señor
Hinestroza lo envió un amigo o compañero de Walther de una notaría.

El 24 de enero de 2014, mediante Resolución 0272, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, en primera
instancia, declaró responsables disciplinariamente a Walter Quiroga Camelo y
Miguel Darío López Medina, en su condición de funcionarios del Grupo de Gestión
Documental, por haber incurrido en la falta gravísima consagrada en el artículo 48
numeral 1.º de la Ley 734 de 2002, a título de dolo; sancionándolos con destitución
e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.17

15 Folios 198 a 204 del cuaderno de antecedentes administrativos.
16 Folios 236 a 238 del cuaderno de antecedentes administrativos.
17 Folios 269 a 322 del cuaderno de antecedentes administrativos.

16

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Contra dicho acto administrativo los disciplinados interpusieron recurso de
apelación, el cual fue resuelto el 13 de marzo de 2014, a través de la Resolución
2914, emitida por el Despacho del superintendente de Notariado y Registro,
confirmando la decisión inicial.18

El 15 de abril de 2014, por Resoluciones 4252 y 4253, el superintendente de
Notariado y Registro ejecutó la sanción disciplinaria impuesta a Miguel Darío López
Medina y Walter Quiroga Camelo, respectivamente.19

2.5. Caso concreto – Análisis de la Sala

2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un
acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de
estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.

La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de

18 Folios 372 a 407 del cuaderno de antecedentes administrativos.
19 Folios 416 a 419 del cuaderno de antecedentes administrativos.

17

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.

Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.

Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:

3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en
la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del
ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

18

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.20

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.

El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se
ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)

20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite
correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le
asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Dijo
la Sala:

«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»21

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.

2.5.2. Violación del derecho al debido proceso

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter

21 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

20

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administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un
orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria22.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen

22 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

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funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»23.

Frente a este cargo, debe analizarse si la Superintendencia de Notariado y
Registró vulneró el derecho al debido proceso de los demandantes al sobrepasar el
término para adelantar la indagación preliminar; negar la práctica de las pruebas
solicitadas en su momento; formular indebidamente el pliego de cargos; haberlos
sancionado teniendo en cuenta solo una prueba testimonial; y, por no haber
analizado la configuración del elemento de la ilicitud sustancial.

2.5.2.1. Del desconocimiento de los términos procesales previstos en la Ley
734 de 2002 para adelantar la indagación preliminar

Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina sostienen que el juzgador
disciplinario sobrepasó los términos previstos en la Ley 734 de 2002 para adelantar
la indagación preliminar, vulnerándosele con ello el derecho al debido proceso,
pues, desde el auto de apertura de esta etapa y el auto de investigación disciplinaria,
transcurrieron más de 6 meses.

El artículo 29 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a
un debido proceso sin dilaciones. De esa manera, además, del derecho a acceder
a una respuesta judicial y/o administrativa, las personas son titulares del derecho
fundamental autónomo a que esa solución se produzca en un plazo adecuado.

La razonabilidad de ese plazo se encuentra establecida, en primer lugar, por el
legislador, mediante la definición de los términos procesales. Por tal razón, la
Constitución Política ordena acatarlos de manera estricta. De otra forma, la
oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de cada

23 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

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funcionario, afectando el derecho al recurso judicial efectivo y cada uno de los
derechos que se pretendan proteger en el proceso y el derecho a la igualdad de
todas las personas que acuden a la administración de justicia, en procura de una
solución a sus controversias.

Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término constituye una
violación al derecho al debido proceso, en la medida en que como claramente lo
prescribe la norma referida, sólo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento. En ese orden de ideas, si bien la regla general es que la
administración y los jueces cumplan los términos rigurosamente, pueden
configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentre suficiente
motivación constitucional para ello.

Respecto al incumplimiento de los términos procesales, la Corte Constitucional ha
manifestado lo siguiente24:

De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa
no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una
grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta
toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada
caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras
el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si
ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, el sólo hecho que un
término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los
derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al
archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto
implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio
constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron
derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser
consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en
el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate,
tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la
naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la
incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.

Ahora bien, en cuanto a los términos presuntamente incumplidos por la
Procuraduría General de la Nación, la Ley 734 de 2002, para la época de la
ocurrencia de los hechos, en su artículo 150, hace referencia a lo siguiente:

24 Sentencia de la Corte Constitucional SU-901-05, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.

23

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

ARTÍCULO 150. PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN
PRELIMINAR. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria
se ordenará una indagación preliminar.
La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusión de la responsabilidad.
En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria se adelantará indagación preliminar.
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses
y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de
investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional
Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis
meses.
(…)

En el sub examine debe tenerse en cuenta que dentro del proceso disciplinario
adelantado en contra de los disciplinados se surtieron las siguientes actuaciones
que culminaron con los fallos ahora cuestionados, que permiten inferir que a los
disciplinados se les garantizaron sus derechos al debido proceso y defensa:

• El 23 de agosto de 2011, el señor Luis Fernando Hinestroza presentó una
queja ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia
de Notariado y Registro.25
• El 2 de noviembre de 2011, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro dio apertura de indagación
preliminar en contra de Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina,
en su condición de funcionarios del Grupo de Gestión Documental de la
entidad y decretó la práctica de pruebas.26 Dicha decisión le fue notificada a
los disciplinados el 18 y 21 de noviembre de 2011, respectivamente.27
• Luego de que se practicarán las pruebas pertinentes y los disciplinados
rindieran su versión libre, el 7 de febrero de 2013, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro de
apertura a la investigación disciplinaria en contra de Miguel Darío López

25 Folios 1 a 3 del cuaderno de antecedentes administrativos.
26 Folios 17 a 26 del cuaderno de antecedentes administrativos.
27 Folios 31 y 34 del cuaderno de antecedentes administrativos.

24

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Medina y Walter Quiroga Camilo.28 Decisión que fue notificada
personalmente a los investigados el 19 de marzo y 2 de abril de 2013,
respectivamente.29
• Por Auto de 24 de julio de 2013, dicha dependencia formuló pliego de cargos
contra los antes mencionados.30
• Dicha decisión fue notificada personalmente a Walter Quiroga Camelo y
Miguel Darío López Medina, el 26 de julio y 2 de agosto de 2013,
respectivamente.31

En consideración a lo anterior, puede observarse que la actuación fue tramitada
respetando las garantías legales y constitucionales de los investigados, dentro de
la cual se les otorgó el adelantamiento de cada una de las etapas correspondientes.

Cabe resaltar que si bien transcurrieron más de 6 meses entre el Auto de apertura
de indagación preliminar y el Auto de apertura de investigación disciplinaria, ello no
vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que el operador disciplinario realizó
la práctica de las pruebas que consideró pertinentes; aunado al hecho de que luego
de que se diera apertura a la investigación disciplinaria ordenó la práctica de otras
pruebas con el fin de esclarecer los hechos para, posteriormente, formular pliego de
cargos a los disciplinados y correr traslado a los investigados para presentar sus
descargos y alegatos de conclusión, es decir, estos siempre tuvieron conocimiento
del proceso que se les estaba adelantando, así como del material probatorio
decretado y practicado, teniendo la posibilidad de interponer los recursos a que
hubiere lugar, o solicitar la información correspondiente.

Por su parte, el Consejo de Estado en la Sentencia de 18 de agosto de 2011,
expediente No. 0532-08, magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, en
un asunto, aplicable para para la etapa de la investigación disciplinaria, sostuvo:

28 Folios 116 y 121 del cuaderno de antecedentes administrativos.
29 Folios 140 y 141 del cuaderno de antecedentes administrativos.
30 Folios 155 a 188 del cuaderno de antecedentes administrativos.
31 Folio 192 y 193 del cuaderno de antecedentes administrativos.

25

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Siguiendo la línea argumentativa expuesta con anterioridad; sobre el término de la
investigación disciplinaria esta Corporación ha sostenido que el solo vencimiento del
plazo no implica la pérdida de competencia de la Procuraduría para actuar y tampoco
se encuentra prevista como causal de nulidad del proceso disciplinario. Así, en un
caso similar a éste, la Sala concluyó que si bien el término de la investigación
disciplinaria excedió al previsto en la Ley, ello “no constituye una violación al debido
proceso por dilación injustificada en el trámite de la investigación”. Ese mismo
razonamiento quedó consignado en la sentencia de 19 de mayo de 2011, en el cual
esta Subsección consideró que si bien “el Investigador Disciplinario, efectivamente,
excedió el término de seis (6) meses consagrado en el artículo 156 de la Ley 734 de
2002” esa circunstancia objetiva, per se, no limita el ejercicio de su potestad
disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incidieron en
el incumplimiento del término procesal.

En ese orden de ideas, se observa que la etapa de indagación preliminar fue llevada
a cabo por la Superintendencia de Notariado y Registro Judicial, conforme a lo
establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, pues realizó la práctica de
pruebas que la condujeron a identificar plenamente a los intervinientes del hecho
investigado y a que con ello diera apertura de investigación disciplinaria en contra
de los actores.

2.5.2.2. De la negativa del decreto y práctica de pruebas

En cuanto a la sana crítica esta Subsección32 ha señalado, que «como criterio de
valoración probatoria, está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia
y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica, podemos
destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En cuanto a la
ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y dictámenes de
los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la experiencia
pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas por
conocimientos públicos y privados.33 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.34 Estas pueden acreditarse por

32 En sentencia de 14 de mayo de 2020, radicación N.º 4094-2018.
33 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
34 Ibidem.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad.35».

Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio.

En ese orden de ideas, debe mencionarse que en el proceso disciplinario opera la
libertad probatoria, y la valoración dentro de la sana crítica de los elementos que se
aporten con miras a la determinación final, lo que implica que los sujetos procesales
tienen la posibilidad de presentar disentimientos contra el acervo completo, pero
que igualmente al operador disciplinario le corresponde la evaluación dentro de su
margen de discrecionalidad para valorar la prueba en sí misma y la crítica a ella,
razón por la cual el cargo referido en la demanda no debe prosperar, dado que los
operadores disciplinarios en el asunto sometido a consideración tuvieron en cuenta
todo el material probatorio obrante y llegaron a la conclusión de que era dable
proferir una sanción disciplinaria, sin que se observe una duda al respecto o una
vulneración del derecho al debido proceso.

Al respecto, los demandantes señalan que el operador disciplinario vulneró su
derecho al debido proceso, por cuanto negó la práctica de unas pruebas que eran
determinantes para demostrar que no eran responsables disciplinariamente.

De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, se observa lo
siguiente:

• El 20 de agosto de 2013, el señor Miguel Darío López Medina presentó sus
descargos, dentro de los cuales solicitó la práctica de las siguientes pruebas:36

35 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.

Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
36 Folios 199 a 204 del cuaderno de antecedentes administrativos.

27

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Inspección o visita especial
En el momento que su señoría lo estime conveniente, fijar fecha y hora para que
realice en una inspección o visita especial al lugar donde ejerzo mis labores y donde
se pretende hacer ver que se puede bloquear o desbloquear el sistema como lo
señala el quejoso.

Peritación:
En el momento que su señoría lo estime conveniente, nombrar un perito para que
analice detalladamente las cámaras de la superintendencia de notariado y registro,
especialmente las del frente de correspondencia, para determinar o corroborar lo
manifestado por el quejoso, para que obre como prueba dentro del expediente.

Versión libre que estaré y rendiré cuando el despacho considere pertinente.

• El 23 de agosto de 2013, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la ampliación de la versión libre
de Miguel Darío López Medina y negó la solicitud de las demás pruebas, con base
en los siguientes argumentos:37

(…) lo que se tiene aquí son afirmaciones hechas por el investigado solicitante al
quejoso en el momento en que se entrevistaron, hecho que ha sido confirmado por el
mismo encartado, cuando este afirma en el propio escrito en descargos que abro
comillas así las cosas, señaló mis descargos en la siguiente forma si bien es cierto
que el señor Walter Quiroga me presentó al señor Fernando Hinestroza, frente al
grupo de archivo y correspondencia de la superintendencia manifestándome que era
recomendado de un amigo llamado Ricardo, solicitándole el favor de que lo asesorara
y le ayudara en lo que pudiera a realizar un trámite ante la entidad, que consistía en
la cancelación de un patrimonio familiar”, obsérvese que a lo pedido en lo que se
refiere el perito para analizar lo de la cámara, es confirmado por el propio investigado
Miguel Darío López Medina, no entiende este despacho cuál es la intención de probar
un hecho que de antemano el investigado lo confirma con sus propias palabras.

Además el investigado pretende que este despacho acceda a hacer una verificación
al puesto de trabajo si éste tiene acceso al sistema para bloquear o desbloquearlos,
el despacho se pregunta cuál es la finalidad de esta solicitud de este medio de
prueba? Encuentra que no existe relación causal entre el hecho, la conducta y el tema
con el medio probatorio solicitado, pues no encuentro una razón jurídica razonable,
proporcionado dentro de la lógica del por qué este despacho debe acceder a los
pedido, contrario sensu, tal solicitud carece de ser conducente, pertinente, necesario
y útil para el tema de prueba, por tal razón el despacho no accederá al decreto de
este medio de prueba, no es objetiva y razonable; además de la inspección a su lugar
de trabajo no tiene esa trascendencia para determinar, lo contrario a lo que sea
definido en la formulación de cargos.

37 Folios 205 a 214 del cuaderno de antecedentes administrativos.

28

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Dentro del debate del proceso administrativo disciplinario, se tiene como
comportamiento objetivo de investigación de haber pedido y de haber recibido
presuntamente una suma de dinero a cambio de ayudar a agilizar con el trámite
registral para el levantamiento de la medida de patrimonio de familia en el folio de
matrícula y la retención de documentos del quejoso; pues el medio probatorio
solicitado no tiene esa relación nítida y conexas con que este medio tenga vocación
de demostrar y desvirtuar lo definido en el pliego de cargos, pues se tiene la prueba
es conducente, por aquella actitud legal de la misma con miras a probar un hecho, es
decir, la autorización de la prueba como hábil a efectos de probar objetivamente el
mismo. Como prueba pertinente, a la relación existente entre el hecho que es objeto
de prueba y los hechos por probar en el proceso y finalmente como efecto útil, cuando
le brinde un servicio efectivo y eficaz a la investigación y se puede hacer una
apreciación probatoria conjunta.

• Contra dicha decisión el investigado interpuso recurso de apelación, bajo los
argumentos que a continuación se citan: 38

Con respecto a la solicitud de inspección o visita especial, señaló que ésta tiene
relación con lo declarado en la queja y lo investigado por el despacho, toda vez que
se busca esclarecer y por ende demostrar que en mi puesto de trabajo donde me
encuentro ubicado no cuento tengo acceso directo a bloquear o desbloquear el
sistema como lo señaló el quejoso en su escrito, por tal razón es pertinente
conducente en la presente investigación por guardar una relación directa con los
hechos denunciados.

Con relación a la prueba pericial solicitada por el suscrito señaló que el quejoso
expuso en su escrito que las cámaras de la entidad no nos podían dejar ver de ellas,
cuando la presentación y charla con el señor Hinestroza se realizó frente a la oficina
de correspondencia de la entidad y por consiguiente debió quedar en el registro y
grabación de las cámaras de video de la superintendencia del día de los hechos, es
por ello que también guardan relación con los hechos ya que el quejoso lo menciona
en su relato, por tal razón solicito y reitero nuevamente esta prueba para corroborar
con los vídeos si se recibió dinero alguno por el suscrito o por mi compañero
proveniente de manos del quejoso o de cualquier otra persona que se encontrara ese
día en el lugar de los hechos, siendo coherente, pertinente y conducente dicha prueba
y no como lo pretende hacer ver el despacho (…).

• El 23 de septiembre de 2013, el Despacho del Superintendente de Notariado y
Registro confirmó la decisión inicial, bajo los siguientes argumentos:39

La inspección judicial al sitio de trabajo tiene por objeto establecer si el señor Miguel
Darío López tiene acceso directo a bloquear o desbloquear el sistema, como lo señaló
el quejoso, prueba que evidentemente resulta conducente e innecesaria toda vez que
los cargos formulados no sean por bloqueo o desbloqueo de folios, sino porque
presuntamente se recibió dádivas para gestionar un trámite relacionado con la

38 Folio 219 del cuaderno de antecedentes administrativos.
39 Folios 227 a .231 del cuaderno de antecedentes administrativos.

29

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

cancelación de patrimonio familiar y por retención de documentos, acusación en la
cual no se involucró ningún trámite relacionado con bloqueo o desbloqueos.

De la prueba pericial
El encuentro personal entre el quejoso Luis Fernando Hinestroza Melo y el funcionario
Miguel Darío López Medina el viernes 8 de agosto de 2011, al frente de la oficina de
correspondencia de la superintendencia de notariado y registro no necesita prueba
por medio de las cámaras de la entidad toda vez que en los descargos el señor Miguel
Darío López Medina, aceptó le encuentro con el señor Hinestroza Melo en la fecha
indicada frente a la oficina del grupo de archivo y correspondencia.

En cuanto a la prueba de los videos para corroborar si López Medina recibió dinero,
o su compañero, proveniente de manos del quejoso, se advierte que el señor Luis
Fernando Hinestroza Melo no afirmó haber entregado dinero en las instalaciones de
la superintendencia, el dinero fue entregado a Walther en un restaurante ubicado en
la carrera 13 con calle 24.

Por lo anterior, resulta innecesario tratar de probar como lo pretende el disciplinado
si hubo o no entrega de dinero por parte del quejoso frente a la oficina de
correspondencia.

En consideración a lo anterior, se observa que el operador disciplinario no vulneró
el derecho al debido proceso de los disciplinados, por cuanto:

Primero, como lo sostuvo el operador disciplinario, dichas pruebas no resultaban
conducentes y necesarias.

Respecto a la visita especial, por cuanto el acreditar que el señor Miguel Darío
López Medina, como funcionario del Grupo de Gestión Documental, podía tener
acceso a bloquear o desbloquear un folio de matrícula cuando se estaba adelantado
el registro de una escritura pública, no tenía relación alguna con el cargo formulado,
esto es, el haber solicitado y recibido dádivas a cambio de agilizar un trámite en la
Superintendencia de Notariado y Registro, ya que lo que se debía demostrar es que
las afirmaciones del quejoso no eran ciertas y que, en consecuencia, los
disciplinados no incurrieron en el delito imputado, motivo por el cual esta prueba
resultaba innecesaria; y, frente a la prueba pericial, esta no era pertinente ni
conducente, toda vez que, como lo sostuvo el operador disciplinario, el señor Miguel
Darío aceptó en su escrito de descargos haber conocido al señor Hinestroza Melo
al frente de la Oficia del grupo de Archivo y Correspondencia, corroborando la
afirmación efectuada por el quejoso y, además, no era dable para desvirtuar la

30

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entrega del dinero, en tanto que el quejoso fue enfático en advertir que dicho dinero
fue proporcionado lejos de las instalaciones de la entidad, razón por la cual en nada
servirían los videos de las cámaras.

Segundo, con las pruebas obrantes dentro del expediente era dable establecer la
ocurrencia de la conducta investigada, pues, como se analizará más adelante,
quedó claro, con la queja y con la ampliación del quejoso, así como con otras
pruebas indiciarias, que los disciplinados, como funcionarios de la Superintendencia
de Notariado y Registro solicitaron y recibieron una suma de dinero del señor
Hinestroza Melo con el fin de ayudarle a agilizar el trámite de un registro en una
escritura pública, aprovechándose de la necesidad inminente del quejoso y de su
condición de servidores públicos de la entidad.

Tercero, como se refirió, en derecho disciplinario existe libertad probatoria, razón
por la cual tanto la Superintendencia de Notariado y Registro tenía plena
discrecionalidad para valorar las pruebas que consideraran pertinentes para
acreditar la falta endilgada.

2.5.2.3. De la formulación de cargos

En tal sentido, los demandantes sostuvieron que en el auto de formulación de cargos
se incurrió en un error, por cuanto se les formuló una falta grave y gravísima,
consagradas en el artículo 34, 35 y 48 de la Ley 734 de 2002, siendo estas normas
excluyentes entre sí, ambigüedad que generó la vulneración del derecho de defensa.

El operador disciplinario procede a formular cargos al servidor público cuando
surtida la etapa de indagación y la posterior de investigación, cerrada esta última,
se encuentran objetivamente demostrados hechos que pueden constituir faltas
disciplinarias, las cuales, a su vez, están tipificadas en disposiciones legales; así
como porque aparecen elementos que demuestran la posible responsabilidad de
dicho funcionario en su comisión, sin que de otra parte estén acreditadas a su favor
causales de exclusión de responsabilidad.

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Ahora, en el auto de formulación de cargos deben establecerse los siguientes
elementos: «La descripción y determinación de la conducta investigada, con
indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; Las
normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la
modalidad específica de la conducta; La identificación del autor o autores de la
falta; La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión
de la conducta; El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos
formulados; La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para
determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el
artículo 43 de este código; La forma de culpabilidad; y El análisis de los argumentos
expuestos por los sujetos procesales»40.

En cuanto al Auto de Formulación de Cargos, el Consejo de Estado en la Sentencia
de 23 de agosto de 2012, expediente No. 1817-04, consejera ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez, manifestó lo siguiente:

(…) el Auto de Formulación de Cargos es una providencia de trámite que sienta los
cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario destinado a establecer
la responsabilidad disciplinaria del inculpado, de modo que el órgano titular del poder
disciplinario fija en aquella el objeto de su actuación y le señala al imputado, en forma
concreta, cuál es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que pueda ejercer
su derecho de defensa. (…).

En el asunto sometido a consideración, de acuerdo al material probatorio obrante
dentro del expediente, se encuentra que la Oficina de Control Disciplinario Interno
de la Superintendencia de Notariado y Registro al momento de formular pliego de
cargos, citó como normas violadas, las siguientes:

Las normas presuntamente violadas
(…)
Artículo 122, 123, 83 de la Constitución Política
(…)
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la constitución…, las
leyes, los decretos…,los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones…
(…)

40 Artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

32

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Demandante: Walter Quiroga Camelo y otro

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones
contenidas en la constitución, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones…
(…)
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier
otra clase de beneficios.
(…)
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Lo anterior, por cuanto, primero, solicitaron y recibieron una suma de dinero del
señor Hinestroza Melo, prometiéndole, a cambio, que le ayudarían a agilizar el
trámite de registro e inscripción de la escritura pública cuyo objeto era el
levantamiento de la medida de patrimonio de familia inembargable; y, segundo, le
retuvieron al quejoso los documentos relacionados con dicho procedimiento, como
los recibos de caja, el pago del impuesto de registro ante el departamento de
Cundinamarca, las notas devolutivas, la boleta fiscal y el certificado suscrito por la
Notaria 68 de Bogotá.

En ese orden de ideas, no existió ambigüedad en la formulación de cargos y menos
aún vulneración del derecho al debido proceso, en la medida en que el acápite de
las normas consideradas como violadas y el concepto de violación fueron
debidamente argumentados, teniendo en cuenta, además, que con una conducta,
el servidor público puede incurrir en diferentes faltas, ya sea graves y/o gravísimas,
tanto por no cumplir con sus deberes y prohibiciones, como por incurrir,
taxativamente, en las faltas gravísimas señaladas en el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, como ocurrió en este caso.

2.5.2.4. Del régimen probatorio en materia disciplinaria

El artículo 128 del Código Único Disciplinario, prevé que toda decisión que se emita
dentro de la investigación disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente
producidas y aportadas al proceso, por petición de cualquier sujeto procesal o en
forma oficiosa; y que la carga de la prueba le corresponde al Estado.

33

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Por su parte, la doctrina sostiene frente a la carga de la prueba, que «dado que el
régimen disciplinario es de derecho público y tiene por misión esencial procurar el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado- en especial para garantizar la
vigencia de los derechos y las garantías de todos los asociados – el artículo 1.º del
Código Disciplinario Único prevé que el titular de la potestad disciplinaria es el
Estado. De igual manera, el artículo 12 de dicha ley dispone que corresponde al
funcionario competente impulsar oficiosamente la actuación disciplinaria, en tanto el
artículo 128 de esta Ley 734 de 2002 determina que la ‘carga de la prueba le
corresponde al Estado, lo que se traduce en que el funcionario instructor del proceso
es quien debe adelantar las actuaciones para aclarar los hechos, recaudar las
pruebas y establecer la realidad de lo sucedido, así como para tomar la decisión que
corresponda, lo que lo hace un proceso de carácter inquisitivo. En estas condiciones,
es al Estado, a través de sus funcionarios o de las personas que tiene asignada la
función disciplinaria, al que le corresponde establecer los hechos y las circunstancias
como se han presentado las actuaciones de los servidores públicos catalogadas de
faltas disciplinarias, para determinar si ha existido, si se ha incurrido en ella y el tipo
de sanción que debe imponer»41.

Al respecto, la parte actora sostiene que fueron sancionados teniendo en cuenta
solamente la queja y el testimonio del quejoso, pruebas que resultaban insuficientes
para acreditar la comisión de las faltas endilgadas.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 734 de 2002, «La
acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente
de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada
por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que

41 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Edición Cuarta. Páginas 290 y 291.

34

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cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190
de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992».

En cuanto a la queja, la Corte Constitucional ha determinado lo siguiente:42

El concepto de “queja” parte de la denuncia que hace un ciudadano ante la autoridad
competente de una irregularidad en la que se incurre por un funcionario público, a fin
de que ella inicie la correspondiente investigación disciplinaria y aplique los
correctivos que sean del caso. En este sentido, se trata de un mecanismo a través
del cual se impulsa el inicio de la acción disciplinaria. Es claro que la queja es una
herramienta establecida a favor de los ciudadanos para denunciar la ocurrencia de
irregularidades en el desempeño de las funciones públicas. No obstante, como quiera
que la titularidad de la acción disciplinaria está en cabeza del Estado, su formulación
no se traduce en el inicio automático de la investigación disciplinaria, sino en el hecho
de facultar a las autoridades competentes para ejercer dicha acción con miras a
determinar el mérito de la queja, y si es del caso, a iniciar las indagaciones e
investigaciones que se consideren pertinentes. Nótese cómo, en la medida en que el
proceso disciplinario envuelve una naturaleza sancionadora, la mera formulación de
la queja no implica automáticamente el ejercicio de la acción disciplinaria, pues el
funcionario investigador se encuentra habilitado para sopesar si la queja formulada
es suficiente o no para dar inicio a una indagación frente a la conducta del servidor
acusado.

En atención a lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto sometido a
consideración el señor Luis Fernando Hinestroza Melo presentó una queja contra
dos servidores públicos que hacían parte de la Superintendencia de Notariado y
Registro, la Oficina de Control Disciplinario Interno decidió, con base en esta, iniciar
una indagación preliminar y luego de ello, una investigación disciplinaria para
esclarecer los hechos.

Ahora bien, el material probatorio que se analizó para sancionar al demandante fue
netamente testimonial, como efectivamente, lo señaló la parte actora, razón por la
cual resulta oportuno señalar en cuanto a este medio probatorio, lo siguiente:

La Ley 600 de 2000, dispone en cuanto al testimonio, que:

ARTICULO 266. DEBER DE RENDIR TESTIMONIO. Toda persona está en la
obligación de rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicita en la actuación
procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales. Al testigo menor de doce

42 T-412 de 2006.

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(12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido, en lo
posible, por su representante legal o por un pariente mayor de edad a quien se le
tomará juramento acerca de la reserva de la diligencia
ARTICULO 267. EXCEPCIÓN AL DEBER DE DECLARAR. Nadie podrá ser
obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
El servidor público informará de este derecho a toda persona que vaya a rendir
testimonio.

Respecto a los criterios para la valoración racional de la prueba testimonial, esta
Subsección ha señalado, que:43

Uno de los medios de prueba más importantes en el marco de los procedimientos
disciplinarios es la declaración de terceros. A través de este, el juez o la autoridad
que instruya un trámite sancionatorio puede reconstruir los hechos objeto de
investigación, a partir de la narración que realice un testigo, distinto de la persona
implicada, que haya tenido conocimiento de estos por haberlos percibido con sus
sentidos44. A pesar de que, con la divulgación del documento en sus diversas formas,
la necesidad del testimonio se ha visto disminuida, aún es la prueba más frecuente
en procesos de todo orden, y en ocasiones la única, sobre todo cuando se busca
probar la comisión de actos ilícitos45.

La prueba testimonial ofrece algunos peligros, a los cuales inevitablemente está
sometida la justicia a la hora de valorarlos46; los riesgos de error y falsedad son
frecuentes y difíciles de descubrir; no obstante, no puede considerarse que el remedio
a estos problemas consista en eliminar esta prueba, pues, salvo en el campo de los
negocios jurídicos, «es un mal necesario»47.

Ahora bien, conviene mencionar que otros medios de prueba también pueden ofrecer
todo tipo de inseguridades: los documentos eventualmente no son auténticos, la
confesión puede utilizarse con fines ilegales, los indicios suelen ser difíciles de
apreciar y los peritos pueden equivocarse en sus dictámenes. En todo caso, la lectura
realista de estas dificultades no debe condenar a la fatalidad. Para morigerar estos
riesgos respecto del testimonio, por ejemplo, basta que el juez o la autoridad
disciplinaria lo pueda someter a una crítica rigurosa, técnica y científica, que considere
tanto las condiciones subjetivas del testigo como las objetivas de cada caso48.

La valoración del testimonio es la operación mental que realiza el juez o la autoridad
con competencia para decidir, en un procedimiento sancionatorio, que tiene como

43 Sentencia de 6 de agosto de 2020, radicado N.º 1081-2017, consejero de estado William
Hernández Gómez.
44 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II. Bogotá: Editorial Temis,

2017, pp. 27-28.
45 Ibidem, pp. 80-81.
46 «Un interesante experimento referido por MUSATTI (acerca de la fidelidad de la percepción de los

hechos de los declarantes en una prueba testimonial); dio por resultado que de 36 sujetos, apenas
4 tuvieron una percepción fiel en un 90%, ninguno llegó a la fidelidad total y en conjunto apenas se
llegó a un 68% de fidelidad». Ibidem, p. 84.
47 Ibidem, p. 83.
48 Ibidem, p. 85.

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objetivo conocer el valor de convicción de este49. La fuerza probatoria material, que
se determina mediante ese ejercicio, depende de que el juez encuentre o no, en cada
uno de los testimonios, y en su conjunto con los demás elementos de prueba,
argumentos que le sirvan para formarse su convencimiento sobre los hechos que
interesen al proceso50.

Se resalta que, en el análisis de la prueba testimonial, es donde deben utilizarse con
mayor rigor las reglas de la sana crítica51. Desde la doctrina, el tratadista Jordi Nieva
Fenoll, en su obra «La valoración de la prueba»52, se ocupó de determinar criterios
racionales para valorar este medio de prueba a partir de los desarrollos de la
psicología del testimonio de los cuales se resaltan cuatro, que pueden servirle a los
jueces y funcionarios en general para acercarse a la estimación objetiva de la
credibilidad de los declarantes. Estos son los siguientes: la coherencia del relato, su
contextualización, las corroboraciones periféricas y la existencia de detalles
oportunistas53.

Así las cosas, lo que se busca con la prueba testimonial es el relato de los hechos
percibidos, esto es, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron
los supuestos fácticos y que dichas declaraciones sean coherentes, exactas y
completas, razón por la cual la eficacia de la prueba testimonial depende más de la
calidad del testimonio que de su número.

En ese orden de ideas, en el sub examine, contrario a lo sostenido por la parte
actora, encuentra la Sala que la Superintendencia de Notariado y Registro realizó
un juicioso análisis del material probatorio obrante dentro del expediente,
específicamente, de la queja interpuesta, de la ampliación del quejoso, las
declaraciones de José Arnulfo Ardila Torres y Milton Emilio Peralta Porras, las
versiones libres de Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina y los
documentos allegados, con los cuales era dable concluir lo siguiente:

El 8 de agosto de 2011, Walter Quiroga Camelo se encontró con el señor Hinestroza
Melo en las afueras de la Oficina de Correspondencia de la Superintendencia de
Notariado y Registro, por cuanto éste último estaba urgido con un trámite de registro
de una escritura pública y un amigo le recomendó al señor Walter para que le
ayudara a agilizar el asunto, circunstancia que en momento alguno fue negada por

49 Ibidem, p. 238.
50 Ibidem, p. 240.
51 Ibidem, p. 265.
52 NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2010.
53 Ibidem, pp. 222-230.

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los disciplinados. En dicha oportunidad el señor López Medina conoció al quejoso,
tal y como lo sostuvo en su versión libre y fue allí cuando Walter le manifestó que el
trámite tenía un costo aproximado de $350.000.

Para la entrega del dinero, Walter citó al quejoso en un restaurante ubicado en la
13 con 24, en Bogotá, es decir, en un lugar alejado de la Superintendencia de
Notariado y Registro, en donde el señor Hinestroza Melo, ante la urgencia que tenía,
le entregó a Walter la suma de $200.000, valor que tampoco fue negado en
momento alguno, por cuanto los investigados indicaron que habían recibido
$150.000 y que ello lo habían destinado al pago de beneficencia del trámite que se
estaba realizando.

Ahora, al revisar los documentos obrantes, se observa que desde el 18 de julio de
2011, el señor Luis Fernando Hinestroza Melo ingresó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, el documento de escritura pública
3527 de 6 de julio de 2011, de la Notaría 68 de Bogotá y que el 21 de julio del mismo
año este fue devuelto sin registrar.

Lo anterior, demuestra que, primero, el quejoso, para el momento en que se reunió
con los investigados, esto es, 8 de agosto de 2011, pretendía el registro de una
escritura y esta le fue devuelta; segundo, los investigados tuvieron contacto con
éste, fuera de la entidad; tercero, la entrega del dinero fue planeada en un lugar
lejos de las instalaciones de la Superintendencia, con el fin de no ser descubiertos,
señalándole al usuario que para agilizar el trámite registral necesitaban una
contraprestación dineraria; y cuarto, los demandantes no debieron recibir ni siquiera
la supuesta suma de $150.000 para los gastos de beneficencia, por cuanto ello era
un trámite que debía hacerse dentro de la Superintendencia, en la ventanilla
correspondiente.

Aunado a ello, los investigados sabían que su comportamiento no era correcto y fue
por ello que le pidieron al señor Hinestroza Melo, luego de que el registro de la
escritura pública le fuera devuelto en tres oportunidades, esto es, el 12, 17 y 18 de
agosto de 2011, que les dejara la documentación no por ventanilla sino directamente

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en la Oficina de Registro, siendo esto contrario a la radicación que normalmente
realiza un ciudadano.

Motivo por el cual el 23 de agosto de 2011, el señor Luis Fernando Hinestroza Melo
presentó una queja en contra de los funcionarios antes mencionados del Grupo de
Gestión Documental de la Superintendencia de Notariado y Registro ante la Oficina
de Control Disciplinario Interno, momento en el cual se procedió a llamar a Miguel
Darío López Medina para que hiciera entrega de los documentos solicitados por el
quejoso, quien afirmó que no se encontraba en las instalaciones, que éstos estaban
en el escritorio de Walter Quiroga Camelo y que los enviaría inmediatamente con
un funcionario, apareciendo con ellos el señor Milton Peralta.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las consistencias en las declaraciones
rendidas dentro de la investigación disciplinaria, la coherencia del relato de los
hechos y los supuestos fácticos demostrados, resulta clara la conducta endilgada a
los ahora demandantes, en tanto que existió un hecho generador que fue
debidamente acreditado, del cual surgieron los demás, esto es, que Walter Quiroga
camelo y Miguel Darío López Medina sí incurrieron en la falta gravísima que le fue
endilgada al momento de formularle el pliego de cargos.

Lo anterior, permite considerar que la Superintendencia de Notariado y Registro sí
tenía los elementos de juicio suficientes para endilgar responsabilidad a los actores,
que las pruebas fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica y que
la interpretación que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la conclusión
de que la falta disciplinaria sí se cometió y estos fueron responsables de ella.

Es importante advertir que al revisar la actuación disciplinaria no se vislumbra sesgo
en el decreto y práctica de las pruebas; por el contrario, se hizo evidente que el
único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la verdad real de
los hechos y para ello hizo uso de todos los medios que estimó pertinentes y
conducentes para su esclarecimiento. Ahora bien, una vez realizó la valoración
integral de las pruebas, concluyó que el demandante no logró desvirtuar los cargos
que le fueron endilgados. Así, bajo tales circunstancias, no se demuestra que los

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actos acusados hayan carecido de pruebas suficientes, sino, por el contrario, las
recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del
operador disciplinario, y demostraron cada uno de los elementos de la falta por las
que fue, finalmente, sancionado el actor.

Finalmente, cabe resaltar que no se revisará el argumento relacionado con que no
se analizó el elemento de la ilicitud sustancial, en tanto que éste no fue señalado en
el escrito de la demanda sino que se trató de un argumento nuevo expuesto en el
recurso de apelación.

En conclusión, resulta oportuno resaltar que en el proceso disciplinario en el que
resultaron sancionados los demandantes se respetaron las garantías fundamentales
al debido proceso y defensa, en tanto: i) la investigación disciplinaria se adelantó de
cara a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002; ii) se le permitió a esta ejercer su derecho
de contradicción formulando descargos, alegando de conclusión, apelando el fallo
de primera instancia, es decir, permitiendo su participación activa ante el operador
disciplinario; iii) se efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de
reproche; y, iv) la sanción impuesta a los accionantes atendió a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, 54
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la

54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

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medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos
mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido
por Walter Quiroga Camelo y Miguel Darío López Medina contra la
Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo.- No condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.

Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.

GMSM

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