Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2024-00336-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 05001-23-33-000-2024-00336-01(5351-2024)
Demandante : Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandada : Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Sanción de suspensión e inhabilidad de 6 meses
Decisión : Sentencia segunda instancia.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 22 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
El demandante, por conducto de apoderado, acuden a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones1.
Declarar la nulidad de los actos administrativos; (i) Resolución 03864 del 21 de
noviembre de 2022, por medio del cual fue suspendido el actor del servicio activo
de la Policía Nacional; y (ii) los fallos disciplinarios de primera instancia del 10 de
junio de 20222, la inspección delegada región 6 de juzgamiento, departamento de
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Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
Policía de Antioquia y la segunda instancia de 3 de octubre de 2022 3, la Dirección
General de la Policía Nacional con suspensión e inhabilidad especial de seis (6)
meses.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la exoneración de la sanción
de suspensión e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses que le fue
impuesta por la entidad demandada; y (ii) la restitución en el escalafón, cargo o
función, junto con el reintegro de las acreencias laborales dejadas de percibir,
debidamente actualizadas y con el reconocimiento de los intereses moratorios
correspondientes.
Los hechos4 en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El 2 de marzo de 2020, el comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar
(E) presentó un informe de novedad con el personal en el cual se vieron implicados
el Intendente Serrano Ballesteros Meiver y los patrulleros Jaime Heriberto Vargas
Lizcano y Andrés Felipe Moreno Vivero, por los supuestos hechos ocurridos en el
establecimiento de comercio Bariloche, quienes según las versiones de los
asistentes en el lugar, estos se encontraban consumiendo licor y luego estuvieron
involucrados en una pelea.
Precisó el actor que, mediante investigación disciplinaria EE-DEANT-2022-157 el
jefe de la Oficina de control Disciplinario Interno Departamento de Policía Antioquia
el 10 de junio de 2022, lo responsabilizó disciplinariamente en primera instancia con
destitución e inhabilidad por el término de 10 años por la comisión de las faltas
contenidas en los numerales 10 y 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 por
incumplir sin causa justificada instrucciones relativas al servicio y estar bajo el efecto
de bebidas embriagantes.
Con ocasión al recurso de apelación interpuesto por el actor, la Inspección general
y responsabilidad profesional, inspección delegada región seis de juzgamiento,
despacho, el 3 de octubre de 2022, profirió el fallo en segunda instancia mediante
el cual accede parcialmente a las súplicas del demandante y lo absuelve del cargo
contenido en el numeral del artículo 26, [estar bajo el efecto de bebidas
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Los hechos se transcriben de forma literal a lo expuesto en el libelo de la demanda.
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Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
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embriagantes] y finalmente, lo sanciona con suspensión e inhabilidad especial por
el término de seis (6) meses por la falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del
artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 [incumplir sin causa justificada las instrucciones
relativas al servicio].
Considera que, los actos administrativos fueron expedidos con violación a los
derechos fundamentales y especialmente el debido proceso por infracción en los
términos de los seis (6) meses que establece la Ley para la etapa de indagación
preliminar, los cuales considera se vencieron el 1 de febrero de 2021, estanco
procesal, en el cual, se recibieron testimonios extemporáneos y la valoración de las
declaraciones para sancionarlo parten de un falso juicio de existencia.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos 2, 6, 13, 25 y 29; Ley 734 de 2002, artículos 128 y
129; Ley 1437 de 2011, artículos 5, 9, 34 y 40; Ley 1564 de 2012, artículos 6, 14 y
164.
Señaló que la violación del debido proceso en los trámites administrativos no solo
afecta sus elementos esenciales, sino que también vulnera el derecho de acceso a
la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y
jurídicas sometidas a la actuación administrativa por parte de servidores públicos
competentes.
Enfatizó que respetar el procedimiento legal para la expedición de actos
administrativos es fundamental para mantener el equilibrio en las relaciones entre
la administración y los particulares, garantizando que las decisiones se adopten
conforme al ordenamiento jurídico.
El artículo 6.º de la Constitución complementa esta premisa al consagrar la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando incurren en
violaciones a la Constitución o la ley. En consecuencia, las disposiciones contenidas
en el Código Disciplinario Único y en las demás normas aplicables deben cumplirse
estrictamente, pues su desconocimiento puede dar lugar a la nulidad de las
actuaciones administrativas cuando se vulnere el debido proceso.
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El debido proceso, como garantía constitucional, tiene su fundamento en los valores
de justicia y seguridad jurídica, y exige procedimientos adecuados que brinden
estabilidad y certeza a los sujetos procesales, permitiendo así la materialización del
Estado Social de Derecho.
En materia disciplinaria, esta garantía implica el respeto por las formalidades
esenciales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos de defensa y
contradicción del investigado. Lo anterior incluye la posibilidad de ejercer defensa
técnica o personal, controvertir pruebas en audiencias públicas y recurrir las
decisiones por los medios legalmente establecidos, todo dentro de un procedimiento
justo, transparente y equitativo.
2. Contestación de la demanda5.
Corrido el traslado de la demanda el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
contestó en los siguientes términos:
Se opuso a las pretensiones de la demanda y refiere que los fallos disciplinarios
están ajustados al ordenamiento jurídico vigente, con fundamento en las pruebas
aportadas al proceso.
Expone que, el actor estaba bajo órdenes claras, siendo parte del mismo grupo
operativo de la Policía, donde se impartieron instrucciones expresas mediante actas
y minutas firmadas previamente, que prohibían la salida de la base de patrulla sin
autorización previa, circunstancia que justifica plenamente la decisión adoptada,
tras el juicio de valor hecho por la autoridad disciplinaria en primera y segunda
instancia.
Argumenta que, las apreciaciones del demandante son subjetivas, ya que durante
el proceso disciplinario se endilgaron dos cargos a los patrulleros involucrados. De
éstos, el segundo, relacionado con el Artículo 35 numeral 10 de la Ley 1015 de
2006, fue probado debidamente por “incumplir, modificar, desautorizar, eludir,
ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios, sin causa justificada, a
las órdenes o instrucciones relativas al servicio”, cargo que fue objeto de análisis en
los procesos disciplinarios de primera y segunda instancia, siendo así debidamente
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probado el incumplimiento.
Por último, se resalta que la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis
meses se basó en un estudio juicioso de las pruebas, con aplicación a la sana crítica
y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Luego de agotar el debido proceso
con todas las garantías constitucionales, la sanción fue impuesta con fines de
prevención, corrección y garantía de la buena marcha de la Institución Policial. La
autoridad que resolvió el recurso de apelación confirmó la infracción a la Ley 1015
de 2006 y mantuvo la sanción, notificando correctamente al disciplinado.
Propuso excepciones de presunción de legalidad e inexistencia de vicios de nulidad.
3. La sentencia de primera instancia6.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida del 22 de julio
de 2024, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas) por
considerar que:
Mencionó la primera instancia respecto a la violación al debido proceso formal que,
la investigación disciplinaria se inició con auto del 17 de febrero de 2021 y
descontando la suspensión de términos, no fueron superados los seis (6) meses de
duración de la indagación preliminar a que se refiere el artículo 150 de la Ley 734
de 2002.
Indicó que, los señores Tirso Jesús Tuirán Durango, Eliseo Valencia Caicedo,
Anderson Martínez Domínguez, Yesica Liceth Gómez Trujillo y Carlos Javier
Mendoza Arroyo fueron citados a declarar el 03 y 04 de febrero de 2021, pero el
abogado de uno de los investigados solicitó aplazamiento de las citadas diligencias.
En esas fechas no comparecieron los citados, por lo que, las declaraciones se
programaron para el 08 y 15 de febrero de 2021, algunas de las cuales no se
realizaron por ausencia de testigos.
Respecto a la investigación disciplinaria contra Jaime Heriberto Vargas Lizcano, no
fue el único inculpado, pues también se investigaron a Hevier Serrano Ballesteros y
Andrés Felipe Moreno Vivero por varias faltas; a los tres se les imputó falta
gravísima del numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, y a Vargas Lizcano
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y Moreno Vivero también falta grave del numeral 10 del artículo 35 de la misma ley.
En ese contexto, el procedimiento tenía un término de duración de hasta dieciocho
(18) meses, aumentables en una tercera parte cuando se investigan varias faltas o
varios inculpados.
Concluyó que, no hubo violación al debido proceso ni exceso en términos de
indagación preliminar o de la investigación, dado que, se siguieron los
procedimientos legales y se tuvieron en cuenta las circunstancias señaladas en la
Ley.
Posteriormente, estudió la violación al debido proceso material y la valoración
integral de las pruebas, mediante el cual, indicó que, el comandante de la unidad
impartió la instrucción mediante el Acta de Instrucción de fecha 20 de enero de 2020,
anterior a los hechos investigados, y firmada por el comandante del Escuadrón Móvil
de Carabineros EMCAR 64-1 DEANT, al que pertenecían los disciplinados. Esto
acredita el conocimiento de tal disposición por parte de ellos, documento que goza
de credibilidad junto con las demás pruebas y que no ha sido tachado de falso.
Que la instrucción está confirmada por la declaración jurada del señor
Subintendente Alan Francisco Santos Ayala y también obra copia del libro de Minuta
de Servicios del Escuadrón Móvil, por tanto, la autoridad consideró con fundamento
que los disciplinados estaban al tanto de la prohibición establecida por la unidad en
relación con la consigna de “no salir de la base de patrulla sin autorización” y que
dicha instrucción había sido debidamente comunicada antes de los hechos materia
de la investigación.
Con base en ese documento y en la declaración del comandante, de quien emanó
la instrucción incumplida por el policía Vargas Lizcano, para el día 02 de marzo de
2020, este formaba parte del Escuadrón Móvil de Carabineros No. 64 DEANT y
pernoctaba en el municipio de Ciudad Bolívar dentro de la estación de policía,
estimó que, la valoración probatoria realizada por el operador disciplinario se
encuentra ajustada a la sana crítica y a lo dispuesto al artículo141 de la Ley 734 de
2002 el análisis probatorio que formó el fallador de segunda instancia al sustentar
la decisión del 03 de octubre de 2022 y se pudo establecer con certeza que al
demandante, en su condición de patrullero del escuadrón móvil, en forma previa al
02 de marzo de 2020, le fue indicada y puesta en conocimiento la prohibición para
ausentarse de las instalaciones policiales.
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Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
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Concluyó que, la valoración probatoria se hizo en términos de ley y garantizando
siempre la debida defensa del señor Jaime Heriberto Vargas Lizcano. La valoración
probatoria se realizó de forma integral y conforme a las reglas de la sana crítica. En
la fase de segunda instancia se aplicó una duda razonable a favor del demandante
respecto al cargo que se le atribuyó, el cual consistía en estar bajo los efectos de
bebidas embriagantes durante el servicio.
Finalmente, resolvió la inconformidad planteada de imparcialidad vinculada al
supuesto de exoneración de responsabilidad del señor Heiver Serrano Ballesteros,
quien también salió de las instalaciones policiales. El auto del 11 de marzo de 2022
formuló pliego de cargos contra este uniformado únicamente por estar bajo el efecto
de bebidas embriagantes durante el servicio, pero no por incumplir sin causa
justificada las instrucciones relativas al servicio, conducta por la cual, sí fue
sancionado el señor Jaime Heriberto Vargas Lizcano, por lo tanto, no existe
violación del principio de imparcialidad ni del derecho a la igualdad al no haber
sancionado a Serrano Ballesteros por una conducta distinta a la imputada al actor.
Determinó que, no se demuestra que los actos acusados hayan carecido de pruebas
suficientes, sino, por el contrario, las recaudadas fueron valoradas dentro del marco
de autonomía y sana crítica del operador disciplinario y se demostraron cada uno
de los elementos de la falta por la que fue, finalmente, sancionado el demandante;
y claro está, la que es objeto de reproche en este proceso, esto es, el cargo número
2, ya que respecto del otro cargo nada se dijo al haber resultado exonerado al
emitirse el fallo del 03 de octubre de 2022.
4. Recurso de apelación7.
La parte demandante en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en
contra la sentencia de primera instancia, por la cual solicita se revoque, en
consideración a lo siguiente:
Precisó que, no comparte la postura de la primera instancia y las sentencias con las
que justifica la inobservancia de los términos procesales de la etapa de indagación
preliminar, toda vez que, esto incide en la violación de su derecho constitucional al
debido proceso.
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Argumentó que, la Inspección General de la Policía Nacional, en el proceso
disciplinario infringió los principios rectores de la ley disciplinaria y derechos
fundamentales, incluyendo el principio de igualdad, debido proceso y trato digno,
por ello, cuestiona la imparcialidad del operador disciplinario, porque no aplicó el
mismo criterio a todos los involucrados en el caso, pues a otro funcionario Heiver
Serrano Ballesteros no se le formuló los mismos cargos ni se adelantó la
investigación con igual rigurosidad.
Señaló que, se presentó error en la apreciación de la prueba por parte del despacho
de primera instancia, en particular respecto al segundo cargo imputado
correspondiente al incumplimiento o modificación injustificada de órdenes, pues se
tomó como base para sancionar un acta anterior a los hechos y que no correspondía
a la estructura orgánica vigente de la Policía Nacional, además, existían
irregularidades en la aplicación de los lineamientos sobre medidas de seguridad y
disponibilidad del personal.
Sostiene que, tres funcionarios fueron investigados por los mismos hechos, pero
solo dos fueron sancionados por incumplir una orden relacionada con una “base de
patrulla” que no existe en la estructura oficial de la Policía Nacional, según la
Resolución 00912 de 2009, la cual solo reconoce la figura de “puesto de Policía”,
por ello, cuestiona la validez de la sanción impuesta, además, la unidad policial
mencionada depende de la Estación de Policía y está encargada de proteger
objetivos estratégicos en zonas rurales remotas y poco pobladas, donde también
brinda servicio a comunidades que no cuentan con presencia policial permanente
debido a su ubicación. Por consiguiente, se solicita la revocatoria de la sentencia
que confirmó dicha sanción y se dé validez a estos argumentos en un nuevo análisis
del proceso, con miras a proteger el debido proceso y la igualdad ante la ley.
3. Tramite segunda instancia8.
En auto del 28 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
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Índice 0004 expediente Samai
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problemas jurídicos.
Corresponde a la Sala establecer si revoca sentencia de 1 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de
la demanda interpuesta por el señor Jaime Heriberto Vargas Lizcano, en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para ello se estudiara lo
siguiente:
1. ¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por superar el término
previsto de seis (6) meses para adelantar la etapa de indagación preliminar en
contra del actor?
2. ¿El órgano de control disciplinario vulneró el principio de imparcialidad por no
investigar con la misma rigurosidad a todos los implicados?
3. ¿Se presento una indebida valoración probatoria en la investigación adelantada
en contra del patrullero Vargas Lizcano?
Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1.
Régimen disciplinario de la Policía Nacional; 2.2. Precedente de unificación de
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“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia”.
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control integral de los actos disciplinarios; 2.3. La actuación disciplinaria; y 2.4. Caso
concreto.
2.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.
La Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada por las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216). Posteriormente, define la
institución policial como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin
fundamental es la conservación del ejercicio de los derechos y libertades de los
habitantes en nuestro territorio nacional, por último, el (artículo 218) facultó al
legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de dichos
servidores del Estado.
En virtud de lo anterior, el legislador expidió la Ley 1015 de 2006 por medio de la
cual fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y en el artículo 23 estableció
que son destinatarios: «(…) el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que
estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que
la falta se haya cometido en servicio activo»; el artículo 58 precisa que el procedimiento
aplicable a los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el
establecido en la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.
En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, esta disposición rige como
normativa sustancial y la Ley 734 de 2002 corresponde al campo procesal.
2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.
Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 201610, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en
contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación
respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que
corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un
control integral de los actos sancionatorios, en el que precisó:
«[…]
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Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: DR. William Hernández Gómez (E)
Bogotá, D. C., 9 de agosto de 2016. Número de referencia: 110010325000201100316 00 Número interno: 1210-11
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
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Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en
sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución
y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
Con estos fundamentos, la Sala Plena de este órgano colegiado, estableció las
siguientes reglas:
«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en
los siguientes términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.»
Con fundamento en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la
persona sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de
la dignidad humana, el trabajo, asegurando dentro los fines esenciales la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
2.3. La actuación disciplinaria.
2.3.1. El 2 de marzo de 202011, el comandante de la Estación de Policía de Ciudad
Bolívar (E) presenta el siguiente informe de novedad con el personal:
“De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Subteniente la novedad ocurrida
en el sector de la zona rosa, más exactamente en la acera del establecimiento de razón
social Bariloche, a eso de las 01:56, cuando por requerimiento de la patrulla cuadrante 2
integrada por el señor patrullero Valencia Caicedo Eliseo adscrito a la estación de Policía
Ciudad Bolívar y el señor patrullero Anderson Martínez solicitan el apoyo para la atención
de un caso, según lo manifestado por la patrulla del cuadrante ellos llegan a atender un
caso de riña en el sector de la zona rosa por mandato del jefe de información de la unidad,
al llegar al lugar encuentran un tumulto de personas en el exterior del establecimiento de
razón social Bariloche cuando empiezan a indagar. los sujetos que se encontraban en el
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sitio manifiestan que habían unos policías que estaban tomando en el establecimiento y
además riñendo con otros que departían allí mismo, al llegar al apoyo al sector observo
en la esquina de la calle 49 con carrera 48 zona rosa se encuentran los policiales
Intendente SERRANO BALLESTEROS MEIVER adscrito a la estación de policía Ciudad
Bolívar y el patrullero VARGAS LIZCANO JAIME, y adscrito al ESCUADRON MOVIL DE
CARABINEROS número 84 quienes se encuentran de apoyo en la unidad, según lo
manifestado por el señor patrullero Valencia de la patrulla cuadrante 2 quienes fueron los
primeros en llegar al lugar dice que unos momentos antes al llegar no se observó riña.
pero las personas que estaban en la parte externa manifestaban que unos policías
estuvieron peleando y que uno de ellos tenía un arma de fuego, de inmediato ellos el
patrullero Valencia y Martínez ingresan a la parte interna del establecimiento de razón
social Bariloche observando varias personas, dentro de ellas un sujeto que viste de jean
negro y camiseta blanca tez negra. estatura baja y el cual era señalado de portar el arma
de fuego, en el piso del establecimiento el señor patrullero Valencia recoge un arma de
fuego tipo pistola calibre 9mm, número de serie 109397, es de anotar que el arma se
encontraba detrás de la persona que la gente señalaba y el cual posteriormente fue
identificado como patrullero activo de la policía nacional adscrito al.
EMCAR 64 de nombre
MORENO VIVEROS ANDRES identificado con la CO 1076823412, a lo cual el señor
patrullero Valencia procede a sacar el policial del lugar y pide mi apoyo para trasladarlo a
la unidad policial, cuando el señor patrullero Valencia recoge el arma y saca al policial del
lugar los otros dos policiales en mención se encontraban en otra esquina de la calle y eran
señalados que se encontraban con el señor patrullero Moreno ingiriendo licor, de forma
inmediata se pone en conocimiento del señor comandante de estación y del señor
comandante de distrito para realizar el procedimiento, se constata que el arma encontrada
en el lugar es de dotación del señor Patrullero Moreno el cual se encontraba disponible
para realizar turno, luego en la unidad policial bajo la orientación de funcionario de
disciplinado solicita a los señores patrulleros e intendente el acompañamiento para realizar
la prueba de beodez a lo cual el señor patrullero Vargas se niega desde un principio y en
un tono descortés empieza a lanzar expresiones como que él no estaba en un
establecimiento y que él había salido en uniforme, el señor patrullero Moreno manifiesta
en primera instancia que se la va realizar y al ser llevado al hospital por el señor
subteniente SANTOS ALAN comandante de sección del EMCAR 64 el señor patrullero
manifiesta que no va realizarse dicha prueba y el señor intendente Serrano también niega
hacérsela desde el interior de su habitación donde no abre la puerta al señor Comandante
de estación (e) Subteniente JHON ALEXANDER MARTINEZ, lo cual concuerda lo
soportado en video, es de anotar que a simple vista los señores patrullero Moreno, Vargas
y el señor Intendente Serrano se les ven los ojos rojos y se les siente aliento alcohólico,
cabe resaltar que además están de testigos de los hechos el señor patrullero Gómez
Torres Elkin Adrián adscrito a la estación de Policía Ciudad Bolívar, quien se encontraba
realizando cierre de establecimientos públicos, el señor Subintendente URIBE CABANZO
JAMES FERNANDO adscrito a la oficina de auxiliares del comando de departamento de
Antioquia, y quien se encontraba de servicio como jefe de información de la unidad y quien
observo cuando los policiales ingresaron a la estación, es de anotar que el señor
Intendente SERRANO había terminado tercer turno de vigilancia a las 22:00 y salía de
permiso a partir del día 02 de marzo de 2020 a las 07:00, en el lugar de los hechos como
testigo también se encuentra el señor JUAN y DAVID GARCIA CALLE identificado con la
cedula de ciudadanía 70422143 de ciudad Bolívar, administrador del establecimiento de
razón social Bariloche, ubicable en el barrio manzanillo. edificios blancos, celular
3117060800 sin más datos, y la persona que al parecer estuvo involucrada en la riña con
los policiales es el señor DAVID ALEJANDRO VARGAS RESTREPO. CC 1033657849 de
Ciudad Bolívar, residente en la calle 47B # 32-82 barrio la Carmina, teléfono 3228770815,
21 años de edad sin más datos”.
2.3.2. La inspección general, oficina de control disciplinario interno del departamento
de la Policía de Antioquia, con auto del 13 de marzo de 2020 12, inició indagación
preliminar conta el intendente Serrano Ballesteros Heiver y los patrulleros Jaime
Heriberto Vargas Lizcano y Andrés Felipe Moreno Vivero, finalmente, decreto
pruebas documentales y testimoniales, por los siguientes hechos:
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(...) al llegar al apoyo al sector observo en la esquina de la calle 49 con carrera 48 zona
rosa se encuentran los policiales Intendente Serano Ballesteros Heiver adscrito al
Escuadrón Móvil de Carabineros número 64 quienes se encuentran de apoyo en la unidad,
según lo manifestado por el señor Patrullero Valencia de la patrulla del cuadrante 2 las
personas que estaban en la parte externa manifestaban que unos policías estuvieron
peleando y que uno de ellos tenía un arma de fuego..., en el piso del establecimiento el
señor patrullero Valencia recoge un arma de fuego tipo pistola 9mm, número de serie
109397, es de anotar que el arma se encontraba detrás de la persona que la gente
señalaba y el cual posteriormente fue identificado como patrullero activo de la Policía
Nacional adscrito al EMCAR 64 de nombre MORENO VIVEROS ANDRES identificado con
la CC 1076823412, a lo cual el señor Patrullero Valencia procede a asacar al policial del
lugar y pide apoyo para trasladarlo a la unidad policial…
2.3.3. Con auto del 25 de marzo de 202013, la inspección general del departamento
de la Policía de Antioquia, oficina de control disciplinario interno, dispone la
suspensión de términos procesales de la indagación preliminar en virtud del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada por la pandemia
Coronavirus COVID -19, la cual fue prorrogada en varias ocasiones, hasta el 1 de
septiembre de ese año que se reanudo el proceso.
2.3.4. En la etapa preliminar se recibió el testimonio del señor Tirso Jesús Tuiran
Durango14, quien indicó:
(…) PREGUNTADO: En la presente indagación preliminar obra la comunicación oficial S-
2020-031339-DEANT del 02/03/2020 de novedad de policiales en el municipio de Ciudad
Bolívar en la madrugada del 02/03/2020, diga al despacho si la comunicación fue suscrita
por usted, en caso afirmativo haga un recuento de lo suscrito por usted. CONTESTO: si
yo la suscribí, ese día me encontraba realizando turno de cierre de establecimiento, me
desempeñada como subcomandante de la estación, coordinador de Preci (sic), ya que no
había subcomandante, esa noche me reporta la patrulla integrada por el patrullero
Valencia me solita poyo en el sector de la zona ya que al parecer había una riña la cual se
veían inmersas varias personas, cuando llego al lugar, ya la riña se había disipado y el
patrullero me informa que la parecer en la riña estaba involucrados unos policías en la
esquina antes de llegar al establecimiento abierto al público Bariloche se encontraban y
alcance a reconocer unos policías que eran de la estación de civil y unos que estaban de
apoyo en civil, al llegar al sitio donde fue la riña varios sujetos me abordan y me manifiestan
que momentos atrás se había presentado una riña y que la parecer los protagonistas de
la misma eran policial solo que tenga presente uno porque trabajaba en la estación los
otros de apoyo a la unidad, lo manifestó por los ciudadanos en el lugar decían que dentro
de la riña uno de los sujetos que al parecer era policía sacó un arma de fuego, ya en ese
momento todos nos trasladamos a la estación y de allá estaban tres policías de civil, que
correspondían a las características informadas por los presentes en el establecimiento, de
manera inmediata le informó al comandante de estación encargado para tomar las
medidas necesarias, así mismo el patrullero valencia quien llego primero al lugar de los
hechos reconoce a los policiales, estando ya en la unidad policial, los policiales se les
solicita que fue lo ocurrido a lo que no manifiestan mucha información los policiales al
parecer se encuentran en estado de alicoramiento y se les siente olor a licor, ya se le
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informa al Subteniente comandante del Emcar Santos, ya el reconoce a los policiales que
hace parte de su escuadra y el tercer policial adscrito a la estación de policía de Ciudad
Bolívar, se le solicitó el acompañamiento para realizar prueba de beodez a lo que los
policiales el IT Serrano se negó y creo que el otro patrullero fue hasta el hospital pero dijo
que no se realizaba la prueba. PREGUNTADO Diga al despacho bajo la gravedad de
juramento si usted estuvo presente cuando los policiales se encontraban protagonizando
riña en el establecimiento Bariloche. CONTESTO: no señor, llegue momentos después.
PREGUNTADO Diga al despacho bajo la gravedad de juramento si sabe que turno o
estado administrativo estaban adelantando cada uno de los policiales. CONTESTO: Según
lo informado por el subteniente Santos los patrulleros del Emcar debían estar en la unidad
en la estación de Ciudad Bolívar, descansando para el día siguiente laborar no sé qué
turno de disponibilidad, y el Intendente Serrano había soltado turno a las 10 de la noche
de vigilancia y al siguiente día salía al turno de franquicia. No sabría si estaban de servicio
unos patrulleros, el intendente Serrano no estaba de servicio. PREGUNTADO: Diga al
despacho bajo la gravedad de juramento si por estos hechos fue formulada denuncia penal
o se realizó procedimiento de policía por conductas contrarias a la convivencia, en caso
afirmativo donde fueron formuladas. CONTESTO: no se realizaron (…)
2.3.5. El patrullero Eliseo Valencia Caicedo15, rindió testimonio:
CONTESTÓ: estaba en Ciudad Bolívar como integrante de patrulla vigilancia, estaba
realizando cuarto y primer turno, me encontraba patrullando tenía el indicador de
cuadrante 2, estaba con el Patrullero Martínez Anderson que estaba apoyando la estación,
el compañero de información de la unidad a la 01:56 de la mañana del 02/03/2020 nos
reporta que lleguemos a un lugar de la zona Rosa, unos bares, que estaban llamando que
en ese lugar en el bar Bariloche estaban una riña, nos dirigimos a ese lugar, estaban
haciendo cierre el Intendente Tirso, le puse en conocimiento que me dirigía al lugar, al
llegar observo el bar Bariloche y veo un grupo de personas pero no estaban en riña, en la
parte interna y externa, veo que la gente empieza a hablar, indague a las personas me
señalaban unos policías en ese lugar, ingrese a lugar al bar Bariloche, habían unas
personas que no conozco en la parte interna y me decían algunos que los policías estaban
peleando me señalan a un joven que tenía el arma de fuego, tenía una camiseta blanca
pantalón negro, inmediatamente lo abordo y empiezo a hacerle preguntas, lo señalaban
que tenía un arma de fuego, él no me manifestaba nada, le pregunte a un joven atendiendo
el bar, no sé el nombre, no me dijo nada, no sabía, empecé a buscar, la luz estaba
encendida y la música apagada, alcance a ver una empuñadura de un arma en el piso
detrás de la persona que señalaban, cogí el arma inmediatamente era una pistola 9
milímetros, la metí en la chaqueta, entonces salgo con el compañero del establecimiento,
estaba el Intendente Tirso afuera, en ese momento solo entramos Anderson Martínez y
yo, le enseño el arma al Intendente Tirso, le presento al compañero que dice la gente que
la tenía, lo había visto en el Emcar, la gente manifiesta que estaban con dos personas
más, pero en el establecimiento no estaban, se la entregue a mi Intendente Tirso, en la
parte externa estaban otros compañeros señalados por la gente que estaban peleando
con otras personas en el lugar, llevamos a la estación a la persona, iba el Intendente Tirso
y el Patrullero Gómez Elkin que estaba haciendo cierre, cuando llegamos a las
instalaciones se pone en conocimiento al Subteniente Martínez la novedad en la zona
rosa, las diligencias fueron desarrolladas por los comandantes, ya el procedimiento de
identificación fue el comandante. PREGUNTADO: Diga al despacho bajo la gravedad de
juramento si usted estuvo presente cuando los policiales se encontraban protagonizando
riña en el establecimiento Bariloche. CONTESTÓ: no señor, cuando llegue no observe
pelea, solo tumultos de personas. PREGUNTADO: Diga al despacho bajo la gravedad de
juramento si sabe que turno o estado administrativo estaban adelantando cada uno de los
policiales. CONTESTO: no sabía nada sobre que estaban haciendo o que misión
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cumplían. PREGUNTADO: Diga al despacho bajo la gravedad de juramento si por estos
hechos fue formulada denuncia penal o se realizó procedimiento de policía por conductas
contrarias a la convivencia, en caso afirmativo donde fueron formuladas. CONTESTÓ: yo
no hice comparendos, la gente hablaba de poner queja. PREGUNTADO: Diga al despacho
bajo la gravedad de juramento que actividades fueron realizadas con ocasión al arma de
dotación oficial encontrada en el establecimiento Bariloche. CONTESTO: después de
entregada el arma al IT Tirso no sé nada más. PREGUNTADO: Diga al despacho bajo la
gravedad de juramento si usted identificó a las personas que señalaban de haber
protagonizaron la riñas. _CONTESTO: mire y estaba el Intendente Serrano de la estación,
yo le informe al Intendente Tirso que estaban señalando a una esquina. (…)
2.3.6. El 17 de febrero de 202116, la inspección general del departamento de la
Policía de Antioquia, oficina de control disciplinario interno, abrió investigación
disciplinaria en contra del Intendente Serrano Ballesteros Heiver y los Patrulleros
Jaime Heriberto Vargas Lizcano y Andrés Felipe Moreno Vivero.
2.3.7. La inspección general, inspección delegada regional seis- oficina de control
disciplinario interno DEANT, el día 11 de marzo de 202217, formuló pliego de cargos
en contra del Intendente Serrano Ballesteros Heiver y los patrulleros Vargas Lizcano
Jaime Heriberto y Moreno Vivero Andrés Felipe, en el cual expuso para el caso
concreto del actor:
PRONUNCIAMIENTO PARA EL SEÑOR PATRULLERO VARGAS LIZCANO JAIME
HERIBERTO
DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA CON
INDICACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE
REALIZO
TIEMPO: Como quiera que los hechos materia de estudio, al parecer, tuvieron ocurrencia
el día 02-03-2020 siendo las 01:56 horas aproximadamente, la norma sustantiva a aplicar
será la Ley 1015 de 2006, mientras que la procedimental será la ley 734 de 2002, las
cuales se encuentran vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos, anotando de igual
forma que los investigados se encontraban en servicio activo para esa época.
MODO: El material que integra el libelo probatorio le permite inferir al despacho que el
señor Patrullero VARGAS LIZCANO JAIME HERIBERTO, en su calidad de servidor
público integrante de la Policía Nacional, presuntamente se vio inmerso en una conducta
disciplinaria, atendiendo que para la fecha de hechos se encontraba en servicio
(disponible) como integrante del EMCAR 64-1 y presuntamente estuvo departiendo con
otros uniformados en el establecimiento de razón social Bariloche, donde aparentemente
consumió bebidas embriagantes, igualmente, por otra parte en dicho lugar se presentó
una riña siendo las 01:56 horas situación por la que acudió la patrulla del cuadrante 2 de :
la Estación de Policía Ciudad Bolívar y señalan que el señor Patrullero aparentemente fue
visto en la calle 49 con carrera 48 zona rosa del municipio en compañía de los demás
investigados; de ahí que se predique que el comportamiento del uniformado va en contra
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de las instrucciones impartidas por los superiores, ya que el disciplinado no podía salir de
las instalaciones policiales, a menos de que fuera al cumplimiento de las funciones propias
del cargo.
LUGAR: Los hechos posiblemente se desarrollaron en el municipio de Ciudad Bolívar
Antioquia. Territorio que por jurisdicción policial corresponde al Departamento de Policía
Antioquia. En consecuencia, es competente este despacho, para conocer de los mismos
con fundamento en el factor territorial Articulo 49 Ley 1015 de 2005.
PRIMER CARGO
LAS NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN,
CONCRETANDO LA MODALIDAD ESPECÍFICA DE LA CONDUCTA.
Señor Patrullero VARGAS LIZCANO JAIME HERIBERTO, con fundamento en lo
expuesto, se tiene que usted pudo haber infringido el Reglamento de Disciplina y Ética
para la Policía Nacional, contenido en la Ley 1015 de 2006, TITULO VI DE LAS FALTAS
Y DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS, CAPITULO I, CLASIFICACION Y
DESCRIPCION DE LAS FALTAS, ARTÍCULO 34. Son faltas gravísimas: numeral 26.
Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan
dependencia física o psíquica, durante el servicio. (Subrayas y negrillas del despacho)
(…)
SEGUNDO CARGO
LAS NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN,
CONCRETANDO LA MODALIDAD ESPECÍFICA DE LA CONDUCTA
Señor Patrullero Vargas Lizcano, con fundamento en lo expuesto, se tiene que usted pudo
haber infringido el Reglamento de Disciplina y Ética para la Policía Nacional, contenido en
la Ley 1015 de 2006, TITULO VI DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES.
DISCIPLINARIAS, CAPÍTULO I, CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS FALTAS,
ARTÍCULO 35. Son faltas graves: Numeral 10 "incumplir, modificar, desautorizar, eludir,
ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios, sin causa justificada, a las
órdenes o instrucciones relativos al servicio". (Subrayas y negrillas del despacho)
2.3.8. El 10 de junio de 202218, la inspección delegada región 6 de juzgamiento,
departamento de Policía de Antioquia, oficina de control disciplinario interno de
juzgamiento 13, responsabilizó al actor disciplinariamente con sanción de: “destitución
e inhabilidad general por el término de doce (12) años, para ejercer la función pública en cualquier
cargo o función (inciso primero del Artículo 44 de la Ley 1015 de 2006). Por encontrarlo responsable
de haber infringido la norma disciplinaria consagrada en la Ley 1015 de 2006 Artículo 34 Numeral
26 y articulo 35 a título de DOLO”, en el fallo se estableció las razones de la sanción del
señor patrullero.
El primer cargo, expuso:
7.RAZONES DE LA SANCION
(…)
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Respecto al cargo endilgado al señor Patrullero Jaime Heriberto Vargas Lizcano, se estará
a lo resuelto a las conclusiones de lo investigado, toda vez que la conducta señalada al
funcionario y el procedimiento por esta Oficina de Control Disciplinario interno encuentran
intima identidad con lo pregonado a lo largo del presente reproche Disciplinario por esta
instancia, en cuanto a que el aquí encartado era sabedor y conocedor de su conducta,
pues siendo imputable y lleno de conocimientos para la fecha acá investigada, es
procedente imponer la sanción en aplicación de la medida correctiva al cargo señalado,
así; Destitución e Inhabilidad General, la cual deviene de la lectura del Numeral 1 del
Artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, la cual señala; "Para las faltas gravísimas dolosas o
realizadas con culpa gravísima Destitución e Inhabilidad General por un término entre diez
(10) y veinte (20) años." Por tal razón, este despacho previa observancia de las garantías
y los principios establecidos en la Constitución y la Ley, teniendo en cuenta que se halla
demostrada la responsabilidad del disciplinado mediante la apreciación del caudal
probatorio, bajo las reglas de la sana critica, considera la necesidad imperiosa de aplicar
el correctivo que resulte ajustado a la trasgresión normativa, atendiendo a la forma de
culpabilidad asumida por el aquí encartado y encontrando que no existe justificación
alguna para la infracción del tipo disciplinario reprochado.
8.CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA GRADUACIÓN DE LA
SANCION
(…)
Para esta investigación resulta menester señalar que, a todo servidor del Estado le está
encomendado cumplir con la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, instrucciones
y órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes, bajo los especialmente para
el caso específico los principios de Transparencia y eficacia que pregona la Administración
Pública. Entonces la conducta materializada por el aquí investigado, para la fecha 02 de
marzo de 2020, perteneciendo al EMCAR 64-1 estando asignado a la Estación de Policía
Ciudad Bolívar- Antioquia y en su calidad de servidor integrante de la Policía Nacional, se
vio inmerso en una conducta disciplinaria, esta(r) bajo el efecto de bebidas
embriagantes…durante el servicio. (Subrayas y negrillas del despacho); es antijurídica,
ya que para ese entonces le era exigible entre otros el deber de: “Cumplir (…) las leyes
(…), como ya se ha dicho, concluyéndose entonces que el sujeto disciplinable debió actuar
de otra forma, en atención a la relación especial de sujeción intensificada que ostentaba
para la fecha de los hechos con el Estado.
(…)
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, se derivará la imposición de un correctivo
acorde con la afectación causada v la existencia de los criterios que surgieron como
fundamento para su graduación, constituyendo de esta manera una decisión en Derecho,
la cual es razonable y proporcionada. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este
despacho impondrá al disciplinado, el correctivo disciplinario de; Destitución e Inhabilidad
General, por ser una falta gravísima cometida bajo la modalidad de Dolo, acorde a lo
dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, es menester entrar a
tasar el término de la misma atendiendo el contenido del Artículo 40 de la Ley 1015 en su
Numeral 1, de la siguiente manera; en el caso que hoy nos ocupa existen solo atenuantes,
por tanto es pertinente aplicar el valor mínimo de diez (10) años de Inhabilidad General.
Atendiendo lo anterior este despacho le impondrá al Patrullero JAIME HERIBERTO
VARGAS LIZCANO, la sanción de; DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ
(10) AÑOS, como se indicará en la parte resolutiva de la presente decisión.
El segundo cargo, indicó:
7.RAZONES DE LA SANCION
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(…)
Para esta investigación resulta menester señalar que, a todo servidor del Estado le está
Encomendado cumplir la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, instrucciones y
órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes, bajo los principios de la
eficacia, la eficiencia y la transparencia entre otros, destacando especialmente para el
caso específico los principios de Transparencia y eficacia que pregona la Administración
Pública. Entonces la conducta materializada por el aquí investigado, para fecha 02 de
marzo de 2020, estando asignado al EMCAR-64-1 en servicio en la jurisdicción de la
Estación de Policía Nacional, se vio inmerso en una conducta disciplinaria, “incumplir sin
causa justificada las instrucciones relativas al servicio” (Subrayas y negrillas del
despacho); es antijurídica, ya que para ese entonces le era exigible entre otros el deber
de: “Cumplir (…) las leyes, (…), como ya se ha dicho, concluyéndose entonces que el
sujeto disciplinable debió actuar de otra forma, en atención a la relación especial de
sujeción intensificada que ostentaba para la fecha de los hechos con el Estado.
(…)
Respecto al cargo endilgado al señor Patrullero Jaime Heriberto Vargas Lizcano, se estará
resuelto a las conclusiones de lo investigado, toda vez que la conducta señalada al
funcionario y el procedimiento desarrollado por esta Oficina de Control Disciplinario interno
encuentran intima identidad con lo pregonado a lo largo del presente reproche disciplinario
por esta instancia, en cuanto a que el aquí encartado era sabedor y conocedor de su
conducta, pues siendo imputable y lleno de conocimientos para la fecha acá investigada,
es procedente imponer la sanción en aplicación de la medida correctiva para el cargo
señalado, así: SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL, la cual deviene de la lectura
del Numeral 2 del Artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, la cual señala; “Para las faltas
gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión e inhabilidad
Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración” (Negrillas y
subrayas propias). Por tal razón, este despacho previa observancia de las garantías y los
principios establecidos en la Constitución y la ley, teniendo en cuenta que se halla
demostrada la responsabilidad del disciplinado mediante la apreciación del caudal
probatorio, bajo las reglas de la sana critica, considera la necesidad imperiosa de aplicar
el correctivo que resulte ajustado a la transgresión normativa, atendiendo a la forma de
culpabilidad asumida por el aquí encartado y encontrando que no existe justificación
alguna para la infracción del tipo disciplinario reprochado.
(…)
8.CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA GRADUACIÓN DE LA
SANCION
(…)
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, se derivará la imposición de un correctivo
acorde con la afectación causada v la existencia de los criterios que surgieron como
fundamento para su graduación, constituyendo de esta manera una decisión en Derecho,
la cual es razonable y proporcionada. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este
despacho impondrá al disciplinado, el correctivo disciplinario de; Suspensión e Inhabilidad
Especial, por ser una falta Grave cometida bajo la modalidad de Dolo, acorde a lo
dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, es menester entrar a
tasar el término de la misma atendiendo el contenido del Artículo 40 de la Ley 1015 en su
Numeral 1, de la siguiente manera; en el caso que hoy nos ocupa existen solo atenuantes,
por tanto es pertinente aplicar el valor mínimo de seis (06) meses de Inhabilidad Especial.
Atendiendo lo anterior este despacho le impondrá al Patrullero JAIME HERIBERTO
VARGAS LIZCANO, la sanción de; SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL DE SEIS
(06) MESES, como se indicará en la parte resolutiva de la presente decisión.
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2.3.9. El 3 de octubre de 202219, la inspección delegada región seis de juzgamiento,
profirió el fallo de segunda instancia, y resolvió; (i) acceder parcialmente a las
pretensiones presentada por el señor patrullero Jaime Heriberto Vargas Lizcano y
lo absuelve del cargo uno correspondiente a la infracción al Régimen Disciplinario
Policial Artículo 34, numeral 2698 de la Ley 1015 del 2006, y (ii) confirma por el
cargo segundo al haberse demostrado que infringió el artículo 35, numeral 10° de
la Ley 1015 del 2006 y le impone sanción de suspensión e inhabilidad especial por
el término de seis (6) meses.
2.4. Caso concreto.
Jaime Heriberto Vargas Lizcano, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pretende la nulidad de los fallos disciplinarios
proferidos por la inspección delegada región 6 de juzgamiento, departamento de
Policía de Antioquia, oficina de control disciplinario interno de juzgamiento 13 y la
inspección delegada región seis juzgamiento despacho, mediante los cuales les
impuso sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de seis (6)
meses, por hallarlo responsable de la falta disciplinaria contenida en el artículo 35,
numeral 10° de la Ley 1015 del 2006.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las pretensiones al estimar que; (i) el
término de la indagación preliminar se atemperó a lo dispuesto en el artículo 150 de
la Ley 734 de 2002, (ii) no se presentó en la investigación extemporaneidad en la
recepción de testimonios, dado que, el proceso disciplinario se adelantó a tres
disciplinados, por lo tanto, esto la duración de la investigación es de 18 meses
aumentables la tercera parte cuando se investigan varias faltas o varios inculpados;
(iii) se pudo establecer con certeza que al demandante, en su condición de
patrullero del escuadrón móvil, en forma previa al 02 de marzo de 2020, le fue
indicada y puesta en conocimiento la prohibición para ausentarse de las
instalaciones policiales, sin que exista violación al principio de imparcialidad.
Inconforme con la decisión de primera instancia, el actor presentó recurso de
apelación, con los siguientes argumentos: (i) la inobservancia de los términos
procesales en la etapa de indagación preliminar; (ii) el proceso disciplinario infringió
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el derecho a la igualdad, debido proceso y trato digno por la parcialización del
operador porque no aplicó los mismos criterios porque por los mismos hechos
absolvió al señor Heiver Serrano Ballesteros y (iii) por indebida apreciación de la
prueba de un acta anterior a los hechos y que no correspondía a la estructura
orgánica vigente de la Policía Nacional.
Con fundamento en lo expuesto en el recurso de apelación se procederá a resolver
los cargos propuestos por el demandante:
1. ¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por superar el término
previsto de seis (6) meses para adelantar la etapa de indagación preliminar en
contra del actor?
La parte actora, en su recurso de alzada, fundamenta su inconformidad con la
decisión adoptada en el fallo de primera instancia y con las providencias judiciales
citadas mediante las cuales se justifican la inobservancia de los términos procesales
en la etapa de indagación preliminar, al considerar que, esto vulnera su derecho
fundamental al debido proceso dentro de la actuación disciplinaria.
En atención a lo anterior, esta Sala procederá a examinar el término legalmente
establecido para la etapa de indagación preliminar, a la luz del marco normativo y
jurisprudencial aplicable, con el fin de verificar si en esta etapa se produjo o no una
afectación al derecho fundamental al debido proceso como lo invoca el actor.
Es preciso señalar que la etapa de indagación preliminar en el procedimiento
disciplinario se encuentra regulada en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que
establece:
«PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. En caso de
duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación
preliminar.
La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusión de la responsabilidad.
En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria se adelantará indagación preliminar.
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones
por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término
de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses».
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El plazo establecido por el Legislador para la etapa inicial del proceso disciplinario,
establece una duración de seis (6) meses, sin embargo, este término ha sido objeto
de análisis por la jurisprudencia de esta Subsección20 en la cual se ha indicado que
superar el plazo anterior, no afecta el debido proceso, como fue indicado en
sentencia del 1 de noviembre de 2012, que señaló:
«Si bien es cierto, la eventual demora en la indagación preliminar constituye una
irregularidad en el trámite, también lo es, que no tiene la envergadura de una anomalía
sustancial que afecte el debido proceso porque, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 734 de 2002, la etapa de indagación es optativa pues se lleva a cabo
sólo en los casos en que existe duda sobre la identidad del individuo o de la comisión de
la falta, es decir, que el proceso disciplinario como tal, inicia con el auto de apertura de
investigación.
Así, el retraso presentado no configura, en sí mismo, una irregularidad sustancial que
afecte el debido proceso, cuando el procedimiento concluye dentro del término de
prescripción de la acción disciplinaria establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002
y se garantiza el derecho de defensa y contradicción del investigado».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU - 901 de 2005, señaló que, el
incumplimiento al término previsto para la etapa de indagación preliminar, no origina
de manera automática la violación de las garantías constitucionales del investigado,
en ella, se destacó:
«(…) el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de
control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías
constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca
de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el
cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o
no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir,
el sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la
conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista
conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto
implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio
constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron
derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser
consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que
se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como
la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las
pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal
actuación en lo que es materia de investigación.
De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que
incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la
actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en
20
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “B” Consejera Ponente: Bertha
Lucia Ramírez de Páez Bogotá, D.C., Primero (1°) De Noviembre De Dos Mil Doce (2012) Radicación Número: 11001-03-25-
000-2011-00085-00(0257-11) Actor: Magola Cogollo Bernal Demandado: Procuraduría General de la Nación.
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar
la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos
pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación
disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal
momento».
En ese mismo sentido, la Sección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación
con sentencia del 5 de abril de 201821, precisó que, «[..] el incumplimiento del término
procesal en materia disciplinaria no puede conducir inexorablemente al archivo del expediente,
teniendo la posibilidad de, o continuar con la investigación o formular pliego de cargos y no solo el
archivo» y siguiendo esa postura, esa misma subsección mediante sentencia 4 de
abril de 202422, determinó que, si transcurren más de 6 meses entre el auto de
apertura de indagación preliminar y el auto de apertura de investigación, esto no
vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto, el implicado tuvo conocimiento
del proceso, de las pruebas decretadas y tuvo la oportunidad de interponer los
recursos establecidos en la Ley.
Visto lo anterior, para la Sala es claro que la demora en la etapa preliminar no
constituye, por sí sola, una violación al debido proceso, en tanto el atraso puede
obedecer a múltiples circunstancias ajenas al operador disciplinario, tales como el
recaudo de prueba documental y testimonios, entre otros factores, que pueden
dificultar el cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la Ley, los cuales,
no tiene la entidad suficiente para afectar el derecho sustancial del investigado ni
para invalidar el acto administrativo sancionatorio, siempre que no se evidencie
afectación al ejercicio de defensa o arbitrariedad manifiesta.
Con base en tales consideraciones, la Sala centrará su análisis en la inconformidad
planteada por el recurrente, referida a la presunta vulneración de los plazos legales
durante la etapa de indagación preliminar.
Del acervo probatorio que reposa en el expediente se establece que, mediante
informe del 2 de marzo de 2020, el comandante de la Estación de Policía Ciudad
Bolívar puso en conocimiento de la autoridad disciplinaria presuntas conductas
contrarias a la ley disciplinaria cometidas por los uniformados Heiver Serrano
21
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda – Subsección A Consejero ponente: Dr.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicado: 110010325000201200143
00 (0610-2012
22
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Consejero Ponente: RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2015-03312-01 (2498-2021)
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
Ballesteros, Jaime Heriberto Vargas Lizcano y Andrés Felipe Moreno Vivero
quienes, al parecer, habrían estado involucrados en una riña y en el consumo de
bebidas alcohólicas en el establecimiento denominado Bariloche.
Por otra parte, el Personero municipal de Ciudad Bolívar del departamento de
Antioquia, mediante oficio PM- 300-078-2020 del 6 de marzo de 202023, remitió al
departamento de la Policía del citado ente territorial, la queja presentada el día 3 de
marzo de 2020, por el señor David Alejandro Vargas Restrepo en contra de los
presuntos uniformados agresores Hiber Serrano, Jaime Andrés Vargas y Andrés
Moreno Vivero.
Con ocasión de la noticia disciplinaria24 la inspección general, oficina de control
disciplinario interno del departamento de la Policía de Antioquia, el 13 de marzo de
2020, abrió investigación disciplinaria con el fin de verificar la ocurrencia de la
conducta de los uniformados implicados en los hechos descritos en el informe
presentado por el comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar y la queja
interpuesta por el señor David Alejandro Vargas Restrepo25, por medio de las
cuales, se describen unos presuntos hechos constitutivos de falta disciplinaria de
tres uniformados de la Policía Nacional.
La autoridad disciplinaria para efectos de verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar los autores de los implicados y sí esta queja era constitutiva de falta
disciplinaria, decretó las siguientes pruebas:
• «Documentales
1.Solicitar a la Estación de Policía Ciudad Bolívar copias de los libros de control como
minuta de información, población y servicios de vigilancia para para los días 01 y 02 de
marzo de 2020, además de informes, videos, grabaciones de cámaras de seguridad y
comparendos relacionados con el procedimiento; además de actas de instrucción para
salir a permiso.
2. Solicitar al Escuadrón Móvil de Carabineros 64 copias de los libros de control como
minuta de información, población, control armamento o actas de asignación individual de
armamento y turnos de franquicia para los días 01 y 02 de marzo de 2020.
3. Reporte de novedad CAD
• Testimoniales
1.Declaración Juramentada Intendente Tirso Jesús Tuiran Durango
2. Declaración Juramentada Patrullero Eliseo Valencia Caicedo
23
Índice 00002 Samai anexos contestación “expediente proceso disciplinario”
24
Ley 734 de 2002, artículo 69 . OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o
por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier
persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los
artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.
25
Índice 00002 Samai anexos contestación “expediente proceso disciplinario”
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
3. Declaración Juramentada Patrullero Anderson Martínez
4. Declaración Juramentada Juan David García Calle
5. Declaración Juramentada David Alejandro Vargas Restrepo»
No obstante, lo anterior el procedimiento de la indagación preliminar fue suspendida
ocasión al Estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la
pandemia Coronavirus COVID 19, siguiendo la directriz del Decreto 457 de 22 de
marzo de 202026 y la comunicación oficial de la Policía Nacional S-2020-005922 -
INSGE27, de la Inspección general departamento de la Policía de Antioquia de fecha
25 de marzo de 202028, y posteriormente, continuó paralizado el proceso por varias
prórrogas29, por la misma causa30 y finalmente, el 7 de septiembre de 2020 se
reactivó el proceso sancionatorio en contra del actor.
El 1° de febrero de 2021, la autoridad disciplinaria notificó personalmente al actor
de la apertura de la indagación preliminar con la entrega de la providencia y las
fechas programadas para escuchar los testimonios decretados en esa etapa
procesal del proceso disciplinario31, así:
GR APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA Fecha y Hora Unidad
IT Tirso Jesús Tuiran Durango 78038801 Miércoles 03/02/2021 15:00 San Luis
PT Eliseo Valencia Caicedo 1077421081 Miércoles 03/02/2021 16:00 Santa Rita
de A
PT Anderson Martínez Domínguez 1115066848 Miércoles 03/02/2021 17:00 La
Caucana
Juan David García Calle 70422143 Jueves 04/02/2021 08:30 Ciudad
Bolívar
David Alejandro Vargas Restrepo 1033657849 Jueves 04/02/2021 10:30 Ciudad
Bolívar
26
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 y el mantenimiento del orden público.
27
“Suspender los términos en las actuaciones disciplinarias que se surte al interior de la Inspección General, Inspecciones
Delegadas y Oficinas de Control Disciplinario Interno en el país, a partir de las 00:00 horas del 26 de marzo y hasta las 00:00
del 13 de abril de 2020”.
28
Es preciso señalar que, mediante sentencia del 9 de junio de 2022, radicado 11001032500020210041900 (2007-2021) el
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de nulidad
presentadas en contra la instrucción S-2020-/INSGE ASJUR-38.10 del 25 de marzo de 2020 y las Resoluciones 002 del 12 y
003 de abril, 004 del 8 y 005 del 22 de mayo y 007 del 12 de junio de 2020, expedidas por el inspector general de la Policía
Nacional por medio de las cuales prorrogó la suspensión de términos disciplinarios.
29
Se destaca por la Sala que, mediante sentencia del 17 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial 16, realizó el control de legalidad de la Resolución 004 de 8 de mayo de 2020, proferida por la
Inspección General de la Policía Nacional, “por medio de la cual se prorroga la suspensión de términos en las actuaciones
disciplinarias […] en la cual se declaró la legalidad del acto sujeto a control, toda vez que, «[…] las medidas dispuestas en los
artículos 1|,2| y 4| de la Resolución 004 de 8 de mayo de 2020, resulta razonable y proporcional que la Inspección General
de la Policía Nacional hubiese prorrogado la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, incluido el tiempo de
caducidad y prescripción. De hecho, como ya se ha indicado, con estas medidas no solamente se buscó evitar el contacto
social entre servidores y particulares para proteger la vida e integridad, sino evitar que se generaran afectaciones a los sujetos
procesales en el trámite de las actuaciones disciplinarias, por cuenta de las medidas de aislamiento y distanciamiento social
adoptadas por el Gobierno Nacional, que a la postre podrían repercutir en sus derechos fundamentales al debido proceso y
defensa.»
30
Constancias de prórrogas de suspensión de términos procesales en las actuaciones disciplinarias en las siguientes fechas:
doce (12) y veintisiete (27) de abril; once (11) y veintidós (22) de mayo; primero (1), doce (12) y treinta (30) de junio; quince
(15) de julio; primero (1) de agosto de 2020.
31
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folio 38
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
El día 3 de febrero de 2021, el implicado en la investigación Heiver Serrano
Ballesteros32, solicitó la reprogramación de la diligencia de la práctica de pruebas y
por tal motivo, el operador fijó fecha para la audiencia el día 8 de ese mes y año,
además, existen dos constancias en el expediente donde se informa que, los
señores Juan David García Calle33 y David Alejandro Vargas Restrepo34 no se
presentaron a la diligencia de la que fueron citados.
Para el día 8 de febrero de 2021, la autoridad disciplinaria recibió los testimonios
del intendente Tirso Jesús Tiuran Durango35 y Eliseo Valencia Caicedo36, además,
en el expediente se dejó constancia que los señores Juan David García Calle 37 y
David Alejandro Vargas Restrepo38 no asistieron la diligencia programada en la
citada fecha y otra posterior de fecha 15 de febrero de 202139.
El día 17 de febrero de 2021, la inspección general departamento de Policía de
Antioquia, oficina de control interno ordenó la apertura de investigación en contra
del actor y otros dos miembros de la fuerza pública.
En consideración a lo expuesto, se tiene que la entidad disciplinaria profirió el auto
de apertura de indagación preliminar el 13 de marzo de 2020. No obstante, los
términos procesales fueron suspendidos a partir del 25 de marzo de ese mismo año,
como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-
19, cuando apenas habían transcurrido doce (12) días desde el inicio de dicha
actuación. Posteriormente, los términos fueron reanudados el 7 de septiembre de
2020.
Adicionalmente, durante el desarrollo de esta etapa preliminar, se presentaron
circunstancias que afectaron su normal ejecución, tales como la solicitud de
reprogramación de audiencia por parte del investigado Heiver Serrano Ballesteros,
originalmente fijada para el 3 de febrero de 2021, así como la inasistencia de los
testigos Juan David García Calle y David Alejandro Vargas Restrepo a las
32
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folio 51
33
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folio 61
34
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folio 63
35
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folios 71 a 74
36
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folios 75 a 78
37
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folio 83
38
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folio 84
39
Índice 00002 Samai anexos contestación expediente proceso disciplinario folios 115 y 117
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
diligencias previstas. Estos factores, que escapan al control directo del operador
disciplinario, inciden materialmente en el cumplimiento estricto de los términos.
No obstante lo anterior, para esta Sala no se evidencia que se haya excedido el
término legal de seis (6) meses previsto para la etapa de indagación preliminar,
conforme lo previsto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, por lo siguiente, el
auto de indagación preliminar en contra del actor se profirió el día 13 de marzo de
2020, sin embargo, pasados 12 días de dicho acto, los términos fueron suspendidos
con ocasión de la comunicación oficial S-2020-005922 INSGE y estuvieron en ese
mismo estado, hasta el día 7 de septiembre de esa anualidad, por ello, la entidad
contaba con 5 meses y 18 días para adelantar esta etapa, los cuales verificado el
calendario, estos se vencían el 25 de febrero de 2021.
En ese sentido, la Sala evidencia que, el auto de apertura de investigación
disciplinaria fue expedido el 17 de febrero de 2021, es decir, en el plazo de los seis
(6) meses establecidos en la Ley disciplinaria, y en el caso hipotético que, el plazo
hubiera sido superado por la autoridad, esto no vicia de nulidad la actuación ni
vulnera el debido proceso, por cuanto, el implicado durante dicho lapso conoció el
proceso y pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción.
En consecuencia, no se observa violación alguna a los términos procesales ni al
debido proceso alegado por el actor, motivo por el cual el cargo formulado en la
alzada será despachado de manera desfavorable.
2. ¿El órgano de control disciplinario vulneró el principio de imparcialidad por no
investigar con la misma rigurosidad a todos los implicados?
El actor cuestiona la imparcialidad del operador disciplinario, puesto que, al señor
Heiver Serrano Ballesteros no se le formularon los mismos cargos ni se adelantó la
investigación con igual rigurosidad como si se hizo en su caso a pesar que también
se encontraba en igual situación de los uniformados que fueron sancionados.
Sobre esta inconformidad, es preciso señalar por la Sala que, el principio de
imparcialidad es uno de los elementos del debido proceso, mediante la cual asegura
que el operador que adelante una investigación, actúe como un tercero equitativo,
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
donde el ordenamiento previene que no se puede tomar posturas anticipadas que
afecten la sana critica durante las etapas procesales.
Por lo expuesto, esta Subsección procederá al análisis si el operador disciplinario
vulneró el principio de imparcialidad del actor por no dar el mismo trato y
consideración que tuvo el investigado Heiver Serrano Ballesteros.
Sobre este punto, se hace necesario para la Sala estudiar si en el proceso
disciplinario los hechos expuestos en el pliego de cargos en contra del actor y el
señor Serrano Ballesteros existen conductas diferentes, para ello se realizará un
contraste en el siguiente cuadro:
PLIEGO DE CARGOS
Jaime Heriberto Vargas Lizcano Heiver Serrano Ballesteros
MODO: El material que integra el libelo probatorio le MODO: El señor Intendente HEIVER SERRANO
permite inferir al despacho que el señor Patrullero BALLESTEROS, en su calidad de servidor público
VARGAS LIZCANO JAIME HERIBERTO, en su integrante de la Policía Nacional, presuntamente se
calidad de servidor público integrante de la Policía vio inmerso en una conducta disciplinaria,
Nacional, presuntamente se vio inmerso en una atendiendo que para la fecha de hechos se
conducta disciplinaria, atendiendo que para la fecha encontraba en servicio (disponible) como integrante
de hechos se encontraba en servicio (disponible) de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, y
como integrante del EMCAR 64-1 y presuntamente presuntamente estuvo departiendo con los
estuvo departiendo con otros uniformados en el patrulleros Moreno Vivero y Vargas Lizcano en el
establecimiento de razón social Bariloche, donde establecimiento de razón social Bariloche donde al
aparentemente consumió bebidas embriagantes, parecer consumió bebidas embriagantes;
igualmente, por otra parte en dicho lugar se presentó igualmente, se tiene que en dicho lugar se presentó
una riña siendo las 01:56 horas situación por la que una riña siendo las 01:56 horas situación por la que
acudió la patrulla del cuadrante 2 de : la Estación de acudió la patrulla del cuadrante 2 de la Estación de
Policía Ciudad Bolívar y señalan que el señor Policía Ciudad Bolívar, quienes al llegar encontraron
Patrullero aparentemente fue visto en la calle 49 al interior de dicho establecimiento al Patrullero
con carrera 48 zona rosa del municipio en Moreno Vivero y, el investigado fue visto con el
compañía de los demás investigados; de ahí que patrullero Vargas Lizcano en la calle 49 con carrera
se predique que el comportamiento del 48 zona rosa del municipio, donde la comunidad lo
uniformado va en contra de las instrucciones señaló de estar en el establecimiento consumiendo
impartidas por los superiores, ya que el licor; cabe mencionar que cuando el suboficial ya
disciplinado no podía salir de las instalaciones estaba en la estación de policía el señor
policiales, a menos de que fuera al cumplimiento Intendente Tuiran Durango, evidenció que el
de las funciones propias del cargo. investigado tenía los ojos rojos y le sintió aliento
alcohólico, situación por la que se le pidió que
fuera a practicarse la prueba de beodez,
negándose a practicar la misma y optando por
encerrarse en su habitación de donde no quiso
salir.
Primer cargo: Señor Patrullero VARGAS LIZCANO Único Cargo: Señor Intendente HEIVER SERRANO
JAIME HERIBERTO, con fundamento en lo BALLESTEROS, pudo haber infringido la Ley 1015
expuesto, pudo haber infringido la Ley 1015 de 2006, de 2006, Artículo 34. Son faltas gravísimas:
Artículo 34. Son faltas gravísimas: numeral 26 numeral 26. Consumir o estar bajo el efecto de
Consumir o estar bajo el efecto de bebidas bebidas embriagantes o sustancias que
embriagantes o sustancias que produzcan produzcan dependencia física o psíquica,
dependencia física o psíquica, durante el durante el servicio.
servicio.
Segundo Cargo: el Señor Patrullero Vargas Lizcano,
pudo haber Ley 1015 de 2006, Artículo 35. Son
faltas graves: Numeral 10 'incumplir, modificar,
desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o
tardanza, o introducir cambios, sin causa
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
justificada, a las órdenes o instrucciones
relativas al servicio.
Es oportuno señalar para la Sala que, la formulación de cargos en materia
disciplinaria solo se hará cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista
prueba que comprometa la responsabilidad40 cuyo contenido debe tener la
descripción y determinación de la conducta investigada41, la indicación de las
circunstancias de tiempo, modo, lugar y el análisis de las pruebas que la
fundamentan, además, el Legislador fue claro en establecer que, no se podrá
proferir un fallo sancionatorio sin que obre prueba en el proceso que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta y responsabilidad42.
Así las cosas, en el caso particular del señor Heiver Serrano Ballesteros, la
autoridad disciplinaria determinó de acuerdo a los hechos y las pruebas existentes
que, este presuntamente infringió la conducta establecida en la Ley 1015 de 2006
artículo «34. Son faltas gravísimas: numeral 26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas
embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio»
sin que los medios probatorios y las circunstancias de modo, tiempo y lugar dieran
para formular otro cargo por parte del operador disciplinario, pues se pudo
establecer que, el Intendente Serrano terminó su turno a las 10 de la noche y al día
siguiente tenía franquicia43, en otras palabras, seguía en un descanso y no en turno
para prestar el servicio.
Por lo tanto, no se configura la vulneración al principio de imparcialidad alegada,
toda vez que, en el caso del actor este se encontraba disponible, así estuviera
pernotando en la estación, además, tenía turno al día siguiente, sin que exista
similitud de situaciones para ser tratados de forma igual, por cuanto, el operador
disciplinario, tras la evaluación del material probatorio, determinó que su conducta
transgredía el régimen disciplinario, no solo por el presunto consumo de bebidas
embriagantes, sino también por el incumplimiento de órdenes legítimas impartidas
40
Ley 734 de 2002. ARTÍCULO 162. PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CARGOS. El funcionario de conocimiento
formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad
del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
41
ARTÍCULO 163. CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se formulen cargos al
investigado deberá contener:
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se realizó.
(…)
5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
42
ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba
que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.
43
Testimonio del señor Tirso Jesús Tuiran Durango
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
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por sus superiores, conforme a las pruebas documentales recaudadas, lo cual
sustentó la formulación de dos cargos disciplinarios en su contra.
Adicionalmente, se advierte que en el fallo de primera instancia sancionó a los tres
investigados por la presunta comisión de la falta disciplinaria consistente en el
consumo de bebidas embriagantes durante el servicio. Sin embargo, con ocasión
del recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, se observa que la
segunda instancia disciplinaria absolvió a los tres uniformados respecto de dicha
conducta, contenida en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
En consecuencia, no puede pasarse por alto que, en el caso concreto del actor, la
autoridad disciplinaria advirtió, con base en los medios probatorios que reposan en
el expediente, que incumplió instrucciones expresas de sus superiores, en las que
se le indicaba que no podía abandonar las instalaciones policiales, salvo que fuera
en cumplimiento de funciones inherentes a su cargo, como quedó debidamente
demostrado en el proceso disciplinario que, el actor infringió el deber funcional, lo
que justifica la sanción impuesta.
Por ello, no existe motivo alguno para concluir que el operador disciplinario haya
incurrido en trato desigual o vulnerado el principio de imparcialidad, pues en cada
caso se valoraron de forma individual y objetiva los elementos probatorios, conforme
a las circunstancias particulares de los investigados. En consecuencia, este cargo
será despachado desfavorablemente.
3. ¿Se presento una indebida valoración probatoria en la investigación adelantada
en contra del actor?
El apelante sostiene que se incurrió en error en la apreciación de la prueba por parte
del fallador de primera instancia, particularmente en relación con el segundo cargo
que le fue imputado, consistente en el incumplimiento o modificación injustificada
de órdenes, al haberse fundamentado la sanción en un acta anterior a los hechos
investigados, que no corresponde a la estructura orgánica vigente de la Policía
Nacional.
Aduce que fue sancionado por desacatar una orden relacionada con una supuesta
“base de patrulla”, unidad que no tiene reconocimiento dentro de la estructura oficial
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
de la institución, conforme a la Resolución 00912 de 2009, normativa que
únicamente contempla figuras como el “puesto de Policía”, entre otras, pero no la
denominada “base de patrulla”. Por esta razón, cuestiona la validez jurídica de la
orden cuya supuesta transgresión originó la sanción, en tanto carece de soporte
normativo y estaría basada en una figura inexistente dentro del marco legal
aplicable.
Adicionalmente, argumenta que dicha unidad policial depende jerárquicamente de
una Estación de Policía, y cumple funciones operativas orientadas a la protección
de objetivos estratégicos en zonas rurales, generalmente remotas y de baja
densidad poblacional, donde también se brinda servicio a comunidades sin
presencia permanente de personal policial, debido a factores geográficos y
logísticos. Por ello, insiste en que la orden disciplinaria que se reputa incumplida no
tiene sustento en una disposición válida o vigente, lo cual —en su criterio— vicia de
nulidad el acto sancionatorio y vulnera el debido proceso disciplinario.
De acuerdo con lo expuesto en el recurso de alzada, es oportuno señalar, por parte
de la Sala, que la valoración probatoria decretada y practicada en el proceso
sancionatorio resulta esencial para determinar o descartar la responsabilidad
disciplinaria del sancionado. En consecuencia, el estudio detallado y riguroso del
material probatorio se impone como una carga para el juez contencioso
administrativo en ejercicio del control integral de legalidad, conforme lo ha sostenido
esta Corporación.
En efecto, en sentencia del 16 de julio de 2020, esta Sección precisó:
«En la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, referida en el acápite de las cuestiones previas a resolver en esta
sentencia, se definió que la interpretación normativa y la valoración probatoria hechas
en sede disciplinaria son controlables judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
De esta manera, la integralidad que se predica del control de legalidad que ejerce esta
jurisdicción especializada, sobre las decisiones sancionatorias, debe entenderse en el
sentido de que el operador judicial se encuentra plenamente investido de la facultad de
evaluar la situación fáctica y jurídica sometida a su estudio, sin ninguna restricción, toda
vez que solo a partir de una ponderación objetiva y razonable de los medios de prueba
puede decirse que el acto administrativo de carácter disciplinario se encuentra
debidamente motivado.»
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
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En ese orden de ideas, la Sala procederá a realizar el estudio de la norma invocada
por la entidad disciplinaria y los elementos de convicción que obran en el expediente
para determinar si está demostrado que el demandante realizó o no la conducta
disciplinaria por la cual fue sancionado con suspensión de seis (6) meses, por lo
siguiente:
En ese sentido, se tiene que, el segundo cargo imputado al actor se dio como
consecuencia del comportamiento que realizó en contra de las instrucciones
impartidas por los superiores mediante la cual se le indicó que no podía salir de las
instalaciones policiales a menos que fuera en cumplimiento de las funciones del
cargo como patrullero de la Policía Nacional, por ello, la entidad disciplinaria indicó
que el sancionado incumplió el “Artículo 35. Son faltas graves: Numeral 10 de la Ley 1015 de
2006 'incumplir, modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir
cambios, sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio”.
El operador disciplinario para llegar a la conclusión que el demandante incurrió en
la conducta disciplinaria antes expuesta, pues, valoró los siguientes medios de
prueba, los cuales fueron aportados en la etapa de indagación preliminar mediante
comunicación 62 del 13 de febrero de 2021:
«[…] se allega minuta de servicio y control armamento EMCAR 64-1 DEANT, para los días
1 y 2 de marzo de 2020, como también acta de instrucción. En estos documentos oficiales
se evidencia que para el día 1 y 2-03-2020 se encontraba de servicio como integrante del
Emcar 64-1, donde tenía como consigna e instrucción no salir de la base de patrulla sin
autorización, consigna de la que quedó enterado según consta en el numeral 14 de la
minuta, donde fue relacionado el investigado y prueba de ello quedó la firma del
uniformado.
Obra acta 002 de instrucción DICAR-EMCAR de fecha 20-1-2020 donde el señor
Subteniente SANTOS AYALA ALAN, Comandante del EMCAR-64-1, imparte instrucciones
al personal bajo su mando, fijando como consigna y compromisos del personal lo referente
a que nadie podía salir de la base de patrulla sin previa autorización del comandante o
superiores jerárquicos, instrucción que fue recibida por el investigado como consta en la
lista de asistentes a la instrucción impartida, pues figura su firma, nombre, correo, cedula
y teléfono del investigado, lo que deja en evidencia que conocía las prohibiciones que tenía
durante el servicio que prestaba para la fecha de hechos y de las cuales no fueron tenidas
en cuenta en su actividad de policía.
Obra Libro Minuta de Población de la Estación de Policía Ciudad Bolívar de fecha 02-03-
2021, donde se dejó constancia que siendo las 02:17 horas ingresaron los disciplinados
Patrullero VARGAS LIZCANO y Patrullero MORENO VIVERO, adscritos al EMCAR 64-1,
quienes para la fecha de hechos se encontraban como apoyo a la Estación de Policía
Ciudad Bolívar, anotación que permite evidenciar que el disciplinado si se encontraba por
fuera de la unidad policía donde debía estar descansando y disponible para cualquier
requerimiento, aunado a ello se parecía que se le dieron a conocer frente a no salir de la
(sic) instalaciones policiales (base de patrulla)
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
Obra la declaración jurada rendida por el Intendente TIRSO JESÚS TUIRAN DURANGO,
quien ratificó el informe S-2020-031339 de fecha 02-03-2020 al mismo tiempo señala que
los uniformados del EMCAR, es decir el patrullero Vargas Lizcano, debía estar en la unidad
en la estación de Ciudad Bolívar, descansando para el día siguiente laborar (sic) esto
conforme a lo informado por el Subteniente santos, de la misma forma señala que al
atender el requerimiento ciudadano fue informado que los involucrados eran tres policías
que estaban de civil y los cuales habían estado departiendo al interior del establecimiento
razón social Bariloche (…)
Así mismo, obra declaración jurada rendida por el Teniente Yhon Alexander Martínez
Martínez, quien para la fecha de hechos se desempeñaba como Comandante encargado
de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, indica que fue informado por el Intendente Tirso
de la novedad presentada con tres policías quienes se vieron involucrados en una rila al
interior de un establecimiento de comercio, indica que los uniformados del EMCAR debían
estar disponibles para el servicio y cualquier apoyo que se necesitara, por último, obra la
declaración jurada rendida por el Subteniente ALAN FRANCISCO SANTOS AYALA, quien
se desempeñaba como Comandante del EMCAR para la fecha de los hechos; refiere que
había retirado al patrullero (sic) Vargas y Moreno a descansar ya que estaban prestando
servicio de ocho horas en puesto fijo en el municipio de Ciudad Bolívar».
De acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, es claro para la
Sala que la Policía Nacional, mediante la instrucción contenida en el acta del 20 de
enero de 2020 y en el libro de minutas de los días 1.º, 2 y 3 de marzo de 2020,
correspondientes al servicio del Escuadrón Móvil de Carabineros 64 DEANT, dejó
establecida una consigna expresa impartida por el comandante de dicha unidad a
todos los uniformados, en el sentido de “no salir de la base de patrulla sin
autorización”.
Dicha instrucción fue conocida por el actor, quien la firmó en el libro de minutas, lo
que demuestra que tenía pleno conocimiento de la orden, y, sin embargo, decidió
eludirla sin justificación alguna.
Adicionalmente, obra en el expediente el registro de la minuta de población de la
Estación de Policía correspondiente al 2 de marzo de 2020, en el cual consta que
el patrullero Vargas Lizcano ingresó a las 2:17 horas, lo que demuestra que no se
encontraba en las instalaciones policiales al momento en que debía estar atento al
cumplimiento de su deber como servidor activo de la Institución.
Cabe señalar que dicha prueba no fue tachada de falsa por el actor, y constituye un
elemento de convicción suficiente para concluir que, efectivamente, se ausentó del
lugar de servicio sin autorización previa, en contravía de las instrucciones impartidas
por sus superiores.
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
Así las cosas, no le asiste la razón al actor al alegar una indebida valoración
probatoria, pues, por el contrario, la Sala evidenció que el operador disciplinario
apreció de forma integral las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. En
efecto, durante el trámite de la investigación se logró establecer con certeza la
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del actor, quien no logró
desvirtuarla, ni con base en las consignas impartidas por su superior, ni mediante la
interpretación que intentó dar a los términos “base de patrulla” -como modelo de
seguridad que delimita un área de protección a cargo de la autoridad- y “puesto de
Policía”, entendido como una unidad subordinada a la estación de Policía encargada
de cumplir misiones de seguridad específicas. Tal distinción carece de entidad
suficiente para restar eficacia a la orden impartida, en tanto se demostró que el actor
debía encontrarse en la instalación policial, la cual hace parte de la estructura
institucional y no podía desconocer. Así, con su actuar desobedeció las órdenes de
su superior y se ausentó sin la debida autorización, incumpliendo las instrucciones
que motivaron la sanción.
En conclusión, dentro del presente proceso se encuentra debidamente acreditado
que el actor incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del artículo 35
de la Ley 1015 de 2006, razón por la cual esta Sala procederá a confirmar el fallo
de primera instancia que negó las pretensiones del actor, por las razones aquí
expuestas.
2.4. Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de la parte demanda
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de hacerlo en esta sede.
III. DECISIÓN
Número Interno:5351-2024
Demandante: Jaime Heriberto Vargas Lizcano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
En atención a lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia del 22 de julio
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual,
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual, negó las pretensiones del
señor Jaime Heriberto Vargas Lizcano, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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