Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03649-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03649-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03649-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)1
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Fanny Helena Castillo Sáenz presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad los oficios 2-2015-004686 y 2-2015-004687, ambos del 11
de febrero de 2015, a través de los cuales el director del SENA, regional distrito
capital, negó la existencia de una relación laboral entre las partes y el
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
1 En lo que sigue SENA
2 Samai, índice 13, expediente digital, archivo “ED_C01_03Demanda(.pdf) NroActua 13”
3 En adelante CPACA
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se declarara la existencia de la relación laboral con la entidad demandada por
el periodo que prestó sus servicios; ii) se declarara que durante el tiempo que laboró
en el SENA no hubo solución de continuidad; iii) se reconocieran las prestaciones
sociales y laborales que surgieran, equivalentes a las devengadas por un servidor
público que desempeñara las mismas funciones que realizó la demandante, y como
salario base de liquidación los honorarios que percibió; iv) se reconocieran las
prestaciones sociales y laborales que de ello se derivaran tales como cesantías,
intereses a las cesantías, subsidio de alimentación, subsidio educativo, auxilio de
transporte, prima de localización, prima de navegación, primas legales y
extralegales, recargo nocturno, dominicales y festivos, atención médica y subsidio
crédito de vivienda, subsidio familiar y caja de compensación familiar; v) se pagaran
los aportes efectuados a la seguridad social y los descuentos efectuados por
retención en la fuente; vi) se reconociera como sanción moratoria el equivalente a
un día de salario por cada día de retardo en el pago de cesantías y prestaciones de
ley; vii) se diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192,
194 y 195 del CPACA; y ix) se condenara en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Fanny Helena Castillo Sáenz prestó sus servicios en el SENA en forma continua
e ininterrumpida desde el 2008 hasta el 2012, a través de contratos de prestación
de servicios como instructor y recibía como remuneración mensual unos honorarios,
cuyas funciones ejerció de manera personal y subordinada, en un horario impuesto
dentro de las instalaciones de la entidad, recibía instrucciones y órdenes de
funcionarios del SENA. Además realizaba el trabajo mediante el uso de los
instrumentos, herramientas y útiles que le suministraba la demandada en igualdad
de condiciones que los instructores de planta.
• Por las características de la vinculación con el SENA entre los contratos 163 de
febrero de 2008 y 82 del 6 de julio de 2012, se configuró una relación laboral, sin
que le reconicieran las prestaciones sociales y acreencias laborales a las que tiene
derecho por ley.
• Durante su vinculación, el SENA no pagó los aportes correspondientes a la caja
de compensación familiar y efectuó la retención en la fuente en todos los contratos
suscritos. Los aportes a seguridad social fueron cubiertos por la demandante, pero
con un ingreso base de cotización inferior al que correspondía si lo hubiese
realizado el SENA.
• Con la terminación del contrato 82 de 6 de julio de 2012, el SENA vinculó a Fanny
Helena Castillo Sáenz, en la planta de personal y le asignó idénticas funciones a las
que desempeñó como contratista en el cargo de instructor.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
• El 26 de enero de 2015, solicitó al SENA el reconocimiento y pago de sus derechos
labores y prestaciones sociales derivadas de la relación laboral; petición denegada
a través de los oficios 2-2015-004686 y 2-2015-004687, ambos expedidos el 11 de
febrero de 2015.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política;
las leyes 6 de 1945, 33 de 1985 (artículo 1), 71 de 1988, 91 de 1989, 80 de 1993
(artículo 32), 100 de 1993, 115 de 1994 (artículos 105 y 115); y los decretos 1848
de 1969, 3135 de 1968, 1950 de 1973, 1045 de 1978, 2277 de 1979 (artículo 36) y
222 de 1983 (artículo 163).
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
• En los actos demandados el SENA omitió la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, pues en el vínculo contractual que sostuvo
con la entidad se configuraron los elementos de la relación laboral, comoquiera que
desarrolló las labores reguladas por la demandada en el horario asignado en las
instalaciones de la entidad y percibió una remuneración mensual.
• Los contratos de prestación de servicios se suscribieron con el objeto de evadir el
pago de las prestaciones sociales causadas en su favor, ya que desempeñó
funciones continuas e ininterrumpidas dentro del objeto social del SENA; y en
atención a los lineamientos diseñados por la entidad demandada. Además eran
iguales a las desempeñadas por los instructores de planta
• El SENA en los actos administrativos acusados solo expresó que la vinculación de
la demandante fue por prestación de servicios, pero no se pronunció de fondo sobre
las verdaderas controversias, pues la demandante debió prestar los servicios de
forma obligatoria en las instalaciones del SENA.
1.2. Contestación de la demanda
El SENA se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos5:
• La vinculación de la demandante se realizó a través de contratos de prestación de
servicios, en razón a que la labor de instrucción no alcanzaba a cumplirse con el
personal de planta, por lo tanto, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Decreto
2400 de 1968, la entidad podía vincular personal bajo esa modalidad.
4
Samai, índice 13, expediente digital, archivo “ED_C01_03Demanda(.pdf) NroActua 13”
5 Samai, índice 13, expediente digital, archivo “ED_C01_07ContestacionDeLaDemanda(.pdf)
NroActua 13”
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
• La demanda de inscripción de estudiantes y la oferta educativa han impedido la
creación de empleos públicos de acuerdo con las reglas jurídicas del SENA, debido
a la prohibición de vinculación de instructores sin carga de trabajo permanente o
con una preparación profesional que no corresponda a las necesidades del mundo
moderno en temas de formación de aprendices. Así, en los casos en que la labor
de instrucción no pueda cumplirse con el personal de planta, se autorizó la
contratación por prestación de servicios.
• La modalidad estatutaria es utilizada por las entidades estatales para el desarrollo
actividades relacionadas con su administración o funcionamiento. Estos contratos
solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados. En ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
• La demandante fue contratada para la ejecución de la labor de instruir y enseñar
en razón de su experiencia, capacitación y formación profesional; tenía autonomía
e independencia en el desarrollo y forma de impartir y transmitir el conocimiento a
los alumnos en formación en el SENA; y la vigencia de los contratos es temporal y
correspondiente al ciclo de formación de alumnos.
• La necesidad de la contratación de instructores a través del contrato de prestación
de servicios se ha dado en el SENA cada año, una vez matriculados los aprendices
en los centros de formación. Esa demanda de estudiantes le permitía a la entidad
verificar si con los instructores de planta podía ser atendida o si era necesario
contratar instructores por prestación de servicios con la única finalidad de dictar las
clases que no podían dictar los instructores de planta.
• La vinculación del demandante fue por contrato de prestación de servicios, de
carácter temporal, tenía autonomía en el desarrollo de su actividad contractual, no
tenía subordinación o dependencia y cumplía un horario en relación con la función
para la que fue contratada, esto es, instruir alumnos o empresas en un horario
preestablecido, lo cual no significaba que cumplía un horario de trabajo o que
estuviera sujeta a una jornada laboral.
• La contratación fue temporal, por el tiempo necesario para que dictara el número
de horas de formación profesional, pues de acuerdo con las órdenes de servicio o
contrato de prestación de servicios, variaba el número de horas de instrucción que
debía impartir la contratista. Si bien debía impartir la instrucción en el horario
establecido por el SENA, gozaba de autonomía en sus clases, en cuyo desarrollo
nunca recibió órdenes e instrucciones del SENA, solo debía la rendición de informes
de sus actividades correspondiente a todo contratista del Estado para efectos del
cumplimiento del objeto contractual.
• De acuerdo con la jurisprudencia las relaciones de coordinación entre el
contratante SENA y el contratista instructor, no implicaban la existencia del
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
elemento subordinación propio de las relaciones laborales, pues se buscaba
garantizar la efectiva prestación de los servicios contratados, en determinado
horario y en las instalaciones del SENA, por tratarse de labores de formación
académica. El hecho de que el instructor debía rendir una serie de informes para la
verificación del cumplimiento de las actividades a su cargo, de ninguna manera
podía entenderse como una dependencia, toda vez que darle dicho alcance,
conllevaría desnaturalizar cualquier contrato de prestación de servicios según la
tesis expuesta en la demanda.
• El hecho de que el contratista hubiese prestado sus servicios en horarios
determinados por el SENA según los parámetros de los programas de enseñanza
que ofrecía la entidad, no implicaba como lo ha reiterado la jurisprudencia, que
exista una subordinación como elemento estructural de una relación laboral.
• La labor contratada por el SENA hacía referencia a la enseñanza y capacitación
académica, y esta no podía desarrollarse al arbitrio de los contratistas, con ocasión
de los diversos tipos y niveles de enseñanza y capacitación que ofrecía la entidad
a sus usuarios y cada una de ellos tenía contenidos, objetivos y metodologías
prestablecidos. La ejecución de las labores de instrucción en las instalaciones del
SENA tampoco podía tenerse como un argumento válido para predicar la existencia
de una relación laboral, comoquiera que resultaría absurdo que el SENA contratara
personal para impartir formación educativa desde un sitio diferente a sus
instalaciones, cuando los beneficiarios de los programas educativos asistían a la
entidad a recibir la respectiva formación educativa.
• La demandante impartía formación profesional integral por horas y en áreas del
conocimiento específicas, por tal razón, no le era dable afirmar que ejerció todas las
funciones establecidas para el cargo de instructor. Ello es así, porque a partir de la
comparación de las funciones del cargo de instructor previstas en el manual de
funciones con las pactadas con la demandante en el contrato de prestación de
servicios, podía evidenciarse que las funciones de uno y otro no son idénticas.
• Sobre los elementos constitutivos del contrato de prestación de servicios y el
elemento diferencial con el de trabajo, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional han establecido que la diferencia radica en la subordinación,
siempre y cuando no se trate de la simple coordinación que debe existir entre las
partes contractuales para el desarrollo de la labor encomendada.
• Un instructor contratado por prestación de servicios recibía instrucciones de un
coordinador acerca de cómo se manejaba la política de enseñanza en el SENA, el
desarrollo de los temas correspondientes al contenido del programa trazado por el
y por supuesto que se le entregaban marcadores y borradores e incluso una blusa
para dictar la clase, sin que pueda configurar con base en aquella la subordinación.
• En atención al principio de legalidad de competencias previsto en los artículos 121
y 122 de la Constitución Política, en virtud del cual no existe cargo público que no
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
tenga reglamentadas sus funciones, el SENA reglamentó las funciones de los
coordinadores, a quienes no se les atribuyó el carácter de superior jerárquico o jefe
de los contratistas. Sus funciones son netamente administrativas, tienen una
finalidad de coordinar, permitir el desarrollo de la labor de los instructores y el
proceso de desarrollo integral del estudiante.
• Respecto a la subordinación o dependencia como requisito fundamental para que
se declarara la existencia de una relación laboral, el Consejo de Estado en sentencia
de unificación IJ-0039 C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, indicó que el trabajo
desempeñado por determinados contratistas no se podría considerar como
generador de una relación laboral, por cuanto en aquel se presentaban relaciones
de coordinación y no de subordinación.
• En consecuencia, las relaciones de coordinación entre el contratante SENA y el
contratista instructor, no implicaron la existencia del elemento subordinación propio
de las relaciones laborales, ya que la finalidad de la coordinación era garantizar la
efectiva prestación de los servicios contratados. Al efecto se requería la prestación
del servicio en determinado horario y en las instalaciones del SENA, por tratarse de
labores de formación académica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un recuento
normativo y jurisprudencial relativo a las relaciones laborales encubiertas concluyó
lo siguiente6:
• Sobre la prestación personal del servicio de manera continua, a partir de los
contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, se verificó que la
demandante prestó sus servicios profesionales por medio de sucesivos contratos
de prestación de servicios con el objeto de impartir formación profesional integral en
el área de recubrimientos metálicos como instructora del SENA.
• Con fundamento en los testimonios rendidos en audiencia pública de Cecilia
Duarte Duarte y Luis Alejandro Buitrago, instructores de planta del SENA, se
demostró que el servicio debía ser prestado personalmente por la demandante
quien tenía el conocimiento para instruir a los aprendices del SENA, en horario
previamente establecido por la institución.
• La ejecución de los contratos implicó la permanencia y disponibilidad de la
demandante en una jornada diaria y bajo la supervisión de la entidad. Además,
cumplía las mismas funciones que los instructores de planta, lo que se desprendió
de las obligaciones contenidas en los contratos, que sin duda debían ser las mismas
6 Samai, índice 13, expediente digital, archivo “ED_C01_26Fallo(.pdf) NroActua 13”
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
que los instructores de planta, ya que todos los procedimientos en el SENA se
encontraban reglamentados por ley. Ciertamente, los instructores debían dar cabal
cumplimiento a dichos lineamientos normativos sin distinción, con independencia de
que fueran contratistas o de planta.
• La actividad que desarrolló la demandante no fue ocasional o temporal, sino
permanente, esto es que impartiera instrucción a los aprendices, que no era otra
que el objeto principal del SENA.
• Sobre la subordinación, de acuerdo con la naturaleza del servicio que prestó la
demandante en la entidad demandada, no hay duda que la instrucción que daba a
los aprendices estaba debidamente reglamentada, en los periodos señalados para
alcanzar los módulos por parte de los aprendices.
• La subordinación se demostró con los testimonios rendidos por los declarantes
quienes indicaron que tenían dos jefes, el coordinador académico y el director del
centro educativo; a quienes debían solicitar permiso para ausentarse en sus
horarios de trabajo y presentar el informe de actividades.
• De acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso, se acreditó que la necesidad
que se pretendió suplir con los contratos de prestación de servicios suscritos por la
entidad y la demandante fue continua y se cumplió a través de funciones diarias,
permanentes en jornada laboral, supervisadas, reglamentadas bajo protocolos,
normas y procedimientos preestablecidos en las leyes y las directrices, lo que
excluyó cualquier margen de independencia y autonomía en la ejecución de la labor
contratada.
• Frente al elemento de la remuneración, de los contratos de prestación de servicios
aportados al expediente, se determinó que la demandante percibió unos honorarios
durante el tiempo de ejecución.
• En el presente caso, se configuraron los presupuestos jurídicos de un «contrato
realidad », pues los contratos de prestación de servicios suscritos entre el SENA y
Fanny Helena Castillo Sáenz materialmente revistieron la forma de una relación
laboral, pues el objeto de la labor contratada no era propio de una orden de
prestación de servicios, su relación con la entidad no tenía como finalidad el
cumplimiento de labores ocasionales, accidentales o transitorias, tampoco era
reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad ni mucho menos para que atendiera incrementos en la
producción, por el contrario se demostró que su servicio como instructora se ejerció
conforme con la legislación y directrices internas, durante la jornada laboral
establecida. Sus funciones estaban concretamente delimitadas, por lo tanto, el
contrato no podía ser ejecutado bajo discrecionalidad de la demandante.
• Por lo anterior, la vinculación de la demandante con el SENA no correspondió a
los eventos en los que la ley autorizó la utilización de contratos de prestación de
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
servicios, de modo que la entidad como empleadora, desnaturalizó esta figura
contractual al usarla para el cumplimiento de su objeto social, cuya naturaleza y
vigencia en el tiempo, exigía que fueran ejecutadas por empleados permanentes de
la entidad.
• Sobre la prescripción, indicó que el término para exigir el reconocimiento de una
relación laboral con el Estado es de tres años contados a partir de la terminación
del contrato de prestación de servicios, y pasado dicho término se extingue el
derecho a solicitar las prestaciones que se deriven, sin que afectara los aportes
pensiónales, excepto si se solicitaba la devolución.
• En consecuencia, el último contrato suscrito con la entidad fue el 082 de 6 de julio
de 2012, el cual culminó el 6 de diciembre de esa anualidad, fecha desde la que
debía computarse el termino prescripción. Comoquiera que la demandante presentó
el 26 de enero de 2015 la solicitud de reconocimiento y pago de diferencias
salariales, y el 17 de julio de 2015 la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, es decir dentro de los tres años siguientes a la culminación del contrato,
no se configuró la prescripción.
• Por lo tanto, dispuso la declaratoria de la existencia de la relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones sociales comprendidas entre el 6 de febrero de
2008 y el 6 de diciembre de 2012, pero con la exclusión de los días de interrupción
presentados entre los contratos de prestación de servicios.
• La solicitud de la demandante de reintegro de los aportes a seguridad social no
era procedente, toda vez que se trataba de hechos cumplidos; y solo reconoció los
que debían efectuarse a pensiones, para lo cual ordenó al SENA girar a favor de las
entidades de previsión a las que estaba afiliada la demandante el valor
correspondiente a la suma faltante por concepto de aportes en pensión, únicamente
en el porcentaje que como empleador debió realizar, luego de hacer la liquidación
de lo efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar, entre el 6 de febrero de 2008
hasta el 6 de diciembre de 2012, con excepción de los días de interrupción
presentados en los contratos.
1.4. El recurso de apelación
El SENA presentó recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos7:
• En el proceso se desvirtuó el elemento de la subordinación, en la medida en que
la demandante contaba con autonomía técnica para el ejercicio de sus actividades
y fueron desarrolladas de forma temporal, características propias de los contratos
de prestación de servicios, además no se logró la acreditación de la presunta
subordinación que alegó la actora.
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Samai, índice 13, expediente digital, archivo “ED_C01_27RecursoApelacion(.pdf) NroActua 13”
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
• El a quo concedió a la demandante prerrogativas de carácter prestacional sin que
en realidad en el plenario probatorio y en consecuencia, en la providencia se
demuestrara plenamente los tres elementos constitutivos de una verdadera relación
laboral.
• Aunado a lo anterior, no era imposible afirmar de la sola lectura de los contratos
de prestación de servicios que la demandante hubiese prestado sus servicios a la
entidad demandada en forma continua e ininterrumpida, con subordinación y en las
mismas condiciones que un trabajador de planta, pues en los contratos se
estableció el objeto de la actividad a contratar y el tiempo estrictamente necesario.
• De los contratos celebrados entre la demandante y el SENA, se observó que cada
objeto contractual es único y diferente, aunado a que en las actividades
desarrolladas por Fanny Helena Castillo Sáenz existían objetos disímiles. Asimismo
se configuró una interrupción contractual con más de 30 días, es decir que existió
solución de continuidad, además, los periodos de interrupción tenían que ver con
las convocatorias y de acuerdo con la concurrencia de cursos que ofertó la entidad,
por ello no se podían enmarcar en periodos académicos regulares, lo que hizo
innegable que su contratación obedeció a temas específicos y especiales del SENA.
• De acuerdo con los elementos de convicción decretadas y practicadas, no se
acreditó los elementos constitutivos de una relación laboral, en tanto no está
demostrada la subordinación ni la vocación de permanencia de la demandante con
la entidad, sino por el contrario, los elementos característicos de una relación
contractual de carácter estatal, mediante contrato de prestación de servicio, dado
que a la actora se desempeñó el objeto contractual pactado y de manera transitoria,
sin subordinación y dependencia.
• La demandante contaba con plena autonomía para el desarrollo de sus
actividades, debido a la naturaleza de su actividad, lo cual demostró que entre la
demandante y el SENA no existió ninguna relación laboral.
• El elemento de la subordinación no se configuró por la prestación de los servicios
convenidos en un horario estipulado por los pates, tampoco por la entrega de
informes mensuales los cuales son necesarios para la supervisión del contrato, así
como tampoco la estipulación de los deberes, obligaciones y derechos de las partes
en aquel. Con los testimonios no se acreditó que las actividades desarrolladas por
la demandante se hayan efectuado bajo el elemento de subordinación.
• No es cierto ni se encuentra probado que a la demandante se le hayan dado
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar para la ejecución de sus actividades
contractuales, o cumpliera órdenes de personal del SENA, ni de su supervisor
inmediato, tampoco que estos actuaran con respecto al accionante como su jefe
inmediato; no obstante, lo que se configuró fue la coordinación de actividades entre
la demandante y el SENA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
• El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 previó que quienes celebraran
contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, no tenían derecho al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, por cuanto el propósito de dichos
contratos es el desarrollo de actividades relacionadas con el funcionamiento de la
entidad, con el fin de satisfacer las necesidades en beneficio del interés público. De
ese modo, aun cuando las obligaciones se cumplieran bajo la supervisión de la
dirección de la entidad y en el horario de atención al público, ello no le otrogaba el
derecho a un tratamiento igual al de un empleado público.
• Sobre la presunción de coordinación de actividades, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 21 de febrero del 2019,
con radicado 05001-23-33-000-2013-01597-01(5167-16), C.P. César Palomino
Cortés, estableció que «la coordinación, más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes
públicos que desarrollen cualquier tipo de contratación con rubros oficiales, y que deben
realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye
facultades de carácter administrativo, que implica coordinar algunas funciones, el
establecimiento de horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro
de algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad, empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica ínsita de la subordinación»,
precedente que no fue aplicado por el a quo.
• En las consideraciones de la providencia objeto de apelación, no existieron
pruebas que desvirtuaran la presunción de coordinación de actividades entre el
demandante y el SENA, relacionada con la ejecución de sus objetos contractuales
diferenciables entre uno y otro, lo que resaltó la característica principal de aquel,
esto es la temporalidad y excepcionalidad, de acuerdo a la circunstancias
excepcionales de cada orden de servicio.
• El Tribunal realizó las consideraciones y valoraciones del proceso de manera
equívoca, pues es requisito para que se demostrarz la existencia de una relación de
trabajo que la interesada acreditara en forma incontrovertible los tres elementos de
la relación laboral, de modo que no quedara duda acerca del desempeño de la
contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público.
• En el presente caso, no se encuentró probada la prestación del servicio de la
demandante de manera permanente con la entidad, y la carga de horas en las que
prestó el servicio eran horarios disimiles a las de un instructor de planta del SENA.
• El Tribunal concluyó erróneamente que en la contratación la demandante con el
SENA concurrió los tres elementos de una relación laboral, pues afirmó que el
servicio prestado ocurrió de manera personal. Frente a esta afirmación se recuerda
que el servicio debe prestarse personalmente, en un horario y ciertas actividades
orientadas por la entidad, lo cual no configuró la continuada subordinación, ya que
con ello, el SENA aseguró la calidad y resultados en la contratación.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
• Los contratos de prestación de servicios relacionados en la demanda eran de
aquellos que según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el SENA podía celebrar. En estos se
pactaró de manera expresa el objeto, obligaciones, actividades, plazo, condiciones
de pago, consecutivamente fueron liquidados de común acuerdo y fueron suscritos
y ejecutados con solución continuidad, máxime cuando en los nuevos contratos
pactados se fijaron formas independientes y exclusivas de las anteriores.
• Los contratos de prestación de servicios suscritos entre el SENA y la demandante
se celebraron y ejecutaron de manera interrumpida con más de treinta (30) días en
su mayoría y la prestación de servicios versó sobre una obligación de hacer para la
ejecución de labores debido a la experiencia, capacitación y formación profesional
de la demandante.
• El contrato de prestación de servicios se diferenció del vínculo laboral por la
inexistencia de la subordinación, lo que significó que para el desarrollo de una
actividad que exigía de conocimiento o formación específica en determinada materia
debía existir autonomía e independencia en la forma en la que se aplicaba el
conocimiento, es decir, si bien se establecieron las reglas generales para llevar a
cabo el objeto contractual, en cuanto a la forma en que se ejecutó no podía tener
injerencia alguna la parte contratante.
• En el SENA prestó servicios de educación no formal, por lo tanto, estaba
supeditado a los aprendices que se inscribieran en cada programa y de allí dependía
la cantidad de horas en que se contrata a los instructores para que supliera las
necesidades que con los de planta no era posible, y las contrataciones estaban
sujetas con el presupuesto de cada año de la entidad, aspectos que no fueron
valorados y que debían ser tenidos en cuenta en segunda instancia.
• Las personas naturales o jurídicas vinculadas a la administración mediante un
contrato de prestación de servicios realizaban las actividades con autonomía técnica
administrativa y financiera y sin subordinación. No se debe confundir la
subordinación con coordinación, pues no se dieron órdenes, simplemente se
supervisó y controló el resultado de acuerdo con los objetivos de la institución y que
se plasmaron en el contrato suscrito por el contratista. En consecuencia, existió
autonomía para fijar las condiciones del cumplimiento del servicio y solo tenían
derecho al pago de los honorarios expresa y previamente convenidos en los
respectivos contratos.
• Respecto al elemento de la subordinación, entendido como la facultad que le asiste
al empleador para exigir el cumplimiento de órdenes de trabajo en cualquier
momento, en cuanto al modo de tiempo o cantidad de trabajo, dentro del expediente
se aportó únicamente prueba documental en las que señaló los deberes y
obligaciones contenidos en los contratos de prestación de servicios celebrados
entre la demandante y el SENA.
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
• Por lo anterior, no se configuró la subordinación por el hecho de que se
desplegaran las actividades propias del contrato celebrado, por lo que «resulta lógico
que la entidad contratante regule el cumplimiento del contrato sin que por ello resulte
subordinado el contratista»; pues si bien se determinó que la actividad se desarrollaría
bajo la orientación del coordinador, ello por sí solo, no configuró la existencia de una
relación laboral, pues, aunque se tratara de servicios profesionales prestados por el
contratista, este personal debía actuar y desarrollar su labor dentro de los marcos y
objetivos trazados la entidad contratante.
• El a quo efectuó el análisis de la presunta subordinación de la demandante de los
contratos de prestación de servicios y los testimonios, sin embargo, no se relacionó
siquiera prueba fehaciente que demostrara que la demandante no prestaba sus
servicios con autonomía e independencia, pese a que en la sentencia de primera
instancia se precisó que todos los contratos su objeto y demás clausulado eran
disímiles, y no guardaban relación y aun así los desnaturalizó.
• Ninguno de los aspectos manifestados por el tribunal, conllevaban establecer que
se configuraron los elementos de la relación de carácter laboral, ya que indicó que
se configuró una subordinación entre el contratante SENA y el contratista instructor,
lo cual no implicó la existencia del elemento de subordinación propio de las
relaciones laborales, con la coordinación lo buscado es la efectividad de la
prestación de servicios contratados y la unificación de los programas y el horario se
debía acomodar a los horarios de los programas según el desarrollo de los
programas ofrecidos por la entidad.
• Ahora bien, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación laboral,
tiene el deber de demostrar a través de los medios probatorios a su disposición, la
configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo; por lo tanto, en
segunda instancia debe analizarse si la demandante efectivamente demostró que
mientras fue contratada por prestación de servicios, estuvo bajo el elemento de
subordinación o dependencia continuada frente al SENA. Además, el elemento de
la subordinación requería para su configuración que la prestación del servicio se
ejecutara de manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, lo
cual no fue demostrado, pues el Tribunal indicó que hubo la solución de continuidad
en los contratos de prestación de servicios.
• Frente a las actividades desarrolladas por la contratista y empleados de planta del
SENA, existió semejanza de las labores desarrolladas, pues las actividades propias
del SENA, entidad creada para el cumplimiento de la función de intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos depende de la demanda
de personas para cada programa académico, sin que pueda tomarse como
argumento suficiente para equiparar la actividad de los contratistas a la de los
trabajadores de planta de la entidad.
• De los contratos celebrados entre la demandante y el SENA, se observó que cada
contrato es único y diferente en las actividades desarrolladas; además, se evidenció
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la interrupción contractual con más de 30 días, por lo que existió solución de
continuidad, y los periodos de interrupción tenían que ver con las convocatorias que
se realizaron y por eso no se podían enmarcar en periodos académicos regulares,
lo que hizo innegable que su contratación obedeció a temas específicos y
especiales.
• Ahora bien, de los contratos que obran en el expediente, no se podía determinar
fecha de terminación, sino el número de horas contratadas, por ende no se configuró
la subordinación, dado que no se probó la continuada dependencia que exigía la
relación laboral.
• La relación que existió entre la demandante y el SENA fue estrictamente
contractual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los
precedentes constitucionales, pues no se configuraron los elementos característicos
de la relación laboral, en consecuencia, debía revocarse la sentencia de primera
instancia.
1.6. Pronunciamientos en segunda instancia
La parte demandante y el SENA guardaron silencio.
1.7. El Ministerio Público
El Ministerio Público8 presentó concepto en el cual argumentó que en forma
reiterada la apelante consideró errada la valoración probatoria realizada por el
Tribunal, pues en su criterio los elementos de la relación laboral declarada no
acreditaron en realidad tales aspectos.
Los testimonios son medios de prueba válidos, los cuales llevan a la convicción y
dan certeza al fallador, y los testigos en el presente asunto señalaron que la
demandante debía solicitar permisos a sus superiores, aspecto inaceptable para el
elemento de la autonomía, pues había otro tipo de mecanismos para solucionar
eventuales ausencias como el aviso previo.
No cierto que los horarios y los informes son elementos comunes en los contratos
de prestación de servicios y no indicaran subordinación, pues en cada caso habrá
que evaluar si dichos eventos constituían parte de una situación de subordinación
o no, pues habrá casos en que se justificaran plenamente como desarrollo de los
contratos de prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza de las funciones
y objetos contractuales.
8 Samai, índice 8
“MemorialWebFLF_7CONCEPTO_202235136142022FANNYELENACASTILLOSUAREZVSSENA
CONTRATOREALIDADDOCENTE(.pdf) NroActua 8”
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La naturaleza de las funciones de los docentes, implican la imposición de
reglamentos, que podrían tener características comunes con los contratos de
prestación de servicios, pero la persistencia en la contratación para el cumplimiento
de las mismas tareas, aun cuando los objetos contractactuales eran variables en
algunos, permitían inferir, como lo hizo el Tribunal, que lo ocurrido fue una evasión
de los deberes legales y vulneración de los derechos fundamentales de los
trabajadores, pues no realizó el pago de las prestaciones sociales y los salarios
justos y dignos respecto a la labor realizada.
Respecto a la temporalidad alegada por la apelante, la continuidad es evidente,
incluso con las interrupciones, porque la entidad empleadora tuvo la intención de
mantener en el servicio a la demandante, pues a pesar de las interrupciones, se
aceptó 30 días como un plazo razonable, lo cual no excluyó la regla el juicio
ponderado del juzgador para establecer si aun en lapsos mayores la permanencia
es el elemento que mantenía la relación laboral,. En el presente asunto, se dieron
dos interrupciones interpretadas como mayores al periodo admitido por la
jurisprudencia, pero sin precisarlas pues expresó que era un mes y 3 días, lo cual
perfectamente se encuentra dentro de lo previsto en la sentencia de unificación.
En el presente caso hubo una continuidad durante la relación laboral desde 2008
hasta 2012; si bien hubo periodos cortos de inactividad, ello no configuró la solución
de continuidad, pues la relación terminó por consolidarse y mantenerse en el tiempo
con sus características básicas, esto es, la prestación del servicio de instrucción;
por lo tanto, hubo permanencia en la relación de trabajo, independiente de los
periodos de inactividad, según las reglas de la sentencia de unificación del Consejo
de Estado.
Sobre el tema de la autonomía de la prestación del servicio de instrucción,
técnicamente cada profesor, educador o instructor tiene su forma propia de
transmitir conocimientos, pues a pesar de los contenidos de cada asignatura, el
estilo de cada docente es particular, por ello esa autonomía a la que se refiere la
apelante es natural, pero la que si no es propia de un contrato de prestación de
servicios es la que unifica a los contratistas con las condiciones generales dadas a
los servidores de planta de personal, pues allí se diluye la autonomía del contratista
y se confunde con las condiciones propias de quienes se encuentran vinculados por
relación legal y reglamentaria, es decir, con las garantías propias de un servidor
público pero sin los derechos de estos.
Sobre la aplicación de la prescripción el Consejo de Estado unificó su posición en
el sentido que si hubo interrupciones, el fenómeno debe analizarse frente a cada
periodo, pero en este asunto no se configuró, pues la petición, como lo indicó el
Tribunal fue presentada dentro de los tres años siguientes a la finalización del último
contrato.
En síntesis, los argumentos expresados en el recurso de apelación tienen un alto
sentido teórico, pero no precisó los conceptos desde un ángulo probatorio
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alternativo, por lo que fue válida la valoración probatoria realizada por el Tribunal.
En consecuencia, solicitó que sea confirmada la sentencia de primera instancia.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Fanny Helena Castillo Sáenz
y el SENA se configuró una relación laboral? y si ¿aquella tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos
de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10
«Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
11
Aprobada el 11 de abril de 1919.
12
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con [el] objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto».
Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»13 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
13
Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15
«En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. En torno a los instructores del SENA
El SENA fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 195717 y según el Decreto 164
del 6 de agosto de 195718 sus funciones iniciales consistían en brindar formación
profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería
y la ganadería.
Posteriormente, la Ley 119 de 199419 dispuso que el SENA sería un establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya
misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función que le corresponde
al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país». Asimismo, los objetivos específicos de acuerdo con
el componente misional son los siguientes:
«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:
1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.
2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».
Así, la misión especial encomendada al SENA comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.
17
«Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA».
18
«Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras
disposiciones».
19
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149
de 1992 y se dictan otras disposiciones».
20
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Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199820, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos mínimos
y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del SENA
contenido en el Decreto 986 de 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015), el
cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las siguientes
funciones21:
«ii. Propósito principal
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
iii. Descripción de funciones esenciales
Instructor:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».
En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección Segunda
del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia de 10 de
septiembre de 201422. Al respecto, la autoridad judicial señaló:
«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS
Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
20
«Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
21
Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001
23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.
Igualmente la Corte Constitucional23 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:
Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.
(…)
No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:
La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA , establece que
dicha entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y
profesional certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos
que imparte; define la educación como todos aquellos procesos especializados
tendientes a la obtenci ón de certificados, títulos o grados; e indica que el cargo
de Instructor coordina y ejecuta actividades académicas.
Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].
En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica, debe
ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en la
normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la Ley
11924. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el SENA está sometido
23
Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz
24
artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
22
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
al régimen académico previsto en la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 25. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado26, que sobre su
naturaleza, misión y funciones precisó:
«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.
Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].
De esta manera el Consejo de Estado27 ha reconocido que la función prestada por
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
25
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
26
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de
2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de
septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
23
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
el SENA a través de los instructores se orienta a una formación integral, profesional
y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo, tal
clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de labor docente.
Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinar
la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los
instructores se vincularon al SENA a través de contratos de prestación de servicios.
En efecto, a través de sus diferentes Subsecciones ha exigido la comprobación de
todos los elementos que sirven para determinar sobre la existencia de dicha relación
a efectos de declararla28. En específico, sobre la subordinación ha exigido que obren
«elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»29 pues, aunque se haya
señalado que estas hacen parte las funciones propias de la entidad, «tal situación no
evidencia una relación de sujeción directa frente a la prestación del servicio», puesto que
puede coincidir con el estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera,
ha privilegiado un análisis del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»30
a fin de establecer la configuración o no del elemento de la subordinación
continuada.
2.3. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
• Certificaciones31 del 6 de diciembre de 2011, 3 de septiembre de 2012 y 10 de
febrero de 2015, suscrita por el subdirector del centro de materiales y ensayos del
SENA – Regional Distrito Capital, en las cuales se indicó que la Fanny Helena
Castillo Sáenz suscribió con el SENA los siguientes contratos de prestación de
servicios:
Contrato de trabajo Término de Fecha de inicio Valor
ejecución
0163 del 06 de febrero de 2008 820 horas Sin información $14’794.342
Adición del 26 de agosto de 2008 al 300 horas Sin información $5’412.564
contrato 0163 del 06 de febrero de
2008
0030 del 22 de enero de 2009 11 meses Sin información $23’192.400
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-
31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado
18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-
23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 Samai, índice 13, expediente digital, “ED_C01_02AnexosDeDemanda(.pdf) NroActua 13”, visibles
a folios 21 a 24.
24
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
0056 del 21 de enero de 2010 11 meses Sin información $24’296.800
0016 del 25 de enero de 2011 5 meses y 15 días Sin información $12’700.600
0105 del 14 de julio de 2011 5 meses Sin información $12’048.000
004 del 18 de enero de 2012 5 meses y 10 días Sin información $13’250.000
082 del 06 de julio de 2012 5 meses y 6 días Sin información $14’560.000
• Contratos de prestación de servicios, suscritos entre la demandante y el SENA, lo
cuales reposan en el expediente digital32 así:
Contrato u Término Fecha de inicio Programa Área Interrupción en días
orden de de hábiles
trabajo ejecución
0163 del 5 820 horas Desde el 8 de Cursos del Recubrimientos -
de febrero febrero de 2008 programa SENA metálicos
de 2008 hasta el 19 de 24 horas
diciembre de
2008
Adición 300 horas Cursos del Recubrimientos
programa SENA metálicos
24 horas
000030 del 11 meses Desde el 22 de Cursos del Recubrimientos 20 días
21 de enero de 2009 programa SENA metálicos
enero de hasta el 22 de 24 horas
2009 diciembre de
2009
000056 del 11 meses Desde el 26 de Cursos del Recubrimientos 21 días
20 de enero de 2010 programa SENA metálicos
enero de hasta el 25 de 24 horas
2010 diciembre de
2010
00016 del 5 meses y Desde el 28 de Cursos del Recubrimientos 23 días
26 de 15 días enero de 2011 programa SENA metálicos
enero 2011 hasta el 30 de 24 horas
junio de 2011
00105 del 5 meses Desde el 18 de Cursos del Recubrimientos 10 días
14 de julio julio de 2011 programa SENA metálicos
de 2011 hasta el 16 de 24 horas
diciembre de
2011
00004 del 5 meses y Desde 23 de Cursos del Recubrimientos 24 días
19 de 10 días enero de 2012 programa SENA metálicos
enero de hasta el 4 de 24 horas
2012 julio de 2012
082 del 5 5 meses y 6 Desde el 6 de Cursos del Recubrimientos 1 día
de julio de días julio de 2012 programa SENA metálicos
2012 hasta el 9 de 24 horas
septiembre de
2012
• Oficio 2013EE0037584 del 16 de mayo de 201333, mediante el cual el contralor
delegado para el sector social de la Contraloría General de la República, en atención
32 Samai, índice 13, archivo “ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folios 66 a 102
33 Samai, índice 13, archivo “ ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folios 45 a 53.
25
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, de manera
general, advirtió a la directora general del SENA sobre la suscripción de contratos
de prestación de servicios que se celebran con la entidad y que podrían reunir los
requisitos constitucionales y legales para constituir o no «un contrato realidad», a fin
de que se tomaran los correctivos necesarios.
• Resolución 04016 del 7 de diciembre de 200934, a través de la cual el director
general del SENA, reglamentó la coordinación académica de los centros de
formación profesional integral de la entidad.
• Manual especifico de funciones y requisitos35 del cargo instructor de la
dependencia centros de formación profesional integral, en el cual se indicó que el
jefe inmediato es el subdirector de centro o quien ejerza las funciones de
coordinación o supervisión directa, y el propósito principal del empleo es desarrollar
procesos de Formación Profesional Integral de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
• Circular 39810 del 21 de noviembre de 200036, expedida por la directora de la
división de recursos humanos, dirigida a todos los funcionarios de planta y
contratistas, en la cual se informó que es obligatorio el uso del carnet, el
cumplimiento del horario de trabajo, y la solicitud de permisos para estudio ante la
división de recurso humanos del SENA.
• Certificados de registro presupuestal, comprobantes de pago de honorarios, acta
de inicio y terminación de los contratos de prestación de servicios de Fanny Helena
Castillo Sáenz.37
• Resolución 000042 del 24 de agosto de 201238, proferida por el subdirector del
centro de materiales y ensayos del SENA, en la que nombró en período de prueba
dentro de la carrera administrativa a Fanny Helena Castillo Sáenz, para desempeñar
el cargo de instructor grado 1-20 en el centro de materiales y ensayos de la regional,
distrito capital, de la planta del SENA.
• Oficio 11-921539 expedido por el subdirector del centro de materiales y ensayos
del SENA, en el cual informó a la demandante el nombramiento en periodo de
prueba, y el término para aceptar o rechazar la designación en el cargo.
34 Samai, índice 13, archivo “ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folios 165 a 168.
35 Samai, índice 13, archivo “ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folios 169 a 173.
36
Samai, índice 13, archivo “ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folio 25.
37 Samai, índice 13, archivo “ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folios 70 a 111.
38 Samai, índice 13, expediente digital, “ED_C01_02AnexosDeDemanda(.pdf) NroActua 13”, visibles
a folios 39 y 40.
39 Samai, índice 13, expediente digital, “ED_C01_02AnexosDeDemanda(.pdf) NroActua 13”, visibles
a folio 41.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte
• En la audiencia inicial celebrada el 28 de julio de 202140, se recepcionó el
interrogatorio de parte de Fanny Helena Castillo Sáenz, y los testimonios de Cecilia
Duarte Duarte y Luis Alejandro Buitrago, instructores del SENA y quienes
compartieron sitio de trabajo con la demandante.
i) Cecilia Duarte Duarte41 es ingeniera metalúrgica y estbaa vinculada con el SENA
desde el año 1996.
La demandante se vinculó con el SENA desde el 2008, para prestar servicios como
instructora de análisis químico, en el centro de materiales y ensayos, inicialmente
como contratista hasta el 2012, y en el mismo año fue nombrada como instructora
en la planta de la entidad, donde en la actualidad desempeña sus funciones.
En el tiempo que la demandante fue contratista desempeñó el cargo de instructor
de recubrimientos electrolíticos, para el cumplimiento de sus funciones recibía
órdenes del coordinador académico y el subdirector de centro del SENA, y sus
contratos eran supervisados.
La demandante prestaba sus servicios de forma personal, y sí debía ausentarse de
sus labores, era obligación solicitar permiso al coordinador académico o al
subdirector de centro del SENA.
Los programas académicos eran entregados por el coordinador académico a la
demandante, quien debía cumplirlos de acuerdo con el objeto contractual; además
Fanny Helena Castillo Sáenz presentaba informes de cumplimiento cada tres meses
respecto de programas titulados, y para programas cortos cuando estos finalizaban.
La demandante, recibía materiales y equipos por parte del SENA, con el fin de
desarrollar el programa de recubrimientos electrolíticos.
La demandante cumplía un horario establecido semestralmente por los
coordinadores académicos, de lunes a viernes en la jornada diurna de 7:00 a.m. a
12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y en la jornada nocturna de 6:00 p.m. a 10:00
p.m., y la demandante se podía retirar de la sede una vez cumplía las franjas
horarias que le eran asignadas.
En el lapso que la demandante fue contratista del SENA, no suscribió contratos de
prestación de servicios con otras entidades estatales.
40 Samai Tribunal, índice 50, expediente digital,
“https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/share/1ea74832-2d7c-4a3a-a6cc-
ba87bd056eb5”
41
Samai Tribunal, índice 50, expediente digital,
“https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/share/1ea74832-2d7c-4a3a-a6cc-
ba87bd056eb5” vídeo minuto 12:38 a 29:45
27
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
ii) Luis Alejandro Buitrago42 es ingeniero electricista y estaba vinculado al SENA
desde hace 30 años.
Conoció a la demandante en el 2008, pues estaban en el mismo complejo de
electricidad, materiales de ensayo, metalmecánica y confección, y porque la
demandante trabajó en el centro de materiales de ensayo en el área de
recubrimientos de ensayo.
El SENA establecía los horarios de trabajo para los instructores, y la demandante
laboró en la jornada nocturna, también en el día cuando el SENA convocaba a
reuniones y se podía retirar de la sede de la entidad cuando terminaba la jornada.
La demandante desempeñó funciones como instructora contratista, según el
manual de los instructores del SENA, para lo cual cumplió horarios, recibía
orientaciones para la formación profesional y debía asistir a las sedes indicadas por
el SENA para prestar sus servicios.
Las funciones que desempeñó la demandante como instructora contratista, las
realiza en la actualidad como instructora de planta del SENA.
Fanny Helena Castillo Sáenz, como instructora contratista prestó sus servicios de
forma personal y no podía designar a otra persona para impartir las clases.
La demandante como instructora contratista recibió una remuneración por sus
servicios, y debía cumplir con el objeto contractual, en la especialidad que era
contratada, para lo cual el SENA le suministraba los elementos y materiales para
impartir las clases.
iii) Interrogatorio de parte de Fanny Helena Castillo Sáenz43, es ingeniera
química, se vinculó con el SENA en el año 2008 como instructora contratista, y en
el año 2012 fue nombrada en la planta de personal de la entidad.
Las funciones que desempeñó desde el 2008 hasta el 2012, fueron las establecidas
en los contratos de prestación de servicios.
Los objetos contractuales fueron pactados por horas, posteriormente de forma
anual, y «renunció al contrato del 2012 para ser nombrada en la planta de personal del
SENA.»
El SENA establecía los horarios de trabajo, en su caso prestó servicios en la jornada
42
Samai Tribunal, índice 50, expediente digital,
“https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/share/1ea74832-2d7c-4a3a-a6cc-
ba87bd056eb5” vídeo minuto 30:27 a 45:54
43
Samai Tribunal, índice 50, expediente digital,
“https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/share/1ea74832-2d7c-4a3a-a6cc-
ba87bd056eb5” vídeo minuto 47:08 a 54:00
28
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
nocturna de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., y el sábado en la tarde como días
complementarios; y se podían retirar de la sede del SENA una vez cumplida la
jornada.
Los contratos de prestación de servicios eran supervisados, con el fin de garantizar
el objeto contractual. Los contratos terminaban en el mes de diciembre, y
transcurrido 15 a 20 días, el SENA los requería en el mes de enero para suscribirlos.
En el lapso que fue instructora contratista del SENA, no suscribió contratos de
prestación de servicios con otras entidades estatales.
2.4.1. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta
Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Fanny Helena Castillo Sáenz y el
SENA, entre 2008 y 2012.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante se vinculó a través de
contratos de prestación de servicios con el SENA, durante los siguientes periodos,
tal y como se advierte en el siguiente cuadro:
Contratos de
Año prestación Duración Objeto
de servicios
0163 del 5 de 820 Prestación de servicios de Formación Profesional Integral, impartiendo
febrero de horas Ochocientas veinte (8201 horas, de formación profesional, en el Área
2008 de RECUBRIMIENTOS METÁLICOS que contempla entre otros los
Bloques Modulares de: orientación de procesos de formación
profesional, Utilización de Técnicas en proceso de aprendizaje. Cursos
2008 en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Cursos del programa SENA 24
HORAS.
Adición 300 Adicionar el contrato número 800183 del OS del mes de FEBRERO de
horas 2008, en 300 horas de formación en la especialidad de
RECUBRIMIENTOS METÁLICOS, de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los Aprendices del Centro de Materiales y ensayos.
000030 del 21 11 meses Prestación de servicios de Formación Profesional Integral, impartiendo
de enero de formación profesional, en el Área de RECUBRIMIENTOS METÁLICOS
2009 que contempla entre otros los Bloques Modulares de Formación en
procesos de recubrimientos metálicos. Recubrimientos de tipo
2009
industrial. Recubrimientos preciosos. Control de Calidad, Seguridad
Industrial en recubrimientos metálicos. Certificación por competencias
laborales, Cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Cursos del
programa SENA 24 HORAS.
000056 del 20 11 meses Prestación de servicios de Formación Profesional Integral de carácter
de enero de temporal, impartiendo formación profesional, en el Área de
2010 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS que contempla entre otros los
2010
Bloques Modulares de: Formación en procesos de recubrimientos
metálicos, recubrimientos de tipo industrial, recubrimientos preciosos,
control de calidad, seguridad industrial en recubrimientos metálicos:
29
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
Certificación por competencias laborales, Cursos en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje, Cursos del programa Sena 24 horas.
00016 del 26 5 meses Prestación de Servicios Personales para Impartir hasta cinco y medio
de enero y 15 días (5.5) meses de Formación Profesional Integral por competencias de
2011 forma presencial y/o virtual, y otras acciones que se deriven de la
formación, para atender los aprendices de los diferentes niveles y
especialidades impartidas por el Centro de Materiales y Ensayos del
SENA - Regional Distrito Capital.
00105 del 14 5 meses Prestación de servicios personales para impartir Formación Profesional
2011
de julio de Integral de forma presencial y/o virtual, y otras acciones que se deriven
2011 de la formación, para atender la formación titulada y complementaria
dirigida a los aprendices de los diferentes niveles y especialidades
impartidas por el Centro de Materiales y Ensayos del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el horario de cada grupo y aplicando
tos procesos y procedimientos de los numerales 3.4 y 3.5 del estatuto
de la Formación Profesional Integral del SENA.
00004 del 19 5 meses Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para impartir
de enero de y 10 días formación profesional integral por competencias de forma presencial
2012 y/o virtual y otras actividades que se deriven de la formación de los
diferentes programas de aprendices en los niveles y especialidades
impartidas por el Centro de Materiales y Ensayos del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el horario de cada grupo, aplicando los
procesos y procedimientos del Manual de Contratación de Instructores
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en el área de
Recubrimientos Metálicos.
2012
082 del 5 de 5 meses Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para impartir
julio de 2012 y 6 días formación profesional integral por competencias de forma presencial
y/o virtual y otras actividades que se deriven de la formación de los
diferentes programas de aprendices en los niveles y especialidades
impartidas por el Centro de Materiales y Ensayos del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el horario de cada grupo, aplicando los
procesos y procedimientos del Manual de Contratación de Instructores
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en el área de
Recubrimientos Metálicos.
En dichos periodos la demandante prestó personalmente sus servicios
profesionales como instructora en el área de recubrimientos metálicos de la entidad,
pues así se dejó consignado en las cláusulas de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre 2008 y 2012. En consecuencia, de las certificaciones, las
copias de los contratos anteriormente relacionados y los testimonios, se advierte
que efectivamente fue contratada por la entidad demandada para prestar sus
servicios profesionales como instructora en el SENA. Así las cosas, la prestación
personal del servicio se encuentra acreditada.
2.4.1.2. Remuneración
Ahora bien, Fanny Helena Castillo Sáenz percibió una remuneración por el trabajo
cumplido, tal y como se evidencia en las certificaciones, comprobantes de pagos y
los contratos que suscribió con el SENA, en los que se observó que se estipuló el
valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios
o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
Las funciones desempeñadas por la demandante no se realizaron de forma
30
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
autónoma e independiente, pues estuvo sujeta a horarios y órdenes que son de
naturaleza subordinada pues atienden al control de un superior, en este caso quien
ejerciera el cargo de coordinador académico y el subdirector de centro del SENA,
para llevar a cabo la ejecución de los contratos, por lo que existe una sujeción de la
actora hacia la entidad accionada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento
con la posibilidad de disponer de su servicio, quien a su vez tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del
SENA.
En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos de trabajo para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia,
pues como se encontró acreditado en el proceso las actividades curriculares se
desarrollaban en virtud de lo dispuesto por el SENA, en las sedes y el programa
académico que este indicara.
Esto se advierte luego de constatado el objeto y las funciones que se establecieron
en el contrato de prestación de servicios suscrito entre los extremos procesales, de
las certificaciones aportadas por la contratista allegados al expediente, pues los
programas curriculares no estaban a libre discernimiento del contratista, sino que la
entidad era la que los elaboraba, dirigía, monitoreaba y verificaba el cumplimiento
de la carga horaria. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución
necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración
bajo las reglas de la sana crítica de tales pruebas, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, por lo que es
incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente
y continuo los servicios del demandante.
En efecto, Fanny Helena Castillo Sáenz prestó sus servicios como instructora en el
área de recubrimientos metálicos del SENA, para lo cual se comprometió entre otras
a las siguientes obligaciones:
«1) Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa
de formación, en las fases o módulos establecidos y programados.
2) Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o
productivos en las respectivas etapas de formación.
3). Garantizar la actualización de los contenidos y tecnologías, de las fases o módulos
en los cuales se desarrolla la formación de los aprendices.
4). De acuerdo con el área de desempeño para la cual fue seleccionado deberá orientar
la formación, para desarrollar en los aprendices las competencias específicas del área.
5). Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y
presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.
6). Registrar oportunamente las acciones que se requieran en el aplicativo de gestión
académica con que cuenta la Entidad (Sofía Plus).
7). Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y
presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.»
Asimismo, se evidencia que la misión del SENA es «cumplir la función que le
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994)»44, función de carácter
permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con
las desempeñadas por la demandante.
Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructora del área de recubrimientos metálicos del SENA, al tiempo que corrobora
que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto
contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que
atañen a la esencia y finalidad de la entidad.
Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»45
Ahora bien, la subordinación «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»46.
Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto que
el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeta a medidas
u órdenes del SENA, a saber: la imposición de un horario y/o el cumplimiento de
cronogramas académicos y la sujeción a directrices de la coordinación académica,
lo que demuestra que el SENA, en su calidad de empleador, contaba con la
posibilidad de disponer del trabajo de Fanny Helena Castillo Sáenz, lo que denota
la existencia de una indiscutible subordinación.
Así las cosas, de las copias de los contratos de prestación de servicios, las
certificaciones y demás pruebas documentales, para el periodo comprendido entre
el 8 de febrero de 2008 hasta el 9 de septiembre de 2012, fecha hasta la cual prestó
los servicios la demandante, pues dentro del proceso se encuentra el comprobante
de pago47 de honorarios hasta dicha fecha, además mediante la Resolución 000042
del 24 de agosto de 2012, fue nombrada en período de prueba dentro de la carrera
administrativa a Fanny Helena Castillo Sáenz, para desempeñar el cargo de
instructor grado 1-20 en el centro de materiales y ensayos de la regional distrito
44
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
46
Ibidem.
47
Samai, índice 13, archivo “ED_C02_01Anexos(.pdf) NroActua 13” visibles a folio 85.
32
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
capital, de la planta del SENA, por lo tanto, se encuentra demostrada la existencia
de los elementos de la relación laboral en dicho lapso.
Ahora bien, establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la
prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en
consonancia con la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación48 ha dispuesto que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
Asimismo, las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado,
donde se dispuso:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
A juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»49.
Acorde con lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo señalado por el a quo, la
relación que la demandante tuvo con el SENA no presentó una interrupción de los
contratos de prestación de servicios, que implicaran la solución de continuidad en
la prestación del servicio, y la reclamación en vía administrativa del reconocimiento
de la relación laboral se presentó el 26 de enero de 2015, dentro de los tres años
siguientes a la terminación de la última relación contractual, esto es, el 9 de
septiembre de 2012.
Ahora bien, el SENA cuestiona en el recurso de apelación que en el caso en estudio
no se configura el elemento de la subordinación, pues la demandante contaba con
autonomía técnica para ejercer sus actividades y fueron desarrolladas de forma
temporal, características propias de los contratos de prestación de servicios,
además no se logró probar la presunta subordinación que alegó la actora.
49
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
34
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Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
Además, de los contratos celebrados entre la demandante y el SENA, se observa
que cada contrato es único y diferente en las actividades desarrolladas; además, se
evidencia la interrupción contractual con más de 30 días, por lo que existe solución
de continuidad, y los periodos de interrupción tienen que ver con las convocatorias
que se realizan y por eso no se pueden enmarcar en periodos académicos
regulares, lo que hace innegable que su contratación obedece a temas específicos
y especiales.
En tal sentido, se demostró la existencia de la relación laboral toda vez que se
acreditaron los requisitos para su configuración, además la demandante desarrolló
el objeto contractual sujeto a las órdenes del coordinador académico del SENA, y
prestó sus servicios en las sedes de la entidad, dentro de los horarios establecidos
para dictar las clases en el área de Recubrimientos metálicos, tampoco se presentó
una interrupción de los contratos, que implicaran la solución de continuidad en la
prestación del servicio,
En tal sentido, los argumentos de la apelación del SENA no tienen la fuerza
suficiente para establecer que no existió una relación de carácter laboral entre la
entidad y el demandante, pues quedó demostrado, de acuerdo con las pruebas
documentales y testimoniales, que la demandante estuvo sujeto a una relación
laboral.
Ahora bien, el Tribunal en la decisión de primera instancia ordenó el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales, en su condición de instructora, liquidadas
teniendo en cuenta los honorarios pactados debidamente indexados, para el periodo
comprendido entre el 6 de febrero de 2008 hasta el 6 de diciembre de 2012, pero
deberá excluirse los días de interrupción presentados en los contratos. Para dar
cumplimiento la entidad deberá, al momento de cumplir la condena impuesta en
este fallo, determinar las prestaciones sociales de orden legal que serán objeto de
liquidación a favor de la demandante, más no podrán reconocerle aquellas
prestaciones sociales extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los
empleados públicos, condición de la que ella carece.
En consideración a lo anterior, en el sub judice, se encuentra que entre el 2008 y el
2012 se suscribieron 7 contratos entre Fanny Helena Castillo Sáenz y el SENA de
los cuales los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades y que no fue
acreditada una interrupción superior a los 30 días que implicara la solución de
continuidad en la prestación del servicio y le exigiera presentar la reclamación
administrativa y judicial, por lo tanto se tomará la fecha terminación del último
contrato (082 del 5 de julio de 2012), es decir el 9 de septiembre de 2012 como
fecha desde la cual empezó a contar el término, comoquiera que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante el SENA el 26 de enero de 201550, se establece
50
Samai, índice 13, expediente digital, “ED_C01_02AnexosDeDemanda(.pdf) NroActua 13”, visibles
a folios 1 a 8.
35
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no transcurrió un lapso
superior a tres años para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la
relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones.
En este sentido, los demás reconocimientos del Tribunal estuvieron calculados en
virtud de las circunstancias prestacionales derivadas del último contrato suscrito
entre la demandante y la demandada, de tal suerte que no se alterarán en esta
instancia por la razón expuesta.
En consecuencia, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala concluye que entre Fanny Helena Castillo Sáenz y el
SENA existió una relación laboral, razón por la cual se impone confirmar
parcialmente la sentencia apelada.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma51.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
51
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
36
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.
3. Reconocimiento de personería
Se reconocerá personería a la abogada Viviana Ruge Calvo identificada con la
cédula de ciudadanía 53.000.689 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 229.412 del
Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada sustituta de la
demandada, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que se
encuentra en SAMAI. 52
4. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Fanny Helena Castillo Sáenz y el SENA durante el periodo comprendido entre
el 8 de febrero de 2008 hasta el 9 de septiembre de 2012, tiempo que se tendrá en
cuenta para efectos pensionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 9 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar configurada la existencia de un contrato realidad entre Fanny
Helena Castillo Sáenz y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por el periodo
comprendido entre el 8 de febrero de 2008 y el 9 de septiembre de 2012.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia 9 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Fanny
Helena Castillo Sáenz contra el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Reconocer personería a la abogada Viviana Ruge Calvo identificada con
la cédula de ciudadanía 53.000.689 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 229.412
52
Samai, índice 14.
37
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03649-01 (3614-2022)
Demandante: Fanny Helena Castillo Sáenz
del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada sustituta de la
demandada, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que se
encuentra en SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
38
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