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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03840-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03840-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º. Confírmase la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Henry Castaño Buriticá contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03840-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-03840-01 (975-2019)
Demandante : Henry Castaño Buriticá
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Retiro por llamamiento a calificar servicios

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 59 a 88). El señor Henry Castaño Buriticá, por medio
de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 1091 de 20 de
febrero de 2015, proferida por el Ministro de Defensa Nacional, que dispuso su
retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) reintegrarlo al servicio activo de las fuerzas militares
«[...] al mismo grado del cual fue retirado, o a otro de igual jerarquía»; (ii)
pagarle los salarios y prestaciones dejados de devengar «[...] en su calidad de
Mayor del Ejército Nacional, desde el momento en que fue retirado del servicio
activo por “llamamiento a calificar servicios” (20 de febrero de 2015) y hasta
la fecha en que se cumpla el fallo condenatorio, con la correspondiente
indexación [...]» (sic); (iv) repararle el daño moral causado «[...] a su buen
nombre, dignidad y prestigio personal y profesional [...]»; y (v) sufragarle las
costas.

Expediente: 25000-23-42-000-2015-03840-01 (975-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Castaño Buriticá contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que prestó sus servicios en
el Ejército Nacional como alumno y oficial (su último grado fue el de mayor)
desde el 10 de febrero de 1994 hasta cuando fue retirado, por la resolución
acusada de 20 de febrero de 2015.

Que durante su carrera militar «[...] tiene a su haber 8 felicitaciones en el grado
de Subteniente, 41 felicitaciones en el grado de Teniente, 55 felicitaciones en el
grado de Capitán y 18 felicitaciones en el grado de Mayor, para un total de 122
felicitaciones (hasta el 4 de noviembre de 2014, según extracto de Hoja de
Vida); asimismo no le figuran investigaciones disciplinarias y penales» (sic).

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos demandados los artículos 2, 5, 6, 25, 29 y 209 de
la Constitución Política; 24, 30, 31, 59 (numeral 10) y 109 a 112 de la Ley 836
de 2003; 2, 3 (incisos 1 y 2), 6 a 8, 42, 44, 66, 67, 72 y 80 del Decreto 1428 de
2007; y el Decreto 1790 de 2000.

Asevera que, al expedir el acto acusado, la demandada incurrió en violación de
sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, desviación de
poder, «[…] falsa y/o falta de motivación [...]» (sic) y «[...] vía de hecho por
violación a los principios al debido proceso, legalidad, contradicción y defensa
[...]».

En concreto, alega que su retiro: (i) se produjo de manera inmotivada, lo que le
impidió conocer el contenido de la decisión para controvertirla y ejercer su
derecho a la defensa; (ii) por llamamiento a calificar servicios «[...] no está
ajustad[o] a derecho, ni en los principios de imparcialidad, objetividad,
transparencia, motivación, entre otros; ya que en las consideraciones
plasmadas en el acto administrativo que se demandaría, no indica la causa real
de retiro […]»; (iii) no se analizó la excelente hoja de vida del demandante «[...]
por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las fuerzas
militares; sin embargo, con ausencia total de dichos requisitos y de su debida
motivación se recomendó el retiro del servicio [...]»; (iv) fue por «[...]
situaciones que se dieron al interior de la entidad [...]» y que «[...] no están
consignadas en el acto administrativo que se demandaría» ni en el acta de la
junta asesora; y (v) «[...] no obedeció a razones del servicio, ni mejoramiento
del mismo y por el contrario se prescinde de un excelente miembro del ejército
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Henry Castaño Buriticá contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

en las precisas circunstancias de orden público en que se encuentra el país
[...]».

1.3 La providencia apelada (ff. 191 a 203). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), en sentencia de 9 de
agosto de 2018, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas).
Respecto del retiro por llamamiento a calificar servicios, estima que «[...] de
acuerdo con el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, el
retiro por “llamamiento calificar servicios” no implica desconocimiento del
principio constitucional de la estabilidad laboral, pues lejos de ser arbitrario o
deshonroso, el retiro en estas condiciones obedece principalmente a la
renovación de la institución con miras a garantizar la estructura piramidal de
la institución, sin que por tal motivo pueda utilizarse de manera desmedida
obviando los principios y la conveniencia institucional [...]».

Concluye que (i) «[...] la motivación del acto de retiro por llamamiento a
calificar servicios de oficiales, en aplicación de los artículos 99 –inciso 2°-,
100 y 103 del Decreto 1790, tan sólo requiere el cumplimiento de tiempo de
servicio exigido para el reconocimiento de asignación de retiro, que en este
caso se encuentra plenamente cumplido, […] ello suponiendo que ante un
sistema piramidal la renovación de la planta está dirigido a mejorar el servicio,
y que fue ese el argumento principal que se incorporó en la motiva del acto
acusado para tener como consecuencia en la resolutiva el retiro bajo dicha
causal»; (ii) «[...] al revisar la hoja de vida institucional del actor, ésta
demostró ser un militar excelente, cumplidor de las labores asignadas a su
cargo y grado, obtuvo reconocimiento y felicitaciones a lo largo de su carrera
profesional, sus calificaciones fueron buenas, lo que hace satisfactoria su
labor, sin embargo, de acuerdo con el criterio jurisprudencial fijado por la
Corte Constitucional, el retiro por “llamamiento calificar servicios” no implica
desconocimiento del principio constitucional de la estabilidad laboral, pues
lejos de ser arbitrario o deshonroso, el retiro en estas condiciones obedece
principalmente a la renovación de la institución con miras a garantizar la
estructura piramidal de la institución [...]» (sic); (iii) «[...] nada evidencia del
expediente la ocurrencia de los supuestos hechos ocultos que dieron origen a
la decisión de retiro; que de ser ciertos, le correspondía al uniformado
demostrar que existían móviles diferentes a los previstos en la norma -razones
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de servicio-, para lo cual era pertinente que se hubiere allegado la prueba
fehaciente que demostrara el fin fraudulento de la administración, cosa que no
se evidencia en ninguna parte del proceso [...]» (sic); y (iv) «[...] la norma por
la cual se rige el retiro de un oficial -Decreto 1790 de 2000- no exige que el
concepto emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa debe ser dado
a conocer al uniformado sobre quien recae la recomendación, ya que resulta
en principio acorde con la naturaleza de esta clase de actos, cuya connotación
es de carácter preparatorio [...]».

1.4 El recurso de apelación (ff. 209 a 241). Inconforme con el anterior fallo,
el actor interpuso recurso de apelación, trascribió y prohijó las sentencias
proferidas por esta sección segunda de 17 de noviembre de 2011, radicación
68001-23-31-000-2004-00753-01 (779-2011) y de la Corte Constitucional la
providencia T-166 de 7 de abril de 2016, e insistió en que no es razonable que
la facultad discrecional de llamamiento a calificar servicios, cuya finalidad es
el mejoramiento del servicio, sea utilizada respecto del actor que tenía «[…]
calidades personales y profesionales […] exaltadas, en reiteradas ocasiones,
por sus superiores, mediante anotaciones, conceptos y condecoraciones [...]»;
y que, en todo caso, se debió motivar la decisión de retirarlo del servicio.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto por el accionante fue concedido con auto de
11 de diciembre de 2018 (f. 243) y admitido por esta Corporación a través de
proveído de 22 de enero de 2020 (f. 247), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 253), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara; oportunidad aprovechada
solo por el actor para reiterar sus argumentos de demanda y apelación.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
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Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si el acto acusado, mediante el cual se
retiró del servicio activo al actor por llamamiento a calificar servicios, se ajusta
al ordenamiento jurídico, o si, por el contrario, fue expedido con expedición
irregular, al no haberse motivado la decisión1, y desviación de poder, porque lo
desvinculó pese a su excelente hoja de vida, tener felicitaciones y
reconocimientos.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución de los problemas jurídicos
planteados en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

En principio, la Sala precisa que a través de la Ley 578 de 2000 2, el legislador
otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República por el término
de seis (6) meses para regular, entre otras materias, el régimen de carrera de los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, por lo que
en virtud de dicha prerrogativa, el Gobierno nacional profirió el Decreto ley
1790 de 20003, mediante el cual modificó algunas normas del régimen de
carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y, en lo pertinente
al tema, dispuso:

Artículo 99. Retiro. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición
de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en
actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y
de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno;
y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o
Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta

1
La falta de motivación implica que no se cumplen las regularidades que, eventualmente, requieren los actos
administrativos.
2
«Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir
normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional».
3
«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares».
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Ejército Nacional

Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al
servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código
Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.

Artículo 100. Causales del retiro. <Artículo modificado por el
artículo 5 de la Ley 1792 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El retiro
del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica
a continuación:

a) Retiro temporal con pase a la reserva:
[…]

3. Por llamamiento a calificar servicios
[…]

Artículo 103. Retiro por llamamiento a calificar servicios. Los oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares sólo podrán ser retirados por
llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido quince (15)
años o más de servicio, salvo lo dispuesto en el artículo 117 de este
Decreto.

Nótese, en aplicación de los criterios de interpretación legal señalados en la Ley
57 de 18874, que la precitada normativa no impone a la Administración el deber
de motivar o justificar expresamente las razones por las cuales determina el
retiro del servicio de un policial por llamamiento a calificar servicios, en todo
caso dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o abuso en la medida
en que su trámite está reglado y, por contera, promover cuestionamientos
basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera
la orden de desacuartelamiento, no tienen la virtud de generar fuero de
estabilidad laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al
ejecutivo en aras de procurar el mejor servicio público o incluso controlar el
ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no
pueden acceder todos los miembros de las fuerzas militares por lo limitado de

4
En especial la interpretación gramatical («Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu») y del significado de las palabras («Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal»),
previstas en los artículos 27 y 28.
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sus cupos y las exigencias excepcionales requeridas, las cuales sin lugar a dudas
deben ser valoradas según los criterios (discrecionales y autónomos) de sus
mandos5.

En efecto, esta Corporación, en sentencia de 20 de marzo de 20136, explicó:

Tratándose del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios se
ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional,
como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad
administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o
retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo
exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para
apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su
decisión dentro de las varias posibilidades.

En punto del tema del retiro por llamamiento a calificar servicios, estima
la Sala que tal medida atiende a un concepto de evolución institucional, en
este caso de la Policía Nacional, conduciendo necesariamente a la
adecuación de su misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta
una institución cuyo objetivo principal es velar por la seguridad ciudadana.
En este sentido, estamos en presencia de un valioso instrumento que
permite un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados,
facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la
manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos.

Por lo tanto, esta causal de desvinculación de los miembros de la fuerza pública
comporta un instrumento mediante el cual se remueve al personal uniformado,
en la medida en que cumplan las condiciones para acceder a la asignación de
retiro, cuyo propósito es su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad
y la promoción de sus miembros, sin que implique una sanción o trato
degradante7, por lo que el ordenamiento jurídico no impone la obligación de
motivar el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar

5
En similar sentido discurrió esta sección en sentencias de 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-
2000- 00032-01(03132-05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-
2000-08973-01 (9020-05), C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-
31-000-2002-00428-01 (0871-11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013,
expediente 76001-23-31-000-2005-01375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto
de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de
2017, expediente 25000-23-42-000-2013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.
6
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 20 de marzo
de 2013, expediente 05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
7
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de abril de 2016, expediente 11001-03-15-
000-2016-00387-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7

Expediente: 25000-23-42-000-2015-03840-01 (975-2019)
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servicios, que se presume expedido con la finalidad de mejorar el servicio «[…]
y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su
cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre»8.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU- 91 de 25 de febrero de
20169, precisó su jurisprudencia acerca de la motivación de los actos
administrativos a través de los cuales la Administración dispone el retiro de
servidores de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios, así:

[…] al aplicarse el llamamiento a calificar servicios como mecanismo de
renovación dentro de la línea jerárquica institucional que busca garantizar
la dinámica de la carrera de los uniformados, se constituye en una
herramienta de relevo natural dentro del esquema piramidal de mando que
tiene la fuerza pública, atendiendo razones de conveniencia institucional y
necesidades del servicio no sujetas exclusivamente a las condiciones
personales o profesionales del funcionario. De igual forma, su proyección
al nuevo grado, en todo caso estará sujeto a las vacantes que establezca el
Gobierno Nacional. De esta manera, exigir una motivación expresa por
parte de las instituciones de la fuerza pública, al acto de retiro de un
funcionario por llamamiento a calificar servicios desnaturaliza la finalidad
de la figura y abre la puerta al ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo que contraría la
estructura jerarquizada de dichas instituciones y su facultad discrecional
de ascender a sus miembros atendiendo los particulares y específicos
principios que rigen esta carrera administrativa especial.

Así, esta causal se constituye, como ya se mencionó, como una facultad
legítima para permitir la renovación del personal uniformado, razón por la
cual no puede ser ejercida con otra finalidad, por ejemplo, pretender que
sea una sanción encubierta para soslayar el derecho fundamental a la
igualdad, el debido proceso o cualquier otro.

3.10.2 De manera que, con esta providencia la Corte considera necesario
reiterar su jurisprudencia10 en el sentido de mantener la posibilidad de un
control judicial, en esta oportunidad frente a la figura del llamamiento a
calificar servicios, no solamente en el sentido de verificar los requisitos de
tiempo y recomendación de la junta que deben estar expresos en la
resolución, sino también, para evitar que la misma sea utilizada de forma
contraria a los preceptos constitucionales y a los derechos fundamentales
8
Sección segunda, sentencia de 8 de abril de 2010, C. P. Alfonso Vargas Rincón, expediente 25000-23-25-000-
1999-06200-01 (0505-04).
9
Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Ver entre otras las sentencias T-723 de 2010, MP, Juan Carlos Henao Pérez; T- 317 de 2013, MP, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-265 de 2013, MP, Jorge Iván Palacio.
8

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de los agentes.

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a
establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una
motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en la
Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a
calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.

Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso
fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios, podrá
presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios
o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública
la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar
servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso,
deberá responder a los alegatos que sobre uso fraudulento se presenten [11]
(se destaca)

En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la
Corte Constitucional con el de esta Corporación, en el sentido de que los actos
administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se presumen
expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo que no es
necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho llamamiento comporta una
herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la
fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que esconda otras
razones de fondo diferentes a los requisitos legales para su configuración, pues
en caso de que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad de demandar a través
de la acción (hoy medio de control) de nulidad y restablecimiento del derecho,
eso sí con la carga probatoria tendiente a desvirtuar la aludida presunción de
legalidad.

11
Criterio reiterado por ese mismo cuerpo colegiado, a través de fallo SU-217 de 28 de abril de 2016, magistrada
ponente Gloria Stella Ortiz Delgado: «[…] la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que
determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un
control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la
extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la
administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se
observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a
diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera
decorosa de culminar la carrera militar o policial».
9

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Ejército Nacional

Dicho en otras palabras, en lo que atañe al llamamiento a calificar servicios, si
bien se efectúa en ejercicio de una facultad discrecional y para la emisión del
respectivo acto administrativo debe observarse que el principio de
proporcionalidad, tiene como propósito la renovación del personal uniformado,
por lo cual está precedido por razones de conveniencia institucional, mas no de
carácter subjetivo, y en tal sentido no es dable exigir una motivación expresa o
un soporte documental de esta.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Extracto de hoja de vida, expedida por la dirección de personal del Ejército
Nacional, la cual da cuenta de que el actor ingresó a la institución como alumno
oficial el 10 de febrero de 1994 y para la fecha de retiro (29 de enero de 2015),
se desempeñaba como mayor; acumuló 20 años, 11 meses y 18 días de servicios;
y obtuvo un total de 122 felicitaciones de 1997 al 2012. (ff. 3 a 14 y 28).

b) Resolución 1091 de 20 de febrero de 2015, suscrita por el Ministro de
Defensa Nacional, por la cual retiró al actor del servicio activo de las fuerzas
militares, dado que «[...] la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa
nacional para las Fuerzas Militares, en sesión Ordinaria de fecha 2 de
diciembre de 2014, registrada en el Acta No. 09, recomendó el retiro del
Servicio Activo por Llamamiento a Calificar Servicios [...]» (sic) [ff. 15 a 17].

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i)
prestó sus servicios como oficial del Ejército Nacional durante más de 20 años,
su último grado fue el de mayor y recibió 122 felicitaciones en esos 20 años de
servicios (más de 240 meses); y (ii) con Resolución 1091 de 20 de febrero de
2015, el Ministro de Defensa Nacional lo retiró por llamamiento a calificar
servicios.

En lo atañedero al retiro del servicio del demandante, por llamamiento a
calificar servicios, como se dejó anotado en el acápite precedente, los artículos
99 y 103 del Decreto 1790 de 2000 facultan a la Administración para retirar por
llamamiento a calificar servicios a aquellos oficiales que tengan las condiciones
para hacerse acreedores a la asignación de retiro, previo concepto de la junta
10

Expediente: 25000-23-42-000-2015-03840-01 (975-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Castaño Buriticá contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las fuerzas militares; potestad
que comporta carácter discrecional y, por ende, no es viable la motivación
expresa del respectivo acto administrativo, como tampoco la posibilidad de
darle a conocer al interesado los fundamentos o soportes de la recomendación
de la aludida junta, puesto que constituye una herramienta indispensable para la
renovación de los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por razones
de conveniencia institucional.

Por lo tanto, en principio, la Resolución 1091 de 20 de febrero de 2015, por medio
del cual se dispuso el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios,
satisface los presupuestos contenidos en el Decreto 1790 de 2000, toda vez que él
contaba con más de 20 años de servicios en el Ejército Nacional, por lo que
conforme al artículo 1º. del Decreto 991 de 201512, tenía derecho a la asignación
de retiro, una vez colmara los tres meses de alta, equivalente al «[…] cincuenta
por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto
número 4433 de 2004, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro
por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, incrementando
en un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24)
años de servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco (95%) de las
partidas computables [...]».

Asimismo, la mencionada Resolución 1091 de 2015 tuvo como fundamento el
concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional, plasmado en el
acta 9 de 2 de diciembre de 2014, en el que se determinó recomendar la
desvinculación del accionante por llamamiento a calificar servicios, en los
términos de los artículos 99 y 103 del Decreto 1790 de 2000.

Ahora bien, comoquiera que la potestad de retirar del servicio por llamamiento a
calificar servicios no requiere de una motivación expresa, lo cierto es que no
puede ser utilizada de manera arbitraria como un medio de persecución laboral o
de abuso de poder, por lo que si el demandante estima que aquella tuvo un sustento
contrario a la Constitución y la ley, le corresponde la carga probatoria de
demostrar que su retiro estuvo precedido por una arbitrariedad.

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«por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares».
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-03840-01 (975-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Castaño Buriticá contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

En el asunto sub examine, el actor alega que se configuró la expedición irregular,
por falta de motivación del acto, y desviación de poder, pues al retirarlo en esas
condiciones implica que no se tuvo en cuenta su excelente trayectoria en la fuerza
pública ni sus excelsas condiciones probadas con su hoja de vida.

Sobre dichos aspectos, cabe recordar que los reconocimientos y felicitaciones por
sí solos no desvirtúan la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo
acusado, toda vez que el buen desempeño y la idoneidad en el ejercicio de un
empleo público se exige de cualquier servidor estatal y el retiro por llamamiento
a calificar servicios no comporta una sanción13, sino un instrumento para relevar
los mandos dentro del Ejército Nacional, por ello se usa en la medida en que el
personal oficial tenga los requisitos satisfechos para acceder a una asignación de
retiro.

Empero, recibir 122 felicitaciones en más de 240 meses de servicios, per se, no
conlleva deducir una excelente trayectoria, habida cuenta de que existen otros
elementos probatorios, como son las calificaciones y los testimonios, entre otros,
los cuales sumados podrían llevar a colegir que el demandante tenía condiciones
extraordinarias que sirven para cuestionar la decisión discrecional que se adoptó
con su retiro.

En todo caso, no hay prueba demostrativa de que el retiro del actor haya sido
por propósitos desviados, arbitrarios o fraudulentos, pues lo único que se puede
concluir en su caso es que por el tiempo de permanencia en la institución, que
superaba los 20 años, y la imposibilidad de ascenderlo a un grado superior, era
pertinente su retiro del servicio, dadas las necesidades de rotación de personal
en los cupos disponibles en cada arma y de renovación institucional.

Por lo expuesto, dado que el accionante no acreditó una finalidad contraria a la
Constitución y la ley de la facultad discrecional para no recomendar su ascenso y,
posteriormente, retirarlo del servicio por llamamiento a calificar servicios, la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado continúa incólume.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
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En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencia de 1°. de diciembre de 2016, C. P. César
Palomino Cortés, expediente 41001-23-31-000-2003-00401-01 (1129-2014).
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-03840-01 (975-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Castaño Buriticá contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1º. Confírmase la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Henry
Castaño Buriticá contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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