Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-04137-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
6 de octubre de 2022
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04137-01 (0378-2020)
Demandante: Alfredo Gonzalo González Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04137-01 (0378-2020)
Demandante: ALFREDO GONZALO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Temas: Reliquidación pensión especial de jubilación.
Régimen aplicable a detective profesional del
extinto DAS. Inclusión de la prima de riesgo en el
cálculo del IBL. Aplicación de la sentencia de
unificación del 28 de julio de 2022.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-172-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Alfredo Gonzalo González Rodríguez en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 84 a 86)
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Parcialmente
de la Resolución UGM 009685 del 23 de septiembre de 2011 mediante la
cual la entidad demandada reconoció a favor del libelista una pensión de
jubilación con base en el régimen especial del DAS; ii) Resolución RDP
012121 del 18 de octubre de 2012 con la que la UGPP negó la reliquidación
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Alfredo Gonzalo González Rodríguez
de la prestación otorgada con base en nuevos factores salariales; iii)
Resolución RDP 14943 del 9 de noviembre de 2012 a través de la cual se
confirmó la decisión precitada; iv) Resolución RDP 033252 del 30 de
octubre de 2014 que negó nuevamente la solicitud de reajuste pensional;
y v) Resolución RDP 003495 del 28 de enero de 2015 por medio de la cual
la aludida autoridad resolvió un recurso de apelación formulado contra el
acto referido anteriormente, ello en el sentido de confirmarlo.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la UGPP reliquidar y pagar de forma indexada la
pensión de jubilación reconocida a favor del señor González Rodríguez, en
un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios y demás haberes
percibidos por este durante su último año de servicio en el extinto DAS, ello
en el sentido de que el IBL sea fijado de acuerdo con los parámetros de los
Decretos 1835 de 1994 y 1933 de 1989, puntualmente con inclusión de la
prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, sin perjuicio
de los factores tenidos en cuenta desde el momento del reconocimiento
prestacional, ello con efectividad desde el 18 de julio de 2013.
3. Condenar a la entidad demandada a pagar de manera indexada la
diferencia existente entre el valor de las mesadas pensionales reliquidadas
y las reconocidas inicialmente desde la fecha de consolidación de la
prerrogativa.
4. Conminar a la parte pasiva a dar cumplimiento a la sentencia en virtud de
los artículos 192 y 195 del CPACA, así como al pago de las costas a que
haya lugar por resultar vencida en juicio.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 86 a 89)
1. El señor Alfredo Gonzalo González Rodríguez fue vinculado legal y
reglamentariamente como detective profesional, código 207, grado 11 del
otrora Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), esto a partir del
4 de agosto de 1983 y hasta el 17 de julio de 2013, es decir, por espacio
de 29 años de labor oficial, tiempo durante el cual devengó prima especial
de riesgo, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad
y prima de vacaciones.
2. El libelista había sido desvinculado de la referida entidad conforme a la
Resolución 1312 del 5 de octubre de 2009, la cual había declarado
insubsistente su nombramiento en calidad de detective profesional. No
obstante, en cumplimiento de un fallo judicial dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 22 de enero de 2013 en el proceso con
radicado 2010-00120, dicha autoridad expidió la Resolución 181 del 28 de
junio de 2013 con la que reintegró al demandante sin solución de
continuidad hasta el 17 de julio de 2013 cuando fue retirado definitivamente
de la institución.
3. La extinta Caja Nacional de Previsión Social reconoció pensión de
jubilación a favor del señor González Rodríguez por medio de la Resolución
UGM 009685 del 23 de septiembre de 2011, esta en un valor de $968.584
calculada con base en el promedio de la asignación básica y la bonificación
por servicios prestados como únicos factores computables.
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4. El libelista presentó sendas peticiones ante la UGPP el 10 de febrero de
2012 y el 15 de julio de 2014, con el fin de que fuera reliquidada su
prestación con inclusión de todos los factores salariales percibidos por este
durante su último año de servicio. No obstante, la entidad demandada
expidió para ambas reclamaciones respectivamente las Resoluciones
012121 del 18 de octubre de 2012 y RDP 033252 del 30 de octubre de
2014 con las cuales denegó lo deprecado al aducir que la liquidación de su
prerrogativa debe realizarse con base en los preceptos de la Ley 100 de
1993.
5. La parte activa interpuso recursos de apelación contra las referidas
decisiones, empero la autoridad demandada las confirmó mediante las
Resoluciones RDP 14943 del 9 de noviembre de 2012 y RDP 003495 del
28 de enero de 2015.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 17 de julio de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto, dado que la parte pasiva no
interpuso esta clase de medios de defensa. (Folio 182 y CD obrante a folio 181
del plenario).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio fue fijado con la enunciación de las mismas pretensiones y los hechos
de la demanda reseñados anteriormente. (Folio 182 y CD obrante a folio 181
del plenario).
SENTENCIA APELADA
(Folios 184 a 190)
El a quo profirió sentencia escrita el 15 de agosto de 2019 por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
3 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
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El tribunal de origen inicialmente manifestó que el demandante cumple con los
requisitos exigidos para ser beneficiario del régimen de transición especial
previsto en el parágrafo 5.° del artículo 2.° de la Ley 860 de 2003, el cual remite
al Decreto 1835 de 1994, toda vez que aquel se desempeñó en el cargo de
detective profesional 207-11, y adicionalmente al 3 de agosto de 1994 cuando
entró en vigencia la última norma en comento, ya se encontraba vinculado al
extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pues fue nombrado
y posesionado desde el 16 de diciembre de 1981.
En tal sentido aseguró que la pensión del libelista debía ser reconocida de
acuerdo con las previsiones diseñadas para el referido personal de detectives,
ello en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto.
Empero, precisó que respecto del ingreso base de liquidación de dicha
prestación, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 13 del Decreto
1835 de 1994, el cual remite en forma expresa al artículo 21 de la Ley 100 de
1993 que consagra lo siguiente: «Se entiende por ingreso base para liquidar las
pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de
invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE [...]».
Por lo expuesto concluyó que la pensión de jubilación del señor Alfredo
Gonzalo González debió ser reconocida de conformidad con el artículo 1.° del
Decreto 1047 de 1978 y el Decreto 1933 de 1989 respecto de la edad, tiempo
de servicio y monto, pero en lo atinente al IBL destacó que se debe aplicar lo
previsto en los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el
promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicio, tal como lo prevé
el artículo 13 del citado Decreto 1835 de 1994.
De acuerdo con lo anterior estimó que la parte activa no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de labor oficial.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 196 a 205)
La parte demandante interpuso recurso de alzada contra la sentencia de
primera instancia, ello a fin de que esta sea revocada y en su lugar se acceda
a las pretensiones del libelo.
Sobre el punto esgrimió que el artículo 4.° del Decreto 1835 de 1994 remitía al
régimen pensional anterior al de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de
prestaciones sociales y pensiones de acuerdo con lo previsto para tal efecto
por el Decreto 1933 de 1989, razón por la cual es forzoso concluir que no se
puede aplicar por extensión en contra del demandante la norma del régimen
de transición señalada en términos generales para los funcionarios conforme
al Decreto 1835 de 1994.
Sobre el punto adujo que los supuestos de hecho y derecho señalados en los
artículos 2.° y 4.º del Decreto 1835 de 1994, difieren sustancialmente en
cuanto a presupuestos fácticos y jurídicos respecto de los analizados por el a
quo al tener en cuenta el artículo 13 ibidem. Precisó que no es lo mismo el
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concepto de «detectives» frente al de «funcionarios», por cuanto lo regulado
dentro de ese contexto está legalmente enmarcado en roles y situaciones
disímiles frente a la diversidad de entidades (DAS, Bomberos, Aeronáutica
Civil, Inravisión y Telecom), así como sobre las situaciones particulares de los
empleados que fueron favorecidos por postulados especiales previstos para
actividades de alto riesgo en la norma ejusdem.
Aseguró que no puede perderse de vista el hecho de que taxativamente los
artículos 2.° y 4.º del Decreto 1835 de 1994 fijaron las condiciones de
transición y pensionales de los detectives del extinto DAS, esto en armonía y
concordancia con el Decreto 1933 de 1989, norma que es anterior a la Ley 100
de 1993 y que es la que debe ser la base para la liquidación prestacional, pues
debe primar el principio de favorabilidad e inescindibilidad.
Adicionalmente sostuvo que el tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta
la relación entre lo pretendido y lo juzgado, toda vez que la entidad demandada
en ningún momento planteó que el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994 fuese
la normativa aplicable al libelista, sin embargo, el a quo se basó en tal
regulación para negar las pretensiones, lo que implica una falta de congruencia
procesal.
Indicó que la posición reiterada del Consejo de Estado en diversos fallos
proferidos en casos análogos al presente, cuando se ha reliquidado la pensión
de los exdetectives del extinto DAS, es que tal reajuste debe darse en los
términos de los artículos 2.° y 4.° del Decreto 1835 de 1994 y 1.°, 10 y 18 del
Decreto 1933 de 1989, así como el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, es
decir, con el 75% del salario promedio mensual devengado por el funcionario
en el último año de servicio.
Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por el tribunal de origen, es evidente
que esta tesis se excluyó sin argumentos fácticos y jurídicos, a pesar de que
es el marco jurídico que integra el régimen pensional aplicable al demandante,
esto en la medida en que se prefirió por extensión y de manera incongruente,
la aplicación en contra de la parte activa del artículo 13 del Decreto 1835 de
1994, el cual está consagrado para funcionarios y no para detectives.
Afirmó además que el juez de primera instancia descartó la situación fáctica y
jurídica creada a favor del libelista en el artículo 4.° del Decreto 1835 de 1994,
específicamente en armonía y en concordancia con los artículos 1.°, 10 y 18
del Decreto 1933 de 1989, más aún cuando esta última norma fija de manera
específica cuál es el IBL a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los
exdetectives del DAS. Aunado a ello manifestó que con el fallo apelado se
desconocen flagrantemente todas las interpretaciones jurisprudenciales del
Consejo de Estado sobre la forma como se deben calcular las pensiones de
funcionarios como el señor González Rodríguez.
En tal sentido planteó como inviable que por interpretación desfavorable en
percepción del mismo Decreto 1835 de 1994, se aplique una norma posterior
a la Ley 100 de 1993 para resolver el presente asunto, porque en virtud del
principio de inescindibilidad normativa, debe tenerse en cuenta la regulación
contenida en la ley anterior y no la posterior, pues la primera es más
beneficiosa para los intereses del pensionado, en la medida en que determinó
taxativamente cómo debía calcularse el IBL para liquidar la prestación por
vejez.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 10 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque el fallo apelado y en su lugar se acceda a sus pedimentos.
Sobre el punto adujo que no puede existir duda respecto a que la transición
pensional para los detectives del DAS en sus distintos grados y
denominaciones, es especial, pues los funcionarios que estaban vinculados a
las actividades de alto riesgo como el libelista, continúan sometidos a las
normas vigentes antes de expedirse la Ley 100 de 1993, razón por la cual la
transición no es la general del artículo 36 ibidem.
Destacó que el régimen de transición del Decreto 1835 de 1994 solo señala
dos condiciones para beneficiarse de la transición: a) que el servidor público
labore como detective del DAS y b) que haya sido vinculado con anterioridad
al 4 de agosto de 1994 cuando entró en vigencia la norma en comento. En tal
sentido resaltó que los argumentos de la aplicación extensiva de las
sentencias que sobre el IBL han emitido las altas cortes no pueden acogerse,
pues estas se sustentan en la aplicación general y no especial, es decir, sin
tener en cuenta el marco legal aplicable al señor González Rodríguez que
debe observarse por mandato del artículo 272 de la Ley 100 de 1993.
Parte demandada (índices 13 y 14 del registro en SAMAI): solicitó que se
confirme la sentencia recurrida y que para el efecto se haga aplicación de las
sentencias de unificación 230 del 29 de abril de 2015, SU 427 de 2016, SU
395 de 2017 y SU 023 de 2018, por cuanto conforme al precedente preferente
de la misma Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2013 se fijó el criterio
de interpretación para la liquidación de las pensiones de régimen de transición
conforme a las reglas del inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, reglas
ratificadas y que se extienden a todas las pensiones reguladas por el régimen
de transición, según la sentencia T-078 de 2014 (confirmada mediante auto
326 de 16 de octubre de 2014) y recientemente reiteradas en sendos
pronunciamientos de dicho juez colegiado en el mismo sentido y de aplicación
erga omnes (de inmediato y obligatorio cumplimiento), providencia en la que
dicha autoridad judicial ratifica y señala que la manera de interpretar el régimen
de transición es respetando los conceptos de edad, tiempo de servicios y
monto entendido como la tasa de remplazo del régimen anterior, lo que deja
como conclusión que el IBL no está incluido en dicha transición.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (índice ): Intervino en la
presente actuación para confirmar que se confirme el fallo censurado, para lo
cual afirmó que el IBL es un aspecto que se excluye del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación que se
desprende de un análisis cuidadoso de la norma y del criterio jurisprudencial
de Altas Corporaciones, en especial de la Sentencia de Unificación del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, providencia que fijó
una regla jurisprudencial en este sentido y dos subreglas, la primera de ellas
relativa a señalar el tiempo para calcular el IBL y, la segunda ellas, referente a
los factores salariales que se deben incluir en el IBL, especificando que
únicamente son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones.
Precisó que después de realizar el análisis legal del artículo 36 de la Ley 100
de 1996 y en atención al precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de
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Estado, el cual tiene carácter obligatorio y vinculante, es evidente que (i) el
régimen de transición excluye el IBL, el cual se rige por el artículo 21 y el inciso
tercero del artículo 36 de la citada normatividad y (ii) que únicamente se deben
incluir en la liquidación de la pensión los factores sobre los cuales se efectuó
el respectivo aporte o cotización.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 216 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo fue presentada por la
parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿El señor Alfredo Gonzalo González Rodríguez, quien se desempeñó como
detective profesional, código 207, grado 11 del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez con inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicio?
Al respecto la Subsección sostendrá como tesis la siguiente: no es procedente
la reliquidación pensional deprecada con la totalidad de los factores salariales
percibidos por el libelista durante su último año de servicio. No obstante,
efectivamente debe reajustarse el IBL determinado por la entidad demandada
al momento de reconocer la prestación, ello con inclusión de la prima de riesgo
en los términos del artículo 2.°, parágrafo 4.° de la Ley 860 de 2003, lo anterior
en aplicación de la reciente sentencia de unificación jurisprudencial dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 28 de julio de 2022, tal como
se explica a continuación:
Régimen pensional de los funcionarios del otrora DAS
En primer lugar, resulta necesario hacer alusión al Decreto Ley 1047 del 7 de
junio de 1978 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación
para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el
Departamento Administrativo de Seguridad», que fue expedido por el Gobierno
Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª
de 1978. La primera norma en comento en el artículo 1.° señaló lo siguiente:
«Artículo 1.°- Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento
Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en
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dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento,
tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
Ahora, para quienes se encontraban vinculados al momento de la expedición
del decreto precitado, y que ya hubieran aprobado elmencionado curso, el
artículo 2.° ibidem admitió la posibilidad de conceder la prestación cuando
cumplieran la edad de 50 años si habían prestado su servicio a la entidad por
al menos 18 años.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 19894 dictó una
norma general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las
prestacionessociales señaladas para las entidades públicas del orden nacional
en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, así
como en las demás regulaciones que los adicionaron o modificaron. Pues bien,
en el artículo 10 de la primera norma aludida se contempló que se mantendrían
las mismas condiciones especiales para acceder a la pensión señaladas en el
Decreto Ley 1047 de 1978 a quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o
especializado, y extendió estas prerrogativas a los detectives en sus diferentes
grados y denominaciones.
Luego, ante la promulgación de la Constitución Política de 1991, el Congreso
de la República expidió la Ley 100 de 1993 con la cual organizó el Sistema
de Seguridad Social Integral. Al respecto, en el artículo 140 de la norma
ejusdem previó que el Gobierno Nacional expediría el régimen de los
servidores públicos que desarrollen actividades de alto riesgo en el marco de
lo consagrado por la Ley 4.ª de 1992. Para ello el legislador señaló que se
debía tener en cuenta una edad inferior, un menor número de semanas
cotizadas o ambos requisitos, y que además tendrían que fijarse «puntos
porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el
trabajador, según cada actividad».
En concordancia con la Ley 100 de 1993, el Decreto 691 del 29 de marzo de
1994 incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
para lo cual en el artículo 5.° extendió el régimen general a los servidores que
laboraran en actividades de alto riesgo para su salud, con la salvedad de que
se les aplicarían las condiciones especiales que en cada caso se determinaran.
En virtud de lo anterior y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de 1992, el Ejecutivo
dictó el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual regulólo
propio. En el artículo 2.°, numeral 1.° ibidem, esta norma incluyó a los
detectives del DAS, en sus distintos grados y denominaciones de
especializado, profesional y agente dentro de su ámbito de aplicación. De otra
parte, el artículo 3.° fijó los requisitos que debía acreditar el personal que
ingresara a partir de la vigencia de dicha norma para acceder a la pensión
especial de vejez, así:
«[…] ARTÍCULO 3º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los
servidores públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto,
a las actividades previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán
4«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04137-01 (0378-2020)
Demandante: Alfredo Gonzalo González Rodríguez
derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes
requisitos:
1. 55 años de edad.
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso
1º de este artículo.
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá
en un año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales
a las primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
[…]».
Asimismo, el artículo 4.° de la norma en comento consagró un régimen de
transición especial para los servidores del DAS que a su entrada en vigor, esto
es, al 4 de agosto de 1994, laboraran en las actividades catalogadas de alto
riesgo. Dicho postulado indicaba lo siguiente:
«Artículo 4. Artículo corregido por el artículo 1o. del Decreto 898 de 1996. El
nuevo texto es el siguiente: Los funcionarios de las Entidades señaladas en
este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y
5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con
anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo
de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta
pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la
Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100
de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.».
Seguidamente, el artículo 17, numeral 2.° de la Ley 797 de 2003 otorgó
facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar el
régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo.
Con base en esta potestad, se derogó el Decreto 1835 de 1994 como
consecuencia de la expedición del Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2003.
La normativa precitada definió una vez más cuáles actividades son
consideradas de alto riesgo y solamente incluyó aquellas labores que
consideró que implican la disminución de la expectativa de vida saludable o la
necesidad de retiro con ocasión de su trabajo, sin embargo, en esta
oportunidad se excluyó al personal del DAS. Empero, lo cierto es que en el
artículo 6.° ejusdem se introdujo un régimen de transición para las personas
que para la fecha de su expedición tuvieran al menos 500 semanas de
cotización especial, así:
«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren
cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho
a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797
de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo5.
5 Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[…] en el entendido que para el
cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
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Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.»
En torno a este régimen de transición, la Corte Constitucional en la sentencia
C-663 de 2007 hizo importantes precisiones. La primera de ellas, relacionada
con la aparente exigencia de cumplir adicionalmente los requisitos señalados
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La providencia anotó que, desde un
punto de vista constitucional, debe prevalecer el régimen que resulte más
favorable para el trabajador, por tratarse de normas pensionales. De ahí que,
según la Corte, el requisito de las 500 semanas de cotización comporta un
régimen de transición distinto al previsto por la Ley 100 de 1993. Lo anterior
por cuanto quienes cumplieran con los supuestos del régimen de transición de
esta última, ya se encontraban amparados por una norma jurídica vigente, esto
es el artículo 36 ibidem, cuyos beneficios son plenamente exigibles.
La segunda precisión es la relativa a la exigencia de las 500 semanas de
cotización especial. Sobre este requerimiento destacó que no era posible
cumplirlo, en el entendido de que los postulados que se refirieron a las
cotizaciones especiales de alto riesgo fueron expedidas en 1994, por lo que
era desproporcionado e irracional exigir que para el momento de expedición
del Decreto 2090 de 2003 estas se hubieran tenido que acumular en las
actividades allí descritas. En ese orden, declaró exequible este aparte «en el
entendido de que para el cómputo de las “500 semanas de cotización especial”, se
podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que
hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
Conforme con lo expuesto, la Sección Segunda ha dirimido casos en los que
se discuten aspectos relacionados con pensiones especiales por el desarrollo
deactividades de alto riesgo, al tenor de lo señalado por el artículo 6.° del
Decreto 2090 de 2003. En estos asuntos se interpretó que se debe atender el
requisito de las semanas de cotización mínimas de la Ley 100 de 1993 para
acceder a la pensión especial de vejez, dado que este no fue incluido en los
beneficios de la transición. En consecuencia, la transición del Decreto 2090 de
2003 exige 500 semanas de cotización especial, sin que sea un requisito
adicional acreditar los supuestos de edad y tiempo de servicios de que trata el
artículo 36 de la Ley 100 de 19936.
En cuanto al régimen especial objeto de estudio, se pone de presente que de
manera particular, para los servidores del DAS también se expidió el Decreto
Ley 2091 de 20037. Sin embargo, el sustento normativo que concedió las
facultades extraordinarias para su expedición, contenido en el numeral 3.° del
artículo17 de la Ley 797 de 2003, fue declarado inexequible en la sentencia C-
1056 de 2003.
6 En este sentido, se pueden consultar las sentencias referidas al régimen de transición del Decreto 2090
de 2003, entre otras, las siguientes: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
12 de junio de 2014, radicación: 050012331000201200100-01 (3287-2013); sentencia del 29 de junio de
2017, radicación: 080012333000201200082 01 (0391-2014); sentencia del 15 de julio de 2021,
radicación: 25000-23-42-000-2014-01048-01 (2471-2015). Y de la Subsección A, sentencia del 22 de
abril de 2015, radicación: 25000-23-25-000-2011-00807-01 (2555-13); sentencia del 23 de enero de
2020, radicación: 76001-23-33-000-2014-00174-01(2689-15); sentencia del 20 de mayo de 2021,
radicación: 25000234200020170490601 (5983-2019).
7 Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2009, como consecuencia
de la inexequibilidad del aparte «DAS» del artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
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Lo anterior llevó a que, en ese mismo año se emitiera la Ley 860 del 26 de
diciembre de 20038, a través de la cual se reguló nuevamente la materia
pensional para los servidores del DAS. En síntesis, el artículo 2.° ejusdem
previó que el régimen especial de pensiones allí contenido acoge al personal
de la mencionada entidad de que tratan los artículos 1.° y 2.° del Decreto 2646
de 1994, particularmente: i) quienes desempeñen cargos de detective
especializado, detective profesional, detective agente, criminalístico
especializado, criminalístico profesional, criminalístico técnico y los
conductores; y ii) aquellos que desempeñen cargos del área operativa no
contemplados anteriormente y los directores generales de inteligencia e
investigaciones, los directores de protección y extranjería, el jefe de la oficina
de Interpol, los directores y subdirectores seccionales, así como los jefes de
división y unidadque desempeñen funciones operativas y el delegado ante el
comité permanente.
Estas condiciones especiales se concibieron en consideración a que este
personal ejecuta actividades de alto riesgo, «en el sentido de tener una mayor
probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional».
Para dichos servidores, la ley en comento determinó que las condiciones para
el reconocimiento pensional serían las siguientes:
i) 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
ii) Haber cotizado el número mínimo de semanas consagrado para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 y adicionalmente, la cotización especial señalada en el
artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la Ley 860 de 2003,
esto durante por lo menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas.
Adicionalmente, se observa que el artículo 2.°, parágrafo 5.° de la mentada
Ley 860 de 2003 previó un nuevo régimen de transición para los detectives
vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994, que a la fecha de entrada
en vigor de la norma aludida (26 de diciembre de 2003), hubieran cotizado 500
semanas, quienes tendrían derecho al reconocimiento de la pensión de vejez
en los términos del régimen de transición contenido en el Decreto 1835 de
1994. Es de anotar que estas condiciones, como antes se precisó, se contraen
a la exigencia de 20 años de servicios a cualquier edad, como lo previeron los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Más adelante, es de destacar que en virtud del Decreto Ley 4057 del 31 de
octubre de 2011 se suprimió el DAS, y sus funciones fueron asignadas a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección. En
consecuencia, se ordenó la incorporación de sus servidores a estas últimas
entidades, quienes quedaron cobijados por el régimen salarial, prestacional,
de carrera y de administración de personal que rija en el organismo receptor,
con excepción de los que se vincularan al Ministerio de Defensa Nacional,
8 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
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Policía Nacional, pues en este caso su régimen laboral sería el fijado por el
presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales.
Sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de
2022 – Pensión de jubilación bajo el régimen especial de los
servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), e inclusión de la prima de riesgo como factor salarial
computable.
En primer lugar, la parte activa en su censura cuestiona la observancia por
parte del a quo de la tesis jurídica en virtud de la cual el ingreso base de
liquidación pensional no es un elemento que hubiese hecho parte del régimen
de transición especial al que el demandante se encontraba sometido por haber
desempeñado un cargo con actividades de alto riesgo. Por ello adujo que su
pensión debía reliquidarse con base en el 75% del promedio de todos los
emolumentos devengados por este durante su último año de servicio.
Por su parte, la entidad demandada sostuvo que la prestación del libelista fue
reconocida con base en el régimen de transición del Decreto 1835 de 1994,
esto es, con respeto por los requisitos que aquel debía acreditar según la
regulación anterior, pero aclaró que solo debían incluirse como haberes
salariales para efectos liquidatorios, aquellos que estuviesen expresamente
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales solo se
encontraban la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, no
así la prima especial de riesgo ni la prima de coordinación deprecadas en esta
causa judicial.
Pues bien, de lo expuesto se advierte que el eje de discusión en la presente
causa judicial, es la liquidación de la pensión especial de vejez reconocida a
favor del señor González Rodríguez, esto en punto a la forma de calcular el
IBL en virtud del régimen de transición previsto para empleados dedicados a
actividades de alto riesgo, así como respecto a los factores salariales que
pueden ser computados para determinar la prerrogativa en comento en
atención a las referidas condiciones.
En tal sentido, se hace imperioso precisar que la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de julio de 20229, en la que
fijó las reglas interpretativas para resolver casos sobre la aludida temática en
tensión, tal como la del sub examine. Al respecto, este juez plural precisó que
el proveído en mención se aplicaría con efectos retrospectivos según lo
señalado en el ordinal segundo de su parte resolutiva que en su tenor literal
reza lo siguiente:
«[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación
son vinculantes en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de
2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo. Demandada: UGPP.
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Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado
la cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad
jurídica.
Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los
regímenes de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales
replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado la reliquidación de la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto
en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA. […]».
(Líneas intencionales).
Pues bien, acerca de la referida forma de modulación de las decisiones
judiciales, debe precisarse que esta se deriva de la aplicación retrospectiva de
la ley, según la cual es posible atender los preceptos de una norma actual para
situaciones jurídicas que en principio se regían por una regulación anterior,
ello siempre y cuando no se trate de derechos adquiridos y consolidados a
favor del titular, y en la medida en que estos se encuentren en discusión
administrativa o judicial pendiente de determinación jurídica.
Sobre este postulado se destaca que la Corte Constitucional10 a través de
sentencia T-110 de 2011 desarrolló el concepto de la retrospectividad de la
siguiente manera:
«[…] El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se
presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del
momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este
instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como un
límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los
principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los
asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente
discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento
jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y
culturales que se suscitan en nuestra sociedad. De las sentencias
estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las normas
jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que
una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones
jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la
aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de
afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con
anterioridad a su vigencia, pero que aun no han finalizado al momento de
entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación
jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento
jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y
discriminación (tuitivas) […]». (Líneas de la Sala).
10Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-110 del 22 de febrero de 2011.
Expediente: T – 2644270.
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Con base en el referido contexto jurisprudencial, es evidente que la concepción
de un fenómeno retrospectivo para modular los efectos de una sentencia de
unificación como la proferida el 28 de julio de 2022 por el Consejo de Estado,
obedece a una posición avalada constitucionalmente, la cual si bien se deriva
de la exigibilidad de las normas, también halla sustento respecto de
providencias como la aludida, en la medida en que su obligatoriedad y
observancia a manera de regla por su naturaleza de precedente judicial en
estricto sentido, es erga omnes, y por lo tanto, lo resuelto y contemplado en
clave de premisas silogísticas no solo debe verificarse para el caso analizado
en su momento, sino para las controversias que se susciten bajo los mismos
supuestos fácticos y jurídicos a los de la posición concitada en vía
jurisprudencial.
Como se extrae de estos postulados, la viabilidad de aplicar de manera
retrospectiva una manifestación judicial como la precitada, dependerá de que
la situación a verificar no se haya consolidado válidamente en cabeza del
titular, o que aun bajo tal supuesto, lo propio haya sido sometido a una nueva
controversia administrativa o a un litigio ante el juez natural del asunto, pues
en tales eventos no se habría materializado el derecho de manera definitiva,
habida cuenta de que al estar en suspenso su estructuración legal por quedar
pendiente un pronunciamiento de la autoridad competente, claramente resulta
procedente, adecuado y necesario que ante un cambio en la línea
jurisprudencial que define postulados sobre el mismo asunto, esta nueva
intelección sea preferida y atendida para resolver la contienda.
En tal sentido, es palmario que la forma de liquidación de la pensión de
jubilación del libelista se ha encontrado en suspenso y de manera indefinida
desde el preciso momento en que aquel decidió cuestionar tanto en vía
administrativa como judicial la decisión de la parte pasiva al respecto, por lo
que el hecho de dar prevalencia a los postulados unificados de la sentencia
del 28 de julio de 2022, no implica la aplicación retroactiva de sus efectos, sino
retrospectiva, lo cual está plenamente habilitado sin que conlleve una
vulneración al principio de la seguridad jurídica, pues esta no se había
configurado en el caso del recurrente, dado que no puede hablarse de una
situación en firme cuando esta se encuentra en plena discusión jurídica
promovida por el propio titular de la prerrogativa.
Bajo el contexto planteado, resulta adecuado poner de presente las reglas
jurisprudenciales que determinó la Sección Segunda del Consejo de Estado
para definir controversias como la sub iudice, ello de acuerdo con los
siguientes supuestos y conclusiones extraídas ad lítteram de la sentencia
unificadora, así:
Presupuesto Conclusión
«[…] Los servidores que desarrollaron - «[…] Si faltare menos de diez (10) años
actividades de alto riesgo del DAS, para adquirir el derecho a la pensión, el
cobijados por los regímenes de transición de ingreso base de liquidación será (i) el
que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 promedio de lo devengado en el tiempo
de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen que les hiciere falta para ello, o (ii) el
derecho a que se respeten las condiciones cotizado durante todo el tiempo, el que
de edad, tiempo de servicios y monto, fuere superior, actualizado anualmente
entendido como el porcentaje o tasa de con base en la variación del Índice de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de Precios al consumidor, según
1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el certificación que expida el DANE.
ingreso base de liquidación es el previsto por
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
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este es: […]» - Si faltare más de diez (10) años, el
ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que
expida el DANE. […]».
«[…] Los factores salariales que se deben - «[…] En el 40%, desde el 26 de
tener en cuenta para liquidar las pensiones diciembre de 2003 hasta el 30 de
aquí referidas son los devengados por el diciembre de 2007.
servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, - En el 50%, desde el 31 de diciembre de
constituyen la base de cotización para 2007 hasta la incorporación de los
pensión. En el caso del personal del DAS de servidores del DAS a otras entidades, por
que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto disposición del Decreto 4057 de 2011.
2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en […]».
este decreto debe incluirse para liquidar la
pensión a partir de la entrada en vigor de la
Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley,
es decir: […]».
«[…] Si el empleador no cumplió la «[…] ello no es oponible al interesado para
obligación de realizar los descuentos en el que la pensión especial se reconozca y
porcentaje a su cargo y el del empleado liquide de acuerdo con los parámetros
destinados a las cotizaciones para el indicados en esta sentencia. […]».
sistema de pensión sobre los factores
devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003,
debían ser base de cotización o si omitió el
traslado de la cotización especial por alto
riesgo, sin que la entidad de previsión social
hubiera adelantado las gestiones
pertinentes para su cobro […]».
Como se desprende de los referidos preceptos jurisprudenciales, es claro que
los exservidores del DAS que hubiesen desempeñado actividades de alto
riesgo y que se encuentren cobijados por los beneficios del régimen de
transición de los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003,
tienen derecho a que se respeten los requisitos de edad, tiempo de servicios
y tasa de reemplazo a los que se encontraban sometidos con anterioridad a
dicha normativa.
No obstante, efectivamente el ingreso base de liquidación en tales casos, debe
ser calculado de acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, evento en el cual los factores salariales computables serán los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, y en particular para tales funcionarios,
también lo será la prima de riesgo devengada por estos desde la entrada en
vigencia de la Ley 860 de 2003 en los porcentajes regulados en el artículo 2.°
ibidem, ello incluso al margen de que la entidad empleadora no hubiese
realizado descuentos sobre tal emolumento para efectos pensionales.
Con base en este planteamiento, resta verificar el caso específico del libelista
a fin de dar aplicación de las referidas reglas jurisprudenciales, y de esta forma
determinar cómo debió liquidarse la prestación debatida.
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Sobre la situación particular del demandante frente a la
observancia de la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
Según la certificación laboral suscrita el 18 de diciembre de 2014 por la
coordinadora de gestión humana del Archivo General de la Nación (folio 78),
se verifica que el libelista laboró al servicio del extinto DAS en calidad de
detective profesional, código 207, grado 11, ello desde el 4 de agosto de 1983
hasta el 17 de julio de 2013.
De acuerdo con los comprobantes de nómina de 2012 y 2013 (folios 76 a
77), durante dichas anualidades el señor González Rodríguez devengó los
siguientes conceptos: asignación básica, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y prima de riesgo.
Por medio de la Resolución UGM 009685 del 23 de septiembre de 2011
(folios 49 a 53), la UGPP reconoció una pensión de jubilación a favor del
libelista con efectividad desde el 8 de octubre de 2009. Para el efecto la
referida entidad tuvo en cuenta:
i) Que laboró 9.389 días equivalentes a 1.341 semanas.
ii) Para la fecha tenía la edad de 53 años.
iii) Adquirió el estatus jurídico el 3 de agosto de 2003.
iv) Reconoció la prestación conforme a los requisitos del Decreto 1047 de
1978 al considerar que el libelista era beneficiario del régimen de
transición del Decreto 1835 de 1994.
v) Liquidó la pensión de acuerdo con el artículo 13 ibidem, por lo que dio
aplicación al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al período a
tener en cuenta para determinar el IBL, equivalente a los últimos 10
años de servicio. Computó el promedio de los factores que estuvieran
enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y que se hubieran devengado en
dicho lapso ($1.291.445), correspondientes a la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados. Finalmente aplicó el 75% de dicho
resultado, por lo que fijó la prerrogativa en una cuantía de $968.584.
El 10 de febrero de 2012 el demandante presentó petición ante la autoridad
demandada con el fin de que se reliquidara su prestación en el sentido de
incluir en el cálculo del IBL los demás factores percibidos por aquel durante su
último año de servicio. Al respecto la UGPP profirió la Resolución RDP 012121
del 18 octubre de 2012 (folios 54 a 57) con la que denegó lo reclamado por el
señor González Rodríguez al aducir que la determinación del ingreso base de
liquidación debía realizarse según los preceptos de la Ley 100 de 1993, por lo
que este interpuso recurso de apelación resuelto por medio de la Resolución
RDP 014943 del 9 de noviembre de 2012 (folios 58 a 61) que confirmó la
decisión primigenia.
El 15 de julio de 2014 el libelista radicó nuevamente una solicitud
reliquidatoria de su pensión de jubilación en los mismos términos de la inicial,
la cual fue resuelta negativamente por la parte demandada a través de la
Resolución RDP 033252 del 30 de octubre de 2014 (folios 63 a 67), esto bajo
idéntica argumentación a la del acto administrativo precitado. Frente a esta
manifestación, el demandante interpuso recurso de apelación que fue
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desatado a través de la Resolución RDP 003495 del 28 de enero de 2015
(folios 70 a 74) en el sentido de confirmar el acto impugnado.
Pues bien, una vez verificados los supuestos de hecho demostrados en la
presente causa judicial, basta recordar que en aplicación de las reglas de
unificación antes mencionadas, en las pensiones especiales de los
beneficiarios del régimen de transición para empleados que desempeñen
actividades de alto riesgo, solo se mantienen las condiciones de edad, tiempo
de servicio y tasa de reemplazo contempladas en las normas anteriores a la
Ley 100 de 1993, y en este caso, al Decreto 1835 de 1994. Se recuerda que
el IBL y los factores salariales que se deben computar, son aspectos que se
regulan por lo previsto en la primera norma en comento, esto en línea con lo
definido por la Sección Segunda del Consejo de Estado a partir de la sentencia
de unificación del 28 de julio de 2022.
Ahora, se advierte que el señor Alfredo Gonzalo González Rodríguez tuvo la
calidad de detective del DAS desde su vinculación a la entidad a partir del 4
de agosto de 1983, la cual finalizó el 17 de julio de 2013 según certificación
expedida por la extinta institución. Por ese motivo, resulta evidente que dada
la fecha de su nombramiento al servicio de la mentada autoridad, en efecto
aquel era beneficiario del régimen de transición en materia pensional previsto
para servidores con funciones que generaran alto riesgo para la salud o la vida,
ello conforme al Decreto 1835 de 1994, aspecto que reconoció expresamente
la UGPP en los actos administrativos reprochados y que en todo caso no
discute en el litigo sub examine.
Bajo aquel postulado y en observancia de las reglas interpretativas de la
providencia de unificación reseñada anteriormente, la pensión del libelista
debía liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores a
la adquisición del estatus pensional, tal como efectivamente lo determinó la
parte pasiva en la Resolución UGM 009685 del 23 de septiembre de 2011.
De otra parte, en cuanto a los factores salariales computables para determinar
el monto de la pensión, es necesario precisar que según la línea
jurisprudencial aludida, por regla general, solo son pasibles de inclusión en el
IBL los regulados en el Decreto 1158 de 1994, pero podría adicionarse la prima
de riesgo en los porcentajes señalados en el artículo 2.° de la Ley 860 de 2003,
ello cuando esta hubiese sido percibida por el empleado que desempeñara
actividades propias para ser beneficiario de la normativa que creó dicho
emolumento.
Acerca de este punto, en el sub iudice se encuentra acreditado que el señor
Bedoya Henao percibió los siguientes emolumentos: i) asignación básica
mensual, ii) la bonificación por servicios prestados, iii) la prima de servicio, iv)
la prima de navidad, v) la prima de vacaciones, y vi) la prima de riesgo.
No obstante, de acuerdo con lo expuesto previamente, lo cierto es que aquel
solo tiene derecho a que le sean incluidos en el ingreso base de liquidación,
los conceptos i), ii) y vi). Los dos primeros por estar expresamente regulados
en el Decreto 1158 de 1994, y el último por mandato de la Ley 860 de 2003.
Por otro lado, si bien en el presente asunto a partir del material probatorio no
es dable constatar si al demandante solo le hicieron descuentos para pensión
por los conceptos de asignación básica y bonificación por servicios prestados,
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sin realizar tales deducciones sobre la prima de riesgo que efectivamente era
una partida computable en el IBL, lo cierto es que como se expuso en la tercera
regla de interpretación de la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022,
las cotizaciones frente a este último emolumento eran una obligación del
entonces DAS con el fin de que la prerrogativa del libelista se reconociera en
los términos previstos por la ley. En tal sentido, su posible omisión no sería
oponible ni de verificación indispensable en esta causa judicial para determinar
la situación jurídica del señor González Rodríguez, pues dicha conducta del
empleador no permite excluir de la liquidación prestacional un emolumento al
que el primero tenía derecho.
En suma, la Subsección estima que en el presente caso, es procedente
ordenar la reliquidación de la pensión del demandante para incluir en el ingreso
base de liquidación la prima de riesgo, ello en los términos señalados por el
parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
Aun así, en el presente caso no se impartirá orden de descuentos por concepto
de aportes a cargo del pensionado o de la entidad que hubiese asumido las
responsabilidades como empleador del DAS. Lo anterior con sustento en lo
siguiente: i) ha quedado definido que los factores que se deben incluir en el
IBL son aquellos que efectivamente deben integrar el ingreso base de
cotización; ii) el artículo 22 de la Ley 100 de 1992 prevé que el «empleador
responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador»; iii) la Ley 100 de 1993 le asignó a las
administradoras de pensiones amplias potestades para lograr el debido
cumplimiento del traslado de los aportes «en procura de la sostenibilidad
financiera del sistema pensional y en garantía del pago efectivo de los
derechos amparados por el sistema de seguridad social en pensiones»; y iv)
las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones descritas no pueden
ser imputadas al servidor ni pueden generarle efectos adversos frente a la
garantía efectiva del derecho pensional.
En este sentido, se debe aclarar que es la UGPP a quien le corresponde iniciar
los mecanismos o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los
aportes que eventualmente no se hubiesen realizado por concepto de la prima
de riesgo y que estuviesen a cargo del empleador o de la entidad que haya
asumido tales obligaciones luego de la supresión del Departamento
Administrativo de Seguridad, esto sin que sea una carga atribuible al
pensionado por tratarse de una omisión de la autoridad a la que se encontraba
vinculado en su momento.
En conclusión: no es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación
del demandante con el promedio de todo lo devengado en el último año de
servicio. Lo anterior habida cuenta de que la liquidación de la prestación debe
efectuarse sobre el 75% del promedio de los salarios o rentas que debían ser
base de cotización durante los diez (10) años anteriores al disfrute efectivo de
la pensión. Los factores salariales que debieron incluirse en su caso son:
asignación básica, bonificación por servicios prestados y la prima de riesgo,
esta última por ser exdetective del DAS, en los términos definidos por la Ley
860 de 2003. En consecuencia, la prima de riesgo debe ser computada en el
cálculo de la prestación del libelista en los porcentajes señalados por el
parágrafo 4.° del artículo 2 de la norma ejusdem.
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Adicionalmente se advierte que no resulta procedente ordenar a la entidad
demandada realizar descuentos sobre la condena a su cargo respecto de las
deducciones que por concepto de aportes a pensión debió realizar el
empleador del demandante sobre el factor a incluir en la liquidación, toda vez
que es la referida administradora quien debía iniciar las acciones pertinentes
para recaudar tales recursos, más aún cuando dicha omisión no puede
generar efecto adversos a la situación jurídica del reclamante.
Sobre la prescripción
Acerca de dicho eje temático, esta Corporación11 ha señalado que la
configuración de la mentada figura requiere que transcurra un determinado
lapso durante el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para
reclamar los derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3
años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de
interrupción del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, la fecha de exigibilidad del derecho a reliquidar la pensión
del libelista con inclusión de la prima de riesgo corresponde al 15 de julio de
2013 cuando aquel fue retirado del servicio oficial (folio 78), pues en esta data
se tornaba efectivo el pago de la prestación y por lo tanto era discutible la
forma en la que fue fijado su monto.
Ahora bien, tal como se verifica de la mentada resolución, el demandante
presentó petición de reajuste pensional ante la UGPP el 15 de julio de 2014
cuando presentó la última petición reliquidatoria es decir, sin superar los 3
años de que trata la norma en cita, por lo que no es dable considerar
configurado el fenómeno bajo estudio.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone revocar parcialmente la sentencia apelada
del 15 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, ello en el sentido de ordenar
que, además de los factores tenidos en cuenta por la demandada al momento
de conceder la prestación en litigio, incluya la prima de riesgo como partida
computable para la liquidación pensional, pero en los porcentajes señalados
por el parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 conforme se haya
devengado por el libelista.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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En todo lo demás se denegarán las demás pretensiones de la parte activa, ello
habida cuenta de que prosperan parcialmente los argumentos del recurso de
apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201612, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP13, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público14.
Sin embargo, en esta oportunidad resulta necesario tener presente que la
reclamación que se adelantó por la parte demandante tiene como sustento la
posición jurisprudencial asumida por la Sección Segunda de esta Corporación
en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1 de agosto de 2013, la cual,
como se vio, fue variada con posterioridad y en el transcurso de este proceso
12 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
13 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
14 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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por las providencias de Sala Plena del 28 de agosto de 2018 y de esta misma
Sección del 25 de abril de 2019 y 11 de junio de 2020. Igualmente, es preciso
tener en cuenta que la decisión que aquí se adopta es fruto de lo contemplado
en las reglas que jurisprudencialmente se trazaron en la más reciente
sentencia de unificación del 28 de julio de 2022. Por esa razón, no se impondrá
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovió el señor Alfredo Gonzalo González
Rodríguez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). En su lugar,
Segundo: Declarar la nulidad parcial de la Resolución UGM 009685 del 23 de
septiembre de 2011 mediante la cual la entidad demandada reconoció a favor
del libelista una pensión de jubilación con base en el régimen especial del DAS;
así como la nulidad de las Resoluciones RDP 012121 del 18 de octubre de
2012, RDP 14943 del 9 de noviembre de 2012, RDP 033252 del 30 de octubre
de 2014 y RDP 003495 del 28 de enero de 2015 por medio de las cuales la
aludida autoridad negó el reajuste pensional con inclusión de la prima de
riesgo.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a
favor del señor Alfredo Gonzalo González Rodríguez, ello con base en los
factores tenidos en cuenta en el momento del otorgamiento de la prestación,
y además con inclusión de la prima de riesgo en los porcentajes señalados por
el parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 conforme se haya
devengado por el libelista.
Las sumas que resulten a favor del actor serán ajustadas en los términos de
ley, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
R = RH x índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH) que es lo dejado de percibir por el demandante de la correcta liquidación
de su pensión de vejez, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se
causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes
producidos o decretados durante dicho período.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo en
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04137-01 (0378-2020)
Demandante: Alfredo Gonzalo González Rodríguez
cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.
Cuarto: Negar las demás pretensiones de la parte activa.
Quinto: Sin condena en costas de segunda instancia.
Sexto: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de registro
SAMAI, y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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