Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00105-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00105-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2014-00105-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de mayo de 2023
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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: ÉDGAR ALONSO HURTADO NAVIA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1
Vinculados: FIDUPREVISORA S.A. Y AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO2
Temas: Reliquidación pensión especial de jubilación. Régimen
aplicable a detective profesional del extinto DAS. Inclusión de
la prima de riesgo en el cálculo del IBL. Aplicación de la
sentencia de unificación del 28 de julio de 2022. MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
quien actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el
veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor ÉDGAR ALONSO HURTADO NAVIA, obrando por medio de
apoderado debidamente constituido, instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
1 En adelante UGPP.
2 En adelante a ANDJE.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
PRETENSIONES
1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 019893 del 17 de
diciembre de 2.012, RDP 011900 del 12 de marzo y RDP 014537 del 2 de abril
de 2.013, expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó la reliquidación
de la pensión a favor del demandante con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicios.
2. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a
reconocer la reliquidación de la pensión que percibe el señor Édgar Alonso
Hurtado Navia, a partir del 1° de junio de 2012 -fecha del retiro definitivo del
servicio activo-, sobre el promedio de lo devengado en el último año de
servicios, con la inclusión de los siguientes factores: asignación básica,
bonificación por servicios, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones,
prima de riesgo y bonificación por recreación; conforme lo dispone el artículo 73
del Decreto 1848 de 1.969.
3. Que se paguen las diferencias entre lo que se le reconoció y lo que se
determine cancelar mediante la sentencia que ponga fin al presente proceso.
4. Que se indexen las sumas adeudadas, conforme al IPC, a la luz de lo
regulado en el artículo 187 del CPACA, desde la fecha en que se originó la
obligación y hasta la ejecutoria del respectivo fallo.
5. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo regulado en el
artículo 192 ibidem; se reconozcan los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y se condene en costas y agencias en
derecho a la UGPP.
HECHOS
1. Que el señor Édgar Alonso Hurtado Navia prestó sus servicios al extinto
Departamento Administrativo de Seguridad por 27 años, 7 meses y 27 días,
esto es, entre el 3 de mayo de 1983 y el 1° de junio de 2012, fecha de retiro
definitivo del servicio oficial.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
2. Que al demandante le fue reconocida pensión de vejez mediante Resolución
UGM 014387 del 24 de octubre de 2011, efectiva a partir del 1° de septiembre
de 2009, condicionada al retiro definitivo del servicio. Dicha prestación se
liquidó con el 75% de lo devengado en los 10 años anteriores a la adquisición
del estatus, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados.
3. Que si bien en dicho acto administrativo, se otorgó el derecho sin
consideración a la edad y con 20 años de servicio, lo cierto es que se
desconoció lo preceptuado en los artículos 1° y 10 del Decreto 1933 de 1.989,
respecto de la aplicación de las normas generales en relación con la pensión de
jubilación vigente para la época, es decir, el artículo 73 del Decreto 1848 de
1.969, que le permitía pensionarse con el 75% del promedio de todo lo
percibido en el último año de servicios.
4. Que el 17 de diciembre de 2012, la entidad demandada por medio de
Resolución RDP 019893, reliquidó la pensión reconocida por retiro definitivo del
servicio, pero solo tuvo en cuenta el 75% de lo devengado por concepto de
asignación básica y bonificación por servicios, durante los últimos 10 años,
conforme lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 en armonía con lo
indicado en el Decreto 1158 de 1.994, desconociendo de esta forma el régimen
especial que lo cobijaba.
5. En contra de la anterior decisión, se interpusieron los recursos de reposición
y apelación, los cuales fueron desatados de forma negativa a través de las
Resoluciones RDP 011900 del 12 de marzo de 2.013 y RDP 014537 del 2 de
abril de la mencionada anualidad, respectivamente, confirmando la decisión
recurrida.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 16 de mayo de 2.014 y notificada a
la UGPP, quien contestó el libelo, manifestando que los actos enjuiciados
fueron expedidos con fundamento en la ley y no se desvirtuó su validez, pues la
liquidación de la pensión del demandante, se efectuó conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1047 de 1.933, artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 y el Decreto
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
1158 de 1.994, disposiciones en las cuales se reguló la forma de cómo debe
liquidarse la prestación reconocida.
Propuso como excepciones las de cobro de lo no debido e inexistencia de la
obligación; ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; y iii)
prescripción, en la medida en que se encuentran prescritas las mesadas que se
causaron 3 años antes de la presentación de la demanda.
Por otro lado, en escrito aparte llamó en garantía al extinto DAS en
Liquidación3, al considerar que era solo un tercero en la relación empleador y
trabajador. El despacho ponente de primera instancia lo admitió por medio de
auto del 21 de enero de 2.015, siendo notificado a la Agencia Nacional Jurídica
del Estado como sucesora procesal ante la imposibilidad de notificar a la
llamada en garantía4, entidad que a su vez, en escrito del 29 de marzo de 2.016
solicitó la nulidad de lo actuado, a partir de la providencia que aceptó el
llamamiento en garantía por cuanto quien se debía vincular al proceso era La
Previsora S.A.5. Que conforme al auto del 12 de abril de 2.016, se dejó sin
efectos el auto objeto del instrumento procesal y se tuvo como sucesora
procesal del DAS a La Previsora S.A.6.
A su vez, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el escrito de
contestación7, argumentó que no está legitimada para comparecer en los
procesos en los que se pretenda la nulidad de actos administrativos proferidos
por la UGPP, tal como lo ha sostenido la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en abundante jurisprudencia, en cuestiones de contornos
similares al aquí expuesto.
Por su parte, la Fiduciaria La Previsora S.A. contestó la demanda e indicó que
no era procedente su vinculación, en la medida en que según lo regulado en los
Decretos 4269 de 2.011, 2040 de 2.011 y 877 de 2.013, es competencia de la
UGPP el reconocimiento de la pensión o su respetiva reliquidación, aunado a
ello, acorde con los medios de prueba allegados al plenario, no se demostró
que el extinto DAS omitió la obligación de realizar los respectivos aportes para
3 Folios 1 a 5 del cuaderno de llamamiento en garantía.
4 Folios 50 y 51 ejusdem.
5 Folios 1 a 3 del cuaderno del incidente de nulidad.
6 Folios 509 a 511 vuelto del cuaderno principal.
7 Folios 59 a 74 del cuaderno de llamamiento en garantía.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
pensión a favor del interesado.
Invocó como medios exceptivos los de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia del derecho reclamado; prescripción e inexistencia de la
obligación.
Se celebró audiencia inicial el día 24 de abril de 2.017, en la cual se fijó el litigio
y luego de agotado el periodo probatorio y de dar traslado a las partes para que
alegaran de conclusión, se dictó sentencia en la etapa procesal en comento, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por la entidad demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia proferida el 24 de abril
de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, indicando
que de conformidad con el marco jurídico aplicable y el acervo probatorio
obrante en el plenario, resultaba claro que el señor Édgar Alonso Hurtado Navia
al ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto
1835 de 1.994, para efectos de reconocimiento y liquidación de su prestación se
atendía la normativa anterior a la Ley 100 de 1.993, esto es, lo establecido en
los artículos 1° y 2 del Decreto 1047 de 1.978 por expresa disposición del
Decreto 1933 de 1.989, el cual se aplica en su integridad en virtud del principio
de inescindibilidad.
Que acorde con las reglas sentadas por el Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, el IBL de la pensión de vejez debe incluir
todos los factores que constituyen salario, entendido como todas las sumas que
percibe el empleado de manera habitual y periódica como contraprestación de
su labor.
Que en el plenario aparece acreditado que durante el año anterior al retiro del
servicio (30 de mayo de 2011 al 30 de mayo de 2012), el demandante percibió
los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de riesgo, prima de
servicio, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de
navidad y bonificación por recreación, emolumentos que deben ser incluidos en
8 Cd visible a folio 625 y folios 635 a 640 vuelto del expediente principal.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
la liquidación, salvo la bonificación por recreación al no ser factor salario.
Que en este caso no ocurrió el fenómeno de la prescripción, toda vez que la
pensión de vejez fue reconocida «el 1° de septiembre de 2009, la primera
solicitud de reliquidación se elevó el 27 de julio de 2012 y la demanda fue
presentada el 23 de enero de 2014, por lo que ninguna mesada pensional se
encuentra prescrita».
Negó el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 192 del
CPACA, al discurrir que se ordenó la indexación de las sumas, y ello constituiría
doble pago.
En suma, consideró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Fiduprevisora S.A. y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, no así en relación con el medio exceptivo de
prescripción, y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados;
condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de vejez con el 75% del promedio de
los factores salariales devengados en el último año de servicio, a saber:
asignación básica, prima de riesgo, prima de servicio, bonificación por servicios
prestados, prima de vacaciones, prima de navidad; autorizó el descuento del
valor de los aportes cuya inclusión se ordenó; y negó las demás pretensiones
de la demanda.
Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.
RECURSO DE APELACIÓN9
Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación en los siguientes términos:
Que el libelista adquirió su estatus de pensionado el 30 de diciembre de 2006,
es decir, bajo la vigencia de la Ley 100 de 1.993 y su Decreto Reglamentario
1158 de 1.994, por lo que le son aplicables dichas disposiciones para efectos
de liquidar su prestación, dado que el sistema general de seguridad social
incorporó a los servidores públicos a este nuevo régimen.
9 Folios 641 a 648.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Que el artículo 4 del Decreto 1835 de 1.994 previó un régimen de transición al
personal vinculado como detectives antes de la entrada en vigor de la Ley 100
ibidem, al cual se les respetaría la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
norma anterior que los cobijaba, empero, el IBL es el establecido en la ley
general y sus decretos reglamentarios.
Que, en ese sentido, es claro que la pensión del interesado fue reconocida
conforme a derecho, en cuanto a las normas que se le aplicaron, esto es, los
Decretos 1047 de 1.978 y 1933 de 1.989, respecto de la edad y tiempo de
servicios, pero el IBL fue calculado a la luz de las disposiciones de la Ley 100
de 1.993, razón por la cual, no es procedente la reliquidación de la prestación.
Que en caso de confirmarse la decisión, debe autorizarse a la UGPP el
descuento por aportes para pensión por los factores no cotizados por parte del
empleador y trabajador, en el porcentaje que por ley corresponda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante10: solicitó se confirme la decisión recurrida, toda vez que
a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2.003, ya había cotizado cerca de
1.000 semanas, por lo que su pensión debe ser reconocida en las mismas
condiciones que el Decreto 1835 de 1.994, y atendiendo el principio de
inescindibilidad normativa, el IBL también debe ser calculado con base en el
régimen especial.
La Fiduprevisora S.A.11: insistió en que carece de legitimidad en la causa por
pasiva para reliquidar la pensión del interesado.
La UGPP12: reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación y
agregó que en el presente asunto se dé aplicación a la sentencia SU-230 de
2015 proferida por la Corte Constitucional.
El ministerio público no intervino en el desarrollo de esta etapa procesal13.
10 Folios 288 a 291, reiterado en folio 293 a 296.
11 Folios 349 a 350 vuelto.
12 Folios 352 a 359.
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Deberá establecer la Sala si el señor Édgar Alonso Hurtado Navia quien se
desempeñó como detective del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, resulta necesario hacer alusión al Decreto Ley 1047 del 7 de
junio de 1.978 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación
para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento
Administrativo de Seguridad», que fue expedido por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5ª de 1.978. La
primera norma en comento en el artículo 1° señaló lo siguiente:
«Artículo 1.°- Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento
Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en
dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento,
tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.».
Ahora, para quienes se encontraban vinculados al momento de la expedición
del decreto precitado, y que ya hubieran aprobado el mencionado curso, el
artículo 2 ibidem admitió la posibilidad de conceder la prestación cuando
cumplieran la edad de 50 años si habían prestado su servicio a la entidad por al
menos 18 años.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1.98914 dictó una
norma general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las
prestaciones sociales señaladas para las entidades públicas del orden nacional
en los Decretos 3135 de 1.968, 1848 de 1.969, 1045 de 1.978, 451 de 1.984,
así como en las demás regulaciones que los adicionaron o modificaron. Pues
bien, en el artículo 10 de la primera norma aludida se contempló que se
13 Según constancia secretarial visible a folio 360.
14«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad»
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
mantendrían las mismas condiciones especiales para acceder a la pensión
señaladas en el Decreto Ley 1047de 1.978 a quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado,
y extendió estas prerrogativas a los detectives en sus diferentes grados y
denominaciones.
Luego, ante la promulgación de la Constitución Política de 1.991, el Congreso
de la República expidió la Ley 100 de 1.993 con la cual organizó el Sistema de
Seguridad Social Integral. Al respecto, en el artículo 140 de la norma ejusdem
previó que el Gobierno Nacional expediría el régimen de los servidores públicos
que desarrollen actividades de alto riesgo en el marco de lo consagrado por la
Ley 4.ª de 1.992. Para ello el legislador señaló que se debía tener en cuenta una
edad inferior, un menor número de semanas cotizadas o ambos requisitos, y
que además tendrían que fijarse «puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».
En concordancia con la Ley 100 de 1.993, el Decreto 691 del 29 de marzo de
1.994 incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
para lo cual en el artículo 5 extendió el régimen general a los servidores que
laboraran en actividades de alto riesgo para su salud, con la salvedad de que se
les aplicarían las condiciones especiales que en cada caso se determinaran.
En virtud de lo anterior y bajo los parámetros de la Ley 4ª de 1.992, el Ejecutivo
dictó el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1.994, por medio del cual reguló lo
propio. En el artículo 2, numeral 1° ibidem, esta norma incluyó a los detectives
del DAS, en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente dentro de su ámbito de aplicación. De otra parte, el artículo
3 fijó los requisitos que debía acreditar el personal que ingresara a partir de la
vigencia de dicha norma para acceder a la pensión especial de vejez, así:
«ARTÍCULO 3º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores
públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto, a las
actividades previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a
la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. 55 años de edad.
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso
1º de este artículo.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
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La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en
un año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años. […]».
Asimismo, el artículo 4 de la norma en comento consagró un régimen de
transición especial para los servidores del DAS que a su entrada en vigor, esto
es, al 4 de agosto de 1.994, laboraran en las actividades catalogadas de alto
riesgo. Dicho postulado indicaba lo siguiente:
«Artículo 4. Artículo corregido por el artículo 1o. del Decreto 898 de 1996. El
nuevo texto es el siguiente: Los funcionarios de las Entidades señaladas en este
capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del
artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad
a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la
edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las
existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de
1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de
1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.».
Seguidamente, el artículo 17, numeral 2 de la Ley 797 de 2.003 otorgó
facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar el
régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo.
Con base en esta potestad, se derogó el Decreto 1835 de 1.994 como
consecuencia de la expedición del Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2.003.
La normativa precitada definió una vez más cuáles actividades son
consideradas de alto riesgo y solamente incluyó aquellas labores que consideró
que implican la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad
de retiro con ocasión de su trabajo, sin embargo, en esta oportunidad se
excluyó al personal del DAS. Empero, lo cierto es que en el artículo 6 ejusdem
se introdujo un régimen de transición para las personas que para la fecha de su
expedición tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial, así:
«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren
cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a
que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades
de alto riesgo15.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado porel
artículo 18 de la Ley 797 de 2003.».
En torno a este régimen de transición, la Corte Constitucional en la sentencia C-
663 de 2.007 hizo importantes precisiones. La primera de ellas, relacionada con
la aparente exigencia de cumplir adicionalmente los requisitos señalados por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. La providencia anotó que, desde un punto
de vista constitucional, debe prevalecer el régimen que resulte más favorable
para el trabajador, por tratarse de normas pensionales. De ahí que, según la
Corte, el requisito de las 500 semanas de cotización comporta un régimen de
transición distinto al previsto por la Ley 100 de 1.993. Lo anterior por cuanto
quienes cumplieran con los supuestos del régimen de transición de esta última,
ya se encontraban amparados por una norma jurídica vigente, esto es el
artículo 36 ibidem, cuyos beneficios son plenamente exigibles.
La segunda precisión es la relativa a la exigencia de las 500 semanas de
cotización especial. Sobre este requerimiento destacó que no era posible
cumplirlo, pues los postulados que se refirieron a las cotizaciones especiales de
alto riesgo fueron expedidos en 1.994, por lo que era desproporcionado e
irracional exigir que para el momento de expedición del Decreto 2090 de 2.003
estas se hubieran tenido que acumular en las actividades allí descritas. En ese
orden, declaró exequible este aparte «en el entendido de que para el cómputo de
las “500 semanas de cotización especial”, se podrán acreditar las semanas de
cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo».
Conforme con lo expuesto, la Sección Segunda ha dirimido casos en los que se
discuten aspectos relacionados con pensiones especiales por el desarrollo de
actividades de alto riesgo, al tenor de lo señalado por el artículo 6 del Decreto
2090 de 2.003. En estos asuntos se interpretó que se debe atender el requisito
de las semanas de cotización mínimas de la Ley 100 de 1.993 para acceder a la
15 Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[…] en el entendido que
para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo».
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
pensión especial de vejez, dado que este no fue incluido en los beneficios de la
transición. En consecuencia, la transición del Decreto 2090 de 2.003 exige 500
semanas de cotización especial, sin que sea un requisito adicional acreditar los
supuestos de edad y tiempo de servicios de que trata el artículo 36 de la Ley
100 de 199316.
En cuanto al régimen especial objeto de estudio, se pone de presente que, de
manera particular, para los servidores del DAS también se expidió el Decreto
Ley 2091 de 2.00317. Sin embargo, el sustento normativo que concedió las
facultades extraordinarias para su expedición, contenido en el numeral 3 del
artículo 17 de la Ley 797 de 2.003, fue declarado inexequible en la sentencia C-
1056 de 2003.
Lo anterior llevó a que, en ese mismo año se emitiera la Ley 860 del 26 de
diciembre de 2.00318, a través de la cual se reguló nuevamente la materia
pensional para los servidores del DAS. En síntesis, el artículo 2 ejusdem previó
que el régimen especial de pensiones allí contenido acoge al personal de la
mencionada entidad de que tratan los artículos 1° y 2 del Decreto 2646 de
1.994, particularmente: i) quienes desempeñen cargos de detective
especializado, detective profesional, detective agente, criminalístico
especializado, criminalístico profesional, criminalístico técnico y los
conductores; y ii) aquellos que desempeñen cargos del área operativa no
contemplados anteriormente y los directores generales de inteligencia e
investigaciones, los directores de protección y extranjería, el jefe de la oficina de
Interpol, los directores y subdirectores seccionales, así como los jefes de división
y unidad que desempeñen funciones operativas y el delegado ante el comité
permanente.
16 En este sentido, se pueden consultar las sentencias referidas al régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003, entre otras, las siguientes: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2014, radicación: 050012331000201200100-01
(3287-2013); sentencia del 29 de junio de 2017, radicación: 080012333000201200082 01
(0391-2014); sentencia del 15 de julio de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01048-01
(2471-2015). Y de la Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicación: 25000-23-25-
000-2011-00807-01 (2555-13); sentencia del 23 de enero de 2020, radicación: 76001-23-33-
000-2014-00174-01(2689-15); sentencia del 20 de mayo de 2021, radicación:
25000234200020170490601 (5983-2019).
17 Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2009, como
consecuencia de la inexequibilidad del aparte «DAS» del artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Estas condiciones especiales se concibieron en consideración a que este
personal ejecuta actividades de alto riesgo, «en el sentido de tener una mayor
probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional».
Para dichos servidores, la ley en comento determinó que las condiciones para
el reconocimiento pensional serían las siguientes:
i) 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
ii) Haber cotizado el número mínimo de semanas consagrado para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la
Ley 100 de 1.993 y adicionalmente, la cotización especial señalada en el artículo
12 del Decreto 1835 de 1.994 y la que se define en la Ley 860 de 2.003, esto
durante por lo menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas.
Adicionalmente, se observa que el artículo 2, parágrafo 5 de la mentada Ley
860 de 2.003 previó un nuevo régimen de transición para los detectives
vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1.994, que a la fecha de entrada
en vigor de la norma aludida (26 de diciembre de 2.003), hubieran cotizado 500
semanas, quienes tendrían derecho al reconocimiento de la pensión de vejez
en los términos del régimen de transición contenido en el Decreto 1835 de
1.994. Es de anotar que estas condiciones, como antes se precisó, se contraen
a la exigencia de 20 años de servicios a cualquier edad, como lo previeron los
Decretos 1047 de 1.978 y 1933 de 1.989.
Más adelante, es de destacar que en virtud del Decreto Ley 4057 del 31 de
octubre de 2011 se suprimió el DAS, y sus funciones fueron asignadas a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección. En
consecuencia, se ordenó la incorporación de sus servidores a estas últimas
entidades, quienes quedaron cobijados por el régimen salarial, prestacional, de
carrera y de administración de personal que rija en el organismo receptor, con
excepción de los que se vincularan al Ministerio de Defensa Nacional, Policía
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Nacional, pues en este caso su régimen laboral sería el fijado por el presidente
de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
De la aplicación de la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28
de julio de 2022 al caso bajo estudio
De lo expuesto en la demanda y en la contestación, se observa que el eje de
discusión en la presente causa judicial, es la liquidación de la pensión especial
de vejez reconocida a favor del señor Édgar Alonso Hurtado Navia esto en
punto a la forma de calcular el IBL en virtud del régimen de transición previsto
para empleados dedicados a actividades de alto riesgo, así como respecto a los
factores salariales que pueden ser computados para determinar la prestación
en comento en atención a las referidas condiciones.
En tal sentido, se hace imperioso precisar que la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de julio de 2.02219, en la que
fijó las reglas interpretativas para resolver casos sobre la aludida temática en
tensión, tal como la del sub examine. Al respecto, este juez plural precisó que el
proveído en mención se aplicaría con efectos retrospectivos según lo señalado
en el ordinal segundo de su parte resolutiva que en su tenor literal reza lo
siguiente:
«[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación son
vinculantes en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011,
para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda
vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado la
cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad jurídica.
Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los
regímenes de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales
replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado la reliquidación de la
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de
unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2013-
02380-01 (2656-2014). Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo. Demandada:
UGPP.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
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pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en
las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.».
Como se extrae de estos postulados, la viabilidad de aplicar de manera
retrospectiva una manifestación judicial como la precitada, dependerá de que la
situación a verificar no se haya consolidado válidamente en cabeza del titular, o
que aún bajo tal supuesto, lo propio haya sido sometido a una nueva
controversia administrativa o a un litigio ante el juez natural del asunto, pues en
tales eventos no se habría materializado el derecho de manera definitiva,
habida cuenta de que al estar en suspenso su estructuración legal por quedar
pendiente un pronunciamiento de la autoridad competente, claramente resulta
procedente, adecuado y necesario que ante un cambio en la línea
jurisprudencial que define postulados sobre el mismo asunto, esta nueva
intelección sea preferida y atendida para resolver la contienda.
En tal sentido, es palmario que la forma de liquidación de la pensión de
jubilación del libelista se ha encontrado en suspenso y de manera indefinida
desde el preciso momento en que aquel decidió cuestionar tanto en vía
administrativa como judicial la decisión de la parte pasiva al respecto, por lo que
el hecho de dar prevalencia a los postulados unificados de la sentencia del 28
de julio de 2.022, no implica la aplicación retroactiva de sus efectos, sino
retrospectiva, lo cual está plenamente habilitado sin que conlleve una
vulneración al principio de la seguridad jurídica, pues esta no se había
configurado en el caso del recurrente, dado que no puede hablarse de una
situación en firme cuando esta se encuentra en plena discusión jurídica
promovida por el propio titular de la prerrogativa.
Bajo el contexto planteado, resulta adecuado poner de presente las reglas
jurisprudenciales que determinó la Sección Segunda del Consejo de Estado
para definir controversias como la sub iudice, ello de acuerdo con los siguientes
supuestos y conclusiones de la sentencia unificadora, así:
Presupuesto Conclusión
«[…] Los servidores que desarrollaron - «[…] Si faltare menos de diez (10) años
actividades de alto riesgo del DAS, para adquirir el derecho a la pensión, el
cobijados por los regímenes de transición ingreso base de liquidación será (i) el
de que tratan los Decretos 1835 de 1994, promedio de lo devengado en el tiempo que
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2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
derecho a que se respeten las condiciones durante todo el tiempo, el que fuere superior,
de edad, tiempo de servicios y monto, actualizado anualmente con base en la
entendido como el porcentaje o tasa de variación del Índice de Precios al consumidor,
retorno, señalados por los Decretos 1047 según certificación que expida el DANE.
de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso
por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de base de liquidación será el promedio de los
1993, este es: […]» salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. […]».
«[…] Los factores salariales que se deben - «[…] En el 40%, desde el 26 de diciembre de
tener en cuenta para liquidar las 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
pensiones aquí referidas son los
devengados por el servidor que, de - En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007
acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y hasta la incorporación de los servidores del
demás normas aplicables, constituyen la DAS a otras entidades, por disposición del
base de cotización para pensión. En el Decreto 4057 de 2011. […]».
caso del personal del DAS de que tratan
los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de
1994, la prima de riesgo prevista en este
decreto debe incluirse para liquidar la
pensión a partir de la entrada en vigor de
la Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma
ley, es decir: […]».
«[…] Si el empleador no cumplió la «[…] ello no es oponible al interesado para que la
obligación de realizar los descuentos en el pensión especial se reconozca y liquide de
porcentaje a su cargo y el del empleado acuerdo con los parámetros indicados en esta
destinados a las cotizaciones para el sentencia. […]».
sistema de pensión sobre los factores
devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de
2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial
por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las
gestiones pertinentes para su cobro […]».
Como se desprende de los referidos preceptos jurisprudenciales, es claro que
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los exservidores del DAS que hubiesen desempeñado actividades de alto riesgo
y que se encuentren cobijados por los beneficios del régimen de transición de
los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho
a que se respeten los requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de
reemplazo a los que se encontraban sometidos con anterioridad a dicha
normativa.
No obstante, efectivamente el ingreso base de liquidación en tales casos, debe
ser calculado de acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, evento en el cual los factores salariales computables serán los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, y en particular para tales funcionarios,
también lo será la prima de riesgo devengada por estos desde la entrada en
vigencia de la Ley 860 de 2003 en los porcentajes regulados en el artículo 2
ibidem, ello incluso al margen de que la entidad empleadora no hubiese
realizado descuentos sobre tal emolumento para efectos pensionales.
Con base en este planteamiento, resta verificar el caso específico del libelista a
fin de dar aplicación de las referidas reglas jurisprudenciales, y de esta forma
determinar cómo debió liquidarse la prestación debatida.
Resolución al caso concreto
En el presente caso la parte demandante depreca la nulidad de los actos
acusados, en tanto a través de los mismos no se accedió a la liquidación y
reliquidación de la pensión con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio, teniendo en cuenta el régimen
especial previsto en el Decreto 1047 de 1.978 aplicable por remisión expresa
del artículo 10 del Decreto 1933 de 1.989.
Al respecto, se tiene que la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación
(hoy UGPP), por medio de Resolución UGM 014387 del 24 de octubre de
2.01120, reconoció pensión de vejez a favor del demandante, en cuantía de
$1.165.405 con efectividad a partir del 1° de septiembre de 2009, pero
condicionada al retiro definitivo del servicio, y en dicho acto quedó establecido
lo siguiente:
20 Folios 283 a 284 vuelto.
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Que acredita un total de: 8.160 días, correspondientes a 1,165 semanas.
Que nació el 12 de octubre de 1.962 y actualmente cuenta con 49 años
de edad.
Que el último cargo desempeñado fue el de detective especializado 206-
14.
Que le es aplicable el artículo 4 del Decreto 1835 de 1.994 y el parágrafo
5 de la Ley 860 de 2003.
Que adquirió el status de pensionado el 30 de diciembre de 2006.
Que para determinar la liquidación se da cumplimiento a lo establecido
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, aplicando un 75% sobre el
Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el interesado entre el 1°
de septiembre de 1.999 y el 30 de agosto de 2.009. I
Incluyó la asignación básica y la bonificación por servicios.
Que el 27 de julio de 201221, el señor Édgar Alonso Hurtado Navia, y en
ejercicio del derecho de petición, solicitó a la UGPP la reliquidación de la
pensión de vejez, con la inclusión de, además de los emolumentos ya
reconocidos como lo son la asignación básica y la bonificación por servicios, las
primas de navidad, de servicios, de vacaciones y la prima de riesgo,
devengados en el último año de servicio.
Que la UGPP mediante Resolución RDP 019893 del 17 de diciembre de 201222,
modificó el acto administrativo de reconocimiento y reliquidó la prestación por
retiro definitivo del servicio, a partir del 1° de junio de 2012, sin embargo, negó
la inclusión de los factores salariales deprecados. Para el efecto, la referida
entidad tuvo en cuenta:
Que le eran aplicables los Decretos 1047 de 1.978 y 1933 de 1.989, toda
vez que el libelista era beneficiario del régimen de transición regulado en
la Ley 860 de 2.003 y el Decreto 1835 de 1.994, por tal motivo, en lo
referente a la edad, tiempo de servicio y monto de la prestación se
atenderían las disposiciones especiales.
Al ser incorporado al régimen general de seguridad social a partir del 1°
de abril de 1.994, por mandato del Decreto 691 de la mencionada
anualidad, el IBL se calcula conforme al artículo 21 de la Ley 100 de
1993 y los factores previstos en el Decreto 1158 de 1.994, esto es, con el
75% de lo devengado en los 10 años anteriores a la desvinculación
oficial y con los factores a saber: asignación básica y bonificación por
servicios.
No reconoció la prima de riesgo, en la medida en que no se evidenciaba
que sobre aquel emolumento se hayan efectuado aportes para pensión.
21 Según parte motiva de la Resolución RDP 019893 del 17 de diciembre de 2012 (folio 402).
22 Folios 402 a 404 vuelto.
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Que el 5 de febrero de 201323, el pensionado interpuso recurso de reposición y
en subsidio apelación. El primero de ellos, se despachó de manera
desfavorable a través de Resolución RDP 011900 del 11 de marzo de 201324,
bajo los siguientes argumentos:
«[…] Que cabe apreciar entonces que los factores aducidos por el solicitante, los
cuales no se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión de vejez, no se
encuentran establecidos en el en el articulado anterior, por lo tanto no son
tenidos en cuenta como base para calcular la liquidación de dicha prestación.
De conformidad con lo anterior, es menester aclararle al peticionario que si bien
es cierto antes de la vigencia de la ley (sic) 100 de 1993, se encontraba
amparado por un régimen especial, el cual era el Decreto 1933 de 1989, también
lo es que como el señor ÉDGAR ALONSO HURATDO NAVIA, adquirió el status
jurídico de pensionado el 30 de diciembre de 2006 y se retiró del servicio oficial a
partir del 1 de junio de 2012, en vigencia de la ley (sic) 100 de 1993, la
reliquidación se efectuó con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos
diez años de servicios y de conformidad con los factores taxativamente
señalados en el artículo 1o del Decreto 1158 de 1994 antes transcrito, dentro de
los cuales no se encuentran señalados LA PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE
NAVIDAD Y PRIMA DE SERVICIOS.». (Mayúsculas conforme a la
transcripción).
Que el 2 de abril de 201325, el director de pensiones de la entidad demandada,
mediante Resolución RDP 014537, desató la alzada y procedió a confirmar la
decisión recurrida, exponiendo iguales argumentos a los señalados en la
Resolución RDP 011900 de 2013.
Pues bien, una vez verificados los supuestos de hecho demostrados en la
presente causa judicial, basta recordar que en aplicación de las reglas de
unificación antes mencionadas, en las pensiones especiales de los beneficiarios
del régimen de transición para empleados que desempeñen actividades de alto
riesgo, solo se mantienen las condiciones de edad, tiempo de servicio y tasa de
reemplazo contempladas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1.993. Se
recuerda que el IBL y los factores salariales que se deben computar, son
aspectos que se regulan por lo previsto en la norma en comento, esto en línea
con lo definido por la Sección Segunda del Consejo de Estado a partir de la
sentencia de unificación del 28 de julio de 2.022.
23 Acorde con la parte considerativa de la Resolución RDP 011900 del 12 de marzo de 2013
(folio 405).
24 Folios 405 a 407.
25 Folios 408 a 410.
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Ahora, se advierte que el señor Édgar Alonso Hurtado Navia tuvo la calidad de
detective del DAS entre el 24 de julio de 198926 y el 30 de mayo de 2.012,
según certificación expedida por la extinta institución. Por ese motivo, resulta
evidente que, dada la fecha de su nombramiento al servicio de la mentada
autoridad, en efecto aquel era beneficiario del régimen de transición en materia
pensional previsto para servidores con funciones que generaran alto riesgo para
la salud o la vida, ello conforme a la Ley 860 de 2.003 y el Decreto 1835 de
1.994, aspecto que reconoció expresamente la UGPP en los actos
administrativos reprochados y que en todo caso no discute en el litigo sub
examine.
Bajo aquel postulado y en observancia de las reglas interpretativas de la
providencia de unificación reseñada anteriormente, la pensión del libelista debía
liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores a la
adquisición del estatus pensional, tal como efectivamente lo determinó la parte
pasiva en las Resoluciones UGM 014387 del 24 de octubre de 2.011 y RDP
019893 del 17 de diciembre de 2.012.
De otra parte, en cuanto a los factores salariales computables para determinar
el monto de la pensión, es necesario precisar que según la línea jurisprudencial
aludida, por regla general, solo son pasibles de inclusión en el IBL los regulados
en el Decreto 1158 de 1.994, pero podría adicionarse la prima de riesgo en los
porcentajes señalados en el artículo 2 de la Ley 860 de 2.003, ello cuando esta
hubiese sido percibida por el empleado que desempeñara actividades propias
para ser beneficiario de la normativa que creó dicho emolumento.
26 Al respecto se destaca que, si bien se vinculó desde el 3 de mayo de 1983, lo cierto es que
ejerció actividades como auxiliar administrativo guardián y «chofer mecánico 5120-09» y no
como detective, tal como lo establece la normativa aplicable, por lo que para tales efectos, se
tiene en cuenta dicha fecha. Según se indicó en certificación del 29 de septiembre de 2009,
expedida por la subdirectora de talento humano del Departamento Administrativo de Seguridad,
se verifica que el señor Édgar Alonso Hurtado Navia laboró en dicha entidad por 26 años, 4
meses y 26 días.
Entre el 3 de mayo de 1983 y el 23 de julio de 1989 se desempeñó como «auxiliar
administrativo guardián y chofer 5120-09». A partir del 24 de julio de 1989 ejerció funciones
como detective. Se retiró del servicio oficial el 1° de junio de 2012 (Acorde con la parte motiva
de la Resolución RDP 019893 del 17 de diciembre de 2012 (folios 402 a 404 vuelto),
circunstancia que además fue aceptada por la entidad demandada al contestar el libelo
demandatorio -folio 433).
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Acerca de este punto, en el sub iudice se encuentra acreditado que el señor
Hurtado Navia percibió los siguientes emolumentos27: i) asignación básica
mensual; ii) la bonificación por servicios prestados; iii) la prima de servicio; iv) la
prima de navidad; v) la prima de vacaciones; vi) viáticos; vii) bonificación por
recreación; y viii) la prima de riesgo.
No obstante, de acuerdo con lo expuesto previamente, lo cierto es que aquel
solo tiene derecho a que le sean incluidos en el ingreso base de liquidación, los
conceptos i), ii) y viii). Los dos primeros por estar expresamente regulados en el
Decreto 1158 de 1.994, y el último por mandato de la Ley 860 de 2.00328.
Por otro lado, si bien en el presente asunto a partir del material probatorio no es
dable constatar si al demandante solo le hicieron descuentos para pensión por
los conceptos de asignación básica y bonificación por servicios prestados, sin
realizar tales deducciones sobre la prima de riesgo que efectivamente era una
partida computable en el IBL, lo cierto es que como se expuso en la tercera
regla de interpretación de la sentencia de unificación del 28 de julio de 2.022,
las cotizaciones frente a este último emolumento eran una obligación del
entonces DAS con el fin de que la prerrogativa del libelista se reconociera en
los términos previstos por la ley. En tal sentido, su posible omisión no sería
oponible ni de verificación indispensable en esta causa judicial para determinar
la situación jurídica del señor Édgar Alonso Hurtado Navia, pues dicha conducta
del empleador no permite excluir de la liquidación prestacional un emolumento
al que el primero tenía derecho.
En suma, la Subsección estima que, en el presente caso, es procedente
ordenar la reliquidación de la pensión del demandante para incluir en el ingreso
base de liquidación la prima de riesgo, ello en los términos señalados por el
parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2.003, y no con todos los factores
percibidos en el último año de servicio como lo ordenó el tribunal de primera
instancia, en esa medida habrá de modificarse la sentencia recurrida.
27 Folios 12 a 19 vuelto. De acuerdo con los certificados fechados 8 de septiembre de 2009 y
expedidos por el pagador del extinto DAS, el libelista entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de
agosto de 2009, percibió los siguientes factores: asignación básica, bonificación por servicios,
prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por recreación, viáticos, prima de navidad
y prima de riesgo.
28 En igual sentido se pronunció está Corporación, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 6 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2015-04137-01 (0378-2020).
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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)
Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Aun así, en el presente caso no se impartirá orden de descuentos por concepto
de aportes a cargo del pensionado o de la entidad que hubiese asumido las
responsabilidades como empleador del DAS. Lo anterior con sustento en lo
siguiente: i) ha quedado definido que los factores que se deben incluir en el IBL
son aquellos que efectivamente deben integrar el ingreso base de cotización; ii)
el artículo 22 de la Ley 100 de 1.993 prevé que el «empleador responderá por la
totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento
al trabajador»; iii) la Ley 100 de 1.993 le asignó a las administradoras de
pensiones amplias potestades para lograr el debido cumplimiento del traslado
de los aportes «en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional
y en garantía del pago efectivo de los derechos amparados por el sistema de
seguridad social en pensiones»; y iv) las consecuencias del incumplimiento de
las obligaciones descritas no pueden ser imputadas al servidor ni pueden
generarle efectos adversos frente a la garantía efectiva del derecho pensional29.
En este sentido, se debe aclarar que es la UGPP a quien le corresponde iniciar
los mecanismos o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los
aportes que eventualmente no se hubiesen realizado por concepto de la prima
de riesgo y que estuviesen a cargo del empleador o de la entidad que haya
asumido tales obligaciones luego de la supresión del Departamento
Administrativo de Seguridad, esto sin que sea una carga atribuible al
pensionado por tratarse de una omisión de la autoridad a la que se encontraba
vinculado en su momento
Sobre la prescripción
Acerca de dicho eje temático, esta Corporación30 ha señalado que la
configuración de la mentada figura requiere que transcurra un determinado
lapso durante el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para
reclamar los derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3
años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de
interrupción del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
29 Ibidem.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, la fecha de exigibilidad del derecho a reliquidar la pensión del
libelista con inclusión de la prima de riesgo corresponde al 1° de junio de 2012-
cuando aquel fue retirado del servicio oficial-31, pues en esta data se tornaba
efectivo el pago de la prestación y por lo tanto era discutible la forma en la que
fue fijado su monto.
Ahora, tal como se verifica en el plenario, el demandante presentó petición de
reajuste pensional ante la UGPP el 27 de julio de 2.01232, y la demanda fue
presentada el 25 de enero de 2.01433, esto es, sin superar los 3 años de que
trata la norma en cita, por lo que no es dable considerar configurado el
fenómeno bajo estudio, tal como lo consideró el a quo.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,34 respecto de la condena
en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede
con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional
realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o
31 Acorde con la parte motiva de la Resolución RDP 011900 del 12 del marzo de 2013 (folios
405 a 407), circunstancia que además fue aceptada por la entidad demandada al contestar el
libelo demandatorio (folio 433).
32 Según parte considerativa de la Resolución RDP 019893 del 17 de diciembre de 2012 (folios
402 a 404 vuelto).
33 Según acta individual de reparto visible a folio 354.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e
intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en
materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación
no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas
(incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia
y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365
del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de
segunda instancia a la parte apelante, en razón del cambio jurisprudencial
ocurrido en el transcurso del proceso con ocasión de la sentencia de unificación
del 28 de julio de 2.022.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone modificar parcialmente la sentencia apelada
del 24 de abril de 2.017 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, ello
en el sentido de ordenar que, además de los factores tenidos en cuenta por la
demandada al momento de conceder la prestación en litigio, incluya la prima de
riesgo como partida computable para la liquidación pensional, pero en los
porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2.003
conforme se haya devengado por el libelista.
En igual sentido, se revocará el ordinal quinto del fallo apelado, en tanto ordenó
descontar el valor de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya
inclusión de estableció.
En todo lo demás se confirmará la sentencia apelada.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del
veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2.017), proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, los cuales quedarán así:
«Tercero: Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 019893 del 17 de
diciembre de 2.012, a través de la cual la UGPP ordenó la reliquidación de la
pensión del libelista sin incluir la prima de riesgo, así como de las Resoluciones
RDP 011900 del 12 de marzo de 2.013 y RDP 014537 del 2 de abril de 2.013, por
medio de las cuales la aludida autoridad negó el reajuste pensional con inclusión
de dicho emolumento.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor
del señor Édgar Alonso Hurtado Navia, ello con base en los factores tenidos en
cuenta en el momento del otorgamiento de la prestación, y además con inclusión
de la prima de riesgo en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo
2 de la Ley 860 de 2.003 conforme se haya devengado por el libelista.
Las sumas que resulten a favor del actor serán ajustadas en los términos de ley,
teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
R = RH x índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH)
que es lo dejado de percibir por el demandante de la correcta liquidación de su
pensión de vejez, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios
al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas
adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o
decretados durante dicho período.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo en cuenta
que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de
ellos.».
Segundo. Revocar el ordinal quinto de la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
Tercero. Confirmar en lo demás el fallo proferido por el Tribual del Cauca,
dentro del proceso instaurado por el señor Édgar Alonso Hurtado Navia, contra
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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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