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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01048-01

Pensión de jubilación: reliquidación

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D del 10 de febrero de 2015, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar: NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO: Por secretaría, téngase como dirección electrónica de notificaciones de la apoderada de la UGPP, el correo electrónico HYPERLINK "mailto:jrmahecha@ugpp.gov.co" jrmahecha@ugpp.gov.co; de acuerdo con el memorial radicado en la Plataforma SAMAI el 29 de enero de 2021. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-01048-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

15 de julio de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reliquidación / PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Régimen especial actividades de alto riesgo servidores de la Aeronáutica Civil / TÉCNICO AERONÁUTICO CON FUNCIONES DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO - Considerado de alto riesgo / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Beneficiario / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN - Reglas y sub reglas / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN - Setenta y cinco por ciento de los factores devengados durante los últimos diez años de servicio sobre los cuales haya realizado aportes / RELIQUIDACIÓN PENSIONAL - Improcedente

La actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene el carácter de alto riesgo, por consiguiente, tales servidores públicos gozan del régimen pensional dispuesto en el Decreto 2090 de 2003; sin embargo, se tiene que éste dispuso un régimen de transición, conforme el cual, quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de vejez les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994. Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario precisar que en el presente asunto no está en discusión que el actor ostenta la condición de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Es preciso anotar que aún cuando la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en la que se expuso la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en relación con el ingreso base de liquidación pensional, se profirió con posterioridad a la providencia de primera instancia, la sala plena de esta Corporación aclaró que “(...) por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”. En conclusión, se estima que, si bien, el actor se encuentra amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en lo que respecta al IBL de su mesada, éste debe calcularse en los términos de lo dispuesto en artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales sobre los cuales realizó cotizaciones de aquellos enlistados en el Decreto 1158 de 1994, como bien lo hizo Cajanal. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 / DECRETO 1835 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2014-01048-01(2471-15)

Actor: JORGE ELIÉCER PACHÓN GARZÓN

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Referencia: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE 2011. TEMA: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ. EXSERVIDOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL. TEMA: FACTORES SALARIALES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN EL IBL DE LA PENSIÓN DE BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 100 DE 1993.

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 10 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

l. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Jorge Eliécer Pachón Garzón, mediante apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de las Resoluciones núms. 046436 del 30 de diciembre de 2005 y PAP 006288 del 12 de julio de 2010, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante, Cajanal EICE.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene: (i) reliquidar su pensión de vejez con el promedio de los salarios devengados en el último año, con el promedio de todo lo devengado a título de salario o retribución de servicios, de acuerdo con el régimen especial de la Aeronáutica Civil; y (ii) actualizar las sumas reconocidas de acuerdo con el artículo 178 del C.C.A.

1.2. Hechos

El señor Jorge Eliécer Pachón Garzón prestó sus servicios al entonces Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, hoy Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, desde el 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2006, en el cargo de técnico V grado 22.

Mediante la Resolución 046436 del 30 de diciembre de 2005, Cajanal EICE le reconoció una pensión vitalicia de vejez liquidada con el 75% del promedio de los salarios devengados desde el año 1994 hasta el 2004, efectiva una vez acreditara el retiro definitivo del servicio.

El 22 de julio de 2009, solicitó ante el patrimonio autónomo Buen Futuro la reliquidación de su pensión de vejez.

A través de la Resolución PAP 006288 del 12 de julio de 2010, Cajanal EICE reliquidó su pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio entre el 1 de enero de 1997 y el 30 de diciembre de 2006.

El 19 de septiembre de 2010, presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue rechazado por Cajanal EICE, por extemporáneo.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 13, 29 y 48.
La Ley 7 de 1961.
El Decreto 1372 de 1966.
El Decreto 1835 de 1994.

Al explicar el concepto de violación el demandante adujo que le es aplicable el régimen pensional especial previsto en la Ley 7 de 1961 y los Decretos 1372 de 1966 y 1835 de 1994; normas que establecieron como requisito para adquirir la pensión el contar con 20 años de servicio, con un monto equivalente al 75% del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado en el último año de servicio.

Manifestó que cuando se trata de liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, el criterio del Consejo de Estado es aplicar integralmente las normas especiales.

2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Manifestó que no ha violado las normas jurídicas constitucionales y legales citadas en el libelo de la demanda.

Como excepciones propuso las que denominó: ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, cobro de lo no debido, prescripción, caducidad de la acción e imposibilidad de la condena en costas.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en audiencia inicial con fallo realizada el 10 de febrero de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de vejez del señor Jorge Eliécer Pachón Garzón en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en su último año de servicios, comprendido entre el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, a partir del 16 de diciembre de 2010, por prescripción trienal.

Los factores salariales a incluir en la reliquidación, fueron los siguientes: asignación básica, recargo nocturno ordinario, recargo nocturno dominical, horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, jornada ordinaria dominical, compensatorio dominical o festivo; una doceava parte de: bonificación por servicios prestados, bonificación semestral, prima de navidad; y una cuarta parte de la prima de productividad.

Señaló que el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, de tal manera que, su reconocimiento pensional se encuentra regido por la Ley 7 de 1961 y los Decretos 1372 de 1966 y 1835 de 1994, normas que disponen el derecho a percibir la pensión con el 75% del promedio mensual de las asignaciones que se hubieren devengado en el último año de servicios.

En cuanto a los factores salariales, destacó que, en aplicación de la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado, al demandante le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión con la inclusión de todas las asignaciones devengadas en el último año laborado.

Condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

4. Recurso de apelación

La UGPP solicitó revocar la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se niegue lo pretendido.

Manifestó que a los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, se les debe respetar el tiempo, edad y monto del régimen anterior; sin embargo, a quienes adquieren el estatus jurídico en vigencia de la mencionada norma, el ingreso base de liquidación de la pensión debe calcularse con el artículo 36 de la Ley 100 y los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Además, señaló que la Ley 7 de 1961 no reguló el tema de los factores salariales; razón por la cual, se debe hacer remisión al mencionado Decreto 1158 de 1994, teniendo en cuenta que, en todo caso, solo deben incluirse aquellos sobre los cuales se efectuaron cotizaciones al sistema.

5. Alegatos de conclusión

La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y condenar en costas al demandado.

La UGPP reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

6. Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Tercera delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

Consideró que al actor le asiste el derecho a que se reliquide su pensión con el 75% del promedio de todo lo percibido en el último año de servicios, tal como le fue reconocido al beneficiario de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto se analizará si el señor Jorge Eliécer Pachón Garzón tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con la Ley 7 de 1961.

Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados relevantes; y 2.3. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de algunos servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

La Ley 7 de 10 de marzo de 1961 estableció un régimen especial de pensiones para los radio - operadores, técnicos de radio y electricidad y oficiales de meteorología de la Empresa Colombiana de Aeródromos, al cumplir veinte años de servicio sin importar la edad, así:

“ARTÍCULO 1. Los radio - operadores del servicio móvil aeronáutico "R" categoría "R" y del servicio fijo de acuerdo con las definiciones dadas en el decreto 3418 de 1954, y su reglamentario 2427 de 1956; los técnicos de radio y electricidad y los oficiales de meteorología que venían prestando sus servicios en Aerovías Nacionales de Colombia S.A. (Avianca) y que fueron incorporados a la Empresa Colombiana de Aeródromos, creada por decreto 2369 de 1954, para los efectos de la pensión de jubilación tendrán derecho a que se le compute el tiempo servido a dicha empresa privada como tiempo servido a la Nación.

Artículo 2. Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad”.

Por su parte, el Decreto 1372 de 26 de mayo de 1966 definió quienes son radio - operadores del Servicio Móvil Aeronáutico categoría “R”, oficiales de meteorología y técnicos de radio y de electricidad; al tiempo que estableció el monto de la pensión a ellos reconocida:

“ARTÍCULO 6. De acuerdo con los artículos 2 de la Ley 7 de 1961 y 21 del decreto 1237 de 1946, el personal de que trata el presente decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios”.

Con posterioridad, la incorporación de los servidores públicos al Sistema de Seguridad Social se hizo mediante el Decreto 691 de 1994, que en su artículo 5 establecía:

“ARTÍCULO. 5º— Actividades de alto riesgo. Los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se determinen”.

A su turno, el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 ordenó al Gobierno Nacional expedir el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO.  140.- ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad”.

Con base en dicha facultad se expidió el Decreto 1835 de 3 de agosto de 1994, cuyo campo de aplicación se estableció así:

“ARTÍCULO 1o. CAMPO DE APLICACIÓN. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994. Igualmente les son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de 1994 y 1295 de 1994.

Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el presente decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes serán objeto de decisión especial.

En virtud del Decreto 691 de 1994, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin perjuicio de los servidores beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la misma, no se reconocerán pensiones especiales diferentes a las previstas en el presente decreto y en el Régimen General de Actividades de Alto Riesgo

PARÁGRAFO. El régimen de pensiones especial sólo le será aplicable a los servidores públicos a los que se refiere este decreto, siempre que permanezcan afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por las normas propias de este, salvo en lo que respecta al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente decreto”.

Ahora bien, en el artículo 2 del referido Decreto 1835 de 1994 se señalaron las actividades consideradas como de alto riesgo, entre las que se encuentran las siguientes:

“ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
(…)

4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil de conformidad con la reglamentación contenida en la resolución No. 03220 de junio 2 de 1994 por medio del cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la resolución No. 2450 de diciembre 19 de 1974 por medio del cual se adopta el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren”.

A su turno, en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994 se indicaron los requisitos para que los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que desempeñaran actividades de alto riesgo obtuvieran la pensión de vejez. Al respecto, prevé:

“ARTICULO 6o. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en el numeral 4 del artículo 2o. de este Decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. a) 55 años de edad y,

b) 1.000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4o. del artículo 2o. de este Decreto.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada sesenta (60) de cotización, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,

2. a) 45 años de edad, y

b) 1.000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4 de artículo 2o. de este Decreto”.

Se tiene que en el artículo 7 ídem se estableció un régimen de transición en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 7o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen general de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 10 o más años de servicios prestados o cotizados, así:

1. Para los servidores descritos en el artículo 6o. de este Decreto.

2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados a la planta de personal del Sector Técnico Aeronáutico.
Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los funcionarios descritos en los numerales 1o. y 2o. de este artículo, serán los establecidos en el régimen anterior que les era aplicable.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador”.

Ahora bien, se resalta que el Decreto 1835 de 1994 fue derogado expresamente por el artículo 11 del Decreto Ley 2090 de 26 de julio de 2003. En tal sentido, se observa que el campo de aplicación de dicho decreto se definió así:

“ARTÍCULO 1º. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo”.

El numeral 5 del artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 considera como actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil “la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes”.

Por su parte, los artículos 3 y 4 ídem establecieron las condiciones y requisitos para ser beneficiario de la pensión especial de vejez, así:

“ARTÍCULO 3º. PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 4º. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años”.

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 también estableció un régimen de transición del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 6º. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003”.

El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 de 29 de agosto de 2007, “en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo”.

Por otro lado, en lo referente con el contenido del parágrafo del artículo 6 del precitado Decreto 2090 de 2003, con base en el cual debe exigirse, además de lo previsto en éste, el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para acceder al mencionado régimen especial, esta subsección dijo:

“En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor (...) cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.

Sobre la aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación de las normas en materia laboral, la Corte Constitucional a partir del artículo 53 de la Constitución Política ha sostenido que “…so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable a los jueces desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes. De igual forma, las autoridades judiciales tampoco se encuentran en posibilidad de actuar en contra de los principios superiores como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad”. En este sentido, “puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley”.
(...)

De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500 semanas, la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”. Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003..resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.

En síntesis, se aclara que la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene el carácter de alto riesgo, por consiguiente, tales servidores públicos gozan del régimen pensional dispuesto en el Decreto 2090 de 2003; sin embargo, se tiene que éste dispuso un régimen de transición, conforme el cual, quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de vejez les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.

2.2. Hechos probados relevantes

• Acerca de la situación laboral del actor

El señor Jorge Eliécer Pachón Garzón nació el 18 de enero de 1950.

Prestó sus servicios a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, del 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2006, según certificación expedida por el jefe del Grupo de Situaciones Administrativas de la Dirección de Talento Humano de esa entidad el 9 de abril de 2007; donde desempeñó los siguientes cargos:

Cargo
Período
Técnico en electrónica Grado 08
01-11-88 a 31-01-91
Técnico aeronáutico II 21-13
01-02-94 a 23-01-96
Técnico aeronáutico IV 23-19
24-01-96 a 24-08-97
Técnico aeronáutico V Grado 22
25-08-97 a 31-12-06

De acuerdo con el reporte de nómina expedido el 17 de julio de 2009 por la UAE Aeronáutica Civil, el actor devengó, del 1 de enero de 2006 al 31 diciembre del mismo año, los siguientes factores: sueldo básico, bonificación por servicios, bonificación semestral, prima de navidad, recargo nocturno ordinario, recargo nocturno dominical, horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, jornada ordinaria dominical, compensatorio dominical o festivo y prima de productividad.

• Actuación administrativa

En la Resolución 046436 del 30 de diciembre de 2005, Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez al actor en cuantía de $1.655.102,44 efectiva una vez acreditara su retiro del servicio, de la cual se extrae la siguiente información:

1. Que el señor Jorge Eliécer Pachón Garzón es beneficiario del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por consiguiente el reconocimiento de la pensión es viable teniendo en cuenta la edad, el tiempo de servicios y el monto regulados en el régimen anterior que le era aplicable, antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones.
2. Que reúne 20 años de servicio como empleado oficial y 55 años de edad.
3. Adquirió el estatus jurídico por edad el 18 de enero de 2005.
4. El IBL para la pensión de la demandante se calculó con el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años 10 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de enero de 2005.
5. Como factores salariales se incluyeron: asignación básica, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios, diferencia de horario y recargo nocturno.

El 27 de julio de 2009 el actor elevó petición ante el patrimonio autónomo Buen Futuro, en el que manifestó: “me permito solicitar la reliquidación pensional a la entidad responsable, con el fin que me sea actualizado el valor de la misma, de acuerdo a la normatividad existente. (Ley 71/88- Artículo 9; Ley 100/93- Artículo 150; Decreto 1160/89- Artículo 10)”.

Mediante Resolución PAP 006288 del 12 de julio de 2010, Cajanal EICE reliquidó la pensión de vejez del actor con la inclusión de nuevos tiempos, en cuantía de $1.934.496, efectiva a partir del 1 de enero de 2007. Para el cálculo del ingreso base de liquidación se tomó un periodo entre el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de diciembre de 2006 y los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

El 10 de septiembre de 2010 el demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución, no obstante, este fue rechazado, mediante Auto PAP 005851, por extemporáneo.

2.3. Caso concreto

El señor Jorge Eliécer Pachón Garzón solicitó la nulidad del acto administrativo que reliquidó su pensión de vejez con los últimos diez años de servicio sin incluir todos los factores salariales devengados, pues aduce que, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y del artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, le asiste derecho a que esta se liquide en cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con artículo 6 del Decreto 1372 de 1966.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda y, consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de vejez del actor con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en su último año de servicios, comprendido entre el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, por considerar que el reconocimiento pensional del demandante se encuentra gobernado por el régimen consagrado en la Ley 7 de 1961 y los Decretos 1372 de 1966 y 1835 de 1994.

Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, alegando que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición debe calcularse con el inciso 3 del artículo 36 de la mencionada Ley 100 y con los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubieren realizado cotizaciones.

Así las cosas, como se estableció al fijar el problema jurídico, la controversia se centrará en determinar si es procedente la conformación del IBL con la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, toda vez que la entidad aplicó para tal efecto el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario precisar que en el presente asunto no está en discusión que el actor ostenta la condición de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

De las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que al demandante le fue reliquidada la pensión de vejez, a partir del 1 de enero de 2007, por retiro del servicio, con el 75% del salario promedio devengado en los útlimos diez años de servicio, a partir del 1 de enero de 2007, con la inclusión de la asignación básica, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y diferencia de horario.

Así las cosas, se advierte que la pensión de vejez del actor le fue liquidada de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales enlistados en los Decretos 691 y 1158 de 1994, teniendo en cuenta que el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de que la pensión de los beneficiarios de la transición se calculara con el ingreso base de liquidación dispuesto en el régimen anterior que les fuera aplicable. Lo anterior, en concordancia con el artículo 48 de la Constitución Política, en cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (...)”.

Sobre este punto, es preciso anotar que aún cuando la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en la que se expuso la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en relación con el ingreso base de liquidación pensional, se profirió con posterioridad a la providencia de primera instancia, la sala plena de esta Corporación aclaró que “(...) por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

En conclusión, se estima que, si bien, el actor se encuentra amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en lo que respecta al IBL de su mesada, éste debe calcularse en los términos de lo dispuesto en artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales sobre los cuales realizó cotizaciones de aquellos enlistados en el Decreto 1158 de 1994, como bien lo hizo Cajanal. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En el mismo sentido, se pronunció esta Sala en sentencia del 6 de junio de 2019, al decidir un asunto con supuestos fácticos y jurídicos similares al presente:

“Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que el accionante se encontraba amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad.

Asimismo, le resulta aplicable la transición establecida en el artículo 7º del Decreto 1835 de 1994, toda vez que para el 4 de agosto de 1994, contaba con más de 10 años de servicios y se encontraba incorporado a la planta de personal de la Aeronáutica Civil, en calidad de técnico aeronáutico, por ende, le son aplicables las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el accionante laboró para la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil entre el 21 de abril de 1981 y el 31 de octubre de 2003, esto es, por más de 20 años, lapso durante el cual desempeñó funciones técnicas con fines aeronáuticos, por lo que la entonces Cajanal, con Resolución 27796 de 12 de diciembre de 2001, le reconoció su pensión vitalicia de jubilación de conformidad con los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa pensional (75%), contenidos en la Ley 7ª de 1961, reajustada a través de Resolución 22536 de 12 de mayo de 2006 y calculada sobre el promedio de lo cotizado desde el 1º de abril de 1994 hasta el 30 de octubre de 2003, con inclusión de la asignación básica, los dominicales y feriados, las horas extras y la bonificación por servicios prestados, como lo preceptúa el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en armonía con los emolumentos establecidos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC) .

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al accionante le fue calculada su pensión de jubilación con fundamento en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en tal inciso el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib, según corresponda, tal como lo hizo la entonces Cajanal en el presente caso (...).

Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se revocará la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas”.

Condena en costas

Finalmente, en cuanto a la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en ninguna de las dos instancias.

III. DECISIÓN

Bajo estas consideraciones, la Sala revocará la sentencia de 10 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subseccion D, en la que accedió a las pretensiones de la demanda; en su lugar, se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D del 10 de febrero de 2015, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar:

NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: Por secretaría, téngase como dirección electrónica de notificaciones de la apoderada de la UGPP, el correo electrónico HYPERLINK "mailto:jrmahecha@ugpp.gov.co" jrmahecha@ugpp.gov.co; de acuerdo con el memorial radicado en la Plataforma SAMAI el 29 de enero de 2021.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmada electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 146 a 151.
Folios 227 a 235.
Folios 239 a 249.
Folios 276 a 278.
Folios 282 a 296.
Folios 297 a 304.
Marco jurídico desarrollado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia de 29 de junio de 2017, expediente con radicado 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14). M.P. César Palomino Cortés. Y en la sentencia de tutela de 18 de enero de 2019, radicado: 2018-04310-00, Actor Juan de Dios Duarte López contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
“Sobre pensiones de jubilación de Radio - operadores, Técnicos de Radio y Oficiales de Meteorología, al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos”.
“Por el cual se reglamenta la Ley 7 de 1961 sobre pensiones de jubilación de radio operadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de meteorología”.
Artículo derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
“Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos Diario Oficial 41.473 del 4 de agosto de 1994”.

"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades".

Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia C-663 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-831 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, sentencia T- 545 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet
Véanse entre otras, sentencia de 12 de junio de 2014 número interno: 3287-2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez y sentencia de 22 de abril de 2015 número interno: 2555-13, C.P. Gustado Eduardo Gómez Aranguren.
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. “(...) A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
Consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2019, radicado número 23001-23-33-000-2013-00346-01(4956-14). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Documento 4 expediente administrativo visible en CD en folio 157.
Folio 26.
Folios 27 a 29.
Folios 37 a 42.
Folio 53.
Folios 64 a 69.
Folios 72 a 75.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2019, radicado número 23001-23-33-000-2013-00346-01(4956-14). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Fecha de entrada en vigor del Decreto 1835 de 1994.
Pese a que no obra en el expediente prueba que discrimine los factores sobre los cuales se hicieron descuentos para pensión al demandante, se da por cierto que Cajanal liquidó tal prestación sobre los cuales efectivamente se realizaron aportes, circunstancia que no fue controvertida por la parte actora.

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