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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05289-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05289-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A por medio de la cual se declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05289-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos
Demandados: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República1

Temas: Reliquidación pensión de jubilación. Congresista. Límites
pensionales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se declaró
probada la excepción de ineptitud de la demanda y, por tanto, se abstuvo de
pronunciarse respecto de las pretensiones.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Tibero Villareal Ramos presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 20133170069441 del 16 de julio de 2013, por
medio del cual el director general de Fonprecon le informó que desde el mes de julio

1
En adelante Fonprecon.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

de 2013, en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013, la entidad ajustó su
mesada pensional a la suma de 25 SMLMV.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se condenara a la entidad demandada a normalizar el pago de la mesada
pensional sin el reajuste realizado; ii) se ordenara cumplir la sentencia en los
términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; iii) se reconocieran los intereses
moratorios; y iv) se indexaran los valores reconocidos y las sumas adeudadas,
conforme con el artículo 187 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Mediante la Resolución 469 del 18 de junio de 1992, Fonprecon reconoció y ordenó
el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de Tiberio Villareal
Ramos. Esta prestación fue reliquidada a través de las resoluciones 989 del 26
noviembre de 1993 y 706 del 12 de junio de 1996 por inclusión de nuevos tiempos,
y con la Resolución 361 del 16 de marzo de 2011 en cumplimiento de una decisión
judicial.

• A través del Oficio 20133170069441 del 16 de julio de 2013, el director general de
Fonprecon le comunicó al actor que «a partir del mes de julio de 2013 su mesada
pensional» sería ajustada al tope de los 25 SMLMV, por cuanto aquella que tenía
reconocida excedía dicho monto3.

• Fonprecon resolvió de manera desfavorable los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra el acto demandado que dio cumplimiento a la sentencia C-258
de 2013, providencia que fue cuestionada, entre otras, por cuanto los exmagistrados
Manuel José Cepeda Espinosa y Juan Carlos Henao Pérez no podían suscribir la
sentencia C-258 de 2013 por interesarse directamente en la decisión, y Alejandro
Venegas Franco aprobó y votó la decisión como conjuez sin serlo, pues había sido
remplazado por el nuevo magistrado Alberto Rojas Ríos, quien se posesionó el 2 de
mayo de 2013.

• El Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que a partir del 31 de julio de 2010 no se
podía causar pensiones superiores a 25 SMLMV; sin embargo, la Corte
Constitucional, «de forma caprichosa», sustituyó al legislativo y en la sentencia C-258
de 2013 decretó que partir del 1° de julio de 2013 se debían reducir las pensiones
de manera retroactiva.

3
Esta información se extrae de la lectura integral del escrito de la demanda y de las pruebas
aportadas al proceso, con el fin de precisar los extremos fácticos de la decisión.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 46, 48, 53, 58, 89,
90, 93, 94, 230, 334 y 374 de la Constitución Política; 17 de la Ley 4ª de 1992; y
135, 137 y 138 del CPACA.

En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:

• Fonprecon redujo la mesada pensional de forma arbitraria y con desconocimiento
de los derechos de audiencia y defensa, toda vez que no le dio la oportunidad de
oponerse, de solicitar la práctica de pruebas y de haber sido vencido en un
procedimiento administrativo.

• Se vulneró el derecho fundamental a la igualdad, comoquiera que al «senador Pablo
Eduardo Victoria Wilches» el Consejo de Estado, por vía de tutela, le reconoció el
pago de diferencias pensionales desde el 1° de julio de 2013, «dentro del expediente
25000234200020130428101».

• La entidad demandada no respetó los derechos adquiridos y los principios de
buena fe y confianza legitima amparados constitucionalmente, puesto que su
derecho pensional no podía ser revocado sin el consentimiento previo del afectado.

1.2. Contestación de la demanda

Fonprecon se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos5:

• La demanda no está encaminada a demostrar que el acto administrativo enjuiciado
haya sido expedido con infracción de las normas en que debería fundarse, sin
competencia, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante
falsa motivación o en forma irregular, sino, sólo, «se encuentra basado en afirmaciones
y apreciaciones irrespetuosas que no logran evidenciar algo diferente a la opinión personal
del libelista» respecto de la sentencia C-258 de 2013, proferida por la Corte
constitucional.

• El Oficio 20133170069441 del 16 de julio de 2013 es un acto de ejecución el cual
se limitó a dar cumplimiento de una decisión judicial, por tanto, no es objeto de
control de legalidad por vía judicial.

4
Folios 1 al 105.
5
Folios 117 al 129.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

• El Consejo de Estado y la Corte constitucional han precisado que para la aplicación
del reajuste pensional ordenado en la sentencia C-258 de 2013, no es necesario
adelantar un procedimiento administrativo, toda vez que tal disminución opera de
forma automática.

Por último, formuló la excepción de inepta demanda por cuanto los actos acusados
«no susceptibles de control jurisdiccional».

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia del 11 de junio de 2020 declaró probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda y, en consecuencia, se inhibió para pronunciarse sobre
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos6:

• Si bien el magistrado sustanciador del proceso en la audiencia inicial celebrada el
29 de octubre de 2019 declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda, también es cierto que dicha decisión fue proferida por la sala unitaria,
razón por la cual la sala mayoritaria está facultada para realizar control de legalidad
del proceso y si es del caso declarar probadas las excepciones a que haya lugar.

• Solo los actos administrativos que resuelven de manera directa o indirectamente
el fondo del asunto, pueden ser objeto de control de legalidad por vía judicial.

• La sentencia C-258 de 2013 explicó que las pensiones reconocidas en virtud del
régimen pensional previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y «por extensión
legal las pensiones de los magistrados de las altas cortes de justicia» según el artículo 28
del Decreto 104 de 1994 no pueden superar el límite de los 25 SMLMV.

• La Corte Constitucional7 y el Consejo de Estado8 han sido enfáticos en señalar
que los actos administrativos proferidos en cumplimiento de la sentencia C-258 de
2013, son actos de ejecución que no son susceptibles de control judicial.

• El oficio demandado es un acto de ejecución que dio cumplimiento a las órdenes
proferidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, respecto del
cual la jurisdicción no puede estudiar su legalidad, puesto que era una orden de
obligatorio cumplimiento que no requería procedimiento previo de reliquidación.

6
Folios 165 al 173.
7
SU-575 del 27 de noviembre de 2019.
8
Consejo de estado, Sección Segunda, providencia del 28 de marzo de 2019, radicación: 25000-23-
42-000-2015-02106-01 (2873-2018), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

4

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Demandante: Tiberio Villareal Ramos

1.4. El recurso de apelación

Tiberio Villareal Ramos interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente9:

• El a quo desconoció el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración
de justicia al inhibirse de decidir de fondo el asunto.

• La pensión fue reconocida y reliquidada con justo título y debidamente soportada
en la Ley 33 de 1985 y demás disposiciones legales vigentes.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

En esta etapa procesal guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación11, el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si el Oficio 20133170069441 del 16 de
julio de 2013, por medio del cual Fonprecon dio cumplimiento a la sentencia C-258
de 2013, es un acto sujeto a control judicial? y en caso afirmativo ¿si con la
expedición del acto acusado se vulneró el derecho de defensa y contradicción de
Tiberio Villareal Ramos?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen pensional de los congresistas

El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, con el fin de regular los
objetivos y criterios que el gobierno nacional debía acatar para fijar el régimen

9
Folios 179 al 187.
10
Samai, índice 4.
11
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

5

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Demandante: Tiberio Villareal Ramos

salarial y prestacional de los servidores públicos. En el artículo 17, le ordenó a este
último reglamentar el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de los
congresistas; además delimitó los parámetros para la determinación del monto de
la prestación social y su forma de liquidación12. En virtud de lo anterior, se profirió el
Decreto 1359 de 1993 aplicable «a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de 1992
tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara», es decir, para el 18 de
mayo de 1992.

El decreto en mención en el artículo 4 estableció dos requisitos que debían cumplir
los congresistas para acceder al régimen pensional especial, que son: i)
encontrarse afiliados al fondo pensional del congreso y hacer las cotizaciones a
dicho fondo; y ii) haber tomado posesión del cargo. Las exigencias para obtener el
derecho las fijó en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993 de la siguiente manera:

«Artículo 7.º. Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o
Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el
artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan
cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán
derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso
mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los
Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del
presente Decreto».

De este modo, los congresistas que cumplieran con los requisitos de edad y tiempo
de servicios expuestos tendrían derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación no inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devengaran en el
último año de servicio.

No obstante, en Ley 100 de 1993 se ordenó al gobierno nacional incorporar al
sistema general de pensiones a los congresistas respeto del régimen de transición
fijado en su artículo 36 y sus derechos adquiridos13. Por tal razón, expidió el Decreto
691 de 1994 que así lo dispuso en el artículo 1 literal b). De igual manera, profirió
el Decreto 1293 de 1994 en el que reguló un régimen de transición específico y

12
La norma disponía lo siguiente: «Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de
pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas
y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y
por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal. Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones
se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen
los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la
sustitución respectiva.» (Lo tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-258 de 2013).
13
Artículo 23.

6

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Demandante: Tiberio Villareal Ramos

definió que sus beneficiarios estarían excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
100 de 1993. El régimen transicional se reglamentó así:

«Artículo 2. Régimen de transición de los senadores, representantes,
empleados del congreso de la república y del fondo de previsión social del
congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la
República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán
derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, siempre que a 1.° de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los
siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y cinco
(35) o más años de edad, si son mujeres.

b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.

Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará
también para aquellas personas que hubieran sido senadores o representantes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, sean o no elegidos para legislaturas posteriores,
siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales
a) o b) de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable
diferente, en cuyo caso este último será el que conservarán».14

De la misma manera, el párrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994 incluyó a
otros beneficiarios del régimen de transición al disponer que «se aplicará también para
aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de junio
de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al cumplir antes de dicha fecha, veinte
(20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en
parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad ».

Ahora bien, el gobierno nacional extendió el anterior régimen especial a los
magistrados de las altas cortes. Lo hizo a través del Decreto 104 de 199415 en el
que determinó que a estos servidores públicos «se les reconocerán las pensiones
teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de los Senadores de la
República y Representantes a la Cámara en los términos establecidos en las normas

14
El Consejo de Estado declaró nulo el parágrafo subrayado al considerar lo siguiente: «a) La norma
que determinó el régimen de transición para los congresistas no podía pretender la protección de
expectativas frente a este régimen para quienes no hubieran ostentado tal calidad entre el 19 de
diciembre de 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como congresistas en
períodos posteriores.
b) Quien había sido congresista antes del 19 de diciembre de 1992 y no fuera elegido posteriormente,
no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme
al régimen especial por cuanto no reunía uno de sus requisitos: estar en servicio activo. Resultaba
pues que, aún estando en el régimen de transición, nunca alcanzaría la condición necesaria para
adquirir el derecho a la pensión especial prevista para los congresistas». Consejo de Estado, Sección
Segunda, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, sentencia de 27 de octubre de 2005,
Radicado: 11001-03-25-000-2003-00423-01(5677-03).
15
«por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial,
del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar […]»

7

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Demandante: Tiberio Villareal Ramos

legales vigentes»16. De igual forma, el Decreto 047 de 199517 dispuso que «[l]os
Magistrados señalados en el inciso anterior que al 20 de junio de 1994 desempeñaban sus
cargos en propiedad en las citadas corporaciones, podrán optar por pensionarse cuando
reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios señalados para los Congresistas en el
parágrafo del artículo 3o. del Decreto 1293 de 1994». Ese contenido normativo se
reprodujo en los decretos 34 de 1996, 47 de 1997 y 65 de 199818.

En 1999, se profirió el Decreto 043 que estableció para los magistrados «que a 1 de
abril de 1994 desempeñaban sus cargos en propiedad y cumplían las condiciones previstas
por el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993» podían pensionarse con «los
mismos factores y cuantías de los Senadores de la República y Representantes a la
Cámara en los términos establecidos en las normas vigentes». A continuación, dispuso
que también tendrían este derecho «cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de
servicio señalados para los Congresistas en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1293
de 1994».

La parte subrayada fue declarada nula por la Sala Plena de Consejo de Estado en
la sentencia IJ-008 del 18 de noviembre de 2002. En esta providencia se consideró
que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1359 de 1993 no incluyeron
como requisito para la aplicación del régimen pensional especial el desempeñar el
empleo al 1° de abril de 1994. Por tal razón, consideró que la norma debía retirarse
del ordenamiento «al incluir requisitos nuevos no previstos en la Ley para acceder al
beneficio especial acerca de la forma de liquidar las pensiones de jubilación, incurre en
contradicción con el ordenamiento superior, pues ninguna norma lo dispone y dicho
régimen por comprender aspectos de seguridad social, su regulación es de competencia
del legislador».

Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional sostuvo que, aunque la postura
anterior era válida por coincidir con las normas constitucionales vigentes al
momento de plantearse, con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 se
produjo un cambio de parámetro en el control de constitucionalidad y una
inconstitucionalidad sobreviniente que ameritaba una nueva interpretación de la
norma.

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, en la que
examinó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, manifestó que «los
argumentos por los cuales la Corte descartó el desconocimiento del derecho a la igualdad
en la Sentencia C-608 de 1999, deben ser revisados a partir de la expedición del Acto
Legislativo 1 de 2005. [lo que imponía] estudiar si bajo la óptica de este nuevo esquema

16
Artículo 28.
17
«por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial,
del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar»
18
Artículos 28, 25, respectivamente.

8

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Demandante: Tiberio Villareal Ramos

pensional introducido en 2005, el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 desconoce o no la garantía
a la igualdad consagrada en el artículo 13 Superior».

La Corte, en el nuevo estudio adelantado en esta sentencia, señaló que para ser
beneficiario del régimen previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 sí
es requisito necesario que ocupara el empleo para el 1° de abril de 1994. Como
fundamento de lo anterior, se expuso que la protección que otorga el régimen de
transición se refleja sobre las expectativas legítimas de quien aspira a pensionarse
con tales normas y que no podían afectarse por la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, situación que no puede predicarse de quien se vinculó con posterioridad
a esa fecha.

En efecto, en la providencia se denunció que el contenido del artículo 17 de la Ley
4ª de 1992 permitía interpretar que personas que no estaban afiliadas al régimen
especial allí previsto para el 1° de abril de 1994 pudieran acceder a su régimen de
transición si posteriormente fueron elegidas o nombradas congresistas o
magistrados de altas cortes. A juicio de la Corte, esta deducción vulneraba el
principio de igualdad al equiparar dos grupos de personas que no están en igual
situación: de un lado, a quienes sí estaban en el régimen especial antes del 1° de
abril de 1994, y de otro, a todos los que estaban fuera del régimen especial en esa
fecha. Tal equiparación desconocía que el régimen de transición protege las
expectativas legítimas «[p]or tanto, permitir que personas que no tenían ese tipo de
expectativa puedan beneficiarse de las ventajas que otorga el régimen especial al que da
lugar el precepto acusado, es avalar un tratamiento diferenciado –respecto de todos los
demás afiliados al sistema de pensiones- sin justificación. Recuérdese que a la luz del
artículo 13 Superior»19.

Precisamente, en la sentencia SU-210 de 2017 la Corte explicó que la postura
asumida en la sentencia C-258 de 2013 fue clara al señalar que «la finalidad del
régimen de transición es la de proteger las expectativas ciertas y existentes de quienes se
encontraban cotizando a un régimen de pensión especial al momento de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, el 1.º de abril de 1994. Por esta razón, para ser
beneficiario de la Ley 4.ª de 1992, era necesario que el Congresista o Magistrado hubiese
tenido tal calidad, con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley 100 de
1993 (1.º de abril de 1994)». De esta manera, recalcó que esta nueva postura es la
que debe ser acogida por los jueces y no la anterior de la Sala Plena del Consejo
de Estado, pues «constituye el precedente en vigor y con fuerza de cosa juzgada
constitucional».

Por su parte, el Consejo de Estado también ha exigido el cumplimiento de este
requisito, en armonía con lo expuesto. Así, en una sentencia reciente concluyó que
«tanto los congresistas como los magistrados de altas cortes que no tuvieran dicha calidad

19
C-258 de 2013.

9

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Demandante: Tiberio Villareal Ramos

a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, ha de entenderse que carecían de
una expectativa legítima respecto del régimen especial que los gobernaba con anterioridad
al sistema general de seguridad social en pensiones, aspecto que buscó proteger el
régimen de transición previsto en el precitado Decreto 1293 de 1994»20.

La posición antedicha ha sido plasmada también en otros pronunciamientos21 y
concuerda con la asumida en la sentencia de unificación CE-SUJ2-018-2022 en la
que se estudió el alcance de los artículos 1, 4 y 7 del Decreto 1359 de 1993.
Ciertamente, en la providencia se precisó el alcance del régimen especial de
pensiones que regulan y sus destinatarios y se definió la siguiente regla de
unificación23:

«1. Son beneficiarios del régimen especial de congresistas consagrado en el
Decreto 1359 de 1993:

1.1 Los congresistas que ejercieron su labor entre el 18 de mayo de 1992 y
adquirieron el estatus, fecha en que entró en vigencia la Ley 4 de 1992 y hasta el 1
de abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, siempre que cumplan
los requisitos consagrados en el art. 4 y 7 del Decreto 1359 de 1993, que son:

a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y haber tomado posesión
del cargo.
b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2
del parágrafo 2 del art. 1 de la Ley 33 de 1985.
c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y ante el ISS.
Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.»

De igual manera, en la providencia de unificación se estudió el correcto
entendimiento del artículo 2 y el párrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994
que estableció el régimen de transición para los congresistas y magistrados de las
altas cortes y que se citaron con antelación en esta providencia. En ella, se delimitó
su aplicación en la siguiente regla de unificación:

«1.3 Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite obtener el derecho a la aplicación del
régimen especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 son los siguientes:

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado
25000-23-42-000-2014-00999-01(3840-16).
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado
25000-23-25-000-2007-00242-01(0927-11).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2019, radicado
25000-23-25-000-2012-00638-01(0403-17).
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 8 de octubre de 2020, radicación: 25000-23-
42-000-2013-05893-01(0815-2015) CE-SUJ2-018-20.
23
La providencia también estableció otra regla para la aplicación del artículo 8.º del Decreto 1359 de
1993 que regula la situación de los congresistas pensionados vueltos a elegir; no obstante, no se
profundizará sobre esta por no ser este el supuesto de hecho que se analiza en esta sentencia.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

1.3.1 Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha ley, tenga:
a) (sic) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o 15 años o más de
servicios efectivamente cotizados.

b) Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen especial que son:

i) El ejercicio de la actividad legislativa a partir el 18 de mayo de 1992 y que dicha
situación no varió hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de
abril de 1994.
ii) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2º del
parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.
iii) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y ante el ISS.
Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
iv) Haber tomado posesión del cargo de congresista;
v) Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –Fonprecon-.
vi) Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante dicha entidad
pensional.

1.3.2 Los excongresistas que durante la legislatura que termina el 20 de junio de
1994:

Hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales
en cualquier modalidad, con derecho a obtener el reconocimiento, en este caso en
particular, a la edad de 50 años».

Así las cosas, tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en la
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ha primado el criterio
según el cual, para que un congresista o magistrado de alta corte pueda ser
beneficiario del régimen previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, sí
es requisito necesario que ocuparan sus empleos como congresista o magistrado
para el 1° de abril de 1994. Quienes no acrediten tal supuesto fáctico se rigen por
la Ley 100 de 1993, en materia pensional.

Por último, es importante precisar que, la pensión reconocida en virtud del Decreto
1359 de 1993 debe liquidarse con el IBL previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, de conformidad con la interpretación de la Corte Constitucional del
Acto Legislativo 01 de 2005 en la sentencia C-258 de 201324 y la sentencia de

24
Así lo hizo la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de las expresiones «durante el
último año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal» del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que
establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio de
igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en consideración que los

11

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado antes citada. En efecto,
en esta última se fijó la siguiente regla de unificación:

«1.4 El reconocimiento de la pensión de jubilación de congresistas y su reliquidación,
para los beneficiarios del régimen de transición, está a cargo de Fonprecon y se
concede de acuerdo con las modificaciones que se imprimieron a los artículos 5 y 6
del Decreto 1359 de 1993, por cuenta del Acto Legislativo 01 de 2005, siguiendo los
siguientes parámetros:

a) El ingreso básico de liquidación (IBL) debe obedecer a las reglas contenidas en
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según el caso;
b) Como factores de liquidación solo aplicarán: a) aquellos ingresos que hayan sido
recibidos efectivamente por el beneficiario; b) tengan carácter remunerativo del
servicio; y, c) sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas;
c) El porcentaje de liquidación pensional debe corresponder a un 75% del ingreso
base de liquidación
d) La mesada pensional no puede superar el tope o límite de 25 de SMLMV; y, se
debe reajustar cada año según el IPC.»

Lo anterior porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo incluyó dentro del
régimen de transición los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y
tasa de reemplazo, pero no el ingreso base de liquidación.

2.2.2. Actos administrativos de ejecución susceptibles de control de legalidad
por vía judicial

El acto administrativo es toda declaración unilateral de la voluntad de la
administración pública o de un particular, efectuada en ejercicio de la función
administrativa otorgada por la constitución o la ley, capaz de producir efectos
jurídicos directos o definitivos, es decir el mecanismo por el cual la administración
crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada.

Respecto de la anterior definición, esta Corporación ha destacado las siguientes
características25:

i) Es una declaración unilateral;
ii) Se profiere en ejercicio de la función administrativa;
iii) Produce efectos jurídicos.

Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública han hecho
que la jurisdicción y la doctrina delimiten conceptualmente el acto administrativo con

artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión «por todo concepto»,
por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa medida,
para efectos de liquidar la pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005, radicado 11001-03-24-
000-1999-02477-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

el fin de determinar la susceptibilidad de su control de legalidad por vía judicial. En
ese orden hay tres tipos de actos a saber: el primero, denominado acto preparatorio
o de trámite, por medio del cual, si bien la administración no resuelve el fondo de la
controversia, si da impulso a la actuación administrativa a fin de llevarla hasta su
culminación26; el segundo, corresponde a los actos definitivos, es decir aquel que
resuelve o decide directa o indirectamente el fondo de un asunto; y el tercero, que
ha sido previsto como acto de ejecución, a través del cual la administración se limita
a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa.

Ciertamente, respecto de este último tipo de actos esta Corporación, de manera
reiterada27 ha determinado que, por si solos, no son enjuiciables ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, por cuanto, cualquiera fuere la forma en que se
manifieste, dicho acto no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna.

Así las cosas, para esta Sala es claro que los actos de ejecución son aquellos a
través de los cuales la administración ejecuta las órdenes impartidas por una
autoridad judicial o administrativa, razón por la cual no son controlables
judicialmente, ya que no contienen la expresión de la voluntad de la administración,
sino que, por el contrario, se limitan a materializar esas decisiones. Distinto es que
de su contenido se pueda advertir que la administración se apartó de lo dispuesto
por la autoridad y, como consecuencia, creó, modificó o extinguió una situación
jurídica particular lo que impondría considerar que se trata de un verdadero acto
administrativo susceptible de control.

Ahora bien, y sin perjuicio de lo expuesto, el criterio moderno señala que cuando los
oficios contienen declaraciones de voluntad, de ciencia o cognición proferida en
ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos directos y
definitivos sobre determinados asuntos, son verdaderos actos administrativos y por
ende susceptibles de control de legalidad por vía judicial. De ahí que, se haya
sostenido que no puede el juez inhibirse para efectuar un pronunciamiento de fondo,

26
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 1997, expediente 3762,
M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.
27
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1991,
expediente CE-SEC3-EXP1191-N5934, M.P. Julio césar Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de septiembre de 2007, expediente 25000-
23-25-000-1999-03741-01 (7392-05), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 5 de junio de 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00015-00
(0044-11), M.P. Bertha lucía Ramírez de Páez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-
25-000-2003-01124-02 (1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado,
Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-
02 (1717-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de
2013, T-153 de 2015, T-464 de 2015 y T-228 de 2016

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

cuando a través de estos la administración exterioriza directamente su voluntad
sobre la reclamación puesta a su consideración28.

Lo anterior, comoquiera que lo importante, para que tenga la connotación de acto
administrativo susceptible de control judicial es que contenga una decisión producto
de la función administrativa y que produzca efectos jurídicos, sin que interese su
denominación ni clasificación.

En consecuencia, en aquellos casos en los que el acto cree, modifique o extinga
una situación jurídica diferente, se está frente a un verdadero acto administrativo, el
cual puede ser objeto de control de legalidad por vía judicial, toda vez que excedió
parcial o totalmente lo dispuesto en la providencia o acto administrativo que lo
originó.

2.3. Caso en concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Mediante la Resolución 469 del 18 de junio de 1992, Fonprecon reconoció y ordenó
el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de Tiberio Villareal
Ramos, en cuantía de $613.287, efectiva a partir del 2 de abril de 1992,
condicionada al retiro definitivo del servicio oficial29.

• Por inclusión de nuevos tiempos y factores salariales, a través de las resoluciones
989 del 26 noviembre de 199330 y 706 del 12 de junio de 199631 la entidad
demandada reliquidó la pensión reconocida, incrementando la mesada en cuantía
de $5’491.876.

• En sentencia del 22 de abril de 200532, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda ordenó la suspensión provisional de las
resoluciones 989 del 26 noviembre de 1993 y 706 del 12 de junio de 1996, razón

28
Sobre el particular ver: Consejo de estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2006,
expediente 25000-23-27-000-2005-01131-01 (15784), M.P. Consuelo Sarria Olcos. Consejo de
Estado, Sección Segunda, providencia del 18 de febrero de 2010, expediente 25000-23-25-000-
2001-10589-01 (1712-2008), M.P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sección
Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-01124-02 (1712-
2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia 4
de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-2009), M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013, T-153 de 2015, T-464
de 2015 y T-228 de 2016.
29
Folios 28 al 31 del cuaderno de antecedentes administrativos.
30
Folios 49 al 53 del cuaderno de antecedentes administrativos.
31
Folios 91 al 95 del cuaderno de antecedentes administrativos.
32
Folios 176 al 181 cuaderno de antecedentes administrativos.

14

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

por la cual, con la Resolución 612 del 18 de mayo de 200533, Fonprecon descontó
los factores concernientes a tiquetes aéreos y redujo la mesada en cuantía de
$13’844.891.

• Por medio de la Resolución 361 del 16 de marzo de 201134 la entidad demandada
dio cumplimiento a la sentencia del 2 de septiembre de 201035, mediante la cual la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado36 confirmó la decisión de
declarar la nulidad parcial de las resoluciones 989 del 26 de noviembre de 1993 y
706 del 12 de junio de 1996, en cuanto incluyó en el ingreso base de liquidación
pensional el valor correspondiente a tiquetes aéreos, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Por tanto, reliquidó la pensión de Tiberio Villareal
Ramos en cuantía equivalente a $19’436.033.

• A través del Oficio 20133170069441 del 16 de julio de 201337, el director general
de Fonprecon le comunicó al actor que «a partir del mes de julio de 2013 su mesada
pensional» sería ajustada al tope de los 25 SMLMV, por cuanto excedía dicho monto.

• Con escrito del 29 de julio de 201338 el demandante recurrió la anterior decisión y
por medio del Oficio 20132000079141 del 8 de agosto de 2013 Fonprecon negó el
recurso de reposición39.

De las pruebas relacionadas se establece que el Oficio 20133170069441 del 16 de
julio de 2013, por medio del cual el director general de Fonprecon le comunicó al
actor que desde el mes de julio de 2013, en cumplimiento de la sentencia C-258 de
2013, su mesada pensional sería ajustada a 25 SMLMV, constituye un verdadero
acto de ejecución, el cual no puede ser objeto de control de legalidad por vía judicial.

Así las cosas, la Sala pasará a revisar si el acto administrativo demandado creó,
modificó o extinguió una nueva situación jurídica o si por el contrario estuvo ajustado
a las órdenes impartidas por en la sentencia C-258 de 2013.

La Corte Constitucional en la mencionada decisión analizó la exequibilidad del
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones
para los congresistas y demás cargos análogos a estos y en lo que respecta a los
beneficios pensionales de los congresistas, precisó que «desde la Ley 4ª de 1996

33
Folios 105 al 108 cuaderno de antecedentes administrativos.
34
Folios 436 al 438 cuaderno de antecedentes administrativos.
35
Folios 364 al 388 cuaderno de antecedentes administrativos.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de septiembre de 2010,
radicado 25000-23-25-000-2005-90223-02 (1402-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
37
Folio 478 cuaderno de antecedentes administrativo.
38
Folios 474 al 477 cuaderno de antecedentes administrativo.
39
Folios 495 al 499 cuaderno de antecedentes administrativo.

15

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a limites en su cuantía»,
por cuanto, dicha restricción permite una distribución equitativa de los recursos en
seguridad social y materializar los principios de «solidaridad, eficacia, universalidad y
sostenibilidad discal».

Asimismo, dispuso que, a partir del 31 de julio de 2013 y sin necesidad de
reliquidación, no podrían causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV, por tanto,
todas las mesadas pensionales, inclusive aquellas reconocidas con anterioridad a
su expedición deberían ajustarse «automáticamente a este tope por la autoridad
administrativa».

Más adelante, en sede de tutela40, la Corte Constitucional determinó que «los actos
administrativos a través de los cuales el Fondo de Pensiones del Congreso de la República
dio cumplimiento a la Sentencia C-258 de 2013, cuya parte resolutiva determinó que no
pueden existir pensiones superiores a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes»
no son susceptibles del control de legalidad ante el contencioso administrativo, ni
pueden ser controvertidos a través de acciones judiciales porque «ello implicaría
desconocer una decisión judicial la cual goza del carácter de cosa juzgada».

Además, precisó que i) la decisión adoptada por virtud de la Sentencia C-258 de
2013 también se aplicaría a las pensiones reconocidas con anterioridad a las
órdenes impartidas en esa sentencia de constitucionalidad, toda vez que los topes
en las mesadas pensionales fueron previstos en el ordenamiento desde la
expedición de las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993; y ii) los actos de
ejecución podían ser controvertidos judicialmente solo si se llegare a probar que la
administración pública se apartó del alcance de la providencia judicial y, en lugar de
obedecer la cosa juzgada, profiere una decisión de fondo con la que desborda lo
ordenado.

Ciertamente, constatado el acto demandando a la luz de las órdenes impartidas por
la Corte Constitucional, esta Sala encuentra que Fonprecon no excedió el alcance
de la sentencia C-258 de 2013; por el contrario, dio estricto cumplimiento a las
órdenes allí impartidas, al efectuar el reajuste automático del monto de las mesadas
pensionales del accionante en 25 SMLMV, por cuanto esta superaba dicho tope
constitucional. En consecuencia, no es posible predicar una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso en el caso analizado, así como tampoco es posible
inferir que el Oficio 20133170069441 del 16 de julio de 2013 haya omitido,
cambiado, suprimido o extralimitado la orden judicial, sino que solo se limitó a
ejecutarla, toda vez que, en el caso analizado, no se ha efectuado una reducción
abrupta de la mesada pensional por falta de sustento jurídico o jurisprudencial. En

40
Corte constitucional, sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-060 de 2016, T-615 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-210 de 2017, T-039 de 2018, T-360 de 2018 y SU-575 de 2019.

16

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

este sentido, no es procedente su enjuiciamiento, toda vez que de declararse su
anulabilidad se estaría frente al desconocimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional.

En efecto, en consideración a las precisas órdenes impartidas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, la demandada estaba obligada a
ajustar la prestación al tope de 25 SMLMV, sin necesidad de adelantar un
procedimiento administrativo previo. Al respecto, en el ordinal cuarto de esa decisión
se dispuso:

«Las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con abuso
del derecho o con fraude a la ley, en los términos del acápite de conclusiones de esta
sentencia, se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad
social competentes, quienes podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda, a
más tardar el 31 de diciembre de 2013». [Se resalta]

En relación con el ajuste en comento en la sentencia SU-575 de 2019 la Corte
precisó que «las órdenes dadas por la Corte Constitucional en [la] sentencia de control
abstracto de constitucionalidad […] hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en los
términos del artículo 243 de la Carta Política y […] determinó que ninguna pensión con
cargo a recursos públicos puede superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes», con base en lo cual se advierte que el reajuste del monto de las pensiones
debe acompasarse con lo dispuesto por la sentencia C-258 de 2013, pues fijó una
regla inequívoca, cuyo cumplimiento era imperativo para los fondos de pensiones
so pena de incurrir en un abierto desacato a una orden judicial impartida en sede de
control de constitucionalidad.

Así, como consecuencia de la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la aludida
decisión, la demandada no tenía una alternativa diferente de disponer el ajuste
automático de la pensión que venía devengando Tiberio Villareal Ramos en aras de
que se ajustara a los mandatos constitucionales41. En consecuencia, dicha
determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable modificatoria de
la situación jurídica del actor; por el contrario, reúne las características de un acto
de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional,

41
Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias: i) De la Corte
Constitucional. Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073 de 2019, SU-575
de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673; ii) del Consejo de Estado:
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 13 de
noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 30 de octubre
de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-02515-02 (4114-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 21 de febrero de
2019, radicado: 63001-23-33-000-2018-00103-01 (4771-18).
• Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, auto de 16 de agosto de 2018, radicado: 11001-
03-15-000-2014-04194-01(AC) A.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

vinculante para todas las autoridades públicas. Valga reiterar que estas
consideraciones han sido expuestas en las sentencias T-892 de 2013, T-320 de
2015, T-360 de 2018, T-073 de 2019 al señalar que la aplicación del límite al monto
pensional resulta un imperativo para las entidades encargadas del pago de
estas prestaciones, pues se trató de un mandato constitucional que rige para todas
las pensiones que se paguen con recursos públicos.

A juicio de la Corte la ejecución de la sentencia C-258 de 2013 resulta inexorable y
se constituye en una materialización del Acto Legislativo 1 de 2005, así como los
principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia,
universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral;
además, esta corporación ha señalado que los límites máximos de la prestación
fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron
reiterando en las leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 200342.

Sobre este particular en sentencia T- 615 de 2016 la Corte Constitucional indicó:

«si la Corte Constitucional no estableció la necesidad de efectuar un procedimiento
administrativo es porque, precisamente, el reajuste automático de las mesadas
pensionales estaba encaminado a dar cumplimiento a una norma constitucional, y
a evitar que se perpetuara una vulneración de los principios de sostenibilidad financiera,
solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el sistema de seguridad social, de
acuerdo con la reforma contenida en el Acto Legislativo No. 01 de 2005» (se resalta).

Ahora bien, en este punto la Sala advierte que tanto los argumentos de la apelación
como aquellos expuestos en el libelo inicial no han estado encaminados a demostrar
la ilegalidad del acto demandado, sino que, únicamente, se encuentran dirigidos a
cuestionar los motivos que dieron origen a la sentencia C-258 de 2013. Por todo lo
expuesto, se confirmará la sentencia apelada que declaró probada la ineptitud
sustantiva de la demanda por cuanto el acto acusado no es pasible de control
jurisdiccional. A su vez, por cuanto, como lo ha considerado esta corporación, una
interpretación diferente de la planteada conduciría a desconocer la cosa juzgada de
un debate judicial ya concluido43.

42
Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de
2021, radicado 25000-23-42-000-2013-06166-01 (0670-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
43
En cuanto a la imposibilidad de enjuiciar actos de ejecución o información, pueden consultarse las
siguientes providencias del Consejo de Estado:
• Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. María Adriana Marín, auto de 3 de agosto de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2020-02799-00.
• Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, sentencia de 3 de abril de 2020,
radicado: 25000-23-26-000-2008-00107-01 (41442)
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, auto de 8 de agosto de 2019,
radicado: 25000-23-42-000-2015-05932-01 (0459-2017).

18

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.44

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

• Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, auto de 11 de diciembre de
2017, radicado: 25000-23-42-000-2014-00173-01 (1607-2015).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D. C., sentencia de 8 de
junio de 2017, radicado: 25000-23-42000-20140-0188-01 (1924-2015).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 27 de julio de 2015,
radicado: 25000-23-42-000-2014-00079-01 (0717 – 2015).
• Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de
mayo de 2014, radicado: 13001-23-31-000-2009-00309-01 (1879-12).
44
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

19

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022)
Demandante: Tiberio Villareal Ramos

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Oficio 20133170069441
del 16 de julio de 2013, por medio del cual Fonprecon dio cumplimiento a la
sentencia C-258 de 2013 es un acto de ejecución el cual no es susceptible de control
judicial, comoquiera que se ajustó a lo ordenado por la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A por medio de la
cual se declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT

20

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