Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05500-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05500-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05500-03
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05500-03 (4296-2022)
Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandado: María Luisa Barrera Blanco
Tema: prima técnica. Subtema 1: el reconocimiento requiere que el nombramiento
sea en propiedad. Subtema 2: Decreto Ley 1661 de 1991 y Decreto Reglamentario
2164 de 1991. Subtema 3: el Decreto 1724 de 1997 restringió los beneficiarios a los
empleados de los niveles directivo, asesor o ejecutivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de mayo de 2022, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Cámara de Representantes solicita la nulidad de los actos administrativos que le
reconocieron a la demandada la prima técnica y la reajustaron hasta el valor del 50 %
del salario, con sustento en que no ejercía un cargo del nivel directivo, ejecutivo o
asesor como lo exige el Decreto 1724 de 1997. El Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución que
reconoció la prima técnica, pero negó que se ordenara a la accionada devolver las
sumas pagadas. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación y señaló que sí tiene un derecho adquirido al reconocimiento de la prima
técnica porque es beneficiaria de la transición del Decreto 1724 de 1997.
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05500-03 (4296-2022)
Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandada: María Luisa Barrera Blanco
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La Cámara de Representantes, mediante apoderado, presentó demanda el 12 de
noviembre de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la señora María Luisa Barrera Blanco con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de las resoluciones 650 del 15 de julio de 1999, 1080 del 15 de
junio de 2006 y 2403 del 20 de diciembre de 2007 que le reconocieron la prima técnica
a la señora María Luisa Barrera Blanco.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la señora María
Luisa Barrera Blanco la devolución de los dineros pagados por concepto de la prima
técnica, desde el 15 de julio de 1999. Asimismo, pidió que los valores sean indexados.
4. Como pretensiones subsidiarias pidió que se declare la nulidad de las resoluciones
1080 del 15 de junio de 2006 y 2403 del 20 de diciembre de 2007, que reajustaron la
prima técnica, y que se disponga la devolución de las sumas pagadas desde el 15 de
junio de 20061.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. La señora María Luisa Barrera Blanco fue nombrada en provisionalidad en el
empleo de mecanógrafa, mediante la Resolución MD 527 de 1993, e incorporada en
carrera administrativa el 3 de julio de 19796. Posteriormente, el 1° de junio de 1999
fue inscrita en carrera administrativa en el cargo de auxiliar administrativa grado 4.
7. La Resolución MD 650 del 15 de julio de 1999 le reconoció la prima técnica a la
demandada, por desempeñar el cargo de auxiliar administrativo, en el porcentaje del
15 %.
8. Posteriormente, la accionada fue nombrada en encargo por 84 días en el empleo
de secretaria ejecutiva, a través de la Resolución MD 1009 del 27 de septiembre de
1999.
9. A la señora María Luisa Barrera Blanco le fue reajustada la prima técnica mediante
la Resolución 1080 del 15 de junio de 2006, incrementándola en un 15 %, para
completar un 30 % en el cargo de auxiliar administrativo grado 4.
1 Samai, índices 9 y 10, expediente digital, ED_C03_CD3 FOLIO 1-DEMANDA (.zip) NroActua 9.
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Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandada: María Luisa Barrera Blanco
10. Luego, por medio de la Resolución 1420 del 13 de julio de 2007, fue encargada en
el empleo de secretaria ejecutiva grado 5. Más adelante, mediante la Resolución 2403
de 2007, se reajustó nuevamente su prima técnica en un 20 %, de manera que alcanzó
el 50 % de la asignación básica mensual. Finalmente, a través de la Resolución MD
626 del 9 de marzo de 2011, fue encargada en el cargo de secretaria ejecutiva grado
5.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. La demandante citó las siguientes normas vulneradas:
Del Decreto 1724 de 1997, los artículos 1° y 4.
Del Decreto 1336 de 2003, el artículo 1°.
Del Decreto 4178 de 2004, el artículo 1°.
12. Al explicar el concepto de violación, la entidad señaló que para la fecha de
presentación de la demanda, la accionada desempeñaba el cargo de periodista
nombrada en encargo, en el cual devenga el sueldo y la prima técnica. Sin embargo,
el artículo 1° del Decreto 1724 de 1997 restringió los cargos beneficiarios del
reconocimiento de la prima técnica, para los niveles directivos, asesores y ejecutivo,
por tanto, para la entidad la accionada no tiene derecho al reconocimiento de la prima.
13. La parte accionante expuso que, a partir de 2003, los empleos susceptibles del
reconocimiento de prima técnica en la entidad demandada se restringieron a los cargos
del nivel directivo, jefes de oficina asesora y asesores adscritos de manera permanente
a los despachos de la Mesa Directiva o sus equivalentes en los distintos órganos y
ramas del poder público. Aunque se mantuvieron como criterios de asignación la
formación avanzada y experiencia calificada y la evaluación del desempeño, su
procedencia quedó supeditada a que el servidor estuviera vinculado en alguno de
dichos empleos.
14. Con fundamento en lo anterior, afirmó que la señora María Luisa Barrera Blanco
no cumplía los presupuestos legales para acceder a ese beneficio, dado que para la
fecha de su reconocimiento se desempeñaba en el cargo de auxiliar administrativo,
empleo que no era susceptible de prima técnica. Asimismo, adujo que tampoco quedó
amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de
1997, por cuanto la prima técnica le fue reconocida el 15 de julio de 1999 mediante la
Resolución 650 de 1999. En consecuencia, planteó que los reajustes posteriores
conferidos por las resoluciones 1080 de 2006 y 2403 de 2007 también adolecen de
ilegalidad, en la medida en que dependen del acto inicial de reconocimiento y, por
tanto, siguen la misma suerte de este.
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2.2. Contestación de la demanda
15. La señora María Luisa Barrera Blanco se opuso a las pretensiones de la demanda
al estimar que la prima técnica le fue reconocida desde el año 1994, mediante la
Resolución MD 1215 de 1994, con un porcentaje del 10 %, y fue reajustada en la
Resolución MD 1712 del 6 de diciembre de 1995 en un porcentaje adicional del 5 %.
16. En este orden de ideas, solicitó que se tenga en cuenta que la prima técnica fue
otorgada en vigencia del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de la misma
anualidad, por consiguiente, la parte accionada alegó que es beneficiaria de la
transición del Decreto 1724 de 1997, toda vez que el derecho a la prima fue reconocido
antes de su expedición2.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 4 de mayo de 2022, declaró la nulidad parcial de la Resolución
MD 650 del 15 de julio de 1999 e indicó que «la accionada no tiene derecho a seguir
disfrutando la prima técnica reconocida en la Resolución No. MD 650 de 15 de julio de
1999 y de las resoluciones No. 1080 de 15 de junio de 2006 y No. 2403 de 20 de
diciembre de 2007, por las cuales se reajustó la prima técnica». Adicionalmente,
señaló que no había lugar a ordenar a la demandada la devolución de los dineros
pagados por concepto de la prima técnica. No impuso condena en costas.
18. Como fundamento de la decisión explicó que los actos acusados son ilegales
porque la accionada no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la prima
técnica. Así pues, afirmó que la señora María Luisa Barrera Blanco fue nombrada en
provisionalidad en la Resolución MD 527 de 1993, sin embargo, para tener derecho al
reconocimiento de la prima técnica debía estar designada en propiedad. Aclaró que si
bien, fue incorporada en carrera administrativa a través de la Resolución MD 807 del
3 de julio de 1996, en el cargo de auxiliar administrativo, este empleo no era
susceptible del reconocimiento de la prima técnica «toda vez que resultaba requisito
indispensable que el empleado estuviera en cargos de nivel ejecutivo, asesor o
directivo, tal como lo exige el artículo 1° del Decreto 1724 de 1997».
19. Por lo tanto, hizo énfasis en que la demandada no demostró el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto 2164 de 1991, en lo que concierne
a que el cargo perteneciera al nivel ejecutivo, asesor o directivo, para ser beneficiaria
del reconocimiento de la prima técnica. Por consiguiente, no tenía derecho al
reconocimiento de la prima ni a los reajustes posteriores.
2 Samai, expediente digital, índices 9 y 10, ED_C01_11ContestacionDeLaDemandaMariaLuisaBarrera(.pdf).
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20. En lo que respecta a la pretensión de devolución de los dineros consideró que
debe prevalecer el principio de buena fe, por tanto, negó el reintegro de los valores
reconocidos por la entidad3.
2.4. Recurso de apelación
21. La parte accionada interpuso recurso de apelación para que se revoque el fallo y,
en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. En este sentido, insistió en
que sí tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica, y que las únicas causales
para que la pierda están reguladas en el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, que
preveía:
ARTÍCULO 11.- Temporalidad. El disfrute de la prima técnica se perderá:
a) Por retiro del empleado de la entidad a la cual presta sus servicios;
b) Por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de las
funciones, caso en el cual el empleado sólo podrá volver a solicitarla transcurridos dos
(2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia mediante la cual
se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo susceptible de
asignación de prima técnica;
c) Cuando haya sido otorgada por evaluación del desempeño, se perderá, además, por
obtener el empleado calificación de servicios en porcentaje inferior al establecido en el
artículo 5o. de este Decreto o porque hubieren cesado los motivos por los cuales se
asignó.
22. Sostuvo que en estas causales «no se encuentra el desempeño de un empleo en
encargo». Entonces explicó que tiene un derecho adquirido al reconocimiento de la
prima porque no se ha retirado del servicio, no ha sido sancionada disciplinariamente
con suspensión en el ejercicio del cargo y se le han realizado las evaluaciones de
desempeño con un porcentaje superior a 90 %.
23. Para la demandada, el hecho de estar ejerciendo en encargo el empleo de
periodista no da lugar a que pierda el derecho a la prima técnica, ya que este cargo es
de carrera administrativa. Además, goza de un derecho adquirido acorde con la
transición del Decreto 1724 de 1997, toda vez que el reconocimiento de la prima se
realizó en vigencia del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 19914.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
24. Mediante auto del 20 de octubre de 20225, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió del periodo de correr
traslado a las partes.
3 Folios 225 a 234 del expediente físico, cuaderno principal.
4 Folios 238 a 240, expediente físico, cuaderno principal.
5 Samai, índice 3.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
26. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:
27. ¿La accionada tiene un derecho adquirido al reconocimiento y reajuste de la prima
técnica reconocida por la Cámara de Representantes, porque presuntamente se
consolidó bajo el Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 1991, de modo que
solo habría lugar a estudiar las causales de pérdida del derecho?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
28. La prima técnica es un reconocimiento económico orientado a atraer o mantener
en el servicio del Estado a funcionarios altamente calificados. Desde el Decreto Ley
1661 de 1991, expedido por el presidente de la República quedó estructurada sobre
los siguientes criterios: i) formación avanzada y experiencia altamente calificada y ii)
evaluación del desempeño.
29. En lo que respecta a la reglamentación interna, el artículo 9 del referido Decreto
Ley 1661 de 1991 reguló el otorgamiento de la prima técnica precisando que «dentro
de los límites consagrados en el presente Decreto, las entidades y organismos
descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus juntas,
consejos directivos o consejos superiores, tomarán las medidas pertinentes para
aplicar el régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la
política de personal que adopten».
30.El Decreto 2164 de 19916, que reglamentó el Decreto Ley 1661 de 1991, reguló
que la prima técnica por evaluación de desempeño sería reconocida a los empleados
que ejercieran, en propiedad, cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo,
6 ARTICULO 5º De la prima técnica por evaluación del desempeño. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica
los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente Decreto, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo,
profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales, y que obtuvieren un
porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90 %), como mínimo, del total de puntos de cada una de las
calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento.
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profesional, técnico, administrativo y operativo; cuya cuantía se determinaría por el jefe
del organismo y en las entidades descentralizadas por las Juntas o Consejos
Directivos o Superiores, según el caso. Además, precisó los elementos centrales, a
saber, la exigencia de que el servidor desempeñe el cargo en propiedad, la evaluación
mínima del 90% para la modalidad por desempeño, y las causales de pérdida del
beneficio, entre ellas el retiro del servicio, la sanción disciplinaria y la calificación
inferior al umbral exigido.
31. Más adelante, el Gobierno nacional en el Decreto 1724 de 1997 limitó el
reconocimiento de la prima técnica a los cargos directivo, asesor y ejecutivo, o sus
equivalentes en los diferentes órganos y ramas del Poder Público. De modo que
excluyó a los empleados de los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo.
32. Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de julio de 2000, consideró
que la exclusión de los niveles profesional y técnico no desconoció el derecho a la
igualdad, porque el presidente de la República podía variar el régimen de prima
técnica, cuya finalidad era mantener en el servicio a personas con conocimientos
altamente especializados, lo que no condicionaba la facultad del Gobierno nacional
para determinar los niveles beneficiarios según las necesidades del servicio 7.
33. Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 previó un régimen de transición,
para «aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto,
continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las
condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su
otorgamiento»8.
34. Posteriormente, el Decreto 1336 de 20039 modificó los cargos susceptibles del
reconocimiento de la prima técnica. Luego, el Decreto 2177 del 29 de junio de 200610
aumentó la exigencia para efectos de obtener la prima técnica por formación avanzada
a cinco años de experiencia altamente calificada, con lo cual modificó el artículo 3 del
Decreto 2164 de 1991. Por último, el presidente de la República expidió el Decreto
1164 de 201211 que modificó el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991 en lo pertinente a
la prima técnica por evaluación de desempeño y señaló que solo tendrían derecho a
ella los empleados que ejercieran en propiedad, los cargos del nivel Directivo, Jefes
de Oficina Asesora y de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los Despachos
de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de julio de 2000, proceso con radicado CE-SEC2-
EXP2000-N0216-98, M.P. Alberto Arango Mantilla.
8 Este decreto fue derogado por el Decreto 1336 de 2003 “por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para
los empleados públicos del Estado”.
9 «Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado».
10 «Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras
disposiciones sobre prima técnica».
11 «Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del desempeño».
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Administrativo, Subdirector de Departamento Administrativo, Superintendente,
Director de Establecimiento Público, Director de Agencia Estatal y Director de Unidad
Administrativa Especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del
Poder Público, y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento
(90%), como mínimo, del total de la última evaluación del desempeño, correspondiente
a un periodo no inferior a tres (3) meses en el ejercicio del cargo en propiedad.
35. En el caso del Congreso de la República, el artículo 9 de la Ley 52 de 1978 autorizó
el reconocimiento de la prima técnica hasta por el 40% de la asignación básica
mensual para determinados funcionarios del Congreso, con ponderación de estudios,
títulos y experiencia, al respecto señaló que:
Artículo 9º. Las Comisiones de la Mesa del Senado y de la Cámara de Representantes
podrán reconocer prima técnica hasta por un valor equivalente al cuarenta por ciento
(40 %) de la asignación básica mensual a los funcionarios elegidos por las plenarias
de ambas corporaciones; y los Directores Administrativos, a los Secretarios de las
Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes y a aquellos empleados cuyas
funciones sean de carácter técnico definido por la ley.
La asignación de prima técnica se hará por resolución motivada e individual, previa
valoración de las calidades profesionales y personales que se relacionen directamente
con las funciones inherentes al cargo, mediante una ponderación de factores
correspondientes a los títulos, experiencia y calidad. Asignada la prima técnica, cesará
en su disfrute por cambio de cargo; sin embargo, si el nuevo empleo fuere susceptible
de su asignación, podrá decretarse.
El reconocimiento de prima técnica se hará con base en la siguiente proporción:
estudios y títulos, hasta un veinte por ciento (20 %) y, experiencia, hasta el veinte por
ciento (20 %) complementario.
36. Luego, la Ley 5 de 199212, en el artículo 386, determinó que los empleados
vinculados al Congreso antes de la expedición de la referida ley, y que fueron
nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirían disfrutando de las prestaciones
sociales «en los términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición
de esta Ley».
37.Ahora bien, la Comisión de la Mesa de la Cámara de Representantes, mediante la
Resolución 413 del 16 de julio de 1993 reglamentó la prima técnica para sus
empleados, en los siguientes términos:
Artículo primero: Reconócese Prima Técnica a los empleados de Planta y Unidad de
Trabajo Legislativo, de la Honorable Cámara de Representantes en los términos
establecidos por el Decreto Ley 1661 de 1991, Decreto 2164 de septiembre 17 de 1991
y Ley 52 de 1978.
[…]
Artículo cuarto: Para asignación de Prima Técnica se valorarán los factores
12 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes».
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correspondientes, teniéndose en cuenta la asignación básica mensual de conformidad
con los siguientes niveles, dentro de los cuales se aplicarán los respectivos criterios de
evaluación de los requisitos:
1.- Ejecutivo.
2.- Asesor.
3.- Profesional.
4.- Técnico.
5.- Administrativo.
6.- Operativo.
Artículo quinto: Criterios.– Para evaluar en cada caso el otorgamiento de la Prima
Técnica, se tendrán en cuenta los siguientes factores:
A.– Para los niveles Ejecutivo, Asesor y Profesional.
1.– Título de estudios de formación avanzada y tres años de experiencia calificada.
2.– Terminación de estudios de formación avanzada y seis años de experiencia
calificada.
3.– Por evaluación del desempeño.
4.– Por otros estudios.
B.– Para los empleados que ocupen cargos en los niveles técnico, administrativo y
operativo, con base en el criterio de evaluación del desempeño.
38. Por su parte, esta corporación en un proceso de simple nulidad consideró que
desde la expedición del Decreto Reglamentario 2164 de 1991, se estableció el
requisito según el cual el empleado debía estar nombrado en propiedad para tener
derecho al reconocimiento de la prima técnica, en los criterios de formación avanzada
y experiencia, así como por evaluación de desempeño. En este orden de ideas, la
Sección Segunda, Subsección B concluyó que dicho decreto excluyó a quienes
estuvieran nombrados en provisionalidad o en encargo, así13:
Sobre el particular anota la Sala, que a partir del Decreto Reglamentario 2164 de 1991,
artículos 4º, 5º y 9º, por primera vez se incluye el requisito de estar nombrado en
propiedad, para que un servidor pueda serle reconocida la prima técnica […].
En ese sentido, de acuerdo con el marco normativo fijado por el Gobierno Nacional
para regular lo relacionado con el régimen de prima técnica en todas las entidades
públicas del orden nacional, dicha prestación sólo se otorgará a los servidores
indicados en los referidos decretos, siempre que estén designados con carácter
permanente o en propiedad, lo cual excluye, en virtud del principio de identidad, a
quienes estén designados en calidad de provisionales o en encargo.
39.Dicho criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado en el sentido que la prima técnica solamente se puede otorgar a los
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, proceso con radicado
11001-03-25-000-2013-00171-00 (0415-13), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandada: María Luisa Barrera Blanco
empleados designados en propiedad. Se ha indicado que el encargo es un derecho
preferencial consistente en una situación administrativa que se concreta en una
designación temporal para que un servidor nombrado en carrera administrativa pueda
ejercer las funciones de otro empleo debido a la ausencia del titular, la cual no
interrumpe la continuidad en el servicio, pero no tiene la virtualidad de generar el
derecho al pago de la prima técnica, en tanto, no se ejerce el cargo en propiedad14.
3.4. Hechos probados relevantes
40. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Nombramientos
41. Mediante la Resolución MD 527 del 24 de abril de 1993, la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes nombró en provisionalidad a la señora María Luisa Barrera
Blanco para desempeñar el cargo de mecanógrafa grado 0315.
42. A través de la Resolución MD 581 del 15 de septiembre de 1993, la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes trasladó a la demandada a la División Financiera y
de Presupuesto, en el cargo de mecanógrafa grado 0316.
43. Por medio de la Resolución MD 0094 del 29 de enero de 1996, la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes nombró en periodo de prueba dentro de la carrera
administrativa a la señora María Luisa Barrera Blanco, para desempeñar el cargo de
mecanógrafa grado 03 de la Sección de Pagaduría, por el término de 4 meses,
contados a partir del 1º de febrero de 199617.
44. A través de la Resolución 0807 del 3 de julio de 1996, la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes inscribió e incorporó en carrera administrativa a unos
servidores, entre ellos, a la señora María Luisa Barrera Blanco. En la parte
considerativa expuso que, de conformidad con la Resolución 001 de 1992, los
servidores se sometieron a un proceso de selección, aprobaron los exámenes y
entrevistas, y fueron nombrados en periodo de prueba de cuatro meses18.
45.En la Resolución MD 1117 del 26 de agosto de 1998, la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, en uso de las facultades conferidas en la Ley 5 de 1992
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, proceso con radicado
25000-23-42-000-2014-01728-01 (1589-19), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo, consultar la
sentencia del 9 de febrero de 2023, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2019-00509-01 (2635-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 Folio 12, expediente físico, cuaderno principal.
16 Folio 14, expediente físico, cuaderno principal.
17 Folio 15 expediente físico, cuaderno principal.
18 Folios 17 a 19, expediente físico, cuaderno principal.
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y la Resolución 001 de 1992, ascendió en periodo de prueba dentro de la carrera
administrativa a la accionada, para desempeñar el cargo de auxiliar administrativo de
la Sección de Suministros grado 04, por el término de 4 meses, contados a partir de la
fecha de posesión en el cargo19.
46. Mediante la Resolución MD 0501 de 1º de junio de 1999, la Cámara de
Representantes inscribió e incorporó en carrera administrativa a la demandada, según
lo preceptuado en la Resolución 001 de 1992, para los servidores que se sometieron
al proceso de selección20.
47. Acorde con la certificación expedida por el jefe de División de Personal, del 3 de
octubre de 2016, la señora María Luisa Barrera Blanco, en la Resolución 626 del 9 de
marzo de 2011 fue nombrada en encargo en el empleo de secretaria ejecutiva grado
05 de Auditoría Interna y mediante la Resolución 746 del 28 de abril de 2015 se terminó
el encargo. En la referida resolución de 2015, la señora María Luisa Barrera Blanco
fue nombrada en encargo en el empleo de periodista grado 06, y se posesionó el 20
de mayo de 2015. Para la fecha de expedición del certificado, la accionada seguía
vinculada como periodista grado 0621.
• Reconocimiento y reajuste de la prima técnica
48. En el proceso obra la Resolución 1215 del 30 de diciembre de 1994, en la cual la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ordenó el reconocimiento y pago de
una prima técnica a favor de la señora María Luisa Barrera Blanco, en el cargo de
mecanógrafa, por el valor equivalente al 10 % de la asignación básica mensual22.
Dicho porcentaje fue reajustado en un 5 % de la asignación básica con la Resolución
1727 de 6 de diciembre de 1995, para el empleo de mecanógrafa23.
49. A través de la Resolución 0650 del 15 de julio de 1999 (demandada), la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes ordenó el reconocimiento y pago de una
prima técnica a favor de la señora María Luisa Barrera Blanco, en el cargo de auxiliar
administrativo de la Sección de Suministros grado 04, por valor equivalente al 15 % de
la asignación básica mensual. En la parte motiva indicó que el artículo 9 de la Ley 52
de 1978 creó la prima técnica para los funcionarios del Congreso de la República24.
50. En la Resolución 1080 del 15 de junio de 2006 (demandada), el presidente de la
Cámara de Representantes ordenó el reajuste de la prima técnica reconocida a la
demandada, en el cargo de auxiliar administrativo de la Sección de Suministros Grado
04 por valor adicional del 15 % de la asignación básica mensual, para un total del 30
19 Folios 20 a 21, expediente físico, cuaderno principal.
20 Folios 23 a 24, expediente físico, cuaderno principal.
21 Folio 138, expediente físico, cuaderno principal.
22 Folios 120 a 127, expediente físico, cuaderno principal.
23 Folios 128 a 137, expediente físico, cuaderno principal.
24 Folios 25 a 26, expediente físico, cuaderno principal.
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%25.
51. Mediante la Resolución 2403 del 20 de diciembre de 2007 (demandada), el
presidente de la Cámara de Representantes ordenó el reajuste de la prima técnica
reconocida a la accionada, en el cargo de auxiliar administrativo de la Sección de
Suministros grado 04 por el valor de 20 % de la asignación básica mensual, para un
total del 50 %26.
3.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo análisis, la Cámara de Representantes solicita la nulidad de las
resoluciones MD 650 de 1999, por la cual le reconoció una prima técnica a la señora
María Luisa Barrera Blanco, en el cargo de auxiliar administrativo, en el porcentaje del
15 %; así como de las resoluciones 1080 de 2006 y 2403 de 2007, que reajustaron el
valor de la prima técnica hasta el 50 %. Como fundamento de la demanda, indicó que
la accionada no está nombrada de forma permanente en un cargo del nivel directivo,
ejecutivo o asesor.
53. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la Resolución
MD 650 del 15 de julio de 1999, que ordenó el reconocimiento de la prima técnica y,
en consecuencia, declaró que la demandada no tenía derecho al reajuste otorgado en
las resoluciones 1080 de 2006 y 2403 de 2007, e igualmente dispuso que no hay lugar
a ordenar la devolución de los dineros pagados por concepto de la prima.
54. La parte demandada interpuso recurso de apelación donde alega que el Decreto
2164 de 1991 no regula la designación en encargo dentro de las causales para perder
el derecho al pago de la prima técnica, por tanto, es titular de un derecho adquirido,
bajo la transición del Decreto 1724 de 1997.
55. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación, se destaca que en
el proceso está acreditado que la señora María Luisa Barrera Blanco fue nombrada en
provisionalidad en el cargo de mecanógrafa grado 3, en la Resolución MD 527 de 24
de abril de 1993, luego fue incorporada en carrera administrativa, en el mismo cargo,
a través de la Resolución 0807 del 3 de julio de 1996, con fundamento en la Resolución
001 de 199227. Posteriormente, mediante la Resolución MD 0501 de 1º de junio de
1999, la Cámara de Representantes inscribió e incorporó en carrera administrativa a
la demandada, en el empleo de auxiliar administrativo28. El 30 de mayo de 2015, la
accionada empezó a ejercer en encargo el cargo de periodista, nombrada a través de
la Resolución 746 del 28 de abril de 201529, empleo en el que devenga la prima técnica.
25 Folios 29 a 32, expediente físico, cuaderno principal.
26 Folios 33 a 36, expediente físico, cuaderno principal.
27 Folios 17 a 19, expediente físico, cuaderno principal.
28 Folios 23 a 24, expediente físico, cuaderno principal.
29 Folio 138, expediente físico, cuaderno principal.
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56. Así pues, para poder determinar si la accionada tenía derecho al reconocimiento
de la prima técnica, se establece que el Decreto Ley 1661 de 1991, en el artículo 3
dispuso que para tener derecho a la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada se requería desempeñar un cargo de los «niveles
profesional, ejecutivo, asesor o directivo» y que «la Prima Técnica con base en la
evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles».
57. Ahora bien, el Decreto Reglamentario 2164 de 1991 estableció que para tener
derecho al reconocimiento de la prima técnica por cualquiera de los dos criterios
(formación avanzada y experiencia altamente calificada, y evaluación de desempeño)
los empleados de los niveles destinatarios debían desempeñar el cargo en propiedad.
58. Por consiguiente, la señora María Luisa Barrera Blanco debía estar nombrada en
propiedad. Sin embargo, la designación realizada a través de la Resolución MD 527
de 1993 fue en provisionalidad en el cargo de mecanógrafa grado 03. De donde se
colige que no tenía derecho al reconocimiento de la prima técnica en vigencia del
Decreto Ley 1661 de 1991. De suerte que, contrario a lo afirmado en el recurso de
apelación, la demandada no tenía un derecho adquirido bajo esta normativa, por ello,
tampoco es beneficiaria de la transición regulada en el artículo 4 del Decreto 1724 de
1997, para quienes ya tenían reconocida la prima técnica en los niveles diferentes a
los directivo, asesor o ejecutivo.
59. En este orden de ideas, como no tenía derecho al reconocimiento de la prima
técnica en los términos del Decreto Ley 1661 de 1991 y del Decreto Reglamentario
2164 de 1991, no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que solo podría
perder la prima técnica por las causales previstas en el artículo 11 del Decreto
Reglamentario 2164 de 1991, comoquiera que el estudio de legalidad no concierne a
la pérdida del derecho, sino a que no cumplió el requisito de nombramiento en
propiedad para el reconocimiento de la prima técnica. Y, por ello, se reitera que no
tenía un derecho adquirido bajo el referido Decreto Ley 1661 de 1991.
60. Por otro lado, es relevante destacar que esta Subsección declaró la nulidad de la
Resolución 001 de 1992, con fundamento en la cual la Resolución MD 0807 del 3 de
julio de 1996 incorporó en carrera administrativa a la señora María Luisa Barrera
Blanco en el empleo de mecanógrafa grado 03, y posteriormente, la Resolución MD
0501 del 1° de junio de 1999, con fundamento en la misma Resolución 001 de 1992,
incorporó a la accionada a la carrera administrativa en el cargo de auxiliar
administrativo. La sentencia del 25 de septiembre de 1997 motivó la declaratoria de
nulidad, así30:
En efecto, al referirse al régimen que habría de gobernar los cargos de carrera la
Constitución dispuso en el artículo 125:
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de septiembre de 1997, CE-SEC2-
EXP1997-N13397, expediente 13397, M.P. Carlos Arturo Orjuela Gongora.
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[…]
Obsérvese cómo esta norma, preservando la preeminencia de la Carta, defiere
expresamente a la ley la competencia para regular los temas propios de la carrera
administrativa. Obviamente, al decir ley se refirió primeramente al Congreso de la
República como órgano legislativo, y sólo de manera subsidiaria y temporal autorizó al
presidente para los mismos efectos, según voces del artículo transitorio 21 […].
Ahora bien, en relación con la regulación de los cargos de carrera la Constitución no
facultó al Congreso para delegar su potestad legislativa en dependencias o instancias
de su propia estructura orgánica, pues de veras, en tratándose de la necesidad
institucional de proveer a una preceptiva legal el Congreso no tiene opción diferente a
la de actuar como un solo cuerpo, esto es, a través de las dos cámaras legislativas.
Apodíctica resulta entonces la expresión del artículo 50 de la Carta cuando prescribe
que:
“Corresponde al congreso hacer las leyes.”
Además, en materia de facultades extraordinarias emanadas del Congreso como
órgano legislativo el numeral 10 del citado artículo 150 establece una cláusula general
de competencia, conforme a la cual únicamente el Presidente de la República puede
ser destinatario de las mismas, previendo incluso los casos que en tales facultades son
improcedentes. De suerte que en manera alguna podría admitirse la posibilidad de que
el Congreso le difiera a una autoridad diferente facultades extraordinarias para dictar
actos con fuerza de ley.
Empero, desoyendo el claro mandato de las normas superiores se dispuso en el
segundo inciso del artículo 92 Transitorio de la ley 5 de 1992:
"Hasta el 20 de julio de 1992, las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de
Representantes, mediante Resolución establecerán las funciones y requisitos de los
cargos y los procedimientos administrativos básicos. En el mismo término, las Mesas
Directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, por una sola vez expedirán
por Resolución conjunta el Estatuto de la Carrera Administrativa de la Rama
Legislativa."
Desde luego que esta norma es manifiestamente inconstitucional, motivo por el cual
debe predicarse su inaplicabilidad a la luz del control excepcional estipulado en el
artículo 4 de la Carta Política.
Bajo este espectro constitucional precisa preguntarse ahora, ¿cuál habrá de ser la
suerte del acto acusado?; sencillamente la de la nulidad. Y es que a decir verdad no
existe otra alternativa jurídicamente posible ante la evidente incompetencia de las
susodichas Mesas Directivas para emitir actos con fuerza de ley.
62. Por consiguiente, el criterio de la corporación ha consistido en que es
improcedente el reconocimiento de la prima técnica, cuando la incorporación en
carrera administrativa se basó en la Resolución 001 de 1992, porque las mesas
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directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes no tenían
competencia para regular el procedimiento de selección para el ingreso a la carrera
administrativa31.
63. Ahora bien, en el año 1999, es decir, en vigencia del Decreto 1724 de 1997, la
Cámara de Representantes, en la Resolución MD 650 del 15 de julio de 1999, le
reconoció la prima técnica a la señora María Luisa Barrera Blanco en el empleo de
auxiliar administrativo. No obstante, como ya se explicó la accionada no tenía un
derecho consolidado conforme el Decreto Ley 1661 de 1991, de ahí que ella debía
desempeñar un cargo en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, como lo exige el
Decreto 1724 de 1997, para poder tener derecho a la prima técnica. Contrario a ello,
la entidad le reconoció la prima técnica, pese a que el cargo no pertenecía a dichos
niveles.
64. En consecuencia, para dar respuesta al problema jurídico, se determina que la
demandada no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica otorgada mediante
la Resolución MD 650 del 15 de julio de 1999, toda vez que no tenía un derecho
adquirido y consolidado en vigencia del Decreto Ley 1661 de 1991, porque no estaba
nombrada en propiedad. La incorporación efectuada con fundamento en la Resolución
001 de 1992 tampoco le otorgó derechos de carrera administrativa. Por último, en
vigencia del Decreto 1724 de 1997 no ejerció un cargo en los niveles directivo, asesor
o ejecutivo.
65. En lo que concierne al derecho de la actora al pago de la prima técnica durante los
encargos en los empleos de secretaria ejecutiva y periodista, en los años 2011 y 2015,
la Sala advierte que las resoluciones acusadas reconocieron la prima técnica en el
empleo de auxiliar administrativo, de donde se colige que el pronunciamiento se limita
a dichos actos administrativos. No obstante, se reitera que el nombramiento en
encargo no da derecho al reconocimiento de la prima técnica, el cual exige que la
designación sea en propiedad, tal como se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial. De modo que tampoco asiste la razón a la accionada cuando afirma
que como el cargo de periodista es de carrera tiene derecho al reconocimiento de la
prima técnica.
66. Por último, la Subsección observa que el fallo de primera instancia solamente
declaró la nulidad de la Resolución MD 650 del 15 de julio de 1999, por consiguiente,
se adicionará el numeral primero de la sentencia para declarar la nulidad de las
resoluciones 1080 del 15 de junio de 2006 y 2403 del 20 de diciembre de 2007, que
reajustaron la prima en el porcentaje del 50 % de la asignación básica mensual, por
encontrarse viciadas de nulidad, en tanto, la accionada no tiene derecho al pago de la
prima técnica.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2023, proceso con radicado
25000-23-42-000-2017-05589-01 (1648-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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67. En este orden de ideas, se desestiman los argumentos del recurso de apelación y
se confirma el fallo que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
4. Costas
68. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 32 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
69. La demandada no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica concedida
mediante la Resolución MD 650 del 15 de julio de 1999, ni a los reajustes, por cuanto
no acreditó la existencia de un derecho adquirido y consolidado bajo la vigencia del
Decreto Ley 1661 de 1991, en la medida en que no se encontraba nombrada en
propiedad. Del mismo modo, la incorporación efectuada con fundamento en la
Resolución 001 de 1992 no le confirió derechos de carrera administrativa. Finalmente,
durante la vigencia del Decreto 1724 de 1997, la demandada no desempeñó un
empleo perteneciente a los niveles directivo, asesor o ejecutivo, razón por la cual
tampoco satisfacía los presupuestos normativos exigidos para acceder a dicho
reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
32 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Nación - Cámara de Representantes
Demandada: María Luisa Barrera Blanco
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 4 de mayo de 2022, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Adicionar el numeral primero de la sentencia en el sentido de declarar la
nulidad de las resoluciones 1080 del 15 de junio de 2006 y 2403 del 20 de diciembre
de 2007, que reajustaron la prima técnica.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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