Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06382-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06382-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-06382-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 25000-23-42-000-2015-06382-01 (4789-2024)1
Demandante : Félix Antonio Cortés Alfonso
Sucesora procesal : María Elena Puentes de Álvarez
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)
Vinculada : Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Prohibición de ejercer simultáneamente más de un
empleo público y recibir doble asignación del erario -
Reliquidación de pensión docente con base en ingresos
devengados con posterioridad en la Contraloría General
de la República, conforme al Decreto 929 de 1976.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial de la parte demandante, contra la sentencia de 6 de junio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A2,
mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
El demandante, Félix Antonio Cortés Alfonso, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1 Expediente híbrido.
2 Magistrados: Dra. Carmen Alicia Rengifo Sanguino, Dr. Jose María Armenta Fuentes y Dr. Néstor Javier Calvo Chaves.
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Número interno: 4789-2024
Demandante: Félix Antonio Cortés Alfonso
Sucesora Procesal: María Elena Puentes De Álvarez
Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-FOMAG - UGPP
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución No. 4499
de 28 de agosto de 2015, mediante la cual, el FOMAG negó la solicitud de reliquidación
de la pensión de jubilación docente por retiro definitivo del cargo.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se condene a la demandada a
reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de jubilación, incluyendo «[…] la totalidad
de los factores salariales devengados en el semestre inmediatamente anterior al retiro definitivo del cargo
de [c]oordinador de [g]estión, [n]ivel [e]jecutivo, [g]rado de la […] Contraloría General de la República».
Asimismo, deprecó la indexación de la primera mesada pensional, el reajuste anual de la
pensión «[…] en un porcentaje equivalente a los reajustes del salario mínimo legal cuando este parámetro
resulte ser superior a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor» , y el reconocimiento
de los intereses moratorios previstos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, pidió la indexación de las sumas que resulten a su favor y el pago de los
intereses moratorios preceptuados por el artículo 192 del CPACA.
1.2 Hechos
Señaló el apoderado judicial que, el señor Félix Antonio Cortés Alfonso nació el 30 de
enero de 1947 y prestó sus servicios como docente en el Distrito Capital, en la jornada
nocturna del Colegio Nicolás Esguerra, desde el 10 de junio de 1974 hasta el 9 de
septiembre de 2002; y que, de manera simultánea, laboró en la Contraloría General de
la República desde el 30 de noviembre de 1989 hasta el 28 de abril de 2010,
desempeñándose como coordinador de gestión, Nivel Ejecutivo, Grado 2.
Indicó que, la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), mediante Resolución
No. 28351 de 31 de diciembre de 1997, le otorgó la pensión de gracia, con efectos a partir
del 30 de enero de 1997; y, posteriormente, el FOMAG, a través de Resolución No. 2615
de 18 de junio de 2002, le reconoció una pensión de jubilación docente ordinaria, a partir
del 9 de septiembre de 2002, prestación que, según expone, fue reliquidada mediante
Resolución No. 3848 de 20 de junio de 2003, teniendo en cuenta nuevos tiempos de
servicio.
Finalmente, relató que, el 12 de junio de 2015, solicitó al FOMAG la reliquidación de la
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Demandante: Félix Antonio Cortés Alfonso
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pensión con fundamento en su retiro definitivo de la Contraloría General de la República,
y con base en todos los factores salariales devengados durante el último semestre en
esa entidad. Sin embargo, dicha petición fue negada mediante el acto demandado.
1.3 Normas violadas y concepto de violación
Consideró el apoderado de la parte demandante que, el acto administrativo acusado
vulnera los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 83, 84, 95, 209 y 228 de la
Constitución Política, así como lo dispuesto en el Decreto 929 de 1976.
Solicitó tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-331 de
2000, en la cual, se precisó que, las personas pensionadas o con derecho a pensión en
el sector público, que no se hayan retirado del servicio, tienen derecho a la reliquidación
de su prestación tomando como base el promedio del último año de salarios sobre los
cuales han efectuado aportes al ente de previsión.
Sostuvo que, le asiste el derecho a que su pensión sea reliquidada conforme al artículo
7 del Decreto 929 de 1976, al haber acreditado más de veinte años de servicios en la
Contraloría General de la República, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último semestre, incluyendo los factores salariales
establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
2. Contestación de la demanda.
2.1 El FOMAG no contestó la demanda3.
2.2 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP), en calidad de vinculada al proceso4, presentó contestación de la
demanda5, en la que señaló que, no es procedente acceder a la reliquidación de la
pensión con fundamento en el Decreto 929 de 1976, por cuanto, el demandante se
encontraba afiliado al régimen especial de docentes, del cual derivó el reconocimiento de
su prestación pensional. En consecuencia, las cotizaciones efectuadas con posterioridad
a su retiro del servicio docente oficial carecen de efectos jurídicos dentro del régimen
3 Ver constancia en el acta de audiencia inicial que reposa a folio 102 del expediente físico.
4 Vinculada como litisconsorte necesario mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2019. Folios 274 y 275 del expediente.
5 Folios 278 a 295 del expediente físico.
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aplicable y, por lo tanto, resultan improcedentes para efectos de una nueva liquidación.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, sin
condenar en costas a la parte demandante. Como problema jurídico planteó el determinar
si al demandante le asistía el derecho a que el FOMAG reliquidara su pensión, teniendo
en cuenta el tiempo de servicios prestados en la Contraloría General de la República,
donde estuvo vinculado durante más de 20 años.
Luego de relatar los supuestos fácticos de la controversia, explicó que, conforme al
artículo 128 de la Constitución Política, es incompatible el desempeño simultáneo de más
de un empleo público y la percepción de más de una asignación proveniente del tesoro
público, salvo las excepciones legales; disposición que ha sido analizada por la Corte
Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, quienes han señalado que aquella
busca preservar la moralidad administrativa.
Agregó, que el señor Cortés Alfonso percibió durante trece años salario como docente y,
de manera simultánea, remuneración como servidor en la Contraloría. Asimismo, una vez
pensionado por el FOMAG, a partir del 9 de septiembre de 2002, continuó devengando
salario como empleado público en la Contraloría hasta el 28 de abril de 2010.
En ese sentido, concluyó que, dicho tiempo de servicios prestados no podía generar
derechos pensionales adicionales, en tanto vulneraba la prohibición constitucional y legal
de acumulación de asignaciones públicas. Al respecto, señaló que, las excepciones que
benefician a los docentes, consisten en que «[…] al tiempo que devengan pensión podrán
continuar laborando».
Sostuvo que, si bien «[…] las demandadas no alegaron que el [actor] hubiera actuado de mala fe para
acceder a los cargos ocupados, es decir, utilizando fraude o maniobras engañosas con el fin de causar
detrimento al patrimonio público ni mucho menos logró probarse tal conducta» , y este «[…] encontró
posible desempeñar ambos empleos porque el horario se lo permitía, pues en la Contraloría tenía asignado
un horario de oficina y en la noche ejercía la docencia» ; estima que su vinculación con la
Contraloría General de la República «[…] fue inconstitucional al desempeñar simultáneamente más
de un empleo público y percibir más de una erogación del tesoro público, por lo que se concluye que ese
tiempo no puede crear derechos para el demandante».
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Finalmente, consideró que «[…] las pensiones especiales se obtienen sólo en determinados
estamentos y bajo condiciones rigurosas; por lo que resultaría imposible que alguien pudiera lograr reunir
los tiempos para tal acontecimiento, salvo que sucediera lo que ocurrió con el actor que actuó
desconociendo los preceptos constitucionales y legales señalados, laborando en el ente de control estando
ya pensionado».
4. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante interpuso recurso de
apelación, al considerar que no se valoraron adecuadamente los fundamentos fácticos y
jurídicos expuestos en la demanda, en particular, lo relacionado con la procedencia de la
reliquidación de la pensión de jubilación, conforme al tiempo de servicios prestado en la
Contraloría General de la República. En su criterio, no se debió centrar el debate en la
supuesta incompatibilidad entre asignaciones provenientes del tesoro público, toda vez
que dicha conclusión desatiende los hechos del caso y desconoce que en el último año
de servicio el causante laboró exclusivamente para la Contraloría.
Expuso que, el señor Cortés Alfonso fue reconocido como pensionado por el FOMAG
mediante Resolución No. 2615 de 18 de junio de 2002, por haber prestado sus servicios
sus servicios como docente oficial; y que, entre el 30 de noviembre de 1989 y el 28 de
abril de 2010, estuvo vinculado a la Contraloría General de la República, sin que dichos
tiempos hayan sido tenidos en cuenta en la liquidación inicial de la pensión, pese a que
efectuó cotizaciones al sistema general de seguridad social.
Indicó que, la sentencia cuestionada desestimó la pretensión de reliquidación al
considerar inconstitucional la doble vinculación pública del causante, sin valorar que este
actuó dentro de una excepción legal reconocida por el artículo 32 del Decreto 1042 de
1978, norma vigente durante parte del tiempo de simultaneidad y agregó que, dicha
excepción fue ratificada por el archivo de una investigación disciplinaria adelantada por
la Contraloría, mediante Auto 386 del 21 de noviembre de 1996, en el cual se concluyó
que no existía infracción al artículo 128 de la Constitución, por cuanto los cargos no se
ejercían en jornadas simultáneas.
Adujo que, conforme al principio de non bis in idem, no era posible que se reabriera el
debate jurídico sobre la supuesta incompatibilidad, ya que, los mismos hechos y
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fundamentos fueron objeto de análisis en la referida actuación disciplinaria. Resaltó que,
conforme a la legislación aplicable, especialmente el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
y la Ley 91 de 1989, las prestaciones reconocidas a los docentes del FOMAG son
compatibles con otras remuneraciones, por lo que no existía causa jurídica válida para
negar la reliquidación pensional solicitada.
Finalmente, solicitó oficiar a la Oficina de Apoyo de Control Disciplinario de la Contraloría
General de la República para que aportara al proceso copia del auto disciplinario
mencionado, e informó que dicha solicitud fue radicada el 26 de junio de 2024. Adjuntó
copia de la petición y del respectivo soporte de envío como anexos al recurso.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto de 1° de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
La parte actora solicitó la práctica de pruebas documentales, consistentes en: (i) la
remisión de copia legible y completa del Auto 386 de 21 de noviembre de 1996, mediante
el cual se ordenó el archivo de la indagación preliminar disciplinaria 71 adelantada contra
Félix Antonio Cortés Alfonso y otro servidor público; y (ii) la certificación sobre el estado
jurídico actual de dicha providencia.
Sin embargo, el despacho negó el decreto de las pruebas pedidas por considerar que no
se cumplían los supuestos previstos en el artículo 212 del CPACA, toda vez que, no
fueron solicitadas por ambas partes, no se solicitaron en primera instancia, no pretendían
demostrar hechos sobrevinientes, ni se acreditó imposibilidad para pedirlas en la etapa
procesal correspondiente.
Por lo anterior, se dispuso que, una vez ejecutoriado el auto, la Secretaría debía
reingresar el expediente al despacho para proferir fallo dentro de los diez días siguientes.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
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La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150 del CPACA y con el alcance
preceptuado en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6.
2.2. Problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala determinar si el
ejercicio simultáneo del empleo de docente oficial o, el recibo de la pensión de jubilación
docente y el desempeño de un cargo en la Contraloría General de la República por parte
del actor, trasgrede o no la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política, y si, dicha situación «[…] no puede crear derechos para el demandante», como
consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En consecuencia, también resulta necesario establecer, si el FOMAG debe ajustar la
pensión de jubilación docente que concedió al demandante, de acuerdo con el Decreto
929 de 1976, esto es, con inclusión de los factores salariales devengados durante el
último semestre de servicios prestados en la Contraloría General de la República.
2.3. De la prohibición para desempeñar simultáneamente más de un empleo público
o recibir doble asignación del erario
El artículo 128 de la Constitución Política dispone que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley», efecto para el cual, se entiende por tesoro público el
de la Nación, entidades territoriales y descentralizadas.
La anterior norma constitucional fue desarrollada por la Ley 4ª de 1992, en su artículo
19, así:
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la
Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8)
horas diarias de trabajo a varias entidades. (Destaca la Sala)
A su turno, la Ley 60 de 19937, en su artículo 6 (inciso 3), establece:
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones (…) [se destaca].
Con relación a dicha norma y a las excepciones que benefician a los maestros oficiales
y tornan compatible el ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación, la
Corte Constitucional, en sentencia T-064 de 19958, sostuvo:
Entre los preceptos que han venido favoreciendo a los docentes al servicio de entidades
públicas cabe señalar el contenido en el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972, a cuyo tenor
«el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero
no se decretará el retiro forzoso del servicio al cumplir los 65 años de edad».
Así, pues, cuando en el asunto que se examina la Caja Nacional de Previsión Social, mediante
acto administrativo, desconoce la existencia de unas clarísimas excepciones al precepto
constitucional, establecidas por la ley con previa autorización de la propia Carta, las cuales
favorecen de manera específica a quienes cumplen la actividad docente, que es la ejercida
por la actora, lesiona abiertamente su derecho al trabajo.
En efecto, amparada en la misma norma constitucional que la Caja invoca y en la normatividad
legal que consagra el régimen excepcional, la peticionaria puede percibir las mesadas
correspondientes a su pensión sin que para ello deba renunciar al cargo de docente y, a la
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«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones»
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De 22 de febrero de 1995, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo.
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inversa, le es posible trabajar al servicio de la enseñanza sin que, contra su voluntad de
hacerlo, pueda CAJANAL oponer la consecuencia de una pérdida del derecho a la pensión,
ya que con ello impondría al trabajo un castigo que, para casos como el controvertido, no
tiene sustento en norma alguna.
[…]
Además, es claro para la Corte que, estando autorizada la peticionaria para ejercer como
docente sin detrimento de su pensión, la restricción proveniente del acto administrativo
vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, resulta relevante advertir que, el citado artículo 6° de la Ley 60 de 19939,
fue derogado por la Ley 715 de 2001.
Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude la letra g del artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992, referida a los docentes oficiales, esta Corporación, en sentencia de 6 de marzo
de 2003, expediente 05001-23-31-000-1995-01799-01, sostuvo:
Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar
situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir simultáneamente
más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la fecha de entrar en vigencia
dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados, contempló la
posibilidad de que tales servidores se siguieran beneficiando de la normatividad que les
permitía percibir simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión
gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes a la
expedición de la Ley 4ª de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo establecen, los
artículos 6º de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año y 115 de la Ley 115 de
1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer las
excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley,
beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto 224 de
1972 que dispone:
“El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se
decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad”.
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales siguen
gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo, por permitirlo
así expresamente la normatividad antes citada.
Dicha posición fue acogida por la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado
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«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
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en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterada en fallo de 22 de noviembre de
2012, expediente 15001-23-31-000-2004-02695-01 (0133-10), C. P. Luis Rafael Vergara
Quintero.
Por consiguiente, se colige que, si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª
se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los
docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a
quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta que, la norma hace alusión a las
disposiciones que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación
que guarda armonía con la regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992,
razón por la cual, no es dable condicionar la pensión de jubilación del demandante a la
desvinculación del servicio docente10.
La incompatibilidad entre salarios provenientes del erario y el disfrute de pensiones de
jubilación o vejez reconocidas en virtud de tiempos de servicios públicos quedó
contemplada de manera clara en el Decreto 583 de 1995 11, de acuerdo con el cual «[l]as
personas que se encuentren gozando de pensión de jubilación o vejez y se reintegren al servicio en uno
de los empleos señalados en el Artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 o en uno de elección popular,
percibirán la asignación mensual correspondiente» ; y «[e]n el evento de que dicha asignación fuere
inferior a la mesada pensional, percibirán adicionalmente la diferencia por concepto de pensión, hasta
concurrencia del valor total de esta prestación social» .
Por lo tanto, la Sala reitera que, la excepción contemplada en la Ley 4ª de 1992 para
los docentes oficiales, solo refiere a la compatibilidad del empleo docente y la pensión
que con sustento en ese servicio sea causada, sin que pueda ser extendida a otro tipo
de labores.
2.4. Régimen pensional de los docentes vinculados al servicio público educativo
oficial.
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
10
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019, expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01
(1499-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-
2014), C. P. César Palomino Cortés.
11 «Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional del sector oficial».
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con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que, a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 12,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que, el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplicaba a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
12 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
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De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que, el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que, a
través del artículo 8113 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que, el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que,
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al FOMAG y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
13 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752
de 2003.
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media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio No. 1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201914,
en la cual estableció que, para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año15, la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
14 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
15 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
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se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo”16.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 17. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad: 55 años. Requisito de
tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL o Componente temporal:
del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
2.5. Material Probatorio/hechos probados.
1. Se allegó la constancia No. 5693, expedida el 3 de marzo de 1997 por la Secretaría
de Educación de Santa Fe de Bogotá, en la que se certificó que, el señor Félix Antonio
16 0937-2017. MP César Palomino Cortés.
17 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.
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Cortés Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.166.911, fue nombrado
mediante diversos actos administrativos desde el año 1967 para ejercer cargos
docentes en educación primaria y secundaria. Se indicó que, a partir del 10 de junio
de 1974, fue nombrado como profesor de enseñanza secundaria con categoría del
Escalafón Nacional Docente, y que para la fecha de la certificación se encontraba
desempeñando el cargo de docente grado 14 en el Programa Planteles Nacionales.
La constancia fue expedida para efectos de pensión de jubilación18.
2. Quedó acreditado que, por medio del Decreto No. 1859 del 16 de septiembre de 1980,
expedido por el alcalde mayor del Distrito Especial de Bogotá, se aceptó la renuncia
presentada por el señor Félix Antonio Cortés Alfonso, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.166.911, al cargo de Profesor de tiempo completo escalafonado
en primera categoría de secundaria, ubicado en el Colegio Distrital La Amistad, a partir
del 27 de agosto de 198019.
3. Se aportó constancia de tiempo de servicio expedida el 24 de febrero de 1997 por la
Dirección de Administración de Personal de la Contraloría General de la República,
en la que se certificó que el señor Félix Antonio Cortés Alfonso, identificado con cédula
de ciudadanía No. 17.166.911, desempeñó cargos en dicha entidad como profesional
universitario, con ingreso el 30 de noviembre de 1989. La constancia relaciona
distintas resoluciones de nombramiento, encargo, vacaciones y traslados, y se indicó
que, para esa fecha, devengaba una asignación mensual de $650.45420.
4. También se aportó certificación de fecha 2 de diciembre de 2002, expedida por la
Secretaría de Educación de Bogotá – Grupo de Hojas de Vida, en la que se hizo
constar que el señor Félix Antonio Cortés Alfonso, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.166.911, estuvo vinculado al programa de Planteles Nacionales
como docente con grado de escalafón 14, desde el 10 de junio de 1974 hasta el 9 de
septiembre de 2002, fecha en la que se retiró por renuncia. En dicho documento se
certificaron como factores salariales mensuales correspondientes al periodo enero de
2001 a septiembre de 2002, entre otros, sueldo básico, prima de alimentación, prima
especial, prima de vacaciones y prima de navidad21.
18 Folio 226 ibidem.
19 Folio 18 ibidem.
20 Folio 225 ibidem.
21 Folio 197 ibidem.
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5. Quedó probado que, a través de la Resolución No. 2615 del 18 de junio de 2002, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció al señor Félix
Antonio Cortés Alfonso una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 1.º de
febrero de 2002. En dicha resolución se indicó que para la liquidación de la pensión
se tomó como base el promedio del último año de servicios, incluyendo los factores
de asignación básica, prima de alimentación y prima de vacaciones, lo cual arrojó un
promedio de $1.525.680. No obstante, se estableció que, el valor de la pensión a
reconocer correspondía al 75 % de dicho promedio, equivalente a $1.144.26022.
6. La anterior resolución de reconocimiento pensional fue recurrida por el demandante,
y mediante la Resolución No. 3594 del 19 de julio de 2002, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio resolvió confirmar la decisión que ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación23.
7. Por medio de la Resolución No. 2772 del 10 de septiembre de 2002, la Secretaría de
Educación de Bogotá aceptó la renuncia presentada por el señor Félix Antonio Cortés
Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.166.911, al cargo de docente
que venía desempeñando en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en la jornada
nocturna, a partir del 9 de septiembre de 200224.
8. Obra en el expediente copia de la Resolución No. 2848 del 20 de junio de 2003,
mediante la cual, se resolvió reliquidar la pensión de jubilación reconocida al señor
Félix Antonio Cortés Alfonso mediante la Resolución No. 2615 de 2002, por retiro
definitivo del servicio, fijándola en la suma de $1.219.930 a partir del 9 de septiembre
de 2002. En dicha resolución se indicó que, al momento del retiro, el docente se
encontraba afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y que,
como promedio del último año de servicios, devengaba los siguientes factores
salariales: asignación básica de $1.563.214, prima de alimentación de $324, y prima
de vacaciones de $63.035, para un total de $1.626.573, cuyo 75 % equivale al valor
mensual de la pensión reliquidada25.
9. Asimismo, reposa en el plenario copia de la certificación No. 1603 expedida por la
Contraloría General de la República —Dirección de Gestión del Talento Humano—,
22 Folios 28 y 29 ibidem.
23 Folios 30 a 32 ibidem.
24 Folio 35 ibidem.
25 Folios 166 a 171 ibidem.
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fechada el 8 de septiembre de 2010, en la que se hizo constar que el señor Félix
Antonio Cortés Alfonso desempeñó el cargo de coordinador de gestión Grado 02 entre
el 3 de octubre de 2003 y el 28 de abril de 2010, y que durante dicho periodo devengó
los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificaciones, prima de navidad
y vacaciones, con un total general por factores salariales de $93.242.20026.
10. De igual forma, de conformidad con la certificación expedida por la Contraloría
General de la República —Dirección de Gestión del Talento Humano—, con
consecutivo No. 0208, fechada el 10 de febrero de 2011, quedó acreditado que, el
señor Félix Antonio Cortés Alfonso estuvo vinculado laboralmente a dicha entidad
desde el 13 de octubre de 1989 hasta el 28 de abril de 2010, en el cargo de
coordinador de gestión Grado 02, y que durante dicho periodo devengó salarios
certificados mes a mes, incluyendo asignación básica, prima técnica y otros factores
salariales. Dicha información fue reportada para efectos de pensión y reliquidación
ante la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL27.
11. Reposa en el proceso, copia de la petición presentada por el apoderado del señor
Félix Antonio Cortés Alfonso, mediante la cual solicitó la reliquidación de la pensión
de jubilación reconocida mediante Resolución No. 2615 del 18 de junio de 2002,
confirmada por la Resolución No. 003594 del 19 de julio de 2002, con fundamento en
la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último semestre de
servicio por retiro definitivo del cargo. Adicionalmente, según se observa, se
solicitó el reconocimiento y pago de mesadas atrasadas, intereses moratorios
conforme a la Ley 100 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, así como la indexación de las
sumas28.
12. También está demostrado que, el apoderado del señor Félix Antonio Cortés Alfonso,
radicó petición en el año 2015, bajo el No. 2015-108556, en la cual solicitó
la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida mediante Resolución No. 2615
del 18 de junio de 2002, con inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último semestre de servicio, así como el pago de mesadas atrasadas, intereses
moratorios e indexación de las sumas adeudadas29.
26 Folio 14 del expediente físico.
27 Folios 7 a 13 del expediente físico.
28 Folios 160 a 165 ibidem.
29 Folios 16 a 25 ibidem.
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13. Igualmente, al proceso se allegó copia del oficio con radicado 2015EE0048199 y
anexo certificado No. 0537 del 14 de abril de 2015, expedido por la Contraloría
General de la República —Dirección de Gestión del Talento Humano— en él se indicó
que, el mencionado señor trabajó en la entidad desde el 13 de octubre de 1989 hasta
el 28 de abril de 2010, desempeñando el cargo de Coordinador de Gestión Grado 02,
y que durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2009 y el 28 de abril
de 2010 devengó, entre otros, los siguientes factores salariales: sueldo básico, prima
de navidad, bonificación, vacaciones y cesantías, con un total general certificado por
concepto de sueldos y factores salariales de $9.342.20230.
14. Mediante certificados de historia laboral y de salarios expedidos por la Secretaría de
Educación de Bogotá, se acreditó que, el señor Félix Antonio Cortés Alfonso,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.166.911, estuvo vinculado como
docente en la IED Andes Bello en el nivel de secundaria, con nombramiento en
propiedad y escalafón en el grado 14. El documento de salarios indicó que, durante
el año 2002 el docente devengó, entre otros factores salariales, sueldo básico de
$1.586.125, prima de vacaciones por $756.426 y prima de navidad por $1.057.766.
Los certificados fueron expedidos el 26 de mayo y el 26 de junio de 201531.
15. Obra en el expediente copia de la Resolución No. 4499 del 28 de agosto de 2015, por
medio de la cual, se negó una solicitud de revisión de la reliquidación de la pensión
de jubilación del señor Félix Antonio Cortés Alfonso. Allí se indicó que, la pensión ya
había sido reliquidada mediante la Resolución No. 3848 de 2003 con base en los
factores salariales legalmente reconocidos para docentes nacionales, por lo que no
procedía una nueva revisión32.
16. Obra en el plenario certificación suscrita por la Contraloría General de la
República, expedida el 5 de febrero de 2019 por el director de Gestión de Talento
Humano, en la que se informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, el
exfuncionario Félix Antonio Cortés Alfonso reportó descuentos y cotizaciones en
pensión a CAJANAL E.I.C.E. del 30 de noviembre de 1989 al 30 de abril de 1994, y a
partir de mayo de 1994 hasta el 28 de abril de 2010. Se indicó que, los factores
30 Folios 15, 26 y 27 ibidem.
31 Folios 36, 38 y 39 ibidem.
32 Folios 4 a 6 del expediente físico.
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salariales aplicables eran asignación básica mensual, prima técnica, bonificación por
servicios prestados y quinquenio salarial (este último solo hasta noviembre de 1994).
Se anexaron los formatos de certificación de información laboral y factores salariales
No. 0634 del 29 de abril de 2015 y No. 0537 del 14 de abril de 2015 33 a dicha
certificación se aportaron los siguientes anexos:
• Certificación de información laboral (Formato 1) expedida por la Contraloría
General de la República el 29 de abril de 2015, en la que se indicó que Félix
Antonio Cortés Alfonso trabajó como Coordinador de Gestión, Grado 02, desde el
1° de noviembre de 1989 hasta el 30 de junio de 2010, y que durante el tiempo de
vinculación realizó aportes a CAJANAL e ISS.
• Certificación de salario base para liquidación de pensión y emisión de bonos
pensionales (Formato 2) expedida el 29 de abril de 2015, en la que se indicó que,
el salario base del señor Félix Antonio Cortés Alfonso correspondía a
$2.237.706,00, resultado de la suma de la asignación básica mensual, prima
técnica, bonificación por servicios prestados y quinquenio salarial.
• Certificación de salarios mes a mes (Formato 3B) expedida el 29 de abril de
2015, en la que se detallaron los salarios mensuales devengados por Félix Antonio
Cortés Alfonso entre noviembre de 1989 y abril de 2010, desglosados por factores
salariales (asignación básica, bonificación por servicios, prima técnica y
quinquenio).
• Certificación No. 0634 del 29 de abril de 2015 suscrita por la Contraloría General
de la República – Dirección de Gestión de Talento Humano, en la que se indicó
que, Félix Antonio Cortés Alfonso, quien desempeñó el cargo de Coordinador de
Gestión Grado 02, devengó durante el periodo del 29 de octubre de 2009 al 28 de
abril de 2010 los factores salariales allí discriminados, entre ellos asignación
básica, prima técnica, bonificación por servicios y vacaciones.
• Certificación de información laboral (Formato 1) expedida el 14 de abril de
2015, en la que se indicó que, Félix Antonio Cortés Alfonso trabajó como
Coordinador de Gestión Grado 02 desde el 1° de noviembre de 1989 hasta el 28
de abril de 2010, realizando aportes a CAJANAL e ISS.
33 Folio 263 ibidem.
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• Certificación No. 0537 del 14 de abril de 2015 expedida por la Contraloría
General de la República, en la que se indicó que, Félix Antonio Cortés Alfonso, en
el cargo de Coordinador de Gestión Grado 02, devengó los factores salariales
discriminados en el documento durante el periodo comprendido entre el 29 de
octubre de 2009 y el 28 de abril de 2010.
17. También, se aportó copia del registro civil de defunción del señor Félix Antonio Cortés
Alfonso, en el cual se certificó que falleció el 6 de febrero de 201934.
2.6. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, corresponde a la Sala analizar si le asiste razón al señor Félix
Antonio Cortés Alfonso para solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
con inclusión de los factores salariales devengados durante su vinculación a la
Contraloría General de la República, particularmente los percibidos en el último semestre
de dicha relación laboral, esto es, entre el 29 de octubre de 2009 y el 28 de abril de 2010,
fecha en la que se produjo su retiro definitivo del servicio.
De acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, se encuentra plenamente
demostrado que, al señor Cortés Alfonso se le reconoció una pensión de jubilación
mediante la Resolución No. 2615 del 18 de junio de 2002, expedida por el FOMAG, con
efectos desde el 1.º de febrero de ese mismo año, la cual, fue reliquidada mediante la
Resolución No. 3848 del 20 de junio de 2003, por retiro del servicio, fijando su monto en
el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicios como docente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985. Tal liquidación
se efectuó incluyendo los factores de asignación básica, prima de alimentación y prima
de vacaciones, y tuvo como fundamento el tiempo servido por el beneficiario en
instituciones educativas oficiales bajo el régimen especial del magisterio.
También está acreditado que, después de la fecha de reconocimiento pensional, el señor
Cortés Alfonso se mantuvo vinculado a la Contraloría General de la República, en el cargo
de coordinador de gestión Grado 02 hasta el 28 de abril de 2010, y que durante ese
34 Folio 284 ibidem
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tiempo devengó diversas asignaciones salariales y efectuó aportes al sistema de
seguridad social, los cuales fueron reportados a CAJANAL, hoy UGPP. Con base en esas
certificaciones, su apoderado solicitó en el año 2015 una nueva reliquidación de la
pensión, petición que fue negada mediante la Resolución No. 4499 del 28 de agosto de
2015, por considerar que, la prestación ya había sido reliquidada con fundamento en los
factores legalmente reconocidos para los docentes nacionales y que no procedía una
revisión adicional.
Ahora bien, es importante precisar que, la pensión del señor Cortés Alfonso fue
reconocida en el marco del régimen especial del magisterio, regulado por la Ley 91 de
1989, el cual, establece reglas propias en materia prestacional y de financiación,
diferenciadas del régimen general contemplado en la Ley 100 de 1993. En este sentido,
la pensión de jubilación reconocida al actor se encontraba sujeta a lo previsto en la Ley
33 de 1985, cuyo artículo 1.º dispone que, el monto pensional será equivalente al 75 %
del promedio de lo devengado en el último año de servicios.
Sobre el particular, esta Sección ha indicado que, los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), vinculados con anterioridad
a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están exceptuados del Sistema General de
Pensiones y, por tanto, les son aplicables las disposiciones del régimen general, esto es,
la Ley 33 de 1985, normatividad que en efecto rigió el reconocimiento pensional del actor.
En consecuencia, el IBL debe calcularse exclusivamente con base en el último año de
servicio docente y sobre los factores salariales sobre los que se hayan efectuado aportes,
conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 62 de 198535.
Esta posición jurisprudencial se encuentra desarrollada en la mencionada Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 2019, de la siguiente manera:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de fecha 30 de abril de 2020. Radicación número: 44001-23-33-
000-2015-00090-01(1888-17). CP. Gabriel Valbuena Hernández.
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Sucesora Procesal: María Elena Puentes De Álvarez
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Como ya se expuso, se acreditó que, al demandante le fue reconocida una pensión con
base en el tiempo de servicios prestados como docente, esto mediante la Resolución No.
2615 del 18 de junio de 2002, prestación reliquidada por retiro del servicio a través de la
Resolución No. 03848 del 20 de junio de 2003.
Ahora bien, en los actos administrativos acusados se expuso que el actor era beneficiario
del régimen especial que gobierna a los docentes; de allí que su pensión, a pesar de
haber sido reconocida en vigencia ya de la Ley 100 de 1993, no se le hayan aplicado las
normas que regulan el sistema general de pensión, habiéndosele respetado el régimen
especial que gobernó su caso, esto es, aplicando las disposiciones de la Ley 33 de 1985.
Entonces, el derecho a que su mesada pensional fuera calculada con base en el último
año de servicios se lo generó el haber sido docente vinculado al FOMAG, prestación
reconocida con base en el tiempo de servicios prestados en ejercicio de dicha profesión.
No siendo posible que, en aras de incrementar la mesada pensional, se pretenda que, se
tenga en cuenta en el cálculo pensional servicios prestados a otras entidades después
que se retiró del servicio docente; por cuanto, dicho derecho pensional ya se consolidó
y, solo es posible que se reliquide por servicios prestados al mismo régimen especial,
esto es, al servicio docente, en aras de salvaguardar los derechos que le asisten de gozar
del pluricitado régimen pensional especial.
Fue la naturaleza del vínculo docente estatal lo que le permitió que su mesada pensional
fuera calculada, en cuanto a tasa de reemplazo se refiere, en un 75% de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios y sobre los cuales
cotizó como docente estatal, y no como ocurre para los demás servidores públicos que
se pensionan en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero en virtud del régimen de transición
consagrado en dicha norma – artículo 36- se les aplica dicha Ley 33 de 1985, casos en los
cuales el IBL es el establecido en las disposiciones de la Ley 100 de 1993, más
exactamente según lo establecido en sus artículos 21 y 36, según el caso.
Adicionalmente, en lo que respecta a la incompatibilidad señalada por la primera
instancia, tal como quedó establecido en las pruebas, en el presente caso se encuentra
acreditado que el señor Félix Antonio Cortés Alfonso ejercía funciones como docente de
tiempo completo, razón por la cual, no le resulta aplicable la excepción contemplada en
el literal a) del artículo 32 del Decreto 1042 de 1978, que únicamente permite
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compatibilizar asignaciones cuando se trata de profesorado que no sea de tiempo
completo. En consecuencia, al haber percibido simultáneamente ingresos como docente
y como servidor de la Contraloría General de la República, se configura una situación
restringida por el artículo 128 de la Constitución Política y por el artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992, que proscriben expresamente la doble asignación proveniente del tesoro
público, salvo habilitación legal.
Si bien en el recurso de apelación se alegó la existencia de un proceso disciplinario en el
que se habría concluido que no existía incompatibilidad en el ejercicio de ambos cargos,
ello no desvirtúa la prohibición legal expresa sobre la materia, pues el ordenamiento
jurídico es claro en cuanto a que no se pueden acumular asignaciones públicas cuando
no concurren las condiciones excepcionales previstas en la ley. Por tanto, no puede
pretenderse que los ingresos percibidos con posterioridad al reconocimiento de la
pensión otorgada por el FOMAG —bajo un régimen especial, cerrado y excluyente—
sean tenidos en cuenta para una nueva reliquidación, ya que ello desconocería los
principios de racionalización del gasto público, la finalidad única de la pensión como
protección frente al riesgo ya cubierto de vejez, y el carácter restrictivo de los regímenes
exceptuados del sistema general.
Así las cosas, aunque está demostrado que el señor Cortés Alfonso, una vez pensionado
por el FOMAG, continuó prestando servicios en la Contraloría General de la República y
efectuó aportes al sistema, tales ingresos y tiempos de servicio no pueden ser
considerados para modificar una pensión ya reconocida, pues ello, excedería el marco
normativo del régimen especial que la rige; además de contravenir lo dispuesto en el
artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
Se insiste que, el deber jurídico del FOMAG no comprende el reajuste de la prestación
del actor con sustento en cotizaciones no realizadas en ese fondo y que,
simultáneamente, se sucedieron con ocasión de los servicios que el señor Félix Antonio
Cortés Alfonso prestó a la Contraloría General de la Nación, razón por la cual, en estricto
sentido, la evaluación de legalidad de los actos acusados no puede extenderse de
manera indiscriminada respecto de las funciones y competencias que, otros
administradores de pensiones guarden, sin perjuicio de la incompatibilidad que pueda
llegar a generarse.
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En ese orden de ideas, para esta Sala, las pretensiones de la demanda no están llamadas
a prosperar, en la medida en que la parte actora no tiene derecho a una nueva
reliquidación pensional, toda vez que, la prestación ya reconocida se ajustó a los
parámetros normativos y jurisprudenciales vigentes, una vez retirado del servicio docente
se procedió por la entidad responsable de su prestación, esto es, el FOMAG a reliquidar
la pensión con base en el último año de servicios prestados. Dicho acto administrativo
que dispuso la reliquidación -Resolución No. 03848 del 20 de junio de 2003-, goza de presunción
de legalidad, sin que se advierta irregularidad alguna que justifique su anulación; por el
contrario, la decisión adoptada se enmarca en la legalidad, en tanto respetó los criterios
propios del régimen pensional especial aplicable al caso.
En conclusión, no le asiste razón a la parte apelante, y, por tanto, la Sala confirmará la
decisión de la primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, pero por
las razones ya explicadas en esta providencia.
Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del criterio
que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de la
condena en costas, ya que, para ello, debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que, la parte demandante fue vencida en el proceso,
no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por
consiguiente, no se condenará en costas.
III. DECISIÓN
Bajo estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 6 de junio de 2024, que negó las súplicas de la
demanda, teniendo en cuenta que, no le asiste el derecho al demandante de gozar de la
reliquidación pensional pretendida.
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 6 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la reliquidación pensional deprecada
por el señor Feliz Antonio Cortés Alfonso, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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