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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06455-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06455-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007- 00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de: «DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las sumas reclamadas por la señora Martha Eugenia Trazona de Jaramillo, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde el 1/01/1993 hasta el 30/12/2005, durante los períodos en los que se desempeñó como juez de la República» Tercero: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así: «DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas anteriores al 29 de mayo de 2011 respecto de las señoras Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides Hernández y Melba del Pilar González Barrera, desde el 16 de junio de 2011 para Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa Lucía Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021) Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba y Gilda María Pedraza Avil, y desde el 25 de julio de 2011 para la señora Edna Constanza Ramírez Cubillos, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-06455-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)
Demandante: Luz Stella Alarcón Gallego y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración
Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. Luz Stella Alarcón Gallego y otros2 interpusieron demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 57 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000,
1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001, 673 de 2002, 3569 2003, 4172 de
2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de
2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1105 de 2015.

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».
2 Yadia Eny Mosquera Aguirre, Carol Licette Cubides Hernández, Melba del Pilar González Barrera, Elsa Lucía

Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Gilda María Pedraza Avila, Martha Jahel Amézquita Varón,
Edna Constanza Ramírez Cubillos y Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo.

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3. Que se declare la nulidad de los oficios y las resoluciones, a través de los
cuales la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la
reliquidación y el pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992, relacionados así:

# Demandantes Actos
Luz Stella Alarcón Gallego Oficio DESAJ14-JR-3270 del 20 de junio de 2014; y las Resoluciones
1
3719 del 1.° de julio de 2014; y 4176 del 7 de julio de 2015.
Yadia Eny Mosquera Aguirre Oficio 3626 del 25 de julio de 2014; 3711 del 1 de julio de 2014; y 3729
2
del 9 de junio de 2015.
Carol Licette Cubides Hernández Oficio DESAJ14-JR-3151 del 17 de junio de 2014; y las Resoluciones
3
3721 del 1 julio de 2014; y 3781 del 11 de junio de 2015.
Melba del Pilar González Barrera Oficio DESAJ14-JR-3169 del 17 de junio de 2014; y las Resoluciones
4
3722 del 1 de julio de 2014; y 4135 del 3 de julio de 2015.
Elsa Lucía Romero Santos Oficio DESAJ14-JR-3280 del 20 de junio de 2014; y las Resoluciones
5
3715 del 1 de julio de 2014; y 4136 del 3 de julio de 2015.
Blanca Cecilia Gutiérrez Alba Oficio DESAJ14-JR-3295 del 20 de junio de 2014; y las Resoluciones
6
3727 del 1 de julio de 2014; y 4137 del 3 de julio de 2015.
Gilda María Pedraza Avila Oficio DESAJ14-JR-3281 del 20 de junio de 2014; y las Resoluciones
7
3716 del 1 de julio de 2014; y 4139 del 3 de julio de 2015.
Martha Jahel Amézquita Varón Oficio DESAJ14-JR-3157 del 17 de junio de 2014; y las Resoluciones
8
3712 del 1 de julio de 2014; y 4160 del 6 de julio de 2015.
Edna Constanza Ramírez Cubillos Oficio DESAJ14-JR-4016 del 31 de julio de 2014; y las Resoluciones
9
4725 del 27 de agosto de 2014; y 4238 del 9 de julio de 2015.
Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo Resoluciones 3446 del 19 de junio de 2014; 3714 del 1 de julio de
10
2014; y 4161 del 6 de julio de 2015

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios y a reliquidar las prestaciones sociales, incluidas las cesantías y los
intereses, teniendo en cuenta el 30% del salario que ha sido cancelado como prima
especial sin carácter salarial, desde su «posesión […] como jueces de la República
hasta la fecha que ocupen el cargo»3.

5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
correspondientes, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que han prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de jueces de
la República, y el 16 de junio4, el 29 de mayo5 y el 25 de julio de 20146 solicitaron a
la demandada reconocer y pagar el equivalente del 30% como remuneración
mensual con las consecuencias prestacionales, incluidas las cesantías y sus
intereses, peticiones que se negaron a través de los actos demandados.

3 Folio 253.
4 (Luz Stella Alarcón Gallego, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Gilda María Pedraza

Avila y Elsa Lucía Romero Santos)
5 (Martha Jahel Amézquita Varón, Melba del Pilar González Barrera, Carol Licette Cubides Hernández y Martha

Eugenia Tarazona de Jaramillo).
6 (Edna Constanza Ramírez Cubillos).

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera violados los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2,
14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996.

8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citaron la
decisión del 29 de abril de 20147 emitida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 24 de julio de 2019 fue admitida la demanda. La entidad8 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de
presunción de legalidad, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992, la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye
factor para la liquidación de las prestaciones sociales. Añadió que dicha disposición
fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de
1996.

10. Expresó que, si bien en la sentencia del 29 de abril de 2014 el Consejo de
Estado declaró la nulidad de los decretos proferidos entre 1993 y 2007, no se
pronunció sobre aquellos que se expidieron entre 2008 y 2014, por lo que estaba
en la obligación de darles cumplimiento, so pena de desconocer la normativa salarial
vigente para los servidores de la Rama Judicial.

11. Que reconocer las diferencias reclamadas, sobrepasaría los topes previstos
en el Decreto 1251 de 2009. Añadió que, en todo caso, se encuentra ante una
imposibilidad presupuestal para cumplir la condena.

12. Propuso como excepciones las de indebida integración de litis consorcio
necesario, ausencia de causa petendi, prescripción e innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020)9, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
8 Folios 480 a 494.
9 Folios 537 a 547.

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14. Concluyó que las demandantes tienen derecho al pago de «la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debieron percibir por concepto de: ingresos
mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico. El 30% de
acuerdo a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales liquidadas sobre
la base de todo el salario básico, es decir, teniendo en cuenta el 30% del salario
básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación, […] y hasta tanto
funjan o hayan fungido como Jueces de la República. Sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional […], y debiéndose descontar
lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos […]»

15. Que el reconocimiento procederá a partir del 16 de junio de 2011 para Luz
Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa Lucía Romero Santos,
Blanca Cecilia Gutiérrez Alba y Gilda María Pedraza Avil, desde el 29 de mayo del
mismo año para Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides Hernández
y Melba del Pilar González Barrera, y desde el 25 de julio de 2011 para la señora
Edna Constanza Ramírez Cubillos, hasta que funjan como jueces de la República,
teniendo en cuenta que las peticiones se radicaron el 16 de junio, 29 de mayo y 25
de julio de 2014, respectivamente. En cuanto a la señora Martha Eugenia Tarazona
de Jaramillo, declaró la prescripción total de los derechos reclamados.

16. Dispuso estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado «en la sentencia del
14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 de
diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 02 de
septiembre de 2019».

RECURSOS DE APELACIÓN

17. La parte demandante10 interpuso recurso de apelación argumentando que
no se configuró la prescripción, ya que el derecho se hizo exigible con la sentencia
del 29 de abril de 2014, por lo tanto, el término extintivo debe aplicarse solo a los
procesos iniciados después de la ejecutoria de dicha providencia, dado que antes
de esa fecha no había certeza sobre la existencia del derecho. Como sustento citó
las sentencias del 15 de marzo de 200711, 19 de febrero12, 30 de julio de 200913, y
27 de octubre de 201114.

18. La parte demandada15 interpuso apelación bajo el argumento de que el fallo
es incongruente, y que se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y

10 Folios 552 a 554.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

15 de marzo 2007. Expediente: 05001-23-31-000-2003-02713-01 (9475-2005). C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

19 de febrero de 2009. Expediente: 15001-23-31-000-2003-01925-01 (2445-2007) C.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez (E).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

30 de julio de 2009. Expediente: 76001-23-31-000-2004-02623-01 (0492-2008). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

27 de octubre de 2011. Expediente: 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-2008) C.P. Alfonso Vargas Rincón.
15 Folios 556 a 558.

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contradicción, al condenar a la entidad a «reliquidar la pensión […] con la prima
especial de servicios […] como factor salarial, aspecto que no fue solicitado
específicamente en las pretensiones de la demanda, menos aún […] en sede
administrativa».

19. Que debe aplicarse la prescripción a las diferencias causadas antes del 29
de mayo de 2014.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 31 de enero de 202316, y el 7 de julio de 202517 se admitieron los recursos.
El 6 de junio de 202318 se corrió traslado por 10 días para la presentación de los
alegatos de conclusión, posteriormente se corrió el mismo término para que el
Ministerio Público presentara concepto.

21. Ni las partes ni el agente del Ministerio Público se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES

22. Deberá resolver la subsección si operó el fenómeno de la prescripción
respecto de los derechos reclamados por las demandantes; y si fueron vulnerados
los derechos al debido proceso, defensa y contradicción al condenar a la entidad
a efectuar los aportes a pensión.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

23. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

24. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No

16 Índice 26 de SAMAI.
17 Se admitió el recurso interpuesto por la parte demandada, en aplicación de los artículos 42 del CGP y 207

del CPACA, al advertir que el despacho sustanciador, mediante auto del 31 de enero de 2023, únicamente
admitió la impugnación radicada por la demandante, a pesar de que el primero también reunía los requisitos
legales. Índice 60 de SAMAI.
18 Índice 33 de SAMAI.

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obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201419, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

25. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201920, 11 de julio de 202321, 5 de septiembre de 202322, 5 de
diciembre de 202323, 6 de agosto de 202424 y 18 de diciembre de 202425. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

26. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

de abril de 202426, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»27

Resolución del caso concreto

27. Esta corporación ha sostenido de manera pacífica28, que el derecho a la prima
especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993 que
reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de
1993. Desde entonces, los interesados podían interrumpir el término extintivo, de
modo que, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.

28. En ese contexto, está probada la prescripción parcial de las sumas anteriores
al 29 de mayo de 2011 respecto de las señoras Martha Jahel Amézquita Varón,
Carol Licette Cubides Hernández y Melba del Pilar González Barrera, desde el 16
de junio de 2011 para Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa
Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba y Gilda María Pedraza Avil, y
desde el 25 de julio de 2011 para la señora Edna Constanza Ramírez Cubillos,
debido a que las reclamaciones administrativas fueron radicadas el 29 de mayo29,
16 de junio30 y 25 de julio de 201431, respectivamente.

29. En cuanto a la señora Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo, se acreditó que
laboró como juez de la República entre el 1.° de octubre de 1977 y el 30 de
diciembre de 200532, y que presentó la solicitud el 29 de mayo de 201433, cuando
ya había operado el fenómeno extintivo, tal como lo concluyó el tribunal.

30. No obstante, los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable34 y por virtud

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
27 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter

salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
28 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
29 Martha Jahel Amézquita Varón, Melba del Pilar González Barrera, Carol Licette Cubides Hernández. Folios

18 a 29.
30 Luz Stella Alarcón Gallego, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Gilda María Pedraza

Avil y Elsa Lucía Romero Santos. Folios 1 a 11.
31 Edna Constanza Ramírez Cubillos. Folios 34 a 39.
32 Folio 244.
33 Folios 18.
34 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199335 son obligatorios, no solo
por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.36 En
consecuencia, surge el deber de la entidad de efectuar las reliquidaciones
correspondientes con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados.

31. De otra parte, no prospera el argumento de la demandada cuando afirma que
se vulneraron los derechos invocados. Primero, porque las accionantes sí solicitaron
el reajuste de los aportes37; y segundo, aunque el juez no impartió una orden
expresa de «reliquidación pensional», lo cierto es que, al disponerse la reliquidación
del salario, comporta necesariamente el reajuste de las cotizaciones, en tanto se
trata de un deber legal a cargo del empleador.

32. Tampoco se configura la prescripción respecto de las diferencias en las
cesantías38 durante los tiempos en los que las demandantes se desempeñaron
como jueces, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201639, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación
laboral esté vigente.

33. Para lo que interesa en este asunto, se relacionarán los períodos en los que
las accionantes laboraron como jueces de la República, no sin antes advertir que
existe solución de continuidad en la prestación del servicio cuando median más de
quince (15) días hábiles entre un vínculo y otro40.

Demandantes Períodos
Luz Stella Alarcón Gallego Desde el 16/10/2007 hasta el 11/08/2008
Desde el 13/08/2008 hasta el 19/12/2008
Desde el 29/12/2008 hasta el 19/01/2009
Desde el 20/01/2009 hasta el 18/01/2010
Desde el 29/01/2010 hasta el 07/02/2010
Desde el 8/02/2010 hasta la fecha41.

Yadia Eny Mosquera Aguirre Desde el 13/08/2004 hasta el 25/08/200442
Desde el 03/08/2009 hasta el 13/08/200943
Desde el 1/01/2010 hasta el 29/08/2010
Desde el 30/08/2010 hasta el 14/02/201144

mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
35 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
36 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
37 «Al solicitar la reliquidación del salario «con las consecuencias prestacionales».

38 En relación con las siguientes demandantes: Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides
Hernández, Melba del Pilar González Barrera, Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa
Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Gilda María Pedraza Ávila y Edna Constanza Ramírez
Cubillos. Dicho concepto no será reconocido a la señora Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo porque según
la certificación aportada, se desvinculó el 30 de diciembre de 2005.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación: 25000-

23-42-000-2021-00931-01 (3078-2023)
41 Certificados visibles en folio 235 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4176 del 7 de julio de 2015, folios 46 a 55.
42 Entre el 26/08/2004 y el 2/08/2009 se desempeñó como oficial mayor, secretaria y auxiliar judicial I.
43 Entre el 14/08/2009 y el 31/12/2009 laboró como auxiliar judicial I y relatora.
44 Entre el 15/02/2011 y el 27/12/2011 hubo una interrupción en el servicio.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

Desde el 28/12/2011 hasta el 31/12/201245
Desde el 15/09/2014 hasta la fecha46.

Carol Licette Cubides Hernández Desde el 28/12/2010 hasta el 15/02/2012
Desde el 17/02/2012 hasta el 12/02/201447
Desde el 14/02/2014 hasta la fecha48.

Melba del Pilar González Barrera. Desde el 10/02/2010 hasta el 10/05/2012
Desde el 11/05/2012 hasta el 2/05/201349
Desde el 18/10/2013 hasta el 10/06/2014
Desde el 11/06/2014 hasta la fecha50.

Elsa Lucía Romero Santos Desde el 1/06/1990 hasta la fecha51.

Blanca Cecilia Gutiérrez Alba Desde el 11/01/1994 hasta el 1/02/199452
Desde el 8/11/1994 hasta el 29/11/199453
Desde el 19/12/1994 hasta el 09/01/199554
Desde el 16/03/1995 hasta el 22/03/199555
Desde el 2/02/2001 hasta el 26/04/2001
Desde el 24/10/2002 hasta el 31/08/2003
Desde el 10/10/2003 hasta el 31/10/2003
Desde el 21/11/2003 hasta el 12/12/2003
Desde el 15/12/2003 hasta el 5/01/2004
Desde el 6/01/2004 hasta el 30/04/2005
Desde el 1/08/2005 hasta el 31/08/2005
Desde el 21/11/2005 hasta el 31/05/2006
Desde el 1/06/2006 hasta el 31/12/2006
Desde el 1/02/2007 hasta el 31/10/2007
Desde el 6/11/2007 hasta el 2/02/201056
Desde el 27/01/2011 hasta el 17/02/201157
Desde el 1/04/2011 hasta el 29/06/2011
Desde el 1/07/2011 hasta la fecha58.

Gilda María Pedraza Ávila Desde el 11/01/2011 hasta la fecha59.

Martha Jahel Amézquita Varón Desde el 1/10/2002 hasta la fecha60.

Desde el 16/02/2010 hasta el 16/12/2010
Edna Constanza Ramírez Cubillos Desde el 17/12/2010 hasta el 31/12/2010
Desde el 1/01/2011 hasta el 30/04/2013
Desde el 1/05/2013 hasta la fecha61.

Martha Eugenia Tarazona de
Desde el 1/10/1977 hasta el 30/12/200562 .
Jaramillo

45 Entre el 01/01/2013 y el 14/09/2014 hubo una interrupción en el servicio.
46 Certificados visibles en folio 236 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 3729 del 9 de junio de 2015, folios 64 a 73.
47 El 16 de febrero de 2012 y el 13 de febrero de 2014 figura como oficial mayor.
48 Certificados visibles en folio 237 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 3781 del 11 de junio de 2015, folios 76 a 85.
49 Entre el 3/05/2013 y el 17/10/2013 laboró como secretaria, oficial mayor y abogada asistente.
50 Certificados visibles en folio 238 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4135 del 3 de julio de 2015, folios 91 a 100.
51 Certificados visibles en folio 239 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4136 del 3 de julio de 2015, folios 106 a 115.
52 Entre el 2/02/1994 y el 7/11/1994 trabajó como oficial mayor.
53 Entre el 30/11/1994 y el 18/12/1994 figura como oficial mayor.
54 Entre el 10/01/1995 y 15/03/1995 estuvo vinculada como oficial mayor.
55 Entre el 23/03/1995 y el 4/08/1995 se desempeñó como oficial mayor.
56 Se advierte que laboró como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, entre el 3/02/2010 y el

13/12/2010.
57 Para lo que interesa al asunto, la última interrupción laboral se dio entre el 18/02/2011 y el 31/03/2011.
58 Certificados visibles en folio 240 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4137 del 3 de julio de 2015, folios 121 a 130.
59 Certificados visibles en folio 241 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4139 del 3 de julio de 2015, folios 136 a 145.
60 Certificados visibles en folio 242 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4160 del 6 de julio de 2015, folios 151 a 160.
61 Certificados visibles en folio 243 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4238 del 9 de julio de 2015, folios 167 a 176.
62 Certificados visibles en folio 244 y en CD obrante a folio 505, que contiene el expediente administrativo.

Resolución 4161 del 6 de julio de 2015, folios 182 a 190.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

34. En esos términos, se modificarán los numerales segundo y tercero de la
sentencia, con el fin de declarar probada parcialmente la prescripción, con
excepción de las cesantías,63 y los aportes a pensión64. Las diferencias por
concepto de cesantías se reconocerán durante los tiempos en los cuales las actoras
laboraron como jueces, así:

Luz Stella Alarcón Gallego: desde el 16/10/2007 hasta la fecha que ocupe el
cargo.
Yadia Eny Mosquera Aguirre: desde el 15/09/201465 hasta la fecha hasta la
fecha que ocupe el cargo.
Carol Licette Cubides Hernández: desde el 28/12/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
Melba del Pilar González Barrera: desde el 10/02/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
Elsa Lucía Romero Santos: desde el 1/01/1993 hasta la fecha que ocupe el
cargo.
Blanca Cecilia Gutiérrez Alba: desde el 1/04/201166 hasta la fecha que ocupe
el cargo.
Gilda María Pedraza Ávila: desde el 11/01/2011 hasta la fecha que ocupe el
cargo.
Martha Jahel Amézquita Varón: desde el 1/10/2002 hasta la fecha que ocupe
el cargo.
Edna Constanza Ramírez Cubillos: desde el 16/02/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo.

35. Se modificará el numeral quinto para ordenar el reajuste de los aportes a
pensión de las demandantes, en los períodos en los que fungieron como jueces,
así:

Luz Stella Alarcón Gallego: desde el 16/10/2007 hasta la fecha que ocupe el
cargo.
Yadia Eny Mosquera Aguirre: desde el 15/09/2014 hasta la fecha hasta la
fecha que ocupe el cargo.
Carol Licette Cubides Hernández: desde el 28/12/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
Melba del Pilar González Barrera: desde el 10/02/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo.

63 En relación con los siguientes demandantes: Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides
Hernández, Melba del Pilar González Barrera, Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa
Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Gilda María Pedraza Ávila y Edna Constanza Ramírez
Cubillos, quienes para el momento de la presentación de la demanda, e incluso a la fecha, mantienen el vínculo
laboral.
64 Respecto de Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides Hernández, Melba del Pilar González

Barrera, Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia
Gutiérrez Alba, Gilda María Pedraza Ávila, Edna Constanza Ramírez Cubillos y Martha Eugenia Tarazona de
Jaramillo.
65 Fecha en la que ocupó nuevamente el cargo. Lo anterior, teniendo en cuenta que entre el 01/01/2013 y el

14/09/2014 hubo una interrupción en el servicio.
66 Fecha en la que ocupó nuevamente el cargo. Lo anterior, teniendo en cuenta que la última interrupción laboral

se dio entre el 18/02/2011 y el 31/03/2011.
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Elsa Lucía Romero Santos: desde el 1/01/1993 hasta la fecha que ocupe el
cargo.
Blanca Cecilia Gutiérrez Alba: desde el 11/01/1994 hasta la fecha que ocupe
el cargo.
Gilda María Pedraza Ávila: desde el 11/01/2011 hasta la fecha que ocupe el
cargo.
Martha Jahel Amézquita Varón: desde el 1/10/2002 hasta la fecha que ocupe
el cargo.
Edna Constanza Ramírez Cubillos: desde el 16/02/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo: desde el 1/01/1993 hasta el
30/12/2005.

36. La reliquidación de las cotizaciones deberá efectuarse utilizando como
ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de
la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores
de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70
%, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión del valor de este
último emolumento, que solo constituye factor para efectos pensionales. Lo
anterior de conformidad con la ley.

37. De otra parte, debe precisarse que la legalidad de los decretos que
incorporaron la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la
remuneración fue definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril
de 2014 y del 9 de abril de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales
disposiciones; por lo tanto, en consideración a que el juez se estuvo a lo resuelto en
las sentencias del 14 de diciembre de 2011 y 2 de septiembre de 2019, se modificará
el numeral primero para disponer estarse a lo resuelto en las primeras providencias
citadas, en las cuales se precisó que la prima especial constituye una adición al
salario.

De la condena en costas en segunda instancia

38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

39. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

41. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29
de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019),
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del treinta y uno (31)
de agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de:

«DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las sumas
reclamadas por la señora Martha Eugenia Trazona de Jaramillo, con
excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde
el 1/01/1993 hasta el 30/12/2005, durante los períodos en los que se
desempeñó como juez de la República»

Tercero: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:

«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas anteriores al
29 de mayo de 2011 respecto de las señoras Martha Jahel Amézquita Varón, Carol
Licette Cubides Hernández y Melba del Pilar González Barrera, desde el 16 de junio
de 2011 para Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa Lucía

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba y Gilda María Pedraza Avil, y desde
el 25 de julio de 2011 para la señora Edna Constanza Ramírez Cubillos, de
conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la
jurisprudencia desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la
demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración,
durante los períodos en los que se han desempeñado como jueces de la República».

Cuarto: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:

«CONDENAR a la entidad demandada a i) reconocer y pagar, de manera
retroactiva, a favor de las señoras: Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny
Mosquera Aguirre, Carol Licette Cubides Hernández, Melba del Pilar
González Barrera, Elsa Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez
Alba, Gilda María Pedraza Ávila, Martha Jahel Amézquita Varón y Edna
Constanza Ramírez Cubillos, la diferencia existente entre lo percibido y lo que
debieron percibir por concepto de: ingresos mensuales correspondientes al 30
% de la base del salario básico. El 30 % de acuerdo a la prima especial de
servicios. Las prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el salario
básico, es decir, teniendo en cuenta el 30 % del salario básico que no fue tenido
en cuenta al momento de su liquidación, de acuerdo con la prescripción parcial
aquí decretada y hasta tanto funjan o hayan fungido como jueces de la
República. Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno nacional para cada anualidad y debiéndose descontar lo pagado
efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la
parte motiva.

ii) Reliquidar las diferencias por concepto de cesantías, durante los períodos
laborados como jueces de la República, así: Luz Stella Alarcón Gallego:
desde el 16/10/2007 hasta la fecha que ocupe el cargo; Yadia Eny Mosquera
Aguirre: desde el 15/09/2014 hasta la fecha hasta la fecha que ocupe el cargo.
Carol Licette Cubides Hernández: desde el 28/12/2010 hasta la fecha que
ocupe el cargo; Melba del Pilar González Barrera: desde el 10/02/2010 hasta
la fecha que ocupe el cargo. Elsa Lucía Romero Santos: desde el 1/01/1993
hasta la fecha que ocupe el cargo; Blanca Cecilia Gutiérrez Alba: desde el
1/04/2011 hasta la fecha que ocupe el cargo; Gilda María Pedraza Ávila: desde
el 11/01/2011 hasta la fecha que ocupe el cargo; Martha Jahel Amézquita
Varón: desde el 1/10/2002 hasta la fecha que ocupe el cargo; y Edna
Constanza Ramírez Cubillos: desde el 16/02/2010 hasta la fecha que ocupe
el cargo.

iii). Reajustar los aportes a pensión de las demandantes, en los períodos en
los que fungieron como jueces, así: Luz Stella Alarcón Gallego: desde el
16/10/2007 hasta la fecha que ocupe el cargo; Yadia Eny Mosquera Aguirre:
desde el 13/08/2004 hasta la fecha hasta la fecha que ocupe el cargo; Carol
Licette Cubides Hernández: desde el 28/12/2010 hasta la fecha que ocupe el
cargo; Melba del Pilar González Barrera: desde el 10/02/2010 hasta la fecha
que ocupe el cargo; Elsa Lucía Romero Santos: desde el 1/01/1993 hasta la
fecha que ocupe el cargo; Blanca Cecilia Gutiérrez Alba: desde el 11/01/1994

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06455-02 (2359-2021)

hasta la fecha que ocupe el cargo; Gilda María Pedraza Ávila: desde el
11/01/2011 hasta la fecha que ocupe el cargo; Martha Jahel Amézquita Varón:
desde el 1/10/2002 hasta la fecha que ocupe el cargo; Edna Constanza
Ramírez Cubillos: desde el 16/02/2010 hasta la fecha que ocupe el cargo, y
Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo: desde el 1/01/1993 hasta el
30/12/2005.

La liquidación deberá efectuarse tomando como ingreso base de cotización el
cien por ciento (100 %) de la remuneración, calculado sobre la totalidad de la
asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión
del valor de este último emolumento, que solo constituye factor para efectos
pensionales. Lo anterior de conformidad con la ley».

Quinto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de
dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala
Transitoria.

Sexto: CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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