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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01211-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01211-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de febrero de 2020, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Alexander Sánchez Moreno contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Radicado: 25000-23-42-000-2016-01211-01 (3277-2020) Demandante: Alexander Sánchez Moreno JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara el voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01211-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01211-01 (3277-2020)
Demandante: Alexander Sánchez Moreno
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Tema: Disciplinario. Falta prevista en el numeral 30 del artículo 34 de la
Ley 1015 de 2006: «Respecto de documentos: e) Abstenerse
intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el deber
impone por razón del servicio».

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

I Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1. Alexander Sánchez Moreno en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso - administrativo2 acudió a esta
jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1.1. Fallo de primera instancia dictado el 25 de febrero de 2014, por medio del cual

1 Folio 179.
2 En adelante CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01211-01 (3277-2020)
Demandante: Alexander Sánchez Moreno

la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

1.2. Fallo de segunda instancia proferido el 31 de marzo de 2014 por la Inspección
Delegada Regional Uno, Inspección General de la Policía Nacional que
confirmó la decisión.

1.3. Resolución 01792 del 9 de mayo de 2014, por medio de la cual se ejecutó la
sanción impuesta.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el reintegro al servicio activo «con
inclusión en el Escalafón sin solución de continuidad en el Cargo de Subintendente»; y (ii)
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 10 de
mayo de 2014.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. El 15 de enero de 2002 fue nombrado como patrullero y el 30 de septiembre de
2013 fue ascendido al cargo de subintendente de la Policía Nacional.

5. El subcomisario Rafael Alfonso Cantillo Peña [coordinador 2 Chía, Zipaquirá,
Simijaca] presentó un informe en el que narró que el 19 de noviembre de 2012 el
patrullero Alexander Sánchez Moreno extravió la licencia de conducción de Manuel
Guzmán García, a quien se le impuso un comparendo por conducir en estado de
embriaguez y, por tal motivo, optó por no radicarlo; además, que solo hizo entrega
del «baucher» de embriaguez y la copia amarilla sin la mencionada licencia. Al día
siguiente fue «trasladado» y, el 21 de noviembre siguiente, la auxiliar de servicios
generales entregó al patrullero John Gutiérrez Villabón la licencia de conducción
«manifestándole que había encontrado en la basura junto a unos papeles de reciclaje,
procediéndose a radicar la licencia extraviada en el organismo de tránsito correspondiente»
[sic].

6. El 16 de febrero de 2013 la Oficina de Control Disciplinario Interno dio apertura a
la indagación preliminar y el 21 de enero de 2014 se dispuso que la actuación se
tramitaría por el procedimiento verbal.

7. En el pliego de cargos se consideró que había cometido ─a título de dolo─ la falta
gravísima prevista en el literal e), numeral 30, artículo 34 de la Ley 1015 de 2006
porque se abstuvo de registrar la orden de comparendo por el extravío de la licencia
de conducción.

8. El 26 de febrero de 2014 el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno dictó

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

el fallo de primera instancia. Impuso la sanción de destitución e inhabilidad general
por el término de 10 años por la falta gravísima prevista en el numeral 30 del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006.

9. Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. En síntesis,
argumentó que no se demostró la tipicidad de la conducta y tampoco se efectuó el
juicio de reproche por el dolo, lo que impedía declarar la culpabilidad.

10. El 31 de marzo de 2014 se confirmó la decisión sancionatoria.

11. Fue separado de forma absoluta mediante la Resolución 01792 del 9 de mayo
de 2014, en la cual se ejecutó la sanción impuesta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

12. Como tales se señalaron los artículos 25 y 29 de la Constitución Política; 4, 6,
9, 13, 18, 20, 43 y 47 de la Ley 734 de 2002, así como la Ley 1015 de 2006; en su
concepto, porque:

13. En el procedimiento disciplinario no se tuvieron en cuenta las circunstancias de
tiempo, modo y lugar ni los argumentos expuestos por la defensa que solicitaban la
demostración del comportamiento doloso que permitiera establecer la gravedad de
la falta.

14. El actuar reprochado no estaba descrito en la ley como falta, por lo tanto, los
actos fueron expedidos con falsa motivación. Ello, en tanto al expediente se aportó
un documento en el que el Grupo de Soporte y Apoyo ─Setradecun─ informó que
no existían instructivos, órdenes, procedimientos o comunicaciones oficiales en las
que se indicara el procedimiento a seguir cuando se perdieran los anexos que
acompañaran la orden de comparendo que debía ser entregada al organismo de
tránsito correspondiente. Se trató del extravío temporal [2 días] de una licencia de
conducción que no permitía inferir actuación malintencionada por parte del entonces
patrullero.

15. No se tuvieron en cuenta las modalidades y circunstancias que se dieron en el
extravío temporal de la licencia de conducción, el grado de culpabilidad, de
perturbación ni la trascendencia social del hecho o el perjuicio causado. No hubo
perturbación alguna para la administración o el usuario ni se atendieron los
parámetros previstos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002.

1.2. Admisión de la demanda

16. El 23 de julio de 2015 el Juzgado Primero Administrativo de Girardot admitió la

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

demanda3.

1.3. Contestación de la demanda4

17. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional se opuso a las pretensiones por las
siguientes razones:

17.1. Se adelantaron todas las etapas del proceso disciplinario y se garantizaron los
derechos de defensa, debido proceso y contradicción sin que se configuraran vicios
de nulidad o defectos objeto de saneamiento.

17.2. La sanción se impuso porque el demandante, quien ostentaba el cargo de
«Secretario de Ruta», ocultó que se había extraviado la licencia de conducción de
Manuel Guzmán Garzón, quien fue objeto del comparendo 1094406 por conducir el
vehículo RHN 229 bajo los efectos de bebidas embriagantes. El actor omitió su
deber de registrar el comparendo en el libro de radicación de órdenes de
comparendos «con la excusa de que se le había extraviado la licencia de conducción y
que por ello había decidido no registrarla a sabiendas que estaba incurriendo una falta
disciplinaria» [sic].

17.3. Al expedir los actos sancionatorios se hizo un análisis ponderado de las
pruebas practicadas, de los descargos presentados y los cargos endilgados por la
conducta desplegada. Asimismo, las autoridades se detuvieron en el concepto de
violación, el análisis y valoración jurídica de las alegaciones, los fundamentos de la
calificación de la falta, de la culpabilidad y en la exposición fundada de los criterios
tenidos en cuenta para la graduación de la sanción.

18. Propuso las excepciones de «falta de competencia», «principio de legalidad de los
actos administrativos atacados» e «imposibilidad de condena en costas».

1.4. Audiencia inicial

19. En la audiencia inicial realizada el 23 de febrero de 2016 se declaró la falta de
competencia por el factor funcional y se ordenó la remisión del expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca5.

20. Mediante auto del 21 de junio de 2016 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca citó a las partes para la continuación de la audiencia prevista en el
artículo 180 del CPACA6.

3 Folio 205.
4 Folio 225.
5 Folio 242.
6 Folio 247.

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

1.5. Sentencia de primera instancia7

21. Mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas. Para tal efecto, sostuvo lo que sigue:

22. La excusa ofrecida por el disciplinado en la actuación administrativa no estaba
justificada, pues en el evento en que fuera cierto debió «hacerla conocer a la autoridad
de tránsito, informándole puntualmente que la licencia de conducción se había extraviado».
No podía dejar de cumplir con la entrega del comparendo para que iniciara la
actuación correspondiente y se impusieran las respectivas sanciones a quien
condujo en estado de embriaguez.

23. Llamaba la atención que después de un día la licencia de conducción fuera
encontrada en la caneca de la basura de la misma dependencia policial. También
era grave que, debido a la omisión de entregar el documento en la Secretaría de
Tránsito, se impidió el trámite oportuno y se permitió que se le entregara el vehículo
y no se sancionara al infractor porque se halló que alguien firmó falsamente la orden
de salida del automotor; así se demostró con los testimonios de Willian Joseph
Gómez Correa y Edward Enrique Parra Ruge.

24. De acuerdo con las pruebas recaudadas se podía concluir que los actos
sancionatorios se ajustaron a la legalidad, en razón a que la conducta no fue por la
pérdida de la licencia de conducción, sino porque ─de manera dolosa─ no envió la
información relacionada con quien condujo un vehículo en estado de embriaguez y
a quien, en últimas, se le entregó el vehículo y «no se le siguió procedimiento de
sanción».

1.6. El recurso de apelación8

25. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:

26. No era cierto que el disciplinado se defendió en la actuación administrativa con
el argumento de que no remitió el comparendo debido a que se le había extraviado
la licencia de conducción del infractor. Para tal efecto, debía tenerse en cuenta lo
sostenido por el subintendente Edward Enrique Parra Ruge, esto era que no negó
haber recibido la documentación y advirtió la pérdida de la licencia y «que por esta
situación no había radicado el comparendo». Es decir, esa versión no solo la dijo el
demandante, sino los testigos convocados al proceso.

7 Folio 277A.
8 Folio 291.

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27. El a quo omitió que nunca negó tener en su poder la orden de comparendo y la
prueba de embriaguez practicada al infractor; además, desconoció que los
funcionarios que continuaban el procedimiento no iban a recibir el comparendo sin
la licencia, pues de las 4 que fueron impuestas solo existía inconveniente con una
licencia extraviada el lunes cuando llegó a prestar el servicio. Dichos documentos
no fueron entregados «a la mano» del demandante y por su actuar honrado nunca
negó que tuvo en su poder la licencia, pues se trataba de una oficina que carecía
de cámaras que pudieran informar sobre la recepción completa de documentos.

28. Igualmente, en la sentencia apelada se indicó que se citaron los principios de la
Ley 734 de 2002, pero sin explicar en qué consistieron las irregularidades que se
presentaron al estudiarse la conducta; no obstante, se desconoció la amplia
argumentación y sustentación que se presentó desde la formulación de cargos y los
alegatos de primera y segunda instancia.

29. Respecto de la afirmación sobre la excusa ofrecida por el disciplinado, debía
insistirse en que los documentos no iban a ser recibidos sin la licencia de
conducción faltante; además, «albergaba la esperanza de encontrar el documento
extraviado durante ese día lunes, pero fue enviado a Bogotá a cumplir una misión y cuando
regresó a laborar el día martes, ya el problema se había generado».

30. Era incomprensible que circunstancias parecidas «tuvieran en el CPC» un
procedimiento establecido ante la pérdida de un expediente, pero para la Policía
Nacional no existiera alguno en manuales, circulares, memorandos, instrucciones o
directivas que establecieran qué hacer ante el extravío de un anexo, al punto que
en el proceso disciplinario se solicitó que se informara si existía trámite alguno para
ese caso particular.

31. El a quo anotó que llamaba la atención que al día siguiente la licencia fuera
encontrada en la caneca de la basura de la misma dependencia; sin embargo, ese
indicio no fue observado desde la buena fe, pues si el investigado hubiera
pretendido favorecer ilícitamente a un infractor, habría «desaparecido» también el
comparendo y la prueba de embriaguez. Apareció la licencia porque estaba
extraviada en la oficina donde fue dejada desde la madrugada del sábado.

32. La afirmación «la omisión de entrega del documento impidió sancionar el infractor»
era inexacta porque no se demostró nada al respecto y tampoco fue una conclusión
de las autoridades disciplinarias. El comparendo y la prueba de embriaguez fueron
entregados a la Oficina de Tránsito el martes 20 de noviembre de 2012 y la licencia
de tránsito al día siguiente, es decir, cuando apareció. En el expediente disciplinario
no obraba prueba al respecto, fue el tribunal el que oficiosamente practicó la prueba
que, por demás, fue equivocadamente solicitada y erradamente contestada.

33. En solicitud del 9 de abril de 2019 decretó como prueba: oficiar a la Secretaría
de Tránsito del municipio de Zipaquirá a fin de que certificara la infracción prevista

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en el comparendo 1094406 impuesto el 16 de noviembre de 2012. En cumplimiento
de esta orden, el oficial mayor adscrito al tribunal remitió un oficio en el que se
requirió una certificación en la que se relacionara la infracción por la cual se
investigó al conductor y el tipo de sanción impuesta en virtud del mismo
comparendo.

34. La Empresa de Servicios de Tránsito de Zipaquirá contestó que no existía
reporte relacionado con la orden de comparendo 1094406 y que desconocía el
motivo y organismo titular. Esto daba cuenta de que la prueba oficiosa no se realizó
y la evaluación realizada era carente de fundamento.

35. En el proceso disciplinario, la policía, los testigos y el disciplinado, ni en el pliego
de cargos, se detuvo en que tuviera que ver ─por acción u omisión─ en la entrega
irregular del automotor y tampoco existía prueba de que el infractor hubiera eludido
la sanción por la embriaguez, máxime cuando la prueba oficiosa que pretendía
demostrar tal hecho no se practicó. Era falso que permitió la entrega irregular del
automotor del infractor, «nunca al Disciplinado se cuestionó sobre el tema, por cuanto la
inmovilización del vehículo y la retención de los documentos y sus anexos, [eran] eventos
independientes».

36. La pérdida de la licencia de conducción fue la razón por la cual no se efectuó el
registro y la remisión de los documentos. Lo que hacía injustificable la decisión era
que ni la oficina de investigaciones ni el tribunal hicieron un juicio de culpabilidad, a
sabiendas de que no había prueba de que el infractor no fue sancionado. «De
acuerdo con la Sentencia del Tribunal, si queda[ba] comprobado que el infractor fue
sancionado por el comparendo de embriaguez, desaparec[ía] el dolo?» [sic].

37. No actuó con el ánimo de incurrir en la falta disciplinaria ni de afectar el servicio,
sino «intentando evitar un daño mayor», por cuanto no podía radicar un comparendo y
un examen de embriaguez sin la licencia de conducción anexa; además, careció de
tiempo para intentar subsanar el problema porque fue enviado a otro lugar [Bogotá]
y al presentarse al día siguiente se percató del inconveniente. En todo caso, en
ningún momento negó la falta ni utilizó «argucias» para entorpecer el esclarecimiento
de los hechos o afectar la investigación.

38. Se desconoció el principio de proporcionalidad y, en relación con la imposición
de la sanción y su relación con la culpabilidad, debía anexarse el grado de
afectación al servicio, la gravedad de la infracción, así como la motivación con la
que actuó el sujeto.

1.7. Trámite en segunda instancia

39. En auto del 9 de diciembre de 2020 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia del 20 de febrero de 2020

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proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca9.

40.El 10 de mayo de 2021 se corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio
Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

41. El Ministerio Público guardó silencio y las partes se pronunciaron en los
siguientes términos:

 Ministerio de Defensa, Policía Nacional10

41.1. La imputación correspondió al haber desconocido de manera deliberada sus
deberes, funciones y obligaciones y, en consecuencia, abstenerse intencionalmente
de registrar los hechos y circunstancias que el deber le imponía por razón del
servicio. En efecto, se demostró que el actor recibió los documentos
correspondientes con sus debidos anexos e intencionalmente decidió no dar trámite
o registrar el comparendo 1094406 que se había impuesto a un ciudadano por
conducir en estado de embriaguez.

41.2. «Tan fue así que se guardó el susodicho documento y solo lo entregó una vez que fue
requerido por su superior», es decir, no tuvo la intención de materializar la radicación
ante la autoridad de tránsito. El extravío del documento en modo alguno impedía
realizar el trámite correspondiente ante la autoridad de tránsito para que el
conductor fuera sancionado.

 Parte demandante

41.3. La solicitud de revocatoria se sustentó en que la sentencia se basó en una
errónea interpretación y valoración probatoria. No obraba en el proceso prueba
alguna que demostrara que el comportamiento impidió sancionar al infractor en los
términos planteados en la sentencia, pues el simple hecho de no radicar la licencia
no impedía la imposición de la sanción de suspensión y multa; en consecuencia, no
se podía predicar una «motivación dolosa».

42. En proveído del 13 de octubre de 2023 se ordenó oficiar a la Secretaría de
Transporte y Movilidad de Zipaquirá para que informara sobre el trámite
administrativo de la orden de comparendo 1094406 del 16 de noviembre de 2012 a
Manuel Guzmán Garzón por la infracción «embriaguez»11.

43. Una vez aportados los documentos12 se corrió el traslado en los términos del
artículo 110 del Código General del Proceso13.

9 Samai, índice 3.
10 Samai, índice 12.
11 Samai, índice 16.
12 Samai, índices 26 y 32.
13 Samai, índice 34.

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

44. Dentro de dicho plazo, la parte demandante14 manifestó que la orden de
comparendo fue pagada el 22 de noviembre de 2012 y, aunque no se allegaron las
demás constancias, de suyo era que la licencia fue objeto de suspensión, por lo
tanto, con la conducta no se dejó de realizar ninguno de los procedimientos
establecidos por la Policía Nacional.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

45. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

46. De conformidad con el recurso de apelación, se deben resolver los siguientes
interrogantes:

46.1. ¿Se demostró en el proceso disciplinario que Alexander Sánchez Moreno
cometió la falta gravísima prevista en el artículo 34.30 de la Ley 1015 de 2006,
esto es, respecto de documentos, «[a]bstenerse intencionalmente de registrar los
hechos y circunstancias que el deber le impone por razón del servicio»?

46.2. ¿Se demostró que Alexander Sánchez Moreno cometió la falta gravísima
a título de dolo?

47. Comoquiera que los argumentos de apelación abordan, en esencia, la tipicidad
y culpabilidad, la Sala se detendrá en el marco normativo y jurisprudencial de cada
una y después resolverá el caso concreto.

2.3. La actuación administrativa

48. En el expediente está demostrado lo siguiente:

49.Mediante el Oficio 637/SETRA-UCOSE 38.10 del 23 de noviembre de 2012, el
coordinador 2 Chía Zipaquirá Simijaca –Rafael Alfonso Cantillo Peña– presentó el

14 Samai, índice 35.

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

siguiente informe al jefe seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca –
Manuel Silva Niño–15:

«[...] me permito informar a mi Coronel, la novedad ocurrida el día martes 20 de
noviembre de 2012, día en el cual se verifico en el libro de radicación de órdenes
de comparendo realizadas el fin de semana comprendido entre las fechas
viernes 16 y domingo 18 de los corrientes, junto al oficio remisorio No. 630
SETRA UCOSE de fecha 19/11/12 dirigido a la secretaria de transito de
Zipaquirá, por medio del cual se radicaban las ordenes de comparendo
realizadas el fin de semana en mención, notando con extrañeza que faltaba la
orden de comparendo No. 1094406 realizada el día 16/11/12 por el señor
Subintendente WILLIAM GOMEZ CORREA al vehículo automóvil de placas
RHN-229 conducido por el señor MANUEL GUZMAN GARZON [...] por
embriaguez, se procedió a preguntarle al señor Patrullero LUIS RIVERA
SANABRIA quien fue el que llevo los comparendos hasta la oficina, quien
manifestó que los bajo de la camioneta y los coloco en el escritorio de la oficina.

Teniendo en cuenta lo anterior se informó al señor Subintendente EDWARD
PARRA RUGE, para que verificara en el parqueadero SIETT Zipaquirá el ingreso
del automotor, donde le dan a conocer una orden de salida firmada por el policial
que realizó el procedimiento en el cual se autorizaba la entrega del vehículo en
mención, por consiguiente procedí a citar al policial que realizo la orden de
comparendo Subintendente WILLIAM GOMEZ CORREA y al señor secretario de
la ruta Patrullero ALEXANDER SANCHEZ MORENO, con el fin de esclarecer los
hechos, informando el señor Subintendente que las ordenes de comparendo
fueron entregadas en su totalidad al señor secretario de la ruta, y este a su vez
manifiesta que se le extravió la licencia de conducción del señor MANUEL
GUZMAN, por tal motivo opto por no radicar dicho comparendo, entregandomelo
con el baucher y la copia amarilla sin licencia de conducción el mismo martes.

Al día siguiente miércoles 21 cerca del mediodía, la señora que realiza el aseo
le entrega la licencia de conducción al señor Patrullero JOHN GUTIERREZ
VILLABON manifestándole que había encontrado una licencia en la basura junto
a unos papeles de reciclaje.

Posteriormente mediante oficio 635 SETRA UCOSE de fecha 22/11/2012 se
procede a radicar la orden de comparendo en el organismo de tránsito
correspondiente» [sic].

50. El 24 de noviembre de 2012, el uniformado que impuso el comparendo también
rindió informe ante la misma autoridad16, la cual –mediante oficio S-2013 001547
del 18 de enero de 2013– informó al comandante del Departamento de Policía de
Cundinamarca que el patrullero Alexander Sánchez Moreno «al parecer incurrió en
una serie de irregularidades relacionadas con la no radicación de órdenes de comparendo
nacional y la entrega de vehículos inmovilizados cuando es competencia de los organismos
de tránsito, valiéndose de falsas actas de entrega»; en consecuencia, solicitó que se
ordenara la apertura de la «investigación disciplinaria y penal»17.

15 Folio 19.
16 Folio 29.
17 Folio 31.

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51. Mediante auto dictado el 16 de febrero de 2013 la Oficina de Control
Disciplinario Interno dio apertura a la indagación preliminar en contra del entonces
patrullero Alexander Sánchez Moreno18. La notificación se surtió el 5 de agosto de
201319.

52. Mediante el auto del 21 de enero de 201420 se resolvió tramitar la actuación por
el procedimiento verbal previsto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 y, en
consecuencia, citar a audiencia pública a Alexander Sánchez Moreno. En esta
decisión se anotó21:

→ Modo: «[u]sted señor Patrullero SANCHEZ MORENO
ALEXANDER, cuando presuntamente se encontraba cumpliendo
actividades como integrante del tramo vial Chía-Zipaquirá-Simijaca, al
parecer se abstuvo de registrar la orden de comparendo No 1094406,
la cual debía ser enviada a la secretaría de tránsito de Zipaquirá, para
que se diera inicio al proceso administrativo correspondiente, siendo
presuntamente función suya como integrante del cuadrante vial
Descripción y
encargado de este asunto, elaborar el oficio y en este registrar la
determinación
totalidad de los comparendos realizados por las unidades adscritas a
de la conducta
la seccional de tránsito y transporte, que prestan sus servicios en ese
investigada
tramo vial, no podía dejar de registrar la orden de comparendo, puesto
que hacerlo afectaba la ejecución del debido proceso que debía
adelantar la secretaria de transito del municipio de Zipaquirá» [sic] [se
resalta].

→ Tiempo y lugar: los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2012
en el municipio de Zipaquirá.
→ Norma presuntamente infringida: «[d]el análisis realizado, y
valorado las diferentes piezas procésales allegadas al cartapacio, esta
instancia considera que con el presunto actuar desplegado el día 19
de noviembre de 2012, por parte del señor Patrullero SANCHEZ
MORENO ALEXANDER, pudo infringir normas que contempla y
sanciona la Ley 1015 de 2006 [...] vigente para la fecha de la comisión
de los hechos en su Libro Primero, Título VI de las faltas y de las
sanciones Disciplinarias, Capítulo I, Clasificación y descripción de las
Normas faltas; Artículo 34. Faltas Gravísimas, numeral 30, que a la letra dice:
presuntamente “Respecto de documentos: e) Abstenerse intencionalmente de
violadas y registrar los hechos y circunstancias que el deber le impone por
concepto de la razón del servicio, cargo o función o registrarlos de manera imprecisa
violación o contraria.” El verbo rector del presente tipo es “Abstenerse” término
que entre otros se define como “Contener o refrenar, apartar”»
[resaltado del original] [sic].

→ Concepto de la violación: «[...] el investigado al parecer el día 19 de
Noviembre de 2012, presuntamente elaboro el oficio No 630 SETRA
UCOSE, en el cual según parece no registro uno de los comparendos
que habían al parecer sido realizados por personal adscrito a la
seccional de tránsito y transporte, que prestaba sus servicios en este

18 Folio 33.
19 Folio 40.
20 Folio 60.
21 La decisión se notificó el 27 de enero de 2014 (fl. 71).

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tramo vial, logrando con ello un aparente traumatismo en la función
que deben cumplir las unidades de tránsito, en el control vial y la
prevención de accidentes relacionados con el uso de las vías y del
cual según parece debía el investigado hacer entrega a la secretaría
de tránsito de Zipaquirá, por cuanto al parecer en su servicio, era quien
ejecutaba la entrega de los comparendos a este ente municipal
competente para aplicar las medidas correctivas correspondientes»
[sic].

→ Modalidad específica de la conducta: «[...] se tiene que al parecer
el investigado dejo de registrar una orden de comparendo, la cual
debía aparecer descrita en el oficio remisorio 630 SETRA – UCOSE
de fecha 19 de noviembre de 2012, toda vez que este documento tiene
por objeto dar a conocer a la autoridad administrativa competente, las
anomalías encontradas durante el servicio de control vial, para que
ellas dentro de las facultades dadas por la Ley, le dieran aplicación a
lo reglado en la norma particular que rige la materia del tránsito
terrestre, al no hacer referencia a la orden de comparendo y
abstenerse de anexarla, permitió que no se cumpliera con las
condiciones señaladas en la Ley, veamos como el artículo 135. De la
ley 769 de 2002, hace referencia al procedimiento, indicando en su
parágrafo 1º. Que “...la autoridad de tránsito entregará al funcionario
competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo,
dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de
comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Cuando
se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia
se hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante
director del servicio ...”

Como se puede apreciar de lo antes señalado en el acápite anterior
tenemos como al parecer el investigado descarta el comparendo
realizado a un ciudadano que conducía en aparente estado de
embriaguez, del oficio que debía remitir a la secretaria de transito de
Zipaquirá. Como se puede observar se trata de una conducta de
OMISIÓN, es decir que se dejó de hacer algo de lo que se tenía
obligación, en el caso, al parecer se Omite el deber de registrar los
hechos y circunstancias que el deber le impone por razón del cargo»
[sic] [se resalta].
«[...] conforme a la prueba que hace este despacho estima el A-quo
que el investigado, aparentemente incurrió en la falta por la cual se
investiga su conducta a título de DOLO, [...].

[...] al parecer la conducta investigada por el investigado se realizo
presuntamente en la modalidad de dolo, para ello prudente indicar
como al parecer el investigado tenía conocimiento de la existencia de
La forma de la orden de comparendo y al parecer conocía de su presunto deber de
culpabilidad registrarla en el oficio que las debía remitir ante la autoridad
competente, sin embargo al parecer conoce este obligación,
presuntamente decide abstenerse de hacerlo, puesto que según se
dijo observó que esta orden de comparendo, no se acompañaba de la
licencia de tránsito porque este documento, no lo encontraba,
hallándose extraviado, de modo tal que según parece decidió que
frente al traspapeló de la licencia, lo mejor era abstenerse de registrar
el comparendo, a sabiendas al parecer que esta no era justificación

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alguna para incumplir con la Ley, que señala un tiempo perentorio y
prudente para realizar la entrega ante las autoridades.

Oportuno indicar que el investigado debía registrar y remitir el
comparendo, haciendo la nota y salvedad del extravío de la licencia y
hacerse responsable de ella, lo que presuntamente no hizo, sino que
al parecer decidió mejor abstenerse de registrar el hecho, en una
aparente demostración de irresponsabilidad, injustificada que prueba
el presunto DOLO en el que actuó, afectando posiblemente el deber
funcionar en la medida en que el no registrar y remitir el comparendo,
afecta el procedimiento administrativo señalado en la Ley 769 de
2002» [sic] [subrayado fuera del original].

53. La audiencia se realizó en las siguientes fechas:

Fecha Actuación
Alexander Sánchez Moreno rindió versión libre y presentó los
descargos por conducto de su apoderado. También se decretaron
pruebas.

En los descargos alegó lo siguiente:

→ Actuó con buena fe porque nunca negó su intervención o
participación en los hechos al extravío temporal de un anexo de un
comparendo que fue dejado en su escritorio. Nunca fue recibido
formalmente ni era su obligación entregarlo.

4 de febrero de → Su actuar no se hizo a título de autoridad de tránsito como lo
201422 exigía el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, pues no fue quien
observó la contravención, elaboró el comparendo o inmovilizó el
vehículo.

→ La responsabilidad por la entrega de comparendos, licencias de
conducción y copias de reconocimientos de alcoholemia
correspondía al jefe de la unidad de control y seguridad.

→ La adecuación típica «no daba» para disciplinar por falta
gravísima a título de dolo a un secretario que no obró como
autoridad ni como recaudador.

7 de febrero de Se practicó la declaración del subcomisario Rafael Antonio Cantillo
201423 Peña.
En esta se practicó el testimonio de William Humberto Cruz Puertas
[tramitador en asuntos de tránsito], quien manifestó que
11 de febrero de
desconocía la situación. También se corrió el traslado de las
201424
pruebas documentales allegadas y se ordenó un receso para que
el disciplinado presentara sus alegaciones finales.
20 de febrero de
El demandante presentó los alegatos de conclusión.
201425

22 Folio 73.
23 Folio 78.
24 Folio 86.
25 Folio 91 y 94.

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25 de febrero de
Se dio lectura al fallo de primera instancia.
201426

54. En el fallo de primera instancia dictado por la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía de Cundinamarca se resolvió declarar
responsable a Alexander Sánchez Moreno y, en consecuencia, imponerle la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, en tanto se comprobó
la comisión de la falta gravísima prevista en el numeral 30 del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006. Para tal efecto, expuso –en síntesis– lo siguiente:

54.1. El disciplinado sí tuvo contacto con la orden de comparendo. Las pruebas
indicaban que la halló en su escritorio como a todas las demás; después manifestó
que la licencia de conducción del infractor se había perdido, motivo por el cual no
radicó el comparendo, «presenta [al] comisario inmediatamente el comparendo en sus
manos, estaba doblado en dos dobleces».

54.2. La omisión de registrar el comparendo fue intencional, es decir, «con el pleno
propósito y voluntad», máxime porque manifestó que «no lo había registrado, porque se
le había extraviado la licencia que acompañaba el comparendo». «Siendo así las cosas
[era] evidente que en el momento en el que elaboraba el oficio No 630 SETRA-UCOSE
38.10 de fecha 19 de noviembre de 2012, observo la existencia del comparendo No
1094406, y debiendo anotarlo en el documento que lo remitiría ante la secretaria de transito,
decidió no hacerlo, comportamiento este que se enmarca[ba] de manera estricta y
consecuente con el tipo disciplinario del cual se le hac[ía] responsable» [sic].

54.3. El extravío de la licencia no era razón justificada para no registrar la orden de
comparendo, en razón a que «una cosa no dependía de la otra, el hecho de que la
licencia no estuviera, no hacía imposible remitir el comparendo ante la autoridad de tránsito,
solo que debían tomarse medidas administrativas adicionales con el fin de sortear el
impase, pero de ningún modo el camino coherente era guardar silencio e ignorar que el
comparendo existía y debía dársele el tratamiento legal correspondiente».

54.4. Se le hizo responsable de haber dejado de registrar el comparendo 1094406
en el Oficio 360 SETRA – UCOSE 38.10 del 19 de noviembre de 2012. El hecho de
reconocer que dejó de hacerlo probaba que la omisión fue llevada a cabo con «plena
conciencia [...] y responsabilizarse por el extravió de la licencia y de ningún modo lo excusa
para guardar silencio y hacer como si nada pasara y dejar que todo continuara, mientras
que la administración carecía de ese elemento para proceder a la ejecución de las acciones
administrativas que a lugar daba el sorprendimiento de un ciudadano conduciendo en
estado de embriaguez» [sic].

54.5. Resultaba desafortunado que la defensa se sustentara en que el disciplinado
no hubiese recibido las órdenes de comparendo de manera personal; no era él quien
debía entregarlas a la secretaría de tránsito. Estas afirmaciones resultaban

26 Folio 95.

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«bizantinas» porque el hecho en discusión se contraía a que no registró el
comparendo en el oficio a sabiendas de que este existía y debía ser anotado en el
documento que realizó.

54.6. No se requería que el investigado fuera nombrado en el cargo de secretario de
manera ceremonial y protocolaria para señalar que tenía la responsabilidad, «puesto
que para nadie es ajeno que hacer un oficio no es contrario a la naturaleza del cargo,
máxime cuando este tenía que ver con el registro de comparendos que resulta ser una
actividad propia de la Policía de Tránsito». En nada alteraba la sanción si el hecho
alcanzó o no a tener consecuencia alguna.

54.7. Actuó con dolo por abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y
circunstancias que el deber le imponía por razón del servicio. La conducta se
materializó cuando en el documento se dejó de consignar información que allí debía
estar contenida «y quien deja de anotar ese hecho o circunstancia lo hace
intencionalmente». «[O]bro en esta conducta el querer, la voluntad, pues pudo haberlo
registrado y decidió libremente no hacerlo, así mismo sabia que el comparendo no podía
quedarse por ahí en la gaveta de su escritorio, sino que a esta orden de comparendo debía
dársele el trámite correspondiente y sin embargo persistió en su empeño de no asentarlo
en el oficio que efectivamente entrego a la secretaria de transito de Zipaquirá, sin que en
este documento apareciese debidamente asentado el comparendo que por decisión suya
permaneció en su poder, hasta que fue descubierto por el señor Subcomisario CANTILLO
PEÑA» [sic].

55. En la diligencia realizada al día siguiente [26 de febrero de 2014] el disciplinado
presentó recurso de apelación contra la decisión sancionatoria. En síntesis, alegó
que (i) la responsabilidad de entrega y elaboración del oficio remisorio era de quien
lo firmaba, es decir, el jefe de unidad de control y seguridad; (ii) expuso que no
relacionó el comparendo «porque estaba extraviada una licencia de conducción como en
realidad sucedi[ó] y que no se mintió en esa respuesta dada el día siguiente, valga decir,
martes 20 de noviembre de 2012, momento para el cual se presentó fue la ausencia de un
superior funcional que le indicara el procedimiento correcto, cual era, radique
inmediatamente el comparendo y el examen de alcoholemia y un informe manifestando el
extravío de la licencia mientras aparece y no ordenar el traslado improrrogable del servidor
investigado»; (iii) no existía indicio del actuar doloso, por el contrario había certeza
de su actuar de buena fe: nunca negar que la licencia se extravió cuando estaba en
su poder; y (iv) la responsabilidad devino del desconocimiento y falta de orientación
de su superior funcional.

56. El 31 de marzo de 2014 el inspector delegado regional uno encargado resolvió
confirmar la decisión por las siguientes razones:

56.1. Se demostró más allá de toda duda razonable que el 19 de noviembre de 2012
Alexander Sánchez Moreno se abstuvo intencionalmente de registrar en el Oficio
360 del 19 de noviembre de 2012 la orden de comparendo 1094406. La situación
fáctica se adecuaba «perfectamente» al tipo disciplinario imputado.

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56.2. Para el momento de los hechos, Alexander Sánchez Moreno «se encontraba
como secretario», actividad ordenada por el mando superior de la unidad policial,
quien actuó conforme con la necesidad del servicio, «designando para las labores
secretariales al [disciplinado], disposición que no requiere de formalismos especiales». La
defensa intentó confundir cuando se refirió a la responsabilidad y función que debía
cumplir. La responsabilidad era un valor institucional que se debía evidenciar en el
actuar diario, mientras que la función se refería a las labores que en determinado
cargo se debían cumplir o acatar; de ese modo, una de las labores del secretario
era la «realización de documentos para la firma de quien corresponde, es por ello que no
[era] de recibo lo atinente a que era responsabilidad del Jefe de la Unidad de Control y
Seguridad de Tránsito».

56.3. Era cierto que la función se podía delegar, pero no la responsabilidad.
Alexander Sánchez Moreno tenía la función de secretario y por eso debía registrar
el comparendo, de ahí que se adecuara el tipo disciplinario, pues el fin era poner en
conocimiento de la autoridad de tránsito los hechos para la efectiva imposición de
la sanción al infractor.

56.4. No se justificaba el proceder del disciplinado, esto era abstenerse de registrar
el comparendo por el extravío de la licencia de conducción. De haber sido cierto, las
reglas de la experiencia enseñaban que se hubiese informado inmediatamente el
hecho, «lo cual nunca ocurrió, pero sí apareció un documento que autorizó la salida del
parqueadero al vehículo relacionado en ese comparendo precisamente para la fecha en
que se debía registrar el oficio (19/11/12), con los hechos suscritos en el mismo y firmado
supuestamente por quien suscribiera la orden el señor Subintendente WILLIAM GOMEZ
CORREA, fecha para la cual reposaba la orden de comparendo en la secretaria, es decir
en poder del disciplinado, de lo cual se puede inferir de forma lógica y razonable que quien
realizó esa autorización tuvo acceso al comparendo; además testificó de manera categórica
el señor Subcomisario RAFAEL ALFONSO CANTILLO PEÑA que un tramitador de nombre
WILLIAM le llamó para pedirle que no pasara informe al Patrullero SANCHEZ porque le
había colaborado para no pasar el comparendo a la Secretaría de Tránsito ya que el
afectado era conocido suyo, estos hechos son indicios del grado de culpabilidad que le
asiste al disciplinado, no siendo otro diferente al DOLO, contrario a lo expuesto por la
defensa, en este tema» [sic].

56.5. El actor, como servidor público integrante de la Policía Nacional, conocía que
era una falta disciplinaria abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y
circunstancias que el deber le imponía por razón del servicio. Un patrullero estaba
debidamente preparado para cumplir con las actividades propias del servicio,
además, debía realizarlas de manera eficiente, oportuna y efectiva.

56.6. Existían indicios que daban cuenta de la intención «malévola» para abstenerse
de registrar el comparendo: (i) el documento que autorizó la salida del parqueadero
al vehículo relacionado en la orden de comparendo; (ii) quien realizó esa

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autorización tuvo acceso al comparendo, además, el subcomisario Rafael Alfonso
Cantillo Peña testificó que un tramitador [William] «le llamó para pedirle que no pasara
informe al Patrullero SANCHEZ porque le había colaborado para no pasar el comparendo
a la Secretaría de Tránsito ya que el afectado era conocido suyo y la diligencia de
declaración del señor Subintendente GOMEZ CORREA WILLIAM quien negó
fehacientemente la elaboración y firma del documento que autorizaba la salida del vehículo
del parqueadero». Esto resultaba creíble al cotejar la firma del comparendo con la
signada en la autorización.

57. Mediante la Resolución 01792 del 9 de mayo de 2014 se resolvió retirar al
demandante del servicio activo de la Policía Nacional por destitución 27. La decisión
se notificó el 13 de mayo de 201428.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. La tipicidad

58. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional29. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

59. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

60. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»30,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»31

61. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o

27 Folio 4.
28 Folio 3.
29 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
30 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
31 Sentencia C-135 de 2016.

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sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio32».33

62. Es decir que este principio comprende dos garantías34: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»35.

63. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente36:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta37; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional38, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se

32 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
33 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
35 Ibidem
36 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
37 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»37,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
38 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.

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imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»

64. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurarles», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

65. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también
explicó está Sección39:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818
de 200540, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas,
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en
las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables
a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria».

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido41 bajo la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para
señalar que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar
su alcance42, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”43, afirma Hans
Welzel»44. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal45, mientras que los abiertos ingresan en la

39 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
40 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
41 Ver la sentencia 404 de 2001.
42 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
43 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
44 Gómez Pavajeau. Óp. Cit., p. 431.
45 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.

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división según su contenido46».

66. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación con la conducta.

2.4.2. La culpabilidad

67. La culpabilidad como elemento imprescindible de la responsabilidad y de la
sanción apunta a determinar la responsabilidad subjetiva del disciplinado y, al igual
que la tipicidad, encuentra sustento en el artículo 29 superior de cuyo texto se
desprende que «toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable» así como en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 que proscribió
toda forma de responsabilidad objetiva, es decir que las faltas solo serían sancionables
a título de dolo o de culpa.

68. Sobre el particular, la Corte Constitucional manifestó que, si «la razón de ser de la
falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su
incumplimiento, el servidor público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido dolosa
o culposamente, pues [...] el principio de culpabilidad tiene aplicación no solo para las
conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho
sancionatorio»47.

69. En concreto, la autoridad disciplinaria no solo debe demostrar la adecuación típica
y la ilicitud sustancial de la conducta, pues debe afectar o poner en peligro los fines y
las funciones del Estado, sino también le corresponde probar si el servidor actuó con
dolo o culpa48.

2.5. Caso concreto

70. En la actuación disciplinaria, de acuerdo con el informe rendido, estuvieron
involucrados en los hechos los siguientes uniformados:

Uniformado Rol
→ Impuso la orden de comparendo 1094406 el 16 de noviembre
de 2012 y presentó informe de novedad el 24 de noviembre de
William Gómez
2012 ante el jefe seccional de tránsito y transporte de
Correa
Cundinamarca.
(subintendente)
→ Rindió declaración el 13 de agosto de 201349.

46 Ibidem p.118.
47 Sentencia C-721 de 2015.
48 Sentencia C-155 de 2002.
49 Folio 46.

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Edward Enrique → Rindió declaración el 13 de agosto de 201350. Verificó lo
Parra Ruge relacionado con la entrega del vehículo que fue inmovilizado con
(subintendente) ocasión del comparendo antes referido (embriaguez).
→ Una vez se le entregaron los comparendos, se encargó de
Luis Fernando dejarlos en la oficina para que se realizara el oficio de remisión
Rivera Sanabria a la Oficina de Tránsito.
(patrullero)
→ Rindió declaración el 13 de agosto de 201351.
→ Suscribió el Oficio 637/SETRA-UCOSE 38.10 del 23 de
Rafael Alfonso noviembre de 2012.
Cantillo Peña
(subcomisario) → Rindió 2 declaraciones: el 13 de agosto de 201352 y el 7 de
febrero de 201453.
→ Tramitador ante la Secretaría de Tránsito. En la declaración
William Humberto
practicada el 11 de febrero de 201454 se limitó a manifestar que
Cruz Puertas
no tenía conocimiento de los hechos objeto de investigación.
 Superior jerárquico del demandante que «suscribió» el Oficio
José Marino Álvarez
630 SETRA – UCOSE del 19 de noviembre de 2012. Rindió
Gómez
declaración el 11 de febrero de 2014.
Alexander Sánchez → Disciplinado. Fungía como secretario de ruta y era el
Moreno encargado de realizar el oficio que debía radicarse en la Oficina
(patrullero) de Tránsito del municipio de Zipaquirá.

71. El primero de los uniformados, William Gómez Correa, declaró que al terminar
el turno radicó los comparendos que había realizado en el libro de radicación de
comparendos y entregó los originales, una copia de cada uno, así como las licencias
de conducción de los propietarios de los vehículos inmovilizados. Ese día o al
siguiente, por solicitud del subcomisario Rafael Antonio Cantillo Peña informó (i)
cuáles eran los números de las órdenes de comparendos; y (ii) que se los entregó
al subintendente Esneider Gutiérrez Tovar para que ─a su vez─ los diera al
secretario y fueran radicados en la Oficina de Tránsito del municipio de Zipaquirá.
Después indicó:

«[...] mi comisario me dijo que fuera a la oficina de la ruta que estaba ubicada en
el comando de distrito para verificar que había pasado con ese comparendo, yo
llame a mi cabo PARRA RUGE que en ese momento estaba encargado del
cuadrante y el me dijo que un comparendo que yo había hecho por embriaguez
no aparecía y que además en los patios del SIETT había una autorización para
la salida de un vehículo que yo había inmovilizado por embriaguez, esa
autorización o documento iba con una firma que supuestamente era mi firma, me
pregunto que había pasado con ese vehículo yo le dije que no sabía nada y que
iba para la oficina porque mi comisario CANTILLO me había citado allá, cuando
estábamos en la oficina mi comisario nos dijo, hay estaba mi Subintendente
PARRA, no acuerdo quien mas estaba allá, el Patrullero SANCHEZ MORENO
estaba acá en Bogotá en una reunión de los secretarios de las rutas, mi comisario
me mostró el oficio de la autorización de la salida del vehículo que yo inmovilicé

50 Folio 49.
51 Folio 52.
52 Folio 44.
53 Folio 78.
54 Folio 86.

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por embriaguez y me preguntó que si yo la había hecho y la había firmado, yo le
contesté que era no era mi firma y que yo no había dado autorización para sacar
ningún vehículo de los que se había inmovilizado, también le dije que podía
compara la firma que estaba en ese oficio con mi firma que estaba en los
comparendos que yo había realizado, y el mismo verifico que no era mi firma,
que las firmas eran diferentes, en esos momentos mi subintendente PARRA dijo
que iba a llamar al número de teléfono que había dejado el infractor en el teléfono
para saber quien le había dado esa orden de salida, llamo al celular y entre las
preguntas que le hizo mi subintendente PARRA mi subintendente PARRA que
este señor le había contestado que esa orden de salida y todo el trámite para
sacar el carro de los patios se lo había hecho un tramitador de la secretaría de
tránsito de Zipaquirá, nos retiramos de ese lugar y mi comisario CANTILLO se
quedo con mi subintendente PARRA en la oficina, no recuerdo si fue al día
siguiente o que día el patrullero SANCHEZ me dijo que la licencia de conducción
del señor al que se realizó el comparendo que no fue registrado la había
encontrado la señora que hace el aseo en la estación de policía, dijo que la había
encontrado en la caneca de la basura y que se la había llevado y se la había
entregado, después se radico ese comparendo en la secretaría de tránsito, no
sé que más pasaría de ahí en adelante.

PREGUNTADO_/ a folio 7 del cuaderno original obra un documento firmado al
parecer por usted en el cual se solicita la salida del vehículo de los patios del
SIETT de Zipaquirá toda vez que supuestamente dicho automotor había sido
inmovilizado para verificación de antecedentes (se deja constancia que dicho
documento se le pone de presente al declarante) así las cosas diga al despacho
si la rúbrica que aparece allí la reconoce como suya y si un vehículo puede ser
inmovilizado para verificación y supervisión de antecedentes CONTESTO_/ no
es mi firma, yo no hice esa solicitud de salida del carro, y no se inmoviliza ningún
vehículo para verificar los antecedentes, solamente se inmoviliza cuando figura
alguna solicitud por embargo, hurto, pero que se encuentre en el sistema, de
resto nunca se inmoviliza para verificar un carro, los funcionarios que hicieron la
entrega del vehículos en los patios del SIETT debieron haber verificado la
veracidad de esa salida ya que los policías no estamos autorizados para dar
salida de los vehículos que se encuentran en los patios» [sic].

72. Al verificar el «LIBRO DE RADICACIÓN DE COMPARENDOS ROMA 6»55 se
constata que el 16 de noviembre de 2012 –a las 21:10 horas– dicho uniformado
registró el comparendo 1094406 impuesto a Manuel Guzmán Garzón, quien
conducía el vehículo de placas RHN-229. Al mismo tiempo, se dejó constancia de
su inmovilización por la infracción E-03 que, de acuerdo con el artículo 131 de la
Ley 1383 de 201056, correspondía a «[c]onducir en estado de embriaguez o bajo los
efectos de sustancias alucinógenas [...]».

73. Dicha declaración coincide con la rendida por el subintendente Edward Enrique
Parra Ruge. Expresó que el 20 de noviembre de 2012 recibió una llamada del
subcomisario Rafael Alfonso Cantillo Peña, quien le preguntó si los comparendos
se habían radicado en su totalidad y lo requirió para que se presentara con el oficio
de radicación y el libro en el que estos se anotaban; al revisar este último, se percató

55 Folio 26.
56 Que modificó el artículo 131 de la Ley 769 de 2002.

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de que sí fueron registrado en su totalidad. Luego indagó si se había «dado salida»
a los vehículos inmovilizados y en la carpeta respectiva encontró un oficio de
entrega directa por parte del subintendente William Gómez Correa, quien –en una
llamada– le manifestó que no había firmado oficio alguno; además, que entregó los
comparendos al patrullero Luis Fernando Rivera Sanabria. Luego llamó a este
último uniformado, quien le manifestó que los dejó en «la gaveta de la oficina donde
se acostumbraba dejárselos al secretario».

74. Luego, llamó al patrullero Alexander Sánchez Moreno, quien le expresó que se
encontraba en Bogotá y que iba en camino al municipio de Zipaquirá «y que trataría
el asunto personalmente». Después narró lo siguiente:

«[...] llegue a la oficina de la ruta estaba mi comisario cantillo, busque el oficio de
radicación del comparendo lo encuentro y efectivamente faltaba un comparendo de
embriaguez del fin de semana que era firmado por el intendente JOSE MARINO
ALVAREZ GOMEZ, imprimi la fotografía del oficio que tome en los patios, mi
comisario me ordena llamar inmediatamente al señor subintendente GOMEZ y
Patrullero RIVERA para que hicieran presencia en la oficina, llegan a la media hora
aproximadamente, mi comisario los informa acerca de la situación, el subintendente
Gómez dice que la firma no era la de él y que él nunca realizó ese oficio y el patrullero
rivera confirma que el trajo los comparendos en su totalidad y tal cual se los
entregaron dejándolos en la gaveta de la oficina, luego el patrullero SANCHEZ llega
a la oficina, mi comisario comienza hacerle un fuerte llamado de atención por la
situación, el patrullero manifiesta que la licencia de conducción de la persona a la
que se le hizo ese comparendo la cual se anexa al comparendo se le había perdido,
motivo por el cual no había radicado el comparendo, presenta a mi comisario
inmediatamente el comparendo en sus manos, estaba doblado en dos dobleces [...].
PREGUNTADO_/ indique al despacho que policial era el encargado de radicar las
ordenes de comparendo en la secretaría de tránsito de Zipaquirá CONTESTO_/ el
secretario de la ruta ya que las instalaciones de tránsito quedan contiguas a las
mismas instalaciones de la ruta, en ese entonces el encargado de la secretaria de
la ruya era el patrullero SANCHEZ MORENO. [...] PREGUNTADO_/ sabe usted que
sucedió con la licencia de conducción de esta persona la cual se encontraba anexa
en la orden de comparendo CONTESTO_/ días después no tengo la fecha exacta
el patrullero Sánchez moreno manifestó que la licencia de conducción había sido
encontrada en la basura, no recuerdo quien la encontró. [...] PREGUNTADO_/
indique al despacho si al momento que se hace la reunión presidida en cabeza del
señor subcomisario CANTILLO y se le indaga al señor Patrullero SANCHEZ
MORENO sobre la situación presentada con el comparendo, este negó al algún
momento haber recibido la documentación de ese procedimiento CONTESTO_/ no
él nunca negó haber recibido la documentación de ese procedimiento, solamente
manifestó dar las explicaciones expuestas anteriormente correspondientes a la
perdida de la licencia de conducción del infractor y que por esta situación no había
radicado el comparendo» [sic] [se resalta].

75.De esa reunión también dio cuenta Luis Fernando Rivera Sanabria, quien
manifestó: «no sé si como al día siguiente o dos días estaba de descanso cuando recibi
una llamada del comandante de tramo porque había un inconveniente con un comparendo,
llegue a la oficina me entreviste con mi subintendente, allá en la oficina estaba mi
subintendente Gómez y me subcomisario cantillo, me informaron que se había
desaparecido un comparendo realizado por embriaguez, yo si yo tenía conocimiento de ese

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comparendo ya que yo había sido quien los había llevado a la oficina de la ruya, yo
manifesté que los había dejado en la gaveta cerré la oficina y me fui para mi casa, eso fue
todo [...] PREGUNTADO_/ indique al despacho si una vez usted recibe la llamada telefónica
del parte del señor subintendente PARRA y se acerca a las instalaciones de la oficina de la
ruya, allí llegó o hizo presencia el señor Patrullero SANCHEZ MORENO CONTESTO_/ si
el llego al rato que yo ya había llegado y se entrevisto con mi comisario CANTILLO en la
oficina ellos dos» [sic].

76. Nótese que los deponentes concordaron en que se realizó una reunión en la
que participó el patrullero Alexander Sánchez Moreno, quien afirmó que se había
extraviado la licencia de conducción de Manuel Guzmán Garzón y, por tal razón, no
radicó el comparendo. Ello se verifica, incluso, con el Oficio 630 SETRA – UCOSE
del 19 de noviembre de 201257 –elaborado por el demandante y suscrito por el
intendente José Marino Álvarez Gómez–, en el cual se relacionaron los
comparendos impuestos el 16, 17 y 18 de noviembre de 2012 [viernes a domingo],
sin que en ellos se incluyera el 1094406.

77. Además, en el informe rendido por Rafael Alfonso Cantillo Peña también se
explicó que (i) Alexander Sánchez Moreno manifestó que se había extraviado la
licencia de conducción del infractor y por tal motivo optó por no radicar dicho
comparendo; (ii) hizo entrega de este, el «baucher y la copia amarilla sin licencia de
conducción el mismo martes»; y (iii) al día siguiente, el personal de servicios generales
le entregó la licencia de conducción al patrullero John Gutiérrez Villabón y le expresó
que la había encontrado en unos papeles de reciclaje.

78. Y en el mismo sentido, la omisión de registro del comparendo por el extravío
de la licencia de conducción fue expuesta el 24 de noviembre de 201258 por el
subintendente William Gómez Correa cuando presentó el informe de novedad. Se
transcribe la narración:

«Respetuosamente, me permito informar a mi Coronel, los hechos ocurridos el
día Martes 20 de Noviembre de 2012, cuando siendo aproximadamente las 14:30
horas, mi Subcomisario Cantillo Peña Rafael, Coordinador Ruta Chía-Zipaquirá-
Simijaca, me pregunta vía celular sobre las ordenes de comparendo que había
realizado el día Ciernes 16 de Noviembre en horas de la noche por embriaguez,
que fueron las ordenes de comparendo con consecutivos 1094406 y 1094407,
firmados por mi persona, los cuales fueron radicados personalmente antes de
retirarme a las 02:00 horas del sábado 17 de Noviembre ya que me encontraba
realizando turno de apoyo para salir con la franquicia; dichos comparendos lo
entregue físicamente anexando licencias de conducción y resultados de la
prueba de embriaguez, al Señor Subintendente Gutiérrez Tovar Esneider, quien
quedaba como Suboficial responsable del turno, y a su vez los entrego al
Patrullero Rivera Sanabria Luis, para que los trasladara a la oficina del cuadrante
ubicada en el Comando de Distrito de Policía de Zipaquirá, para que el día Lunes
fueran radicados en la Secretaría de Tránsito de Zipaquirá, cuando el día martes

57 Folio 21.
58 Folio 29.

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se me pregunta por el comparendo número 1094406, del cual desconozco su
paradero y posteriormente se le pregunta al señor Patrullero Sánchez, secretario
del cuadrante quien manifiesta que no lo había radicado ya que se le había
extraviado la licencia de conducción y la estaba buscando para radicar el
comparendo, que posiblemente la había extraviado en la basura ya que al sacar
las licencias de las bolsas pequeñas en las que se encontraban por accidente
las había botado, así mismo el señor Subintendente Parra Ruge Eduard, se
traslada a los patios SIETT de Zipaquirá, para verificar el vehículo que fue
inmovilizado, quien verifica que el vehículo fue retirado con una solicitud de
entrega firmada supuestamente por el Subintendente Gómez Correa William, en
la cual decía que el vehículo había sido inmovilizado por sistemas de
identificación y no por embriaguez, dicho oficio de solicitud de entrega es
verificado y comparado en las firmas que aparece en la solicitud y la verdadera
firma del suscrito, por el señor Comisario Cantillo Peña Rafael, así mismo el
señor Subintendente Parra Ruge Eduard Líder del Cuadrante (E), llama al
número de celular que dio el infractor y que figura en la orden de comparendo,
siendo el señor Manuel Guzmán Garzón, quien manifiesta que la orden de salida
del vehículo para los patios, se la había entregado un tramitador de la Secretaría
de Tránsito de Zipaquirá y ya estaba firmada, se le solicita al infractor, que haga
presencia en las instalaciones del Comando de Distrito de Zipaquirá para aclarar
los hechos pero este no se presentó.

El día Jueves 22 de Noviembre, la señora que presta los servicios de aseo en
las instalaciones de la oficina del cuadrante, hace entrega de la licencia de
conducción que se había extraviado, al señor Patrullero Gutiérrez Villabon Jhon,
secretario del cuadrante, manifestando que la había encontrado en la basura; el
comparendo fue radicado en la secretaría de tránsito de Zipaquirá el día de
noviembre con sus respectivos anexos (Licencia de Conducción y resultado de
la prueba de embriaguez)» [sic].

79. De otro lado, lo manifestado por los testigos coincide íntegramente con las
declaraciones del subcomisario Rafael Alfonso Cantillo Peña [quien se ratificó en el
informe supra citado]. Además, sobre su conversación con el patrullero Alexander
Sánchez Moreno expresó:

«[...] procedí hablar con el patrullero SANCHEZ MORENO ALEXANDER, que en
su momento se desempeñaba como secretario de la ruta, que qué había hecho
con la orden de comparendo antes mencionada ya que el patrullero RIVERA
manifestó que la había dejado con las demás ordenes de comparendo en el
escritorio entregándome en ese momento la orden de comparendo y el Boucher,
manifestándome que no la había enviado porque la licencia de conducción se le
había perdido, al seguir indagándole que me manifestara, que qué había hecho
con la licencia de conducción, inicialmente negó tener conocimiento, pero
posteriormente el Patrullero GUTIERREZ VILLALOBOS, me hace entrega de la
licencia de conducción manifestándome que la señora del aseo, la había
encontrado en la caneca de la basura, procedí a hablar con el patrullero Sánchez
secretario, que me manifestara la razón por la cual esa licencia de conducción
se encontraba en la caneca de la basura, manifestándome que no tenía
conocimiento, momentos después recibí una llamada de señor WILLIAM, que es
tramitador en la secretaría de tránsito donde me manifiesta que el señor
Patrullero SANCHEZ MORENO, él le había colaborado para sacar esa orden de
comparendo, ya que a quien se la había hecho era conocido suyo es decir el
señor William» [sic] [se resalta].

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80. Ahora, en el recurso de apelación se adujo que el tribunal erró al considerar
que «[e]l disciplinado se defendió en la actuación administrativa con el argumento de que
no remitió el comparendo debido a que se le había extraviado la licencia de conducción del
infractor». Esto, en razón a que el subintendente Edward Enrique Parra Ruge
manifestó que Alexander Sánchez Moreno no negó haber recibido los documentos
y que por el extravío de la licencia conducción no radicó el comparendo.

81. Ello, incluso fue reconocido por el demandante en este proceso, pues en el
recurso de apelación «aclaró» que «la pérdida de la licencia de conducción fue la razón
por la cual no se efectuó el registro y la remisión de los documentos y que sirve de sustento
para endilgar como falta disciplinaria responsabilidad en la transgresión de la ley 1015 de
2006, artículo 34 numeral 30» [sic].

82. En ese sentido, si hasta el momento de los hechos el patrullero se desempeñó
como «secretario de ruta» [sin que se demostrara que antes hubiera manifestado
objeción alguna] uno de sus deberes consistía en realizar el oficio en el que se
reseñaran todos los comparendos impuestos el fin de semana y, posteriormente,
radicarlo en la Secretaría de Tránsito del municipio de Zipaquirá. Esa labor, de
acuerdo con el dicho de los deponentes, se realizaba desde hacía mucho tiempo y
era asignada por los superiores jerárquicos. En concreto, afirmaron:

82.1. Subcomisario Rafael Alfonso Cantillo Peña: «PREGUNTADO_/ indíquele al
despacho que procedimiento se sigue para hacer la entrega de los comparendos a
la secretaría de tránsito, luego que los uniformados los realizan a los diferentes
infractores CONTESTO_/ cuando el policial realiza durante el día las ordenes de
comparendo, se llevan a la oficina del tramo en este caso en el distrito de Zipaquirá,
se radican en el libro y se dejan a disposición del secretario de la ruta, para que el
realice el oficio remitiendo las ordenes de comparendo a la secretaría de tránsito de
Zipaquirá, este oficio es firmado por el comandante del tramo, para poder ser
radicados ante la oficina de ordenes de comparendo de la secretaría de tránsito»
[sic].

82.2. Subintendente William Gómez Correa: «PREGUNTADO_/ indique al despacho
que policial era el encargado de radicar las ordenes de comparendo en la secretaría
de tránsito de Zipaquirá CONTESTO_/ el patrullero SANCHEZ que en ese momento
era el secretario de la ruta» [sic].

82.3. Subintendente Edward Enrique Parra Ruge: «PREGUNTADO_/ indique al
despacho que policial era el encargado de radicar las ordenes de comparendo en la
secretaría de tránsito de Zipaquirá CONTESTO_/ el secretario de la ruta ya que las
instalaciones de tránsito quedan contiguas a las mismas instalaciones de la ruta, en
ese entonces el encargado de la secretaria de la ruta era el patrullero SANCHEZ
MORENO» [sic].

82.4. Patrullero Luis Fernando Rivera Sanabria: «PREGUNTADO_/ indique al

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despacho si entre las funciones que debía realizar el señor Patrullero SANCHEZ
MORENO le correspondía o le estaba ordenado el radicar en la secretaría de tránsito
las ordenes de comparendos CONTESTO_/ si señor, los secretarios que han estado
en la ruta siempre lo hacen, hacían el oficio relacionando los comparendos y los
radicaban en la secretaría» [sic].

83. A su vez, en el oficio del 11 de febrero de 2014 el integrante del Grupo Soporte
y Apoyo SETRA DECUN informó a la autoridad disciplinaria que si bien no existía
el cargo de secretario de ruta o tramo, «por necesidades del servicio y de los trámites
de tipo administrativo que se deben surtir en las rutas y tramos, existe un policía que está
encargado de proyectar los oficios y demás comunicaciones para la firma de los
comandantes de esas unidades policiales»59.

84. En ese hilo de comprensión, si la función de Alexander Sánchez Moreno [como
secretario de ruta] se contraía a elaborar el oficio y radicarlo en la oficina de tránsito
municipal, la Sala considera que, tal como lo reconoció, sí se abstuvo de registrar
los hechos y circunstancias que el deber le imponía por razón del servicio, pues se
trataba de una orden de comparendo impuesta a Manuel Guzmán Garzón por
conducir en estado de embriaguez.

85. Ahora, el tipo disciplinario también incluye el adverbio «intencionalmente» que
significa «[d]e modo intencional o deliberado»60. Este último, a su vez, se define como
«[v]oluntario, intencionado, hecho a propósito», es decir, debía tener la voluntad y el
conocimiento del acto realizado, así como sus consecuencias.

86. En el sub examine, a partir de las pruebas relacionadas, se puede extraer con
grado de certeza que el demandante decidió omitir el registro del comparendo en
el oficio que se debía radicar en la entidad territorial, en razón del extravío de la
licencia de conducción. Es decir, como la elaboración del oficio hacía parte de sus
funciones, la decisión de excluir del listado la orden mencionada no puede
considerarse un acto automático o inconsciente, pues ─en últimas─ fue quien lo
redactó, más allá de que fuera suscrito por su superior jerárquico, José Marino
Álvarez Gómez. Incluso, en el Oficio 360 del 19 de noviembre de 2012 se dejó plena
constancia de que fue «ELABORADO POR: PT SANCHEZ MORENO ALEXANDER».

87. Pero además, la Sala comparte lo sostenido por la autoridad administrativa,
esto es que el demandante debió informar de manera inmediata que se le había
extraviado uno de los documentos, pero ello no ocurrió.

88. No se desconoce que en la versión libre el entonces patrullero manifestó que
la situación fue informada a su superior cuando se dio cuenta que se le «había
refundido la licencia y colo[có] a buscarla». Además, al interrogarle qué le manifestó el

59 Folio 88.
60 Diccionario de la lengua española. Enlace de consulta: https://dle.rae.es/intencionalmente?m=form

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intendente José Marino Álvarez Gómez, informó que su respuesta había consistido
en «que radicara los otros comparendos y que buscara la licencia»; igualmente, cuando
se le preguntó si al momento de suscribir el informe ya tenía conocimiento de que
hacía falta el comparendo 1094406, contestó: «si porque yo le informé antes de
radicarlos antes de la secretaría de tránsito».

89. No obstante, el dicho del actor fue desvirtuado a través de la declaración del
intendente, pues sobre dicho informe manifestó lo siguiente respecto del Oficio 630
del 19 de noviembre de 201261:

«PREGUNTADO_/ el despacho le pone de presente el oficio No 630 SETRA
UCOSE de fecha 19 de noviembre de 2012, para que indique su sabe a qué se
refiere este documento, para que indique quien lo elaboro, si este fue suscrito
por usted CONTESTO_/ es un oficio donde se deja a disposición las ordenes de
comparendo realizadas en el tramo del cual soy el comandante, lo elaboro el
Patrullero SANCHEZ y el cual lo firma el mismo, lo cual en ocasiones autorizaba
por situaciones de distancia de la base de la oficina y de las labores que me
competen a mí como comandante.

PREGUNTADO_/ quiere decir de acuerdo a su respuesta anterior que la firma
que en este documento aparece no es la suya CONTESTO_/ no señor
PREGUNTADO_/ indíquele al despacho como explica que este documento
presente su nombre como quien lo suscribe y está según usted no sea su firma
CONTESTO_/ como lo dije anteriormente el oficio fue elaborado por el Patrullero
Sánchez quien hacía las funciones de secretario no solo de mi cuadrante sino
del cuadrante cinco y la coordinación dos y muchas veces autorizaba que firmara
los oficios utilizando el PAT por ausencia del titular, por la misma ubicación de la
oficina

PREGUNTADO_/ indíquele al despacho si en el documento que se le coloca de
presente usted autorizo que el Patrullero SANCHEZ MORENO, firmara por usted
el mismo CONTESTO_/ que los firmara por mí no que los firmara por ausencia
del titular

PREGUNTADO_/ indíquele al despacho si usted autorizo que en este
documento no se registrara uno de los comparendos, de ser así indique la razón
para tal autorización CONTESTO_/ en ningún momento

PREGUNTADO_/ indíquele al despacho si para la fecha del oficio, a usted le
informaron sobre alguna clase de novedad que se hubiese presentado con
respecto de los comparendos que debían ser enviados a la secretaría de tránsito
de Zipaquirá, de ser así indique quien le informo y cuando CONTESTO_/ para
este día regrese de mi franquicia correspondiente de fin de semana autorizada
por el comando de la seccional y me dispuse a hacer la entrega física del
cuadrante al señor Subintendente PARRA RUGE EDWAR, ya que a partir del
día siguiente salía con diez días de vacaciones y en ningún momento se me
informó novedad alguna, pero el día martes [20 de noviembre] en horas de la
tarde recibo una llamada del Subintendente PARRA, quien me informa que se
había presentado una novedad no recuerdo si con un comparendo o con una
licencia, pues como estaba de vacaciones no le preste mucha atención» [sic] [se
resalta].

61 Folio 87

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

90. A ello se suma que el demandante se contradijo en su defensa, pues al
sustentar el recurso de apelación contra el acto sancionatorio aseguró: «aunque el
investigado no reporta antecedentes disciplinarios, no le atribuyo la responsabilidad del
extravió de la licencia a nadie, y que el hecho no dio lugar a resarcimiento alguno o
compensación de perjuicios, tales elementos no fueron tenidos en cuenta para proferir el
fallo sancionatorio y que su responsabilidad solo devino del desconocimiento y falta de
orientación por parte de sus superior funcional del cual debería ser su actuar ante el
extravió temporal de una licencia de conducción» [sic].

91. A la par, de la declaración transcrita se extraen 2 circunstancias de capital
importancia: (i) Alexander Moreno Sánchez no informó a su superior sobre el
extravío de la licencia de conducción y, menos aún, fue autorizado para omitir su
registro en el oficio; y (ii) el intendente no suscribió el documento y, por tanto,
tampoco era cierto que lo revisó, a pesar de que así fue consignado por el
demandante. Esto ratifica que la inobservancia del deber de registrar el
comparendo devino del actor, no de su superior. A esto se aúna que ─de lo supra
expuesto─ el conocimiento sobre la situación irregular solo fue conocida cuando el
subcomisario Rafael Alfonso Cantillo Peña cotejó el libro en el que se dejó
constancia de los comparendos y el oficio remitido a la autoridad de tránsito.

92. Lo anterior, sin dejar de lado que la declaración coincide en que «cada unidad
policial debe informar cualquier novedad por mínima que sea a su jefe inmediato»; sin
duda, en estas se incluía el extravío del documento de identificación de un
conductor que había sido declarado infractor de las normas viales.

93. Ahora, en el recurso de apelación se alegó que «los documentos no iban a ser
recibidos sin la licencia de conducción faltante». Esta afirmación carece de sustento
jurídico o probatorio, pues en el mismo proceso disciplinario se demostró que no
existían «instructivos, órdenes, procedimientos o comunicaciones oficiales donde se
indique el procedimiento a seguir cuando se pierdan o extravían los anexos, recibidos al
infractor y que acompañan la orden de comparendo que debe ser entregada al organismo
de tránsito correspondiente»62, de manera que no puede extraerse que sin el
documento en mención no podía radicarse el comparendo.

94. Sobre este punto, la Sala vuelve sobre el deber de informar a los superiores
cualquier novedad como la que aquí se estudia. Al interrogarle al subcomisario
Rafael Alfonso Cantillo Peña si el extravío de un anexo tenía «manual de
procedimientos dentro de la institución y en particular en el sitio donde sucedieron los
hechos», contestó que «en los procedimientos de cualquier infracción de transito se tiene
un procedimiento a seguir según la infracción, estamos hablando de una prueba de
embriaguez en ese caso especifico la falta de un documento ante la secretaría de transito
que es quien recibe la orden de comparendo y sus anexos al faltar un documento el policía

62 Oficio del 11 de febrero de 2014 el integrante del Grupo Soporte y Apoyo SETRA DECUN. Folio

88.

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

quien realiza la orden de comparendo debe hacer un aclaratorio ante la oficina de transito
por la falta de este documento y otro que falte en su momento, pero el procedimiento es el
Boucher o tirilla de la prueba de embriaguez anexandoles copia de la cédula de ciudadanía,
licencia de tránsito física, fotocopia del seguro obligatorio, tarjeta de propiedad, seguro y
revisión técnico mecánica e inventario del parqueadero, documentos que deben ser
anexados a la orden de comparendo a la secretaria de transito, si existe instructivos que
da la Dirección de tránsito y transporte y que da procedimiento esto está escrito y define
que documentos deben anexarse en cada caso» [sic] [se resalta]. Ello quiere decir que
la comunicación oportuna a los superiores habría conllevado al registro del
comparendo y, por lo tanto, a la remisión de los documentos a la Secretaría de
Tránsito del municipio de Zipaquirá con la respectiva nota aclaratoria.

95. A la par, la afirmación del testigo se acompasa con lo indicado por el mismo
demandante, pues a pesar de que inicialmente sostuvo que dicha autoridad no
recibía los documentos sin la licencia de conducción, más adelante afirmó que «el
simple hecho de no radicar la licencia no impide la imposición de la sanción de suspensión
y multa para el infractor». Esta última afirmación es contradictoria, por cuanto la
imposición de la sanción procedía después de elaborar el oficio y radicar la orden
de comparendo ante la autoridad competente.

96. De otro lado, el tribunal sostuvo que llamaba la atención «que después de un día
la licencia de conducción fue encontrada en la caneca de la basura de la misma
dependencia policial». Frente a este aserto, la parte actora consideró que era
«contrario a [sus] intereses» porque si «tuviera como objeto favorecer ilícitamente a un
infractor, hubiera desaparecido no solo la licencia de conducción sino el comparendo y la
prueba de embriaguez».

97. Frente a estos argumentos, debe precisarse que el 19 de noviembre de 2011
se expidió un oficio dirigido a los «PATIOS SIETT» del municipio de Zipaquirá que
─presuntamente─ fue suscrito por el subintendente William Gómez Correa , en el
cual se solicitó que se autorizara «la entrega del vehículo [...] [RHN-229] teniendo en
cuenta que se encontraba bajo supervisión y verificación de antecedentes, lo anterior no
generó orden de comparendo nacional o informe de infracción al transporte», información
que no se acompasaba con la realidad, pues el mismo 16 de noviembre se dejó
constancia del comparendo por la infracción E-03.

98. No obstante, aunque la autoridad disciplinaria63 y el a quo consideraron que tal

63 En el fallo de segunda instancia se consideró: «[s]e comparte igualmente los argumentos del juez

primario, en cuanto a que no justifica el proceder evidenciado en el señor ALEXANDER SANCHEZ
MORENO relacionado con abstenerse de registrar la orden de comparendo No. 1094406, porque se
le había extraviado la licencia de conducción, pues de haber sido cierta tal eventualidad las reglas
de la experiencia nos enseñan que entonces se hubiese informado por el disciplinado de manera
inmediata tal hecho, lo cual nunca ocurrió, pero sí apareció un documento que autorizó la salida del
parqueadero al vehículo relacionado en ese comparendo precisamente para la fecha en que se debía
registrar en el oficio (19/11/12), con los hechos suscritos en el mismo y firmado supuestamente por
quien suscribiera la orden el señor Subintendente WILLIAM GOMEZ CORREA, fecha para la cual

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situación era sospechosa, la Sala considera que, aunque llama la atención que se
trató de una irregularidad directamente relacionada con el conductor titular de la
licencia de conducción extraviada, lo cierto es que no resultaba determinante para
imponer la sanción al demandante, en razón a que el reproche se circunscribió a
que se abstuvo intencionalmente de registrar el comparendo en el oficio y esto,
como ya se expuso, obedeció a que traspapeló la licencia de conducción, nada
más.

99. El actor también se detuvo en que «la omisión de entrega del documento impidió
sancionar al infractor». Sobre el particular, expresó que no se demostró en el proceso
ni fue conclusión del proceso disciplinario, en razón a que el 20 de noviembre de
2012 se entregaron a la Oficina de Tránsito el comparendo y la prueba de
embriaguez y al día siguiente la licencia de conducción.

100. En este punto, es menester precisar que el actor solicitó que se oficiara a la
autoridad de tránsito para que certificara si se impuso o no la sanción. En auto del
13 de octubre de 2023 el despacho ponente solicitó que se informara sobre el
trámite administrativo dado a la orden de comparendo 1094406 y el 7 de noviembre
siguiente la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca comunicó que
«se encontró que con relación a la orden de comparendo No 99999999000001094406 no
se generó proceso contravencional, que haya expedido la resolución solicitada, en razón a
que esa orden de comparendo se encuentra Cancelado de manera voluntaria»64 desde el
22 de noviembre de 2012.

101. A pesar de que el documento aportado en esta instancia desdibuja el
argumento del tribunal, no resulta relevante para el asunto bajo examen, en razón
a que las faltas disciplinarias no son de resultado, sino de mera conducta. Si bien
es cierto que el infractor cumplió con su obligación de pagar el comparendo
impuesto por conducir en estado de embriaguez, también lo es que se retrasó el
procedimiento administrativo previsto en el parágrafo 1º del artículo 13565 de la Ley
769 de 2002, conforme con el cual «la autoridad de tránsito entregará al funcionario
competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12)
horas siguientes, la copia de la orden de comparendo».

102. Otro argumento de apelación consistió en que la autoridad administrativa y el a
quo no hicieron un «juicio de culpabilidad para determinar “la manera dolosa en el no

reposaba la orden de comparendo en la secretaria, es decir en poder del disciplinado, de lo cual se
puede inferir de forma lógica y razonable que quien realizó esa autorización tuvo acceso al
comparendo; además testificó de manera categórica el señor Subcomisario RAFAEL ALFONSO
CANTILLO PEÑA que un tramitador de nombre WILLIAM le llamó para pedirle que no pasara informe
al Patrullero SANCHEZ porque le había colaborado para no pasar el comparendo a la Secretaría de
Tránsito ya que el afectado era conocido suyo, estos hechos son indicios del grado de culpabilidad
que le asiste al disciplinado, no siendo otro diferente al DOLO, contrario a lo expuesto por la defensa,
en este tema» [sic].
64 Samai, índice 32.
65 Modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010.

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envío de la información relacionada con quien fue sorprendido manejando en estado de
embriaguez; y a quien en últimas se le entregó el vehículo y no se le siguió el proceso de
sanción”, [...] si queda comprobado que el infractor fue sancionado por el comparendo de
embriaguez desaparecería el DOLO?».

103. Respecto de este argumento, la Sala insiste en que desde el pliego de cargos
se endilgó al demandante haber omitido registrar los hechos y circunstancias que
el deber le imponía por razón del cargo, esto es dejar «de registrar una orden de
comparendo, la cual debía aparecer descrita en el oficio remisorio 630 SETRA – UCOSE
de fecha 19 de noviembre de 2012», no su posible vínculo con la autorización irregular
de entrega del vehículo.

104. Igualmente, en el fallo de segunda instancia se confirmó la sanción con
sustento en que estaba «demostrado más allá de toda duda razonable que para el día
19 de noviembre de 2012 el señor Patrullero [...] mientras se encontraba como secretario
de la ruta dos [...] se abstuvo intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias [...]
cuando se abstuvo intencionalmente de registrar en el oficio No, 630 [...] la orden de
comparendo No. 1094406 realizado el día 16/11/12 por embriaguez» [sic]; al mismo
tiempo, si bien es cierto que exhibió la situación irregular con la entrega del rodante,
no lo es menos que tomó las medidas para que se investigara tal circunstancia al
compulsar «copias ante la autoridad de tránsito respectiva al propietario del Patio SIETT
de Zipaquirá»66.

105. De ahí que no resulten de recibo los argumentos de la apelación, pues ─se
insiste─ no se estructuró un nexo entre la inmovilización y la omisión de radicar el
comparendo, de ahí que no se modifique o altere la categoría dogmática de
culpabilidad.

106. Es así porque en lo que concierne al dolo, ha de señalarse que, de acuerdo con
la doctrina67, en materia disciplinaria se parte de la presunción constitucional prevista
en el artículo 122 de la Constitución, según el cual, el servidor, al momento de asumir
sus funciones, se compromete a cumplir con la Constitución, la ley y los reglamentos
que rigen la función que va a desempeñar; ello significa que «entiende el compromiso
que adquiere y que se obliga, no solo a observar las normas, sino a tener conocimiento de
ellas y de la manera en que debe aplicarse»68; en consecuencia, este soporta una carga
mayor en materia de responsabilidad y, para excusarse de cumplir con sus
postulados, «debe probar, de manera fehaciente, que ha sido contra su querer o ajena a su
voluntad la actuación que vulnera el ordenamiento, o que su propósito fue diferente al
conseguido, o que actuó suponiendo unos resultados pero sobrevinieron unos diferentes»69.

107. En esa línea, este se configura cuando el investigado, a pesar de conocer la

66 Folio 160.
67 Brito Ruiz, Fernando, Régimen Disciplinario. Procedimiento ordinario, verbal, pruebas. Legis
Editores S. A., 4ª Ed., 2012.
68 Ibidem.
69 Ibidem.

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tipicidad de su conducta, decide actuar consciente y voluntariamente en contra de los
deberes que la Constitución y la ley le imponen.

108. A la luz del derrotero expuesto, la Sala considera que Alexander Sánchez
Moreno tenía conocimiento de los elementos de la conducta que se le imputó y, a
pesar de ello, optó por guardar la orden de comparendo, no registrarla en el oficio
dirigido a la autoridad de tránsito municipal y, después, entregarla solo cuando fue
requerido por su superior jerárquico.

109. De conformidad con la documental aportada, mediante la Resolución 00045 del
14 de enero de 2002 fue nombrado en el grado de patrullero70, es decir, tenía amplia
experiencia que lo obligaba a conocer que ─entre otros─ tenía el deber de elaborar
el oficio y remitirlo a la autoridad de tránsito competente de imponer la sanción
correspondiente; asimismo, estaba obligado a informar a sus superiores cualquier
novedad que se presentara y que afectara el servicio y el procedimiento
sancionatorio al que había lugar.

110. En ese sentido, la decisión de abstenerse de registrar la orden de comparendo
so pretexto de el extravío de la licencia de conducción sí debía calificarse como
dolosa, en razón a que se trató de un acto libre, espontáneo, voluntario, tal como lo
consideró el operador disciplinario.

111. Así, para la Sala no es de recibo que el demandante manifieste que no actuó
con el ánimo de incurrir en la falta disciplinaria ni de afectar el servicio, sino
«intentando evitar un daño mayor por cuanto no podía radicar un comparendo y un examen
de embriaguez sin la licencia de conducción que venía anexa», pues conocía de su
deber de reportar la orden de comparendo, pero además, que de ello dependía un
trámite administrativo sancionatorio obligatorio e ineludible.

112. En efecto, no se advierte con claridad cuál sería el denominado «daño mayor»
que el actor pretendía evitar, pues lo cierto es que las normas de tránsito no solo
persiguen la prevención de conductas trasgresoras, sino también la oportuna
investigación y sanción de las infracciones, objetivos que resultan incompatibles
con la omisión del deber funcional que aquí se analiza. Además, tal como lo
reconoció en el recurso y lo testificó su superior, nada le impedía radicar el
comparendo con la anotación del extravío de la licencia de conducción, pues aún
con esto ─y en línea con el artículo 135 de la Ley 769 de 2002─ se podía tramitar
el procedimiento sancionatorio.

113. En este punto, la Sala debe insistir que el proceso disciplinario no se adelantó
por negar la falta o utilizar «argucias para entorpecer el esclarecimiento de los hechos o
afectar la investigación» ni por beneficiar al conductor infractor o perjudicar el accionar
previsto en el Código Nacional de Tránsito, sino por omitir intencional y

70 Folio 5.

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voluntariamente el cumplimiento de su deber funcional: registrar el comparendo
impuesto el 16 de noviembre de 2012.

114. Con todo, el actor sí cometió la falta prevista en el literal e), numeral 30 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo, en razón a que por el extravío
de la licencia de conducción que le había sido encomendada decidió
intencionalmente dejar de registrar el comparendo para el conocimiento de la
autoridad de tránsito encargada de imponer la sanción al conductor infractor.

115. Por último, se observa que ─en el recurso─ el actor manifestó que el a quo
pasó por alto la amplia argumentación y sustentación que se presentó desde la
formulación de descargos y la presentación de los alegatos de conclusión; sin
embargo, como no expuso cuáles de ellos fueron desconocidos ni propuso reparos
concretos sobre las consideraciones expuestas en la sentencia apelada, la Sala se
abstendrá de hacer un pronunciamiento al respecto, máxime si se tiene en cuenta
que los argumentos allí expuestos coinciden con los planteados en la demanda, los
cuales ya fueron objeto de estudio en la primera instancia.

2.6. Conclusión

116. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones
de la demanda. Se demostró que el demandante sí cometió la falta endilgada, esto
es «abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el deber le
impone por razón del servicio [...]», a título de dolo, pues so pretexto de que se
traspapeló una licencia de conducción decidió guardar silencio y dejar de registrar
en el Oficio 360 del 19 de noviembre de 2012 el comparendo impuesto el 16 del
mismo mes y año. El actor conocía que con esta conducta desconocía su deber
funcional y retrasaba el procedimiento administrativo que la ley imponía.

2.7. Costas

117. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

118. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,

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no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

119. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma71.

120. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

121. En esta instancia no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 20 de febrero de 2020, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por Alexander Sánchez Moreno contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Alexander Sánchez Moreno

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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