Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03325-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03325-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03325-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
8 de julio de 2021
PROCESO DISCIPLINARIO / AUTONOMÍA DEL DERECHO SANCIONADOR DISCIPLINARIO / INDICIOS / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / RETRACTACIÓN DEL TESTIGO / DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA
[L]a falta gravísima del numeral 9 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006, que establece: “Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”, es una disposición que está integrada de forma autónoma y abierta. Autónoma, en razón a que la autoridad disciplinaria no requiere acudir a otro ordenamiento para que se configura la falta gravísima, pues la conducta se tipifica en el escenario donde se llevaba a cabo un mal e ilegal procedimiento policial; y, abierta, al ser necesario completar la proposición jurídica de la falta gravísima, con el tipo penal denominado hurto. […] [E]l legislador ha previsto en el inciso 2 del artículo 130 de la Ley 734 de 2002 que los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas siguiendo los principios de la sana crítica y a su turno la jurisprudencia constitucional (…) define el indició como «un medio de prueba, en el que, demostrado un hecho indicador, el juez, mediante una inferencia lógica, llega a un indicado, que, así, se tiene por demostrado». […] [N]o se logró desvirtuar los indicios a los que hicieron referencia los fallos disciplinarios, los cuales fueron analizados en conjunto con las demás pruebas y que demostraron la participación activa del implicado en la conducta disciplinaria. […] Debe insistir la Sala que el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002. Precisamente el artículo 128 de esta disposición consagra la necesidad que toda decisión interlocutoria y de carácter disciplinario se fundamente en pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La norma es clara en determinar que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado. Respecto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y con explicación en la respectiva decisión del mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. […] [S]e dio valor probatorio a las documentales y testimoniales recopiladas, así como los indicios, las cuales fueron debidamente analizadas de conformidad con las reglas de la sana critica. Debe examinar la Sala la retractación del testigo Heider Montilla Rey, estudiando las dos versiones en conjunto con las demás pruebas arrimadas al disciplinario, toda vez que el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el principio de la sana crítica, pues si bien se puede evidenciar una modificación en la versión, esto por sí mismo no invalida lo manifestado en la primera declaración.
En cuanto a la segunda declaración del testigo, no se le da credibilidad al no entender el porqué de la variación de la misma, al mencionar que fue utilizado por el alcalde del municipio de Tausa, ya que la retractación no es por sí misma causal que destruye de inmediato lo sostenido por el declarante en su inicial manifestación, por lo que, al realizar el trabajo analítico de comparación, se pudo determinar que fue en la primera intervención donde dijo la verdad. […] [L]a Sala determina que si bien, al patrullero (…) no se le ha encontrado responsable penalmente por el comportamiento que los juzgadores disciplinarios le sancionaron como falta gravísima al describir el delito hurto bajo la modalidad de dolo, esta circunstancia no genera atipicidad de la conducta en el régimen disciplinario, pues no se puede perder de vista que dentro de la potestad sancionadora del Estado están las acciones penal y disciplinaria las cuales atienden a naturalezas, finalidades, autoridades autónomas y jurisdicciones diferentes, por lo que legalmente es posible que por el mismo hecho las decisiones de éstas sean disímiles, se destaca que la autonomía es una característica de los derechos disciplinario y penal, y si bien, en los tipos en blanco o abiertos que se encuentran previstos en el Código Disciplinario Único se define la tipicidad de la conducta reprochada de forma incompleta, teniendo que este vacío se llene en algunos casos con las disposiciones del Código Penal, no significa que imperiosamente se requiera de la condena en materia penal para sancionar disciplinariamente. […] [L]a Sala precisa que de acuerdo con el principio de la autonomía estos regímenes sancionatorios son independientes y cada una cumple una función y finalidad dentro del Estado Social de Derecho, por esta razón la acción disciplinaria objeto de estudio no dependía de un fallo absolutorio o condenatorio en firme de la justicia penal. Dado que el lenguaje utilizado por la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional en sus decisiones fue lo suficientemente preciso como para permitir identificar con claridad tanto la conducta reprochada como la norma que se consideraba violada, y que los términos que utilizó en su razonamiento permitieron realizar en forma igualmente precisa la subsunción típica de la conducta de señor (…) la Sala considera que no existió violación del derecho de defensa ni debido proceso, y en consecuencia se revocará la decisión apelada.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 6 / CP – ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 128 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 130 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 141 / LEY 1015 DE 2006 – ARTÍCULO 34 NUMERAL 9
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03325-01(4935-17)
Actor: SANDRO ALEXIS SUPELANO PEÑARETE
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL
Referencia: SANCIÓN DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR 10 AÑOS PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra la sentencia del 29 de junio de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete, por conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones
Que se declare la nulidad del Fallo de Primera Instancia audiencia celebrada el 23 de octubre de 2015, proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno DECUM- Policía Nacional en virtud del cual se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 10 años; Fallo de segunda instancia del 29 de octubre de 2015, proferido por la Inspección Delegada Regional Uno, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación impetrado por la parte demandante y decidió mantener la sanción impuesta; y la Resolución N° 05699 del 16 de diciembre de 2015, expedida por el Director General de la Policía Nacional, por medio de la cual se retiró del servicio al señor Sandro Alexis Supelano Peñarete.
Pide que, a título de restablecimiento del derecho: (i) que se declare no ha existido solución de continuidad en el desempeño del cargo; (ii) que se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía; (iii) se condene a la demandada a cancelar los salarios, prestaciones sociales, incluyendo primas, subsidios, bonificaciones, aumentos de sueldo, subsidios familiares y demás similares desde la fecha en que se hizo efectiva su desvinculación hasta aquella que se dé cumplimiento al fallo de la jurisdicción; (iv) se condene a la demandada a la cancelación de 100 SMLMV, como pago de los perjuicios morales ocasionados; la suma de 10.000.000 por concepto de perjuicios materiales lucro cesante, que es el monto que sufragó de honorarios de abogado; y (v) que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA.
Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:
Narra que el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete ingresó a la Policía Nacional como patrullero por más de 10 años y que también se desempeñó como escolta del alcalde Municipal de TAUSA, Cundinamarca.
Manifiesta que fue elevada en su contra una queja por una presunta participación en un hurto a un bien de propiedad horizontal (apartamento). Por lo que la Oficina de Control Disciplinario DECUN, profirió auto de apertura de indagación preliminar adiada 12 de noviembre de 2013; posteriormente, el 9 de mayo de 2014 ordenó abrir la investigación disciplinaria contra el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete; el día 24 de junio de 2014, se ordenó el archivo definitivo de la actuación y se notificó al quejoso el 07 de julio de 2014.
Afirma que el quejoso interpuso recurso de apelación de manera extemporánea en contra a decisión de archivo de la diligencia, por lo que el día 21 de julio de 2014 se revocó la decisión de archivo definitivo. Nuevamente el 5 de marzo de 2015, se profiere auto de terminación del proceso y el archivo definitivo de la investigación, providencia notificada al quejoso el 8 de marzo de 2015.
Señala que, a pesar de haberse presentado el recurso en forma extemporánea, el día 12 de marzo de 2015 se admite el recurso de apelación y accede a las pretensiones de la demanda revocando la decisión de archivo de primera instancia de fecha 5 de marzo de 2015.
Indica que el 2 de junio de 2015, se ordena cierre de la investigación providencia que no fue notificada; el 11 de junio fue elevado el pliego en contra del investigado, presentando los descargos mediante escrito de 26 de junio de 2015; el 17 de julio de 2015 se resuelve solicitud de pruebas, notificado por correo electrónico 20 de julio de 2015 a pesar que no lo había autorizado; el disciplinado apela el auto de pruebas y las mismas son negadas; el 6 de octubre de 2015 se corre traslado para alegar.
Resalta que el día 3 de octubre de 2015 se profirió fallo de primera instancia DECUN (2014-49), en la cual se responsabiliza disciplinariamente a Sandro Alexis Supelano Peñarete ordenando destituirlo del cargo y una inhabilidad general de 10 años, por haber participado presuntamente en el delito de hurto. Se interpuso recurso de apelación contra la decisión el día 28 de octubre de 2015, confirmada por el superior el día 29 de octubre de 2015. El demandante continuó prestando sus servicios hasta el 28 de diciembre de 2015, cuando le fue notificada la Resolución No 05699 del 16 de diciembre de 2015.
Refiere que el juzgado 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, profiere sentencia absolutoria por los hechos denunciados por el ex alcalde del municipio de Tausa, acción penal que fue la razón de retiro del actor.
1.2 Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas cita el demandante las siguientes:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 209 y 277.
Del Código Contencioso Administrativo, el artículo 138.
Alega que las providencias que iniciaron la investigación disciplinaria contra el investigado y la resolución que lo desvincula del servicio activo de la Policía Nacional, fueron expedidas con desviación de poder, falta motivación, abuso de autoridad y con omisión de la ley.
Agrega que se constituyó un acto arbitrario al realizar una investigación disciplinaria viciada desde el momento en el que se presenta la queja, al tener retrasos al inicio de la indagación preliminar y al no ser notificado este auto vulnerando el derecho de defensa.
Asevera que el día 9 de mayo del 2014 se profirió auto de apertura de investigación disciplinaria, pero al no evidenciar responsabilidad disciplinaria del investigado, ordena el archivo de las diligencias mediante el auto del 24 de junio del 2014. También expresa que el quejoso presentó recurso de apelación extemporáneo, asegurando la existencia de desviación de poder y falta motivación al conceder este recurso, vulnerándosele así el derecho de defensa y la firmeza de los actos administrativos. Nuevamente el 5 de marzo de 2015 se ordena el archivo definitivo y se presenta recurso también en forma extemporánea.
Sostiene que le ha sido vulnerado el derecho de defensa mediante el acto del día 2 de junio del 2015, en el que se profiere nuevamente el cierre de la investigación, debido a que no fue notificado al disciplinado, como ordena el Código Disciplinario contra servidores públicos Ley 734 del 2002, vulnerando así el derecho de defensa y constituyendo desviación de poder. El auto que niega las pruebas fue notificado vía correo electrónico a pesar que jamás autorizó la misma.
Aduce que las pruebas testimoniales que recopiló la policía nacional jamás indican responsabilidad del investigado, queriendo decir esto que la decisión de primera y segunda instancia, de declarar responsable disciplinariamente al destituirlo del cargo, fueron proferidas con falsa motivación y desviación de poder, vulnerándose los artículos 170 y 171 de la Ley 734 del 2002.
Afirma que la decisión del Juez 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá es consecuente con la inocencia del investigado, al ser absuelto de responsabilidad penal por los injustos de hurto calificado y agravado. Por este motivo, considera que no es coherente declarar la responsabilidad disciplinaria y mucho menos destituir del cargo.
Concluye que los actos administrativos demandados se encuentran viciados por falsa motivación y por desviación de poder, razón por la cual deben anularse.
La contestación de la demanda
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a través de apoderado, contestó la demanda solicitando negar las pretensiones de la misma, pues no se determina causal de anulación tendiente a desvirtuar la legalidad de los actos impugnados, además no se da cumplimiento a lo consagrado en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA.
Como argumentos de defensa señaló que el derecho disciplinario, según lo expuesto por la H. Corte Constitucional, busca la buena marcha y el buen nombre de la administración pública y por ello, al actor se le inició investigación disciplinaria por haber incurrido en la falta disciplinaria descrita en el numeral 9 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006 que señala como falta gravísima la realización de una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.
Explicó que los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria fue el señalamiento del señor William Alfonso Sánchez quien indicó que el actor participó en el hurto a su lugar de residencia, en el cual amordazaron a sus menores hijos y extrajeron bienes tales como un revolver calibre 38, una pistola calibre 9 mm, 6 teléfonos celulares, un iPad, varias joyas, elementos varios por un valor de $30.000.000 y la suma en efectivo de $110.000.000.
Sostuvo que por tales hechos se inició a su vez un proceso penal en el cual se elaboró escrito de acusación basado en entrevistas realizadas a los señores Yonzuke Pinilla Vega, Heider Montilla Rey y Sandro Fabián Martínez Garnica y que teniendo en cuenta que dichos testimonios fueron ratificados en la audiencia de pruebas, se logró establecer que el actor incurrió en a falta disciplinaria por la que fue sancionado.
De otra parte, reseñó que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto de los actos dictados con ejercicio de la potestad disciplinaria no puede asimilarse a una tercera instancia, por lo que los planteamientos expuestos en la demanda no están llamados a prosperar en la medida en que controvierten la valoración de los medios de prueba arrimados al proceso disciplinario.
Finalmente, y tras referir el objetivo del derecho disciplinario y las disposiciones especiales que rigen el procedimiento disciplinario para los miembros de la fuerza pública, propuso la excepción que denominó “excepción de ineptitud sustantiva de la demanda” la cual sustentó en que la demanda no dio cumplimiento a lo indicado en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, pues no se señalaron las normas que se consideran violadas con los actos administrativos ni la causal de anulación que se invoca contra los mismos.
La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de junio de 2017, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda y accedió a las súplicas de la misma, con fundamento en los siguientes argumentos:
Expone que dentro de la demanda incluyó como pretensión la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 05699 del 16 de diciembre de 2015 por medio de la cual se ordena la ejecución de la sanción disciplinaria en contra del actor, pese a que dicho acto por ser de ejecución, no es susceptible de control judicial, en consecuencia, a esto se declara probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales solo respecto de dicha resolución.
Enuncia que al revisar el fundamento fáctico, probatorio, normativo y jurisprudencial que rodean el caso, concluye que las decisiones de 23 de octubre de 2015 y de 29 de octubre de 2015, se encuentran viciadas de nulidad como quiera que dentro del proceso no se logró demostrar la autoría o la participación del actor en el hurto perpetrado, pues el acervo probatorio dentro del proceso disciplinario se establece que: (i) no hay prueba directa que dé cuenta que el actor estuvo involucrado en el hurto; (ii) no se valoraron en debida forma las pruebas que dan cuenta de la existencia de animadversión entre la víctima del hurto y el actor ni la retractación del testigo Heider Montilla quien afirma que la víctima le ofreció dinero a cambio de su declaración en contra del investigado; (iii) dentro del proceso penal el actor fue exonerado pues se consideró que no se encontraba demostrada su participación en el hurto en calidad de autor o determinador.
Considera dicha Corporación que correspondía a la accionada, a través de las oficinas de control disciplinario verificar si el comportamiento del actor concernía a la descripción típica de un delito, en este caso el de hurto, carga que no cumplió, lo que implica que se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
Sostiene que por estos motivos considera que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar parcialmente y en esa medida declarará la nulidad de los actos demandados y ordena el reintegro del actor al cargo que venía ejerciendo, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de su retiro.
Añade que si bien el concepto de violación que fundamenta la solicitud de nulidad es precario, de esta se logra establecer que fue proferida con falsa motivación y desviación de poder, como quiera que con las mismas pruebas presentadas en el proceso penal se absolvió de responsabilidad por el delito de hurto calificado y agravado y además de esto existió arbitrariedad para la apertura de la indagación preliminar y el desconocimiento del derecho de defensa del demandante al inobservar que en dos oportunidades se ordenó el archivo de la investigación, decisiones que fueron apeladas en forma extemporánea por parte del quejoso y revocadas por la segunda instancia.
Refiere que a la solicitud de pago de daños materiales y morales expuesta por el actor en la demanda, no obra prueba alguna en el plenario que dé cuenta dé “dolor, angustia, el pavor, la congoja y la pena” que aflige al actor como consecuencia de su retiro, ni tampoco se demostró el pago de los honorarios del abogado que impropiamente se solicitan como “lucro cesante”.
El recurso de apelación
La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia del 29 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:
Afirmó que se aparta de la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dado que las autoridades solo pueden hacer lo que les está permitido, y que el régimen disciplinario se caracteriza porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos y por este motivo permite que el funcionario de control sea quien frente a cada caso concreto determine en forma provisional en las decisiones de formulación de cargos y definitivamente en el fallo disciplinario, si la conducta censurada se cometió con dolo o con culpa.
Adiciona que en el presente asunto se pudo establecer que el demandante desplegó una conducta que se encuentra descrita como delito, según las denuncias presentadas ante las autoridades, aun cuando el A Quo dentro de las consideraciones afirma que no se logró demostrar la autoría o participación del investigado en el hurto, cabe resaltar que con fundamento en el principio de legalidad la conducta descrita en la norma establece como verbo rector realizar una conducta descrita en la ley como delito, por esto el investigador disciplinario fundamenta su decisión en la queja presentada contra el demandante y en las declaraciones de Sandro Fabián Martínez Garnica y Heider Montilla Rey, recibidas en la investigación DECUN-2014-49.
Manifestó que en el evento de acceder a las pretensiones solicita se de aplicación a la sentencia SU-0556 de 2014 y SU- 053 de 2015 con relación a los criterios de la indemnización y reintegros. A título de indemnización solo se debe pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado haya recibido el demandante, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 17 de abril de 2018, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.
5.1 Parte demandante.
El demandante a través de apoderado presentó alegatos de conclusión, así:
Declaró que las pruebas documentales presentadas en el proceso, concluyen que los actos administrativos que determinan la destitución del cargo de patrullero de la Policía Nacional del demandante, fueron expedidos con desviación de poder, falta de motivación y abuso de autoridad, además omisión de la Ley
Expresó que en la providencia de Primera Instancia se realiza con detalle un análisis de todas y cada una de las pruebas de orden documental y testimonial que fueron aportadas a la demanda, concluyendo que la entidad demandada no logró demostrar la autoría o participación del demandante.
Afirmó que el a – quo no desconoce que los ámbitos de competencia de los procesos penal y disciplinario son independientes, conforme lo ha sostenido reiteradamente el consejo de estado, pero en el presente proceso no puede hablarse de tal independencia entre estos dos procesos, como quiera que la falta endilgada al demandante es la comisión de un hecho punible, de allí que no puede obviarse que dentro del proceso penal se absolvió al demandante, e incluso se consideró que no se encontraba probado los elementos sustraídos del hurto.
Insistió en que se confirme la sentencia de Primera instancia y se ordene el reintegro del demandante.
5.2 Parte demandada
La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, presentó alegatos de conclusión ratificando en su totalidad lo expuesto dentro de las diferentes actuaciones que se han surtido dentro del proceso.
Consideró que la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial, contenido en la Ley 1015 de 2006 y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones de la citada normativa sino también los principios y las pautas del Código Disciplinario Único.
Afirmó que en el proceso disciplinario se logró demostrar que existió la relación de la conducta del hecho investigado tal como se probó en el recaudo probatorio en los fallos de primera y segunda instancia.
Sostuvo que se solicitó la nulidad del acto administrativo que retira del servicio al demandante actuación que no es objeto de control de la jurisdicción contencioso administrativa.
Reitera que la solicitud presentada no cuenta con el requisito del concepto de la violación, como presupuesto de la demanda de todo acto administrativo de carácter particular, en atención a que la Justicia Administrativa es rogada, y los actos administrativos se presumen legales, y una de las primeras cargas que asume quien acude a esta jurisdicción con la intención de solicitar una anulación de un acto administrativo.
Concluyó que no es posible afirmar que al adelantar un proceso disciplinario y uno penal en contra la misma persona exista identidad de objeto e identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de los procesos es distinta y los bienes jurídicamente tutelados también son distintos al igual el interés jurídico que se protege por tal motivo la absolución en la investigación penal del demandante no implica que no se encuentre inmiscuido en una falta disciplinaria.
II.CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Control judicial
El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016, consideró frente el alcance de aquél:
“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.
Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena competencia para abordar el asunto y estudiar los cargos formulados en la demanda.
3. Problema jurídico
La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada si el actor incurrió en la comisión de la falta gravísima consagrada en el numeral 9, artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al realizar una conducta descrita en la ley como delito.
Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes aspectos: 3.1 Actuación disciplinaria y 3.2 Caso concreto.
3.1 Actuación disciplinaria
La Oficina de Control Disciplinario DECUN dispuso la apertura de la indagación preliminar en contra del actor el día 12 de noviembre de 2013.
El 09 de mayo de 2014 la referida abrió indagación preliminar contra el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete.
El 24 de junio de 2014 Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Cundinamarca ordenó el archivo definitivo de la actuación, decisión que se notificó al quejoso el día 07 de julio de 2014. Posteriormente, el día 15 de julio de 2014 el señor William Alfonso Sánchez presentó y sustentó el recurso de apelación en contra de la citada providencia el cual fue resuelto el 21 de julio de 2014, revocando la decisión de archivo definitivo.
Nuevamente, el 5 de marzo de 2015 se dispone declarar la terminación del proceso disciplinario y el archivo definitivo de las diligencias, decisión que fue impugnada revocando la misma, a través del auto de 25 de marzo de 2015.
El 11 de junio de 2015 se eleva pliego de cargos contra el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete, así:
“UNICO CARGO
Norma presuntamente infringida
Con el anterior comportamiento, el señor Patrullero SANDRO ALEXIS SUPELANO PEÑARETE, estaría al parecer incurso en falta disciplinaria contenida en la Ley 1015 de 2006, así:
Artículo 34 Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas:
Numeral 9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.
Aclarándole que la acusación que se endilga en esta causa, respecto a su presunto comportamiento, se adecúa de la siguiente manera: “Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa con ocasión del cargo”.
El tipo disciplinario referido, es un modelo que contiene como verbo rector “Realizar”, término que se toma el despacho “llevar a cabo algo”.
Mediante fallo de 23 de octubre de 2015 proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno DECUN, se adopta la decisión de responsabilizar disciplinariamente al señor Sandro Alexis Supelano Peñarete y destituirlo del cargo de Patrullero de la Policía Nacional con una inhabilidad de 10 años.
El 29 de octubre de 2015, el Inspector Delegado Regional Uno, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión de primera instancia.
Con la Resolución No 05699 de 16 de diciembre de 2015 se ejecuta la sanción disciplinaria impuesta al patrullero Sandro Alexis Supelano Peñarete y se retira del servicio.
3.2 Caso concreto
En el sub lite el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete solicita la nulidad de los actos administrativos por los cuales fue destituido e inhabilitado por el término de 10 años, al haber incurrido en la falta gravísima consagrada en la Ley 1015 de 2006 en su artículo 34 numeral 9, por realizar una conducta descrita en la ley como delito, a raíz de la queja elevada por el señor William Alfonso Sánchez Rojas alcalde municipal de Tausa (Cund), debido a un hurto en el lugar de su residencia cuando el actor se desempeñaba como su escolta.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las súplicas de la demanda como quiera que dentro del proceso no se logró demostrar la autoría o la participación del actor en el hurto perpetrado, pues el acervo probatorio dentro del proceso disciplinario se establece que: (i) no hay prueba directa que dé cuenta que el actor estuvo involucrado en el hurto; (ii) no se valoraron en debida forma las pruebas que dan cuenta de la existencia de animadversión entre la víctima del hurto y el actor ni la retractación del testigo Heider Montilla quien afirma que la víctima le ofreció dinero a cambio de su declaración en contra del investigado; (iii) dentro del proceso penal el actor fue exonerado pues se consideró que no se encontraba demostrada su participación en el hurto en calidad de autor o determinador.
Inconforme con esta decisión, la entidad demandada recurre la sentencia afirmando que se pudo establecer que el demandante desplegó una conducta que se encuentra descrita como delito, según las denuncias presentadas ante las autoridades.
Determinado el marco fáctico y jurídico objeto de Litis, procede la Sala a estudiar los cargos del recurso incoado.
Responsabilidad del actor
En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se afirma que no se demostró la autoría o participación del demandante en el hurto perpetrado contra la residencia del señor William Alfonso Sánchez Rojas con el acervo probatorio allegado.
No hay prueba directa que dé cuenta que el actor estuvo involucrado en el hurto perpetrado en el domicilio del señor Sánchez Rojas.
La presente investigación se inicia como consecuencia de la queja elevada por el señor William Alfonso Sánchez Rojas ante la Dirección General de la Policía Nacional el día 8 de octubre de 2013, en la cual informa que el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete, quien le fue asignado como escolta cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Tausa (Cund), participó en el hurto en su lugar de residencia, en donde únicamente se encontraban los hijos menores del quejoso a quienes amenazaron con arma de fuego, luego los amordazaron y procedieron a hurtarse bienes como revolver calibre 38, marca Llama, serie IM1957H, una pistola calibre 9 m.m., marca STOEGER COAGUA serie AO199228, CINCO (5) relojes, dos (2) blackberry, dos (2) Iphone, celulares Nokia, un celular chino, un Ipad, joyas varias, un (1) maletín rojo, una (1) maleta negra, escrituras, elementos por un valor de $30.000.000 y además la suma de $110.000.000.
Los hechos enunciados se pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Seccional 328 Unidad Tercera de Fe Pública en la que se encuentran como indiciados los señores Juan Ramiro Briceño Guarupe y Sandro Alexis Supelano Peñarete, donde se elaboró escrito de acusación basados en entrevistas de los señores Yonzunke Pinilla Vega, Heider Montilla Rey y Sandro Fabián Martínez Garnica.
Cabe precisar que las anteriores declaraciones fueron ratificadas en audiencia de pruebas dentro del proceso disciplinario.
En el testimonio rendido por el señor Sandro Fabian Martínez Garnica, el día 11 de abril de 2014, manifiesta que conoce al quejoso William Sánchez porque fue su conductor y al disciplinado porque era el escolta de confianza de él. Afirma que el demandante en reiteradas ocasiones cuando este no viajaba le preguntaba sobre el lugar en el que se encontraba el alcalde así como si su señora esposa había viajado y de la permanencia en el sitio donde se encontraba, además en cierta ocasión le comentó que el señor alcalde tenía suficiente dinero y no sería pecado robarlo, sumado a esto en otra oportunidad cuando el alcalde se encontraba hospitalizado en el centro médico del municipio de Ubaté, el investigado le preguntó por el contenido de las cajas fuertes, además que este conocía de la ubicación del apartamento donde estas se encontraban.
A su vez, el señor Yosunken Pinilla Vega en su declaración de fecha 17 de junio de 2014, manifiesta que cuando estaba tomándose unas cervezas cerca de un establecimiento llamado INCARPAS, junto con el señor Heider Montilla, supo por boca de una persona que se encontraba junto a ellos que era conocido del señor Heider sobre el hurto que se había llevado a cabo al alcalde del municipio de Tausa, por lo que lo buscaron y le suministraron información sobre el hurto. Añade que por esta razón fue víctima de amenazas por haber ido a la fiscalía.
En la diligencia de ampliación del testimonio del señor Yosunken Pinilla Vega, recaudada el 26 de enero de 2015, a la pregunta sobre el conocimiento que tenía del hecho presentado el día 30 de octubre de 2010, en la residencia del señor William Alfonso Sánchez Rojas señaló que sólo el comentario que escuché y mencionó en la primera indagatoria, relacionando que estaban en una cantina tomando, cerca de INCARPAS, con el señor Heider Montilla, que habían otras personas tomando y ellos comentaron el hurto que habían hecho, como lo hicieron y la forma en que iban a repartir la plata. Señala que conoce al señor William Alfonso Sánchez Rojas, pues después de escuchar el comentario, por intermedio de Montilla, lo buscaron y hablaron con él, pero que no les dio ninguna remuneración. Posteriormente menciona que se ratifica en la diligencia surtida ante la fiscalía el día 27 de septiembre de 2011 y que la firma que aparece es la suya.
Obra la declaración que rindió el señor Heider Montilla Rey el 4 de marzo de 2015, en la que el declarante manifiesta conocer al señor Ramiro Briceño, además indica no ratificarse de la diligencia de entrevista que rindió ante la fiscalía atendiendo que fue utilizado por el alcalde quien llegó por intermedio del señor Pinilla y quería echarle la culpa de todo a un cuñado del señor Ramiro Briceño, refiere a que un funcionario de la SIJIN realizó un documento y simplemente se lo pasó para que lo firmara. Por último, indica que todo fue un montaje que quería realizar el alcalde.
En el auto de acusación dentro del proceso No 110016000023201081687 de 8 de abril de 2013, de la Fiscalía Seccional 328 Unidad Tercera Fe Pública se hizo referencia a las entrevistas rendidas por los señores Yosunken Pinilla Vega y Heider Montilla Rey, tal como sigue:
“Luego de iniciada la indagación en averiguación de responsables, se entró elaboró programa metodológico y órdenes a policía judicial, entre otras diligencias se recepcionó entrevista al denunciante William Alfonso Sánchez Rojas c.c. No 3.195.683, quien en primer término allegó a la indagación un escrito endilgando cargos de los hechos a su escolta SANDRO ALEXIS SUPELANO y al cuñado de éste de nombre JUAN RAMIRO BRICEÑO, estas aseveraciones las realizó habida cuenta que según él, un informante le realizó una llamada donde le expone que entre los autores de los hechos, se encontraban esas dos personas, fue así que el denunciante recibió en su despacho a los ciudadanos Heider Rey y Yonzunke Pinilla Vega, estos le manifestaron que el escolta ALEXIS SUPELANO era el autor intelectual de los hechos y le indicaron la forma como se llevó cabo el hurto.
El denunciante informó a la fiscalía lo relacionado a la reunión que tuvo con los informantes y dio lugar a que se les recepcionara entrevista a dichas personas, quienes indicaron la forma como tuvieron conocimiento de los hechos, por lo tanto fueron citados por la policía judicial y se les recepcionó entrevista.
El entrevistado Yonzunke Pinilla Vega, identificado con C.C. No 7.277.659 expresó que el día primero de noviembre del año 2010, se encontraba tomando unas cervezas con un amigo de nombre Heider Montilla, en una cantina ubicada en el barrio Carvajal ubicado al sur de Bogotá y más o menos a las ocho de la noche llegó a la cantina un amigo de HEIDER de nombre RAMIRO BRICEÑO y se sentó en la mesa y le brindaron una cerveza.
Dicha persona ya venía algo tomado y se puso a comentarle a HEIDER MONTILLA, que él y su cuñado SUPELANO junto con otros policías y una gente de la ciudad de Bucaramanga, le habían hecho un hurto en la casa del alcalde de Tausa C/marca. Que el encargado de conectar toda a la gente y dar los datos del hurto era su cuñado SUPELANO, que él había colocado su vehículo para sacar la plata del apto.
El entrevistado HEIDER MONTILLA REY, quien se identificó con C.C. No 93.451.509 expresó que el día primero de noviembre del año 2010, se encontrado tomando unas cervezas con su amigo Yonzunke Pinilla Vega y el señor Ramiro Briceño, en una Rokola, ubicada en el barrio Carvajal en el sur de Bogotá. Ramiro Briceño comenzó a hablar que él había hecho una vuelta, que le había robado una plata al alcalde de Tausa C/marca y que a él le había correspondido 40 millones de pesos, que él había ido a recoger el dinero en el carro de él y que estaba sicociado (sic) porque de pronto el carro había quedado grabado por una cámara donde se realizó el hurto, y que para el hurto habían traído a una gente de Bucaramanga.
Así mismo el denunciante afirma que un exempleado de nombre SANDRO FABIAN MARTINEZ GARNICA, le comentó que su escolta le había comentado que el alcalde tenía planta (sic) y que tenía dos cajas fuertes. Para lo cual se le recepcionó entrevista a dicha persona”.
Al analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, el operador disciplinario concluyó que el hurto sufrido en la residencia del señor William Alfonso Sánchez Rojas, fue ideado o determinado por el actor teniendo en cuenta que este fungió como escolta mientras el quejoso era alcalde del municipio de Tausa (Cund), donde conoció el lugar de residencia en la ciudad de Bogotá y especialmente la existencia de dos cajas fuertes, según consta en el testimonio del señor Sandro Fabián Martínez Garnica, quien señaló que en repetidas ocasiones, cuando este no viajaba, le preguntaba el lugar donde se encontraba el alcalde, así mismo si su esposa había viajado, además le comentó que el alcalde tenía suficiente dinero y no sería pecado cometerle un robo, además preguntó cuál era el contenido de las cajas fuertes.
Igualmente, se analizó la existencia de las entrevistas rendidas ante la Fiscalía por los señores Yosunken Pinilla Vega y Heider Montilla Rey, en las cuales se relata el modus operandi, la forma como se ideó, se llevó a cabo y se ejecutó el hurto a la residencia del alcalde del municipio de Tausa (Cund), como lo manifestado por el señor Yosunken Pinilla Vega, quien se ratifica en lo señalado ante la Fiscalía, lo que no amplía en la diligencia de declaración por haber sufrido amenazas, pero indica que él se encontraba con el señor Heider Montilla Rey departiendo y el cuñado del investigado señor Juan Ramiro Briceño Guarupe, quien comentó los pormenores de como se había llevado el hurto y que en este había participado el demandante. En este mismo sentido se pronunció el señor Heider Montilla Rey quien indicó que fue por boca del señor Juan Ramiro Briceño Guarupe que supo los pormenores del hurto, cómo se llevó a cabo y de la forma como el señor patrullero Sandro Alexis Supelano Peñarete participó en el mismo, pues fue quien ideó como realizar el hurto.
Observa la Sala que el señor Heider Montilla Rey, si bien en la declaración rendida se retracta de lo dicho ante la Fiscalía, la misma no desaparece del mundo jurídico lo que hace es que el operador judicial deba analizar con rigurosidad para establecer en cuál de las versiones dice la verdad.
Señala el señor Heider Montilla Rey, en la declaración recepcionada el 4 de marzo de 2015, donde se retractó de la entrevista dada ante la Fiscalía, que llegó un funcionario de la SIJIN a hacerle firmar un papel y que él firmó y luego ratificó, lo que resulta poco creíble, que firme un documento solo porque se lo trajeron ya elaborado y después se ratifique, sin preguntar nada, lo que no es lógico, resulta más razonable lo dicho en la entrevista por ser coherente con los demás medios probatorios allegados, especialmente con lo referido por el señor Yosunken Pinilla Vega, quien es acorde sobre la forma como se presentó el hurto y la participación del demandante en este, ya que no es aceptable que el alcalde de Tausa hiciera lo imposible para buscar a un amigo del señor Juan Ramiro Briceño Guarupe, a quien no conocía, para fabricar un montaje, en donde finalmente resultara involucrado el patrullero Supelano Peñarete; si la intención del alcalde era perjudicar al demandante, para que complicarse tanto, involucrando a un tercero como el señor Juan Ramiro Briceño Guarupe y por medio de lo que este contara, llegar a responsabilizar al actor.
De conformidad con lo manifestado para la Sala no es aceptable lo dicho por el testigo en su retractación, toda vez que los hechos ocurrieron como lo señaló el declarante en la entrevista primigenia rendida ante la Fiscalía.
No comparte la Sala, las críticas realizadas por la parte demandante en cuanto a que las anteriores pruebas no dan fe de la existencia del hecho y de su participación pues si bien no manifiestan que el directamente realizó la conducta, ya que no fue así pues al momento de los hechos se encontraba en otro lugar, su participación consistió en idear el hurto y poner en conocimiento de lo que sabía, debido a su labor de escolta, de allí que en los fallos de instancia (disciplinaria) se indique que actuó como determinador.
Si bien los testimonios de los señores Yosunken Pinilla Vega y Heider Montilla Rey, son testigos indirectos o de referencia respecto al modus operandi del hurto acaecido, no lo son en cuanto a lo manifestado por el cuñado del demandante señor Juan Ramiro Briceño Guarupe, donde les comentó la participación del actor en el hurto a la residencia del quejoso.
Al analizar el acervo probatorio se llegó a la conclusión de la existencia de varios indicios sobre la responsabilidad del demandante quien en primer término se desempeñó como escolta del alcalde del municipio de Tausa (Cund), lo que llevó al segundo indicio de conocer el lugar de residencia en el cual se hallaban las cajas fuertes, en tercer lugar supo de la existencia de estas y estuvo averiguando por el contenido de las mismas, en cuarto lugar tenía una relación de parentesco con el señor Juan Ramiro Briceño Guarape quien según las pruebas dio a conocer los pormenores del hurto y de la participación en él, del actor, con fundamento en lo anterior conllevó a los operadores disciplinarios a llegar a la conclusión de la responsabilidad del demandante.
No hay duda que los testimonios recaudados a lo largo del proceso disciplinario administrativo provienen de personas que no presenciaron el hurto en la residencia del alcalde del municipio de Tausa (Cund), pero tampoco se demostró su parcialidad, ni mucho menos que fueran buscados por el quejoso, todo lo contrario, ellos fueron los que llamaron al alcalde y luego se encontraron para contarle los pormenores del hurto, además que identifican la fuente directa de donde provienen sus relatos.
La Oficina de Control Disciplinario Interno en el pliego de cargos del 11 de junio de 2015, le citó al investigado como norma infringida, el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que establece: “ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 9. Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”.
La Sala indica que, el régimen disciplinario está orientado, entre otros principios, con el de legalidad y tipicidad. El de legalidad, según el artículo 29 de la Carta Política, exige que la conducta reprochable, así como las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos en el Código Disciplinario Único, por lo que es imposible adelantar un proceso disciplinario que no tenga definidos previamente estos aspectos en la ley.
El principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso, lo ha definido la Corte Constitucional, como "la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras"; de esta forma el sujeto procesal tiene la certeza sobre la disposición que le indican como transgredida por las actuaciones endilgadas, para ejercer el derecho a la defensa y contradicción, las cuales (las conductas y las normas) deben ser congruentes tanto en el pliego de cargos como en los fallos de primera y segunda instancia.
Así entonces, el ejercicio del principio de tipicidad conlleva la aplicación de aquellas disposiciones que contienen deberes, funciones, obligaciones o prohibiciones para los diferentes servidores públicos; en otras palabras, la autoridad disciplinaria al realizar la subsunción típica de la conducta endilgada al investigado debe en algunas oportunidades hacer una interpretación sistemática remitiéndose a otras preceptivas donde se encuentre regulada en concreto las funciones o deberes del implicado, esta característica del derecho disciplinario, se origina en la naturaleza de las normas, pues éstas suelen ser autónomas y de completitud, estas últimas las denomina la doctrina, tipos abiertos o en blanco, y la Corte Constitucional las ha definido, así:
“El concepto jurídico de "tipos abiertos" hace referencia a "aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria". (Negrillas fuera del texto).
De acuerdo con lo expuesto, la falta gravísima del numeral 9 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006, que establece: “Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”, es una disposición que está integrada de forma autónoma y abierta. Autónoma, en razón a que la autoridad disciplinaria no requiere acudir a otro ordenamiento para que se configura la falta gravísima, pues la conducta se tipifica en el escenario donde se llevaba a cabo un mal e ilegal procedimiento policial; y, abierta, al ser necesario completar la proposición jurídica de la falta gravísima, con el tipo penal denominado hurto.
Conforme a lo anterior, y al estar probado que el patrullero Sandro Alexis Supelano Peñarete desplegó un comportamiento que describía el delito de hurto contenido en el artículo 239 de la Ley 599 de 2000, la autoridad disciplinaria en ejercicio de la adecuación típica enmarcó correctamente la falta gravísima en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, pues la actuación endilgada al disciplinado conllevó afectación en la función pública asignada a la Policía Nacional, ya que esta entidad como autoridad le corresponde de acuerdo con los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, entre otros derechos, para asegurar la convivencia pacífica y un orden justo, y al ejecutar un miembro de ese cuerpo armado una conducta que a todas luces compromete la imagen y perturba la adecuada prestación del servicio púbico que les corresponde garantizar a los agentes del Estado, la misión de la Policía Nacional se vio seriamente perjudicada en el cumplimiento de los deberes funcionales que le competen a esa institución.
Una vez se estudiaron las pruebas testimoniales, documentales e indicios se llegó a la conclusión de la comisión de la falta disciplinaria por el actor.
En efecto, el legislador ha previsto en el inciso 2 del artículo 130 de la Ley 734 de 2002 que los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas siguiendo los principios de la sana crítica y a su turno la jurisprudencia constitucional, en la sentencia C-102 de 2005 define el indició como «un medio de prueba, en el que, demostrado un hecho indicador, el juez, mediante una inferencia lógica, llega a un indicado, que, así, se tiene por demostrado».
En el fallo de segunda instancia de 29 de octubre de 2015, a efectos de analizar la prueba indiciaria, se realizaron las siguientes precisiones:
“Dígase entonces que para el caso concreto tenemos debidamente demostrados los siguientes hechos indicadores: (i) el investigado tenía información privilegiada sobre la vida del señor WILLIAM SANCHEZ ROJAS, pues al ser su escolta, pudo recibir cómo vivía, su rutina, su familia, sus bienes, etc; luego entonces para realizar un hurto al apartamento del señor WILLIAM se necesitaba alguien que tuviera esa información privilegiada, el investigado la tenía; (ii) el señor SANDRO FABIAN MARTINEZ GARNICA señala que el investigado previamente al hurto había estado preguntando por las cajas fuertes que el alcalde tenía en su apartamento en Bogotá, inclusive hizo el comentario de que tanta plata que éste tenía “no sería pecado robarlo”; claramente quien iba a cometer el hurto debía tener un interés en hacerlo, el investigado cumple con ese perfil, (iii) posterior al hurto se presentan dos personas señalando que el día 01 de noviembre de 2010 el señor RAMIRO BRICEÑO les comentó que él había participado en el hurto, comentando con detalles cómo se había cometido y señalando que quien había planeado todo había sido su cuñado (está probado el parentesco con la versión del investigado), el señor Patrullero SANDRO ALEXIS SUPELANO PEÑARETE quien había sido escolta del Alcalde; este hecho indicador afianza los dos anteriores y (iv) el señor SANDRO FABIAN MARTINEZ GARNICA y el señor HEIDER PINILLA indican que SUPELANO PEÑARETE tenía un comportamiento proclive al delito, a SANDRO FABIAN lo convidó a hurtarse unas cajas de aguardiente y a HEYDER PINILLA lo invitó a hurtarse unos novillos, unas armas de un puesto de Policía, incluso a cometer un secuestro”.
Según lo transcrito en la parte pertinente no se logró desvirtuar los indicios a los que hicieron referencia los fallos disciplinarios, los cuales fueron analizados en conjunto con las demás pruebas y que demostraron la participación activa del implicado en la conducta disciplinaria.
En ese orden de ideas, la Sala estima, que la autoridad disciplinaria aplicó en debida forma la disposición citada como infringida al patrullero, de ahí que la actuación desplegada por el actor se erigió en la causal disciplinaria imputada.
No se valoran en debida forma las pruebas que dan cuenta de la existencia de animadversión entre la víctima de hurto y el actor. Ni la retractación del testigo.
Debe insistir la Sala que el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002. Precisamente el artículo 128 de esta disposición consagra la necesidad que toda decisión interlocutoria y de carácter disciplinario se fundamente en pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La norma es clara en determinar que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.
Respecto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y con explicación en la respectiva decisión del mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A advirtió:
« […] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]» (Subraya fuera de texto).
En el caso estudiado una vez analizadas las pruebas se llegó a la certeza de los hechos y la responsabilidad del encartado tal como se manifestó anteriormente.
Por lo anterior, no comparte la Sala lo señalado por la defensa del demandante en cuanto a que no se valoró la prueba en debida forma, pues se dio valor probatorio a las documentales y testimoniales recopiladas, así como los indicios, las cuales fueron debidamente analizadas de conformidad con las reglas de la sana critica.
Debe examinar la Sala la retractación del testigo Heider Montilla Rey, estudiando las dos versiones en conjunto con las demás pruebas arrimadas al disciplinario, toda vez que el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el principio de la sana crítica, pues si bien se puede evidenciar una modificación en la versión, esto por sí mismo no invalida lo manifestado en la primera declaración.
En cuanto a la segunda declaración del testigo, no se le da credibilidad al no entender el porqué de la variación de la misma, al mencionar que fue utilizado por el alcalde del municipio de Tausa, ya que la retractación no es por sí misma causal que destruye de inmediato lo sostenido por el declarante en su inicial manifestación, por lo que, al realizar el trabajo analítico de comparación, se pudo determinar que fue en la primera intervención donde dijo la verdad.
Exoneración del actor en el proceso penal
Manifiesta que con la inocencia del demandante conforme la decisión del Juez 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, por los delitos de hurto calificado y agravado, y como la queja que se radicó tiene que ver con la responsabilidad de un delito que no cometió, no puede declararse responsable disciplinariamente.
Sentado lo anterior, la Sala determina que si bien, al patrullero Sandro Alexis Supelano Peñarete no se le ha encontrado responsable penalmente por el comportamiento que los juzgadores disciplinarios le sancionaron como falta gravísima al describir el delito hurto bajo la modalidad de dolo, esta circunstancia no genera atipicidad de la conducta en el régimen disciplinario, pues no se puede perder de vista que dentro de la potestad sancionadora del Estado están las acciones penal y disciplinaria las cuales atienden a naturalezas, finalidades, autoridades autónomas y jurisdicciones diferentes, por lo que legalmente es posible que por el mismo hecho las decisiones de éstas sean disímiles, se destaca que la autonomía es una característica de los derechos disciplinario y penal, y si bien, en los tipos en blanco o abiertos que se encuentran previstos en el Código Disciplinario Único se define la tipicidad de la conducta reprochada de forma incompleta, teniendo que este vacío se llene en algunos casos con las disposiciones del Código Penal, no significa que imperiosamente se requiera de la condena en materia penal para sancionar disciplinariamente, conforme lo ha precisado en su orden, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Corte Constitucional:
“La diferencia en cuanto a la naturaleza, principios, características y finalidad de los procesos penal y disciplinario, puede llevar a que por un mismo hecho: i) se condene penalmente y se sancione disciplinariamente a la misma persona, ii) se le condene penalmente y se le absuelva disciplinariamente, iii) se le absuelva penalmente y se le sancione disciplinariamente, o iv) se le absuelva penal y disciplinariamente.”.
“Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios.
Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.”
Consejo de Estado:
“A juicio del Consejo de Estado, el bien jurídico protegido por la acción disciplinaria es distinto del que es propio del proceso penal. En efecto, aunque la investidura oficial es relevante, los tipos penal y disciplinario son distintos en su estructura básica, y por lo mismo la absolución penal no implica necesariamente la exoneración en el proceso correccional. El bien jurídico protegido por la norma penal es más amplio y genérico, pues se hallan involucrados los valores e intereses de toda la sociedad. Por el contrario, el interés protegido por la acción disciplinaria es institucional, es decir más reducido en su ámbito, pues en el caso de la Policía Nacional, priman las exigencias de transparencia, confiabilidad propias del manejo interno de la institución para responder a lo que la sociedad espera de ella. Además, el reconocimiento de que el legislador puede consagrar tipos disciplinarios y tipos penales para sancionar la conducta de los funcionarios público, muestra por sí solo la distinta naturaleza y la independencia de las actividades penal y correccional.”.
Entonces, la Sala precisa que de acuerdo con el principio de la autonomía estos regímenes sancionatorios son independientes y cada una cumple una función y finalidad dentro del Estado Social de Derecho, por esta razón la acción disciplinaria objeto de estudio no dependía de un fallo absolutorio o condenatorio en firme de la justicia penal.
En suma, la Sala determina que la Policía Nacional adelantó la acción disciplinaria en contra de Supelano Peñarete conforme el ordenamiento jurídico sin evidenciar ninguna de las causales de nulidad alegadas por la parte actora, al estar acreditado que el patrullero incurrió en la conducta constitutiva de falta gravísima y actuó dentro de la modalidad de dolo conforme lo precisó la autoridad disciplinaria al indicar que el sancionado al momento de los hechos era consciente de su proceder y reunía las condiciones físicas e intelectuales que le permitían conocer el alcance de su actuación contrariando el ordenamiento jurídico y en abierto desconocimiento de su formación policial, por esta razón, el actor no logra demostrar la ilegalidad de los actos demandados.
Vulneración al derecho de defensa
Asegura la parte actora que la destitución fue arbitraria toda vez que la queja fue recibida el 6 de diciembre de 2010 y solo hasta el día 12 de noviembre de 2013 se da inicio a la indagación preliminar, auto que no fue notificado al disciplinado.
Además, argumenta que en contra de los autos de archivo definitivo se interpuso recurso de apelación en forma extemporánea por parte del quejoso, siendo concedido vulnerándose el derecho de defensa y la firmeza de los actos administrativos.
Igualmente, señala que el auto que niega las pruebas solicitadas en los descargos es notificado vía correo electrónico a pesar que este jamás autorizó por escrito que se notificaran las decisiones por vía electrónica.
Efectivamente la queja presentada por el señor William Alfonso Sánchez Rojas fue recibida el 6 de diciembre de 2010 y solo hasta el día 12 de noviembre de 2013 se dio inicio a la indagación preliminar, tan es así que la queja se reitera en dos ocasiones, lo anterior no determina vulneración al derecho del demandante, toda vez que tan pronto se abrió la indagación se notificó personalmente la misma y se le dio la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, la demora en el inicio pudiera en un determinado momento vulnerar los derechos del quejoso, quien podría ver frustrado el acceso a la justicia, por la falta de atención a su pedimento mas no del disciplinado.
Respecto a la supuesta interposición del recurso de apelación elevado en contra de las decisiones de archivo, en forma extemporánea, debe precisarse que la comunicación al quejoso del auto que dispone el archivo, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 734 de 2002, debe efectuarse de la siguiente manera:
ARTÍCULO 109. COMUNICACIONES. Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo.
Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente."
El citado artículo fue estudiado en demanda de inconstitucionalidad en la sentencia C-293/08, y con base en los presupuestos trazados en ésta providencia, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión "Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo." contenida en el artículo 109 de la ley 734 de 2002, en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha.
En el caso estudiado mediante auto de 24 de junio de 2014 se profiere decisión de archivo notificado al quejoso el 7 de julio de 2014, y el mismo presentó recurso de apelación el 12 de julio de 2014, esto es dentro del plazo legal para ello.
Nuevamente el 5 de marzo de 2015 se ordena el archivo definitivo de las diligencias y se notifica al quejoso el 8 de marzo de 2015 y presenta recurso de apelación el 12 de marzo de 2015, instaurado igualmente en término. Lo que significa que se respetaron los términos señalados en la ley referente a los recursos, por lo que no se desconoció ningún derecho a la parte demandante.
Igualmente, señala que el auto que niega las pruebas solicitadas en los descargos es notificado vía correo electrónico a pesar que este jamás autorizó por escrito que se notificaran las decisiones por dicha vía, manifestación que no se comparte, toda vez, que aparece en la diligencia de notificación personal al demandante de la apertura de indagación preliminar de fecha 3 de abril de 2014, en el acápite de dirección de notificaciones se deja constancia que el notificado autoriza que las notificaciones, comunicaciones y demás diligencias, puedan ser enviadas a través de comunicaciones electrónicas como lo dispone el artículo 102 de la Ley 734 de 2002, para lo cual suministró el siguiente correo HYPERLINK "mailto:sandro.supelano@correo.policía.gov.co" sandro.supelano@correo.policía.gov.co, razón por la que tampoco se observa ninguna ilegalidad.
Dado que el lenguaje utilizado por la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional en sus decisiones fue lo suficientemente preciso como para permitir identificar con claridad tanto la conducta reprochada como la norma que se consideraba violada, y que los términos que utilizó en su razonamiento permitieron realizar en forma igualmente precisa la subsunción típica de la conducta de señor Sandro Alexis Supelano Peñarete, la Sala considera que no existió violación del derecho de defensa ni debido proceso, y en consecuencia se revocará la decisión apelada.
En atención a lo previamente señalado, la Sala no comparte la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, pues el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos a través de los cuales fue sancionado disciplinariamente.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la demanda elevada por el señor Sandro Alexis Supelano Peñarete en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional según lo expresado anteriormente.
TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 5 al 6 del cuaderno principal
Folios 1 al 3 del cuaderno principal
Folios 3 al 5 del cuaderno principal
Folios 125 al 131 del cuaderno principal
Folios 295 a 314 del cuaderno principal
Folios 316 al 319 del cuaderno principal
Folio 343 del cuaderno principal
Folio 348 y al 349 del cuaderno principal.
Folio 350 a 355 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014).- Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11
Folios 1 al 3 del tomo No 2
Folios 219 al 223 del tomo No 2
Folios 20 al 27 del tomo No 3
Folios 58 al 70 del tomo No 3
Folios 147 al 153 del tomo No 3
Folios 177 al 188 del tomo No 3
Folios 11 a 30 del cuaderno principal
Folios 32 a 50 del cuaderno principal
Folio 51 del cuaderno principal
Folios 204 al 206 del tomo No 2
Folios 17 al 18 del tomo No 3
Folios 112 al 114 del tomo No 3
Folios 121 al 123 del tomo No 3
Folios 8 al 13 del tomo No 2
Sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
ARTICULO 239. Hurto El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.
M.P. Alberto Beltrán Sierra
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de La Nación.
Corte Constitucional, sentencia C-720 del 23 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, sentencia C-244 del 30 de mayo de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de abril de 2013, Magistrado ponente, Alfonso Vargas Rincón, radicado 0592-2011.
Folios 93 al 94 del tomo No 2
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