Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03451-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03451-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03451-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03451-02 (0246-2022)
Demandante: Pedro Enrique Ávila Gámez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03451-02 (0246-2023)
Demandante: Pedro Enrique Ávila Gámez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Tema: Retiro del servicio por voluntad del Gobierno Nacional.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el trece (13) de septiembre de dos mil veintidós
(2.022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor PEDRO ENRIQUE ÁVILA GÁMEZ, instauró demanda en contra de la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Decreto No. 49 del 15 de enero de 2.016, por el
cual el ministro de Defensa Nacional, ordenó el retiro discrecional del señor
coronel Pedro Enrique Ávila Gámez. Que, como consecuencia de la anterior, se
ordene a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a
reintegrar al servicio activo al señor coronel Pedro Enrique Ávila Gámez, sin
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
solución de continuidad, de tal manera que ostente el grado y cargo que ocupaba
para el momento de su retiro y pagar al demandante, todos los salarios, primas,
bonificaciones, subsidios y demás emolumentos dejados de percibir desde la
fecha de su desvinculación y hasta que se haga efectivo el reintegro.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que el actor ingresó al Ejército Nacional a la Escuela Militar de Cadetes, José
María Córdoba, obteniendo los ascensos a cadete, alférez, subteniente, teniente,
capitán, mayor, teniente coronel, siendo su último ascenso el de coronel, el 6 de
diciembre de 2014. Que a lo largo de su trayectoria recibió varias
condecoraciones, medallas y distintivos por su notable desempeño.
Que fue trasladado al grupo de caballería mecanizada como segundo
comandante y jefe de Estado Mayor de la Octava Brigada. Tuvo a cargo
actividades tendientes a la capacitación y promoción del manejo de armas
decomisadas y los depósitos de estas, para evitar fugas del material de guerra
en el Batallón de Artillería Número 8 “Batalla de San Mateo”.
Que con ocasión a irregularidades en el depósito de armas y, conforme al informe
número 0760 de 27 de enero de dos mil quince (2015), se dio inicio a una
averiguación previa administrativa, al igual que una investigación disciplinaria e
investigación penal militar contra el Sargento Segundo Cesar Castro Eslava.
Que mediante Acta número 675 del 24 de abril de 2.015, el Comité de Evaluación
del Ejército Nacional – Jefatura del Desarrollo Humano recomendó, por razones
del servicio y en forma discrecional, el retiro del señor Pedro Enrique Ávila
Gámez. Que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, mediante Decreto 049
del 16 de enero de 2.016, recomendó el retiro del servicio de manera discrecional,
comunicando este acto en radiograma de fecha 25 del mismo mes y año.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
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Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
La demanda fue admitida mediante auto del trece (13) de febrero de dos mil
diecisiete (2.017) y notificada a la entidad demandada, quien contestó
expresando que no existe fundamento normativo ni probatorio respecto de los
conceptos de la violación invocados en la demanda, por el contrario, la decisión
discrecional se tomó con cumplimiento de las normas aplicables y conforme a
circunstancias investigadas por los órganos competentes.
Se celebró audiencia inicial el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno
(2.021), en la cual se fijó el litigio, se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron
pruebas. Luego de agotado el periodo probatorio, se dio traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro
del término oportuno por la entidad demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
trece (13) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), negó las pretensiones de
la demanda, indicando que el retiro del servicio del demandante se dio de forma
legal, en uso de la potestad discrecional de la entidad demandada, la cual estuvo
debidamente sustentada.
Que, según los documentos allegados como pruebas al proceso, se evidencia
que a raíz del robo de armas decomisadas del Batallón de Artillería San Mateo,
se efectuaron averiguaciones e investigaciones en las cuales se evaluó el servicio
del demandante con respecto a los hechos.
Que hubo revisión del caso por parte del Comité de Evaluación del Ejército
Nacional y de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, entidades
cuyo concepto recomendaron el retiro discrecional, el cual se efectuó a través del
Decreto 049 del quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016).
Que, no encontrándose demostrada la falsa motivación, ni la deviación de poder
invocadas, sí existe evidencia del incumplimiento de un deber de vigilancia que
el demandante tenía, en razón de su rango y a las órdenes que le habían sido
impartidas, que conllevaron a que el Comité de Evaluación del Ejército Nacional
recomendara su retiro en virtud de la causal dispuesta en el artículo 104 del
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Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Decreto 1790 de 2000.
Concluyó que la administración ejerció adecuadamente la facultad discrecional
conferida por la ley, dentro de los criterios jurisprudenciales que la orientan y sin
que para ello fuera necesario establecer al demandante como el responsable del
hurto de las armas decomisadas en el Batallón San Mateo, comoquiera que no
se dio inicio ni siquiera a una investigación penal, disciplinaria, ni administrativa.
No hubo condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
expresando que no fueron tenidos en cuenta los criterios del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional que establecen límites a la facultad discrecional
legalmente conferida y que no es absoluta, en tanto debe privilegiar el
mejoramiento del servicio y respetar el debido proceso, imponiendo obligaciones
concretas de motivación e información del acto de retiro.
Que el análisis del Tribunal sobre la evidencia y hechos del caso carece del test
de ponderación para establecer que la actuación administrativa hubiera sido
proporcional y razonable para fundamentar el retiro discrecional.
Que, no hubo una adecuada valoración del acervo probatorio, pues resultaba
evidenciable que el coronel Ávila Gámez había cumplido cabalmente sus
deberes.
Que la falsa motivación del acto administrativo de retiro discrecional se encuentra
probada porque los informes reflejan que, gracias a la actuación del coronel, se
logró establecer el faltante de armas y se efectuaron las investigaciones
disciplinarias y penales del caso, por lo que el demandante cumplió cabalmente
con sus funciones de seguimiento, vigilancia e investigación.
Concluye que el Tribunal se sustrajo de valorar las pruebas obrantes para dar
peso a argumentos falaces y carentes de sustento probatorio de la entidad
demandada.
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Que, hubo un desconocimiento del principio de delegación administrativa e
imputación de forma indebida de responsabilidad al demandante frente a hechos
que él mismo denunció, pues la sentencia de primera instancia “pretende
enrostrar una responsabilidad” al demandante frente al actuar irregular de sus
subalternos.
Que el demandante tenía varias unidades subordinadas respecto de las cuales
ejercía vigilancia, además de tener una función directa y delegada sobre un
Estado Mayor, por lo que considera ilógico por parte del juez de instancia señalar
al demandante de no haber cumplido su deber funcional. Reitera sobre este punto
que fue su actuar de supervigilancia el que permitió evidenciar faltantes de Armas
del Batallón de Artillería San Mateo.
Que “el dominio de la pérdida cuestionada” pertenecía directamente al batallón y
no podía exigírsele al demandante estar “enterado de forma diaria de todos los
movimientos desplegados por sus subalternos”, con lo cual se “deslegitíma el
principio de delegación administrativa y el de legítima confianza”.
Que no se puede predicar pérdida de la confianza, estando ampliamente
demostrado que el Oficial hasta el día de su retiro no tenía ninguna anotación,
investigación, llamado de atención, condena o sanción del cual se pudiera inferir
razonablemente la pérdida de confianza.
Que, si bien es cierto que para el ejercicio de la facultad discrecional no se
requiere de una investigación judicial contra el evaluado, el ejercicio del retiro
discrecional debe estar precedido de una evaluación objetiva, completa y
particular de todos los aspectos que rodean al evaluado.
Que el Tribunal califica de manera despectiva y falsa el desempeño del
demandante como “plano”, siendo que contaba con un promedio de calificación
para ascenso en lista, que conforme al artículo 52 del Decreto 1799 de 2000
evidencia el notorio desempeño del Oficial y desvirtúa nuevamente la pérdida de
la confianza.
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2.023), se admitió el
recurso de apelación interpuesto y se ordenó en el término de diez (10) días
siguientes a la ejecutoria, ingresar el expediente al Despacho para dictar
sentencia, de conformidad con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
En dicho término, la parte demandada presentó argumentos acompañando el
sentido de la sentencia, la parte demandante y el señor Agente del Ministerio
Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
Se decidirá la controversia previa las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si en el presente caso, la entidad demandada, Nación
• Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ejerció correctamente la facultad
discrecional al retirar al actor del servicio activo de la institución, o si, por el
contrario, desvió los motivos que justifican la adopción de esta medida.
Lo que se encuentra probado en el expediente:
• A folios 842-844, se encuentra el acta No 675 de 24 de abril de 2.015,
proferida por el Comité de Evaluación de la Jefatura de Desarrollo Humano de
las Fuerzas Militares.
• A folios 845-850, se encuentra el acta No 8 de 31 de agosto de 2.015,
proferida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares.
• A folios 871-873, se observa el Decreto N°049 del quince (15) de enero de
2016 por la cual se retira del servicio activo a un Oficial Superior del Ejército
Nacional.
• A folios 851 - 856, se encuentra Extracto de Hoja de Vida.
• A folios 857 - 867, se tienen formularios de anotaciones de desempeño.
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• A folio 875 – 942 y 952 - 976, se encuentran inspecciones, revistas,
averiguaciones preliminares, instrucciones, planes de mejoramiento,
relacionados con el incidente de pérdida de armas decomisadas en el Batallón
de Artillería Número 8 San Mateo.
Marco normativo y jurisprudencial
Facultad discrecional de retiro del servicio activo para Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1790 de 2000 “por el cual se modifica el
Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares.”, regulando entre otros asuntos, lo concerniente al retiro
del servicio de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en
la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición
de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en
actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de
insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y
para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o
Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio
sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar
para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.”
“Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica,
según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del
Aire, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
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6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo
previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a)
de este decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba;
b) Retiro absoluto:
1. Por invalidez.
2. Por conducta deficiente.
3. Por haber cumplido la edad máxima permitida para los servidores públicos
de acuerdo con la ley.
4. Por muerte.
5. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literales
b) y c) del presente decreto.
6. Por fuga del personal privado de la libertad por orden de autoridad judicial,
sin perjuicio de la acción penal y disciplinaria que corresponda.”
En cuanto al retiro discrecional del servicio para oficiales y suboficiales, dicha
norma establece que este se puede dar por razones del servicio y previa
recomendación del respectivo Comité de Evaluación, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 104. RETIRO DISCRECIONAL. Por razones del servicio y en
forma discrecional, se podrá disponer el retiro de los oficiales y suboficiales,
con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del Comité de
Evaluación para el efecto, el cual estará conformado por el Segundo
Comandante de Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de la
respectiva Fuerza, y el Comandante de la unidad operativa a la cual
pertenezca. Cuando se trate de oficiales se requiere previo concepto de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares. El acto
administrativo de retiro se regirá por lo dispuesto en el Artículo 99 de este
Decreto“
De la normatividad trascrita, se observa que, previa recomendación de la Junta
de Evaluación, el Gobierno tiene la facultad discrecional de retirar del servicio
activo, al personal de las fuerzas militares.
A su vez, el Consejo de Estado ha abordado el tema tanto del personal
uniformado de la Policía Nacional como de las fuerzas militares (cuya normativa
resulta materialmente igual para efectos de esta situación administrativa) por
retiro por voluntad del Gobierno, estableciendo en sede de unificación las
siguientes reglas:
“i) La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de
evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo
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definitivo, deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de
arbitrariedad o capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y
completo que fundamente la sugerencia de desvinculación, de acuerdo
con los documentos que permitan entrever su correlación con los principios
de proporcionalidad y razonabilidad.
ii) En la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al interesado,
la correspondiente institución deberá entregarle copia de la referida
recomendación y sus soportes; y de comportar carácter reservado, de
igual modo, se deberá garantizar su acceso a ellos, con la obligación de
preservar tal condición. Lo anterior no habilita al retirado para recurrir la
decisión en sede administrativa.
iii) En caso de incumplimiento de los parámetros enunciados, el juez
administrativo en el respectivo proceso deberá determinar si se satisfacen
las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión
administrativa, que le permitan conservar su presunción de legalidad,
en armonía con las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria
de los documentos relevantes que despejen cualquier duda de arbitrariedad”1
De lo anterior se desprende que, la facultad discrecional no es ilimitada, y que,
conforme a las reglas sentadas por esta Corporación, debe estar soportada en
razones objetivas cuyo fin evidenciable sea mejorar la prestación del servicio.
Con respecto al buen desempeño en la prestación del servicio por parte del actor,
el Consejo de Estado, también ha sido claro en indicar que esto no le otorga un
fuero de estabilidad, pues la idoneidad es inherente a la prestación del servicio:
“De la idoneidad y buen desempeño del actor
Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, el registro en la
hoja de vida del actor de unas calificaciones superiores en el desempeño de
las funciones constitucional y legalmente asignadas no generan por sí solas
fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el
ordenamiento le concede al nominador, pues ha sido criterio de la
Corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen
desempeño de las funciones, no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa
de permanencia en el mismo, pues lo normal es el cumplimiento del deber por
parte del funcionario.
En el caso de la Policía Nacional, como en el de otras instituciones de
seguridad nacional, el servicio tiene unas exigencias de confiabilidad y de
eficiencia en procura del cumplimiento de las funciones constitucional y
legalmente asignadas, que implican que los altos mandos puedan contar, en
condiciones de absoluta fiabilidad, con el personal bajo su mando, lo cual
justifica que bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad el nominador
pueda ejercer la facultad de libre remoción.
Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sección al señalar en casos
similares que, todo acto discrecional de retiro del servicio supone el
mejoramiento del mismo y en este orden, corresponde al juez evaluar
1 Consejo de Estado, sentencia del 7 de abril de 2016, Rad. 2009-00349-01 (4288-2016), CE-
SUJ-SII-26-2022 C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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los elementos de juicio existentes en el expediente que permitan
desvirtuar tal presunción, obteniendo importancia los antecedentes en
la prestación de la labor, inmediatos a la decisión, vale decir, las
anotaciones recientes en la hoja de vida del servidor, conforme a la cual
es dable inferir su moralidad, eficiencia y disciplina, parámetros para
justificar las medidas relacionadas con el mantenimiento o remoción del
personal.”2
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
que el demandante fue trasladado al Grupo de Caballería Mecanizada como
Segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Octava Brigada; donde tenía
a su cargo, entre otras, la verificación y medidas de control del material de
depósitos de armas decomisadas.
Que en la institución se tuvo conocimiento de la pérdida de unas armas
decomisadas del depósito del Batallón de Artillería San Mateo (el cual estaba a
cargo del demandante), dando lugar a unas indagaciones disciplinarias3 las
cuales llevaron al Comité de Evaluación del Ejército Nacional a que, en reunión
del 24 de abril de 2.015 se evaluara la labor del demandante como jefe de Estado
Mayor de la Brigada Octava, dentro de los hechos ocurridos, concluyendo que no
dio cabal cumplimiento de sus deberes y recomendando el retiro discrecional.4
En dicha Acta, se plasmó que el demandante no verificó el cumplimiento de las
órdenes e instrucciones impartidas por el comandante de la Brigada, no fiscalizó
de manera eficiente la bodega de armas decomisadas con el fin de garantizar su
almacenamiento y protección; ni mucho menos, delegó la vigilancia de la misma
y que no adoptó medidas preventivas que permitieran establecer periódicamente
el estado del material puesto en custodia por autoridades judiciales.
A su vez, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares efectuó una revisión del caso el 31 de agosto de 2.015, concluyendo
que los hallazgos del depósito de armas decomisadas del Batallón, evidenciaron
que el demandante no cumplió en debida forma las funciones que le fueron
2
Consejo de Estado, Sentencia del 17 de noviembre de 2011. Exp. 2004-00753-01 (0779-11).
3 Folio 592.
4 Folios 842 y Ss.
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encomendadas mediante Resolución Ministerial 2991 del 26 de diciembre de
2.013.
Es así como la Sala puede evidenciar que las motivaciones del Comité de
Evaluación del Ejército Nacional y de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares para recomendar el retiro estuvieron
centradas en los hechos ocurridos en el Batallón San Mateo y motivadas por la
mejora del servicio, pues teniendo en cuenta el rango y las instrucciones
impartidas al demandante, se estableció, que no actuó con el grado de diligencia
y pericia esperado para el caso, aunque su actuar no fuera suficiente como para
conllevar a medidas penales o disciplinarias en su contra.
Se logra determinar también que la facultad discrecional se empleó con el fin de
garantizar el buen funcionamiento del servicio, sin que la parte demandante
acreditara que la decisión fue arbitraria o fundada en falsos motivos, es decir en
hechos o circunstancias que no hayan existido o no tengan el carácter jurídico
que se les dio.
Lo anterior teniendo en cuenta que la modalidad de retiro estudiada no contempla
un procedimiento para su aplicación, puesto que no se trata de una sanción
disciplinaria sino de una facultad discrecional otorgada por el legislador a los altos
mandos de la Institución para que hagan prevalecer las exigencias de
confiabilidad y eficiencia garantizando el cumplimiento de las funciones
asignadas a la entidad.
También es preciso destacar que de las pruebas obrantes, es evidente que
cuando el Tribunal hace alusión al calificativo “plano” para referirse a la
trayectoria del oficial dentro de la fuerza, se evidencia que hace alusión a un
historial sin impases o tachas importantes y que, justamente en razón de ello, le
“permitieron ostentar el grado”. De manera que no es correcto afirmar que el
análisis del Tribunal hubiese sugerido una connotación despectiva del servicio
prestado.
Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, no se estima
que el Tribunal hubiera incurrido en un error en la valoración de las pruebas, o
que hubiera omitido la aplicación de principios como el de confianza legítima al
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momento de revisar las condiciones objetivas estudiadas por el Comité de
Evaluación del Ejército Nacional y de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares, que llevaron razonablemente a las
decisiones tomadas en él caso.
Conforme lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2.016),5
respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la
legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio
subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad
de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de
segunda instancia a la parte apelante, pues, pese a que no prosperó el objeto del
recurso de alzada, la parte demandada no actuó en esta instancia debido a que
no se habilitó la etapa correspondiente para el efecto conforme al artículo 67 de
la Ley 2080 de dos mil veintiuno (2.021) a través del cual se modificó el artículo
247 del CPACA.6
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
6 No presentó alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial visible en el folio
610.
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Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del trece (13) de septiembre de dos mil
veintidós (2.022), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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